La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, garantizó que los senadores de la Republica, y sobre todo los del PRI, legislarán en materia de telecomunicaciones, con el propósito de contribuir al bienestar de los más de 120 millones de mexicanos y no a favor de las empresas.
“No vamos a legislar, ni vamos a permitir que en nuestra tarea se interponga lo que es un conflicto entre empresas, evidentemente el Estado debe regular para evitar que este conflicto de intereses afecte a los mexicanos todavía más de lo que ya han sido afectados”, sentenció.
En este sentido, dio a conocer que según un estudio de la OCDE el no tener una reforma en materia de telecomunicaciones ha impuesto a la economía nacional un costo considerable, porque estima que la pérdida aval de bienestar del consumidor derivada de los precios excesivos en telecomunicaciones, puede llegar a los 25 mil 835 millones de dólares.
Ante esto, inquirió: ¿cuál es su postura respecto a la evaluación que han hecho organismos internacionales en cuanto al costo que ha implicado la disfuncionalidad de las telecomunicaciones en México y que ha representado casi dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, todo ello en detrimento de los mexicanos?
En el marco del último día de los trabajos del Foro de Análisis de las Leyes Secundarias de Telecom, senadores del PRI refrendaron su compromiso de escuchar las opiniones de todos los sectores de la población interesados en participar en la discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ante la importancia que representan sus puntos de vista para enriquecer la iniciativa presidencial y que ésta, verdaderamente, beneficie a la población.
Al participar en el tercer día de los trabajos del foro, en el que estuvieron presentes académicos, empresarios, líderes sindicales y representantes de la sociedad civil, en nombre de sus compañeros de partido, la senadora Mely Romero Celis agradeció a los participantes sus aportaciones.
“A ustedes muchas gracias por sus aportaciones, porque realmente nos permiten tener puntos de vista adicionales y enriquecedores, que expresan en muchos sentidos la opinión de los mexicanos, para que podamos garantizar el derecho establecido en la Constitución, que tengan acceso a la información, pero que sea información de calidad; información que tenga un propósito específico, incluyendo el educativo, y el de contenido de entretenimiento”, mencionó.
En este marco, la senadora Mely Romero cuestionó respecto al tema de neutralidad de las redes, “quisiera saber ¿en su opinión, la iniciativa de ley que estamos analizando y discutiendo en estos momentos, es consistente con la experiencia más aceptada a nivel internacional? Es decir, ¿si los consensos a que se ha llegado en el ámbito internacional, son acordes o congruentes con lo que se está planteando en la iniciativa del Ejecutivo federal?
Ante las dudas de los ponentes respecto del tema de los contenidos, los senadores Mely Romero, Itzel Ríos de la Mora y Manuel Cavazos explicaron que la iniciativa contempla que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que supervise todo lo concerniente a horarios, programación, publicidad, tiempos; y que la Secretaría de Gobernación revise específicamente contenidos muy temáticos y específicos; ante esto, coincidieron en preguntar: ¿el planteamiento es claro en la iniciativa y están de acuerdo que así debe ser?
Mely Romero y Enrique Burgos García comentaron que en materia de internet la iniciativa está contemplando esquemas acordes a lo que se valora en foros internacionales, que insisten en la necesidad de establecer las condiciones de la ciber-seguridad, debido a que el Internet se utiliza, en muchos casos, para cometer delitos que pueden llegar a ser muy graves.
En este sentido, interrogaron a los participantes cuáles deberían ser los criterios que deben atenderse para la gestión de tráfico y legalidad de los contenidos de Internet.
En su oportunidad, la senadora Claudia Pavlovich Arellano resaltó la importancia de que las personas con discapacidad también se beneficien de las reformas secundarias, y en este sentido, preguntó:
“¿Qué programas como prioridad debería tener subtítulos o intérpretes? y “cuál sería la mejor manera de mejorar el funcionamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ante la dualidad que existía antes entre la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?”, cuestionó.
En su segunda participación, la legisladora por el estado de Sonora, consultó: ¿qué se podría adicionar a la iniciativa para proteger de mejor manera los derechos de autor y qué opinan de la propuesta de hacer una consideración para que las estaciones de baja frecuencia se apaguen como máximo en el año 2017?
En tanto, el senador Manuel Cavazos Lerma manifestó que el objetivo central de la iniciativa es la competencia; por lo que, añadió, automáticamente se están defendiendo los derechos de los usuarios y de las audiencias.
“Esta competencia va a significar –sin lugar a dudas- menores precios, mejor calidad, mayor acceso y por eso es importante que se concentren los órganos autónomos reguladores en lo que es su función, que es la competencia, y no que se le asignen otras funciones”, aclaró.
A su vez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, abordó el tema de los órganos autónomos y, en este sentido, reflexionó si éste no debería de tener coordinación con otros poderes o centralizados, aclaró que lo que debe anteponerse es la indispensable unidad del estado mexicano.
Por su parte, los ponentes reconocieron la disposición del Senado de la República de abrir espacios para que la sociedad externe sus ideas y recomendaciones para que sean tomadas en cuenta en la construcción de las grandes reformas que se analizan en el Congreso y que tendrán un impacto directo en la vida de todos los mexicanos.
Consideraron que en términos generales la ley secundaria es positiva, porque fomenta la inversión y la libre competencia, aunque aclararon que cualquier ley es perfectible.
Y recomendaron a los legisladores que tomen en cuenta sus propuestas, que refuercen y clarifiquen algunos conceptos contenidos en la legislación y que agreguen los que no están para que el esfuerzo del Congreso se traduzca en una ley que beneficie a la población.
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