SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL MARTES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:06 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y señores Senadores.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 76 ciudadanos Senadores.
En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del martes 11 de septiembre correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.
El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.
El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: (Desde su escaño) Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: A ver, permítame tantito.
Sonido en el escaño del Senador Erandi Bermúdez.
¿Con qué objeto, Senador?
El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Para solicitarle, en la manera que usted vea conveniente, solicitar un minuto de silencio en memoria de don Javier Usabiaga Arroyo, que fue legislador del Congreso mexicano en la LVIII y en la LXI Legislaturas, que falleció el día 9 de septiembre.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Con todo gusto.
El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: (Desde su escaño) Gracias.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Vamos a terminar el trámite de votación, y con todo gusto procederemos a recoger su petición.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la Asamblea anterior.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobada el acta, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: (Desde su escaño) Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño de la Senadora Citlalli Hernández, por favor.
¿Con qué objeto, señora Senadora?
La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.
Pues, en el mismo sentido de solicitar que podamos, desde el Senado, también emitir un minuto de silencio por el asesinato de Salvador Allende, que hoy se cumple un año más, en Chile.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muy bien, Senadora.
Recogemos la solicitud.
Antes de pasar al siguiente punto, vamos a dar trámite de las solicitudes de los Senadores José Erandi Bermúdez y la Senadora Citlalli Hernández.
En el orden que fueron planteadas, vamos a hacer la siguiente solicitud.
Solicito a las Senadoras y Senadores ponerse de pie para rendir un homenaje a don Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, quien falleció el día de ayer.
(Todos de pie)
(Se guarda un minuto de silencio)
Muchas gracias.
Les ruego a las Senadoras y Senadores mantenerse de pie para guardar un minuto de silencio en homenaje del Presidente Salvador Allende, quien falleciera en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en Chile.
(Todos de pie)
(Se guarda un minuto de silencio)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Pueden tomar asiento.
Pasamos al siguiente punto.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibieron las siguientes comunicaciones.
Una, de la Junta de Coordinación Política por la que informa que el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué.
Y una, del Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, por la que informa su decisión de formar parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
La Asamblea ha quedado enterada.
Comuníquese a las Secretarías Generales del Senado.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones.
Una, del Senador Dante Delgado Rannauro, por la que informa la incorporación del Senador Juan Quiñones Ruiz al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Y una, la que suscribe a su vez el Senador Juan Quiñones Ruiz por la que informa su incorporación a dicho grupo parlamentario.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
La Asamblea ha quedado enterada.
Comuníquese a las Secretarías Generales del Senado.
Pasamos al siguiente punto.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que se nos hace llegar el Informe de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
Informo a la Asamblea que dicho Informe se ha distribuido ya entre las Senadoras y los Senadores a través de los respectivos grupos parlamentarios.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados por el que comunica la designación de los legisladores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México como Consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
La Asamblea ha quedado enterada.
Compañeras y compañeros Senadores:
Les informo que a las afueras de la Cámara de Senadores se encuentra un grupo de personas en representación de la Unión Nacional de Trabajadores que solicitan ser recibidos y atendidos por una comisión de Senadoras y Senadores.
En la reunión de la Mesa Directiva acordamos conformar un grupo plural de Senadoras y Senadores, con representación de todas las bancadas para recibir a la representación de la Unión Nacional de Trabajadores.
En consecuencia, se solicita a los coordinadores y coordinadora de los grupos parlamentarios designar a los legisladores de su respectiva bancada para que se reúnan con las personas que se encuentran en el exterior de este inmueble en la sala de juntas de la Mesa Directiva, y posteriormente informen a la Asamblea del resultado de la entrevista.
Gracias.
Honorable Asamblea:
A fin de dar cumplimiento al resolutivo primero del acuerdo que establece las normas para el análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, iniciamos dicho análisis este día con la materia de la “política social” conforme al numeral 4, del resolutivo segundo, del acuerdo aprobado, realizaremos dos rondas de oradores.
No obstante que inicialmente se acordó que cada ronda fuera de diez minutos por orador o por oradora, se ha consultado con los coordinadores el objetivo de que se mantengan las dos rondas, pero con cinco minutos cada una.
Iniciaremos con la participación del Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria.
Tiene usted la palabra, señor Senador.
El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, por favor.
El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Nos convoca ahora la glosa del Sexto Informe Presidencial, y vamos a iniciar hablando sobre el tema de la “glosa social”. Y quiero sintetizar en una sola expresión un tema muy complejo.
En mi opinión, estamos ante un sexenio de fracaso ante el hambre y la pobreza.
En los compromisos firmados frente al Notario Público por el entonces candidato Enrique Peña Nieto, se firmó un compromiso ante el notario, y ese compromiso decía, entre comillas, “hambre cero: erradicar la pobreza alimentaria”.
También para hacer frente a ese trabajo, los primeros años se echó a andar la Cruzada Nacional Contra el Hambre. La verdad es que al tiempo visto, el resultado final ha sido un fracaso. Hoy, prácticamente ya nadie recuerda la cruzada.
Y los spots del Sexto Informe difícil nos pueden hacer convencer de que “el hambre cero” ha sido logrado y que la pobreza alimentaria ha sido superada. Los datos oficiales nos dicen que se pasó de 23.5 millones de personas en pobreza alimentaria a 21.4.
Es cierto, hay que reconocerlo también, hubo una reducción, pero lo que tenemos que subrayar es que estamos muy lejos del “hambre cero”, como se estableció el compromiso.
Hoy por hoy en México hay millones de personas que se van a dormir con hambre, con sufrimiento y en pobreza.
Son cuatro las características que quisiera encerrar para analizar este trabajo, lo que ha sido este sexenio en materia de enfrentar la pobreza y el hambre.
1.- La mitad de la población vive en pobreza, como hace 25 años.
2.- La desigualdad extrema genera un círculo vicioso que reproduce y hereda la pobreza.
3.- La absurda contradicción de trabajar y vivir en pobreza, y
4.- La pobreza crónica de los pueblos indígenas y territorios aislados.
La mitad de la población vive en pobreza; sí, como hace 25 años.
Según los datos oficiales más recientes del Coneval, 62 millones de personas reciben un ingreso insuficiente para adquirir lo más básico; 21 millones de personas carecen del ingreso suficiente para cubrir la canasta alimentaria.
Estos datos son de por sí escandalosos, pero más cuando nos encontramos en una de las quince economías más grandes del mundo. Y por supuesto que lo que resulta hoy absolutamente crónico es que los programas enfrentados han sido un fracaso, o sea, a 25 años vistos estamos igual, nada más que con 16 millones más de personas en pobreza.
Segundo.- La desigualdad en México es escandalosa y ofensiva, el 1 % de la población tiene el mismo ingreso que 72 millones de personas.
México es uno de los países con peor nivel de distribución y mayor concentración de la riqueza. Esto se mide en el índice de Gini, México tiene uno de los peores niveles, hay una diferencia de 32 veces la ganancia entre los más ricos y los más pobres, la desigualdad de México es una condición estructural que niega derechos.
Pero si esto no fuera suficiente, sucede que hay gente que por más que trabaje va a estar en pobreza, no sólo ellos o ellas, sino si trabaja su familia y también están en pobreza. Y eso sucede porque hay un modelo que reproduce desigualdad y hay un modelo que reproduce pobreza, por eso las poblaciones indígenas se encuentran entre la población que más sufre esta condición, nueve de cada diez personas indígenas están en condición de pobreza.
Requerimos entonces tener absolutamente claro que las políticas públicas están reproduciendo pobreza, tenemos que tener claro que el Estado está reproduciendo pobreza, tenemos que tener claro que se violentan los derechos económicos, sociales y culturales, y tenemos que tener claro que también hacía falta la protección de los derechos sociales de la población.
Advierto que se esté generando una condición en el Senado, donde toda la nueva ola de contrataciones no tenga derecho sociales, no puede el Estado reproducir condiciones de desigualdad, el Senado de la República no puede ser de esas mismas entidades que violente derechos sociales y a sus trabajadores.
Termino, señor Presidente, este modelo ha sido verdaderamente un fracaso, y no solamente tenemos que cumplir lo establecido en la Constitución, tenemos que generar condiciones para que la política pública no reproduzca pobreza.
Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Tiene la palabra ahora, hasta por cinco minutos, el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué.
El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué: Con su venia, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Compañeras y compañeros legisladores:
El día de hoy en un entorno político nacional, totalmente distinto al que vivimos hace seis años, damos cuenta de la glosa del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en materia de la política social.
Como lo dijo el primer Secretario de Desarrollo Social de nuestro país, Luis Donaldo Colosio, la pobreza no puede ser destino ni pretexto para dividirnos.
Así, tenemos que entender al desarrollo social como una integralidad, como una política social que nos obliga a todos a contribuir a lo más importante que tiene nuestro país.
Hoy partamos, primero, de un diagnóstico, de entender cómo se mide la pobreza en nuestro país, y permítanme recapitular, fue en el año 2004 cuando se crea la Ley General de Desarrollo Social y en 2005 aparece la figura del Coneval, el Consejo Nacional para la Evaluación del Desarrollo Social.
Y es el Coneval, el que identifica a las personas que se encuentran en condiciones de pobreza, en razón de seis carencias sociales, una persona es considerada pobre-moderada cuando la aquejan una o dos de estas carencias sociales; una persona es considerada pobre-extrema, cuando la aquejan más de dos de estas carencias sociales.
Desgraciadamente son 53 millones de mexicanos los que viven en condiciones de pobreza de nuestro país, 9.1 de ellos en condiciones de pobreza extrema, 68 millones de mexicanos no tienen acceso a la seguridad social; 24 millones de mexicanos no tienen acceso a una alimentación sana, variada y suficiente; 23 millones de mexicanos carecen de los servicios básicos de su vivienda; 22 millones de mexicanos viven con un rezago educativo; 19 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud y 14 millones de mexicanos viven en condiciones de hacinamiento.
Pero no todo son malas noticias, permítanme hablar de resultados de una política pública que fue focalizada y que si bien comenzó por enfilar todos sus esfuerzos a la carencia alimentaria con la Cruzada Nacional contra el Hambre, pronto comprendimos en México, que lo que se mide se puede mejorar y enfocamos todas las acciones de gobierno a cada una de las seis carencias sociales.
Al día de hoy, 26.8 millones de mexicanos son beneficiarios del programa “Prospera”, tres millones más que en 2012.
El programa para adultos mayores atiende a 2 millones más de personas que las que atendía en 2012, es decir, 8 de cada 10 mexicanos son beneficiarios de este programa.
El programa de Estancias Infantiles atiende a 1.8 millones de madres solteras y 1.2 millones de niños, 16 % más que en 2012.
Los comedores comunitarios de Sedesol sirven 1.2 millones de raciones de comida al día, alcanzando la totalidad de la cobertura nacional en el año 2017.
Si bien, estos números nos indican que vamos por la ruta correcta, también tenemos que tener la capacidad de autocrítica, de entender que 52 millones de mexicanos siguen en condiciones de pobreza y de comprender lo que aquel premio Nobel nos dijo en algún momento: “que la mejor política social es la política económica”.
Es así, como que donde debemos de reflexionar en dónde nos hemos quedado cortos, apostémosle a la productividad y a la competitividad, entendiéndole a la competitividad como generar un entorno propicio para hacer negocios, para hacer de México un país mucho más dinámico, para hacer de México un país mucho más equitativo y mucho más próspero.
Apostémosle a la educación y a la capacitación como pilares fundamentales para lograr esa sociedad equitativa que tanto anhelamos.
No olvidemos lo que nos dijo este prócer oaxaqueño, José Vasconcelos, que la mejor herramienta para combatir la pobreza es la educación. Hagamos de México un país que esté a la altura de las mejores prácticas de política internacional, como los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, para que en el año 2030 podamos estar en actitud en nuestro país de levantar bandera blanca en cuanto a pobreza extrema, y que México sea un país con mucha más inclusión social, con mucho más desarrollo económico y con un desarrollo ambiental mucho más sostenible.
Señor Presidente, si me permite usted un momento, un minuto, para hacer un agradecimiento a nombre del pueblo oaxaqueño a la Sedesol.
Hace exactamente un año mis paisanos y un servidor vivíamos la crisis humanitaria más grande, que hemos enfrentado en la historia moderna de nuestro estado, y hoy, desde la más alta tribuna de México, quiero hacer público este agradecimiento a la Sedesol, fueron días de incertidumbre, de tristeza y de tragedia, si no hubiera sido por la solidaridad, el despliegue de funcionarios, el abasto alimentario de la Sedesol, Oaxaca no se hubiera levantado tan rápido, juntos y en equipo demostramos que no importa la fuerza de la naturaleza ,es más grande el corazón de los mexicanos cuando nos unimos.
Muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.
La Senadora Elvia Marcela Mora Arellano: Buenos días.
Senadoras y Senadores:
El Senado de la República nos convoca el día de hoy para fijar una postura sobre el Sexto Informe del actual gobierno federal, el análisis a detalle corresponderá a cada una de las comisiones que en breve, muy pronto se conformarán, corresponden a esta sesión dar la opinión a título de las y los ciudadanos que representamos sobre lo acontecido en materia de política social.
Este año, el Presidente Enrique Peña Nieto entregó su último informe de gobierno a la Nación, con un mensaje donde de entrada reconoce no haber alcanzado todas las metas que se fijó al inicio del sexenio.
Una declaración, por decirlo menos desafortunada en un Jefe de Estado.
En 2012, el ciudadano Peña Nieto, asumió la Presidencia de una de las Naciones con mayor desigualdad social en el planeta, somos el lugar 89 en ese ranking, ante la nación se comprometió en materia de política social a:
Cito.
“Integrar con una sociedad con equidad, cuestión social e inclusión, mediante la instrumentación de plataformas de movilidad social que contribuyan a cerrar brechas existentes entre diferentes grupos sociales y regiones del país”.
Seis años después, la percepción de una amplia mayoría de la población es que muy poco ha cambiado, incluso, coinciden en esta opinión agencias internacionales como el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de acuerdo con esta agencia, México avanza con mayor lentitud en el mejoramiento de la calidad de vida que otros países con niveles similares de desarrollo, y por si esto fuera poco, los avance en bienestar se distribuyen de manera desigual entre la población.
Según la OCDE, en México el estrato más alto de la sociedad tiene ingresos veinte veces superiores a los del estrato más bajo.
Las reformas estructurales tan publicitadas han supuesto para la población una fábrica de empobrecimiento acelerado, no se puede obviar la relación entre los efectos de la política económica y la calidad de vida de la población.
El gobierno del Presidente saliente, al igual que sus antecesores durante las últimas tres décadas, ha privilegiado un modelo económico neoliberal que favorece la concentración de la riqueza en pocas manos, da la espalda a los derechos de los trabajadores y se ha olvidado del campo y de las zonas de pobreza endémica.
En suma, el sistema adoptado y promovido desde la Presidencia es el generador de la desigualdad social a la que dice combatir, de suerte que programas de asistencia social son apenas migajas que se reparten a cuentagotas en esta población anónima que sobrevive con penurias en lugares como Santos Reyes Yucuná, municipio de Oaxaca, donde el 99.9 % de la población es pobre.
O bien más cerca, aquí en Ecatepec, o en la ciudad de Puebla donde vive un millón y medio de pobres. Estamos hablando de personas, señores, señoras; estamos hablando de vidas, de mujeres y hombres en cuya vida pesa la generación de la desigual riqueza nacional.
Tómese la inversión pública en combate a la pobreza como un ejemplo de la inoperancia de la política social.
A lo largo de seis años el gobierno gastó 2.2 billones de pesos en este rubro, el resultado es que en términos relativos la población en situación de pobreza se ha reducido en 3 %, inaceptable si se considera que esta condición afecta al 53.4 millones de mexicanas y mexicanos, cien mil más que al inicio del sexenio, esta es la herencia del Presidente saliente.
La Auditoría Superior de la Federación reportó que el año pasado se detectó desvío de fondos por más de 30 millones de pesos en programas sociales, por lo que aún nadie ha respondido, es la corrupción más mortífera que existe, esta corrupción mata, la evaluación fue contundente.
Debido a la falta de información no se puede valorar el efecto real de Prospera en la mejora de la alimentación, en la inclusión social, ni en el bienestar, ni siquiera en la autosuficiencia alimentaria a mediano plazo de las familias beneficiarias.
Otro tanto ocurre con la Cruzada Nacional contra el Hambre, sobre cuyos 6.1 millones de beneficiarios no se cuenta con información para determinar si efectivamente se encontraban en una situación de vulnerabilidad alimentaria que ameritaba la canalización de los recursos y, por lo tanto, no se pueden determinar si, efectivamente, esos 6.1 millones de personas tuvieron asegurado su derecho a lo más básico, que es comer, alimentarse.
Este ejemplo es una clara muestra de que la política social instrumentada en este sexenio en realidad sólo buscó la reducción de la desigualdad social en el discurso, y de las palabras, señores, señoras, nadie come.
En los hechos, el gobierno actual ha configurado un escenario donde los derechos sociales de la mayoría se encuentran gravemente vulnerado con mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad restringidos o inexistentes.
Es cuanto.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Partido del Trabajo.
Vamos a darle diez minutos, porque han renunciado a la segunda ronda, entonces eso completará su tiempo en términos equitativos respecto a las demás bancadas.
Adelante, por favor.
La Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con su permiso, Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:
El pasado 1º de septiembre, en sesión de Congreso General, fuimos testigos del protocolo que acompañó la entrega del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Este importante acto se ha reducido a la entrega de un documento por parte del Secretario de Gobernación al Presidente de la Cámara de Diputados, posteriormente, el lunes 3 de septiembre, pudimos seguir, por los medios de comunicación, el desarrollo de un evento en Palacio Nacional en el que el Presidente Enrique Peña Nieto dio lectura a un mensaje acompañado por sus invitados y su equipo de gobierno.
En cualquiera de los dos hechos una cosa es clara, ninguno constituye un ejercicio de rendición de cuentas y ninguno permite el tan necesario diálogo entre poderes.
Con el inicio de la LXIV Legislatura estamos ante la oportunidad de transformar este ritual, transformarlo para que se convierta en un verdadero ejercicio en rendición de cuentas, en un acto republicano, en el cual el titular del Ejecutivo someta a su gestión al escrutinio público, en el que se informe sobre el estado de la administración pública, sobre sus logros y sobre los problemas que se enfrentó durante la gestión.
Es decir, que los legisladores tengamos la oportunidad de cumplir con la función de contrapeso del Ejecutivo, que se nos dé cuenta y cómo se tomaron las decisiones, y que nosotros tengamos la oportunidad de cuestionar e indagar más al respecto de lo informado.
Es increíble lo que pasa en nuestra República, pero bajo el actual formato el Presidente solamente se presenta ante el Congreso dos veces, se presenta el día que toma posesión y el día que entrega la banda al nuevo Presidente electo, por lo pronto ya existen voces que reclaman que el Informe regrese al Congreso, en nuestras manos está el hacer realidad que este acto se transforme en un efectivo diálogo entre los poderes de la República.
Honorable Asamblea:
En la sesión de hoy nos reúne, conforme lo establece el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se analizará lo relativo a los logros de la política social en este sexto año de gobierno.
De acuerdo con el documento presentado por el Ejecutivo, las políticas y estrategias de desarrollo social están enfocadas a la disminución de los índices de pobreza y marginación a través del desarrollo de capacidades que fomenten la inclusión productiva y la cohesión social.
En su contenido los datos y resultados presentados muestran, en la mayoría de los indicadores, un saldo positivo, en muchos aspectos marginal; sin embargo, a pesar de ello es manifiesto el optimismo de quienes han conducido la política social durante los últimos años, y en esta perspectiva yo me pregunto ¿hay lugar para el optimismo?, ¿verdaderamente estamos convencidos de que la estrategia y la ejecución de la política social nos está apoyando a resolver y a superar los rezagos o sólo estamos administrando la pobreza y otorgando paliativos que reduzcan la tensión social en tan amplios sectores de la sociedad?
