PALABRAS DE FEDERICO REYES HEROLES GONZÁLEZ GARZA EN LA APERTURA DE LOS “FOROS DE DEBATE SOBRE LAS DISTINTAS INICIATIVAS QUE EN MATERIA ENERGÉTICA SE HAN PRESENTADO EN EL SENADO”
 
 
Es un honor estar aquí con ustedes, es un honor haber compartido con el Ingeniero Cárdenas, a quien acompañé allá en el 88 en su gira por Estados Unidos, y con Juan Pardinas, quien sin duda es una de las mentes jóvenes más brillantes de nuestro país.
 
Les agradezco la oportunidad, pero de entrada les aclaro que yo no soy especialista en el tema y en todo caso daré la visión que se puede desprender desde otras perspectivas.
 
El petróleo es para los mexicanos mucho más que un energético. Para bien o para mal se ha convertido en un referente cargado de emociones. El nacionalismo es una de ellas; el orgullo de haber contendido con los gigantes, de haber salido victoriosos, también. El recuerdo de una solidaridad popular alrededor de la causa pública es otra emoción más. El valioso acto del General Lázaro Cárdenas está en la memoria histórica de la nación. Pero, paradójicamente, esa carga emocional nos puede conducir en el 2013 a tomar decisiones incorrectas.
 
El mundo está envuelto en un cambio frenético. El petróleo es hoy sólo una de las fuentes de energía con las que cuenta el ser humano. México es un país muy rico en energía tradicional y en energías renovables, sólo la energía eólica podría representar alrededor de 50 mil Megawatts, siendo que la capacidad instalada de la Comisión Federal de Electricidad, todo el equipo de la CFE, toda la infraestructura nos brinda un poco más de 60 mil. Es decir, que casi casi con la eólica saldríamos.
 
México podría ser uno de los países más limpios del orbe en producción de energía. Este potencial no sólo es cuestión de tener corazón verde, es la posibilidad de vender bonos de carbono en lugar de comprarlos.
 
La discusión sobre una reforma energética deseable lleva ya muchos años, demasiados. Mientras tanto el mundo energético cambió radicalmente. Hoy estamos ante un escenario mundial muy diferente, México enfrenta una verdadera emergencia.
 
A diferencia de otros países que han desarrollado aceleradamente el aprovechamiento de las energías renovables -China, Estados Unidos y Alemania por arriba del 70 por ciento; España, Italia y la India alrededor del 30 por ciento del total de su consumo- México ronda el 2.4 por ciento. Es decir que seguimos siendo brutalmente dependientes de las fuentes tradicionales: el petróleo y el gas.
 
Pero hoy esas dos fuentes están en una crisis profunda, casi todos los pronósticos anuncian un desplome histórico del precio del crudo. Si eso ocurriera, las finanzas del país volverían a entrar en crisis. De ahí la necesidad de una reforma hacendaria que nos ponga a salvo de ese escenario. Dejemos atrás la vanidad de pensarnos los poseedores de una riqueza única, hay muchos estudios que muestran que podríamos estar al final de una era energética y en el umbral de otra.
 
En dos siglos hemos pasado de la madera al carbón, del carbón al petróleo, de ahí a la electricidad y ahora todo señala que entraremos a las energías renovables y al Shale gas a precios nunca antes vistos por baratos. No están en el horizonte, son ya en muchos países una realidad.
 
Las reservas petroleras probadas de México cayeron 33 por ciento en diez años. De seguir la tendencia, en poco tiempo habremos pasado de ser uno de los principales productores a ser un productor marginal. Las exportaciones de crudo declinan de forma estrepitosa, hoy se mira muy lejos el millón y medio de barriles exportados que mantuvimos durante muchos años; además, el mercado está cambiando. Si China y la India, los nuevos gigantes, siguen fortaleciendo su producción de energías renovables, el consumo de crudo no se incrementará. El continente africano, donde en el 2050 habitará el 25 por ciento de la población mundial tiene múltiples opciones energéticas.
 
