Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Versión estenográfica de la exposición de la doctora Loretta Ortiz Ahlf, integrante de la terna para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Pleno del Senado de la República.

Señor Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama.

Honorables senadoras y senadores de los diversos grupos parlamentarios que integran esta Legislatura.

En primer lugar, como mujer, agradezco y me enorgullece la oportunidad de promover la paridad de género en las instituciones federales. Especialmente, en los espacios de toma de decisiones e impartición de justicia.

Lograr la paridad de género, es una responsabilidad que tenemos todas y todos, por la cual afortunadamente, hemos avanzado muchísimo en los Poderes Legislativo y Ejecutivo.  Sin embargo, en el Poder Judicial estamos muy lejos de alcanzar una justa paridad.

Esta carencia es especialmente notoria en su cúspide, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como sabemos, actualmente de los 11 ministros sólo dos son mujeres, de las cuales, una de ellas termina su periodo este próximo febrero; por lo que a partir de entonces, efectivamente, quedará sólo una mujer en Alto Tribunal.

Desgraciadamente, vivimos en un país donde ser mujer no sólo es un motivo de discriminación y exclusión, sino que incluso es un factor de riesgo.

Como resultado de lo anterior, tenemos un México donde se han emitido alertas de género en diversos municipios, de 16 estados, con 12 estados más bajo este procedimiento. Esta gravísima realidad se refleja en una enorme tragedia: cada 24 horas, mueren siete mujeres por causa del feminicidio. Esto es inaceptable.

Sin embargo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, denuncia que sólo un 30 por ciento de los casos llega a ser investigado y juzgado bajo los protocolos propios de feminicidio.

La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció en 2015 este fracaso institucional, a través del amparo en revisión 554/2013, con respecto al feminicidio de Mariana Lima Buendía.

Sabemos que la violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo, en la cual social, culturalmente y de facto nos han encasillado con respecto de los hombres.

Por lo tanto, no sólo es vital que desde esta Alta Cámara se proyecte un posicionamiento que recalque la importancia de fortalecer el acceso, paridad, igualdad y equidad de las mujeres, en la educación y en el mercado laboral. Sino que además, reconozca que concretamente el Poder Judicial necesita esforzarse en cumplir el compromiso de paridad de género para incorporar la visión de mujeres capaces en las labores de impartición de justicia, y que puedan enriquecer la función judicial al juzgar con perspectiva de género.

Esta es una deuda histórica que tenemos pendiente, con todas nuestras mujeres y con la sociedad en su conjunto. En esta exposición, me permito resaltar que a lo largo de mi trayectoria académica y profesional, he logrado concebir una visión integral y profunda de los asuntos materia del ejercicio jurisdiccional del Alto Tribunal, así como de su trascendencia en la vida del país, de las instituciones y de todos los mexicanos.

Principalmente, en virtud de mi especialización en Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Advierto claramente, los retos que supone para nuestro país y, en concreto para el Poder Judicial, garantizar los estándares más altos de protección de los derechos humanos.

Es fundamental reconocer que la era de globalización en la que vivimos, tiene fuertes ramificaciones en diversos aspectos de la vida de nuestro país; influyendo en gran medida en el ámbito jurídico. Principalmente, el derecho internacional de los derechos humanos, ha impactado de manera creciente los sistemas jurídicos en el mundo y por lo tanto, el trabajo cotidiano de nosotras y nosotros, los juristas.

Estamos frente a la evolución inminente e inevitable del panorama jurídico de nuestro país, por lo que se requiere que el Estado mexicano preste la debida consideración a las diferentes maneras en que cumpliremos con la implementación de nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

A mi modo de ver, el reconocimiento de esta nueva era jurídica en nuestro país, comenzó formalmente en el año 2011, cuando el Pleno de esta honorable Cámara Alta aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, considerada por muchas y muchos estudiosos del derecho, incluida su servidora, como una de las más importantes de nuestro país en tiempos recientes.

Como es de su conocimiento, la reforma del 2011, modificó la denominación del capítulo 1º de nuestra Constitución, así como el contenido de 11 diversos artículos; esto con el fin de incorporar los derechos humanos de fuente internacional al bloque constitucional, y con el objetivo de atender tareas pendientes relacionadas con los derechos humanos.

La trascendencia de esta reforma, reside en la forma que revolucionó nuestro orden jurídico nacional, al marcar un parteaguas en la creación y desarrollo de estándares constitucionales.

Recordemos que apenas un mes después de su publicación, la reforma al 1º constitucional, ya marcaba una diferencia significativa en los parámetros bajo los cuales las y los ministros ejercieron el control de convencionalidad al analizar y determinar las implicaciones jurídicas de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco.

