Versión Sesión Ordinaria 24 de febrero de 2015

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 24 DE FEBRERO DE 2015.

PRESIDENCIA DEL SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: (11:56 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 97 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se abre la sesión del martes 24 de febrero, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda que trataremos el día de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la misma.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchísimas gracias.

Honorable Asamblea: a partir de la licencia que el Senado autorizó a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, esta Mesa Directiva convocó a la ciudadana Lizette Clavel Sánchez, quien se encuentra en el salón contiguo. Por esta razón, solicito a las Senadoras y Senadores: María del Rocío Pineda Gochi, Fernando Herrera Ávila, Raúl Morón Orozco y Aarón Irízar López, la inviten a pasar a este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su toma de protesta.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Solicito respetuosamente a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Ciudadana Lizette Clavel Sánchez: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senadora de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La C. Lizette Clavel Sánchez: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.

(Aplausos)

Felicidades señora Senadora, le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado, a fin de que se incorpore inmediatamente a nuestros trabajos. Bienvenida.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Dos, de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, con las que remite los informes de sus participaciones en:

El Foro para Diseñadores de Políticas Públicas, que se llevó a cabo del 19 al 21 de noviembre de 2014 en Washington, D. C., y en el Foro Global “Las Mujeres en los Parlamentos”, realizado del 8 al 11 de octubre de 2014, también en Washington, D. C.

Y una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con la que remite su informe de labores correspondiente al segundo año de ejercicio de la actual Legislatura.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Secretaría de Gobernación, un oficio con el informe correspondiente a los ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, durante el ejercicio fiscal 2014.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Asimismo, la Colegisladora envió un proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, Primera.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los asuntos que nos remite la Comisión de Administración.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Para los efectos de los artículos 66, inciso g), y 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibieron de la Comisión de Administración del Senado los proyectos de presupuestos de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para los meses de febrero y marzo de 2015.

Doy cuenta con el presupuesto de febrero.

(Leyó, se inserta documento)

Doy cuenta con el presupuesto del mes de marzo.

(Leyó, se inserta documento)

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Están a consideración de la Asamblea los proyectos de presupuesto.

Por no haber quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los proyectos de presupuesto de los meses de febrero y marzo de 2015. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Aprobados los presupuestos de la Cámara de Senadores de los meses de febrero y marzo del año en curso.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, también se recibieron de la Comisión de Administración los informes de los presupuestos ejercidos en los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015.

Doy cuenta con el Informe del mes de diciembre pasado.

(Leyó. Se inserta documento)

Doy cuenta con el Informe del mes de enero de 2015.

(Leyó. Se inserta documento)

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de ambos informes.

Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Solamente para proponer a este Senado de la República que, en su momento, podamos hacer un pronunciamiento, un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo de Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, ganadores de cuatro Óscar: a mejor película, mejor director, mejor guión original y fotografía.

Y también hacer un llamado a este Senado de la República para que, como clase política, escuchemos con mucha atención el mensaje que hizo el día domingo, y reconocer, por supuesto, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el talento cien por ciento mexicano, y también, por último, el pronunciamiento a favor de las personas migrantes.

Es un tema que está en la agenda de este Senado de la República, y que hemos impulsado desde el día 1o. Espero que pronto podamos hacer el debido reconocimiento.

Es cuanto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora. Se registra el planteamiento y se abordará en la próxima reunión de la Mesa Directiva.

Honorable Asamblea: Hemos recibido petición de diversos Senadores, para guardar un minuto de silencio en memoria de un gran luchador social que dedicó su vida y sus esfuerzos a la defensa de los derechos indígenas, la integración de las comunidades originarias y la lucha permanente por el respeto a los derechos humanos, don Juan Simbrón Méndez.

Desde este Senado de la República, expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, al pueblo veracruzano y a las comunidades indígenas que lamentablemente han perdido a un guía y luchador incansable. Su recuerdo permanecerá en el tiempo, porque su figura se engrandecerá al recordar su gran obra social.

Por lo anterior, les pido a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

(Todos de pie guardan un minuto de silencio)

Muchas gracias.

Compañeros Senadores: Por acuerdo de la Mesa Directiva y de los grupos parlamentarios, daremos paso a una ronda de intervenciones para referirse a la Conmemoración del Día de la Bandera.

Para estos efectos, se concede el uso de la palabra a la Senadora Mónica Arriola Gordillo.

En tanto arriba a este recinto, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Tiene usted el uso de la palabra.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso y el de todos los compañeros, también.

Nuestra Bandera Nacional es uno de los símbolos que nos identifica como mexicanos y nos debe impulsar para conseguir la libertad en todos sus aspectos: la democracia y la justicia.

Nuestra actual Bandera Nacional ha evolucionado en su diseño y colores.

En su origen, don Miguel Hidalgo tomó como enseña una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Posteriormente, Morelos utilizó un lienzo azul y blanco con un águila coronada sobre un nopal, encima de un puente con tres arcos y las iniciales VVV: “¡Viva la Virgen María!”

La Bandera del Ejército Trigarante ya utilizó los colores verde, blanco y rojo, en franjas diagonales que representaban a la Religión, la Unión y la Independencia.

Iturbide decidió, en su breve Imperio, que el orden de los colores de la Bandera serían: verde, blanco y rojo, en franjas verticales y al centro un águila coronada.

El Escudo Nacional está posicionado en el centro de la franja blanca y está inspirado en la culminación del peregrinaje mexica para fundar la ciudad de Tenochtitlán.

El Dios Huitzilopochtli les indicó que en un lugar donde encontrara un águila devorando a una serpiente parada sobre un nopal, debían construir su ciudad.

Este escudo diseñado originalmente por Antonio Gómez, habitante de Pénjamo, Guanajuato, ha perdurado.

Nuestra Bandera actual fue adoptada oficialmente el 16 de septiembre de 1968, y es festejada a nivel nacional el 24 de febrero de cada año, como símbolo de la mexicanidad.

El artículo 18 de nuestra ley, establece las reglas y fechas dónde la Bandera debe ser izada a toda asta en grandes acontecimientos nacionales, y a media asta en fechas luctuosas nacionales, particularmente de nuestros héroes.

El artículo 19 establece que en acontecimientos de excepcional importancia para el país, el Presidente de la República podrá acordar el izamiento de la Bandera Nacional en días distintos a los señalados en el artículo anterior; igual facultad se establece para los gobernadores de las entidades federativas en casos semejantes dentro de sus respectivas jurisdicciones. Hay algunos estados, uno por ejemplo, que conozco bien, donde vivo, que en lugar de izar la bandera, la han quitado del lugar céntrico de nuestro estado.

En este momento en que la corrupción, la impunidad que estamos viviendo todos los mexicanos, esta agenda nacional debiera decir que se izara a media asta dada la tristeza y el luto por la que pasamos muchos mexicanos.

La Bandera Nacional es símbolo de defensa nacional, y al representarse a un cadete del Colegio Militar que se lanzó al vacío, eran niños y eran otros tiempos.

Hoy los mexicanos debemos de recuperar su identidad, el respeto y el orgullo del símbolo mexicano que nuestra Bandera mexicana debe tener; se ha perdido y es lo que debemos recuperar.

Nuestra Bandera debe estar herida ante los acontecimientos diarios que laceran a la identidad del pueblo mexicano y a los intereses nacionales, a nuestra independencia y a nuestra libertad.

¡Viva nuestra Bandera Nacional!

¡Viva nuestra Independencia Nacional!

¡Viva México!

Muchas gracias señores.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora.

En seguida, tiene el uso de la tribuna el señor Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hay que ganarse el derecho de honrar esta Bandera, y hay que demostrarlo, desde mi punto de vista, por ejemplo, con la fortaleza de los campesinos de México quienes derrotan cada día las adversidades más inverosímiles y también a los distribuidores más rapaces.

Habrá que demostrarlo también con la gallardía de las familias de los desaparecidos.

Habrá que defender que la libertad, Senador Presidente, y el sueño de acceder a una vida mejor, como lo hacen más de 7 millones de hombres y mujeres que ganan el salario mínimo, un salario a todas luces injusto e insostenible.

Hay que ganarse, compañeras y compañeros, el derecho a honrar esta bandera, porque hoy en pleno Siglo XXI, en esta época de transformación y vorágine que nos ha tocado vivir, nuestra enseña nacional ya no solamente representa antiguas gestas de la Independencia, la Reforma o el Cardenismo, sino que simboliza el acto heroico de sobrevivir a la violencia cotidiana, a la pobreza endémica, a la tentación autoritaria, a la corrupción, a la desesperanza.

Es decir, compañeras y compañeros, en nuestro tiempo si bien la Bandera es la viva representación de los valores humanos que nos dieron origen como pueblo, también, y sobre todo hoy, simboliza una certeza, el que las y los mexicanos somos capaces de superar este tiempo de adversidad.

Y lo digo con certeza porque como ya lo decía Juárez, tenemos fe en la justicia de nuestra causa, pero también, porque veo, compañeras y compañeros, el brillo de millones de mexicanos que estamos tratando de rehacer y de reconfigurar nuestro país.

Ahí está, por ejemplo, la inteligencia de millones, de muchos científicos, académicos, de estudiantes que acuden al descubrimiento de salidas para salir adelante, para sacarlos adelante de nuestras contingencias comunes, o ahí está el trabajo de periodistas y medios que se entregan a la libertad y a la crítica, pero que también a la vez abren alternativas en el mejor ejercicio dialéctico de confrontar para avanzar.

Y ahí están también, compañeras y compañeros, los padres de familia que se entregan cada día a la causa de educar a sus hijos en la mejor tradición de la honestidad y el coraje.

La reconfiguración del país entonces, amigas y amigos Senadores, es la reconfiguración de lo que reconocemos como nuestra identidad nacional, de nuestros valores y culturas, de los derechos que el país considera fundamentales para la vida.

Por todo lo anterior, estoy cierto, Senador Presidente, compañeras y compañeros, que es necesario reformular el sentido de nuestro lábaro.

Hay que reformularlo inclusive hasta en el lenguaje; y creo que debemos abandonar las palabras huecas que durante el Siglo XX se apoderaron de los símbolos patrios, que pretendieron asociarlos con un estilo de gobierno, con un partido y hasta con un solo hombre, el más poderoso, se decía, el mejor hombre.

Ese lenguaje al que parafraseando a Gabriel Cid, denominaré el lenguaje revolucionario, es el mismo que hoy debe cambiarse por completo.

Hay que arribar, en cambio, compañeras y compañeros, al lenguaje de los ciudadanos, los mismos ciudadanos que hoy reclaman, entre otras cosas, el gobierno que nos merecemos, lo diré, compañeras y compañeros, en palabras directas: necesitamos Cámaras de legisladores que trabajen, que presenten iniciativas, que se preocupen por los intereses de sus representados y no sólo de sus partidos.

Gobernantes que no le teman a la transparencia, que sean los más honestos entre los más honestos de sus comunidades, que olviden inclusive las formas antiguas de hacer política, donde los arreglos eran el camino, y que en cambio, ahora deben ganarse la confianza de la gente, de la única manera que el conocimiento humano ha comprobado: con acciones.

Sí, necesitamos también candidatos que no estén ocupados en burlar las sentencias de los tribunales electorales, sino en respetar el espíritu de las leyes; y también como ciudadanos cuya responsabilidad democrática no se agota, compañeras y compañeros, con acudir a las urnas, sino que se extiende a la participación y al cumplimiento de las responsabilidades comunes

También requerimos gobernantes que deben ganarse el derecho de honrar esta Bandera, ganárselo con rectitud; huyendo, compañeras y compañeros, huyendo de la opulencia, siendo respetuosos de la situación de pobreza en que viven millones, millones de personas en el país donde se clama por mejores empleos y oportunidades.

