Número-394
- Este recurso natural no puede privatizarse sino garantizarse, señala.
- 421 municipios del país se han unido al Pacmun: ICLEI.
Durante el foro “Los gobiernos locales mexicanos contribuyendo a las acciones globales para revertir el cambio climático” consideró que esta ley, que se encuentra en la Cámara de Diputados, es “controvertida”, de ahí, la necesidad de aprobar un ordenamiento que busque lo mejor para el bien del país, “porque el agua es uno de los vértices donde se sustenta la vida”.
En este marco, subrayó que es fundamental que el Senado analice la minuta de la Ley de Transición Energética, ya que México debe cambiar su política hacia energías limpias y “esta es la oportunidad para impulsar el desarrollo de recursos renovables”.
Entre los temas pendientes dijo que es necesario inyectar recursos al Fondo de Cambio Climático; promover la participación de legisladores en el Sistema Nacional de Calentamiento Global; el funcionamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente de los Hidrocarburos; e incorporar criterios de estos fenómenos naturales en la Ley General de Costas y la reforma al campo.
El trabajo legislativo consiste en estar cerca de las instituciones, autoridades, sociedad civil, porque es la forma en que podremos garantizar que una ley sea fuerte, “porque todos queremos lo mismo, frenar los dos grados de aumento en la temperatura”, puntualizó.
Edgar Villaseñor Franco, secretario regional para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI, informó que hasta el momento 421 municipios, en 26 estados, se han adherido al Pacmun, de los cuales 62 ya cumplieron con sus planes de acción y 55 más lo harán en los próximos días.
La investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudio sobre Medio Ambiente y Desarrollo del IPN, Norma Patricia Muñoz Sevilla, comentó que es fundamental “bajar recursos” de la Federación a los estados y municipios para el cumplimiento de los programas de cambio climático; “hay que promover que haya recursos etiquetados para este rubro”, insistió.
Subrayó que para implementar una política nacional de cambio climático es necesario que todos los ordenamientos legales en la materia apoyen la creación de programas sectoriales, recursos y la construcción de capacidades a nivel estatal, para el desarrollo planes específicos y acciones concretas, “porque sólo a través del impulso de las regiones es cómo nuestro país podrá salir adelante”.
A su vez, Óscar Vázquez Martínez director de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, refirió que gracias al Pacmun se han podido desarrollar 12 programas de acción climática delegacionales, además de que cuatro están proceso.
Sin embargo, consideró que uno de los grandes pendientes que existen en el país es asignar en los presupuestos los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones que permutan mitigar este fenómeno y para cumplir con los objetivos establecidos.
Santiago Crehueras Díaz, director general de Eficiencia Energética e Innovación Tecnológica de la Secretaría de Energía, dijo que la dependencia realiza un diagnóstico respecto a la eficiencia energética en los municipios del país, conjuntamente con el Banco Mundial, la Banca de Desarrollo y de agencias de cooperación nacionales e internacionales.
El objetivo, precisó, es establecer una oferta en materia de transición energética como herramienta para el aprovechamiento sustentable de la energía e impulsar la concurrencia de los diversos actores en este sector, a fin de generar mayores beneficios y promover de manera integral esta transformación.
Por su parte, María Magdalena Ruiz, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del gobierno de Jalisco, dijo que el propósito de la intermunicipalidad es transversalizar el tema del cambio climático, y para ello, se cuanta con un equipo especializado en gestión ambiental y territorial para reconfigurar sus ordenamientos regionales.
Beatriz del Valle Cárdenas, jefa de la Unidad de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz, señaló que los instrumentos de planeación climática municipal tienen el objetivo de reducir 1.4 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que representa el 5 por ciento de las emisiones que emite esta entidad.
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