Más de 9 millones de mexicanos habitan en hogares de jornaleros agrícolas, en condiciones de pobreza extrema, de éstos 40 por ciento son indígenas,  por lo que la Comisión Permanente solicitó a la Sedesol, STyPS, SSA y a la CNDH, entre otras dependencias, informes sobre las acciones de apoyo gubernamental y defensa de sus derechos humanos.

Lo anterior a partir de la propuesta del senador Sofío Ramírez Hernández, del PRD, quien precisó que suman 2 millones 40 mil 414 trabajadores agrícolas, quienes junto con sus familias suman más de 9 millones de mexicanos.

Estos trabajadores, sostiene, trabajan en condiciones infrahumanas, pues “no cuentan con contratos formales de trabajo, laboran en faenas de más de ocho horas al día, están expuestos a plaguicidas y fertilizantes y se ven en la necesidad de habitar en viviendas o galeras carentes de los servicios básicos, además de sufrir maltratos físicos y psicológicos”.

El legislador guerrerense sostuvo que los bajos salarios que se perciben son la causa principal para que las mujeres y los niños se incorporen a estos trabajos, con el fin de obtener más recursos para la familia.

“Un jornalero agrícola en México gana menos de la séptima parte de lo que obtiene un migrante en Estados Unidos realizando el mismo trabajo”, puntualizó el senador Sofío Ramírez, al tiempo de afirmar que estas condiciones de pobreza derivan en que estos trabajadores agrícolas  registren graves problemas de salud, como desnutrición, parasitosis y neumonía.

Bajo estos argumentos, la Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social un  informe sobre el impacto real del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), así como lleve a cabo un censo de esta población, con el objetivo de identificar las características de la población y las condiciones en las que trabajan.

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos le solicitó inicie una investigación por la violación a los derechos humanos  contra jornaleros y sus familias y pidió a la Secretaría de Salud (SSA) emprenda programas integrales de atención.

De igual forma exhortó a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STyPS) que realice una inspección de las condiciones generales en que laboran los jornaleros agrícolas del país, con el objeto de garantizar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

Finalmente, solicitó a los gobiernos estatales colaborar con las dependencias federales para garantizar el mejoramiento de las condiciones de los jornaleros agrícolas del país.

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