Por todos estos cambios, México se aproxima a la dolorosa frontera que divide a los países exportadores de energía de los importadores. De no hacer nada, ese es nuestro futuro, ser importadores. Ello podría ocurrir en meses, en 24, 36 cuando más. Por distintas causas, la expoliación fiscal, las pensiones, las preventas, el exceso de personal y otras, hoy Petróleos Mexicanos, esa empresa tan significativa para los mexicanos, está técnicamente quebrada. Es decir, por momento los pasivos rebasan a los activos. La pérdida anual en refinación oscila los 84 mil millones de pesos, es decir, el doble de la pérdida representada por Luz y Fuerza del Centro.
 
La mitad de cada tanque de gasolina de los mexicanos es importada, el subsidio a las gasolinas ronda los 200 mil millones de pesos, cuatro veces los recursos de Oportunidades. Es el impuesto más regresivo que tenemos en este país. Así nunca construiremos un país justo. ¡Qué paradoja que el petróleo de la nación sea hoy fuente de injusticia!
 
Alrededor del 65 por ciento de los petroquímicos, con todas las cadenas que de ahí se desprenden, también son importados. Las importaciones de gas ya son más de un tercio del consumo total. Cada alerta crítica con duración de 24 horas en el surtimiento de ese energético, le cuesta a la industria que depende del gas una cifra cercana a los 150 millones de dólares.  La repercusión en productividad es tremenda y esa palabra, “productividad”, es una de las calificaciones más importantes en una economía globalizada. Si la productividad no se incrementa, las economías no crecen lo que podrían.
 
En 20 años, la productividad de Corea se incrementó 83 por ciento, la de Irlanda 64 por ciento, la de Estados Unidos 35 por ciento, la de México 2.1 por ciento. Ése es parte del drama, los energéticos juegan en esto un papel determinante.
 
Dado que el primer consumidor de gas es la Comisión Federal de Electricidad, los costos se trasladan a las industrias de los ramos de alta tensión y a los hogares de alto consumo.
 
Como lo ha demostrado el IMCO, el sector energético y sus dependientes más cercanos que rebasan el 16 por ciento del Producto Interno Bruto destruyen riqueza. Ahí está otra explicación del triste crecimiento de nuestra economía, de nuestra incapacidad para abatir la pobreza. Pero quizá el daño mayor es el que se causa a los ciudadanos y, más calificativo, según el censo del 2010 el 82 por ciento de los hogares tiene refrigerador, 65 por ciento lavadora, 92 por ciento televisión y hay una computadora en uno de cada tres hogares. Vender a esos hogares energía cara por ineficiencias es una enorme injusticia.
 
Pero ése es sólo el principio, estamos entrando al túnel. Mientras aquí discutíamos una y otra vez la reforma deseable, nuestro vecino del norte se adelantó en el cumplimiento de sus metas de autosuficiencia energética. El año pasado tuvo excedentes en su producción de crudo. Hechos a la idea de los excesos en el consumo de la primera potencia económica del orbe y su dependencia de las importaciones de crudo, sin hacer nada muy pronto nos amaneceríamos con un gigante transformado, convertido también en una potencia energética.
 
La producción de gas de lutitas o Shale gas, con un costo que muy probablemente oscilará a los cuatro dólares por millón de BTUs demolerá a muchos sectores industriales de nuestro país que tendrían que pagar hasta 17 dólares más por la misma cantidad de energía. El impacto en el empleo sería muy doloroso, de nuevo, una terrible injusticia. La ancestral falta de previsión de nuestro país en muchos órdenes podría tener un costo humano en la caída del ingreso, el desempleo, en pobreza humanamente incuantificable.
 
Por eso la discusión que se da en el Legislativo en las próximas semanas debe ser guiada por un imperativo ético. Está en juego el bienestar de decenas de millones de mexicanos. Deponer el peso de las ideologías y los cálculos políticos es una demanda ética. No es exagerado decir que la prosperidad del país está en entredicho. El objetivo es muy claro, garantizar por las vías que sean necesarias la recapitalización de nuestra empresa petrolera y el abasto de energéticos a precios que no hieran el ingreso de las familias mexicanas y la generación de empleos que tanto necesitamos.
 
Como nunca antes, la globalidad se nos viene encima, tenemos que abrir en el ámbito de la energía opciones atractivas para inversionistas nacionales y extranjeros. Insisto en la primera vertiente, en los nacionales, pues en la opinión pública casi no se ha hablado de un hecho muy significativo: México se ha convertido en un exportador neto de capitales. Nada más en el 2012 salieron casi 26 mil millones de dólares.
 
