PONENCIA DE JUDITH MARISCAL SOBRE TELECOMUNICACIONES
OBSERVACIONES A LA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE TELECOMUNICACIONES
Judith Mariscal, investigadora del CIDE
Versión Modificada del Comunicado Telecom-CIDE-IMCO  
El objetivo de estas observaciones es señalar aspectos de la reforma que permitirán una implementación más fluida y armoniosa de los eventuales mandatos constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
• Elevar numerosas normas al grado constitucional las fortalece y obliga su seguimiento sin reglamentación adicional. Sin embargo, presenta el riesgo de generar rigidez en sectores en los que la autoridad necesita flexibilidad para enfrentar la innovación tecnológica. Es por lo tanto importante mantener diversos mandatos lo suficientemente abiertos para que no impidan que futuras decisiones estén atadas a la situación presente.
• La construcción de una red de transporte representa una solución eficiente para proveer mayor competencia a la infraestructura actual de la empresa Telmex, y siendo una red mayorista puede disminuir las barreras de entrada a la provisión de servicios. Sin embargo, es importante esclarecer cuál será el papel del Estado en la construcción y operación de ésta red de transporte y la de banda ancha móvil. Los recursos escasos del Estado deben priorizarse para la cobertura social, no para competir con el capital privado. El asignar constitucionalmente los recursos de la fibra óptica de la CFE y del espectro de la banda de 700 MHz a Telecomunicaciones de México, una empresa paraestatal con escasa experiencia en esta materia, generará una empresa verticalmente integrada y dificultará que se invierta eficientemente.
• La creación del IFETEL como órgano autónomo constitucional podría minar la capacidad de articular una estrategia integral digital con agencias del Ejecutivo, en particular con la SCT, SEP y SS. Asimismo, la iniciativa menciona que en términos de la asignación y uso que se haga del espectro, el IFETEL debe ceñirse al Plan Nacional de Desarrollo, lo que es contradictorio con el mandato de autonomía constitucional. Por ello convendría establecer los mecanismos que aseguren una adecuada coordinación entre el Ejecutivo y el IFETEL.
• El reasignar todas las facultades de competencia económica a un órgano regulador sectorial puede crear contradicciones en el ejercicio de funciones del nuevo órgano de competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica. La naturaleza de la regulación del IFETEL y la de una agencia de competencia son distintas. Las declaratorias de dominancia son funciones de regulación ex ante que pudiera realizar el IFETEL con una opinión por parte de la CFCE.  Pero las facultades de regulación ex post, tales como concentraciones e investigaciones en prácticas monopólicas, no deberían estar con el IFETEL. Además, la reforma no contempla formas en las que debe coordinarse el órgano sectorial con la nueva agencia de competencia, salvo a través del poder judicial. La determinación de un juzgado especializado, mucho tiempo después, que le dé deferencia a un regulador sobre otro, no es expedito ni eficiente.
• La determinación de preponderancia con una participación de mercado del 50%, aunque expedita el proceso de determinación de dominancia, puede crear conflictos con el análisis de poder sustancial que la Ley de Competencia Económica requiere para el análisis de concentraciones y prácticas monopólicas relativas. Existe ya en el artículo 13 de dicha ley el conjunto de criterios técnicos adecuados para la determinación de dominancia en cualquier sector de la actividad económica. No creemos necesario que telecomunicaciones sea exceptuado de esta ley general, ni que esto sea parte de un articulado constitucional.
• Con el fin de promover la inversión y la competencia, es importante eliminar todas las restricciones a la inversión extranjera.  El límite a la inversión extranjera en televisión limita la posible competencia y pluralidad en un mundo cada vez más global.  
• Los lineamientos para ser candidato a comisionado deben reconsiderarse ya que impedir que ciudadanos con experiencia previa en el sector haría muy proclive a la designación de comisionados con poca experiencia en el tema.
• La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, y por lo tanto estamos a favor de la publicación de los acuerdos y resoluciones del Pleno, pero no parece adecuado que las sesiones sean públicas porque en éstas se mencionan y trabajan con datos financieros y operacionales confidenciales de las empresas. Existen opciones intermedias, por ejemplo,  que sean públicas las agendas a tratar y que hayan transcripciones escritas de las sesiones con la información confidencial eliminada.
• También se deben revisar las condiciones de comunicación e interacción entre el órgano regulador y las entidades reguladas. En un sector con cambios tecnológicos constantes, el conocimiento está en empresas y proveedores de tecnología; el eliminar este contacto resultará en que los comisionados estén constantemente desactualizados.
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