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Con el propósito de fortalecer el marco legal para garantizar el derecho fundamental de los usuarios de dar por terminada la prestación de servicios de telefonía móvil, cuando por voluntad propia considere que no está satisfecho con el mismo o no desee continuar con el servicio, el senador Omar Fayad Meneses planteó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Lo anterior --detalló-- porque en el país cada vez es más frecuente que los usuarios presenten quejas por la mala calidad de los servicios, ya que les causan daños y perjuicios, sin poder escapar a ello, por estar obligados a contratos anuales o multianuales imposibles de cancelar sin el pago de una penalización.
Ante esta situación, el legislador priista propuso que los proveedores de telefonía móvil celebren contratos de prestación de servicios cuya duración sea expresamente consentida por el usuario de forma verbal y escrita.
Con ello, explicó, se prohíbe el establecimiento de plazos forzosos de contratación para que en cualquier momento, el usuario contratante solicite la cancelación de la prestación del servicio, sin penalización alguna, debiendo cubrir únicamente el monto por los servicios que hubiere recibido al momento de la cancelación.
Al mismo tiempo, el senador por Hidalgo, planteó que en la Ley Federal de Protección al Consumidor se establezca como una prerrogativa de los consumidores de telefonía móvil, el poder solicitar en cualquier momento, la terminación de la prestación del servicio básico, sin penalización alguna, cubriendo únicamente el monto por los servicios que recibió al momento de la cancelación.
En este sentido, manifestó que la telefonía móvil de pospago opera mediante contratos de adhesión, en los que generalmente se establecen las condiciones de prestación del servicio básico y, en su caso, de servicios adicionales como de internet y mensajería de texto, así como el precio por dichos servicios.
Sin embargo, en la facturación mensual “aparecen cargos adicionales que no fueron contratados, o no lo fueron de forma consciente y a voluntad expresa del usuario, porque simplemente no se le informa, tales como cargos por conceptos como seguros, prestación de servicios de auxilio vial, promociones, concursos, entre otros, los cuales engrosan la facturación, a veces de forma muy significativa”.
Para que esto no suceda, Fayad Meneses propuso obligar a los proveedores de telefonía móvil a abstenerse de incluir de forma automática, sin informar al consumidor ni recibir su autorización expresa verbal y escrita, la prestación de servicios diversos al servicio básico objeto del contrato, considerados como adicionales y que generan un costo adicional al monto establecido como tarifa del plan de servicio contratado.
Desde la tribuna, el legislador del PRI señaló que de acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en México existen 97.6 millones de suscriptores de telefonía celular –cifras de 2012-, es decir, una penetración de 86.9 de cada 100 mexicanos, que disponen de una línea de telefonía móvil.
Hoy, expresó, cuatro de cada cinco mexicanos cuentan con una línea móvil, en el que predomina el esquema de prepago con un promedio de 86.6 por ciento de las líneas (84 millones 521 mil 600 usuarios) y 13.4 por ciento restante corresponde a usuarios de pospago (13 millones 078 mil 400 usuarios).
Agregó que los servicios de datos registran mayor crecimiento, por lo que los operadores móviles enfocan una estrategia comercial a la provisión de internet móvil de banda ancha a través de terminales móviles, así como en las computadoras por medio de dispositivos extraíbles.
“Todo esto muestra claramente que la telefonía móvil ya dejó muy atrás a la fija, que tiene 20.1 millones de líneas, es decir, una teledensidad de casi 18 líneas por cada 100 habitantes”, subrayó.
Sin embargo, advirtió que el crecimiento acelerado en los suscriptores está teniendo un impacto negativo en la calidad de la telefonía móvil, debido a que la inversión en mayor tecnología no va a la par del crecimiento de la demanda o al potencial del mercado.
Según la OCDE, México fue el país que menos invirtió en telecomunicaciones: sólo 25 dólares per cápita, mientras que en países como Canadá o Dinamarca se alcanza hasta 300 y 350 dólares respectivamente, citó.
Además, el senador priista informó que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, los usuarios de Telcel, Iusacell, Telefónica y Nextel, padecieron en 2010, aproximadamente tres mil 500 millones de llamadas caídas o no completadas, que se tradujeron en siete mil 790 quejas, que sirvieron de base para ejercer cuatro acciones colectivas de demanda solicitando indemnizaciones y pago de daños y perjuicios.
Finalmente, indicó que con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, “los mexicanos pagamos algunas de las tarifas más caras de entre los países asociados”; México ocupa el tercer lugar entre los países con tarifas de telefonía móvil más caras, las cuales son ocho veces más altas que las del país que registra las más bajas.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.
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