Al participar en “Las audiencias públicas para las reformas del sistema electoral y al régimen político”, que se llevan a cabo en el Senado, consideró que el del financiamiento es el tema central a discutir en la formulación de una nueva reforma electoral.
Explicó que de acuerdo a un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, por cada peso de financiamiento que destina el IFE a las campañas políticas hay más de cuatro pesos de financiamiento ilegal y no reportado.
Aseguró que en México existe un esquema predominante de financiamiento privado de las campañas, a pesar de que la mayor parte del mismo no se reporta y es ilegal, ya sea de forma líquida o de fuentes, en ocasiones, desconocidas.
En opinión del también director de la empresa consultora Integralia, la solución del problema no pasa por la fiscalización que sólo verifica una parte menor de lo que ocurre en las campañas, sino por el hecho de revisar por qué éstas requieren tanto dinero para operar y cómo los ingresos y los gastos no se reportan y con frecuencia los topes de campaña se rebasan.
Ante esto, Ugalde estimó necesario incrementar la fiscalización de las haciendas locales, combatir la liquidez de dinero y revisar el modelo de financiamiento privado, pues “tenemos un sistema tan ficticio como vergonzante de financiamiento privado”.
De igual forma, dijo que se deben analizar los topes de campaña, proceder a una fiscalización en tiempo real y en cuanto a las sanciones, añadió, de nada sirve endurecerlas, porque no han probado su eficacia.
A su vez, Carla Humphrey Jordán, ex consejera del Instituto Electoral del D.F., se pronunció a favor de endurecer las sanciones para los partidos políticos y candidatos que rebasen los topes de campaña, incluso pagar con cárcel y no sólo la pena económica.
En ese sentido, también propuso la fiscalización en tiempo real e in situ, contar con un flujo continuo y permanente de información de parte de las autoridades financieras del país, implementar códigos de barras en propaganda utilitaria y prohibir los pagos en efectivo.
En tanto, para Jaime Cárdenas Gracia, ex consejero electoral, el financiamiento privado es una fuente de corrupción, ya que vincula indebidamente a la clase política con los grandes intereses económicos, incluyendo a los del crimen organizado.
Afirmó que la solución tiene que ser radical y prohibir cualquier tipo de financiamiento privado, pues de otra manera “siempre va a haber una puerta o una ventana de introducción de dinero, legal e ilegal, en las campañas políticas en México.”
Opinó que debe modificarse el mecanismo por el cual se distribuye el financiamiento público, ya que actualmente favorece a los partidos mayoritarios, y así incentivar las condiciones de igualdad en que participan las nuevas fuerzas políticas.
Destacó que existen dos reformas estructurales pendientes en nuestro país: la creación de autoridades electorales nacionales y de un órgano de fiscalización nacional.
A su vez, Arturo Sánchez Gutiérrez, ex consejero del IFE, afirmó que el nuevo modelo de fiscalización que debe desarrollar el Instituto Federal Electoral debe tomar en cuenta los recientes mecanismos informáticos y de seguimiento computacional.
Atribuyó la falta de eficacia de la Unidad de Fiscalización del IFE, surgida a partir de la reforma 2007-2008, a su pérdida de fuerza política para tomar e impulsar actos de autoridad.
Por ello, dijo, la Unidad debe depender de un órgano político --como es el Consejo General-- que le permita dar seguimiento al cumplimiento de los mecanismos de fiscalización y contar con los elementos para poder aplicar las sanciones correspondientes.
Comentó que sería importante determinar cómo fiscalizar y financiar las campañas de manera que los candidatos independientes no sean menos responsables de rendir cuentas ni se entorpezca la equidad que debe existir en la competencia.
En su carácter de moderador de la mesa, el senador Roberto Gil Zuarth señaló que las recientes reformas en materia electoral que redujeron los topes de financiamiento y de gastos están generando “un mercado negro de financiamiento”, paralelo, que repercute negativamente en el proceso de fiscalización de las campañas.
Dijo que quizá se debería de repensar el modelo de fiscalización, desde el punto de vista orgánico.
Al respecto, el legislador panista expuso que que no debe ser el Instituto Federal Electoral el que tenga que hacerlo, sino una autoridad distinta y que su única función sea la de revisar el gasto y el financiamiento de los partidos políticos.
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