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El Senado de la República hizo modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para introducir la figura de “promoción post mortem” como un premio póstumo al “mérito excepcional” de los elementos policiacos.

Con ello, se busca promover al rango inmediato superior a aquel policía que pierda la vida en el ejercicio de sus funciones cuya muerte haya sido por actos “excepcionalmente meritorios en condiciones de heroísmo, sobresaliente capacidad profesional o entrega total al servicio a la patria”.

Los senadores establecieron un procedimiento por medio del cual la instancia policial responsable reunirá los elementos de juicio que acrediten las circunstancias extraordinarias para analizar si procede el reconocimiento.

Sin embargo, será el secretario de la instancia policial correspondiente quien decida si es procedente o no la promoción post mórtem del policía al grado inmediato superior.

En la exposición de motivos del dictamen aprobado se indica que 289 elementos de la Policía Federal han perdido la vida de 2006 a julio de 2011, “cifra a la cual se deberían adicionar los elementos estatales y municipales muertos en el cumplimiento de su deber”.

Reconocieron que debido al elevado índice de inseguridad que actualmente se vive en el país, se ha suscitado una participación más activa por parte de los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno.

Empero, señalaron, desafortunadamente esto se ha traducido en un mayor número de enfrentamientos en contra de integrantes del crimen organizado, lo que deriva en un elevado número de elementos gravemente heridos o que han perdido la vida.

En este sentido, los legisladores estimaron que la figura post mortem resulta novedosa en cuanto a su implantación en los cuerpos policiacos del país, ya que “ha probado su efectividad al implementarse como un fortalecimiento a la seguridad social del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México”.

Además, hicieron notar que es “justo y legítimo” reconocer a todos los que salvaguardan la vida de los demás por encima de su integridad física.

Es obligación del Estado salvaguardar la integridad y derechos de los ciudadanos, así como preservar el orden y las libertades, pero también crear las condiciones necesarias para que los elementos de las instituciones policiales tengan un desarrollo profesional, estabilidad económica y seguridad social, se puntualiza en el texto.

Con estos cambios, el dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados.

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