En los últimos años, décadas ya, se transitó de una política social basada en subsidios generalizados a una política social y de atención a la pobreza focalizada con una visión cuantitativa, se pretendió hacer más eficiente el uso de los recursos para que éstos llegaran a quien verdaderamente los necesitaran, de esta manera se instrumentaron mediciones e indicadores sobre los tipos de pobreza, de tal forma que una variación porcentual de uno de los punto se pondera como un gran logro, mismo que en algunos años se vuelve a perder como resultado de impactos, como por ejemplo, la crisis económica del 2008.
Pero más allá de indicadores y variaciones porcentuales, pregunto: ¿Cuál es el rostro de la pobreza y la desigualdad en México?
En 2008 se tenía la cuenta de 49.5 millones de personas en situación de pobreza, mientras que para 2016 se registraron 53.4 millones. En resumen, cuatro millones más de mexicanos en pobreza.
Estos son datos con los que hemos trabajado durante años.
Sin embargo, más allá de los números, la pobreza tiene rostros y tiene nombres.
Hoy le prestamos mayor atención a los números e ignoramos las historias que hay detrás de estos.
Ignoramos los millones de casos de angustia, dolor y frustración que se dan en medio de carencia, y la presión cotidiana provocada por la angustia de no saber si cada día se tendrá algo que comer.
Frente a esto, lo tenemos que decir con todas sus letras, México es un país en el que la mayoría de su población sufre de discriminación por motivos socioeconómicos.
Esto implica consecuencias graves en términos de limitación o incumplimiento de derechos sociales para casi la mitad de los mexicanos; mexicanos que no podrán tener acceso a las condiciones mínimas para su desarrollo individual, que serán generadores de un círculo perverso. Pobreza genera más pobreza.
Cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Social, la pobreza en México era del 53 % de la población. Hoy a 26 años la variación ha sido mínima, pues esta institución ha dirigido sus esfuerzos a crear e implementar programas asistencialistas enfocados supuestamente a reducir la pobreza en el país.
Sin embargo, está comprobado que las transferencias directas de dinero hacia sectores de la población no generan crecimiento económico.
El problema radica en que si bien es necesario e importante sostener programas de apoyos directos, creo que los esfuerzos deberán concentrarse en medidas enfocadas a generar prosperidad de largo plazo.
Además, y lo tengo que decir, el uso clientelar y la corrupción que ha rodeado la política social y que se expresa en su forma más cruda en la denominada “Estafa Maestra”.
Tiene como resultado que miles de millones de pesos que debieron atender las necesidades de los sectores más vulnerables se hayan desviado con fines electorales y hacia el enriquecimiento de malos servidores públicos y empresarios corruptos.
Pero lo que más indigna, es que a pesar de las innumerables observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la publicación de investigaciones periodísticas y las denuncias ciudadanas, no existan las sanciones e investigaciones correspondientes.
Más de 700 millones de pesos fueron desviados por una compleja red de empresa fantasma y de la Sedesol y de Sedatu durante la gestión de la misma funcionaria. Desviaciones que están documentadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Y pregunto: ¿Cuál es la consecuencia? La impunidad.
Estos son hechos que no podemos permitir que se repitan, lucrar con los recursos destinados a los pobres, lucrar con recursos públicos debe ser sancionado con todo el peso de la ley.
Honorable Asamblea:
A la política sustentada en programas de atención a la pobreza se le debe de acompañar con una política que privilegie la inversión en Ciencia y Tecnología y en Educación.
Esto es fundamental para impulsar el crecimiento económico de largo plazo y, por ende, el bienestar de la población.
Es decir, cualquier política social que ambiciona tener un impacto real en el combate a la desigualdad, debe tener en la educación su eje estratégico, porque la educación genera una competencia natural, genera cultura y promueve ciudadanía. Lo cual es incompatible con la pobreza y la desigualdad.
Es por ello, que la educación es la herramienta más efectiva de largo plazo para combatir la pobreza.
Se me ha terminado el tiempo, Presidente.
Agradezco a todos su atención.
Es cuanto.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Mucha gracias, Senadora.
Antes de dar la palabra a la siguiente oradora, quiero comentar que la Comisión Plural para recibir a los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, está conformada por los siguientes Senadores: Senador Víctor Castro, Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador Ángel García Yáñez, Senadora Patricia Mercado Castro, Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, Senador Joel Padilla Peña, Senadora Gabriela Benavides Cobos y Senadora Katya Ávila Vázquez.
Les solicitamos puedan trasladarse a la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, donde ya se encuentra la Comisión de la Unión Nacional de Trabajadores.
Muchas gracias.
(La comisión cumple)
Tiene la palabra la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Senadora María Leonor Noyola Cervantes: Con el permiso, señor Presidente.
Senadoras y Senadores:
Es un orgullo estar por primera vez en esta alta tribuna, representando a mi queridísimo estado de San Luis Potosí.
En esta campaña electoral tuve la oportunidad de visitar muchísimos hogares, en los cuales observé las carencias que aún existen con los potosinos.
El 1° de septiembre del 2018, el Presidente de la República, presentó en el Congreso de la Unión el Sexto Informe de Gobierno, de conformidad con la facultad que otorga el artículo 69, segundo párrafo, de la Constitución Federal, se hace un pronunciamiento en relación con el análisis de dicho informe en el rubro de Desarrollo Social.
De la lectura y análisis correspondiente se destaca lo siguiente: Del Programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, se creó una Red de Comedores Comunitarios que brindan alimentación a poblaciones vulnerables, a niñas y niños de cero a 11 años, mujeres embarazadas o en lactancia, personas con alguna discapacidad y adultos mayores de 65 años.
El Programa de Abasto Popular, atiende a familias que viven en localidades de alta marginación.
Se abrieron más de mil tiendas, que ofrecen 23 productos de la canasta básica.
Diconsa es una red de abasto que construyó cuatro nuevos almacenes, con capacidad de hasta 200 mil toneladas en Chiapas, Hidalgo, Estado de México y Veracruz.
El Programa de Abasto Social de Leche Liconsa, incrementó su cobertura, manteniendo un precio de cinco pesos por litro de leche fortificada. En algunos estados se vende en cuatro pesos y en los de menor índice de desarrollo urbano, en un peso.
El Programa de Inclusión Social Prospera, atiende a casi siete millones de familias, se otorgaron 6.5 millones de becas a jóvenes para continuar con sus estudios básicos, nivel técnico superior, incluyéndose la estrategia de desarrollo infantil y estimulación temprana.
La estrategia nacional de inclusión promueve el ejercicio de los derechos sociales en el rezago educativo, acceso a servicios de salud, vivienda y alimentación.
La Carta Magna establece en su artículo 1º que todas las personas gozarán de los derechos humanos ahí reconocidos y en los tratados internacionales, de los que México sea parte, así como que para las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizarlos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Por su parte, el artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a la protección de la salud, al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; así como a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
Todos estos temas forman parte de la política social de México.
Si bien es cierto que el gobierno implementó las políticas citadas, lo cual reconocemos los esfuerzos realizados, también es verdad que desde el grupo parlamentario del PRD consideramos que los esfuerzos fueron insuficientes, perdiendo esta administración la oportunidad que la historia brindaba de alcanzar o al menos sentar las bases para la consolidación de un verdadero estado de bienestar social.
Se canalizaron esfuerzos para otorgar seguridad social sólo a ciertos sectores de la sociedad que debido a un estado evidente de vulnerabilidad lo requería, olvidándose de la necesidad que tiene la población de cubrir sus necesidades básicas que permitan a la persona adquirir una verdadera conciencia de la libertad, así como de su significado, por ello, consideramos modificar el paradigma que posibilite el paso a una seguridad social para todos.
La política social no debe de ser solamente asistencialista, muchos de los programas sociales colisionan con la ineficiencia de los procedimientos administrativos para su ejecución, como la historia demuestra, en muchos casos, han sido implementados para la satisfacción de los gobiernos que los desarrollan, antes que apoyar a la población.
Permítame poner un ejemplo, soy de San Luis Potosí, y en el recorrido que hice, advertí las carencias en los siguientes rubros:
Hace falta la construcción de hospitales, ya que los que existen son insuficientes; en los hospitales y clínicas hacen falta médicos, son insuficientes para atender a todas las personas que necesitan de la atención médica.
Hace falta el abastecimiento de los medicamentos, en muchos casos las recetas no pueden surtirse en los hospitales, la gente no tiene recursos para comprarlos en las farmacias.
Los pueblos indígenas carecen de lo más elemental: agua, alimentación, vestido, calzado y educación.
El Seguro Popular es insuficiente, carecemos de hospitales especializados, lo que genera que las personas no puedan ser atendidas de tal o cual padecimiento.
En materia de infraestructura son insuficientes las carreteras, los caminos hacia los pueblos indígenas; en la mayoría de los casos no están pavimentados, en otros ni siquiera llegan los camiones o los automóviles.
Se necesita la construcción de estos caminos para mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades indígenas.
La Cruzada Nacional Contra el Hambre, si bien es cierto, se implementó en mi estado, también es verdad que no se llevó a cabo en todos los municipios, que tenían la necesidad, de acuerdo a diversos estudios socioeconómicos, lo cual, insisto, los programas sociales deben ser universales, para todas las personas, sin que se discrimine a nadie.
Resulta oportuno analizar lo que nos presenta en el informe a la luz de algunos de los valiosos aportes de gobiernos perredistas como los de Aliméntate, Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos, Seguro Contra la Violencia Familiar, Reinserción Social, Población en Situación de Calle, Pensión a Adultos Mayores de 68 años; Mejoramiento Barrial, Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, Comedores Comunitarios, Coinversión para el Desarrollo Social, Agua a Tu Casa, Desarme Voluntarios, Aparatos Auditivos, Cunas y Bebé Seguro.
Y que estamos convencidos de que se debe retomar, dado que sus resultados han sido los mejores, y en muchos casos, ya son ley.
Señoras Senadoras, señores Senadores:
En este grupo parlamentario consideramos que los programas sean universales, y se establezcan en el texto de la Constitución federal. Esto generaría la obligatoriedad por parte de las autoridades de respetarlos y llevarlos a cabo de manera puntual en donde exista distribución equitativa del ingreso que se dignifique el trabajo y el salario.
Que exista igualdad sustantiva y no discriminación, que se preserve del medio ambiente y el patrimonio cultural, así como la función social de nuestro país.
Para muestra, un botón, el martes pasado el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, a nombre de nuestro grupo parlamentario presentó la iniciativa de ley para tener un salario digno que contribuya al desarrollo humano y social y que sea garantizado para el Instituto Nacional Salario Digno, así como las reformas del artículo 25 de la Carta Magna para implementar el ingreso básico ciudadano.
Lo anterior expone la agenda progresista de nuestro parlamentario, grupo del PRD. Y, pone en primer plano el bienestar de la población de nuestro país.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias a usted, señora Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Patricia Mercado Castro.
La Senadora Patricia Mercado Castro: Gracias y con su venía, señor Presidente de la Mesa Directiva, Senador Martí Batres Guadarrama.
Buenos días a mis colegas de este Pleno.
A nombre de mis compañeros y compañeras del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presento nuestra postura ante el Sexto Informe Presidencial, en materia de política social.
Subo a la tribuna del Senado con un renovado optimismo por lo que ocurrió el martes 4 de septiembre en la primera sesión de nuestra Legislatura.
Entre todos y todas mediante un ejercicio de diálogo sincero apoyamos una primera agenda de cambio centrada en los derechos, es decir, centrada en las personas y su vida. Me alegra que así sea.
Nuestros compromisos están ahí, y vale la pena repetirlos. Otorgar seguridad social a las parejas de la diversidad sexual y pensión para los viudos.
Universidad para todas y todos, aumento sostenido a los salarios mínimos que sea el germen de una nueva política salarial para la nación.
Son tres temas que tocan el corazón de la cuestión social, la que nos tiene en un océano empobrecido, discriminatorio y desigual.
Justo después de esta coincidencia trascendental viene la glosa al informe presidencial para debatir las cifras y las cuentas que el ejecutivo ha entregado a esta Legislatura.
Puedo decir, el informe es un epílogo de un período controversial. El documento es una narración que dibuja un país que difícilmente es el país que viven, sienten y padecen millones de mexicanos.
El tono del informe no es celebratorio, lo cual se agradece, pero no se hace cargo de las tragedias que se han sucedido en este tiempo.
México es hoy un país con más pobres, con la enorme mayoría de mujeres discriminadas, con salarios estancados, cancelada la movilidad social y con la desigualdad más extrema desde el Porfiriato, así de grave es la herencia luego de décadas de políticas dramáticamente equivocadas.
Según Coneval y el propio informe presidencial, entre 2008 y 2016, la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas.
¿Por qué? Porque el ingreso de los hogares ha tenido una trayectoria descendente o al menos errática.
Si analizamos la línea histórica de la pobreza, veremos que el porcentaje de pobres se mantiene en los mismos niveles desde 1994. No es una década, sino toda una generación perdida.
El Gobierno Federal hizo de la creación de empleos su principal bandera, señalando que durante su sexenio se crearon 4 millones de nuevos puestos de trabajo. En efecto, es un récord.
Sin embargo, más del 70 % de esos nuevos empleos se ubican en escalones menores a los 4 mil pesos mensuales, dos salarios mínimos o menos. He aquí la importancia de elaborar una nueva política salarial.
Múltiples informes y balances de la segunda década del siglo XXI en conjunto, parecen dibujar un paisaje material extremadamente desigual en el México contemporáneo.
Veamos los números. Sólo el 25.1 % de los hogares en México viven con un ingreso que va de 10 a 50 dólares, muy por debajo de otros países en América Latina.
La Organización Internacional del Trabajo, por su parte, señala que terminaremos este sexenio con el 57 % de la población ocupada en la informalidad, informalidad que significa un trabajo sin derechos, sobre todo, sin seguridad social, muy por encima este porcentaje de la tasa promedio de América Latina, que es 47 %.
México se ha convertido en el país con la relación más regresiva entre ganancias de capital y salarios, comparada con cualquier otra economía de su tamaño y de su nivel productivo de América Latina o de la OCDE.
En México, el 27 % del ingreso total se lo lleva la enorme masa trabajadora, mientras que el 73 % restante es para la clase propietaria.
¿Por qué me he detenido en estos datos económicos? Porque la principal razón de la pobreza y del estancamiento en la calidad de vida de las y los mexicanos, está en la política salarial y en la política económica; pero la política social, la ambulancia que debe venir a recoger los destrozos de la política económica, tampoco ha avanzado en el ritmo y sobre todo en la calidad que nuestra población requiere.
La movilidad social es un aspecto que se omite en su narración, pero las investigaciones más avanzadas y recientes revelan que 7 de cada 10 mexicanos que han nacido pobres en el siglo XXI y un poco antes, seguirán siendo pobres el resto de su vida.
Para una joven de 18 años ¿Es mejor su país hoy que el México de hace seis años?
¿Le espera un mejor futuro a un niño, hijo de jornaleros, hoy, que en 2013, sin oportunidades de ser educado?
Y una mujer indígena sin acceso a la salud ¿Tiene una mayor esperanza de vida en la nación de hoy?
El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano refrenda su convicción de construir, de común acuerdo, un Estado que se haga cargo de la vulnerabilidad de las finanzas de los hogares, de las escasas perspectivas de realización profesional y laboral, y de las condiciones de precariedad en el trabajo.
Hoy, a la víspera del nuevo gobierno, se habla de reestructurar la política social. Esperamos, de verdad, que estemos hablando de derechos, no sólo de programas de derechos universales, no sólo de favores clientelares.
Cuentan con nuestros votos para aumentar los salarios en México. Que así sea.
Compañeros y compañeras:
No existe política social, termino, que aguante una mala política económica.
Desde Movimiento Ciudadano apostaremos todo lo que esté a nuestro alcance.
Nuestros argumentos, recursos y energías para transformar la política social en México, tanto como la política económica.
Será clave que el reordenamiento de los programas sociales se haga con imparcialidad y eficacia, con la visión y la pasión del país de derechos que queremos ser.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Mario Zamora Gastélum, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El Senador Mario Zamora Gastélum: Con su permiso, Senador Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, por favor.
El Senador Mario Zamora Gastélum: Honorable Asamblea:
Hoy tenemos una sesión de suma importancia, ya que vamos a analizar el estado que guarda la Administración Pública Federal que está por concluir. Hay que hacer este análisis con objetividad, con seriedad y con madurez política.
La pobreza es un concepto muy amplio, muy amplio, pero los mexicanos nos dimos, desde el 2004, y en ejecución el 2005, una institución que tiene, que es un organismo público descentralizado, con autonomía, capacidad técnica y que genera información objetiva sobre la situación que guarda la política social y la pobreza en México, que es el Coneval.
Para este organismo, una persona que se encuentra en situación de pobreza, cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir la canasta básica.
Y es pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias y su ingreso es insuficiente para adquirir, si quiera, la canasta alimentaria.
En el grupo parlamentario del PRI reconocemos que falta mucho por hacer.
Atrás de cada número, atrás de cada cifra, lo han dicho bien aquí, hay una familia, hay un niño, hay una niña, hay un ser humano, y eso, hablar de cifras en pobreza, lo vuelve más complicado.
Sin embargo, es importante resaltar y, ni modo, habrá que dar algunas cifras de los logros o del resultado que esta administración ha tenido.
Ha sido Coneval quien ha dicho que entre 2012 y 2016, 2.2 millones de mexicanos dejaron atrás la pobreza extrema, tanto en zonas rurales, como en zonas urbanas.
Además, el estudio muestra que los seis indicadores de carencia social se encuentran en sus mínimos históricos, lo que se traduce en que 6.2 millones de personas accedieron a servicios de salud; 3.4 millones de personas accedieron a seguridad social; 2.8 millones de personas superaron la carencia de acceso a la alimentación, y más de un millón de personas dejaron las carencias de rezago educativo, servicios básicos y calidad y espacios de la vivienda.
Ha sido este organismo quien ha dicho que una de las estrategias más completas que se ha tenido para combatir la pobreza, ha sido la Estrategia Nacional de Inclusión, una estrategia que fue una propuesta liderada por el Presidente de la República, pero que consistió en fortalecer la coordinación de los tres niveles de gobierno: la sociedad civil, el sector privado y las universidades a fin de establecer acuerdos de colaboración para contribuir con el abatimiento del rezago social.
Para no duplicar esfuerzos, el INE fortaleció herramientas para compartir información entres las dependencias y hacia los ciudadanos, entre ellas el Sistema de Focalización de Desarrollo, mejor conocido como Sifode, las cartillas sociales y el Padrón Único de Beneficiarios.
Hacía tiempo que los mexicanos requerían un esfuerzo amplio, integral y transparente del combate a la pobreza, donde participa, no sólo una instancia de gobierno, los tres niveles de gobierno, la sociedad civil, las comunidades y es ahí donde se va viendo necesidad por necesidad y atención por atención.
Con esta estrategia se refundó el espíritu federalista, demostrando que la coordinación no es un lujo o un capricho, es un imperativo en una sociedad plural, diversa, como la nuestra. Lo anterior queda aprobado en los resultados que la INE ha tenido.
Me da gusto que está aquí mi compañera Senadora Marybel Villegas, quien fue parte del Sedesol, y quien vivió en territorio los esfuerzos que se hacían día con día en el estado de Quintana Roo.
Hubo distintos programas que se fortalecieron y se modificaron.
Prospera dejó de ser únicamente asistencialista para darle una visión de productividad.
El Programa de Pensión para Adultos Mayores, hay que decirlo, en 2013 sufrió una modificación de pasar de 70 y más a reducirlo a 55 y más. Creo que es una modificación importante y esperemos no haber un retroceso en ese programa.
Estancias infantiles.
El Programa Seguro Jefas de Familia, que inicia en esta administración, que le da la posibilidad cuando muere el padre y la madre, o el sustento familiar a los hijos, quedar con una beca segura para poder estudiar, incluso, hasta la educación superior.
Debemos reconocer el fortalecimiento que se le dio a empresas sociales como son Diconsa y como es Liconsa, había lugares donde el litro de leche, en el caso de Liconsa, costaba tan sólo un peso. Y en el caso de Diconsa, sólo para poner en perspectiva, cuenta con el doble de los establecimientos en el país, por ejemplo, que una cadena comercial muy famosa como es Oxxo, más de 26 mil tiendas comunitarias justo donde muchas de estas tiendas particulares no llegan, ahí está Diconsa atendiendo a quien más lo necesita.
