Versión estenográfica del mensaje del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, durante la Presentación de la Reforma con y para el Poder Judicial, en Xicoténcatl, Antigua Sede del Senado de la República.

Muchas gracias.

Quisiera darle la bienvenida a todos los asistentes.

En primer término al doctor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y a cada uno de los ministros: Juan Luis Alcántara, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez, Jorge Mario Pardo, Norma Lucía Piña, Javier Laynez, Jazmine Esquivel, Fernando Franco y Alberto Pérez Dayán.

Ministros y ministras, son bienvenidos a la casa de todos, al Senado de la República.

Saludo también con respeto, al doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República.

Y al licenciado Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico de la Presidencia de la República.

También al Tribunal Electoral. A Felipe Fuentes, su presidente; a la magistrada Janine; a Indalfer Gonzáles, a Reyes Rodríguez, a Mónica Soto y a José Luis Vargas.

A los integrantes del Consejo de la Judicatura: Rosa Elena González, Alejandro González, Jorge Antonio Cruz.

Les expresamos que están aquí también reunidos senadores y senadoras, que a su vez son presidentes de comisiones que tienen una relación estrecha con esta reforma judicial.

Las senadoras, el senador Armenta, Cristóbal Arias, Josefina Vázquez, Erandi Bermúdez, Xóchitl Gálvez, Armando Guadiana, Álvarez Icaza, Marybel Villegas, Ernesto Pérez, la senadora Beatriz Paredes, Claudia Ruiz, Jorge Carlos Ramírez, Nancy de la Sierra, Raúl Bolaños, entre otros.

También el senador Velasco, en senador Dante Delgado, el senador Mancera, el senador Osorio, el senador Kuri; que a su vez son coordinadores de los grupos parlamentarios que componen la Junta de Coordinación Política.

No es novedad, ustedes ya lo escucharon, hay voces distintas, discordes y hasta encontradas; pero esa es nuestra pluralidad, antes ni siquiera se aceptaba que hablaran. Hoy hablan y pueden decir lo que quieran, porque es parte de la libertad y de la pluralidad; no son actos acomodados, no son actos ad hoc: son actos libres que pueden expresar los coordinadores, lo que desean, aun cuando no coincidamos.

Rescatamos al filósofo francés: puedes decir lo que quieras, puedo estar en desacuerdo con lo que dices, pero defendería con mi vida el derecho a que lo digas. Eso es lo que es el Senado de la República ahora.

En julio del año pasado, finalmente dio inicio en nuestro país el largo camino hacia la consolidación democrática; reto mayúsculo, pues tiene como precondición sanear y fortalecer a las instituciones que integran el Estado mexicano.

Esa es la instrucción clara y precisa que el único y verdadero mandante de las autoridades, el pueblo, nos dio en las urnas a los poderes renovados.

En la búsqueda de este objetivo, una lección histórica de que debemos tener presente es que instituciones clave, en momentos cruciales, no estuvieron a la altura de las responsabilidades y competencias que les correspondían como garantes del respeto y la protección de los derechos humanos y de la democracia formal y sustantiva que exige una ciudadanía de derechos.

Capítulos negros instrumentados desde el poder, como la represión y las matanzas de 1968 y 1971. Los fraudes electorales de 1988 y 2006. Casos como los de Lydia Cacho, la Guardería ABC, Atenco y Ayotzinapa. Así como la práctica institucionalizada de la tortura y las desapariciones forzadas; además de formar parte de nuestra memoria histórica y colectiva, deben servir de guías que permitan reconducir nuestra actuación como Estado.

La impunidad generalizada ante estos sucesos, describe a cabalidad la ausencia de un Poder Judicial sólido, que debió ejecutar la más amplia acción correctiva de todo el sistema político.

Existían ya cimentadas, desde la Constitución, medios de control que pudieron evitar en gran medida la repetición de esos atentados a la dignidad humana. Por ejemplo el juicio de amparo, la acción por violaciones graves de garantías individuales, reservadas en ese entonces a la Suprema Corte y, con posterioridad al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano

Esta es una de las primeras tareas de un Tribunal constitucional, y de un Poder Judicial en una democracia.

En la región latinoamericana se han logrado superar capítulos semejantes, a través de la fuerza del derecho y de las instituciones:

Al cumplirse 40 años del golpe de Estado en Chile; el 4 de septiembre de 2013, la Asociación Nacional de Magistrados dio a conocer una declaración pública en la que pedía perdón a la distancia, a las víctimas, a sus deudos y a la sociedad chilena por las acciones y omisiones impropias de la misión de una Judicatura en la protección de los derechos humanos de las personas dejadas en la indefensión; así como por haber claudicado en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso Estatal.

