Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Versión estenográfica de la exposición de la doctora Celia Maya García, integrante de la terna para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Pleno del Senado de la República.

Ciudadano Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva.

Senadoras y senadores:

Es un alto honor comparecer ante la Cámara Alta del país. Saludo en ustedes no sólo a los legisladores que personifican el Pacto Federal; sino a quienes representan la consciencia de los grandes intereses de la pluralidad de México.

Me honra, como mujer y como jurista, formar parte de la propuesta por el ciudadano Presidente de la República, para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entiendo que la propuesta es como una afirmación al Federalismo, así como un reconocimiento a los poderes judiciales de las entidades de la República. Me inspira la figura del queretano Ezequiel Montes, ministro de la Suprema Corte; quien grabó su nombre en la consciencia de todo jurista que defiende el Estado laico y la soberanía de la República.

Vengo aquí con profunda honestidad, para decirles: quiero ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, cuento con la pasión y convicción que hoy necesitan las instituciones públicas; y tengo claro que la Reforma de la Suprema Corte debe ser la antesala de la reforma de la justicia en nuestro país.

Vengo desde la modestia de mis orígenes y ajena a cualquier opulencia, a invocar ante ustedes el espíritu de la Constitución de Cádiz de 1812; que dotó de forma primigenia al Congreso, de facultades de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de la soberanía.

Y como más tarde lo expuso el insigne Servando Teresa de Mier, en 1824.

Los primeros ministros de la Suprema Corte, provenían de los estados y eran propuestos al Presidente para su elección, por el  Congreso. En medio de la convulsa historia de nuestra naciente nación, la Suprema Corte vendría a ser, desde entonces, uno de los pilares de la República y expresión auténtica de nuestro Federalismo.

Al Federalismo me adscribo, en estos tiempos de rigores y desafíos de la República.

Con la primera Suprema Corte, se cimentaría la línea liberal que pervive hasta nuestros días. Aun en la inestabilidad política del siglo XIX, con la oleada de motines, asonadas, golpes de Estado y rebeliones; esa primera Suprema Corte de Justicia fue un baluarte de las libertades individuales y de defensa de los estados.

La Constitución de 1857, con la primera época, daría al país su estirpe libertaria, que mantuvo aun en la encrucijada de la dictadura de Porfirio Díaz.

Fue la Suprema Corte, desde sus inicios, y todavía en la época previa a la Revolución de 1910, una creadora de conceptos jurídicos que desarrollaron nuestras libertades, distinguiéndose por imprimir una vocación social a su quehacer.

De la restauración de la República de 1867 a 1876, con la elección popular de los ministros y la vicepresidencia del Poder Ejecutivo, depositada en el titular de la Corte, se enlazaba a la institución a la lucha por el poder político.

En la Revolución de 1910, si bien la Suprema Corte ya se había automodelado en su función controladora por medio de las sentencias de sus jueces, adquirió mayor fuerza al dejar atrás la estela de dependencia y subordinación a los intereses del titular de la presidencia en turno.

Yo comparto la idea de independencia, que debe ser indeclinable en cada ministro y en la máxima autoridad judicial del país.

Una de las herencias más loables de nuestro sistema de justicia federal, lo ha sido la centralización de la justicia, por medio del llamado “amparo judicial”, que ha sido la vía para darle coherencia y unidad al ordenamiento constitucional en todo el país.

No feudos, no grupos de poder, no cacicazgos, no dependencias. Considero que este legado es digno de conservar en cada sentencia que se dicte por los ministros y cada uno de los jueces y magistrados.

Estoy convencida de que todavía necesitamos depurar nuestro juicio de amparo y llevarlo a estadios superiores de perfección, para que siga siendo la institución jurídica que ha distinguido a México en el mundo.

La jurisprudencia fue creada en la Ley de Amparo de 1882, en las presidencias de Ignacio Vallarta e Ignacio Mariscal.

Se interrumpió en 1898, con el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Se reinstauró en 1908.

En 1951 se constitucionalizó, y se perfeccionó en 1967, ampliando los órganos de creación y la obligatoriedad de la jurisprudencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser quien dicte la última palabra en la definición de la Constitución, y al mismo tiempo debe liberarse de la enorme carga de asuntos que debe de resolver a diario.

Realmente se debe de enfocar a la trascendente misión de interpretar la Constitución y contribuir al equilibrio de los Poderes de la Unión.

Un juez, un magistrado, un ministro no puede afirmar que tiene un programa ideológico o político, su programa es la justicia. Y yo abrevo de grandes juristas como Mariano Otero, que desde el Acta de Reformas, inspirado en Tocqueville, sentó las bases del juicio de amparo, al igual que en el estado de Yucatán lo hizo el jurista Manuel Crescencio Rejón.

De Manuel de la Peña y Peña, que mantuvo la institucionalidad de la Corte en medio de la invasión norteamericana. Y más tarde Vallarta, desde la Presidencia de la Corte.

Está de más decir lo que representa para la Suprema Corte de Justicia, el emblema de Juárez, y que yo lo comparto.