Estamos ante una realidad muy dolorosa. Un país que necesita capitalizarse, exporta capitales, es decir que hay inversionistas mexicanos que encuentran escenarios más atractivos en otros países que en su propio país, nuestro país, México y eso ocurre además de la caída dramática en la inversión extranjera directa.
 
Nadie, que yo sepa, ha hablado de privatizar el recurso que pertenece a los mexicanos, pero algo está muy claro: las fórmulas jurídicas  que salgan del Legislativo para atraer inversión y tecnología y relanzar la inversión, deben tener experiencias de éxito en otras latitudes, de no ser así de nada servirá y la emergencia energética hundirá nuestra economía en muy poco tiempo.
 
Se trata entonces de compartir beneficios pero también riesgos. La industria es muy riesgosa. Actualmente en los contratos de prestación de servicios estamos en el peor de los mundos: pagamos salga lo que salga y México es el único que se arriesga.
 
Contratos de utilidad compartida, licencias o concesiones –se podrían enumerar otras-han sido utilizadas en otros países sin perder en ningún momento el control total sobre la propiedad de los energéticos.
 
La preferencia de las empresas es variada pero no infinita, de ahí la necesidad de abrir un espectro de posibilidades. No se debe apostar a una sola fórmula jurídica, pues no existe una fórmula universal que sea atractiva a todos los inversionistas. British Petroleum, por ejemplo, opera con contratos de producción compartida que podrían ser de utilidad compartida en países tan diversos como Angola, Azerbaiyán, China, Argelia o Indonesia, pero también opera con concesiones en Noruega, Dinamarca y otros países; hay concesiones en Canadá y Brasil. La competencia es brutal.
 
No hay entonces una fórmula universal, Standard Oil y las nuevas fórmulas que tiene esa empresa opera con concesiones en Arabia Saudí y otros países. Chevron en Brasil, Holanda y otros. Total, la francesa en Brasil y Noruega.
 
Como puede verse, hay de todo en todas partes. Las condiciones específicas de cada operación marcan las inclinaciones. ¿Qué hacer? Presentar varias condiciones de trabajo pareciera la opción más conveniente y racional, pero esto podría conducir a una discrecionalidad muy irresponsable. Les recuerdo que no tenemos una ley general de concesiones y que es la materia la que determina el tipo de concesión, sea minería, agua, transporte o puertos. Las diferencias son abismales, no existe un marco regulatorio de beneficios mínimos para el Estado y las garantías jurídicas para el concesionario. Ese vacío es muy grave para las dos partes. La certidumbre jurídica es un valor a perseguir pues se trata de inversiones muy significativas.
 
Sin embargo, la concesión sigue siendo el régimen jurídico mayormente regulado y que pertenece al derecho público. El rescate es una figura pública concedida ante el incumplimiento por parte del concesionario. A diferencia de los contratos, donde el origen es el supuesto de igualdad jurídica de las partes, en una concesión predomina el interés público, sin embargo para el concesionario esa definición es un anclaje de mayor peso y certidumbre que la voluntad cambiante de las autoridades políticas.
 
¿Cómo abrir a los inversionistas varias opciones y propiciar aceleradamente la recuperación del sector, de Pemex y a la par garantizar a los mexicanos el uso racional y responsable de sus recursos? El debate sobre las fórmulas jurídicas podría ser estéril. Dentro de la diversidad hay, sin embargo, en las experiencias de éxito por lo menos dos coincidencias muy relevantes.
 
La primera es que la empresa estatal no sea la encargada de elaborar y administrar los diferentes tipos de contratos o concesiones. El argumento es muy claro: hay un conflicto de intereses. La empresa estatal –en México, un brazo del Ejecutivo- está expuesta a intereses políticos de coyuntura que generan incertidumbre en sus contrapartes, sus contratados.
 
La segunda coincidencia es que en las naciones donde la apertura ha sido exitosa, existen órganos reguladores que velan por los intereses de largo plazo y los recursos naturales y por el cumplimiento cabal de las condiciones pactadas. La explotación irracional de Cantarell no hubiera sido permitida de haber existido un órgano de este tipo.
 