Así, el Alto Tribunal en Pleno, resolvió que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar por los derechos humanos, contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Dos años después, con la contradicción de tesis 293, 2011, la Corte dio un paso adicional hacia la construcción de un marco jurídico más garantista; transitando a un esquema dentro del cual, la fuente u origen de los derechos humanos, resulta irrelevante en términos de jerarquía, pues cualquier antinomia que se dé en el sistema jurídico deberá resolverse con base al principio pro persona.

Dicho de otro modo, una vez que un tratado internacional se incorpora en nuestro orden jurídico, los derechos humanos que éste contiene, se integran en automático en el catálogo de derechos que funge como parámetro de regularidad constitucional.

También bajo esta lógica, los criterios emanados de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, serán vinculantes para las y los jueces nacionales, ya que dan claridad y dotan de contenido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por lo tanto, para efectos de dimensionar la complejidad de este cambio de paradigma, partimos de que gozamos todas y todos los mexicanos de los derechos. No se agotan los 136 artículos constitucionales, sino que éstos se complementan con el contenido de 210 tratados internacionales en los que se reconocen derechos humanos que han sido ratificados por el Estado mexicano.

Adicionalmente, contamos con 365 criterios emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre casos contenciosos e interpretaciones de sentencias, de las cuales 10 resoluciones han sido dirigidas hacia el Estado mexicano.

En consecuencia, la extensión del bloque constitucional en nuestro sistema jurídico es amplísima e impone los más altos parámetros de validez para quienes defendemos el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Frente a este panorama, resulta indispensable integrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación perfiles con alta capacidad jurídica-analítica para interpretar y aplicar principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos, a partir de una formación sólida, un conocimiento extenso del Sistema Jurídico nacional e internacional, y con dominio en los mecanismos de protección de la persona y de los derechos humanos en los sistemas jurídicos, regionales y universales.

Lo anterior, para reforzar la política de proyección del Alto Tribunal como un líder y referente nacional e internacional en materia de derechos humanos.

La incorporación de una ministra con esta visión y misión en el Alto Tribunal resulta imperante, dado que es evidente la discordante asimetría que existe entre este corpus iuris y la realidad en que vivimos.

Me parece rotundamente inaceptable que a siete años de haber reconocido formalmente el inicio de esta nueva era garantista, nos encontremos hundidos en cifras de impunidad, incompatibles con toda noción de un genuino Estado de Derecho.

Según el Índice Global de Impunidad, en 2017, México ocupó el lugar 66 de 193 estados en materia de impunidad.

Esta impunidad, nos duele profundamente a todos los mexicanos, ya que es lo que nos ha llevado a la perpetuación de los ciclos graves de violaciones a los derechos fundamentales.

Es una verdadera tragedia que vivimos en una época marcada por la creciente normalización de la violencia entre los mexicanos, de recurrentes casos de desaparición forzada, feminicidios, asesinatos, secuestros, tortura, violencia sexual, nuevas formas de esclavitud, persecución, desplazamiento forzado, discriminación, entre otros, en los cuales la justicia ha sido la excepción y la impunidad virtualmente la garantía.

Enfatizo, de manera vehemente, que todas las personas tenemos una obligación moral de frenar estos ciclos viciosos, impunidad e injusticia.

En mi caso particular, este es un compromiso personal muy arraigado, por lo cual manifiesto abiertamente que de ser investida con la gran responsabilidad que me convoca ante ustedes hoy, esta causa será mi principal mandato, porque este país ya no puede posponer ni simular la justicia ni un solo día más.

Durante toda mi vida profesional he sido una apasionada impulsora de los derechos humanos, con especial dedicación a proteger los derechos de las víctimas y de grupos vulnerables, potenciando los principios de igualdad, equidad y progresividad de éstos.

Consiguientemente considero primordial hacer hincapié en la importancia de garantizar el derecho de acceso –subrayo– efectivo a la justicia, ya que desde ahí se erigen los pilares del Estado de derecho.

Al respecto celebro la reciente jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, en noviembre del 2017, al resolver el Amparo Directo en Revisión 3646/2013.

Esta Jurisprudencia es relevante porque denota la progresividad sobre el entendimiento integral de este derecho fundamental, al establecerse parámetros de eficacia para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva de cada una de las etapas procesales, para revertir los patrones de indefensión en los que se encuentran ciudadanos frente al poder del Estado, especialmente los miembros de las poblaciones y grupos más vulnerables.

De ser investida con la responsabilidad que me convoca ante ustedes hoy, pretendo velar por la constante renovación progresista de este y todos los derechos fundamentales de manera inclusiva, para que de esta manera podamos cerrar las brechas de la desigualdad, y acortar las distancias entre las mexicanas y mexicanos, dentro de un marco normativo garantista.

Por otro lado, considero pertinente ahondar sobre la importancia del derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, requisito sine qua non que recae directamente tanto en la institución como en los individuos que la conforman.

