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La Comisión de Cultura se comprometió a emprender las reformas necesarias que eliminen los obstáculos enfrentados por la industria editorial para su desarrollo, tras escuchar la inconformidad manifestada por diversas asociaciones ante el monopolio ejercido por el mismo Estado al mantener la hegemonía en el sector a través de los libros de texto.
En el marco del diálogo “El Reto de la Lectura en México, evaluación de los instrumentos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro”, la presidenta de la Comisión de Cultura, Blanca Alcalá Ruiz aseveró que existe el interés no sólo de hacer leyes puntuales, “sino que esas leyes deseables sean posibles en su implementación”, e incluso “considerar qué políticas públicas tendrían que impulsarse desde el gobierno de la República, estados y municipios”.
Lo anterior, enfatizó, al reconocer la necesidad de elevar el nivel de lectura en México, pues acorde a la Encuesta Nacional de Lectura el porcentaje es de 10 puntos, del año 2006 al 2012, lo cual significa que sólo la mitad de los mexicanos tiene el hábito de leer, con un promedio de lectura de sólo 3 libros por año, cuando en Europa es de 11 textos.
Los senadores panistas Javier Lozano Alarcón y Laura Rojas Hernández reflexionaron acerca de la falta de acciones desde el Gobierno para la aplicación correcta de la Ley de Fomento a la Lectura y centraron sus cometarios en la intervención de las tecnologías de la información y las comunicaciones como sustitutos de la lectura de libros y, por lo tanto, cuestionaron cómo hacer compatibles estas tecnologías con el hábito de la lectura.
En su participación, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial en México, José Ignacio Echeverría Ortega, destacó que uno de los principales problemas que enfrenta este sector es su baja productividad, pues en México se edita 13 mil 500 nuevos títulos al año, en tanto que, por ejemplo, en España suman 117 mil.
Entre los principales causas del problema, subrayó, se encuentra una deficiente política pues prevalece un “Estado editor que produce 60 por ciento de los libros”, y en la educación escolar México mantiene unicidad en el libro de texto; a esto se agrega la falta de planeación para indicar con anticipación de 3 a 5 años a los editores cuáles serán los requerimientos en el fomento a la lectura, por lo cual más del 85 por ciento de los libros en bibliotecas y aulas son importados de España.
Además, prosiguió Echeverría Ortega, existen trabas financieras y burocráticas, dado que existe un trato inequitativo fiscal pues el librero está obligado a absorber el IVA y esto se refleja en el costo al consumidor: por otra parte, es necesario revisar lineamientos del Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, pues para registrar un nuevo título actualmente se deben de realizar 18 pasos, ello se debe simplificar a 3 ó 4.
En lo anterior coincidió la presidenta de la Asociación de Editoriales Independientes Mexicanas, Deborah Holtz, al destacar que en un estudio de la ONU realizado a 108 países, México ocupó la posición 107 con sólo 2 por ciento del hábito de lectura en su población, mientras el primer lugar lo tiene Japón con 91 por ciento, seguido de Alemania con el 67 y Corea el 65 por ciento.
Esto pone en evidencia, puntualizó, que “la industria editorial requiere de cambios urgentes” para enfrentar los retos, en especial los relativos a la competencia, pues “los editores grandes, medianos y pequeños tenemos la desgracia de tener que competir contra el Estado, porque son los mayores editores, y no podemos hacer nada porque a su vez son quienes nos compran, entonces vivimos en una bipolaridad, una especie de esquizofrenia porque no tenemos a donde movernos”.
Es necesario, subrayó, establecer políticas públicas transversales que permitan, además, reconocer a la edición de libros como una industria y puedan tener acceso a créditos de Nafinsa, así como impulsar la creación de una instancia que promueva la edición e incluso la promoción del libro mexicano en foros extranjeros y/o internacionales, pues estas y otras acciones permitirían el fomento de esta cadena producción.
A su vez, el director general de Ediciones ERA, Marcelo Uribe subrayó que las políticas de falsos descuentos o precios inflados sólo logran concentrar el mercado y discriminar geográficamente, ya que las personas que tienen acceso a dichas cadenas obtienen descuentos, mientras que los demás pagan una especie de multa por no comprar en esos lugares.
Consideró indispensable modificar dos aspectos de la Ley, uno de ellos, volver a la cobertura del 100 por ciento de los libros u contar con sanciones que permitan aplicar correctamente la ley para ver sus resultados y destacó que en el país existe una librería por cada 200 mil habitantes, aproximadamente, en contraste con Argentina con una por cada 15 mil, por ejemplo.
Ana María Charria Villegas, Directora de Desarrollo e Innovación de Materiales e Informática, de la Secretaría de Educación Pública, observó necesario formar más a los maestros en escuelas normales para que sean lectores y escritores y en esa medida acompañen a los muchachos que están formando; al igual que las bibliotecas deben ser espacios para acompañar y mostrar actos lectores a los jóvenes.
Más que una Ley es importante que haya más bibliotecas escolares y bibliotecas públicas, más adultos rodeando a los chicos leyendo y escribiendo con ellos, que se reconozca la importancia de la palabra escrita y oral en muchos ambientes, que los libros en escuelas, biblioteca y librerías sean diversos, así estaremos más cerca de ejercer el derecho a leer y escribir.
Adicionalmente, Lorenzo Gómez-Morín Fuentes, Presidente Ejecutivo de la Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura AC, indicó que la falta de competencias lectoras pone en riesgo la democracia del país, porque “una nación iletrada es presa fácil del clientelismo político y manipulación”, por lo que solicitó al Senado democratizar el acceso a la cultura escrita.
Asimismo destacó que el medio más efectivo para democratizar el acceso a la cultura escrita son las bibliotecas de aula y escuela y es más importante porque las librerías y bibliotecas públicas, porque hay 200 mil escuelas públicas en el país. “No podemos desarrollar capacidades de comprensión lectora ni ciudadanos letrados, si la cultura escrita está restringida para la inmensa mayoría de la población”.
En su turno, José Luis Escalera, director Profética Casa de Lectura, propuso se establezca el precio fijo a los libros, a fin de que las pequeñas y medianas librerías puedan enfrentar prácticas desleales de los monopolios, tanto de grandes cadenas como de tiendas departamentales que al comprar en grandes cantidades negocian muy bajos precios al consumidor.
Sin embargo, apuntó, estos precios bajos son “engaña bobos”, pues las negociaciones de los monopolios se hacen sobre precios inflados que afectan todo el sector comercial, particularmente a los mismos lectores. Por ello, con un precio fijo, se da margen de competencia a los pequeños y medianos libreros, en tanto las grandes cadenas pueden mantener sus negociaciones de compra por volumen.
En su participación, el director de Promoción Editorial y Fomento a la Lectura Conaculta, Erick Jiménez Rodríguez, ofreció a los editores ampliar los lineamientos del registro único del libro a través de un sistema electrónico puesto en operación desde julio de 2010 por esta institución, el cual contiene a la fecha un repertorio de más de 11 mil publicaciones nacionales y cinco mil extranjeras.
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