Es el derecho de honrar esta Bandera, Senadoras y Senadores de la República, el que debe ganarse cada día, y con él también se gana el derecho de sentir que México es nuestra casa, la tierra de nuestros antepasados, pero también, sin duda, el hogar de nuestros hijos.

Muchas gracias por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: A usted, Senador.

Esta Presidencia saluda la presencia de integrantes del Sindicato de la Industria Embotelladora invitados a esta sesión por el Senador Armando Neyra Chávez. Ellos asisten a presenciar los trabajos de esta Cámara de Senadores.

Sean ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora Mónica Arriola Gordillo, para referirse a este tema.

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Arriola.

La Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores. Al pueblo de México.

Existen símbolos que identifican a todo un país, que unen a un pueblo, que cuentan historias, tradiciones, batallas y luchas, símbolos que se conquistan con sangre y se originan en el sentimiento; que en ellos existe tal distinción, que se reconocen ante la comunidad de naciones alrededor del mundo.

Los mexicanos podemos discrepar en ideologías, visiones y caminos para alcanzarlo; sin embargo, todos guardamos con celo nuestra pertenencia a una de las culturas más apreciadas mundialmente: la nuestra.

Hoy más que nunca necesitamos motivar todas nuestras decisiones y acciones en ese sentimiento, ese simbolismo que le da a nuestra alma una identidad, una hermandad de por vida, una congregación que no puede sino manifestarla. En la inquebrantable unión de todas las mexicanas y mexicanos, la única forma en la que podremos superar los males que hoy afectan a nuestro país es demostrando la fraternidad que nos distingue mundialmente, expresándoles a los que han agravado al país, una solidaridad indestructible.

Hoy rendimos homenaje al que se ha llamado el más sagrado de nuestros símbolos patrios, partamos de la idea de que en ella, en nuestra Bandera, se resguarda la historia, la lucha y la visión de México y de su población, que tanto aquí en el Senado como en Guerrero, Michoacán, Chiapas; tanto en la frontera norte y sur, tanto en escuelas como en las plazas, podemos admirar igualmente el legado que nuestras figuras históricas nos dejaron.

No obstante, esta admiración conlleva a una responsabilidad inherente, la de participar y luchar por el México que todos soñamos. Conocemos el esfuerzo incansable que madres y padres llevan a cabo diariamente para traer el pan, para educar a sus hijos, para encontrar empleo, para forjar futuro.

Ese esfuerzo es el que nos motiva como representantes de esta lucha, a dar batalla diaria por sus intereses, por su bienestar, por su prosperidad.

Compañeras y compañeros Senadores, la Bandera fue estandarte de libertad y soberanía adquirida por nuestro país con el sacrificio de miles de mexicanas y mexicanos, ahora nos toca a nosotros concretar ese estandarte para que donde se postre nuestra Bandera, norte o sur, este u oeste, sea insignia de respeto a los derechos humanos, distintivo de democracia y emblema de transparencia y buen gobierno.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.

A continuación, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Vianey Montes Colunga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tiene usted el uso de la palabra y bienvenida.

La Senadora Vianey Montes Colunga: Gracias, señor Presidente. Senadoras y Senadores.

El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala, el documento hacia un llamado a los habitantes del continente sin discriminar a nadie, no importaba el origen o área de nacimiento, se reconocía a los pueblos indígenas.

El documento plasmaba las bases sobre las cuales la nación afianzaba su libre determinación sin la dependencia o tutela de la Corona Española; estas bases fueron la unidad religiosa, la total independencia de España, y la unión e igualdad de todas las clases sociales.

La suma de esto fue lo que dio vida al Ejército Trigarante que velaría por estas garantías para todos los habitantes de la nueva nación, y de su estandarte que sería la primera Bandera de México, que simbolizaría las garantías de los insurgentes de independencia, religión y unión como pueblo independiente.

El Plan de Iguala también daba a conocer la forma en la cual se debería de gobernar el país, y esta sería bajo la tutela de una monarquía constitucional, el trono de México se dio ofrecido a Fernando VII o a un miembro de la Corona Española, aunque la misma casa reinante rechazó esta idea. En el Plan de Iguala emanaban estos ideales y se declaraba la libertad de México; España no reconoció la validez del documento.

Seis meses después, el documento que ratificaba las proclamas del Plan de Iguala serían los Tratados de Córdoba, este documento vería la luz el 24 de agosto del mismo año, su firma se realizó en la ciudad de Veracruz, por Agustín de Iturbide y Juan O´Donojú, que no contaban con autoridad para reconocer la independencia de México, pero aun así facilitó la transición del antiguo Virreinato Español al Impero Mexicano, con los tratados firmados con las tropas españolas fuera de la ciudad de México.

Se declara la Independencia de México, que sería reconocida por España hasta el 28 de diciembre de 1836. Los antecedentes de la Bandera Nacional están inmersos desde la época prehispánica cuando los pueblos plasmaban en estandartes los símbolos alusivos a sus gobernantes.

Durante la colonia, los españoles introdujeron la identidad reconocible de la Bandera sobre la utilización de escudos o emblemas de los monarcas para representar sus dominios.

Con el inicio de la Guerra de Independencia, liderada por el Cura Miguel Hidalgo, se reconoce como la primera Bandera Nacional al estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, los historiadores consideran tal su importancia como el símbolo insurgente, que le ha otorgado el primer puesto en la identidad de la Bandera Mexicana.

Bajo el Impero de Maximiliano, la Bandera Nacional fue nuevamente rediseñada, la versión apuntaba al diseño del Escudo Imperial Francés, y estuvo vigente hasta 1867 con la muerte de Maximiliano.

El Presidente Porfirio Díaz ordenó que el águila apareciera de frente y con las alas extendidas; Carranza, por su parte, designó la oposición en perfil izquierdo y conservando las características originales, acuñadas por los Mexicas en la leyenda sobre la fundación de Tenochtitlán.

Se reconoce el 24 de febrero como el Día de la Bandera, por ser esta fecha en la que se adoptó oficialmente por Decreto el 16 de septiembre de 1968, y confirmada por la Ley sobre el Escudo, Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984.

Se cree que uno de los motivos para el rediseño definitivo de la Bandera fue el papel de México como anfitrión de los XIX Juegos Olímpicos a celebrarse en el país, además de su similitud con la bandera Italiana por utilizar la misma tirada de colores.

En las fechas declaradas solemnes, para toda la nación debe izarse la Bandera Nacional a toda o a media asta, según se trata la festividad o duelo respectivamente: en escuelas, templos y demás edificios públicos, así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México.

Todas las naves aéreas y marítimas mexicanas portarán la Bandera Nacional. Los colores de nuestra Bandera representan, en la actualidad: Verde, esperanza; Blanco, unidad; y Rojo, la sangre de los héroes nacionales.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de líderes de diferentes municipios del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses. Asisten también a este recinto con la finalidad de presenciar los trabajos del Senado de la República.

Sean ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Patricio Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a este tema.

El Senador Patricio Martínez García: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Esta es una gran oportunidad para conmemorar un día que nos une como mexicanos, en torno al símbolo patrio más importante de nuestra República, la Bandera de los Estados Unidos Mexicanos, reflejo de identidad y soberanía del pueblo de México.

Las personas y su historia hacen de los objetos símbolos representativos, que deben recordarnos no sólo la historia de grandeza de nuestra Nación fundada en los principios políticos liberales de la dignidad de la persona, la igualdad ante la ley y la solidaridad como sociedad, sino la obligación permanente que tenemos en esta tierra de enseñar las leyes que permitan realizar los sueños e ideales de generaciones enteras.

Celebramos este Día de la Bandera, instituido desde 1940 por el entonces Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas del Río. En ella encontramos los elementos que nos distinguen: independencia, libertad, igualdad, unidad y respeto.

La Bandera Nacional ha atestiguado los pasajes más emblemáticos de la historia de nuestro país y es compañera desde el inicio del Movimiento de Independencia hasta la creación del Ejército Constitucionalista en 1913; y, por supuesto, de cada una de las etapas del México contemporáneo, por lo que en ella se materializan los más grandes anhelos y deseos de los mexicanos.

No tenemos la más grande duda de la alta responsabilidad que tenemos, quienes somos protagonistas de la transformación de México en el Siglo XXI.

Somos un país que se reconoce grande por su cultura y su gente; un país que se sabe tierra fértil y de oportunidad; una nación pluricultural que se aferra a proteger las libertades políticas y civiles que nos heredaron a lo largo de muchos años, grandes mexicanas y mexicanos que no dudaron en aportar lo mejor de su talento, esfuerzo y hasta su vida para heredarnos una patria libre.

La Bandera, el Escudo y el Himno Nacional, poseen un valor singular, que en diferentes momentos han sido determinantes para la construcción de un México de libertades, instituciones y respeto igualitario a los derechos humanos.

Senadoras y Senadores: Tener presente de dónde venimos nos permite enfocar con claridad el rumbo que debemos tomar, lo que queremos diseñar y construir para contar la historia de los siguientes cien años de México. Por eso siempre es valioso recordar el origen y significado de los principales cambios que ha tenido nuestro Lábaro Patrio.

Para muchos historiadores, el estandarte utilizado por don Miguel Hidalgo y Costilla durante el inicio del Movimiento de Independencia de México fue la primera bandera. Nuestra Enseña Nacional se recreó el 24 de febrero de 1821, año en el que se promulgó el Plan de Iguala y atestiguó la entrada a la capital del Ejército Trigarante, conformado por más de 16 mil hombres, acontecimientos que representaron la consumación de la Independencia de México.

En la confección de la Bandera, se incorporaron los ideales del Movimiento Insurgente, utilizando los colores: blanco, verde y rojo, que en su conjunto representaban las victorias épicas y las ideas de religión, unión e independencia.

Posteriormente, Agustín de Iturbide decretó que la Bandera conservaría los mismos colores, pero distribuidos en el orden que mantiene hasta la actualidad: verde, blanco y rojo, teniendo al centro un águila con corona imperial, las alas caídas y posada sobre un nopal.

Desde entonces ha sido modificada en diversas ocasiones, hasta que en 1916, don Venustiano Carranza decretó que recobrara su estilo original con el águila de perfil posada sobre un nopal y devorando una serpiente.

Un aspecto importante ocurrió en 1823, año en el que el Congreso Constituyente decretó que la configuración del Escudo Nacional tenía que prescindir de la Corona del Imperio de Iturbide, como un refrendo del deseo y la voluntad general por rechazar el recuerdo de un régimen ajeno.

Nuestra Bandera Nacional, tal como la conocemos, fue establecida mediante Decreto Presidencial del 17 de septiembre del 1968, a través del cual se modificó el Escudo Nacional, con respecto al decretado en 1916 por don Venustiano Carranza, precisando que los colores tendrían el significado siguiente: Verde, de esperanza; Blanco, la unidad; y Rojo, por la sangre de los héroes nacionales.

La Bandera Nacional representa lo mejor de nuestra historia y cultura, da cuenta a las nuevas generaciones nacionales y extranjeras del país de libertades, esfuerzo y tesón con que se trabaja diariamente para alcanzar el éxito de una sociedad igualitaria.