Más de 5 mil 700 comedores comunitarios que vinieron a darle la posibilidad a mucha gente de poder tener certeza, de poder desayunar y comer sano, variado y suficiente cada día.
Estos resultados son producto de la visión de un gobierno que se realizó a lo largo de estos seis años en donde se caracterizó por ser incluyente, logró el consenso necesario a fin de unir a todos los actores del servicio público, sociedad civil y empresas en una causa común: fortalecer las acciones tendientes a erradicar la pobreza y combatir la desigualdad.
Insisto, sabemos que falta mucho por hacer.
También recalcar que este esfuerzo se hizo siempre de manera transparente y sin una visión clientelar o electorera, habrá que cuidar mucho eso, compañeras y compañeros.
Puestos en el grupo parlamentario del PRI a trabajar de la mano de todos ustedes y de quien sea necesario para fortalecer estos derechos, para combatir este flagelo que por mucho va más allá sólo de una instancia de gobierno, sólo de un gobierno federal, estatal o municipal, sino que debiera ser la lucha de todos los mexicanos.
Mientras exista un niño, una niña, que no asiste a la escuela, que no tiene acceso a la salud, que no tiene certeza alimentaria, que no tiene el ingreso suficiente para salir adelante, deberíamos de ser todos de la mano y con esa visión, insisto, sin buscar raja clientelar o electorera, como deberemos de trabajar.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante.
La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Gracias.
21.3 millones de mexicanos tienen rezago educativo.
19.1 no tienen acceso a servicios de salud.
Y 24.6 viven en carencia alimentaria.
De acuerdo también al Consejo Nacional de Evaluación, de los 370 indicadores en materia social que fueron plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, sólo 145 de ellos, es decir, el 39 % fueron medianamente completados, otros 50 % no están ni medianamente cumplido, y de las 41 restantes simplemente no sabemos nada.
De cada diez acciones que plasmó esta administración en materia de alimentación, salud, educación y vivienda, únicamente cuatro las cumplieron a medidas.
Iniciamos este análisis con cifras porque precisamente la mayor obsesión de este sexenio en materia de política social fueron los números, y es que efectivamente coincidimos en que no hay nada más importante que la evaluación de cualquier política pública; sin embargo, ésta fue simplemente una política social de números y escritorio, y no de personas, excluyeron lo más importante de la política social, el factor humano.
Arrancaron este sexenio anunciando con bombo y platillo la que sería la estrategia más importante en materia de desarrollo de este gobierno y que atendería el problema más sensible de este país: la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Y bueno, regresando a las cifras, en materia de alimentación, el resultado es lamentable. Existen más de 24 millones de personas con carencia alimentaria, es decir, más del 20 % de la población, sobra decir que esto lo marca como un fracaso.
Fue un fracaso porque lo implementaron al viejo estilo, con fines políticos, sin ninguna explicación o argumento lógico que nos dijera por qué unos municipios se encontraban incluidos y el resto totalmente ignorados.
Lo que sí quedó en la memoria de los mexicanos, respecto a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, fueron los más de 3 mil 400 millones de pesos que fueron desviados en la estafa maestra.
En 2013, Sedesol contaba con un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes alimentarios a familias en situación de pobreza.
Desafortunadamente dichos apoyos nunca llegaron, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que únicamente se entregaron el 7 % de esos paquetes; sin embargo, dicha Secretaría pasó el monto total.
Pasemos ahora a la Estrategia Nacional de Inclusión, que se presentó como la otra gran estrategia, la cual debemos reconocer que tenía un orden y un objetivo específico: la coordinación interinstitucional, para así evitar duplicidad de acciones y combatir la pobreza en sus diferentes dimensiones.
La idea es muy buena, a través de la creación del Sifode y del Padrón Único de Beneficiarios que estaban nutridos con la información socioeconómica de beneficiarios potenciales, podríamos tener finalmente un panorama real y actualizado de las carencias de cada mexicana y mexicano en cada uno de los rincones del país. Desafortunadamente, también fracasó.
La estrategia tuvo dos vertientes claras.
Por un lado, se volvió un simple recuento de las acciones de las 27 dependencias federales involucradas realizaban. Y la realidad es que ni siquiera entre ellas se lograban poner de acuerdo y ni siquiera pasaban los datos a tiempo.
Por lo tanto, nunca estuvo actualizada, nunca tuvimos un padrón actualizado de 65 y más, de Prospera, de algún programa de Inapam, Linconsa, ni de ningún otro programa federal o estatal.
Redujeron la política social a este intercambio de información, sin comprometer ningún tipo de recurso ni generar acciones específicas para estas familias. Esperamos esta información no haya sido utilizada con otros fines, y si así fuera, evidentemente fracasaron en ello.
Lo que sí hicieron fue jugar con los números, si la pobreza es multidimensional y una persona es considerada en extrema pobreza cuando tiene tres o más carencias, pues fácil, abatimos una de las carencias y ya no es pobreza extrema, es simplemente pobreza. Justo eso hicieron, si el componente era la falta de seguridad social, esa era la más sencilla, por supuesto, “pues te afiliamos al Seguro Popular”. ¡Y listo! En muchos centros de este país ni siquiera hay una pastilla de paracetamol; sin embargo, como tienes Seguro Popular ya no vives en pobreza extrema.
Estas acciones deberían de darnos vergüenza, generaron políticas sociales de números, porque evidentemente en este sexenio nadie se tomó la molestia de ir a un Centro de Salud y conocer la realidad de los ciudadanos. No conocen la desesperación de una madre que tiene un hijo enfermo y que no tiene un peso para las medicinas ni lo que es tener un padre enfermo sin atención hospitalaria.
El Presidente de la República destacó en su mensaje la importancia de apegarse a los hechos y las cifras, más allá de las apreciaciones subjetivas.
Y efectivamente, señor Presidente, nos apegamos a las cifras y nos quedó debiendo.
De 2012 a 2016, la pobreza, de acuerdo a datos de Coneval, se redujo 1.9 puntos porcentuales, estos son los raquíticos logros de este sexenio, que además tuvieron un altísimo costo institucional.
Dos grandes instituciones, de intachable trayectoria en la generación de información sólida, intentaron ser golpeadas, lo lograron con el Inegi, modificaron su proceso de levantamiento, porque si no podían mejorar las acciones reales en la vida de las personas, pues mejor movemos los números.
En este sentido, esta Legislatura tiene pendiente la aprobación de la Ley de Coneval, porque en la Legislatura anterior tampoco se pudieron poner de acuerdo, porque esta administración quería también ser juez y ser parte.
Y, bueno, finalmente, por lo antes señalado, para el Partido Acción Nacional, resulta muy lamentable que la política, que en el balance nos quede debiendo esa administración.
Estamos convencidos que en la política social debe utilizarse con base en los principios de solidaridad y subsidiariedad, pero ante todo, debe ser ejecutada con honestidad, eficiencia y sin perder de vista que su objetivo es y debe ser el de combatir la desigualdad que tanto lastima a nuestro país.
Debemos generar mecanismos para abatir la desigualdad en términos de la distribución del ingreso, el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a la calidad y a la vivienda, y que todas las personas tengan derecho a una vida digna, que las lleve a vivir plenamente y que sobre todo las lleve a vivir felices, a eso aspiramos y para eso trabajamos en el Partido Acción Nacional.
Es cuanto.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Rosales.
Para cerrar esta ronda, tiene la palabra el Senador Rubén Rocha Moya, del grupo parlamentario del Partido Morena, hasta por seis minutos.
El Senador Rubén Rocha Moya: Con su permiso, señora Presidenta.
Muy respetables compañeras y compañeros Senadores.
Me da gusto compartir con todas y todos ustedes en este honroso ámbito del Senado de la República.
A nombre de Morena, y después de haber hecho un ajuste a mi texto por el tiempo que se ha reducido, digo, sería justo afirmar que nuestro país haya carecido de políticas sociales a lo largo de su historia, pues hemos tenido múltiples programas compensatorios, muchos de ellos asistencias listas y sin duda, lo más significativo en este renglón, han sido los sistemas de salud y educación.
De ello hablan las grandes instituciones de seguridad social, IMSS e ISSSTE y también el Sistema Educativo Nacional con una extensa red de centros educativos.
No obstante lo dicho, debemos de referir que en particular estos rubros de política social, la salud y la educación acusan rezagos muy significativos por cuanto a la calidad, eficiencia y cobertura, el aumento poblacional los ha rebasado, las políticas neoliberales y la corrupción los han languidecido.
Dista mucho de que la población mexicana cuente con el derecho efectivo y universal a la salud o a la educación, la historia de nuestra política educativa ha sido de altas y bajas, cuya característica principal es el poco interés y la limitada importancia que los distintos gobiernos le dieron a la educación como palanca del desarrollo nacional.
En efecto, se comenzaron a desarticular de un sexenio a otro, los planes educativos hasta llegar al actual que desestimó la formación docente, la planeación, la infraestructura escolar, el modelo educativo y los contenidos, y algo no menos esencial, se quitó el protagonismo consustancial al docente en escuela y su entorno, dándole un desmesurado peso a la evaluación, lo cual vació la esencia de la pretendida reforma educativa para convertirla en una cruzada punitiva en contra de las y los maestros.
Todo esto derivó en un plan político de persecución y desprestigio de las maestras y los maestros en todo el territorio nacional, de ahí que más allá de las cifras, a modo del informe, esto termine como terminaron los sexenios anteriores, con esfuerzos inútiles, excesos y corrupción a cargo de la actividad escolar, recursos derrochados y lo que es peor, con una limitada rectoría de la educación por parte del Estado, no obstante lo declarado por el Presidente Peña Nieto a propósito de la reforma educativa impulsada por su gobierno.
Por eso, después de medio siglo de ensayo-error en materia educativa, y con la fuerza del triunfo de la cuarta transformación, ahora el corte será radical y sin concesiones.
Aquí en el Parlamento, claro, buscando construir el racional consenso con todas y todos los legisladores de las diversas bancadas, habremos de cancelar la mal llamada reforma educativa del actual régimen.
En adelante, aplicaremos el modelo educativo que surja de la consulta nacional a las y los profesores, a los padres de familia, a los especialistas en pedagogía y demás ciencias de la educación, así como a los propios alumnos.
Amigas y amigos legisladores, el éxito o el fracaso de toda política social se mide, sobre todo a partir de los indicadores educativos y de salud, pero más que nada, se mide por los indicios o indicadores de pobreza, desigualdad y marginación de la población.
Las causas de nuestra ineficiencia como nación para avanzar en un desarrollo social justo y equitativo son multifactoriales, aunque desde nuestra visión, un factor clave es el agotamiento del régimen político y de la economía neoliberal, así como de la corrupción que depreda los recursos que los gobiernos destinan a la política social.
Ahora bien, lo cierto es que ha sido inútil tratar de convencernos del éxito de su política social, en el caso de la elaboración del Informe, la realidad desmiente cualquier dicho retórico en cuanto al combate a la pobreza, porque en esencia los pobres en México no han disminuido, insisto, aun cuando con base en estadísticas oficiales se argumente que ha bajado uno, dos puntos porcentuales.
Engañoso resultado que no debiera presumirse como sí se hace en el Informe, más si vemos prácticamente la mitad de la población sobrevive en la pobreza.
En fin, voy a terminar.
Valga apuntar para concluir que el gobierno del Presidente Peña Nieto, impulsó una política social que a la luz de los resultados no sólo es deficitaria en los renglones de salud, educación y pobreza, ha sido igualmente ineficaz en la atención a las comunidades indígenas y a los pequeños pueblos dispersos en la geografía nacional, a la vez se mostró insuficiente en la protección a los niños, las niñas, los adolescentes, fue limitada en las acciones para abrir oportunidades a los hombres y a las mujeres como fue poco activa en el empuje de nuevos programas de apoyo a las iniciativas de la economía social de las comunidades.
Justo por ello, la divisa es andar por las rutas marcadas por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, cambiar el actual régimen y establecer un orden económico nuevo, democrático, promotor de la legalidad, humanista y con el distintivo de la honestidad.
Vamos a un cambio pacífico, subrayando que la prioridad será la atención a los sectores vulnerables del país, los pueblos originarios y los pobres del campo y de las ciudades.
El propósito final es como quería Morelos, moderar la opulencia y la indigencia, más aún reducir la desigualdad que se ha abatido sobre el país en toda su historia, desigualdad, inequidad e injusticia que aún padecemos en todo México.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Rocha.
Compañeras y compañeros Senadores:
Daremos inicio a la segunda ronda de intervenciones conforme lo establece el acuerdo aprobado el jueves 6 de septiembre.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Partido Verde Ecologista de México.
El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa: Con su venia, señora Presidenta.
Señoras Senadoras, señores Senadores:
Hoy nos convoca analizar la política social. Como lo han dicho varios pensadores universales, “esa política que tiene que ver con los derechos de los pueblos para accesar a los bienes de cultura y felicidad de este mundo”.
Hoy analizamos el recuento de los objetivos, instrumentos y resultados de la política de este gobierno, son cifras, lo digo de entrada, que refieren algunos avances importantes, sin embargo, no podemos negar que no despiertan un gran entusiasmo, no llaman a la satisfacción fundada, y suscitan en millones de mexicanos un gran sentimiento de frustración.
No es exclusivo de nuestro país la concentración de la riqueza en muy pocas manos, una concentración que está en niveles históricos provocando una muy baja movilidad social.
No considero que los resultados tengan como causa única una deficiente operación, sino que la propia concepción de la política social del Estado mexicano, y no sólo del gobierno en turno, debe revisarse, debe repensarse, e inclusive debatir y cuestionarnos, como lo han hecho varios economistas, si el PIB es una herramienta suficiente para medir el bienestar social de las naciones.
Pero, compañeras Senadoras y Senadores, vayamos por partes.
En efecto, el Sexto Informe de Gobierno en la política social tiene luces y sombras que es preciso señalar, el fracaso de la política de combate a la pobreza no de un año, no de un gobierno, sino el fracaso de las últimas décadas en que el Estado mexicano aptó por un modelo que atendió las consecuencias y se olvidó de las causas, una política reactiva más que proactiva.
Pero vayamos a los activos, así hablemos de un modelo contrahecho y mal concebido de origen, es importante destacar los avances de los seis indicadores que miden la pobreza multidimensional: 6.1 millones de adultos aprendieron a leer y escribir, obtuvieron certificado de primaria o secundaria.
Igualmente es un paso adelante el hecho de que del 2012 al 2017 se haya duplicado el número de beneficiarios de programas sociales del Seguro Popular, pasando de 13 a 26 millones.
Es positivo que se han incrementado los apoyos a jefes de familias y adultos mayores, pues se redujo de 70 a 65 años la edad mínima para recibir una pensión beneficiando a más de 5 millones de personas adultas.
Igualmente es satisfactorio saber que las hijas e hijos de más de 7 millones de jefas de familia tengan tranquilidad de tener un seguro de vida, así como el que 60 mil menores en situación de orfandad reciban apoyos económicos a través de este programa.
Fuera de algunos aspectos específicos, el balance global es marcadamente adverso, 53 millones de pobres, 5 millones más que la población total de México en 1970.
La desigualdad tampoco se ha temperado, los extremos de la pobreza y de la riqueza siguen siendo preocupantes, esto significa, entre otras cosas, que en 2017 el 1 % de los mexicanos concentraba el 28 % de la riqueza del país según la Organización Oxfam.
Se necesita un Estado fuerte que logre alinear las recompensas privadas con los retornos sociales y de esta manera corregir los errores que generan los mercados, pobreza concentrada, sobre todo, en las comunidades indígenas, pues todavía un elevadísimo 77.7 % de la población étnica del país sigue siendo pobre.
Por eso yo planteo que revisemos nuestro modelo de desarrollo, tenemos que pensar en nuevos conceptos, en nuevos paradigmas, tenemos que pensar en términos de crecimiento real, en competitividad, en prioridad para la ciencia, la tecnología y la innovación.
No tengo duda, como lo han dicho muchos aquí, que la mejor política social es la que genera empleos, debemos mirar más alto para transitar de una economía de manufacturas a una economía de innovación y de tecnologías.
El 1º de julio el mandato del pueblo fue claro, el modelo económico ya dio de sí, los técnicos tienen que ser más políticos y los políticos tienen que ser más técnicos, es un buen augurio y en el grupo parlamentario del Partido Verde lo aplaudimos.
El anuncio del Presidente electo, con las Cámaras, para ofrecer en conjunto un programa de aprendices, para ofrecer beneficio a los jóvenes, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, más CISI, sí al empleo, sí a las oportunidades, tenemos que ir a fondo y trascender las políticas clientelares y asistencialistas, tenemos que hacerlo con un Estado activo que promueva el desarrollo y combata los desequilibrios, pues la mano invisible del mercado y el PIB no lo son todo.
Como lo ha dicho varias veces Joseph Stiglitz “Otro mundo es posible, un mundo más justo”.
Muchas gracias.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Murat.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del Partido Encuentro Social.
La Senadora Elvia Marcela Mora Arellano: Permítame el Pleno abordar algunas cuestiones en materia de trabajo, salud y educación para dar cuenta de la situación de la política social que deja el sexenio de Peña Nieto.
El Presidente saliente mencionó en uno de sus mensajes, en medios de comunicación, que éste fue el sexenio del empleo, pues se crearon cerca de 4 millones de plazas gracias a la flexibilización de los contratos, que en realidad significa precarización laboral.
El 74 % de estas nuevas plazas paga salarios de 3 mil 700 pesos mensuales o menos, insuficientes para cubrir los gastos básicos en el hogar, por ello la mayor presencia de jóvenes y mujeres en el mercado laboral, que el gobierno celebra como un logro, es más bien efecto de la condición cada vez más pobre de las familias pertenecientes a los estratos de menores ingresos.
Finalmente, nos preguntamos con seria preocupación, no sólo de método, sino de principio de realidad, ¿cómo se calculó la supuesta recuperación del 17 % en el poder adquisitivo del salario mínimo de 88 pesos, cuando éste no alcanza para cubrir ni siquiera el importe de la canasta básica alimentaria, que es de poco más de 90 pesos, según el Coneval?
Par las mujeres y hombres que sólo cuentan con su fuerza de trabajo, que viven al día, la salud es un bien precioso, por lo tanto el acceso y la calidad de los servicios de salud son fundamento de la equidad y la paz social.
El Sexto Informe de Gobierno reporta un crecimiento histórico en el número de derechohabientes de la seguridad social, pero esto sólo ha saturado los servicios y ha creado condiciones para validar socialmente su eventual privatización.
Por su parte, los 53.3 millones de usuarios del Seguro Popular tienen derecho sólo a 294 intervenciones, entre las que no se incluyen tratamientos para fracturas comunes, infartos en personas mayores de 60 años, o atención para el cáncer de pulmón, como si los seres humanos, como si los mexicanos y las mexicanas enfermáramos de acuerdo a un catálogo.
La educación sigue siendo, en el imaginario de numerosas familias mexicanas, una vía para la movilidad social, no así para las personas que deciden los derroteros de la política social en México.
Si bien es cierto que se ha ampliado la tasa de escolarización y la infraestructura educativa, lo que redundan indicadores de escolarización en el nivel básico, incluso en los municipios con más bajo desarrollo humano, la movilidad social intergeneracional permanece aún como un pendiente insoslayable en la agenda pública, de la cual son responsables el Presidente saliente y su gabinete.
Si bien se menciona en el Sexto Informe de Gobierno, como un logro el aumento en la matrícula escolar en nivel medio superior y universitario, la desigualdad sigue condicionando el logro académico.
Se encuentran en mayor desventaja las mujeres, los estudiantes del quintil de ingreso más bajo, los hijos e hijas de padres con estudios básicos y la población indígena, que es la población históricamente más vulnerada.
Cabe mencionar que el Informe que este Pleno se glosa, guarda silencio cómplice ante la reproducción de la movilidad social cero, a pesar de que expresamente el objetivo de México Incluyente, eje que engloba la política social del sexenio es la integración social y la reducción de la desigualdad, uno de cuyos indicadores más tangibles debería de ser la movilidad social.
