Comunicado-076
- La iniciativa de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se modificará con criterios de especialistas.
- · Participación de organizaciones de la sociedad fundamental para sacar el mejor producto.
En la tercera audiencia pública sobre el Análisis de la iniciativa preferente en esta materia, la senadora del PRI Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, se comprometió a recibir todas las participaciones de las organizaciones a fin de desahogar la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.
Participaron Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México; Alfonso Poiré Castañeda, de Save The Children; Gabriela Escobar del Razo, de Alianza por la Infancia y sus familias; Nashieli Ramírez Hernández, del Colectivo contra la Trata de Personas en México, María Rocío Medrano, especialista en Derechos de la Niñez y Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la migración.
Los especialistas destacaron asuntos como el que la iniciativa deje de ser asistencialista y vea a los menores como sujetos de derechos, que el Estado asuma sus responsabilidades en el tema, detener prácticas intolerables, como trata de personas, albergues en buen estado, la violencia familiar.
Así como el de analizar las diferentes formas de familias establecidas en México, la calidad en la asistencia social, hacer una real separación de funciones entre las instituciones involucradas en este asunto, la migración y los derechos de la infancia, los protocolos de protección a los infantes, la educación y el retorno de niños migrantes no acompañados.
La senadora Marcela Torres Peimbert, del PAN, enfatizó que toda la asesoría recibida por parte de las Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil, será tomada en cuenta a fin de evitar que la ley vuelva a ser solamente de membrete, como un buen intento o que sea utilizado el tema para favorecer una imagen.
Expresó que deben ser tomadas en cuenta todas las participaciones de las expertas y expertos y darle más sustancia a la iniciativa del Ejecutivo federal, además cuestionó que en la misma no esté contemplado ningún incentivo fiscal o bolsa económica para apoyar a las organizaciones ciudadanas abocadas a los asuntos de la niñez y la adolescencia en el país.
La senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, resaltó que las expertas y expertos refieren la importancia que el DIF de una u otra manera se fortalezca, aunque expresó su extrañamiento de que no exista un señalamiento sobre la importancia que tiene la institución en la atención a la niñez en situación de vulnerabilidad.
La senadora Lisbeth Hernández Lecona, del PRI, agradeció la participación de las organizaciones civiles en el ejercicio público que lleva a cabo el Senado de la República y destacó el punto relativo a que no debe ser motivo de separación familiar la falta de recursos y coincidió en que se debe de ir más allá de las múltiples causas que motivan la separación familiar.
Expuso que la iniciativa debe contemplar la parte preventiva para detener las altas cifras de desintegración familiar e indicó que como integrante de la Comisión de la Familia el tema del capítulo IV de la iniciativa, del derecho a vivir en familia, es de real importancia.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN, destacó la importancia para el Senado de contar con las irreductibles de las organizaciones de la Sociedad Civil de la iniciativa, a fin de ir construyendo de cara a la dictaminación.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM solicitó que las contribuciones o ponencias de los especialistas estén disponibles en un micrositio, además de que se cuente con la versión estenográfica de sus participaciones.
La senadora Martha Elena García Gómez, del PAN, resaltó la participación de la sociedad civil organizada y solicitó a ésta, hagan llegar los ejercicios de participación infantil que han realizado para de esta forma contar con un resolutivo sobre el tema.
La senadora Pilar Ortega Martínez, del PAN, sostuvo que la participación de las organizaciones va a ser fundamental para que las comisiones dictaminadoras podamos sacar el mejor producto posible.
Externó su preocupación de que los niños migrantes puedan quedar en manos del Instituto Nacional de Migración y sea esta dependencia la que determine el interés superior de la niñez.
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