Honorable Asamblea: En ejercicio de la soberanía conferida por el pueblo, y a propósito de esta importante celebración, convoco, muy respetuosamente, a nombre del grupo parlamentario del PRI, a sumarnos en una sola voz, a favor de:

1. La consolidación y reforzamiento de una democracia de alto nivel.
2. La expansión y vigencia de los derechos humanos.
3. La lealtad con la Patria observando la legalidad, sin regateos.
4. La solidaridad, no como asistencia social, sino aquella que habilita personas.
5. Un compromiso más firme que nunca, de cumplir con el mandato constitucional de servir a la Patria con la misma entrega que lo hicieron nuestros ancestros.

Finalmente, recordar que hoy a estas horas, por la mañana, millones de niños están en lo que siempre se ha denominado coloquialmente, “jurar bandera”, a ellos, en todas las escuelas del país, les mandamos un saludo y el recuerdo de que lo que hoy están jurando es de los valores más preciados y preciosos que tenemos los mexicanos.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, Senador.

Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para referirse al mismo tema.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, Senador Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

En el ámbito de la geografía política, las banderas nacionales son utilizadas para identificar a las personas u objetos provenientes de algún país, distinguiéndose por colores, escudos o expresiones que entrañan algún significado para el estado al que pertenecen.

En el caso de la Bandera de México, es indudable que su diseño representa gran parte de las raíces e identidad de un pueblo que luchó enérgicamente por su independencia, de un país que es partidario de la paz y de una Nación que confía firmemente en la unión y solidaridad entre los individuos.

Desde el verde, blanco y rojo, que fueron los colores que distinguieron al Ejército de las tres garantías, durante la Guerra de Independencia, hasta nuestros días en que podemos ver representada nuestra historia a través de este gran símbolo, la Bandera Nacional destaca como imagen, que desde niños nos inspira el espíritu de patriotismo e identidad como mexicanos.

De manera particular, el Escudo Nacional simboliza la herencia de la cultura azteca, representando la leyenda que versa que el Dios Huitzilopochtli ordenó la Fundación de México-Tenochtitlan, en el sitio donde encontrase un águila postrada sobre un nopal y devorando una serpiente.

Precisamente en relación al Escudo Nacional, cabe resaltar que el águila real plasmada en él, actualmente se encuentra amenazada por el deterioro de su hábitat.

Se estima que hoy en día, sólo sobreviven 102 parejas del Águila Real en vida libre, por lo cual el gobierno federal ha implementado acciones de monitoreo, protección y recuperación de estos ejemplares y de su hábitat, a fin de que no se pierda esta especie.

De esta forma, el Escudo que forma parte de la Bandera Nacional, no sólo lleva implícita la historia de México, sino también representa que nos recuerda el valor de la riqueza natural de nuestro país y la necesidad de conservarla.

Proteger el Águila Real no sólo garantiza la supervivencia de la especie, sino que es una manera de honrar a nuestra Bandera, pues, es un símbolo de nuestro país.

El amor y el respeto hacia los símbolos patrios deben servir para que los mexicanos nos unamos y nos inspiremos en el anhelo de lograr una nación más libre y próspera. Indudablemente, esta y todas las inspiraciones del pueblo de México, serán materializadas bajo los colores de nuestra Bandera, siendo reconocidos en todo el mundo.

Es cuanto, Senador Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

Y finalmente, tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Informo a la Asamblea que después de la intervención del Senador Casillas, pasaremos a la ronda de iniciativas que presentarán los grupos parlamentarios.

Tiene el uso de la palabra, Senador Casillas Romero.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias. Compañeras Senadoras; compañeros Senadores:

Realmente me siento muy honrado por la distinción que me da este Senado de intervenir en esta conmoración tan importante por el Día de la Bandera.

Soy un convencido de que hay muchas razones que nos unen a los mexicanos, y sin duda, nuestra Bandera Nacional es una de ellas.

¿Quién de los que estamos aquí no se le ha crispado la piel cuando vemos ondear nuestra Bandera porque un compatriota, en una competencia o justa deportiva, ha logrado un triunfo para los mexicanos?

¿Quién de los que estamos aquí no nos hemos emocionado en una ceremonia cívica, en donde con el resto de los símbolos patrios, nuestro Escudo y nuestro Himno Nacional lo escuchamos con este fervor?

Ese, el lábaro patrio que representa nuestra historia, nuestros héroes, nuestras costumbres, nuestra cultura; esta hermosa Bandera que nos da identidad como mexicanos, a todos nos enorgullece.

A lo largo de la historia los grupos humanos han poseído símbolos que los unifican e identifican.

Sin duda, uno de los más representativos en todo el mundo son las banderas. Para los mexicanos esta no es la excepción, pues, junto con el Escudo Nacional y el Himno, la Bandera representa uno de los símbolos patrios más emblemáticos, por contener el Escudo y sus características que le otorgan identidad a la nación y el simbolismo, detrás de ella, producto de tres civilizaciones distintas en el tiempo y en el espacio: La indígena, prehispánica; la española, religiosa y colonial; la franco inglesa de liberalismo.

Con un gran reflejo de la identidad de los mexicanos, nuestra Bandera Nacional no ha sido siempre la misma, fue cambiando durante las diferentes etapas de la historia de nuestro país, hasta quedar como ahora la conocemos, con un místico escudo de armas de sus representativos colores:

El Verde, la esperanza; el Blanco, la unidad; y el Rojo, que simboliza la sangre de los héroes nacionales, para así lograr un símbolo de independencia, libertad, unidad y derechos de los que gozamos todos los mexicanos.

Hoy, 24 de febrero, celebramos con orgullo nuestra Bandera Nacional, emblema de todos los mexicanos, de la fraternidad, de nuestra historia y de nuestra identidad, un festejo que data desde 1940, instituido durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas, con el propósito de conmemorar a nuestro bello lábaro patrio, símbolo y representación nacional ante el mundo.

Es día en que se iza a toda asta, se le rinden honores, se le canta y recita alguna poesía, se ponen banderas en las casas y oficinas y nos deleitamos al verla ondear en el viento recordándonos la patria y nuestra libertad.

Por ello un homenaje al más emblemático de nuestros símbolos patrios, enigmática, sorprendente y aclamada como una de las banderas más bonitas del mundo: La Bandera de los Estados Unidos Mexicanos.

También quiero hacer propicia la ocasión para reconocer y felicitar a todos los mexicanos que estamos orgullosos de serlo, ya que aquí como en el extranjero, hoy en día el lábaro patrio que nos simboliza y nos representa, hoy se dijo aquí: “Que cómo podemos honrar a nuestra Bandera”. Y en el Senado de la República las Senadoras y los Senadores lo hemos hecho con nuestra labor, habernos atrevido a transformar este país, devolviéndoles el color verde, que tiene nuestra Bandera, a todos los mexicanos, el verde de la esperanza, con el trabajo cotidiano para garantizarle a nuestros hijos y a nuestro jóvenes un mejor futuro.

Para generar un país de oportunidades en donde todas las mexicanas y todos los mexicanos tengamos las mismas opciones de realizarnos como personas.

Desde aquí una felicitación a todos los mexicanos, y en especial a todos quienes nos sentimos orgullosos de nuestra Bandera Nacional.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: En el apartado de iniciativas, tiene el uso de la palabra el señor Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Aviación Civil.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea:

La Aviación Civil es un sector estratégico y preponderante para el desarrollo económico y progreso de cualquier país, sin ello, difícilmente podremos establecer y mantener las relaciones comerciales, políticas, educativas y culturales, que hoy ponen a México en los reflectores de la dinámica internacional.

Por ello, es de suma importancia contar con un marco jurídico actualizado, pero sobre todo ágil, que permita elevar la calidad de los servicios aéreos y así evitar situaciones irregulares que afecten a los usuarios en su patrimonio, en sus derechos, pero principalmente en su dignidad como personas.

Si cualquiera de nosotros, Senadoras y Senadores, consultara en este momento la opinión de algún ciudadano respecto al trato que ha recibido al contratar los servicios de alguna aerolínea, o respecto de los inconvenientes que ha sufrido desde el momento de la compra del billete hasta la llegada a su destino, nos daríamos cuenta que por lo general todos hemos sufrido afectaciones por retrasos, cancelaciones de vuelo, sobreventa de billetes, pérdidas o daños en el equipaje, y lo que es más grave, tratos ofensivos y discriminatorios que atentan contra los mexicanos.

Hoy los usuarios de los servicios aéreos no cuentan con los suficientes instrumentos legales para garantizar la protección de sus derechos, ni las autoridades competentes tienen las facultades necesarias para intervenir en su auxilio.

La solución de cualquier conflicto generado entre una compañía de aviación y un usuario, queda para efectos prácticos a la voluntad de estas compañías aéreas.

La presente iniciativa busca actualizar la Ley de Aviación Civil, para mejorar los mecanismos de protección a los usuarios de servicios aéreos a través de la incorporación de nuevos supuestos normativos relacionados con el respeto a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, en materia de derechos humanos.

No olvidemos que al incorporarse en la Constitución Federal el principio Pro Persona, y la obligación que tiene todas las autoridades de promover, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en cualquier ámbito, se debe revisar y actualizar la legislación secundaria, que trata con estos temas, como ocurre hoy con la Ley de Aviación Civil.

Proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios aéreos es, a la vez, mejorar la calidad del servicio que prestan las aerolíneas.

Esta iniciativa busca corregir tres circunstancias que afectan todos los días a los usuarios de los servicios aéreos.

Primero. Retrasos en los vuelos, cancelaciones y sobreventa de billetes.

Segundo. Responsabilidad de las aerolíneas por extravío de equipaje o daños causados al mismo y a los pasajeros.

Y tercero. Validación de las tarifas y las condiciones de comercialización de billetes.

En forma breve, intentaré exponer el contenido de la reforma propuesta.

Retrasos de vuelos y cancelaciones. Quizá éste sea el tema que más molestia causa a los usuarios de los servicios aéreos.

Lo vivimos todos los días, nadie está exento de retrasos, de cancelaciones, de recibir la noticia que existe otra persona en su mismo número de asiento.

Con esta reforma, propongo regular la figura del retraso de vuelo, que hoy no existe en nuestra legislación.

Quiero decir que esto no es una novedad. Hay países de avanzada legislación, como la Unión Europea, en la cual están legisladas y perfectamente establecidas estas condiciones.

Con la reforma, además de proporcionar transporte sustituto en el primer vuelo disponible, acceso a servicios de telefonía y al reembolso del billete, si así lo desea el cliente.

Además, se le debe dar acceso a correo electrónico o servicios de Internet, para comunicarse con el punto de destino, para informar lo ocurrido.

En segundo lugar, la indemnización justa e integral no podrá ser menor del 50 por ciento del precio del billete, ya que hoy está limitado al 25 por ciento del valor.

En el caso de que el vuelo se cancele por causas imputables a la aerolínea, ésta estará obligada a proporcionar transporte digno y oportuno hacia un lugar de alojamiento, para que el pasajero, cubriendo el costo del mismo, más los gastos que se generen por alimentos y el regreso al aeropuerto, sea por cuenta de la aerolínea y, si desea el usuario, le sea devuelto su costo del pasaje.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha admitido tesis en la que considera que el artículo 62 de la Ley de Aviación Civil, limita la responsabilidad del transportista y coloca la protección del patrimonio de la industria aérea por encima de la salud, la integridad física y psíquica de los pasajeros, así como sobre su derecho a recibir una indemnización justa, en caso de ser afectados por un siniestro.

Esta reforma propone derogar los artículos 62, 63, 64, 69 y 72 de la Ley de Aviación Civil, ajustándonos a los comentarios y tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para proteger, Senadoras y Senadores, los derechos humanos de los usuarios, ya sea por retrasos, cancelaciones de vuelos, por negar el abordaje, en caso de sobre expedición de billetes.