Senadoras y Senadores:
En el Sexto Informe de Gobierno se han interpretado de tal forma las cifras y los indicadores, que es posible para la administración saliente presumir logros que no se reflejan en la vida cotidiana, ya que ellos que habitamos y hacemos posible este país.
No caeremos en la complicidad de aplaudir cifras manipuladas.
Nos obliga la historia, tenemos un compromiso con los millones de mexicanos y mexicanas cuya voz los gobiernos no han querido escuchar.
Miramos al futuro sin soslayar la memoria de los errores que hemos presenciado y promovido.
Tenemos la oportunidad de hacerlo diferente y corresponder la confianza de los hombres y las mujeres que decidieron un proyecto de nación basado en la esperanza de juntos hacer historia.
En un año, aquí mismo estaremos dando cuenta de ello con el mismo sentido de verdad.
La cuarta transformación, señoras y señores, es una realidad.
Es cuanto.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano.
Adelante, por favor.
La Senadora Verónica Delgadillo García: Muy buenos días a todas y a todos.
Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:
Hoy comenzamos el análisis del último Informe de Enrique Peña Nieto, el peor Presidente de México en la historia reciente de nuestro país.
Y lo hacemos en un rubro en el que no le vamos a dar buenos resultados, ni buenas cuentas a las mexicanas y a los mexicanos, que es el de política social.
Y para poder analizar y medir el resultado de la política social en nuestro país, es muy importante que recordemos también los compromisos que hizo Enrique Peña Nieto en el 2012.
El primero, era recuperar la paz. Incumplido.
Hoy se sigue una estrategia de seguridad fallida, que condena a los que menos tienen y que le sigue arrebatando la vida todos los días a miles de personas.
Mejorar la educación. Totalmente incumplido.
Hoy la política educativa en nuestro país es un verdadero fracaso.
Como se los dijimos al Secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien además de perseguir a los maestro y utilizar el dinero de los niños y de los jóvenes para la educación, se dedicó a montar un circo mediático para sus fallidas aspiraciones presidenciales.
Impulsar el crecimiento económico. Aquí no tenemos nada que decir.
Eliminar la pobreza. Incumplido.
Hoy tenemos más pobres que cuando comenzó este sexenio.
De acuerdo a Coneval, del 2012 al 2016 en este país 3.9 millones de personas aumentaron, cayeron en pobreza extrema.
El Presidente también incumplió su compromiso de atender a la población que se encuentra en pobreza extrema y que tiene grandes problemas de alimentación.
Según el Coneval, en México hay por lo menos 9.4 millones de personas en pobreza extrema y de ellos 1.2 son niños y niñas que padecen de desnutrición crónica.
Mientras esto pasaba, mientras esa era la realidad y sigue siendo la realidad de millones de personas en nuestro país, nosotros tenemos un gobierno federal que gastaba 68 mil millones de pesos en publicidad oficial, prácticamente para hablarnos de un país que no existe.
Es decir, que este gobierno sí tenía claras sus prioridades, pero el problema es que sus prioridades no son las prioridades que tenemos todas y todos los mexicanos.
Y para eso podemos seguirlo comprobando de diferentes formas.
Hoy en este país tenemos a más de 68 millones de personas que no tienen seguridad social.
A 24.6 millones de personas que cuentan con carencias de acceso a la alimentación y esto, miren, no lo digo yo, lo dice el Coneval.
Y lo peor de todo, es que mientras todo sube en México, la canasta básica, la gasolina, el gas, nos acaban de recetar un casetazo, el ingreso de las familias mexicanas sigue siendo prácticamente el mismo desde hace 30 años. Imagínense nada más.
Como podemos ver, no hay una cosa que podamos presumir en política social de este sexenio.
Y aquí quiero concentrar mi participación en dos temas que considero fundamentales, porque tanto el Presidente de la República, sus aliados y sus secretarios, tienen que darnos una explicación y me refiero a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que supuestamente era uno de sus programas estrellas de este sexenio y a la “Estafa Maestra”, un entramado de corrupción y desfalco del dinero público.
Miren, después de cinco años de mal trabajo, quedó claro que la Cruzada Nacional Contra el Hambre no cumplió su objetivo de reducir la carencia al acceso a la alimentación, no se erradicó la pobreza alimentaria a 6.1 millones de personas que este programa pretendía alcanzar.
Y de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, lo peor de esto es que ni siquiera tenemos certeza si ese programa realmente fue utilizado por personas que tenían pobreza extrema alimentaria.
Miren ustedes, por un lado, teníamos a tres millones de personas con pobreza extrema, carencia alimentaria y que no reciben ningún tipo de beneficio.
Y por el otro, teníamos a 279 mil personas que estaban recibiendo apoyos sin necesitarlos.
Yo les quiero decir que esta cruzada a todas luces fue un fracaso.
Pero también, si esto nos genera indignación, ahora nada más pónganse a pensar en la “Estafa Maestra”; más de siete mil millones de pesos en contratos ilegales, tres mil 433 millones de pesos entregados a empresas fantasma, dos mil 224 millones de pesos desviados por la Secretaría de Desarrollo Social, que tenían que haber sido designados para atender las necesidades de los que tienen mayor problema en este país.
Pero hasta hoy no hay ninguna nota de dónde está ese dinero, ni una persona en la cárcel pagando los delitos por este desvío millonario.
Y aquí quiero hablar un poco de lo que salió el día de hoy en el periódico Reforma, la hoy Secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial, Rosario Robles, que ha sido acusada por desviar más de mil 700 millones de pesos, que además amedrentó a algunos periodistas para que no se utilizara la información, hoy en el mismo periódico Reforma sacan una nota en la que dice que: “Robles saquea 700 millones de pesos en efectivo de la Secretaría de Desarrollo Social”.
Como ven, esta fue a forma de operar de este gobierno.
Y aquí también hay que recordar que desde esa Secretaría, de un plumazo se borraron algunas cifras de pobreza extrema en nuestro país.
Miren, compañeras y compañeros, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que tanto la “Estafa Maestra”, como el problema que hubo con la Cruzada Nacional Contra el Hambre, dibujan claramente el cuerpo de una administración que se dedicó a darle la espalda a la gente y su sello distintivo era la corrupción.
Por eso, este gobierno en lugar de gobernar y trabajar para la gente, se dedicó a robarle el futuro a las mexicanas y mexicanos.
Y quiero concluir diciendo, que en política social no tenemos nada que celebrar.
A ustedes los responsables de esta catástrofe, a los Secretarios, a esta Secretaría, a este gobierno, les puedo decir que se podrán escapar del juicio de la justicia, pero no del juicio de la historia.
Es cuanto.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Nuvia Mayorga Delgado, del Partido Revolucionario Institucional.
La Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado: Gracias, buenas tardes, compañeras y compañeros.
El objetivo central del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a lo largo de estos seis años ha sido construir un país en el que todos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades.
Hoy podemos afirmar que ese objetivo se ha cumplido, hoy tenemos un México más incluyente que al inicio de este gobierno.
Este sexenio ha sido muy importante, ver diversas transformaciones, consolidaciones en el andamiaje jurídico e institucional de la política social.
Ha sido una genuina preocupación diseñar políticas públicas, sociales de combate a la pobreza, lo que animó a conjuntar diversos esfuerzos para avanzar en la inclusión social.
Estas acciones han generado resultados positivos de acuerdo con el organismo autónomo responsable de medir la pobreza, que es este gran organismo, Coneval.
Los resultados son producto de una política de nueva generación que busca un posicionamiento en el ejercicio pleno de los derechos sociales, que conlleva al fortalecimiento de los programas como Prospera, que se transformó en el 2014, que ahora permite por primera vez otorgar becas a estudiantes universitarios, y alternativas de inclusión financiera laboral y productiva a las mujeres que tienen ese beneficio.
En la actualidad existen 6.9 millones de familias que reciben este beneficio, quitándole lo paternalista, partimos de que en el 2013 a la fecha un millón más de beneficiarios tienen este problema.
Y les puedo decir que la OCDE y el Banco Mundial son instancias internacionales y reconocidas que han dicho que este programa es muy exitoso.
Con Prospera se han creado condiciones para que millones de mexicanos rompan las cadenas de la pobreza intergeneracional, pueden incorporarse al desarrollo del país.
Es importante reafirmar, como lo ha dicho mi compañero, que el programa de pensión para adultos mayores, apoya a 5 millones de personas, casi 2 millones más que en 2013.
El Presidente Peña Nieto instruyó reducir la edad para hacer beneficiarios de 70 a 65 años, lo que abrió la puerta a muchos mexicanos más.
Al respecto los Senadores del PRI queremos dejar en claro que el proyecto para ampliar la edad de ingreso a esta pensión de 65 a 68 años que ha anunciado el próximo Secretario de Hacienda, puede generar exclusión; un profundo descontento social y un retroceso en la vida de muchas personas.
El programa de Jefas de Familia se han afiliado a la fecha 6.8 mamás que no tenían ningún beneficio cuando ellas fallecieran.
El firme propósito del Presidente Peña Nieto por impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres lleva a incorporar, por primera vez, la perspectiva de género que ha traído importantes resultados, sobre la reforma al artículo 41 constitucional que incorpore en principio la paridad de género en la postulación de candidaturas a cargo de elección popular que ha permitido el avance de la participación de las mujeres.
Un ejemplo, somos muchas de las Senadoras que nos encontramos aquí. Apoyada en el empoderamiento económico de las mujeres con créditos para el emprendimiento en condiciones preferenciales de marzo del 2016 a junio del 2018 se han otorgado siete mil 232 créditos a emprendedoras para promover el desarrollo de los pueblos indígenas se ha apoyado a más de cinco millones de niñas, niños, mujeres, hombres indígenas que hoy son más visibles, y se ha podido disminuir el rezago en la infraestructura básica del 2013 al 2017.
Como un ejemplo de ello, es en electrificación que ha disminuido del 29 al 12 %; en agua potable, ha pasado del 84 al 63 %; en drenaje ha disminuido del 91 al 80 %; en comunicación terrestre pasó del 93 al 88 %.
Para contribuir al desarrollo económico de la población indígena se creó la marca Más Indígenas, Calidad Mexicana, un distintivo para los artesanos y los productores, así como la marca Paraísos Indígenas que ha tenido una evaluación internacional, debido a que esta marca le da una promoción a la riqueza cultural y natural que tienen los pueblos indígenas.
Todos los resultados mencionados, entre otros fueron posibles porque el gobierno de la República en la aplicación de la política social renunció a una visión clientelar y paternalista de la pobreza a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre se dio visibilidad a temas urgentes en la agenda social y prioridad a la coordinación con todas las autoridades estatales y municipales.
Compañeras y compañeros:
La pobreza extrema y carencia social están en sus mínimos históricos, hoy tenemos un país más incluyente, no hay espacio alguno para el triunfalismo, los legisladores del Revolucionario Institucional somos los primeros en reconocer que a pesar de los resultados positivos que tenemos hoy, la pobreza afecta aún más a un sector muy importante de la población.
El Presidente ha reconocido la necesidad de hacer mucho más en materia de combatir la pobreza, lo realizado y los resultados alcanzados muestran que se ha avanzado y ha disminuido la pobreza de manera significativa, y que no es sencillo.
No puede haber prosperidad ni democracia plena con casi la mitad de la población en pobreza.
Las y los Senadores del PRI habremos de mantener un diálogo abierto y constructivo con todas las fracciones parlamentarias, porque lo más importante es México y su gente.
Vayamos más allá de nuestras particulares visiones partidistas para que caminemos juntos en la pluralidad y dar más resultados positivos a México.
México es nuestra nación, México es nuestra casa. Es el propósito que nos une aquí.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Xóchitl Gálvez, de la bancada del Partido Acción Nacional.
La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Gracias, y con el permiso de la Presidencia,
Compañeros y compañeras Senadores:
Asistimos al ejercicio de análisis y evaluación de las acciones del gobierno federal en materia de política social.
Como parte de la glosa del Sexto Informe de Gobierno de la actual administración, con la intención de exponer nuestro balance en los rubros de educación, salud, vivienda y alimentación.
El sexenio de Enrique Peña Nieto pasará a la historia como el sexenio de las mentiras, en sintonía con la falta de sensibilidad que ha caracterizado a este gobierno.
Damos cuenta del escandaloso gasto en medios de comunicación para promocionar las acciones en la imagen del Presidente.
Con el sello característico de los gobiernos priístas que tratan de ocultar la realidad a base de la repetición de la mentira, pero aquí estamos los legisladores del PAN para desmentir estas cifras alegres y verdades a medias contenidos en el sexto y último Informe de gobierno.
Los doce tomos del Informe de Gobierno bien podrían ser los capítulos de un cuento llamado: “Peña Nieto en el País de las Maravillas”.
Nosotros no vemos ese país estable y sin crisis, mejor que el de hace seis años, que dice recibir el Presidente electo.
El día de hoy analizamos la política social que no se trata de cifras ni de números, se trata de personas.
México es el país más desigual de los países que forman la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico.
La política social del actual gobierno para combatir la pobreza y la marginación, fracasó.
La desigualdad social, no sólo no se detuvo, sino que se amplió.
El 10 % más rico de la población en México gana 20 veces más que el 10 % más pobre, superando el promedio la OCDE.
Cabe destacar que ese indicador empeoró respecto a las mediciones registradas en 2007 y 2010.
Pero vayamos por partes. En materia de salud, las comparaciones internacionales evidencias el fracaso.
En estos seis años se agudizaron situaciones que nos lastiman como la mortalidad infantil y materna, cayendo por debajo de la atención en otros países.
En 2016, la tasa de mortalidad infantil fue de 12.1 defunciones de menores de un año de edad por cada mil nacidos vivos, en contraste con Libia, que fue de 10.8; Tailandia, 9.2; Sir Lanka, 8.4; Costa Rica, 8, y Chile 6.6, y ya ni hablemos de Estados Unidos y Canadá, que están debajo de los 5.
En materia educativa, el PAN ha sido claro en su postura. Estamos a favor de la calidad en la educación, pero eso, por eso aprobamos la reforma educativa, pero también reiteramos que el gobierno de Enrique Peña Nieto se equivocó al implementar la misma.
En materia de vivienda, el país sigue muy lejos de cumplir las expectativas de los mexicanos por contar con una vivienda digna.
Los datos del Inegi nos confirman el panorama desalentador, 11.6 millones de personas que representan el 9.4 % de la población total del país viven en condiciones de hacinamiento.
En materia de alimentación, nuevamente el actual gobierno federal incumplió sus objetivos, tal como fue constatado por las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación.
El programa emblemático de este rubro fue: “La Cruzada Nacional Contra el Hambre”, operado por la Secretaría de Desarrollo Social.
Y ya lo dijo la Senadora Verónica: “No les encanija saber que 700 millones de pesos fueron sacados del gobierno con empresas fantasmas”.
Por cierto, la universidad de mi pueblo politécnica fue parte de esta red de contratos, de verdad, bastante oscuros. Son fregaderas, y no digo las palabras por respeto a esta tribuna, pero las palabras adecuadas serían otras. Ese dinero debió de ir a parar a combatir realmente la pobreza.
Las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la cuenta pública 2016, son contundentes. Ese programa no garantizó la erradicación de la pobreza extrema alimentaria a 6.1 millones de mexicanos.
Las comunidades indígenas también padecieron seis años de política social alejada de la búsqueda del bienestar.
Basta señalar que de 2016 a 2017 se redujo el presupuesto en un 50 % sin que se recuperara, por lo que hoy, en términos reales, la Comisión de Pueblos Indígenas tiene el equivalente de presupuesto que había en 2006.
Hoy podemos ver a las universidades interculturales abandonadas, se aprueban .6 kilómetros de camino rural, y eso, de verdad, se pudo haber resuelto si la corrupción en este gobierno no fuera tan grave.
Un dato más que ilustra el fracaso de la política social de la actual administración es el retroceso sufrido en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo.
En 2016, México se ubicó en el lugar 77 de desarrollo humano de 188 países, tres lugares respecto a 2015 abajo, y cinco respecto a 2010.
Las y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional seremos vigilantes y haremos respetar el Pacto Federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal.
Muchas gracias, Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, señora Senadora.
Tiene el uso de la palabra el Senador Félix Salgado Macedonio.
(Aplausos)
Si no se encuentra en la sala, entonces tiene el uso de la palabra la Senadora Gricelda Valencia de la Mora.
(Aplausos)
La Senadora Gricelda Valencia de la Mora: Con su venia, Senador Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, por favor.
La Senadora Gricelda Valencia de la Mora: Honorable Asamblea:
Es menester de este Senado revisar si el informe presentado por el Titular del Poder Ejecutivo corresponde a la realidad que viven día a día millones de mexicanos y mexicanas.
En ese tenor, el México incluyente que ha sido un pilar fundamental del Plan Nacional de Desarrollo, contrasta con el México de la desesperanza, la polarización y la marginación en la que gran parte de la población vive en este país.
De acuerdo con cifras presentadas en el Sexto Informe, donde se informa que más de dos millones mexicanos salieron de la pobreza extrema, hay 62 millones de personas con un ingreso inferior a la línea del bienestar, cuando al inicio de la administración eran 60 millones, y a finales del 2017, el 41 %.
El 41 % de la población no pudo adquirir una canasta básica con un ingreso laboral debido al aumento del valor de esta en un 9 %.
Según el Coneval, en 2008 y 2016, la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas, al mismo, que 2.9 millones de mexicanos dejaron de estar en esta situación de pobreza extrema.
El segundo dato pareciera alentador, pero simplemente basta analizar las cifras que se engloban a la población en pobreza y aquella en pobreza extrema para retirar el maquillaje que se les pone hábilmente a este informe, y damos cuenta de que esta población sigue viviendo en la precariedad.
En estos seis años, aumentó en 1.6 la población de este sector vulnerable, por tan sólo en los primeros 21 meses de gestión que termina este diciembre. Se le añadieron unos 2 millones de mexicanos al universo de la pobreza, un promedio de 105 cada mes.
Por su parte Sedesol destaca avances en materia de políticas, de inclusión y combate a la pobreza, como la afiliación de 6.8 millones de familias al Programa Prospera, y que de acuerdo con el gobierno federal, beneficia a 28 millones de personas o a uno de cada cuatro mexicanos, pero esto nos aleja de la realidad de desigualdad que aún prevalece en nuestro país.
Tan solo en 207, el 1 % de los habitantes más ricos concentró el 30 % de la renta del país.
Los diez mexicanos más privilegiados cuentan con la misma riqueza que el 50 % de los demás mexicanos.
En este sexenio cierra con 58 % de habitantes en zonas rurales en pobreza, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, tenemos 80 % de los hogares rurales sufriendo de hambre.
En materia de inclusión y desarrollo de los pueblos indígenas, la Auditoría Superior de la Federación, en su Informe 2017, identificó 45 proyectos que concluyeron fuera de plazos establecidos, por lo que se aplicaron apenas convencionalmente a los contratistas por más de 2 millones y medio de pesos, mismos que se encuentran pendientes de recuperación.
Existen, además, a la fecha, cinco proyectos que a principios de este año no se habían terminado, y representan atrasos de tres a cuatro meses en relación con la fecha pactada en el contrato, sin que se hayan tomado medidas para sancionar a las empresas contratistas por incumplimiento de contrato.
Se asignaron más de 17 millones de pesos del gobierno del estado de Chiapas para su aplicación en proyectos de programa de infraestructura indígena. Sin embargo, la Comisión de Desarrollo Indígena no se los entregó al Estado, ni los reintegró a la Tesorería Federal.
Surge, evidentemente la duda. ¿Por qué la comisión aún conserva los recursos y no los entrega para la aplicación de proyectos?
En Veracruz, el Presidente Enrique Peña Nieto sólo sembró promesas plasmadas en supuestos compromisos ante notario a favor de la población con discapacidad que incluían: armonizar la normativa mexicana para cumplir de manera progresiva con lo establecido por la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad; incrementar el fondo de accesibilidad en el transporte público, y promover el respeto y la inclusión con programas realizados en conjunto con la sociedad civil organizada, entre otras.
