El senador panista Jorge Luis Lavalle Maury presentó un proyecto de decreto para adicionar una fracción  IV al artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de que la Secretaría de Desarrollo Social otorgue un apoyo económico mensual a los familiares o individuos que se encarguen de los cuidados o manutención de personas que sufran de cualquier tipo de discapacidad .

De esta manera, bajo el esquema hasta ahora vigente de elegibilidad y permanencia que establece el Programa Oportunidades, se ayudaría significativamente a las familias que además de vivir en las condiciones adversas de pobreza, enfrentan la problemática de tener un familiar en casa con una discapacidad física, intelectual, psíquica o sensorial.

“El 63 por ciento de mexicanos con discapacidad se encuentra entre los hogares más pobres del país, lo que demuestra su vulnerabilidad y la necesidad de establecer acciones focalizadas para contribuir a la igualdad de oportunidades y disminuir los índices de pobreza en nuestro país,” destacó Lavalle Maury.

En efecto, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país existen 5 millones 739 mil 270 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa alrededor del 5 por ciento de la población total. De esta cifra, más de la mitad no recibe ingresos y casi el 20 por ciento gana menos de un salario mínimo.

Por otra parte, son los familiares quienes frecuentemente abandonan su vida laboral, profesional y social para atender de tiempo completo a las personas con discapacidad; lo cual provoca un círculo vicioso, ya que las malas condiciones de vida son a su vez fuente de enfermedades que, mal tratadas, pueden conducir a una discapacidad.

Así, al ofrecer un apoyo económico de manera periódica a estas familias se “contribuirá de manera importante a mejorar sus condiciones de vida, del mismo modo que se avanzaría en el nivel de cumplimiento de los derechos que garantiza nuestra Constitución,” aseguró el senador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

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