Las comisiones regulatorias se han convertido en un factor determinante para atraer inversión en un mundo global. En un estudio reciente de (inaudible) se muestra cómo, de los potenciales inversionistas, 41 por ciento ven a México como muy atractivo por el acceso a otros mercados; un 45 por ciento, por el costo bajo de la mano de obra, pero sólo un 6 por ciento considera el ambiente regulatorio como un atractivo de nuestro país, 6por ciento.
 
Contratos de distintos tipos, concesiones o cualquier fórmula, la gran pregunta de los inversionistas es ¿cómo opera la entidad independiente que regula el sector?
 
Más allá de los intereses políticos y conflictos con la empresa estatal, en otros países la comisión reguladora es la encargada de la vigilancia estricta de los intereses de ambos lados y, más importante aún, del Estado propietario. En la actualidad tenemos dos comisiones, la Reguladora de Energía y la Nacional de Hidrocarburos. Sin embargo, ninguna de las dos reúne los requisitos para ser exitosos en la apertura.
 
Por supuesto, esa instancia regulatoria también sería la responsable de administrar los fondos que son el resultado de los excedentes producto de las oscilaciones en los precios de los energéticos, cuando éstos se dan. Así, mientras los mexicanos nacemos con una deuda, los noruegos nacen con un capital de alrededor de 150 mil dólares por cada habitante. El fondo noruego asciende a 750 mil millones de dólares, son 5 millones de habitantes. Lo mismo ocurre con países como Abu Dabi con 627 mil, Arabia Saudí con 530 mil,  Kuwait con 340 mil.
 
Algunos especialistas calculan que de haber México conservado escrupulosamente los excedentes petroleros de los últimos años, en este momento tendría 350 mil millones de dólares.

El caso noruego es particularmente apasionante, pues los fondos están destinados a pensiones, educación, a ciencia y tecnología, es decir, los noruegos apuestan a que en un futuro ese país viva de la productividad, de la competitividad y del conocimiento que genera patentes, esa es la nueva manera de medir la riqueza de las naciones.

Con cinco millones de habitantes, en el 2011 Noruega registró ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tres mil dos patentes; México con casi 120 millones de moradores ese mismo año registró 196.

Los mexicanos hemos tenido diferentes etapas de excedentes petroleros, desde los años setenta, los últimos nueve años, 2003 al 12 el acumulado llegó a un billón 939 mil millones de pesos. La pregunta que nos hacemos muchos mexicanos es ¿en dónde quedaron esos recursos? ¿Cómo es posible que no hayamos sido capaces de ahorrarlos y concentrarlos con algún objetivo nacional de largo plazo?

Esa sería una de las responsabilidades de un verdadero órgano regulador con fuerza vinculatoria y autoridad administrativa sobre las empresas estatales.

Una vez más, la certidumbre jurídica en esto es determinante. Me permito recordar a este Poder que la Suprema Corte de Justicia no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de formas alternativas de contratación en el ramo petrolero, a la luz del actual texto constitucional. No hay criterios jurisprudenciales, en el 2009 la Corte resolvió la controversia constitucional 97-2009, en la cual la Cámara de Diputados impugnó ciertos artículos del Reglamento y la Ley de Pemex emitida por el Poder Ejecutivo.

En ese recurso, por su naturaleza, según la Controversia, la discusión del máximo tribunal giró en torno al conflicto competencial entre este foro, digamos de gobierno y no se centró en la inconstitucionalidad del Reglamento impugnado.

Sin embargo, de la discusión que generó esta controversia, se puede advertir que la Corte, a partir de un análisis de los artículos 25, 26 y 27 constitucionales no ha emitido ningún criterio en torno a la constitucionalidad de formas alternativas de contratación.

En ese sentido y dado que la integración de la Corte permanece casi idéntica a aquella que analizó dicha controversia, es necesario considerar que de presentarse el recurso idóneo y de haberse presentado la acción de inconstitucionalidad, la respuesta del Pleno hoy sería incierta en lo que se refiere a la constitucionalidad de formas alternativas de contratación en la materia, insisto, en la actual redacción constitucional.

