“Vamos a presentar nuestra propia opinión y argumentos para este especie de debate virtual, vamos a estar contestando pues queremos que se escuchen todas las voces, como era el objetivo primero”, enfatizó en referencia a la decisión del PRD, así como del PRI y PAN de realizar foros por separado.
En el marco del Foro de Reforma Energética del PT, Bartlett aseguró el debate fue abierto por el PT desde el pasado 28 de enero, al presentar el Manifiesto en Defensa de la Nación con el que se dio respuesta a la iniciativa de Peña Nieto de desnacionalizar el petróleo.
Posteriormente, se realizaron dos foros en el Senado; en el primero se ampliaron los conceptos del manifiesto y en el segundo se presentó el documento Estrategia Urgente en Defensa de la Nación, producto de expertos: Alberto Montoya, Rosío Vargas, Heberto Barrios, Francisco Garaicochea y Gonzalo Núñez.
“El documento demuestra que los beneficiarios de la reforma serían EU y sus transnacionales; desnuda las falacias justificativas de Peña Nieto; explicita graves implicaciones económicas y de seguridad nacional y plantea la política energética para que México sea potencia del siglo XXI, aseveró Manuel Bartlett.
En este contexto, Rosío Vargas, especialista de Centro de Investigaciones de América del Norte, sostuvo que la propuesta presidencial tiene como eje "la manipulación mediática que consiste en hacer creer que México no puede solo y EU viene a ayudar".
Lo anterior, sostuvo, como parte de la estrategia de ampliación geopolítica de Estados Unidos en la que establece que recursos como el gas y el petróleo son patrimonio de la humanidad y, por ende, deben abrirse a la explotación para quiénes puedan hacerlo.
Bajo esta perspectiva, Estados Unidos sólo enfrenta obstáculos jurídicos, como es la Constitución de México, de ahí las presiones de las grandes empresas de aquel país.
La industria petrolera estadounidense, sostuvo, pretende más empleos para sus ciudadanos y una derrama económica en beneficio de su propia nación.
Esto, con el beneplácito del gobierno peñista, lo cual se pone en evidencia en el hecho de que en principio se hablaba de contratos de riesgo, empero en las recientes declaraciones oficiales y de quienes apoyan la iniciativa presidencial, se mencionan con insistencia las concesiones.
En esto coincidió Alberto Montoya Martín del Campo, vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos y Nacionales, al afirmar que la iniciativa del presidente Peña Nieto establece que los extranjeros no pagarán impuestos ni aportarán tecnología, por ende no existe ningún apoyo a favor de México.
La estrategia de privatización explica los altos costos de la energía en nuestro país… Con esta Reforma, Estados Unidos tiene la potestad de hipotecar nuestro petróleo”, aseveró el experto, al enumerar las consecuencias que tendrá la reforma, destacándose:
La renta petrolera para el Estado mexicano se reduciría a un 10 por ciento; disminuirá el ingreso fiscal; las controversias jurídicas serán decididas en el extranjero y sería aplicado el derecho foráneo.
En este contexto, el especialista Heberto Barrios calificó de una falacia que con la participación privada, en especial de las trasnacionales, vayan a disminuir los costos de servicios, como la electricidad. En todo caso, aseveró, la “el papel de CFE será el de subsidiar a los generadores privados”
En cuanto a las presuntas bondades de explotación en aguas profundas, agregó: “La verdad es que Pemex lleva más de 12 años explorando y también ha estado explorando en lutitas, con tecnología propia, por lo que el riesgo para los supuestos contratistas sería mínimo”.
En contraparte, sostuvo, “intentar de manera rápida este tipo de explotación puede llevarnos a grandes problemas ambientales”, por la necesidad de utilizar grandes cantidades de agua y emisión de metano en lutitas, por un lado y riesgos de derrames en aguas profundas, por el otro.
Esta visión fue compartida por Francisco Garaicoechea: “Pemex ha invertido ya en la búsqueda del “tesoro” cerca de 5 mil millones de dólares, sin haber podido acreditar reservas probadas y certificadas”.
Vaticinó que de convertir a Pemex en una empresa de carácter productivo, la someterán necesariamente a contratar financiamientos con tasas de interés 3 ó 4 veces mayores que las transnacionales las cuales, a su vez, le aplicarán cargos por sus servicios tres a cuatro veces mayores que los reales.
Un beneficio más a favor de las empresas extranjeras, es que “incrementarán el valor de sus acciones, cuando anuncien las utilidades que obtendrán al descubrir reservas de hidrocarburos que, sin ser propietarios, contabilizarán”.
La conclusión más fuerte, apuntó, es que 90 por ciento de los proyectos de explotación en aguas profundas no proporcionarán utilidades para Pemex y México… No lo duden, esto ya es un hecho, cuando se exploten aguas profundas, Pemex va a perder, no tenemos nada que aportar de equipos, materiales y herramientas, van a ser las trasnacionales las que trayendo todo y generando impuestos en sus países, harán el gran negocio que nos van a llevar al baile, ese va a ser el resultado final”.
Finalmente, Gonzalo Núñez, miembro del Colegio Nacional de Economistas, calificó de falso el argumento de que México no tiene recursos suficientes para la modernización de Pemex.
Existen, precisó, 1.2 billones de pesos de la renta petrolera dedicados al gasto público corriente; 2.0 billones de pesos depositados en afores, dedicadas a la especulación y 174 mil millones de dólares en la reserva del Banxico, aplicados sólo en la defensa del tipo de cambio.
Otro aspecto que demuestra la capacidad nacional, es que a pesar del desmantelamiento del Instituto Mexicano del Petróleo, subsiste tecnología mexicana de calidad “en todo caso se renta o compra tecnología, como sucedió con Cantarell”, concluyó.
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