Estos tres compromisos sin cumplir se suman a los 131 que Peña Nieto firmó y no cumplió en estos seis años.
En cuanto a salud se refiere, la propuesta de seguridad social universal no ha sido como lo prometieron, se dijo que garantizaría el acceso a los servicios de salud, una pensión para adultos mayores a 65 años y seguro de desempleo, pero con las reformas estructurales en el 2015 el impacto golpeó de manera negativa los servicios de salud con la subrogación de algunos de ellos, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Dentro de este Sexo Informe se resalta que el IMSS atiende a 9.2 millones más que en el 2012, y que se garantiza su viabilidad financiera hasta 2030; sin embargo, el país está funcionando bajo una infraestructura por muy debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, hay dos médicos por cada mil pobladores, cuando la recomendación es de tres por cada mil pobladores.
Existe una capacidad de 83 mil 37 camas por 112 millones de personas, según datos de la Secretaría de Salud, cuando México requeriría añadir al menos otras 200 mil para el 2020, para estar al margen con las recomendaciones de la OMS.
Hay un grave desequilibrio en cuanto al personal de apoyo médico, el sector público, cuando apenas en 312 mil enfermeras para atender a más de 112 millones de habitantes de la República.
En el mismo apartado del Seguro Popular la administración informa que el catálogo ampliado incluye 294 intervenciones que cubre a sus usuarios, pero no aclara que estas apenas representan el 2.03 del total de más de 14 mil enfermedades clasificadas por la OMS en México, tampoco menciona que en estos seis años de gobierno sólo se añadieron dos padecimientos dentro de las enfermedades de alta complejidad diagnosticada y de tratamiento, dejando fuera la diálisis y el trasplante de riñón. Demanda que ha sido permanente desde la creación del Seguro Popular.
Otro dato que destaca con orgullo el Sexto Informe es la construcción y modernización…
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Concluya, Senadora.
La Senadora Gricelda Valencia de la Mora: Y modernización de cuarenta nuevos hospitales y clínicas en todo el país, pero hace mención a montos pendientes a aclarar encontrados en diversos.
Concluyo.
México Próspero.
Las cifras de planteamiento del Ejecutivo abundan en la expresión simple y alegre de los logros del sexenio, sin entrar en un análisis profundo y honesto de cada uno de los apartados.
La estabilidad macroeconómica con base al crecimiento, el titular del Ejecutivo pretende sostener la idea de que las reformas llamadas estructurales han sido un ingrediente que ayudó a sortear la volatilidad financiera internacional amenazada por los bajos precios del petróleo, el brexit y las elecciones de Estados Unidos. Nada más falaz que eso, ya que su implementación está claro que no ha sido la correcta.
En materia de desarrollo regional, con bombo y platillo se anunciaron obras de infraestructura de gran magnitud. No obstante, dichas obras no serán concluidas en este sexenio, los retrasos son considerables y habrán de ser sujetas de revisión en las condiciones de contratación, me refiero al nuevo aeropuerto y al tren interurbano de Toluca-Ciudad de México.
En cuanto a la vocación de gasto de la administración vemos que existió una caída del 24.5 de la inversión pública del 2012 al 2018. Por el contraste se observa un incremento del 7.2 en gastos de salarios y sueldos del servicio público.
En carreteras y autopistas existen obras…
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Concluya, por favor, Senadora.
La Senadora Gricelda Valencia de la Mora: De cuestionable calidad de las más significativas que es, sin duda, paso a expresar la de Cuernavaca, que debido a la obra deficiente se generó un socavón en la que perdieron la vida dos personas el pasado 12 de julio del 2017.
Es cuanto.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
Con la anterior intervención, damos por concluido el Análisis del Sexto Informe de Gobierno, en materia de política social.
En cumplimiento del numeral 5, del artículo 7° de la Ley Orgánica del Congreso General, y el resolutivo cuarto del acuerdo aprobado por este Pleno, la versión estenográfica se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
En el apartado de presentación de las iniciativas legislativas de la sesión de hoy, en la primera ronda, y en el uso de la tribuna, la Senadora Olga Sánchez Cordero, a nombre del grupo parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 30 constitucional, en materia de nacionalidad mexicana.
Adelante, Senadora.
La Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Con su venia, señor Presidente.
Honorable Cámara de Senadores:
En nuestro país, el artículo 4° constitucional ha reconocido desde el 2014 que: “todas las personas tienen derecho a la identidad cuyos componentes son la fecha de nacimiento, su nombre, su apellido, sexo y su nacionalidad e implica la obligación a cargo del Estado de garantizar su cumplimiento y expedir, a través de las autoridades competentes, gratuitamente, la primera copia certificada del Acta del Registro de Nacimiento de los ascendientes, tutores, custodios de los menores, preservar y exigir su cumplimiento”.
La ausencia de oportunidades de desarrollo de muchos de nuestros connacionales, especialmente en el ámbito laboral, ha dado lugar a que un considerable número de mexicanos hayan buscado estas oportunidades laborales en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, país en el que conforme a los datos del Anuario de Migración y Remesas México 2017, habitan aproximadamente 12 millones de mexicanos de los que cerca de la mitad se encuentran en condición migratoria irregular, lo que trasciende necesariamente a la condición de que se encuentran en condición migratoria irregular lo que trasciende la condición de sus hijas e hijos menores, pues quedan en una situación de vulnerabilidad debido a que en gran números de casos se les impide el real y el verdadero ejercicio a su identidad y a su nacionalidad.
México ratificó en septiembre de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño que prevé en su artículo 7°, como derechos de los menores los de ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento, tener un nombre desde que nacen, adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos, así como la obligación del Estado y de los Estados partes en esta Convención de velar por su aplicación de conformidad con la legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes, sobre todo cuando de otro modo el niño resulta apátrida.
Contar con una nacionalidad forma parte del derecho a la identidad y es, en consecuencia, un derecho humano. Por tanto, es obligación del Estado mexicano, además de garantizarlo y promoverlo, considerar que en cumplimiento al principio de progresividad en la materia, como se ha resuelto por la jurisprudencia de nuestro alto tribunal, tomar medidas que atiendan primordialmente al interés superior de los menores para lograr su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, lo que deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todo lo concerniente a su vida.
Tradicionalmente se consideró a la nacionalidad como un lazo establecido entre el Estado otorgante y los miembros de su grupo social.
Sin embargo, esta concepción ya ha sido superada, pues al ser un derecho humano reconocido por nuestra Constitución es una prerrogativa inherente a todos los seres humanos, por el sólo hecho de ser.
Por lo que el Estado mexicano, debe establecer las normas necesarias para que se haga valer y eliminar a través de ellas cualquier obstáculo o cualquier restricción para su cabal ejercicio.
Sin embargo, la fracción II del artículo 30 de nuestra Constitución, condiciona la adquisición de la nacionalidad mexicana, de las personas que nazcan en el extranjero a que sus padres mexicanos sean y hayan nacido en territorio nacional.
Así entonces, si los padres nacieron en el extranjero y adquirieron la nacionalidad mexicana por el derecho de sangre, no transmitirán la nacionalidad mexicana a sus hijos, porque serán apátridas todos los hijos de padres mexicanos en el extranjero, sobre todo si nacen en un país que solamente contempla la nacionalidad a través del derecho de sangre.
Lo anterior no es un tema menor, pues además de que con ello se transgrede el derecho humano de las personas a tener una identidad, los invisibiliza, ya que al impedírseles contar con una constancia de su existencia y de su pertenencia al Estado mexicano, se les deja en condición de apátridas, lo que los hará enfrentarse a situaciones de grave discriminación, a pesar de estar prohibida por nuestra Constitución.
Y no sólo eso, sino que quedarán impedidos del ejercicio de otros derechos humanos como son el de educación, el de acceso a la salud, entre otros muchos.
Conforme al criterio del derecho de la sangre, los padres, la madre o el padre que sean nacionales de un determinado país, transmiten su nacionalidad a sus hijos sin que interese si estos o aquellos son nacidos en el extranjero.
Este criterio ha sido reconocido por muchos países, por ejemplo, en Europa, Francia, Italia, España, así también como los Estados de Norteamérica.
A pesar de que dicho criterio también tendría que aplicarse en México, esto no sucede así, debido a que la fracción II del artículo 30 constitucional limita la adquisición de la nacionalidad mexicana, tratándose de quienes nazcan en el extranjero a que sean hijos de padres mexicanos o de padre o madre mexicana, no solamente mexicanos por el derecho de sangre, sino que haya nacido en el territorio nacional.
Así entonces, se considera que hay países en los que la nacionalidad no se otorga conforme al derecho de suelo, sino solamente por el derecho de la sangre, es obligado a concluir entonces, que dicha restricción no hace sino traer como consecuencia, el que las personas que deberían tener derecho a nuestra nacionalidad, no pueden tenerla, les es limitado. De ahí que se propone suprimir la porción normativa de la fracción II del artículo 30 constitucional que dice: “nacidos en territorio nacional”.
Como mexicana y como legisladora, sé que estamos empezando a trabajar en una nueva integración del Congreso General.
Así, entonces, debemos establecer normas que les permitan ejercer sus derechos plenos a nuestros connacionales, específicamente el de la identidad y el de su nacionalidad en cualquier parte del mundo en que se encuentren.
Así, entonces, debemos luchar por hacer que cristalice en este nuevo proyecto de nación, que tengamos un verdadero Estado democrático de derecho, que es aquel en el que se cumplen cabalmente los principios de supremacía constitucional, de legalidad, de división de poderes y, sobre todo, que se respeten de manera real y efectiva los derechos humanos de las personas, pues con base en esto, es que se propicia el desarrollo humano que debe estar basado en la seguridad económica, alimentaria , ambiental, personal, de salud, de todas y todos, especialmente de nuestros menores.
Yo quisiera compartirles que hoy en día los consulados mexicanos en los Estados Unidos están otorgando la nacionalidad mexicana en base a un precedente del Poder Judicial, pero este precedente del Poder Judicial, claramente va en contra de esta restricción constitucional de la fracción II del artículo 30.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Senadora.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora. . .
Sonido en el escaño del Senador Miguel Ángel Mancera.
El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Gracias.
Solamente para adherirnos como grupo parlamentario. Sumarnos a la iniciativa de la Senadora Sánchez Cordero.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador.
Pido a la Secretaría que recoja la firma de los Senadores que se adhieren, por favor.
Senador Eruviel Ávila.
Sonido en su escaño, por favor.
El Senador Eruviel Ávila Villegas: (Desde su escaño) Muchas gracias.
De igual forma felicitar a la Senadora, y de igual forma el grupo parlamentario del PRI se suma a esta iniciativa.
Muy sensible, por cierto.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Pido a la Secretaría recoja la firma, por favor.
Sonido en el escaño del Senador Alejandro González Yáñez.
El Senador Alejandro González Yáñez: (Desde su escaño) Con su venia, Presidente.
Para expresar la adhesión del grupo parlamentario del Partido del Trabajo a la iniciativa que acaba de presentar la Senadora Olga Sánchez Cordero.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Solicito se recoja la firma correspondiente, por favor.
Sonido en el escaño de la Senadora Kenia López, por favor.
La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
De igual forma, primero, agradecer a la Senadora y ex ministra que nos compartió la propuesta y que, por supuesto, acompañamos todo el grupo parlamentario de Acción Nacional.
¡Muchas felicidades, Senadora!
Gracias.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
Sonido en el escaño de la Senadora Marcela Mora.
La Senadora Elvia Marcela Mora Arellano: (Desde su escaño) Para adherirnos a la propuesta de la Senadora Olga Sánchez Cordero, el grupo parlamentario del PES.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Sonido en el escaño de la Senadora Josefina Vázquez Mota.
La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.
Nos sumamos y felicitamos esta iniciativa, y con entusiasmo la asumimos también en nuestro grupo parlamentario.
¡Felicidades, Senadora!
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchísimas gracias, Senadoras, Senadores.
Pido a la Secretaría recoja las firmas de adhesión correspondientes.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, a nombre de los Senadores y Senadoras del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de la Fiscalía General de la República.
Adelante, por favor.
La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, señor Presidente.
Las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional, integrantes de la LXIV Legislatura, que suscribimos esta iniciativa, sometemos a la consideración de esta soberanía el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Fiscalía General de la República.
El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, con el objeto de que mediante la modificación al 102 constitucional poder establecer una Fiscalía General de la República como un órgano público, autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio.
Sin embargo, en el Decreto de esta reforma constitucional, se carece de un diseño institucional amplio para la nueva Fiscalía, que prevea una estructura mínima, límites y contrapesos a la institución, así como la creación de un Servicio Profesional de Carrera.
La reforma que creó la Fiscalía General estuvo enfocada a criterios de elegibilidad y duración del fiscal, definición de sus funciones, y no así a la estructura de la institución.
Resulta evidente que no podemos crear una Fiscalía autónoma e independiente sobre la estructura colapsada de la PGR.
Por ello, el grupo parlamentario de Acción Nacional considera que la construcción institucional de la Fiscalía, mediante una ley secundaria, requiere del respaldo constitucional que defina al órgano de investigación y persecución de los delitos, a fin de que responda satisfactoriamente a las necesidades de nuestro país.
No cabe duda que el principal problema que vivimos es la inseguridad, inseguridad que es producto de los altos índices de delincuencia, de corrupción, pero, sobre todo, de impunidad.
Según datos de Inegi 2017, a nivel nacional tenemos índices de impunidad de entre el 96 y 97 % de los delitos cometidos tanto a nivel federal como local.
En México estamos viviendo una crisis de legitimidad que nos afecta a todas las instituciones. Hay enojo social, frustración por los actos de corrupción, pero más aún por la impunidad con la que los servidores públicos actúan.
Casos como la Casa Blanca, Ayotzinapa, OHL, Odebrecht, la Estafa Maestra, Nochixtlán, el Paso Exprés de Cuernavaca, Javier Duarte, en Veracruz; César Duarte, en Chihuahua; Borge, en Quintana Roo; y más recientemente el caso de Alejandro Gutiérrez y Gutiérrez, así como otros más.
Ante todo esto, la sociedad organizada ha alzado la voz y ha dicho: “¡Ya no más, ya basta!”.
Ha habido una participación abierta y decidida de la sociedad civil a través de diversos colectivos que agrupan organizaciones, académicos, expertos y ciudadanos con el propósito de impulsar una Fiscalía realmente autónoma, realmente independiente y eficaz, que sea la Fiscalía General de la Nación y no una Fiscalía de la Presidencia de la República en turno para perseguir a sus adversarios políticos.
Necesitamos que la Fiscalía investigue delitos, sancione a los responsables y que termine con la impunidad y la corrupción, más aún, con la simulación, a través de un Sistema de Procuración de Justicia que sirva y en el que podamos confiar.
Recientemente los medios de comunicación han difundido diversos nombres sobre las personas, sobre las que podría recaer la posible designación del Fiscal General de la República.
Más allá de las personas mencionadas, existe un procedimiento de designación establecido en el artículo 102 constitucional, es norma constitucional vigente y exigimos que se cumpla.
Le decimos al Presidente electo, que lo será de todos los mexicanos: “Señor Presidente electo, por favor, no al Fiscal carnal”.
(Aplausos)
Esta es una preocupación de Acción Nacional, las propuestas ciudadanas son los pilares fundamentales sobre las que se ha construido esta iniciativa, misma que está basada en los siguientes ejes:
Se propone como facultad del Senado nombrar y remover al Fiscal General de la República, pero también a los titulares de las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales, de Combate a la Corrupción y de Derechos Humanos, ésta última propuesta de nueva creación.
Se propone crear la figura de un Inspector General como un Órgano Interno de Control con la facultad de perseguir los delitos que cometan los servidores públicos de esa institución, así como un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros ciudadanos con facultades de opinión, recomendación y evaluación del desempeño, mismos que proponemos sean designados y, en su caso, removidos por el Senado.
A fin de garantizar la autonomía del Fiscal General frente a intereses políticos, se propone incorporar en el artículo 102 de la Constitución, como requisito adicional para ser Fiscal General de la República, el no haber desempeñado cargo de dirección o de representación de algún partido político en los últimos seis años a su designación.
El Fiscal General, proponemos, dure en su cargo seis años improrrogables, los Fiscales Especializados, cinco años.
Esta reducción en el tiempo del encargo respecto de la norma constitucional que hoy nos rige, resulta justificada si tomamos en cuenta que en nuestro país en los último 28 años los Procuradores Generales de la República han durado en su función menos de dos años.
A fin de fortalecer la autonomía del Fiscal, en caso de remoción de éste, el Ejecutivo debe solicitarlo al Senado de la República y ser aprobado por votación de dos terceras partes de los miembros presentes.
Aún más, se propone que en un ejercicio de equilibrio de poderes, el 33 % de los Senadores pueda solicitar su remoción.
El Fiscal General, los Fiscales Especializados, el Inspector General, este Consejo Ciudadano Consultivo, para la rendición de cuentas están obligados a presentar un informe anual al Senado.
Se propone, asimismo, la creación de un Sistema de Servicio Profesional de Carrera, que regule el ingreso, reclutamiento, ascensos, estímulos, recompensas del personal adscrito a la Fiscalía General de la República, bajo los principios de igualdad, idoneidad y méritos.
En suma, en el contexto general de inseguridad y criminalidad que predomina en México, tomando en cuenta el paradigma de los derechos humanos implementado en la Reforma Constitucional de 2011, el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, se hace indispensable, a nuestro juicio, una reforma de gran calado, con soporte constitucional, para la Fiscalía General de la República, misma que hoy sometemos a la consideración de esta honorable soberanía.
Señoras y señores Senadores:
Estos son algunos de los elementos más importante que contiene esta Iniciativa de Reforma Constitucional, que las Senadoras y los Senadores de Acción Nacional esperamos que cuenten con la valoración positiva por parte de todos ustedes.
Es cuanto.
Gracias, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias a usted, señora Senadora.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos.
Ahora tiene la palabra la Senadora Sylvana Beltrones, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Aduanera, en materia de impuesto a vehículos usados.
Adelante, Senadora.
La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros:
El día de hoy quiero hablarles de una exigencia ciudadana que estamos obligados a atender, se trata de los vehículos usados, de importación extranjera de forma irregular, los llamados “carros chocolates”.
Se calcula que México existen alrededor de seis millones de este tipo de vehículos, en particular en los estados de la llamada franja fronteriza norte, en donde existe una creciente e importante número de estos carros provenientes de Estados Unidos.
Por mencionar algunos ejemplos, se habla de que en Baja California, hay alrededor de 800 mil; en Tamaulipas, 500 mil; en Sinaloa, se habla de 100 mil; en mi estado, en Sonora, se habla que hay alrededor de 300 mil.
Se trata de un tema de justicia social y de seguridad.
La mayoría de los casos son familias de escasos recursos, que ante la necesidad de transporte internan vehículos de forma ilegal no solamente porque son más baratos, sino porque los costos para realizar los trámites de internación e importación se vuelven casi imposibles de pagar.
Y es que bajo el marco jurídico actual las familias no se benefician del Tratado de Libre Comercio y llegan a pagar hasta el 50 % de la tasa de importación del valor del vehículo.
Además de esto, pagan el IVA, el ISAN, el Derecho de Trámite Aduanero y el pago correspondiente al Agente Aduanal.
Por lo anterior, se pueden imaginar que el camino legal para la importación de un vehículo se vuelve ruinoso para las economías de las familias, especialmente de los estados del norte de nuestro país.
Esta situación también ha provocado redes de corrupción en autoridades aduanales, que facilitan esta internación ilegal, aprovechándose de la necesidad económica de las familias y de una legislación que no facilita un trámite expedido y accesible.
Por otra parte, es importante recordar que actualmente nuestro marco jurídico aplicable depende en gran medida del Decreto Presidencial del 2011, que se ha ido renovando su vigencia hasta el 31 de marzo del 2019.
Ante esta situación y por las negociaciones que actualmente se están llevando a cabo sobre el Tratado de Libre Comercio, es urgente que los legisladores tomemos cartas en el asunto y demos certeza jurídica a eta problemática, pensando, en primer lugar, en la gran cantidad de familias mexicanas que podrían beneficiarse con un mejor marco jurídico.