Por su parte, el 6 de septiembre siguiente, el presidente de la Suprema Corte de ese país, el ministro Ballesteros, extendió una misiva en la cual reconoció que muchos de esos atropellos, que efectivamente ocurrieron en parte, se debieron a la omisión de la actividad de los jueces de la época. Y, cito: “que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas, las que por cierto, ofenden a cualquier sociedad civilizada, pero principal de la Corte Suprema de entonces, que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas desde que ella no podía ignorar su ofensiva ocurrencia”. Termina la cita.

Así, dese el Poder Ejecutivo se reconoció que muchas instituciones y medios, fueron cómplices pasivos de estos sucesos, que sabían y no hicieron nada o que no quisieron saber y tampoco hicieron nada. Hubo jueces que se dejaron someter.

En nuestro país la reforma de diciembre de 1994, pretendió manejar el andamiaje jurídico a fin de que el Poder Judicial de la Federación contara con instrumentos más eficaces para cumplir con su alta función.

En principio, a partir de la adecuación integral del marco constitucional y legal, dotando de mayor eficacia a las competencias de la Suprema Corte para maximizar la posibilidad de concentrar su actuación en el papel que le es asignado en las democracias consolidadas, como último intérprete del Sistema Jurídico Nacional y así lograr la materialización de los valores y principios democráticos que permitan vencer las asimetrías lacerantes que históricamente han dividido a los mexicanos y a las mexicanas.

Sobre todo en el reconocimiento y la protección de la dignidad humana, así como en la potenciación de los derechos programáticos: la educación, la salud, la vivienda, el medioambiente.

En esa ruta, se consideró necesario la creación de un órgano rector para profesionalizar la carrera judicial a través de la vigilancia y la disciplina del desempeño de los jueces y la administración judicial, que fue el Consejo de la Judicatura Federal.

Han pasado 24 años de aquella reforma, y los esfuerzos institucionales se han concentrado en robustecer en el orden constitucional el respeto, la promoción y garantías de los derechos humanos y el debito proceso, así como el juicio de amparo.

Sin embargo, ha quedado como asignatura pendiente la reforma que permita dotar de contenido al bloque de constitucionalidad, a través de una judicatura ética, profesional, independiente, e imparcial.

Debemos reconocer, a más de dos décadas, que se distorsionaron en gran medida los propósitos de la reforma del 94, que motivaron la creación del Consejo de la Judicatura Federal.

Y hay ejemplos que dan testimonio de ello: los exámenes de oposición para las categorías de magistrados de circuito y jueces de distrito que mandata la Constitución, no han garantizado las cualidades inherentes a la función del legislador.

Muy excepcionalmente se ha obedecido la instrucción del constituyente de realizar exámenes abiertos al foro, que permitan visiones de la justicia distintas de la de quienes se forman en la carrera judicial, la cual ha generado una estructura endémica que no ha hecho posible que el Poder Judicial se nutra de habilidades y capacidades, de abogados postulantes y litigantes o académicos.

Con ello, además se fomentó la desigualdad de género y se omitió erradicar a los demás escalones de la carrera judicial.

De igual forma, no hay verdadero concurso de oposición para optar a las categorías de actuarios y secretarios de juzgados y tribunales, lo que ha permitido que los titulares de los órganos judiciales determinen el perfil de quienes eligen para esas categorías, a través de exámenes de aptitud ordinario, que no permiten visualizar las capacidades efectivas que se lograrían con los exámenes de oposición, asegurando su objetividad y profesionalismo.

La ausencia de un Servicio Civil de Carrera Administrativa en el propio Consejo de la Judicatura, en las administraciones de circuitos judiciales y en tribunales y juzgados, ha permitido la reprobable práctica del nepotismo de titulares y secretarios, contrarias a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en sus artículos 8 y 9, respecto del Código de Conducta de los Servidores Públicos y la gestión de la Hacienda Pública y al Código Iberoamericano de Ética Judicial, que exigen en la Función integridad, responsabilidad institucional y honestidad profesional.

Se han presentado a últimas fechas, para burlar a la ley, los llamados “actos de nepotismo cruzado” para no incurrir en responsabilidad.

Estos casos que están documentados en muchos temas, de vínculos familiares entre titulares y demás funcionarios en circuitos judiciales, y aún más graves casos de corrupción judicial, en asuntos muy sensibles para la sociedad, por los derechos que involucraban.

Estamos conscientes de que hay muchos casos ejemplares de independencia. También reconocemos que en muchos jueces y magistrados hay honestidad, hay profesionalismo y hay imparcialidad en el desempeño judicial, los cuales sí debemos reconocer.