No existe, además, sobre todo este tema, un procedimiento sencillo de indemnización. Ni tampoco existe en el área de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una oficina o un departamento que intervenga en un conflicto entre la aerolínea y el usuario.

Se busca, además, facultar a la Secretaría, para crear un área de atención a pasajeros afectados.

Por lo que hace a la validación de tarifas y condiciones de comercialización de las mismas, vale la pena aclarar, y lo hago con toda puntualidad, que no se busca afectar o limitar el libre comercio ni cometer el error de pretender restringir la oferta y la demanda.

Más bien propongo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigile que el precio de la venta sea acorde con las características del servicio ofrecido, el cual deberá ser de calidad, respetuoso y de la dignidad de las personas, de las condiciones y, sobre todo, de cada uno y cada una de los usuarios.

En suma, a diferencia de otras propuestas que han sido presentadas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, esta reforma busca proteger los derechos humanos de las personas que usan el servicio aéreo, para que de manera más completa y eficaz estos sean respetados.

Además, se propone actualizar el marco normativo que servirá para atender lo relacionado con la comisión de delitos, nacimientos y defunciones en aeronaves, incorporando el Código Penal Federal y el Código Civil Federal, en sustitución a los códigos penal y civil para el Distrito Federal, en materia común.

Quiero señalar, con toda claridad, que esta reforma no solo va a permitir una mayor protección de los derechos humanos de los pasajeros, sino se busca, también, que los propios trabajadores de las aerolíneas se les exija, para ellos, un servicio que sea digno e higiénico para cuidar la integridad física y psíquica de todas las personas que trabajan con ellos.

Es preciso y así lo solicito a esta Presidencia, que quede asentado, que al llegar esta iniciativa a las comisiones que se designen, se llame a estas comisiones a las aerolíneas, a los especialistas, a los técnicos, a los doctores en la materia y a todos aquellos que sean necesario escucharlos, para que las propuestas que ahí se realicen, puedan conseguir una ley moderna que a todos beneficie.

Compañeras y compañeros Senadores: Debemos preocuparnos por un sector prioritario y clave para nuestra economía; pero sobre todo, asegurarnos que la dignidad y los derechos humanos de los usuarios de los servicios aéreos sean garantizados y respetados.
Tenemos la oportunidad para hacerlo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

La Senadora Martha Palafox desea sumarse a esta iniciativa, si usted lo permite, señor Senador.

El Senador Rosas, también. El Senador Patricio Martínez. Senadora. Todas las señoras Senadoras y Senadores que deseen sumarse, Servicios Parlamentarios tome nota, es una iniciativa de la mayor importancia.

Felicidades, señor Senador.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias a todos.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Que tome nota. Esta iniciativa se turnará a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Ahora tiene la palabra la Senadora Irma Zulema Cobián Chávez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 116 constitucional.

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora.

La Senadora Irma Zulema Cobián Chávez: Con su venia, señor Presidente. Senadores de la Mesa Directiva; compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

El 10 de febrero del año 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral.

En el contexto de la discusión y aprobación de la reforma político electoral, el grupo parlamentario del PAN en el Senado siempre tuvo como objetivo: el fortalecimiento e independencia de los órganos jurisdiccionales locales.

Para que una institución funcione, es necesario que cuente con los recursos económicos necesarios para que pueda realizar sus funciones de manera independiente, eficiente y eficaz.

Los tribunales electorales locales no son la excepción. Para que puedan cumplir con las atribuciones que la Constitución y la legislación les confieren, es necesario que cuenten con un presupuesto adecuado.

En nuestro país, los órganos jurisdiccionales locales cuentan con recursos económicos mínimos y, lamentablemente, en algunas entidades son insuficientes para realizar sus funciones mínimas.

Es evidente que la falta de certeza financiera impide el desarrollo e inhibe la planeación a mediano y largo plazo en las instituciones, teniendo como consecuencia un funcionamiento deficiente.

En la práctica, los Magistrados Electorales tienen que negociar con los actores políticos locales para lograr presupuesto que les permita tener recursos mínimos para desarrollar sus funciones, situación que es completamente indeseable porque debilita los equilibrios democráticos al generar dependencia entre el poder político y la autoridad jurisdiccional electoral, circunstancia que puede provocar desconfianza en las resoluciones de los tribunales en litigios muy controvertidos.

Es nuestro deber como legisladores el diseñar un esquema constitucional que permita que los tribunales electorales locales ejerzan de manera independiente sus atribuciones y que su presupuesto no dependa de la voluntad del gobernador o de los congresos locales.

Es necesario que las legislaturas estatales expidan leyes que establezcan mecanismos que prevean la forma en que los tribunales integrarán su presupuesto lo más independientemente posible.

Estamos convencidos que la autonomía presupuestaria de los tribunales electorales garantizará la eficiencia de la justicia electoral, tal y como sucede a nivel federal.

En este tenor, la presente iniciativa con proyecto de Decreto tiene como objetivo modificar el numeral 5o., del inciso c), de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que las legislaturas de los estados puedan expedir sus leyes necesarias para garantizar la autonomía presupuestal de sus autoridades electorales jurisdiccionales.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Federalismo; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Enseguida, tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se adicionan la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de prevención y combate de las adicciones.

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Lorena Cuéllar.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

Recientemente fue presentado el Programa de Prevención y Control de Adicciones que concibe el uso de sustancias adictivas como una conducta que tiene efectos negativos en la salud física, psicológica y relaciones entre individuos y en la salud pública, lo que resulta en considerables pérdidas humanas y materiales para México.

Este programa busca promover estilos de vida en los que se logre restringir, eliminar el uso de estas sustancias, así como disminuir los efectos negativos que pueden presentarse en el individuo y la sociedad. Además, busca proporcionar servicios apropiados de atención terapéutica para los que ya sufren de esta adicción.

Al valorar dicho programa, sobresale que aunque es irrefutable el papel y la responsabilidad del sector salud en este tema, es indispensable la incorporación coordinada de otros sectores, cuyos esfuerzos son fundamentales para hacer frente de manera exitosa a este reto.

En este contexto, pongo a su consideración la presente iniciativa que busca involucrar a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud en las acciones de prevención y combate a las adicciones, alineándolas con los objetivos del Programa Nacional de Prevención y Control de Adicciones, para reducir los índices de uso y abuso de sustancias que causan adicción, para detectar y brindar atención oportuna a los adictos, para abatir los problemas de salud pública relacionadas con el consumo.

Ante este problema, la prevención es una estrategia prioritaria, cuyo propósito debe ser comunicar mensajes y desarrollar acciones que faciliten el desarrollo de actitudes y conductas que tiendan hacia la salud, generando estilos de vida saludables, desalentando el uso de drogas y de disminuir el consumo de sustancias dañinas, tales como el alcohol y el cigarro.

En este sentido, la prevención debe estar dirigida a las poblaciones más vulnerables ante las adicciones, siendo éstas las de los niños y los jóvenes que están en un mayor riesgo de iniciar el consumo.

Es fundamental emprender acciones contundentes, en razón de las cifras con las que se cuenta actualmente, que indican que uno de cada 3 mexicanos entre los 12 y los 65 años de edad consume alcohol con patrones de riesgo, además de haber cerca de 17 millones de fumadores activos, y más de medio millón de personas dependientes a alguna droga ilícita.

Debemos reconocer que México es un país donde los índices de incidencia de adicciones están creciendo rápidamente, lo que trae como consecuencia enfermedades por consumo de sustancias adictivas legales o ilegales.

En razón de lo anterior, las cifras de morbilidad por adicciones están elevándose en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, se han incrementado en todas las entidades federativas y en el Distrito Federal el uso y abuso de sustancias adictivas, se ha reducido la edad de inicio de consumo de estas sustancias, se registra un mayor consumo de sustancias de impacto, es decir, de drogas sintéticas, y se reporta un acelerado incremento en el número de mujeres que consumen sustancias adictivas. Estas alarmantes cifras se asocian con el problema de la depresión que afecta a una de cada 5 personas en nuestro país.

De acuerdo con el INEGI, entre el año 2003 y el 2012, fallecieron casi 32 mil personas por trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas, lo cual equivale a 3 mil 100 casos anuales o un promedio diario de 9 decesos.

Las personas jóvenes son las que en mayor medida enfrentan problemas de abuso y de adicción respecto a las sustancias adictivas, puesto que según los datos del Informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, las mayores proporciones de mujeres y hombres que consumen alguna sustancia, ya sea legal o ilegal, y que han sido atendidas por algún centro público o privado, se ubica entre los 15 y los 19 años de edad.

Este problema tiene también un componente de género que hay que atender, ya que una de cada de tres mujeres que consumen alguna sustancia, predominantemente el alcohol y el tabaco, se encuentran en el segmento entre los 15 y los 19 años.

Entre los hombres el grupo que mayormente consume sustancias adictivas, se encuentra en el segmento de los mayores de 35 años, pues uno de cada 3 consumidores se ubica en ese rango de edad, lo cual indica que las mujeres están iniciando su consumo a edades tempranas, lo cual tendrá repercusiones en su salud a largo plazo.

Todas estas cifras nos muestran un problema de proporciones muy importantes, ya que pocas enfermedades alteran tanto la dinámica de las familias y las sociedades, como las adicciones.

No podemos negar que el consumo de alcohol, cigarro y sustancias psicotrópicas se ha convertido en un problema de salud pública que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que ha sacudido a nuestra sociedad y a nuestro gobierno.

Aún estamos a tiempo de evitar que nuestros jóvenes sean víctimas de las adicciones.

Es necesario pugnar por una cultura de la prevención que fomente el cuidado de la salud de forma individual y comunitaria, razón por la cual esta propuesta busca involucrar tanto a la Secretaría de Educación Pública, como al Instituto Mexicano de la Juventud, en acciones que mitiguen el problema de las adicciones y apunten a su eliminación.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora. Túrnese la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación; de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos.

A continuación, tiene el uso de la palabra el señor Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones constitucionales.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Presentamos una iniciativa para reformar los artículos 95, 96, 98, 99 y 101 de la Constitución, para elegir, por voto directo de los ciudadanos, a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los Magistrados Electorales de la Sala Superior de Justicia y Regionales del Poder Judicial de la Federación.

Voy a tratar de hacer una síntesis de una reforma que es de una enorme importancia.

Principio fundamental de un estado de derecho: es la división de poderes.

Desde la Revolución Francesa, en los derechos que de ahí derivan, el principio constitucional democrático estriba en la división de poderes, frente a la monarquía y la dictadura, y el poder de una sola persona, se establece desde entonces, en 1789, la división de poderes.

La división de poderes entraña, lo sabemos todos, la independencia de cada uno de ellos con los demás, y la posibilidad de establecer lo que se llama en el constitucionalismo anglosajón “checks and balances”, o sea, control y equilibrio entre los poderes.

Los controles y los contrapesos establecen principios fundamentales de democracia.

Los métodos vigentes de la elección de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, trastocan el principio de división de poderes, porque con ellos el Presidente de la República, ya sea de manera directa, los Ministros de la Corte, o indirecta, los Magistrados Electorales, termina determinando en su beneficio la actuación del Poder Judicial en los asuntos fundamentales para el país.

Los procedimientos de designación vigentes, significan una concentración desmedida del poder público en las manos del Presidente, que constituyen el inicio de la corrupción política existente en el país y la base de la oligarquía que gobierna a favor de los intereses del status quo, ahí está la esencia de la descomposición del sistema político en su conjunto.