De igual manera, es importante que demos una salida que incorpore a la legalidad a millones de autos que ya existen en nuestro país y cuya situación irregular no sólo impide a sus dueños disponer de ellos de forma legal, sino que representan un área de riesgo para las entidades federativas, al no haber registro de esto e impidiendo su verificación ambiental, de tránsito o la implementación de esquemas de seguros adecuados.
Por todo lo anterior, se propone en la presente iniciativa lo siguiente:
Primero. Reformar la Ley Aduanera, para establecer en la franja fronteriza un solo Impuesto General de Importación del uno por ciento, para poder importar automóviles de forma definitiva y que lo recaudado de este impuesto vaya a un fondo de mejoramiento del transporte público, porque debemos de estar conscientes que gran parte de esta problemática tiene su origen por la falta de un transporte público bueno, eficiente y barato.
También proponemos, diseñar una ventanilla única para facilitar trámites de legalización.
Crear el Registro Federal de Automóviles Usados e Importados.
Incluir toda la gama de vehículos comerciales susceptibles de importación hoy incompleta.
Prohibir la importación de automóviles que no cumplan normas ambientales, mecánicas o que cuenten con registro o reporte de robos transnacionales.
Y, por último, realizar un Programa de Regularización Temporal, que tenga el plazo de un año y que para ello se otorguen estímulos fiscales, subsidios y facilidades para dicha regularización.
Estimadas compañeras y compañeros.
Con estas medidas estaremos apoyando a millones de familias en México, incentivando la importación legal de vehículos, disminuyendo el uso de canales ilegales y dando un marco confiable que nos beneficie a todos.
Y por eso, espero contar con el apoyo y la sensibilidad de cada uno de ustedes.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora.
Sonido en el escaño de la Senadora Josefina Vázquez Mota, por favor.
La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Considero que es un tema muy relevante y una realidad que ha llegado el momento de reconocer lo expuesto por la Senadora Beltrones.
Así que también veo con entusiasmo esta iniciativa, que entiendo, se trabajará en comisiones y que merece ser analizada a fondo y acompañada, si así se considera.
La recibimos como una propuesta importante.
Gracias, Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
Que la Secretaría recoja la firma de adhesión, por favor.
Túrnese a la Cámara de Diputados.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Samuel García Sepúlveda, a nombre de los Senadores y Senadoras del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción.
El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Gracias, Presidente.
Muerte civil.
La presente iniciativa la hemos denominado muerte civil, y tiene que ver mucho con la historia.
En la antigua Grecia la muerte civil significaba la pérdida del estatus de personas.
Los condenados perdían todos sus derechos civiles y jurídicos, incluyendo propiedades, posesiones y contratos.
En el Imperio Romano, irregulado en el Derecho Romano existía el interdicto. El condenado era despojado de sus bienes y expulsado del territorio romano.
Si volvía a las tierras del Imperio, prácticamente tenía una sentencia de muerte.
En Inglaterra la pena se llamaba Caput Lupinum, y era considerado un animal salvaje aquél que cometía corrupción.
En las épocas contemporáneas hoy la muerte civil ya está regulada en Francia, en Bélgica, en Italia.
En Francia, por ejemplo, el artículo 42 de su Código Penal establece que los tribunales que juzguen correccionalmente podrán en ciertos casos prohibir total o parcialmente el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Entre ellos, .5, el del voto; y del sufragio .6; el de ser tutor o curador.
Lo que el grupo legislativo de Movimiento Ciudadano pretende, es mandar un mensaje fuerte y claro a los corruptos.
No vamos a ir por sus vidas ni anular su matrimonio, mucho menos declararlos legalmente muertos.
Lo que sí queremos es ir por todos sus derechos políticos, vamos a encargarnos de que no vuelvan a la vida pública; a encargarnos de que no vuelvan a hacer daño; nunca más ser votado, nunca más un cargo público, nunca más ser proveedor, menos contratista, aún y si fuera un cabildo del municipio más alejado.
Si bien no existe la pena de muerte ni la buscamos ni la proponemos, sí queremos darle una probada a los corruptos de lo que es dejar de existir políticamente en México.
Por ello proponemos una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción, denominada, muerte civil.
México se encuentra en el nivel de percepción de corrupción alarmante; Transparencia Internacional el año pasado nos ubicó en el lugar 135 de 180, ya no es solamente la institución de transparencia internacional, ya también el índice de competitividad global, el Latinobarómetro, el reporte integrado y global, los indicadores globales de gobernabilidad, el Índice del Estado de Derecho, la ONU e infinidad de instituciones nos consideran como el país más corrupto o de los más corruptos.
Los hechos de corrupción que van desde mordidas, permisos y usos de suelo, trámites municipales hasta casos escandalosos como La Casa Blanca, OHL, Odebrecht, Estafa Maestra, Los Manglares de Tajamar, y un mundo de desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, no solamente merecen cárcel, merecen además una inhabilitación permanente, esos servidores no pueden volver a servir para servirse de la nación.
Un ejemplo, Layín, que decía que robó poquito, y que ahora, de nuevo vuelve a ser funcionario.
Los han dicho mis antecesores, la estafa maestra, lo que hoy sale en Reforma, de Rosario Robles, no podemos permitirle a esa señora volver a tener un cargo público ante los desfiguros y desmanes de corrupción que se ha encargado de cometer.
Hay que ampliar los mecanismos para combatir la corrupción, de nada sirve firmar tratados y convenciones si nos quedamos cortos a la hora de evitar el soborno, el enriquecimiento ilícito, los contratos públicos de desvíos o cualquier otro delito o hecho de corrupción.
Distintos autores y organismos han señalado el más conservador que nuestro país pierde por año 5 % del PIB en corrupción. Otras instituciones, un 9 o un 10.
Hay que buscar atacar este mal por todas las vías, y por eso creemos que como en otros países es importante establecer en nuestro sistema jurídico la inhabilitación permanente por actos de corrupción.
Por eso, y porque también hemos estudiado los precedentes del Poder Judicial, y desde la quinta época ha quedado claro que una condena sin plazo, como la perpetua sí se considera una pena inusitada.
Pero inhibir o impedir un cargo público por hechos de corrupción es completamente legal constitucional, y es hacer lo correcto.
Por eso, proponemos el siguiente decreto, que reforma y adiciona distinta disposiciones del Código Penal Federal, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 1º. Se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 212 del Código Penal Federal.
De manera adicional a dichas sanciones: “Se impondrá a los responsables de su comisión la pena de destitución y la inhabilitación permanente para desempeñar empleo, cargo o comisión pública, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación permanente para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos o concesiones.
Artículo 2º. Se reforma la fracción IV del artículo 78, y se suprime el último párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para quedar como sigue: Inhabilitación permanente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Por todo lo anterior mandemos un mensaje claro a los corruptos, que con esta Legislatura se les va a acabar la segunda oportunidad.
Muchas gracias, Presidente.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador García.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Juan Manuel Zepeda…
El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: (Desde su escaño) Presidenta.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido, por favor, al escaño del Senador Fuentes.
El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: (Desde su escaño) Gracias.
No sé si sea un momento procesal oportuno o solamente cuando estaba el Senador Samuel García al frente, para solicitar mi adhesión a esta propuesta, y del grupo.
Como el licenciado Samuel, creo, recordará también fue una propuesta de un servidor en la campaña, proceso en el cual Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional, resultaron como los preferidos de los electores de Nuevo León, contrario al PRI y a Morena, que aunque patalearon mucho, hicieron un proceso…
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.
El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: (Desde su escaño) Espéreme, todavía no termino.
Hicieron un proceso de impugnación amplio, pues, bueno, al final resultamos Senadores.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Es que estamos en presentación de iniciativas.
Habíamos acordado que si se quieren adherir o sumar a las iniciativas que han presentado, que levantaran la mano, toma nota la Secretaría Parlamentaria, y le hacían la consulta al Senador proponente para aceptar o no las adhesiones.
El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: (Desde su escaño) Entonces, estamos adheridos.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Fuentes.
Tome nota la Secretaría, por favor, y le consulta al Senador García.
Gracias.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias, Presidenta.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.
El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Saludo a los integrantes de la Mesa Directiva, a los Senadores y Senadoras, al público en general y a los medios de comunicación.
A nombre del grupo parlamentario del PRD, presentamos hoy la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
El día de hoy, todos sabemos que estamos en una discusión por demás saludable para la vida pública del país.
En febrero del 2014, empezó una serie de reformas constitucionales en materia de justicia y de democracia, pero particularmente, en junio del 2016 se instauró el nuevo Sistema Penal Acusatorio, como parte del fortalecimiento de las instituciones democráticas.
El objetivo de esto es, sin duda alguna, que podamos nosotros tener una Fiscalía General de la República con carácter de organismo público autónomo, pero justo aquí es donde empezamos a ver los problemas, y sirve esto para adelantar que el grupo parlamentario del PRD estará presentado a la brevedad una reforma constitucional al artículo 102, en su apartado A, porque miren qué es lo que establece este artículo, justamente un espíritu contrario al objetivo de esta Fiscalía General de la República.
El artículo 102 constitucional, en su apartado A, todavía le otorga la facultad y la potestad al Titular del Ejecutivo para proponer una terna a este órgano colegiado, al Senado, y que aquí se elija a ese Fiscal General de la República.
Pero también ese artículo 102 constitucional, en su apartado A, le da la facultad exclusiva al Presidente de la República de remover al mismo fiscal.
Entonces, resulta que cualquier intento que nosotros hagamos hoy por dotar la autonomía e independencia al Fiscal General de la República, se va a ver truncada con este artículo 102, y sabemos que cuando, en el pasado, algún Procurador General de la República ha estado a cargo o le debe el empleo al Presidente de la República, ya hemos visto, y la historia no lo consigna, los casos aberrantes del uso de las instituciones para acabar políticamente con un enemigo.
Ejemplos, ejemplos tenemos muchos, desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, hasta la persecución con fines políticos sobre Ricardo Anaya, o también un caso sonado cuando destituyeron al Fiscal contra los Delitos Electorales, a Santiago Nieto Castillo.
Mientras eso ocurra, no vamos nosotros a tener una Procuración de Justicia que esté libre de tintes políticos.
Por eso, nosotros estamos proponiendo en esta iniciativa de ley, que funcione de manera distinta.
Primero. Que quien tenga facultad para proponerle a este Senado esa terna, sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a través de un procedimiento de selección, de perfiles que sean expertos en tema de Procuración de Justicia, ellos nos envíen la terna y que el Senado sea el que lo elija.
Que el Fiscal General de la República sea el que organice este nuevo esquema de Procuración de Justicia con base en un Consejo de Gobierno que estará a cargo del Fiscal General y que el Consejo de Gobierno se integre por los titulares de las siguientes Fiscalías Especializadas, entre ellas, la de Investigación Delictiva, la de Delitos Electorales, la de Combate a la Corrupción, la de Control de Procesos, la de Asuntos Internacionales, la de Control de Procesos no Penales, la de Amparo y Procesos Constitucionales, la de Combate Contra la Delincuencia Organizada, la del Defensor de Derechos Humanos, un representante del Consejo Ciudadanía de la Fiscalía General de la República, y un Visitador General.
Ellos, dichos titulares, deberán de pertenecer al Servicio Civil de Carrera de la Fiscalía General de la República.
Nuestra intención, entonces es, que tenga facultades de autogobierno, pero supervisado, por supuesto, por este Senado.
Creemos también que es necesario fortalecer el Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, de donde vayan saliendo los nuevos agentes del Ministerio Público, los Agentes de la Policía Ministerial y los Peritos, tanto profesionales como técnicos.
Nosotros creemos que, sin duda, hoy tenemos frente a nosotros un desafío mayor. Cada vez escuchamos más voces de ciudadanos, de colectivos, de asociaciones civiles con el clamor del fiscal que sirva, y para que eso ocurra debe de haber mucha voluntad política de quienes hoy tienen la mayoría.
Es necesario que transitemos a una reforma constitucional del 102, en su apartado A. Si no somos capaces de transitar, seguramente tendremos muy buenos perfiles con capacidades probadas, con una reputación y trayectoria intachable, pero de fondo le van a deber el trabajo al Titular del Ejecutivo, pero también ellos van a estar siempre con la Espada de Damocles en su cabeza, porque en cualquier momento los pueden quitar.
Nosotros estamos proponiendo que ante delitos cometidos por ese Fiscal General de la República, la Suprema Corte de Justicia pueda nombrar un Fiscal Independiente Provisional, para que lleve a cabo estas investigaciones y que las lleve hasta el final, si hay causa penal hasta la pena o el sobreseimiento del caso.
Si es que este Fiscal se tiene que remover por estos delitos imputados, que entonces la Suprema Corte de Justicia vuelva a mandar una terna al Senado y que aquí en el Senado se defina quién sustituye a este Fiscal General de la República.
Insisto, estamos viviendo un momento por demás histórico, está en nuestras manos el que podamos transitar de una Procuraduría General de la República que sea utilizado con fines políticos a una auténtica Fiscalía General de la República autónoma e independiente.
Gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señor Senador.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
Ahora se concede el uso de la tribuna a la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos, en materia de producción química de hidrocarburos.
Adelante, por favor.
La Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre: Con su venia, Senador Presidente.
Con el permiso de mis compañeras y compañeros Senadores.
Los crecientes niveles de contaminación en mantos acuíferos, destinados al consumo humano, así como el creciente daño a las tierras de cultivos debido a la tala indiscriminada de árboles, aunado a la sobre explotación de los recursos naturales no renovables, como es el petróleo, es una práctica nociva que por décadas se ha llevado a cabo en nuestra nación ocasionando una severa contaminación en nuestro país.
Estos factores han desencadenado una serie de graves acontecimientos que han afectado en lo social, en lo económico y nuestro hábitat, tal y como lo demuestran los estudios de impacto ambiental, los cuales concluyen que en México estamos ya ante un punto de inflexión en perjuicio de nuestro medio ambiente.
No debemos pasar inadvertido que estas consecuencias tienen su origen en lo permisivo, que ha sido el sistema socioeconómico que vivimos y cuya expresión más descarnada es el neoliberalismo globalizado y el modelo arcaico de aprovechamiento y explotación de los recursos naturales no sustentables.
Ante este escenario tan catastrófico cualquiera pudiera pensar que no hay solución; sin embargo, y para buena fortuna de quienes habitamos este país, tenemos ya adelantos tecnológicos que permiten a los ciudadanos acceder a un modo de vida más práctico, se tienen adelantos y modernización en la medicina, uso de automóviles híbridos, así como máquinas industriales menos contaminantes.
Han surgido también adelantos en materia de tecnologías, las cuales nos permiten aprovechar, entre otras, la energía solar mediante la utilización de celdas fotovoltaicas, plantas hidroeléctricas, aprovechamiento de la energía eólica, así como los biodigestores que son utilizados para generar combustible a partir de materia orgánica.
Estos esfuerzos por mejorar la calidad de vida del ser humano están encaminados también a fomentar un trato más amable a la naturaleza y sus recursos. Es por ello que en el Partido del Trabajo nos llama la atención la tecnología de un proceso químico industrial que consiste en partir las moléculas del petróleo hasta obtenerlo en su forma más sencilla a través del tratamiento de desechos plásticos, obteniendo así combustible capaz de ser usado en automóviles y algunos otros vehículos de funcionamiento a base de este hidrocarburo.
Las bondades que ofrece este proceso regresivo, por llamarlo de alguna manera, entre otras son.
Un proceso netamente ecológico, pues las emisiones contaminantes que expide son mínimas y totalmente biodegradables, elimina la contaminación de mantos acuíferos, tierras de cultivo y partículas contaminantes en el aire, toda vez que la basura que existe en los rellenos sanitarios sería utilizada en el proceso de fabricación denominado pirolisis que consiste en quemar la basura, pero dentro de una máquina catalizadora de combustible.
También nos ayuda en que genera combustibles, como son: la grasa bitumen, el aceite, diésel, gasolina y hasta thinner.
Mejoraría la economía de la población en la que se instale la planta de procesamiento o microrefinerías, ya que los costos de los combustibles se reducirían en un gran porcentaje.
Estamos convencidos de la viabilidad de este proyecto de industrialización de los desechos plásticos para obtener combustible, pero lamentablemente nuestro marco jurídico nacional en el tema de hidrocarburos y energéticos fue sólo para ser aplicado a los procesos de extracción y explotación de minerales, no así para ser aplicado a procesos químico-industriales, como es el caso que nos ocupa.
Por estas razones, se propone que tal actividad sea contemplada y regulada en un marco legal, ya que nuestra Carta Magna, en su artículo 5 nos menciona que “a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícito”.
Sin embargo, aunque esta actividad químico-industrial es a todas luces lícita y legítima, necesita estar contemplada y regulada en un marco jurídico que le permita su libre y amplio desarrollo, sin dejar de lado que se debe cumplir con el Estado de derecho en cuanto a las obligaciones que surjan con su implementación.
No tenemos duda que de implementarse esta nueva modalidad en el proceso de combustibles de uso común, abonaremos a tener una mejor calidad de vida, así como a generar las condiciones ecológicas que permitan una recuperación de nuestro ecosistemas, contribuyendo, además, como legisladores al correcto y eficaz acceso de los ciudadanos al derecho humano, a la ciencia y tecnología, el cual ha sido ya reconocido por los diversos organismos internacionales en la materia, sin dejar de lado también el beneficio ecológico y fortalecimiento de nuestro medio ambiente y la moderada explotación que en todo caso se haga de los recursos naturales no renovables.
Por lo anteriormente expuesto, es que pongo a su consideración las modificaciones en varias fracciones de los artículos 2, 4, 5, 48, 85 y 96 de la Ley de Hidrocarburos.
Muchísimas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Senadora.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Sasil De León Villard, a nombre del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2, del artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Senadores, en materia de paridad de género.
Adelante, Senadora.
La Senadora Sasil De León Villard: Con su permiso, Senador Presidente.
Buenas tardeas Senadoras y Senadores.
Con la convicción de lograr un México incluyente y justo, hemos iniciado la presente Legislatura con el compromiso de todas y de todos los legisladores aquí presentes.
Reconozco que la mayoría de los Senadores que hasta la fecha, hasta el día de hoy han hecho uso de esta tribuna, ha sido con valores democráticos y en especial teniendo siempre en cuenta la igualdad de género.
Este proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2, del artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Senadores, de la presente iniciativa, se inspira en la declaratoria de la Unesco, en materia de la regularización jurídica de la igualdad y que a la letra dice:
La búsqueda de la igualdad de género es un elemento central de una visión de la sostenibilidad en la cual cada miembro de la sociedad respeta a los demás y desempeña un papel que le permite aprovechar su potencial al máximo.
La amplia meta de la igualdad de género es una meta social a la educación y a las demás instituciones sociales deben de contribuir.
La discriminación de género está intrincada en el tejido de las sociedades.
Por ello proponemos que para definir las presidencias de las comisiones, se buscará que en las propuestas de los grupos parlamentarios privilegie la experiencia y la idoneidad de cada uno de quienes formarán las comisiones para el mejor aprovechamiento de sus capacidades en el trabajo legislativo, pero se deberá cumplir con los principios de paridad de género.
Por lo que se asignarán el mismo número de integrantes de cada género en las mismas mesas directivas y presidencias de las comisiones.
Asimismo, en caso de existir un número impar, se va a privilegiar la asignación de la mujer.
Quiero dar testimonio de que los coordinadores de las fracciones, de los diferentes grupos parlamentarios tienen un compromiso claro con este tema, y que estoy segura, porque lo han manifestado que en la presente Legislatura, habrá avances muy importantes en materia de igualdad en la conducción del trabajo legislativo, pero es conveniente que se plasme nuestro Reglamento, para que no dependamos solamente de la buena voluntad, sino que nos sujetemos a la ley.
Quiero en esta oportunidad exponer un punto de vista que contradice algunas opiniones que dicen que el tema de igualdad de género está sobre legislado.
No señores, falta mucho por hacer.
Dicen esas voces que las legisladoras insistimos mucho en este tema.
Con respeto les digo, cualquier tema que representa una injusticia, nunca puede ser calificado como innecesario, temas como la pobreza, la discriminación o la desigualdad de mujeres frente a los hombres, nunca será de más mencionarlos o denunciarlos.
