Discurso de la senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, durante la publicación de la Ley General de Víctimas.

Buenas tardes, señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto; señor Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong; señor Javier Sicilia, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; señora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, diputada Miriam Cárdenas; señores del presidium; señoras y señores.

Norberto Bobbio señala que lo que distingue a un sistema democrático de los sistemas no democráticos es un conjunto de reglas de juego; más precisamente lo que distingue a un sistema democrático no es solamente el hecho de que tenga sus reglas del juego, sino el hecho de que estas reglas sean mucho más elaboradas a través de siglos de pruebas y contrapruebas que las reglas de otros sistemas, y hayan sido constitucionalizadas.

El proceso histórico de configuración de nuestra Constitución demuestra que ciertamente hemos forjado preceptos que han sido perfeccionados a partir de los reclamos democráticos y exigencias de la sociedad en distintas etapas de nuestra historia.

Por eso es significativo que el Congreso Constituyente haya reformado la Carta Magna para establecer que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados que México como Estado Parte del Derecho Internacional,  ha aprobado.

Relevante también es el reconocimiento de los derechos de las víctimas u ofendidos; sin embargo en el marco de la obligatoriedad de la promoción, protección y garantías de los derechos humanos de  conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el Estado Mexicano tiene pendiente prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones a los derechos humanos que han sufrido las víctimas.

Es el caso, por ejemplo, de la falta de un puntual cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es notable que la Ley General de Víctimas, cuyo acto de promulgación hoy nos convoca, derive en primer lugar de la exigencia de la sociedad a conocer la verdad, a obtener la justicia, a alcanzar la reparación integral del daño y a concretar las garantías de no repetición de los hechos que resultaron de la calamidad que hoy lamentamos, y ante la cual un Estado democrático de derecho debe responder con celeridad y eficacia.

Es verdad que la Ley de referencia debe sufrir algunas reformas que la hagan plausible, sin duda, pero a la luz de los hechos pasados en donde prácticamente sufrió un veto singular, es importante que se haya resarcido el proceso de su publicación en el Diario Oficial de la Federación como consecuencia de la conclusión del proceso legislativo emprendido en el Congreso de la Unión. Ha sido grave que se haya desvirtuado la relación armoniosa entre los poderes de la Unión, que hoy se está enmendado.

La Ley reconoce que a las víctimas del delito se les han violentado sus derechos humanos.

Constituye un instrumento que obliga a las autoridades en sus distintos órdenes de gobierno a cumplir y a respetar los derechos de las víctimas desde este enfoque sustantivo y adjetivo.

Esta debe ser la razón que motive el diálogo entre funcionarios de gobierno, víctimas y sociedad para lograr la prevención y erradicación, efectivamente, de los hechos que dieron origen a las iniciativas para la reparación del daño de las víctimas que han resultado de la progresiva inseguridad pública y el incremento del crimen organizado y de la delincuencia común, así como las equivocadas políticas para enfrentarles.

La experiencia pasada nos debe aleccionar respecto de que el Estado no puede actuar con omisión, menoscabo o insensibilidad frente a las situaciones de dolor, miedo, incertidumbre o indignación a propósito de las respuestas que ha dado la autoridad, lo que ha provocado una revictimización y una comprensible decepción tanto de familiares de las víctimas y de la sociedad, respecto de sus representantes.

Un buen gobierno no puede escatimar tiempo, paciencia y sapiencia para escuchar; pero no sólo; también para fomentar la coadyuvancia de la participación de la sociedad civil, con el propósito de la construcción de la gobernanza, como señala nuestra Constitución hacia el bien común; hacia el respeto de la dignidad humana y hacia el desarrollo humano sustentable característico de un país democrático como el que está definido en nuestra Constitución que reconoce los derechos humanos de todas las personas sin discriminación de ningún tipo.

Finalmente, es imprescindible reconocer a las y los expertos de la academia, de las organizaciones de derechos humanos, del movimiento ciudadano que pugna por la paz con justicia y dignidad, de la sociedad civil organizada, quienes se han propuesto lograr esta ley  con el objetivo de fortalecer nuestro marco jurídico e impedir el crecimiento de las situaciones adversas que causan dolor y que impactan el equilibrio emocional de las familias de las víctimas, y también de la estabilidad del país.

Expreso mis respetos a su perseverancia, asumo con generosidad sus aportes, enfatizo mi compromiso con sus causas. Puedo anticipar con certeza, que desde el Senado y en particular desde la Comisión de Derechos Humanos, cuyos integrantes senadoras y senadores se encuentran hoy en este evento, compartirán conmigo esta posición y preocupación.

Porque estamos obligados, en referencia a Bobbio, a probar nuestra Constitución Política y efectivamente protegerla para que ya no tenga retrocesos, sobre todo en lo que se ha logrado en el primero constitucional.

Muchas gracias por su atención.
 
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