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En las comisiones de trabajo de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas, se destacó la necesidad de reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar este delito conforme al Protocolo de Palermo y fiscalizar de manera eficiente a los albergues para evitar casos como el de Casitas del Sur.
En la Comisión de Justicia, la senadora Angélica de la Peña Gómez hizo un llamado al Ejecutivo Federal para que emita, lo más pronto posible, el reglamento a este ordenamiento y aclarar las directrices para el funcionamiento de los refugios, “porque no queremos volver a padecer un asunto similar como el de Casitas del Sur”.
Además, se pronunció por reformar la reciente aprobada Ley General conforme al Protocolo de Palermo, a fin de definir con claridad lo que significa la trata de personas, la proporcionalidad en las sanciones y las figuras que participan en la comisión de este delito, así como su armonización local.
“Tenemos que limpiar esa Ley porque si no se van a hacer bolas el Ministerio Público y el Poder Judicial y el juez tiene que tener muy claro cuándo se habla de trata de personas”, enfatizó la legisladora del PRD.
Por Baja California Sur, la diputada Jisela Páes Martínez señaló que en su entidad los albergues “son operados por particulares” y se han registrado casos donde a los niños “se los llevan a trabajar”, por lo que se requiere adecuar el marco legal local para fiscalizar eficazmente a estos establecimientos.
En tanto, la diputada Olga Lidia Robles Arévalo, del Congreso de Veracruz, señaló que los flujos migratorios intensifica la posibilidad de que presenten este tipo de delitos, en especial de niñas, niños y mujeres, quienes mayoritariamente sufren abuso sexual.
La Comisión de Asuntos Internacionales y Trata de Personas, que presidió la senadora Lucero Saldaña Pérez, acordó identificar los compromisos del gobierno de México a nivel internacional, a efecto de conocer los avances, obstáculos y retos en la legislación mexicana para mejorar la prevención, atención y sanción a la trata de personas.
Saldaña Pérez apuntó que sólo 16 entidades cuentan con leyes especiales en la materia, por ello también trabajará para armonizar los ordenamientos jurídicos federales, estatales y municipales que tengan en su contenido avances en la prevención, atención y sanción de la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niñas.
Asimismo, la comisión colaborará con la sociedad civil con el propósito de elaborar diagnósticos y conocer la realidad sobre este delito en los estados.
Por su parte, en la Comisión de Impulso Presupuestario y Políticas Públicas, que presidió la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, se destacó que el principal problema es la falta de coordinación entre la Federación, municipios y estados.
Además, se consideró necesario impulsar la capacitación continua de quienes atienden a las víctimas, crear fiscalías especiales, así como difundir documentales a través de los medios de comunicación a nivel nacional  y crear concientización.
Los legisladores plantearon la importancia de promover mayor difusión sobre el tema en medios de comunicación, capacitación, sensibilización, concientización por parte de dependencias públicas y gubernamentales.
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