Número-243
- Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Medina Mora, presentaron sus proyectos ante Comisión de Justicia.
- Candidatos coinciden en temas como el respeto irrestricto a los derechos humanos, fortalecimiento del Estado de derecho y transparencia.
En su oportunidad, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera señaló que el juez que aspire al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, debe ser un jurista con la capacidad de hacer expansivos los derechos humanos de corte individual y procure hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, sin llegar al extremo de un “populismo judicial”.
Expresó que actualmente se requiere que la SCJN y el Poder Judicial garanticen la aplicación efectiva de los derechos contenidos en la Constitución, a fin de generar una protección óptima de los derechos de los mexicanos.
La doctrina jurisdiccional de la Corte, debe centrar su atención en la más amplía tutela de los derechos humanos, lo que repercutirá en un mejor nivel de vida de la población, un clima de paz social que garantice la confianza y genere inversión económica, que a su vez converja en empleo y mejor nivel de vida, puntualizó.
El magistrado Horacio Armando Hernández Orozco planteó tres puntos fundamentales en caso de convertirse en ministro de la SCJN: buscar el consenso constitucional para hacer valer la Carta Magna; construir una jurisprudencia que no se base en la tradicional, sino enfocada en los derechos humanos y los grupos vulnerables; y fortalecer el sistema de distribución de competencias y la división de poderes, de cara a la aplicación de las reformas constitucionales recientemente aprobadas en el Congreso de la Unión.
Dijo que la Suprema Corte debe ser prudente y medir las consecuencias de sus decisiones, tanto políticas y económicas como sociales. Debe comprender los límites y beneficios de una organización estatal, a fin de otorgar utilidad a las leyes: es el punto de encuentro entre la labor del Poder Legislativo y del Ejecutivo.
Aseveró que es un candidato idóneo para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque representa a la función jurisdiccional, es un juez honesto y transparente. Además, dijo estar convencido de que es indispensable que os órganos encargados de designar a los ministros manden un mensaje claro a la ciudadanía en la cual indique que se respeta el estado de derecho en el país.
Por su parte, Eduardo Medina Mora, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y ex procurador, señaló que es necesario que la Corte agregue una visión que contribuya a valorar si las decisiones que toma construyen en la práctica un país mejor, más equitativo y justo.
Aseguró que el juzgador actual debe conocer el derecho internacional, en las diversas formas de su internalización, ya que es menester profundizar en su conocimiento para cumplir con el deber de buscar siempre la fuente de norma nacional o internacional que mejor proteja a la persona, en el ejercicio de sus derechos humanos.
Asimismo, dijo que en su continuo proceso de construcción institucional, la Suprema Corte debe tener en cuenta la comprensión jurídica de la economía, la correcta valoración de la superposición de intereses y de las implicaciones reales, tangibles y estratégicas sobre el desarrollo, “que resulta indispensable para reducir los incentivos al conflicto, aumentar la transparencia y generar mayor certidumbre jurídica para facilitar el desarrollo económico”.
Los legisladores cuestionaron a los comparecientes sobre su trayectoria, derechos humanos, la mejora de la comunicación entre SCJN y la sociedad, los problemas jurídicos multifactoriales, el papel que juega el Poder Judicial en el sistema democrático, la Ley de Amparo, la implementación de derechos humanos y la transparencia en la Suprema Corte.
En la ronda de preguntas participaron los senadores Carlos Alberto Puente Salas del Partido Verde Ecologista de México; Dolores Padierna Luna y Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Casillas Romero y Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional; y Miguel Romo Medina; Pilar Ortega Martínez, José María Martínez Martínez y Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional.
Al responder los cuestionamientos, Fuentes Barrera expresó que un juez debe considerar en sus fallos las necesidades de todos los grupos vulnerables, pero además incluir en su visión a los demás grupos sociales, para que se traduzca esta suma de derechos en un mejor nivel de vida, en el respeto absoluto a la dignidad humana, la libertad y los derechos de la víctima, concluyó.
Hernández Orozco respondió a cuestiones referentes al control de convencionalidad, donde consideró que se debe atender la norma que es más protectora; en cuanto al arraigo dijo que no debería ser una figura constitucional, y debería haber elementos mínimos para que se utilice esta figura; también se debe buscar la aplicación de controles de confianza ad hoc para quienes se desempeñan en el Poder Judicial.
En tanto, Eduardo Medina Mora subrayó que existe un retraso en la instrumentación de las reformas fundamentales como amparo, derechos humanos y al sistema de justicia penal, “y algo que es peor que tener un sistema inquisitorio es uno adversarial acusatorio que no funcione y para que funcione necesitamos afinar los criterios de interpretación”.
Al responder cuestionamientos sobre su actuación a su paso por la Procuraduría General de la República, calificó como positiva la utilización de testigos protegidos durante su gestión; dijo que fue una figura novedosa, sin embargo quedaron ciertas experiencias que se deben aprender. En cuanto al llamado “Michoacanazo” señaló que el cuerpo del delito estaba acreditado y fue realizado de manera apartidista.
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