La senadora panista Silvia Guadalupe Garza Galván presentó una iniciativa para reformar el artículo 418 del Código Penal Federal, con el objeto de fortalecer la legislación en materia ambiental y sancionar penalmente tanto a quien lleve a cabo acciones ilícitas contra la vegetación natural, como a quien las autorice u ordene.
El proyecto de ley aplica responsabilidad jurídica a quien ejercite, autorice u ordene el desmonte o destrucción de la vegetación forestal; la tala o daño a árboles y el cambio de uso de suelo en terreno forestal.
De esta manera, se aplica responsabilidad jurídica no solamente a los particulares, sino a la propia administración pública, autoridades de los tres órdenes de gobiernos e, incluso, autoridades sociales, como las representaciones de ejidos o comunidades, que autoricen daños al ambiente o provoquen un desequilibrio a los ecosistemas.
“La propia administración pública puede ser tan responsable como cualquier ciudadano, tanto desde su papel de control y vigilancia, ya sea por una omisión durante un acto de inspección que dé lugar a una situación de riesgo, o a una franca contingencia,” aseguró Garza Galván.
Por otro lado, la iniciativa facilita la aplicación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), al ampliar la imposición de sanciones a los delitos ambientales que se lleven a cabo en las zonas urbanas, excepto cuando los Planes o Programas de Desarrollo Urbano así lo permitan.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Estudios Legislativos.
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