Si revisamos el método de designación previsto en el artículo 96 de la Constitución, observamos cómo el Presidente de la República confecciona las ternas, nadie más puede intervenir en la designación de la terna, y si el Senado no resuelve entre los propuestos, o rechaza las ternas, el Presidente de la República termina definiendo, de entre los integrantes de la terna, quién será el Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Este método condiciona la independencia de todo el Poder Judicial Federal, porque el Presidente escogerá, como ha ocurrido en México, para integrar las ternas, a abogados cercanos a su esfera de intereses, deseos, predilecciones, y, en último término, en caso de que el Senado rechace las ternas, el titular del Ejecutivo escoge al ministro de entre los integrantes de la terna que él mismo planteó.

Lo anterior significa que el origen de los titulares del Poder Judicial de la Federación está en la voluntad presidencial, y que estos, al ser nombrados, se constituyen en una correa de transmisión de los intereses, deseos o ideología del Presidente en turno, lo que impide y limita la labor de control y vigilancia del Poder Judicial al Ejecutivo.

Una de las consecuencias, insistimos, de esta realidad es la inexistencia del estado de derecho en nuestro país. Lo señalado aquí no es una especulación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha plegado sistemáticamente a la voluntad del Presidente de la República cuando están en juego cuestiones fundamentales para el Presidente, sobre todo cuando existe una “razón o decisión de Estado”, entre comillas, la Suprema Corte lo avala, no existe posibilidad alguna, con el método de designación vigente, que la Corte decida en contra de los intereses fundamentales del Presidente en turno.

Por ejemplo, respecto a las reformas estructurales de este sexenio, en ningún caso la Suprema Corte, se trate de reformas constitucionales o secundarias, ha resuelto en contra de la voluntad omnímoda del Presidente, en ningún medio de impugnación interpuesto.

En la Reforma Energética, la Suprema Corte de Justicia rechazó las consultas propuestas por millones de mexicanos a través de los partidos y no admitió el trámite de los amparos presentados contra la voluntad presidencial.

Necesitamos un nuevo método y procedimiento para designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque son imprescindibles para que en México prevalezca el principio de la división de poderes, absolutamente vulnerado, para contar con un estado de derecho y una Constitución real que se respete.

El actual método concentra desmesuradamente al poder político en el Presidente de la República, pues el titular del Ejecutivo determina la composición ideológica de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, y de manera indirecta la de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sesiona, como aquí se ha acostumbrado, en la madrugada, a través de madruguetes, como lo hemos visto hace unos días, con ello somete a los ministros y magistrados a su esfera de influencia.

Al grado que podemos decir que nuestro sistema constitucional parece más propio de una dictadura que de una democracia.

Si a lo anterior agregamos las facultades del Ejecutivo sobre el ejercicio del Presupuesto y del Gasto Público, el poder del titular del Ejecutivo sigue estando muy por encima de las competencias de los otros dos Poderes de la Unión.

Se requiere democratizar el Poder Judicial.

El sistema jurídico del país no puede estar en manos de once personas que no han sido electas popularmente y que no rinden cuentas a nadie, y que al final deben todo a una persona, de la que son sus delegados.

Un paso para lograrlo consiste en introducir en la Carta Magna la elección por voto directo de los Ministros de la Suprema Corte y de los Magistrados Electorales del Poder Judicial de la Federación.

Las razones de esta reivindicación residen en seis argumentos fundamentales, el método de designación, uno de ministros en la historia constitucional ha sido diverso.

Esto es importante porque cuando se establecen estos principios ahí en la Constitución que tanto celebramos y halagamos sin aplicarla o violándola pareciera que son principios que están establecidos de por siempre con un valor histórico absoluto, pero no es así, el método, éste que describo, de designación de los ministros, en la historia constitucional de México no ha sido éste, no ha sido así.

El método vigente no es el único existente en el Derecho Comparado ni en la historia jurídica de nuestro país, no puede haber una democracia, un poder público que no dimane directamente de la soberanía popular, la cúspide del Poder Judicial en México representa los intereses del Presidente, de los partidos mayoritarios y de los poderes fácticos, pero no representa a los ciudadanos.

El hecho de que los titulares de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación provengan de designaciones cupulares derivadas de la voluntad del Presidente y de las cuotas de los partidos aquí en el Senado, de los partidos mayoritarios, elimina cualquier legitimidad democrática del Poder Judicial.

Resulta absurdo, constitucionalmente, que los ministros y magistrados invaliden leyes que fueron elaboradas por representantes populares sin tener ninguna representación popular; resuelvan controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, el conjunto de los poderes debe estar al servicio de los ciudadanos, y si no son elegidos por los ciudadanos, sino por una cúpula oligárquica, los ministros de la corte y los magistrados, y lo hemos visto en la historia reciente, representan estrictamente los intereses del mandatario en turno, aunque éste cambie.

La historia constitucional de México lo revela claramente, miren ustedes, en la Constitución de 1824, los artículos 127 a 133 establecían que la facultad de propuesta de ministros correspondía a las legislaturas y a la Cámara de Diputados que los nombraba, aún en los periodos centralistas de Santa Anna se mantuvo.

Se estableció la gran Constitución liberal de 1857, cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo 6 años y su elección será indirecta en primer grado en los términos que disponga la ley.

El método de elección indirecta se empleaba en el derecho constitucional mexicano para elegir a todos los poderes.

Un comentario importante de esa época, descrito por Daniel Cosío Villegas, decía: “…Mientras el Poder Judicial se considere como ramo de la administración pública, bien podría confiárselo el nombramiento de los jueces al ejecutivo, ya que si sólo ya con la intervención legislativa, pero desde el instante en que el ejercicio de las funciones judiciales sean considerado como un verdadero poder público, desde el momento en que ese poder se ha conferido la inviolabilidad de la Constitución, ese debe de ser elegido por el pueblo…”, y la Constitución de1857 establece ese principio.

Finalmente, la Constitución de 1917, nuestra Constitución vigente, no establece que el sistema esté en manos exclusivas de este personaje por encima de todos que es el Presidente de la República.

La Constitución en Querétaro no contemplaba la intervención del ejecutivo en la designación de los ministros, y en su lugar, por respeto al sistema federal, eran las legislaturas locales como en la Constitución de 1824 las que hacían las propuestas al Congreso de la Unión.

El articulo 96 original decía, en la Constitución de 1917, en Querétaro: “…Los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán electos por el Congreso de los Estados Unidos en funciones de Colegio Electoral de los Estados Unidos Mexicanos”, ahora ya van a ser los Estados Unidos con el nuevo ministro, si éste se autoriza, ¿verdad?

Siendo indispensable que concurran cuando menos las dos terceras partes del número total de Diputados y Senadores; la elección no se hará en escrutinio secreto ni por mayoría absoluta de votos.

Los candidatos serán previamente propuestos, uno por cada legislatura de los estados en la forma que disponga la ley respectiva, Constitución de 1917.

Este artículo se mantuvo en vigor hasta 1928, la reforma del método de designación de los miembros de inspiración obregonista es la que cambia el sistema total; de estar desde 1824 hasta 1928 la designación de ministros se da en manos del Congreso, ambas Cámaras, y las propuestas, proviniendo de los congresos de los estados, todo esto desaparece por el Presidente Álvaro Obregón.

Esto es importante porque como ese es el sistema que existe actualmente, pues se los recuerdo, el sistema que existe actualmente es de Álvaro Obregón, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, cuando iniciaba todo el proceso de la aplicación de las reformas constitucionales.

Álvaro Obregón desaparece todos los municipios del Valle de México y establece una centralización política, y cambia el sistema de elección, y les voy a dar cuál fue su exposición de motivos.

Cuando la designación es hecha por el Presidente, dice el general Obregón: éste pone la garantía del vivo sentimiento de su responsabilidad, y en cierto modo se solidariza con la conducta del funcionario nombrado.

El requisito de la aprobación del Senado despertará en el Presidente de la República una mayor atención a los méritos de su candidato, apartándolo de la posibilidad de hacerla por favoritismo o por pagar una adhesión inconstitucional. La intervención del Senado, por otra parte, no viciará el nombramiento porque carecerá el Senado de facultad de escoger un juez de su propio agrado.

Ese es el principio que tenemos nosotros, la desaparición de la participación de las legislaturas de los estados, la desaparición de la Cámara de Diputados y el establecimiento en un solo individuo, el Presidente de la República.

Otra reforma, porque ha habido dos al sistema, uno, Obregón lo establece.

La otra es Zedillo, algunos de los que están aquí se acordarán de las acciones de Zedillo, en diciembre del 94, se cambia parte del procedimiento para designar ministros, pero se mantuvo en lo fundamental el sistema de 1928.

La reforma del 94 incluye el sistema de ternas, para que supuestamente exista comparecencia ante el Senado de los candidatos propuestos por el ejecutivo.

Esta última reforma, la de Zedillo, establece el procedimiento a seguir en caso de que el Senado no elija ninguno de los integrantes, y llegan al extremo: es el Presidente el que decide.

El sistema vigente que significó la destitución de todos los entonces ministros, recuerden ustedes, Zedillo destituye a todos los ministros, y nos quedamos sin Suprema Corte de Justicia por voluntad omnímoda de ese Presidente cuya estatura ya ustedes conocen.

Cambia el procedimiento, ¿y qué es lo que hace? Lo que hace es cambiar ese sistema vigente y establece el de las dos ternas; y no puede ser más descarado y más falso.

La primer terna, si no se elige, lo repito, a nadie, vuelve a mandar el Presidente otra, y con eso, si no se aprueba ninguno, él decide, o sea, él decide siempre.

Esa es una gran reforma zedillista en colusión con el Partido Nacional, bueno, esa ya es historia más cercana, que puede despertar a unos en esta mañana soñolienta.

¿Qué es lo que pasó con Zedillo? Zedillo se pone de acuerdo con el PAN, los Ministros de la Corte estaban nombrados, eran 21, entonces llegan a la conclusión, el PAN y ese “estadista” Zedillo, entre comillas, y corren a todos, bueno, fue un golpe de Estado clarísimo de Zedillo.

¿Por qué corren a todos? Corren a todos porque hay que dejar libre el campo para que se repartan entre Zedillo y el Partido Acción Nacional, esa es la reforma segunda, pero dejan perfectamente establecido el principio obregonista, de que el Presidente decide, punto.

Claro que ahora limpiando vamos a establecer ese “duopolio” Zedillo y el Partido Acción Nacional, ese es el sistema que tenemos hoy como producto de Álvaro Obregón, seremos obregonistas, y como producto de un contubernio entre el PAN y el Presidente Zedillo que limpió de un golpe, de manera absolutamente contra la Constitución y la esencia a la Constitución, y se repartieron a partir de entonces lo Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

No es, ese, un principio democrático, es absolutamente antidemocrático, es establecer en manos del Presidente de la República, que ya tiene todos los recursos del país, que ya tiene el Ejército, que crece todos los días; que ya tiene las policías que crecen todos los días, que tiene el presupuesto a su antojo, eso se suma a los ministros de la Corte, y a los magistrado del Tribunal Electoral, se acuerdan ustedes que en una jugada de un tal Castillejos, que se ha convertido en el legislador número uno, le metió en una reforma que no tenía nada que ver, un incremento salarial a los magistrados electorales que hoy se han visto muy agradecidos de esos incrementos de golpes de Estado, de violaciones a este Senado de la República.

No es un procedimiento, hay otros, hay una disposición académica amplísima, hay otros casos en el mundo, en América Latina se eligen a los jueces para no llegar a esta aberración.

Nosotros proponemos que los ministros de la Corte sean elegidos a través de una serie de planteamientos, de universidades, de colegios que puedan participar en una presentación de sus principios, sin tener recursos del erario, y usando el canal, los canales o los tiempos del Estado.

