Número-997

• 60 por ciento no tiene posibilidades de acceso a empleos remunerados, apunta senadora Lorena Cuéllar.
• Necesario crear institutos estatales que promuevan su inclusión y desarrollo, propone senador Isidro Pedraza.

En México habitan 7.7 millones de personas con discapacidad, y de estas 5.7 millones viven en condiciones de miseria, advirtió la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, al exhortar que se emprendan programas estatales para su atención e inclusión social y económica.

Ante ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a los estados a establecer programas a favor de las personas con discapacidad, acordes al Plan Nacional de Desarrollo. Dicho punto de acuerdo fue presentado por la senadora Gastélum Bajo, en nombre de la senadora del PRI, Hilda Flores Escalera.

Gastélum Bajo apuntó que si bien ha habido esfuerzos importantes para su atención, es necesario reforzar medidas pues no es admisible que, además de la pobreza extrema, el 3.8 por ciento de los discapacitados enfrenten rezago educativo.

La propuesta a las entidades federativas, agregó, es que homologuen sus programas a los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, para ofrecer a este sector de la población con mayor equidad y justicia. Esto permitirá, además, atender los compromisos adquiridos por México dentro de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En lo anterior coincidió la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Partido de la Revolución Democrática, al apuntar que el Estado tiene una enorme deuda con las personas con discapacidad, pues 60 por ciento no acceden a trabajos remunerados.

Esta falta de oportunidades es grave, enfatizó, si se toma conciencia de la dimensión que representa que uno de cada cinco mexicanos padece alguna afectación física o mental.

Pobreza y falta de oportunidades, agregó, representan además una carga inconstitucional e inhumana de discriminación social, laboral, económica, política, cultural y de despojo de sus derechos humanos.

Es imposible avanzar en la democracia, justicia social y desarrollo del país, afirmó la senadora perredista, en tanto estos millones de mexicanos sigan excluidos y discriminados.

El senador Isidro Pedraza, por su parte, se pronunció por la creación de institutos o consejos estatales que garanticen la creación y aplicación de programas a la población con discapacidad.

Esto es urgente, apuntó, pues se requiere dar cumplimiento a compromisos adquiridos con la población y organismos internacionales, para revertir rezagos en materia de acceso edificios públicos, servicios básicos como sanitarios públicos, transporte, bebederos, entre otros.

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