Como ministra de la Corte, creo que lo esencial será que esta institución sea un órgano que sirva a la independencia de los poderes, pero sin perder su sentido de compromiso, con las libertades civiles y económicas de los ciudadanos.

Los Poderes Supremos de impartición de justicia en las democracias dan independencia, pero también estabilidad. Una y otra son necesarias en un Estado democrático de Derecho.

La Constitución y las leyes exigen juzgadores imparciales, pero no neutros ni autónomas, que aplican las leyes sin considerar el contexto de las sociedades.

No me adscribo a una escuela de pensamiento para juzgar, creo que tan válido es interpretar, atendiendo al contexto histórico de la norma, como a los fines actuales de la misma, dictados por los legisladores.

Es importante la formalidad positivista, pero también lo es el no olvidarse de la vida real y esencial de las personas que piden justicia.

La teoría en el derecho es determinante como lo es la jurisprudencia, que nace de los problemas concretos.

Hay que buscar la utilidad de la norma, sin que se instrumentalice al margen de los valores.

Pero el jurista, y más en su papel de juzgador, no debe quedarse en la interpretación de las leyes y de la Constitución, sino hacer la integración, que es un puente adicional al desentrañar el sentido de la norma, en la tarea hermenéutica mejor pecar de eclecticismo que de purismo jurídico.

En la interpretación del máximo órgano de justicia, deberá estar presente el que vivimos en una era de globalización, que no admite islas en el derecho.

Una Corte debe ser más que los ministros en lo particular y debe entender el momento que vive el mundo.

Los tratados y convenciones, lejos de verse como ataques a la soberanía del Estado mexicano, deben verse como nuevas herramientas para hacer justicia.

Actualmente, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, vive el mayor desafío de la postrevolución de 1910-1917.

Tal vez, apenas la preparación, la honestidad y la denodada tarea diaria de cada uno de los ministros, sea la mejor respuesta a los desafíos.

Tenemos un nuevo Sistema de Justicia Penal, que requiere ser perfeccionado a diario, es prematura su valoración, pero precisamente los jueces, magistrados y ministros, pueden aportar a sedimentar los aciertos y corregir las fallas.

En un país de jurisdicción federal y estatal, mantener la coherencia entre la ley y la eficacia en la persecución de los delitos y en su castigo, es un gran desafío, pero es tarea de los juzgadores de todos sus ámbitos, que el nuevo procedimiento acusatorio sea un derecho vigente para combatir el crimen y mantener las libertades constitucionales.

México está viviendo hoy un momento de importancia histórica, tanto en términos de democracia como de desarrollo económico y social, porque se está planteando la redefinición del orden institucional, que durante 309 años ha venido respondiendo al modelo económico neoliberal, modelo que dejó al país en un estado de quiebra social y económica.

Si nos atenemos a los niveles de pobreza, desempleo e inseguridad, además de no responder a los requerimientos básicos de educación, salud, vivienda y de apoyo a los jóvenes y a los adultos mayores. Por el contrario, tenemos incremento en los delitos de toda índole.

Así que todo esto ha provocado un fuerte reclamo por las diferencias y deficiencias en la procuración e impartición de justicia, porque hay que tener claro que la justicia anda sobre dos piernas: una es la procuración y la otra es la impartición y si una de las dos piernas falla, la justicia renquea y no puede cumplir con su cometido de manera cabal.

Enfrentar esta problemática requiere de una reforma profunda de nuestras instituciones, empezando por la manera de ver y hacer las cosas.

Un cambio verdadero implica a todos los poderes del Estado y a todos sus niveles, Así que el Poder Judicial no puede quedar exento. Si no se involucra de manera consciente y responsable, lo será por la fuerza de las cosas.

Así que habrá que dejar la autocomplacencia y comenzar por una autocrítica severa que nos lleve a estar a la altura del reto que tenemos enfrente y que ya no podemos soslayar.

Básicamente, el país se propone un cambio de régimen, dejando atrás el proyecto neoliberal y retomar el de justicia social. Pero ahora sí de una manera sustancial, para lograr un país con un desarrollo social más justo.

Sería bueno que en la realización de esta tarea hubiera colaboración entre los poderes del Estado, cuya función es diferente pero complementaria para la integración de una verdadera República, en donde los ciudadanos puedan contar con un Poder Judicial que los respalde y no tengan que andar agachados, pidiendo favores, moviendo palancas, perdiendo el tiempo y recursos, por una administración de justicia torpe y harto burocrática y puedan contar con una justicia pronta y expedita, como manda la teoría.

En fin, requerimos de un Poder Judicial que no ignore el contexto social ni pretenda sustraerse a esto, lo que a mi ver es lo único que nos llevará a construir un país con la justicia que aspiramos y al que México merece.

Senadoras, senadores:

La que les habla quiere participar con todo ahínco, convicción y fe en la construcción de esa justicia. Denme la oportunidad, que desde el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda servir a mi país, México, en esa tarea que tenemos pendiente.

Muchas gracias.

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