Habrá alguien que diga lo que se dijo muchas veces, hasta en el 57, que los magistrados deben de estar ajenos a la política, al tumulto de las masas, de los tumultos y las marchas, etc., pero eso es mentira; los Ministros de la Corte y los magistrados están inmersos en la política, actúan políticamente sometidos a los intereses del Presidente de la República, jugosamente pagados, entran esos funcionarios judiciales a un nivel en donde ganan más que el Presidente, un día se enojó el Presidente de la Corte porque la Auditoría Superior de la Federación dijo que, ahorita termino, Senador, pero le voy a pedir que lea sobre este tema, además de lo que he dicho, es que luego se ponen nerviosos.

Es un evento zedillista, con el PAN de entonces, que también ha cambiado mucho, como el PRD.

Entonces hay otras maneras. Aquí describimos una, lo único que no puede ninguno de ustedes alegar ni defender que este sistema, es un sistema democrático, cuidado que hay viene el ex embajador de los Estados Unidos, y cualquier otro capricho del Presidente, y si no les gustaba y que realmente se armaran de valor aquí y salieran los Senadores representantes de la República, y de la democracia mexicana y dijeran: ninguna de tus tres ternas, ni a este ni al otro lo vas a aceptar, no se les olvide que el sistema establece que entonces sí, quien va a decidir va a ser el Presidente de la República, ese es el mecanismo, lo pueden defender, pueden votar asociados, pueden sumar el voto extraordinario, pero estarán siempre, ustedes también, al servicio del emperador de este país, aunque no tenga calidad para serlo, ninguna, al servicio de este señor estarán votando hoy ustedes, y los ministros de la Suprema Corte y el Tribunal que sesiona dos años después en la madrugada, al estilo del Senado de la República.

Muchas gracias por su atención, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede la palabra ahora al Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del PRI.

Senador Bartlett, pregunta el Senador Hermosillo si se puede sumar a su iniciativa. Que con mucho gusto. Después de 25 minutos ya convenció a un Senador. Muchas gracias.

Ahora se concede el uso de la palabra al señor Senador Oscar Román Rosas González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 constitucional, en materia de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

El Senador Oscar Román Rosas González: Gracias, señor Presidente. Con su permiso. Senadoras y Senadores.

El municipio mexicano ha recorrido una larga lucha por el respeto a su autonomía gubernamental y a la libre administración, sin intervención de los estados o de la Federación, de su Hacienda Pública.

Sin embargo, actualmente existe dentro de la normatividad constitucional la disposición para que estén exentos de pago los bienes de dominio público de la Federación, estados y municipios, no así los utilizados por las entidades paraestatales o particulares, ya sea para fines administrativo u ajeno a su objeto público.

Este excepción contenida en el artículo 115 constitucional, fracción IV, en su segundo párrafo, es contraria al principio jurídico sobre el cual descansa el espíritu del municipio libre expresamente contenido en la primera fracción del mismo artículo, al señalar que las competencias otorgadas al municipio se ejercerán de manera exclusiva por el ayuntamiento, siendo así la administración de la Hacienda Pública, competencia directa y exclusiva de su gobierno, a través del ayuntamiento.

Por lo tanto, toda clase de exenciones y subsidios sobre contribuciones municipales son competencia exclusiva de los ayuntamientos. El predial es el componente más significativo de las contribuciones, y al dejar exento de los pagos de los bienes de la Federación y los estados, por disposición constitucional, el municipio no sólo pierde la posibilidad de contar con más ingresos propios, sino también pierde competencias otorgadas y pierde la libertad en el manejo de su hacienda.

Como hemos señalado, la principal fuente de ingresos propios de los municipios es el Impuesto Predial, que representa el 66.2 por ciento de sus ingresos directos.

Una de las principales causas que inciden en la baja captación de ingresos municipales por concepto de impuesto predial, la encontramos en las desiguales capacidades recaudatorias que se manifiestan en nuestro país.

Los datos nos indican que tenemos una media de 205 pesos por habitante, sin embargo, hay extremos donde estados como Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala tienen una recaudación per cápita de solamente 50 pesos, mientras que Quintana Roo, Baja California Sur, el Distrito Federal, recaudan más de 500 pesos por habitante.

A pesar de los esfuerzos del gobierno federal por coadyuvar con los municipios para mejorar su capacidad recaudatoria, a través del Programa de Modernización Catastral, los resultados no son suficientes, ya que sólo 93 municipios del país en 2013 suscribieron convenios en esta materia.

La falta de capacidades técnicas, administrativas y presupuestales de los municipios, inciden directamente en la baja recaudación de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria.

Adicionalmente, las exenciones a los impuestos sobre las contribuciones, previstas en el artículo 115 constitucional, lesionan gravemente la autonomía municipal y afectan su hacienda pública.

Por ello, la presente iniciativa busca suprimir del marco constitucional, que regula la actividad municipal como órgano de gobierno, la injerencia indebida en las competencias exclusivas de todos los ayuntamientos en México.

Se pretende reformar la fracción IV párrafo segundo, del artículo 115 constitucional, para que las disposiciones sobre las contribuciones, en materia de propiedad inmobiliaria, guarden coherencia con los principios del municipio libre como un órgano de gobierno con competencias exclusivas y administrativas libres de su hacienda.

De esta manera, se suprime la disposición que otorga exenciones a los bienes del dominio público de la Federación, los estados y los municipios, y se inserta de manera clara, puntual, la siguiente disposición: “Sólo los municipios, a través de su órgano de gobierno, ejercido por los ayuntamientos, podrán convenir u otorgar exenciones o subsidios sobre dichas contribuciones en beneficio de la hacienda municipal.

Con esta reforma, se salvaguarda el principio del municipio libre, se respeta la libertad para la administración de la hacienda municipal, y se fortalece económicamente al municipio, puesto que se faculta para cobrar, de manera equitativa, y sin privilegios, las contribuciones que deban pagar por concepto del impuesto predial y otros servicios.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a la Cámara de Diputados.

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con su venia. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy, subo a tribuna a nombre propio y de mi grupo parlamentario de Acción Nacional.

Le agradezco a mis compañeros su respaldo para presentar esta iniciativa, misma que adiciona una fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a la que en obvio de tiempo no daré lectura, por lo cual, le solicito se incorpore de manera íntegra en el Diario de los Debates, señor Presidente.

La iniciativa que presentamos tiene como propósito establecer como prioritarios y de interés público los programas de apoyo a las madres y padres solos, jefes de familia.

El concepto tradicional de familia que conocíamos se ha ido transformando, para dar paso a nuevas estructuras, con dinámicas diferentes, en las que sus integrantes cumplen ahora diversas funciones.

Sin embargo, a pesar de los nuevos roles y comportamientos, la familia continua y debe seguir siendo la estructura básica de nuestra sociedad, que requiere de todo nuestro trabajo, para lograr una atención más igualitaria.

En nuestro país, es cada vez más frecuente que el número de hogares encabezados por mujeres, quienes desempeñan el papel de padre y madre a la vez, solas, hacen frente a las necesidades de su hogar y de sus hijos, al tiempo que ha ido creciendo también el número de padres solos, jefes de familia.

Así, podemos establecer que se consideren madres y/o padres solos jefes de familia a las mujeres y hombres con hijos propios o adoptados, a los tutores y responsables de éstos, que de acuerdo a su estado conyugal son solteros, viudos, divorciados o separados de su pareja, y que son por completo responsables de la manutención de sus hijos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en 2010, para este año se reportaron en nuestro país 7.8 millones de mujeres madres con al menos un hijo sin cónyuge; el número de hogares en donde las mujeres son las jefas de familia aumentó del 7.4 por ciento en 1970, al 24.6 por ciento en el 2010.

Otro dato, por demás importante, es que más de la mitad de las madres solas, que trabajan, específicamente, el 53.7 por ciento, no tiene acceso a seguridad social, y más del 40 por ciento de éstas cumplen con jornadas laborales de tiempo completo.

Lo anterior sólo es clara muestra de que la mayoría de las madres solas se encuentran en condiciones socialmente complicadas y que hace cada vez más difícil sacar adelante su hogar y una familia, agudizando la situación de pobreza y de pobreza extrema, al tiempo que los hijos, sin la atención adecuada, es más probable que caigan en manos de la delincuencia y las drogas, como se ha dado en los años recientes en estados como Michoacán, Guerrero, y muy especialmente en el estado al cual represento, Tamaulipas.

En situación similar se encuentran los padres solos, jefes de familia, que si bien, en números, son menos que las madres solas, cada vez son más frecuentes.

De los 18.8 millones de hombres mexicanos que son padres, el 1.6 por ciento son padres solteros, que se hacen cargo por completo de sus hijos, en ausencia de un cónyuge.

Ante estas transformaciones en la sociedad mexicana, el Estado ha implementado algunos programas y apoyos a madres solas, mismos que también se han modificado con las administraciones de los gobiernos en turno.

Asimismo, entidades como Colima, Sonora y el Distrito Federal, han incrementado programas de apoyo a madres solas, trabajadoras, que han elevado al rango de Ley.

En general, la ayuda que se otorga es bastante diversa, va desde un pago único mensual, hasta pagos por cada hijo o menor de edad, pero como un común denominador, únicamente se otorga a mujeres.

Lo que se traduce en la necesidad de homogenizar los apoyos y garantizar la certeza jurídica en el cumplimiento de dichos programas, pero con equidad de género.

Por lo anterior, se plantea que se garantice la aplicación de los programas de apoyos sociales, sin generar dependencias por cambios de administración, por el contrario, se conceda los elementos precisos para alcanzar un pleno desarrollo, en este caso, los jefes de familia de escasos recursos, sin importar el género, sea hombre o mujer.

Finalmente, lo que se propone es la concreción de una política pública incluyente y responsable, que llegue de manera efectiva, transparente y sin distingos de ningún tipo a las madres o padres solos trabajadores, no sólo en mi estado, Tamaulipas, sino en todo el país.

Está plenamente demostrado que la manera de reestablecer el tejido social en muchos estados de nuestro país, es apoyar y respaldar al núcleo familiar, qué mejor manera de apoyar a las madres y a los padres solos que hoy en día están apoyando y respaldando a sus hijos, y qué mejor manera de establecer y homologar un programa social en todo el país.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Como lo ha solicitado el proponente, se ordena que se inserte íntegra la iniciativa al Diario de los Debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Mariana Gómez del Campo, del PAN, solicita el uso de la palabra.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Para sumarme a la iniciativa del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, si me lo permite.

El Senador Francisco García Cabeza de Vaca: Con gusto, Senadora.

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Con todo gusto accede. El Senador López Brito, también, el Senador Francisco Domínguez, por supuesto, muchas gracias, se toma nota de ello.

Tiene ahora la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores, un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se abroga la Ley de Aguas Nacionales.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Senador Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo en nombre de Senadoras y Senadores de distintos grupos parlamentarios: La Senadora Dolores Padierna; Layda Sansores; Angélica de la Peña; Ana Gabriela Guevara; Luz María Beristain; Benjamín Robles; Silvia Guadalupe Garza Galván; Manuel Bartlett; Isidro Pedraza; Luis Sánchez Jiménez; Raúl Morón; Salvador López Brito; Fidel Demédicis; Lorena Cuéllar; Rabindranath Salazar; Adolfo Romero Lainas; Armando Ríos Piter y un servidor, a dar nuestro aval a una iniciativa ciudadana que propone reglamentar el artículo 4o. constitucional, que establece: “Que toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, donde el Estado garantizará este derecho”.