No obstante, tenemos que seguir fortaleciendo los mecanismos que permitan la no condicionalidad de las decisiones judiciales respecto del poder político, así como de poderes facticos, bajo la apariencia de litigantes que pueden influir en su actuar.

Bajo ese enfoque, se deben desarrollar normativamente instrumentos que impidan que la justicia se aplique de manera arbitraria para favorecer intereses personales o facciosos, librándola de cualquier negociación o compromiso.

Las condiciones imperantes, han generado en gran medida la falta de confianza en la independencia, justicia e imparcialidad judicial en los estándares éticos e los jueces.

No hay confianza en que estos estén luchando para proteger los valores constitucionales, sino que se piensa que están trabajando por su propio poder e intereses.

La independencia judicial no se puede sustentar exclusivamente en el desarrollo y el fortalecimiento de mecanismos de estabilidad, de impartidores de justicia, como la inamovilidad y el salario. Exigen criterios objetivos de profesionalización y estándares éticos de todos los que participan en esta alta función.

Las reformas no han conseguido a la fecha, tal vez por la constante crítica que se hace a los jueces por su carácter antimayoritario, que los integrantes de la magistratura asuman la convicción de que deben aportar soluciones a los grandes problemas de nuestra democracia sustantiva.

Se fue generando un innegable e inconveniente hermetismo por parte de los juzgadores hacia los destinatarios de sus decisiones.

Por otro lado, se ha puesto un especial cuidado en el crecimiento de la infraestructura material y humana para combatir el incremento de la litigiosidad, pero se desatendieron sus causas.

En esta Legislatura, tenemos la responsabilidad histórica de elaborar, de proponer y de acordar con ustedes el andamiaje normativo para favorecer que los jueces se dirijan con absoluta visión de igualdad e inclusión, justicia social, protección especial en a grupos en situación de vulnerabilidad, paridad de género, favorecimiento de máxima publicidad de información y, por supuesto, el derecho a la verdad, entre otros elementos de equilibrio funcional de la sociedad.

En su concepción más nítida, la justicia constitucional debe participar de la acción integral del Estado directa y originalmente. La tutela judicial de los derechos humanos en síntesis, tiene que participar con mayor vigor en la erradicación de las profundas asimetrías que aún conservamos como sociedad, márgenes de pobreza y falta de oportunidad, inaceptables en una sociedad de derechos.

La tolerancia, el respeto a la pluralidad ideológica y a los intereses diversos, son exigencias de una ciudadanía cada vez más participativa, plural y democrática.

Los desafíos para enfrentar los cambios que experimenta la realidad social en los distintos ordenes, y para lograr la realización social en sus distintos factores, se requiere la realización plena de estos proyectos que juntos debemos de realizar.

Quiero expresar, con toda claridad y contundencia, la actitud del Presidente de la Corte. Su autocrítica me parece correcta.

Su valentía, aceptar que ha habido casos que tienen que resolverse y atenderse; y haber aceptado esta reunión junto con los ministros de la Corte, me parece un buen principio, un buen comienzo, una buena jornada que nos espera.

También debo decirles, he sido legislador en nueve legislaturas, nueve, esta es la octava, debo decir, con la mayor nitidez, nunca había visto una autonomía tal como ahora.

Nunca ningún Ejecutivo Federal le dio tanto respeto a la Corte.

Nunca un Presidente se había comportado a la altura del equilibrio de poderes. Por eso creemos que el Ejecutivo Federal está cumpliendo en los hechos con su mandato y su compromiso.

Equilibrio real de poderes, respeto a la autonomía de los mismos y camino de manera conjunta para construir un mejor país.

A todos mi reconocimiento y mi respeto, e iniciamos la tarea de construir juntos el andamiaje jurídico.

No queremos imponer, no queremos de ninguna manera generar exigencias impropias a la propia estructura del Poder Judicial; por eso este camino nos pareció el más correcto y el más fácil para construir en armonía y en consenso reformas que la sociedad exige y que necesitamos construir en el corto plazo.

Nos hemos propuesto de aquí a enero tener un borrador de estas reformas. Ya lo dijo Germán, 100 iniciativas entre las dos Cámaras, de Diputados y de Senadores, 100; 99 iniciativas que iniciaremos por construir.

En la Junta de Coordinación, tendremos un grupo de alto nivel, a propuesta de los coordinadores, y por la parte del Poder Judicial esperamos que designen para poder iniciar la redacción y la construcción de este andamiaje jurídico, con la participación de la Fiscalía General y la representación del Jurídico de Presidencia de la República o su representante.

A todos, por su asistencia, muchas gracias.

Que sea para bien del país, para bien de la República.

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