La emergencia energética no permite errores, no hay margen de maniobra, tenemos el tiempo encima, la judicialización de la materia sería terrible para el bienestar de los mexicanos, por ello, en mi opinión, es imprescindible una reforma constitucional que dé certidumbre a la legalidad de la contratación. El panorama no es sencillo, pues implica una modificación al capítulo primero de la Constitución, parecería que el régimen excepcional de áreas restringidas, Artículo 25, es incompatible con las concesiones o cualquier forma de asociación privadas.

Una opción sería concebir a los hidrocarburos dentro de las áreas prioritarias, de las cuales el Estado tiene mayor flexibilidad de actuación. Lo que no puede ocurrir, es que la Suprema Corte no tenga criterios definidos sobre la legalidad de las contrataciones.

En ese mismo sentido, también es imprescindible garantizar la inacatabilidad de las resoluciones del órgano regulador por vía de amparo, la judicialización contra el juicio perjudica a las dos partes: al Estado y a los particulares. Recordemos que se trata de inversiones enormes cuya producción diaria determina el éxito o fracaso de las mismas; unos cuantos días de suspensión de actividades puede cambiar todo el panorama.

La degradación del sector lleva mucho tiempo y los mexicanos de todos los colores hemos sido incapaces de corregir las monstruosas deformaciones. Llevamos por lo menos medio siglo sabiendo de ellas, sin encontrarles solución.

Mientras tanto el mundo sí ha cambiado de una manera muy acelerada, si hubiésemos hecho correcciones sucesivas quizá la situación no sería tan apremiante.

No estamos ante una reforma energética más, estamos ante una emergencia que puede costarle al país muchísimos empleos y mermar los ingresos de millones de mexicanos, así hay que comunicarlo. Ese el primer punto, la emergencia.

En la frontera norte de México se pudiera leer también Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita. Así mientras aquí las negativas a una reforma iban y venían, el mundo energético cambió y la degradación de Pemex continúa.

Vale la pena hacer el ejercicio de pensar qué ocurriría si no hacemos una reforma de fondo. Felipe González, el expresidente español, repite con frecuencia que una de las consignas que más ayudaron a la transición española rezaba: “Con lo de comer, no se juega”. Más allá de tecnicismos esta reforma tiene que ver con lo de comer.

Termino, estamos contra la pared. Necesitamos cambiar nuestra lectura de muchos asuntos, recuperar el verdadero nacionalismo, en esa reelectura de nosotros mismos hay que situar en el centro al ciudadano, él es el eje que debe guiar la discusión, cada mujer que prende una hornilla, cada padre de familia que paga el recibo de luz, todos los empresarios que consumen energía, ellos deben estar en el centro de esta discusión.

Se trata de que la ciudadanía se reapropie de los recursos que la nacionalización nos dio lentamente, a lo largo de siete décadas, la burocracia empresarial y la sindical se apropiaron de lo que no les corresponde.

En el centro de la discusión debe estar el bienestar de todos los mexicanos que consumen gas y electricidad en sus hogares, gasolina, que son consumidores obligados de productos que llevan un impacto energético, que trabajan en empresas que podrían desaparecer.

Estados Unidos ya se está reindustrializando, los capitales regresan a ese país en busca de energéticos baratos; si no hacemos nada o nos quedamos a mitad del río, pronto veremos empresas radicadas en México mudar hacia el norte, la reelectura pasa por nuestra imagen de fortaleza.

La verdadera fortaleza en México radica en ampliar el horizonte de las reservas probadas, fortaleza sería no depender de las importaciones de gas y gasolinas, de petroquímicos; fortaleza sería lograr una salud financiera de nuestra empresa estatal que fuera tan competitiva como  cualquier otra, que sea motivo de orgullo por su eficiencia y por la transparencia en el manejo de los recursos de los mexicanos, fortaleza sería terminar con la destrucción de riqueza que provoca el sector anualmente.

En el siglo XXI toda nación pasa por la inserción exitosa en la globalidad, que un país rico en energía de casi todo tipo está hoy sangrando en el sector, es vergonzoso.

Alexis de Tocqueville sostenía que la fortaleza de las naciones también se siente en los sueños de sus ciudadanos, que los mexicanos posamos soñar por las noches con un país prospero, más justo, con abundancia de energía que tenemos pero no explotamos, un país líder mundial, un país con empleos dignos que en lugar de vender petróleo produzca patentes, esa es la meta, ese es el país deseable y posible y está en manos de ustedes.

Muchas gracias.

 

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