Mientras se mantengan las condiciones de desigualdad, vamos a seguir insistiendo en poner soluciones.
La desigualdad sigue viva y por eso seguimos tocando este tema, en que sin distinción de partidos, las mujeres decidimos que debemos avanzar en soluciones posibles y viables, somos parte de un movimiento reivindicativo en el Congreso de la Unión para lograr la igualdad de oportunidades y responsabilidades entre hombres y mujeres en la conducción del trabajo legislativo en cada Cámara.
La presente iniciativa se suma a otras que ya han sido presentadas, que tratan sobre el tema, pero que profundizan más.
Invito a cada Senador y a cada Senadora a apoyar esta iniciativa cuya finalidad abona a un México más justo y más igualitario.
Quiero agradecer a mis compañeras Senadoras del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, del Partido de Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo, del Partido del PRD, de la Revolución Mexicana y en nombre de mis compañeras Senadoras del Partido Encuentro Social, les agradecemos el apoyo y que estén firmando la presente iniciativa, para que pueda ser turnada las comisiones correspondientes.
Muchísimas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
El Presidente también firma esa iniciativa.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.
Enseguida tiene el uso de la tribuna la Senadora Verónica Camino Farjat, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de información ambiental para consumidores.
Adelante, Senadora.
La Senadora Verónica Camino Farjat: Muchas gracias, Presidente.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros Senadores, buenas tardes.
Si tomamos en consideración que la materia ambiental repercute en gran variedad de especialidades jurídicas, estimamos necesario fortalecer la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación en todas las legislaciones donde puedan incorporarse esquemas de sustentabilidad respetando sus respectivos ámbitos de aplicación material.
Este es el caso de iniciativas de reforma que presentamos el día de hoy en materia de fortalecimiento de la información de carácter ambiental que está al alcance de los consumidores de bienes y servicios.
Si bien, la Ley Federal de Protección al Consumidor, tiene por objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, procurando la equidad, la certeza, la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, debemos tomar en consideración las coincidencias entre esta especialidad jurídica y el derecho ambiental.
La presente iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, tiene por objeto fortalecer el componente ambiental de la información al consumidor, mediante el establecimiento de la obligación de que todas las etiquetas y envases de los productos que se fabrican, distribuyen y comercializan en nuestro país, indiquen dos aspectos fundamentales:
Primero, la identificación de riesgos al ambiente asociado a dichos productos.
Segundo, la manera en que debe gestionarse adecuadamente los residuos derivados del consumo del producto en cuestión.
Se estima que mediante esta sencilla iniciativa de reformas coadyuvaremos a que el consumo de productos de nuestro país viva acompañado de una adecuada gestión de los residuos que se generan.
Confiamos en que existen millones de mexicanos dispuestos a gestionar adecuadamente los residuos, pero requieren de la información necesaria para poder hacerlo de forma correcta, de forma que sea contundente.
Esto cobra especial relevancia si se toma en consideración que uno de los principales problemas de contaminación deriva de la gestión inadecuada de los residuos, lo cual inicia desde su disposición en la vía pública y la falta de separación hasta la no identificación de residuos de manejo especial o, incluso, peligrosos.
En el mismo sentido, cabe mencionar que de conformidad con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los mexicanos generamos en promedio un kilo de residuos sólidos urbanos cada día, los cuales derivan en gran medida de consumo de productos que deben cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Asimismo, debemos recordar que la legislación general especializada en materia de residuos, establece principios, criterios y reglas específicas para la gestión integral de los residuos, cuyo cumplimiento debe ser promovido mediante herramientas adecuadas establecidas, incluso, en otros ordenamientos legales, como puede ser, en este caso, la Ley Federal al Consumidor.
En resumen, estimamos que la iniciativa de reformas que se presentan en este momento contribuirá a materializar el derecho a la información de los consumidores y el derecho a un ambiente sano de todos los mexicanos.
Y en un momento determinado, y aquí me permito ejemplificar, podrían imaginarse un envase con una etiqueta correctamente hecha, con una etiqueta que sea didáctica sobre la disposición final del residuo sólido, sería de mucha utilidad para todos aquellos maestros que en las aulas llevan algún componente sobre el cuidado del medio ambiente, de tal forma que los niños desde pequeños les creemos todavía más y de forma más lúdica, más visual esa iniciativa por cuidar cada vez más el medio ambiente.
Así que no lo dejen en saco roto, les pedimos, por favor que nos apoyen en esta iniciativa y por supuesto, en Yucatán que hemos hecho este trabajo de incorporar en la legislación local el tema de que los niños puedan tener componentes de educación ambiental en sus aulas, esto vendrá a complementar.
Y les digo, si queremos realmente prevenir en este país, tenemos que empezar por lo más valioso que tenemos y eso son nuestros niños y niñas.
Muchas gracias.
Es cuanto, Presidenta.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.
En una segunda ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Imelda Castro Castro, a nombre de diversos Senadores, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales, en materia de mecanismos de democracia participativa.
Adelante, Senadora.
En materia de austeridad, reforma Constitucional en materia de austeridad.
Perdón, corrijo.
La Senadora Imelda Castro Castro: Con su permiso, Senador Presidente.
Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:
Acudo a esta tribuna a nombre de mis compañeros Gricelda Valencia, Daniel Gutiérrez, Cecilia Margarita Sánchez, Bertha Alicia Caraveo, Rubén Rocha, Javier May y María Antonieta Cárdenas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como propósito llevar, elevar a rango constitucional el principio de austeridad republicana como eje rector de la política del Estado mexicano.
Uno de los pilares fundamentales de toda República representativa es la sobriedad y austeridad en el ejercicio de los cargos públicos, por ello cuando los gobiernos son austeros las sociedades tienen capacidad de prosperar.
No hay nada más dañino para una democracia que la existencia de grupos privilegiados que concentran el poder y los recursos.
La razón es muy sencilla, el privilegio, el dispendio y la ostentación alejan a los representantes de su propósito esencial y destruyen el cimiento básico de toda democracia al obstaculizar el ejercicio pleno de la voluntad ciudadana basada en la idea de iguales.
“No mentir, no robar, no engañar al pueblo” son los principios que el Movimiento de Regeneración Nacional ha enarbolado como parte de un código de ética que rige el actuar de su acción política.
Durante la campaña pudimos atestiguar que una de las grandes preocupaciones y malestares de la gente es la situación de lujo y despilfarro que priva en el ejercicio público de los tres órdenes de gobierno.
El país ya no aguanta más este infame dispendio presupuestario, como lo ha reiterado el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Es insostenible seguir en la línea de tener un gobierno rico a costa de un pueblo pobre, los funcionarios deben servir al pueblo y no servirse del pueblo.
La función pública debe ejercerse con decoro, austeridad y con un amplio sentido de responsabilidad.
Durante décadas México ha mantenido una burocracia dorada colmada de lujos y privilegios, veamos solamente un dato que en 2017 publicara la OCDE.
La alta burocracia mexicana se encuentra entre las mejores pagadas de los países miembros de este organismo con prestaciones, sueldos y apoyos que superan 13 veces el ingreso por habitante y 25 veces la remuneración promedio de los trabajadores del sector formal en un país donde la mitad de la población vive en pobreza.
Todavía hace unas semanas corrió la noticia de que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, y a espaldas del pueblo, por supuesto, consintió a sus funcionarios aprobando un aumento de salarios con efecto retroactivo a enero.
Ante esta infinita cadena de indolencia, hoy más que nunca, es necesario recordar y mantener vigente la reflexión de Benito Juárez García, quien afirmaba “que bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala”.
Cristalizar este pensamiento de Juárez en estos días no es anclarse en una idea retrógrada, no es improvisar para conseguir el aplauso fácil, por el contrario, es materializar un pensamiento que frente a la ola de crisis económicas, detonadas por un modelo político y económico fallido, ha empujado a innumerables naciones a adoptar la austeridad como medio para acortar las brechas de desigualdad que dicho sistema ha traído consigo.
En los últimos años, por ejemplo, diversos países latinoamericanos han emprendido medidas urgentes con el objetivo de reducir el gasto corriente y superfluo, así como para hacer más eficiente el ejercicio del presupuesto público.
Países, por ejemplo, como Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Paraguay son ejemplo de ello.
Estas medidas han sido implementadas bajo diversos instrumentos, ya sea a través de reformas constitucionales, como es el caso de Brasil y Colombia, ya sea mediante leyes especiales, como en el caso de Perú o Panamá, o mediante decretos presidenciales, como es lo que sucede en el resto o en la mayoría de los países.
Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:
Para el caso de México una política de austeridad supone responsabilidad en las decisiones de gasto de los dineros del pueblo, implica sobriedad en los actos de gobierno y eficiencia para alcanzar los propósitos.
Simplemente austeridad es sencillez, reincidencia de las frivolidades y fundamentalmente acierto en la definición de prioridades para crecer.
En un país tan lastimado como el nuestro, la austeridad, como principio de Estado, es ya un imperativo irrenunciable.
La austeridad de esta cuarta transformación no sólo debe sostenerse en el discurso, sino encarnarse en la letra de nuestra ley máxima donde habrá de garantizarse que el dinero del pueblo será administrado de modo virtuoso.
Es un hecho histórico para México que hayamos aprobado en este Senado el acuerdo de austeridad, a través del cual limitaremos los excesos que tanto daño le han hecho a esta institución y a la vida política del país.
Es por ello que estamos ante esta tribuna para someter a su consideración la presente iniciativa con la que proponemos elevar a rango constitucional el principio de austeridad republicana para que rija la actividad política del Estado mexicano.
De forma concreta proponemos reformar el artículo 25 de nuestra Carta Magna con el fin de señalar de forma expresa que el Estado evitará el dispendio y se guiará por el principio de austeridad en el uso de los recursos públicos destinados al funcionamiento de la estructura gubernamental, a fin de incrementar su eficacia y mejorar su desempeño en la rectoría del desarrollo nacional.
En el mismo sentido, proponemos adicionar un nuevo párrafo segundo al artículo 134 de la Constitución Política, a fin de establecer de forma expresa “que los recursos destinados al funcionamiento de la estructura gubernamental de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán asignarse y ejercerse con austeridad republicana en términos de lo dispuesto por la legislación correspondiente”.
En concordancia con lo anterior se propone también reformar la fracción XXIX-W del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso para que expida la legislación general en materia de austeridad.
En resumen, de lo que se trata es de recatar la sobriedad republicana y la eficiencia que debe prevalecer en toda nación verdaderamente representativa y democrática.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, este proyecto de decreto.
Único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 25, se adiciona el párrafo segundo a la fracción XXIX-W, del artículo 73 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 134, recorriendo los actuales en su orden, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
Artículo 73, fracción XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, estados y municipios, así como el Distrito Federal.
Artículo 134. Los recursos económicos de que disponga la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Asimismo, los recursos destinados al funcionamiento de la estructura gubernamental de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad.
Las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora el uso de la Tribuna el Senador José Erandi Bermúdez Méndez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Adelante.
El Senador José Erandi Bermúdez Méndez: Gracias, Senador Presidente, con su venia.
Compañeras y compañeros Senadores:
Acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa que tiene como objeto generar las condiciones de bienestar de las familias campesinas que buscan incrementar el bienestar, la productividad del sector agropecuario a través de servicios de almacenamiento, de guardia y de conservación.
El objetivo de esta iniciativa, es crear un marco normativo que enmarque la política pública orientada a las mejores condiciones de comercialización de los productores del campo, evitando el intermediarismo y permitiendo que los actores de la sociedad rural comercialicen su producto de manera directa a los consumidores.
Desarrollar infraestructura en puntos estratégicos, buscando reducir las asimetrías entre las diferentes regiones e incluyendo a los productores que tienen excedentes pequeños y medianos e incorporarlos a una cadena productiva.
Crear un Sistema de Información Integral de Control de Inventarios, que permita conocer y homologar las calidades de nuestros productos, de los granos, que sea certificado, los volúmenes que disponemos y las fechas de entrada y de salida.
La motivación de la presente iniciativa, se deriva ante la situación actual que viven nuestros pequeños productores, ya que por falta de un servicio de almacenamiento confiable no pueden garantizar las condiciones necesarias sanitarias, ni el precio tampoco de la venta, ni su calidad y que se ven en la necesidad de malbaratar sus productos.
¿Por qué nuestros productores venden sus granos al momento de la cosecha a un precio más bajo?
Por un tema muy sencillo, el tema de la oferta y la demanda es uno.
Y segundo, nuestros productores tienen que vender sus productos, porque al momento de la cosecha tienen que pagar lo que tuvieron que pedir prestado para poder comprar sus insumos.
Y segundo. Porque no tienen un sistema de almacenamiento.
Si ellos llegaran a tener un excedente, no lo pueden vender, no lo pueden guardar para poder después pagarlo.
Déjenme comentarles algo, compañeras y compañeros Senadores.
Esta iniciativa la presentamos un servidor y don Javier Usabiaga, en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de los cuales hay varios compañeros presentes y que fue aprobada por unanimidad en esa Legislatura, después vino al Senado de la República a dormir el sueño de los justos.
En la pasada legislatura, en la Cámara de Diputados, se presentó esta iniciativa donde se obtuvo la aprobación prácticamente de todos los grupos parlamentarios en las comisiones.
¿Qué pretendemos con esta iniciativa?
Darle certeza jurídica y, sobre todo, que nuestros pequeños productores entren a aquello que nos reclaman cada que hay una campaña política. Y cada que hay una campaña política nos dicen: “Nosotros compramos caro y vendemos barato”.
Y eso es lo que tenemos que hacer, darles justicia a ellos que lo necesitan.
México es uno de los pocos países que no tienen un sistema de almacenamiento para nuestros productores.
Estados Unidos, el resto de Latinoamérica, sí tienen este sistema de almacenamiento.
¿Y nuestros pequeños productores qué hacen? Tienen que vender por la necesidad que no tienen dónde comercializarlo.
Les voy a poner un ejemplo: Diciembre del año pasado, la tonelada del maíz en el Centro y en el Bajío se pagó entre tres mil 300 y tres mil 700 pesos, dependiendo si fue libre o de contrato. Eso fue en diciembre del 2017.
Pero déjenme platicarles algo. En enero del 2018, casi un mes después, ese grano los intermediarios lo comercializaban en cuatro mil 200 pesos.
¿Saben quién ganó ese diferencial? El intermediario, lo que le llamamos “el coyote”.
Aquí en México, cinco grandes empresas comercializan, se almacenan casi el 85 % de los productos de los pequeños y medianos productores.
Todas y todos venimos de estados donde nos reclaman nuestros productores esto. Esto fue aprobado.
¿Y qué tenemos que hacer? Darles certidumbre a nuestros pequeños productores.
Miren, acerca, aproximadamente cada año le invierte casi 12 mil millones de pesos.
¿Para qué? Para pagar la compensación del precio base del productor para poder obtener el productor un costo justo y que pueda tener un incremento, que pueda tener un precio justo en sus cosechas.
¿Pero esta distorsión quién la genera? La genera el no tener un almacenamiento confiable.
Hoy nosotros decimos: “Es que estamos muchos en contra de si los transgénicos llegan a este país o no”. Pero cuando tenemos esas importaciones de otros países, llámese Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil, pues ellos no nos están vendiendo productos criollos o mejorado, estamos importando.
¿Y por qué importamos? Porque este país nunca ha tenido un control de inventarios eficaz, no lo tenemos, porque el país no es rector de lo que tenemos.
En este país viven 27 millones de mexicanos que viven en el campo y las cifras alegres dicen: Que hoy el campo genera el 8.5 % del PIB.
Ahí hay una omisión.
Ese 8.5 % del PIB.
¿El 5% lo genera quién? Los agroindustriales, los agroempresarios, que no necesariamente viven en el campo. Sus negocios, sus inversiones las tienen en el campo.
Y el resto de los mexicanos que viven en el campo, que por cierto 60 % de estos 27 millones son pobres, el 60 % son pobres, solamente genera el 3.5 % del PIB.
¿Qué queremos con esta ley de almacenamiento rural?
Darle certeza y sobre todo incluir al pequeño productor que es el que se preocupa por comprar sus insumos, por el temporal, por la plaga; pero nunca, nunca esta actividad económica, es de las pocas actividades económicas que nunca saben al momento de iniciar el negocio a cómo se los van a pagar.
Hoy tenemos que hacer justicia en esto.
¿Qué les proponemos?
Esta iniciativa, que ya fue aprobada en la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados, y que en la Cámara de Senadores se detuvo, y ahorita les quiero platicar un poco el contexto.
¿Por qué? Porque muchos, compañeras, compañeros Senadores se debían de preguntar, y, ¿por qué en la LXI, se aprobó en la Cámara de Diputados, y llegó a dormir el sueño de los justos, aquí?
Esta distorsión, les comentaba que genera el mercado, esas bases de compensación, si un productor de 100 toneladas que tiene en el momento de la cosecha vende 100, puede almacenar el 50 % restante, y el gobierno no tendría que desembolsar vía Aserca ese recurso, y estaríamos ahorrando.
¿Queremos hablar de soberanía alimentaria?
Este es uno de los instrumentos que tienen otros países para tener esa soberanía alimentaria, su control de inventarios, ese es uno de los grandes aspectos.
Hoy es preocupante cómo muchas personas tienen la capacidad de poder contratar personas que les ayuden a cabildear, que muchas de las cosas que tenemos aquí en el Senado de la República queremos proponer y que no puedan pasar.
Los ciudadanos nos contrataron a todos y cada uno de los que estamos aquí sentados para ser sus representantes, pero ayudarlos a que las cuestiones puedan salir.
Esto probablemente está afectando intereses, claro que sí, claro que sí está afectando intereses.
Pero, déjenme decirles algo. Este país, este gobierno que está por salir, el año pasado firmó un convenio con el Banco Mundial para que en México hubiera o que haya, a partir del año pasado, almacenes rurales en siete estados, 100 millones de dólares.
¿Qué queremos con esto?
¿Poner el marco regulatorio, nada más?
El marco jurídico, que nos permita que el pequeño productor, el que menos tiene, el que menos puede y menos sabe sea parte de la cadena productiva y también sea parte del negocio de la comercialización. Esto es lo que estamos pidiendo.
Y que los medianos y que los grandes productores sigan ellos haciendo su negocio, pero que le ayudemos al que menos tiene y menos puede.
En este sistema de almacenamiento. Por eso los invito, amigas, amigos a que apoyen esta iniciativa que será turnada a comisiones y que le demos una certeza jurídica a la soberanía alimentaria que se está pidiendo, a tener un control de inventarios, pero sobre todo hacerle justicia, y por fin, llevar a los pequeños productores a un esquema de que ellos también sean parte del negocio, no solamente parte del sufrimiento.
Muchas gracias.
Es cuanto, Senador Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos.
Enseguida tiene el uso de la tribuna la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 122 del Reglamento del Senado de la República, en materia de paridad de género.
La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Gracias, Senador Presidente, con su permiso.
Las mujeres hemos dado una lucha histórica por acceder a los cargos de poder.
Si bien es cierto que la naturaleza nos ha hecho iguales, y que existimos en igualdad hombres y mujeres en lo privado, lo cierto es que para cruzar a lo público las mujeres siempre vivimos bajo un techo de cristal, un techo invisible que nos impide crecer.
Está comprobado que los organismos empresariales las mujeres estando igualmente preparadas, ganan menos, y tienen mucha mayor dificultad para accesar a los cargos de dirección o de jefatura.
Para llegar aquí, para estar esta gran cantidad de mujeres tuvimos que tener acceso a una cuota por la que muchas mujeres han luchado, que fue la cuota de las candidaturas.
Por eso es que hoy día en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores tenemos la paridad entre hombres y mujeres que la integramos.
Así ha sucedido también ya en congresos locales, en regidurías.
Pero en otros espacios se sigue viendo cómo son necesarias estas cuotas para garantizar la participación activa de la mujer.
Hoy día tal vez el caso más emblemático que tenemos es el de las mujeres electas de Chiapas, mujeres que contendieron, que participaron, que ganaron y que están pidiendo una licencia; una renuncia por presiones políticas; esto tiene que ver con la realidad cotidiana que vivimos las mujeres en el servicio público todos los días.
