· Se debe concordar las leyes con el nuevo modelo de políticas públicas en materia de vivienda: Sen. María Elena Barrera.
·Resalta lo fundamental de vincular los programas de los estados y municipios con el Programa Nacional de Vivienda.
Con la finalidad de dar acceso a la vivienda a los grupos vulnerables la senadora María Elena Barrera Tapia del Partido Verde consideró necesario promover reformas al marco jurídico de vivienda y de asentamientos humanos para incorporar la figura de Vivienda Social Prioritaria.
Declaró la legisladora que este modelo se extendería hacia los grupos vulnerables que se encuentren en condiciones de pobreza extrema; a quienes hayan sido afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias; a quienes se encuentren en zonas de alto riesgo, ya sean jefas de familia, personas con discapacidad y adultos mayores, entre otros.
La también presidenta de la Comisión de Vivienda indicó que la trascendencia de la Vivienda Social Prioritaria radica en “otorgar vivienda a las personas que todos los días trabajan y se esfuerzan por salir adelante, pero que por su situación de vulnerabilidad, se encuentran imposibilitados para acceder a una vivienda digna y decorosa”.
Destacó Barrera Tapia que un estudio comparativo con otros países permite constatar que las bases jurídicas de México comprenden los elementos necesarios para promover la vivienda como en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
“El plan establece políticas públicas en la materia y se apoya en tres ejes fundamentales como lo son la libertad, democracia y justicia social. Con ellos se busca hacer efectivas las premisas constitucionales que amparan y protegen a los mexicanos de tener acceso a una vivienda digna, decorosa, sustentable y de calidad”, señaló.
La legisladora mexiquense precisó que se debe concordar las leyes con el nuevo modelo de políticas públicas en la materia para que el marco jurídico sea un instrumento eficaz que facilite su desarrollo, ejecución y consolidación.
También resaltó lo fundamental de ajustar la normatividad en materia de vivienda para vincular los programas de los estados y municipios con el Programa Nacional de Vivienda.
“Para ello se deben establecer instrumentos que garanticen una auténtica concurrencia; congruencia y complementariedad entre los programas y acciones de los tres niveles de gobierno. Además de atribuir obligaciones a los gobiernos de los estados para que cumplan y exijan a su vez el cumplimento a los municipios.
“De esta manera se sientan las bases para lograr la plena vigencia del derecho a la vivienda”, finalizó.