Se trata de una Ley General de Aguas, que parte del trabajo que a lo largo de 2 años realizaron 450 investigadores de distintas instituciones educativas de educación superior, junto con organizaciones de la sociedad civil, representantes comunales, ejidatarios, comités de usuarios, y que parte del principio de que el derecho al agua, al acceso al agua equitativo, suficiente y de buena calidad es un derecho humano en donde debe asumirse como un asunto del interés público.

El agua es un bien y un servicio público que debe garantizar plenamente el estado como un bien de la nación que proviene de la naturaleza, y por ello se propone esta iniciativa en la que quiero destacar los siguientes ejes fundamentales:

El primero.- El reconocimiento y restauración de los derechos del agua y territorio de los pueblos originarios.

La construcción de instancias de planeación ciudadana gubernamental, desde lo que son las microcuencas, hasta lo que es la gestión del agua en el ámbito nacional.

La implementación de planes rectores, consensados y vinculantes realizados cuenca por cuenta, con las obras y políticas requeridas para garantizar una gestión del agua de calidad y restaurando los flujos de ecosistemas a fin de eliminar los factores que están generando vulnerabilidad, e incluso, inundaciones y sequías.

Se plantea en esta Iniciativa el rediseño del sistema de concesiones para evitar que estas sean transferibles y que estas se ajusten anualmente a la disponibilidad real del agua.

Se propone la reorganización de la infraestructura hidroagrícola y el uso agrícola del agua a través de comités de consumidores, investigadores y agricultores por cuenca para poner fin al desperdicio del agua y de energía en este sector y priorizar la producción para la soberanía alimentaria.

Se propone la creación de un Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento para el financiamiento directo de proyectos auto gestionados por parte de comunidades que hoy no tienen acceso al agua o que tienen acceso a agua en condiciones de muy baja calidad, priorizando el equipamiento en los espacios públicos, particularmente en las escuelas públicas, y al mismo tiempo permitiendo la potabilización de aguas pluviales para bebederos.

Se propone la asignación presupuestal equivalente a por lo menos el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto para registrar los planes rectores y los planes municipales.

Se propone la creación de sistemas de agua potable y saneamiento en manos públicas y comunitarias sin fines de lucro, esto en el ánimo de fortalecer a las juntas municipales de agua y saneamiento para que garanticen una adecuada prestación del servicio.

Se establece como obligación para la explotación y aprovechamiento del recurso un dictamen de impacto socio hídrico ambiental para prevenir daños que son irreversibles, en ocasiones, a cuencas y acuíferos, y así facilitar la protección y buen manejo de áreas de importancia hídrica.

De manera particular, se prohíbe el uso de aguas nacionales para la fracturación hidráulica o la minería tóxica, que indudablemente serán de los grandes temas a debate en los próximos meses en este Senado y en todo el país.

Y de manera especial se plantea la creación de una contraloría social del agua como una instancia ciudadana que colaboraría con la Auditoría Superior de la Federación, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Ministerio Público, para poner fin a la impunidad hidrológica y ambiental.

Como ustedes pueden apreciar, se hace un replanteamiento total de lo que ha sido hasta ahora las políticas de gestión de este recursos que es fundamental para el desarrollo humano y el desarrollo de la actividad productiva, y esperemos contar con su apoyo, con su acompañamiento para que se generen las condiciones, para que todas las mexicanas y los mexicanos tengan acceso equitativo y sustentable al agua, para que el Estado mexicano garantice su responsabilidad en el ejercicio de esta función, y para que el recurso se utilice siempre con criterios de sustentabilidad para el desarrollo, cuidando nuestras cuencas hidrológicas, nuestros mantos acuíferos, los cuerpos superficiales de agua, porque éste, sin lugar a dudas, es el tema de temas de esta legislatura, más allá del petróleo, de la energía, el agua es un factor fundamental para la gobernabilidad, para la seguridad interior, para la seguridad nacional y para garantizar el buen desarrollo de la calidad de vida de todos los mexicanos.

Esperamos contar con su apoyo y esperemos que compañeros, como el Senador Hermosillo, se sumen a suscribir esta propuesta, con la cual avalamos una iniciativa presentada por ciudadanos, por organizaciones sociales y por distintos usuarios.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias. Se suma también la Senadora Martha Palafox y el Senador Hermosillo y Celada. Muchas gracias, señor Senador.

La Senadora Mariana Gómez del Campo, también, y todos los Senadores que deseen, con todo gusto. Se toma nota para que se sumen a la misma.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y Estudios Legislativos, Segunda.

A continuación, se concede el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

El combate a la corrupción se ha convertido en una de las principales exigencias en la agenda pública de las naciones que se consideran democráticas.

Derivado de diversas conductas, actividades y situaciones negativas, México tuvo que hacer lo propio respecto a los temas de transparencia y de rendición de cuentas.

Lamentablemente, no con el fin de hacer de México un país más democrático, sino por la alerta de atender los índices de corrupción y el mal uso de cargos públicos para lucrar de manera personal.

En términos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el derecho a la rendición de cuentas consiste en que los ciudadanos puedan exigir cuentas a las autoridades y servidores públicos quienes tienen la obligación de rusticar y aceptar las responsabilidades por las decisiones tomadas.

La rendición de cuentas es un proceso en el cual los servidores públicos salen a dialogar con los ciudadanos y con otras instituciones, y entonces el servidor público está sujeto a sanciones negativas, como castigo; como positivas, la recompensa; y se podría asegurar que actualmente el país no cuenta con un sistema armónico e integrado de rendición de cuentas que sea plenamente útil y funcional para transparentar la actuación gubernamental.

Evaluar sus acciones y, en su caso, sancionarlas conductas deshonestas e ilegales de los servidores públicos. Desafortunadamente distintos actos de corrupción han salido a la luz pública, exhibiendo que pese a que el país tiene una amplia legislación, ésta resulta muy ambigua y simplemente no regula temas de interés general.

Es el caso del llamado del conflicto de interés. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, define al conflicto de interés como un conflicto entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público, cuando estos intereses pueden tener la capacidad para influir impropiamente en el desempeño de sus actividades como servidor público.

Ante esta definición, se puede asegurar que en México, en diversas ocasiones se ha dado el fenómeno de conflicto de interés. Por citar un ejemplo, hay que recordar que el actual director general de Pemex, fue miembro en diversos consejos de administración, en empresas relacionadas con infraestructura y concesiones del sector energético, justo antes de que ingresara a la Administración Pública.

Lo anterior es un claro ejemplo de conflicto de interés. Desde su nombramiento, la oposición cuestionó el papel del actual director de Pemex, ya que pasó de ser un empresario petrolero, a un director de una paraestatal, que coincidentemente pertenece al sector energético.

Un ejemplo más, son los escándalos suscitados a raíz de la relación entre contratistas y el gobierno federal, con lo cual, en voz de Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, queda comprobado que, en el México de hoy, el dinero sirve para hacer política y la política sirva para hacer dinero.

Ante estos hechos, expertos de Transparencia Mexicana, de Fundar y de la Organización Civil Gestión Social y Cooperación, consideran que las autoridades federales no sólo deben de aclarar estos casos, sino promover cambios legales para evitar que otros similares ocurran en el futuro.

Según Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, consideró que otro hueco en la legislación actual es que carece de una definición clara, sobre qué es un conflicto de interés. Incluso, el especialista sugiere incluir en la ley, la figura de declaración de interés. Es decir, un documento similar a la Declaración Patrimonial, en el cual el funcionario informe en qué empresas o sectores económicos invierte; que a decir Bojórquez, esto impedirá que ese funcionario use su cargo para tomar decisiones que favorezcan sus negocios.

Chile es un ejemplo en América Latina de esta práctica. Dado que tiene una ley, con esta figura de declaración de interés, con la que se evita que un funcionario tome decisiones en áreas en la que está involucrada.

En comparación en México, la regulación del conflicto de interés es nueva, y como se puede notar, llega tarde, pues muchos abusos de poder ya se llevaron a cabo, si bien todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo tienen intereses, en otros países existe una regulación para transparentarlos y en caso de que ocupe un cargo público, no vaya a cometer esta desviación.

En este orden de ideas y en atención a las solicitudes hechas por diversas asociaciones civiles y la ciudadanía en general, la presente iniciativa tiene como objetivo principal, regular de forma más clara y precisa el fenómeno social, conocido como conflicto de interés.

Por ello, se propone modificar las fracciones XI y XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en virtud de que los postulantes a un cargo público, deban presentar una declaración de interés, en la que se especifique las actividades profesionales y económicas en las que participe o haya participado.

Y ante el hipotético caso en el que el postulante a un cargo público se encuentre desempeñando actividades que pudieran colocarlo en una situación de conflicto de interés, deberá renunciar a tales actividades, como condición previa para asumir el cargo.

Por lo anterior, también se propone que ante la existencia de un posible conflicto de interés, y en el orden a la prevención del mismo, el servidor público tendrá la obligación de excusarse de intervenir en alguna actividad que genera tal conflicto, como la ley actualmente lo establece.

Pero además, se adiciona, que si el funcionario público se encuentra desempeñando actividades que pudieran colocarlo en una situación de conflicto de interés, deberá renunciar a tales actividades. Esto, con el objetivo para que en lo futuro no deba excusarse constantemente; por el contrario, terminar con un vínculo que notablemente sólo beneficiará al servidor público.

Por último, también se propone aumentar el tiempo que la ley, en mención prevé, respecto a que los servidores públicos soliciten, acepten o reciban por sí o por interpósita persona dinero, bienes muebles e inmuebles, que procedan de cualquier persona física o moral, cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público, de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y que implique intereses en conflicto.

Éste será un mecanismo más, para que no se abuse más del cargo que se tuvo, debido a que es claro que el servidor público generará vínculos y relaciones con distintos actores que están íntimamente relacionados en el campo, en el que se desempeñó; situación que permite tomar ventaja, respecto del resto de los competidores.

En el régimen transitorio, se establece que los servidores públicos que estén actualmente en funciones, deberán presentar la declaración de interés, y ante el supuesto de caer en conflicto de interés, además de excusarse de intervenir en las actividades que dieron origen a dicho conflicto, también deberá renunciar a la relación con tales actividades.

El conflicto de interés constituye uno de los peores males para la transparencia y la rendición de cuentas, pues su ejecución abona al desmantelamiento del carácter público del Estado. El servidor público que cae en conflicto de interés, busca descuartizar al Estado para entregarlo a pedazos a intereses particulares; por los conflictos de interés, los actores privados se infiltran al Estado, para minarlo y debilitarlo por dentro.

Como legisladores y ciudadanos, esta práctica debe de rechazarse de manera contundente y legislar a favor de esta iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.

En otro apartado del Orden del Día, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Servicios Aéreos entre México y los Emiratos Árabes Unidos.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, es de primera lectura.

Y por tanto, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen que nos ocupa.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Quienes estén porque se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se dispense, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Está a discusión el dictamen.

Para estos efectos ha solicitado la palabra el señor Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del PRI, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias nuevamente, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Con base en la facultad constitucional otorgada a esta Honorable Cámara de Senadores para el análisis de la política exterior, realizada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde esta tribuna se ha respaldado las acciones que permitan una mejor inserción de nuestra nación en el mundo, buscando enriquecer el diálogo e identificando las nuevas áreas de oportunidad para México.

Respecto a lo que aquí se está planteando, hago referencia al Convenio sobre Servicios Aéreos entre los gobiernos de México y los Emiratos Árabes Unidos, firmado el día 10 de octubre de 2012, y que las comisiones dictaminadoras ponemos hoy a las consideración del Honorable Pleno para su aprobación.