Como todos sabemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra el principio de la igualdad ante la ley, el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia, y el de ser oída públicamente y con justicia, por un tribunal establecido por ley.

El numeral 10 de los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura, establece que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas, y tendrán la formación o calificaciones jurídicas apropiadas.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que la independencia de cualquier juez, supone que se cuente con una garantía contra presiones externas.

Aquí, subrayo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos valora la preparación o formación académica, como una forma de evitar la incidencia respecto de presiones externas.

Este razonamiento es compatible con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el artículo 95, se prevé la preferencia de que el nombramiento de ministros recaiga en personas que se hayan distinguido –subrayo– por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, como lo es el de la Academia.

En este sentido, al terminar su periodo José Ramón Cossío Díaz, dejó en el Alto Tribunal una vacante de ministro que ocupaba un académico de origen –subrayo de origen– y que fungía como equilibrador, tanto en la Primera Sala como en el Pleno.

Por lo tanto, sostengo que tendría mucho valor incorporar a una académica como su servidora, para fortalecer la función judicial mediante una visión basada en la ciencia jurídica.

Por otro lado, nuestro cuerpo constitucional no contempla la militancia política como un impedimento para la elección de jueces. Incluso la misma Comisión Interamericana ha señalado que factores como la participación en un partido político no pueden considerar restricciones absolutas, ya que configuraría la obstaculización de un derecho político electoral y ésta sería incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Entonces, prejuzgar la idoneidad de una candidatura, dejando de lado los méritos, cualidades profesionales y la integridad de la persona aspirante, no sólo implicaría un alto grado de discrecionalidad, incluyendo requisitos extralegales, sino que además configuraría una violación a derechos humanos.

Al trasgredir el derecho a la igualdad de condiciones y no discriminación, recogido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el cual establece que no debe existir una diferencia de trato por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole.

Sin embargo, en señal de mi compromiso con la aspiración a la alta responsabilidad e investidura del cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el ánimo de dejar cualquier duda sobre la posibilidad efectiva de mi actuación independiente, el pasado lunes presenté formalmente mi renuncia al Partido Morena.

Finalmente, no puedo dejar de mencionar que nos encontramos en una coyuntura histórica, en la cual se advierten posiciones encontradas en la relación entre los tres poderes de la unión.

En este sentido, me permito hacer un respetuoso llamado a recordar las imperantes palabras del presidente Vicente Guerrero: “la patria es primero”.

En esta tesitura que la votación que tienen ustedes en puerta, honorables senadoras y senadores, cobra gran relevancia, dado que el Poder Judicial de la Federación cuenta con una facultad estabilizadora de vital trascendencia para la vida democrática del país y para la existencia del Estado de Derecho.

De ser investida con esta solemne función, velaré para que de manera conciliatoria prevalezca el diálogo y la unión entre los poderes.

Que se busque tender puentes de cooperación y colaboración plurales, que son necesarios para cumplir cabalmente las obligaciones y responsabilidades conferidas en el Gobierno de la República por el pueblo de México, quien es el único soberano.

Adicionalmente recalco que mi visión y misión es fomentar una justicia más cercana al pueblo de México y a la sociedad civil organizada para que esto, a su vez, contribuya al fortalecimiento y recuperación de la confianza en las instituciones judiciales.

Para cumplir este propósito, una de mis prioridades será sostener y promover una política de tolerancia cero ante la corrupción, el tráfico de influencias y el nepotismo en todos los niveles del Poder Judicial, así como en todos los ámbitos de la administración pública.

De ser honrada con esta suma responsabilidad, pondré al servicio de la sociedad y de la justicia, toda mi experiencia, conocimientos y dedicación, para la construcción de un auténtico Estado de Derecho.

Me conduciré de manera independiente, imparcial y objetiva. Me regiré exclusivamente en base al Derecho positivo y convencional mexicano y tendré como máxima autoridad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Confío en que mi trayectoria profesional y académica dé constancia de mi probidad como jurista, cuya genuina aspiración es contribuir a que, en nuestro país, todas y todos los mexicanos podamos vivir pleno goce y disfrute de nuestros derechos humanos.

Por lo anterior, senadoras y senadores, les pido su voto. El voto que ustedes me confíen será el voto por una mujer que defienda a las mujeres y a las poblaciones vulnerables.

Será el voto por una ministra mujer y que proteja con experiencia y conocimiento profundo los derechos humanos y el libre e igualitario acceso a la justicia.

El voto que ustedes me confíen será para una ministra que actuará en contra de la impunidad, la corrupción, el nepotismo y el influyentismo.

El voto que me confíen será para una ministra que ama, sobre todas las cosas, a México.

Con esto doy por concluida mi intervención, no sin antes agradecer esta oportunidad de su tiempo y consideración, honorables senadoras y senadores.

Muchas gracias.

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