Quiero señalar con toda claridad que los últimos años las relaciones diplomáticas entre México y los Emiratos Árabes Unidos han mejorado de manera significativa, y el convenio que nos ocupa es un ejemplo de ello.

El Convenio sobre Servicios Aéreos tiene como propósito establecer un marco jurídico que regule las cooperaciones aéreas entre ambos países con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de la relación bilateral y al desarrollo de diversos sectores de la economía, como: el turismo, el sector económico y el del intercambio comercial entre nuestros países.

Hoy en día, la conectividad aérea representa un gran oportunidad para poder potenciar las redes económicas y comerciales con los Emiratos Árabes Unidos, cuyas aerolíneas ocuparon el cuarto lugar de ingresos en el año 2013, con 209.3 millones de pasajeros y kilómetros recorridos, resultando un incremento del 15.7% comparado con el año anterior, cifras registradas por la Organización de Aviación.

Los Emiratos Árabes Unidos han avalado una política de aviación liberal. Hasta 2013, tenían acuerdo de servicios aéreos con 147 países, de los cuales 113 son de cielos abiertos o integralmente liberales, como es el caso de Argentina y Brasil, y desde hace algunos años han establecido convenios con líneas aéreas de otros países.

La conectividad que proporcionan todas las líneas aéreas y que operan en los 7 emiratos atrae el talento, la inversión extranjera directa, permitiendo así los conglomerados empresariales, la especialización y otras consecuencias indirectas en la capacidad productiva.

Esta conectividad también estimula el flujo de inversión a individuos entre los países, lo que redunda directamente en beneficio de los pasajeros aéreos. Por ello, México debe estar interesado en tener una relación directa y conveniente con los Emiratos Árabes a través de esta conexión aérea internacional.

El principal aeropuerto de los Emiratos Árabes, y es el más importante que lleva el mayor tráfico aéreo, es el de Dubái, el cual se encuentra en plena expansión con una tercer terminal recién construida y que será la más moderna del mundo.

Los otros aeropuertos más concurridos de los Emiratos son el Aeropuerto Internacional de Sharjah, base de operaciones de la aerolínea de ésta y de otras aerolíneas de bajo costo.

Debo enfatizar que el convenio que nos ocupa, y que vengo a defender a esta tribuna, busca incrementar el flujo de pasajeros de ambos países para generar oportunidades que resulten en beneficio para nuestras sociedades.

De esta manera, y en virtud de lo mencionado, dicho instrumento internacional, desde el punto de vista de las comisiones dictaminadoras, es una herramienta necesaria para la ampliación de oportunidades para el desarrollo nacional, y su aprobación daría paso a un marco que otorgue certidumbre legal a las líneas aéreas de ambas naciones reforzando los nexos comerciales, políticos y de cooperación.

Señoras y señores Senadores: De otorgar su voto en pro de este dictamen, será una acción decisiva para lograr una mayor cooperación, así como para consolidar el marco jurídico bilateral y continuar los contactos políticos para fortalecer y para hacer de mayor importancia las relaciones entre México y los Emiratos Árabes Unidos.

Gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

A continuación, se concede el uso de la palabra al señor Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador Romero Hicks.

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Gracias, señor Presidente. Distinguidos legisladores:

A nombre de la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la Senadora Gabriela Cuevas, presento el dictamen.

El dictamen que hoy compartimos permitirá afianzar nuestras relaciones bilaterales con los Emiratos Árabes Unidos.

En los últimos 8 años, nuestro comercio se incrementó en 40% en promedio anual y se han realizado encuentros de alto nivel que han buscado impulsar la promoción del comercio y la inversión. Actualmente, los Emiratos Árabes se han ubicado como el tercer socio comercial de México entre los países de Medio Oriente.

El Convenio sobre Servicios Aéreos que ponemos a su consideración consta de 21 artículos, y tiene como objetivo fundamental regular las operaciones aéreas entre los dos países a fin de crear oportunidades en los sectores turístico, comercial y de negocios e incrementar el flujo de pasajeros.

Para ello, las aerolíneas podrán sobrevolar el territorio del otro Estado, realizar escalas para fines no comerciales, y también embarcar y desembarcar pasajeros, equipaje o carga. Entre otros temas, este instrumento garantiza igualdad de condiciones para las partes contratantes eliminando cualquier forma y discriminación, prácticas desleales o precios predatorios.

Por lo que hace a las tarifas, el Convenio establece que éstas se establecerán de acuerdo a las consideraciones comerciales de mercado, y las partes contratantes deberán implementar las medidas necesarias para garantizar la libre competencia de las aerolíneas y evitar así prácticas desleales y precios predatorios.

En este mismo sentido, los Estados también asegurarán que los cargos a los usuarios sean justos y razonables.

En materia de seguridad, las partes contratantes prestarán la ayuda necesaria para impedir actos contra las aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de negociación aérea, y cualquier otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil. Asimismo, se señala que cada parte exentará las aerolíneas de restricciones para la importación, derechos de aduana, impuestos directos o indirectos, derechos de inspección u otros derechos, gravámenes nacionales y/o locales y cargos respecto de aeronaves.

Las controversias que lleguen a suscitarse por ello, para este instrumento se resolverán a través de la negociación, la mediación o por decisión de un tribunal de tres árbitros: dos por cada uno de los estados, y un tercero de otro país.

Finalmente, destaco la importancia de que este Convenio de Servicios Aéreos se adopta de conformidad con la legislación nacional, los lineamientos establecidos por la política aeronáutica del país y las normas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional que garantizan la seguridad, eficiencia y regularidad del transporte aéreo.

Es cuanto.

Está a su distinguida consideración.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar, en su momento, de la votación correspondiente.

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 del Reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro del tablero electrónico se tiene un total de 93 votos a favor.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, queda aprobado el Decreto que contiene el Convenio sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, firmado en la ciudad de Abu Dabi, el 10 de octubre del año 2012. Remítase al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.

Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, con punto de Acuerdo por el que se confiere el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 2015.

Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy para conocimiento de todas y todos los Senadores.

En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a los resolutivos correspondientes.

La Senadora Secretaria María Elena Barrera Tapia: Doy lectura a los resolutivos.

Primero.- Se confiere el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, correspondiente al año 2015, a la ciudadana Carmen Moreno Toscano, como un justo reconocimiento del Senado de la República a su sobresaliente contribución al empoderamiento de las mujeres mexicanas y al reconocimiento de sus derechos humanos, en aras de alcanzar la igualdad sustantiva.

Segundo.- Celébrese sesión solemne del Senado de la República en próximos días, en la actual sede del Senado de la República.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Para presentar el dictamen a nombre de la comisión, tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor Presidente.

En el 2013, esta Cámara de Senadores aprobó un reconocimiento al más alto nivel que el Senado de la República otorgue a las mujeres mexicanas.

El año pasado se entregó por primera vez a una destacada mexicana, luchadora incansable por los derechos humanos de hombres y mujeres, pero con un alto énfasis a favor de las mujeres mexicanas, me refiero a la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos.

Este año estamos listos, desde el mes de noviembre se presentó la convocatoria y se registraron importantes mujeres destacadas, mujeres que han trabajado a favor de los derechos humanos, pero especialmente en la justicia a favor de las mexicanas.

Y la comisión está presentando, de manera positiva, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, un dictamen del cual pedimos un voto a favor para entregar este premio a la embajadora, a la doctora Carmen Moreno Toscano, distinguida mexicana, con una amplia trayectoria internacional.

Todavía en este momento, entre su hoja debía destaca ser Consejera del Consejo Consultivo de la CNDH, pero actualmente es la máxima representante de la SIM ante la Organización de Estados Americanos, nosotros estamos pidiendo un voto a favor de una mujer tan destacada, y reconociendo también la participación de las mujeres que fueron registradas todas con amplios méritos para recibir esta presea tan importante que reconoce el trabajo de mujeres mexicanas.

Por su apoyo al dictamen, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Martha Elena García Gómez presentará sus motivos por escrito, los cuales se registrarán en su momento para el Diario de los Debates.

Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.

El reconocimiento Elvia Carrillo Puerto que otorga el Senado de la República lleva el nombre de una magnífica mujer a quien se llamó también “La Monja Roja del Mayab”.

Me gusta recordarla porque sin ella probablemente yo no estaría aquí de pie en esta tribuna expresando libremente mis ideas y haciendo pleno uso de mis derechos políticos.

A veces damos por sentado que las mujeres podemos tener voz en los congresos, en la diplomacia y en la administración; y se nos olvida que esto no siempre fue así, y muchos de los retos que enfrentamos como mujeres aún están ahí.

Por mencionar algunos, la pobreza sigue afectando a las mujeres en mucha mayor proporción que a los hombres.

Seguimos registrando hechos de violencia hacia las mujeres que culminan en circunstancias tan desafortunadas como el feminicidio.

Ser mujer y ocupar un cargo público no garantiza que la labor que se lleva a cabo sea a favor de las mujeres, y por eso tiene más valor el trabajo de mujeres que se involucran en la defensa de los derechos humanos, justicia e igualdad social.

Por ello me congratulo ante la propuesta de la Comisión de Equidad y Género de otorgar a la Embajadora Carmen Moreno Toscano este reconocimiento, tan merecido por los trabajos que ha llevado a cabo en la OEA, y quien ha demostrado con su labor constante que la diplomacia sí es para mujeres.

La labor de la Embajadora Carmen Moreno Toscano no se puede poner en duda, ya que tiene una trayectoria notable que da cuenta del interés de una mujer en defender los mejores intereses de la diplomacia y desde todos los espacios que ha ocupado.

Por ello, desde mi espacio de mujer Senadora y digna representante del estado de Tlaxcala, felicito a las tres mujeres que fueron consideradas para la obtención de este reconocimiento y las invito a seguir trabajando por la defensa de los derechos de las mujeres.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar el resultado de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa, como lo dispone el artículo 56 Bis del Reglamento del Senado.

Se informa a la Asamblea que debemos reunir dos tercios de votos de los presentes, para la aprobación del presente dictamen, por tanto, ábrase el sistema de votación, como ya se mencionó, hasta por tres minutos para recoger la votación nominal de este asunto que hoy nos ocupa.

(Se recoge la votación nominal)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Señor Presidente, conforme al registro electrónico, se emitieron un total de 89 votos a favor.

Se tiene la votación por unanimidad y se reúne la mayoría calificada.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. En virtud de tener votación unánime a favor y mayoría calificada, está aprobado el dictamen por el que el Senado de la República confiere el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente al año 2015, a la ciudadana Carmen Moreno Toscano.

El Senado de la República realizará sesión solemne el día 10 de marzo del año en curso, en este recinto, para entregar el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto.

Se solicita al pleno de la Comisión para la Igualdad de Género asista personalmente a comunicar a la ciudadana Carmen Moreno Toscano, la determinación que ha tomado esta Asamblea de manera unánime, se instruye por tanto a la Secretarías Generales del Senado a llevar a cabo las acciones necesarias para la realización de la sesión solemne.

Solicito a la Secretaría dé lectura a una comunicación que nos remite la Secretaría de Gobernación.

La Secretaria Senadora Elena Barrera Tapia: Doy lectura.

Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, documento que el titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese órgano legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaña al presente copias de los oficios números: 353-A-0054 y 315-A-00460 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envíe el dictamen de Impacto Presupuestario.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Túrnese la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos.

Compañeras y compañeros Senadores, les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción, se turnarán directamente a comisiones.

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el jueves 26 de febrero a las 11:00 horas.

(Se levantó la sesión a las 14:47 horas)