Por eso es que no nos debemos guiar y no nos debemos dejar únicamente por los buenos acuerdos, por los buenos consensos y por los buenos tratos, tenemos que poner en la ley lo que es obligatoriedad para que la equidad y la paridad se respeten y se cumplan, para que las mujeres sigamos fortaleciéndonos en estos espacios, y de esa manera podamos seguir fortaleciendo también a otras mujeres para que se desarrollen en su plena vida cotidiana.
Es muy importante que hagamos esta reforma al artículo 122 de nuestro Reglamento; es importante que lo hagamos, y lo platicaba con la Senadora Sasil de León que presentó, hace unos turnos atrás una iniciativa muy similar; es importante que lo hagamos porque no hay nada mejor que darnos certeza jurídica, no hay nada mejor en estos momentos que estamos autorregulándonos, y que estamos conformando esta Cámara de Senadores en sus diferentes órganos y que estamos por llegar al proceso de la conformación de las comisiones, que sea con igualdad, que se vea la equidad, que se vea el buen acuerdo que se quiere tener para la construcción de modelos paritarios en el Senado de la República.
Vi también que en Cámara de Diputados se presenta una iniciativa similar, pero es para la Ley Orgánica del Congreso.
Esto quiere decir que las mujeres en el Congreso traemos la idea de regular nuestra participación, pero principalmente es garantizar nuestros espacios, porque al igual que los compañeros hombres hemos trabajado y hemos luchado para conquistar este espacio.
Por eso es de lo más legítimo que hoy día busquemos las mejores condiciones para que podamos llegar a ese lugar.
Sería cuanto, ciudadano Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Senadora.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.
Sonido en el escaño de la Senadora Leonor Noyola, por favor, ¿para qué objeto, Senadora?
La Senadora María Leonor Noyola Cervantes (Desde su escaño): A nombre de mi grupo parlamentario del PRD nos adherimos a su iniciativa. Gracias.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
Antes de pasar a la tercera ronda de la presentación de iniciativas, quiero informar que ha llegado una proposición con punto de acuerdo para aprobarse por urgente resolución, firmada por la Mesa Directiva del Senado, la Junta de Coordinación Política y el único Senador sin partido de este Pleno.
Quiero solicitar a la Secretaría que consulte a la Asamblea, si autoriza que el punto de acuerdo en cuestión se someta a consideración en este momento como lo permite el artículo 75 del Reglamento del Senado, para que eventualmente pudiera ser aprobado por urgente resolución.
Dicho punto se refiere a actividades en homenaje al aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968.
Adelante.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto anunciado por el Presidente, se incorpore a la agenda del día.
Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Se autoriza su incorporación, Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
El punto en cuestión dice lo siguiente: El 2 de octubre del 2018 se cumplirán 50 años de los trágicos acontecimientos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
El año de 1968 quedó marcado por ese día. Sin embargo, el Movimiento Estudiantil fue mucho más que ese acontecimiento.
Cientos de miles de jóvenes salieron a las calles a luchar por la libertad y la democracia. Ese movimiento transformó a nuestro país, permitió comenzar a expandir la educación superior, cambiar valores y pautas culturales y conquistar la participación legal y electoral de fuerzas políticas que se encontraban proscritas.
Al cumplirse 50 años de ese gran movimiento social, la Cámara de Senadores rinde homenaje a las y los jóvenes que participaron en el mismo.
Por eso la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política proponen a este Pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución.
Primero.- Llevar a cabo, junto con la H. Cámara de Diputados, la Ceremonia de Izamiento de la Bandera Nacional a Media Asta, en el Zócalo capitalino, el 2 de octubre del 2018.
Segundo.- Realizar con la Colegisladora las acciones de homenaje en conjunto al Movimiento Estudiantil y Popular de 1968.
Tercero.- La develación de una placa en memoria de las mujeres y hombre que lucharon por las libertades democráticas en 1968.
Firman esta proposición los integrantes de la Mesa Directiva del Senado, los integrantes de la Junta de Coordinación Política y el Senador sin partido que forma parte de este Pleno.
Como ha sido solicitado, y con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se considera de urgente resolución.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Secretaria.
Tratándose de una propuesta que realiza por consenso los dos órganos de gobierno del Senado de la República, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobado el punto de acuerdo, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Gracias a todas las Senadoras y Senadores:
Para efecto de que conste el acuerdo aprobado, vamos a leerlo como resolutivo.- El 2 de octubre del 2018 se cumplen 50 años de los trágicos acontecimientos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
El año de 1968 quedó marcado por ese día. Sin embargo, el Movimiento Estudiantil mucho más que ese acontecimiento.
Cientos de miles de jóvenes salieron a las calles a luchar por la libertad y la democracia.
Ese movimiento transformó a nuestro país, permitió comenzar a expandir la educación superior, cambiar valores y pautas culturales y conquistar la participación legal y electoral de fuerzas políticas que se encontraban proscritas.
Al cumplirse 50 años de ese gran movimiento social, la Cámara de Senadores rinde homenaje a las y los jóvenes que participaron en el mismo.
Por eso este Senado de la República acuerda lo siguiente:
Primero.- Llevar a cabo, junto con la H. Cámara de Diputados, la Ceremonia de Izamiento de la Bandera Nacional a Media Asta, en el Zócalo capitalino, el 2 de octubre de 2018.
Segundo.- Realizar con la Colegisladora las acciones de homenaje en conjunto al Movimiento Estudiantil y Popular de 1968.
Tercero.- La develación de una placa en memoria de las mujeres y hombres que lucharon por las libertades democráticas en 1968.
Firma el Senado de la República.
Muchas gracias a toda y a todos.
(Aplausos)
En una tercera ronda de iniciativas, tiene el uso de la tribuna la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria, en materia de garantías a ejidatarios en juicios.
La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán: Con su venia, Presidente.
Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.
Vengo a presentar iniciativa de reforma a los artículos 18, 80 y 83 de la Ley Agraria.
El campo mexicano enfrenta en estos momentos un grave problema social, la falta de certeza jurídica en la titularidad de las tierras ejidales heredables, lo que ha propiciado conflictos familiares, la venta ilegal de las parcelas, la renta de tierras agrícolas y hasta la expropiación irregular por parte del gobierno.
Efectivamente, el reparto agrario fue declarado concluido a finales del siglo pasado. Sin embargo, los herederos de esta propiedad social enfrentan graves problemas para obtener su posesión y, en consecuencia, para cultivarlas y producirlas, es decir, para sacarles provecho. Esto está ocurriendo en distintos estados de nuestro país.
Ante esta circunstancia social que ha provocado enfrentamientos en comunidades rurales y ha incrementado el número de juicios agrarios, es urgente actualizar la Ley Agraria con la firme convicción y objetivo de darle seguridad jurídica a los legítimos dueños de las tierras, la mayoría de ellos herederos de los titulares de la propiedad social.
Con este objetivo, hoy vengo a presentar esta iniciativa para que se otorguen las garantías a los ejidatarios al dotarles de total certidumbre documental para los actos traslativos de dominio de sus derechos ejidales.
Estamos proponiendo que cuando los titulares de derechos ejidales ostenten dos o más parcelas, estos tengan el derecho jurídico de testar sus parcelas a dos o más sucesores. Y es que de acuerdo a la Ley Agraria vigente, que por cierto data de 1992, se obliga a los titulares de la propiedad social a heredar sus títulos de propiedad a un solo beneficiarios, lo que limita la capacidad de disponer de la propiedad rural, situación que menoscaba los derechos del usufructo parcelario y viola los derechos fundamentales consagrados en el artículo 1° de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tenemos que acabar con la discriminación en el campo mexicano, no es posible que mientras la pequeña propiedad se pueda heredar a dos o más sucesores, en la propiedad social se obligue al ejidatario a heredar sus tierras a un solo beneficiario preferente.
Por si fuera poco, esta propuesta permitirá que los derechos parcelarios puedan seguir dentro del vínculo familiar, en razón de que en la actualidad el sucesor preferente es quien adquiere la totalidad de las parcelas y sin limitación alguna pueda disponer de ellas, cortando la cadena hereditaria que en su momento el titular de los derechos hubiese testado.
Y de alguna manera esto vendría a agilizar los trámites cuando los gobiernos ya sean estatales o federales van a realizar algún proyecto de construcción.
¿Por qué? Porque lamentablemente como esto no está debidamente legalizado se hace muy difícil la expropiación de sus tierras.
Sin duda alguna esta iniciativa es muy importante para agilizar todo este tipo de trámites también en los gobiernos estatales y federales.
Y también quiero concluir mi participación reproduciendo la leyenda inspirada en el General Emiliano Zapata, contenida en el escudo de mi estado de Morelos:
“La tierra es para quien la trabaja con sus manos”.
“Morelos, cuna de la Revolución Mexicana”.
Es cuanto, Presidente.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, señora Senadora.
Sonido en el escaño de la Senadora Delfina Gómez Álvarez.
La Senadora Delfina Gómez Álvarez: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Solamente para pedirle a la compañera Senadora si me permite adherirme a su iniciativa.
Muy amable.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
También la Senadora Mónica Fernández, solicita adherirse.
Y varias Senadoras y Senadores más.
La Senadora Freyda Marybel.
Senador Salomón Jara.
Senadora Covarrubias.
Nestora Salgado.
José Narro.
José Luis Pech.
Blanca Piña.
Armando Guadiana.
Miguel Ángel Navarro.
También el Senador Erandi Bermúdez.
Solicito a la Secretaría…
Primo Dothé.
Ricardo Ahued.
Solicito a la Secretaría recoja las firmas de adhesión a la presente iniciativa.
También de la Senadora Antares Vázquez.
Gracias.
Antes de continuar con el despacho de los asuntos de la agenda, les informo que iniciamos esta sesión a las 11:00 de la mañana con 7 minutos. Y como marca el Reglamento, en su artículo 50, las sesiones ordinarias duran hasta cuatro horas.
Esa duración ya la hemos cumplido.
Para conocer si es posible continuar con los asuntos del orden del día debemos consultar a la Asamblea.
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza continuar con la sesión.
La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza continuar con los asuntos del orden del día.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza continuar con la sesión, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Continuamos con los asuntos del orden del día.
Tiene el uso de la palabra el Senador Julen Rementería del Puerto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que adiciona un artículo 54 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de simulación de reintegro de reembolsos.
Adelante, por favor.
El Senador Julen Rementería del Puerto: Muchas gracias, Presidente.
Con el permiso de la Mesa.
Compañeras Senadores y Senadoras.
A los medios de comunicaciones que nos acompañan.
Al público.
A todo el que nos ve más allá de las paredes de este recinto.
La corrupción es un factor que incide de manera negativa en el crecimiento social, económico y político del país y, por supuesto, de los estados.
Genera pérdida de confianza en las instituciones, demora en la solución de los problemas sociales y en la lucha contra la desigualdad también se fracasa.
Los actos de corrupción, sin duda, son reprobables en toda sociedad, representan el abuso del poder por parte de aquellos a los que les ha conferido una responsabilidad pública. Por lo que es necesario la construcción de un andamiaje jurídico para combatirla y erradicarla.
Las cosas en México, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, por ejemplo en mayo de 2015, específicamente el 27 de mayo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y donde nace el Sistema Nacional Anticorrupción, a pesar de todo ello hay mucho por hacer.
Ya lo han referido aquí algunos de mis compañeros en las modificaciones propuestas a la Ley de Responsabilidades Administrativas, como también lo propone esta iniciativa que hoy presento.
En 2016 el decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, todas ellas buscando reforzamiento del Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, al tiempo que las normas secundarias de este sistema que transcurrían, la Auditoria Superior de la Federación llevaba a cabo la revisión de en el año 2015 de las cuentas de 2011 y hasta 2015, se encontró precisamente ahí con una figura que se había venido dando ya en varios estados del país, específicamente se presentaron denuncia en ocho estados del país.
Por esto que se denominó desde la Auditoria Superior de la Federación como simulación de reintegro, esto es, el que observaciones que se tienen a las auditorias en los estados, por desviación o presuntas desviaciones de recursos, de repente en los estados vuelven a depositar en las cuentas de la Federación para así poder solventar las observaciones.
Por supuesto que lo que asusta aquí es la frecuencia con la que esto se empieza a dar en los estados. Y lamentablemente no se tiene todavía la figura que permitiera en todo caso poder sancionar algunos de los casos que han sido denunciados precisamente por la Auditoria Superior de la Federación han quedado sin materia, porque no se establece esta la simulación de los reintegros, de los fondos federales desviados, como una posible falta administrativa, mucho menos que pudiera ser grave.
Y lo que ocurre en la práctica es que en los hechos cuando viene la revisión, y esto se detecta, el dinero se repone, y con eso la observación queda solventada, pero en ningún caso pueden desde luego impedir que luego como lo han hecho en la práctica las vuelvan a retirar y estos recursos los muevan hacia quién sabe qué lugares.
Por poner un ejemplo, en mi estado, en Veracruz, 4 mil 700 millones de pesos fueron observados mediante esto, la simulación de reintegros de recursos, ante observaciones de la Auditoria Superior de la Federación.
Y, por supuesto que, ¿qué es lo que pasó? Lo que ya dije que aplicó en todos los estados, regresaron ese dinero a una cuenta para poder salvar la observación y luego poderla retirar, y esto, por supuesto que significa una grave falta.
Aquí, por eso nos sumamos hace un rato a la propuesta que también tiene que ver y que complementa esta que hoy hago del Senador Samuel García, en donde él habla de crecer las penas, de llevarlas incluso a la totalidad de la vida del servidor público para que no pueda volver a hacer sujeto de un trabajo en el servicio público.
Y me parece que aquí de lo que hablamos es de incluir precisamente una forma de otra falta administrativa que no estaba conceptualizada dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, para que así se pueda hacer, que de esa manera pueda también tocarle, si prospera, en la iniciativa del Senador García, poder hacer que esta falta también se considere como una falta grave.
Desde luego que el poder permitir que estas faltas sigan, lo único que hará es que tomando en cuenta que los estados, su mayor fuente de ingresos y en todos los estados del país es así, en unos más, en otros menos, son los recursos que provienen de la Federación, principalmente de tres programas, pero en general los recursos de la Federación son estos los que se concentran, se desvían y cuando vienen descubriendo las faltas, simplemente se simula esta reposición de recursos.
Hoy es importante detener esto, esta práctica hasta ahora no ha podido ser eliminada, no tenemos forma de poder descubrir cómo se ha venido dando y, sobre todo, el destino de estos recursos desviados, porque esto es lo que son y que simplemente se simula el reintegro.
Por ello es que someto, precisamente hasta esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo, el 54 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismas que a la fecha no ha sufrido reforma alguna, por lo que debe considerarse esta propuesta el inicio, para que en las realidades que vive la sociedad, como la que se expuso, se vayan incorporando a las leyes y así mantener un verdadero Estado de derecho y acabar, como ha sido propuesta de Acción Nacional, en la que concurren otras fuerzas políticas con la corrupción y la impunidad en este país.
Muchas gracias, Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador.
Túnese las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora la palabra en la última ronda, el Senador José Luis Pech Várguez, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Morena y del suyo propio, para presentar un proyecto de decreto que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de destino de bienes abandonados.
El Senador Luis Pech Várguez: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros, Senadores y Senadoras, para el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional nos resulta muy importante presentar esta iniciativa que hacemos conjuntamente el Senador Ricardo Monreal y un servidor.
Pido, señor Presidente, que como esta es una iniciativa larga, se inscriba íntegra en el Diario de Debates y pido, por favor, que así se incluya.
Lo que deseamos es darle una toral importancia al uso eficiente de los recursos y construir una auténtica austeridad republicana en el ejercicio de gobierno, que permee en todos los ámbitos, poderes públicos y órdenes, fortaleciendo a su vez, diversas áreas de vital importancia como es la prevención del delito.
Por ello, debemos de realizar un cambio de visión, para que en el caso de la seguridad y la justicia, se fortalezca y privilegie la prevención y se combatan las causas que invariablemente han ido dejando sin oportunidades a muchos de quienes finalmente son procesados y sentenciados por nuestro sistema penal.
Por ello, y atentos a nuestros principios fundacionales, debemos velar porque se privilegie la prevención social de la violencia y la delincuencia sobre la represión.
En este contexto, actualmente en el ámbito penal, tanto en la persecución de los delitos como en la administración de justicia, existen dos figuras mediante las cuales se lleva un procedimiento, el Estado mexicano se allega de bienes y recursos provenientes de una actividad ilícita, una de corte predominantemente ministerial denominada abandono de bienes asegurados, y otra, de talante jurisdiccional consistente en el decomiso de bienes, figuras legales de las que nos ocuparemos en esta iniciativa.
En el Código Federal de Procedimientos Penales se dispone que los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, así como por la enajenación de sus frutos y productos, éstos serán designados a la compensación subsidiaria a las víctimas de delitos, tal y como lo dispone la Ley General de Víctimas.
En este contexto se observa que en primer término debemos prevalecer la satisfacción de la reparación del daño a la víctima, conforme el marco constitucional vigente en su numeral 20, apartado C, fracción IV, y una vez garantizado este derecho, el legislador secundario está en posibilidad de buscar las mejores alternativas para dar destino a los recursos sobrantes.
En efecto, tales alternativas han sido plasmadas en la legislación secundaria, actualmente como hemos señalado, para que los recursos provenientes del decomiso sean entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas y en el caso del abandono, a favor de las Procuradurías.
Es así que nos encontramos ante la inaplazable necesidad, pero también ante la inigualable oportunidad de priorizar la prevención social de la violencia y el delito, con el fin de relanzar el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y fortalecer las labores de prevención, focalizada a grupos en situación de riesgo.
En este contexto, la presente iniciativa busca dar un cambio de timón llevando los recursos no a las autoridades persecutoras y sancionadoras de las conductas antisociales, sino a las encargadas de la educación y el bienestar, y continuar canalizando recursos a la Secretaria de Salud, atendiendo previamente el tema de las víctimas a través del fondo correspondiente.
Aclaro que con la presente propuesta, no se vulnera de manera alguna la autonomía e independencia presupuestaria del Poder Judicial de la Federación, dado que los recursos derivados de los decomisos son independientes al presupuesto, el cual queda intacto.
En congruencia con lo anterior, lo conducentes es diseñar instrumentos, realizar reformas y por todas las vías fomentar el fortalecimiento de la prevención y el combate a las causa que originan el delito y no centrar los esfuerzos del gobierno únicamente en el combate a dichas conductas, una vez que éstas son realizadas.
Por ello, en la presente iniciativa, se hace énfasis en canalizar recursos a la prevención social de la delincuencia, combatiendo las causas generadoras de las conductas contrarias a la norma penal antes que reprimirlas; de ahí que paralelamente a contemplar que los recursos derivados del abandono de bienes asegurados y el decomiso, se canalice a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar, proponiendo abstraer de dichos recursos a las procuradurías y al Poder judicial de la Federación, reafirmando con taxativa claridad la preminencia que en este contexto tienen las víctimas u ofendidos del delito en cuanto a la reparación del daño y la compensación subsidiaria a las victimas cuando ésta no hayan sido reparadas.
Por lo que se plantea concretamente que los recursos obtenidos por enajenación y abandono, derivado de los procedimientos penales, sean asignados a la Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar y sus equivalentes en las entidades federativas y se enfoquen preponderantemente a la prevención social de la delincuencia, mediante la educación, particularmente de jóvenes y menores de edad al combate a la pobreza y las adicciones.
En congruencia con todo lo anterior, se propone reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer que los bienes asegurados causarán abandono en partes iguales a favor de las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar y o de sus equivalentes en las entidades federativas, según corresponda y no en favor de la Procuraduría General de la República o de las equivalentes en las entidades federativas.
Que la autoridad judicial, en caso de decomiso de bienes, el numerario decomisado y los recursos que se obtengan por enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima sean entregados en partes iguales al fondo previsto en la Ley General de Víctimas y a la Secretaría de Salud, de Educación y de Bienestar, o a sus equivalentes en las entidades federativas.
Que el destino de los recursos proporcionados a las Secretarías se canalice a la implementación de políticas públicas y acciones integrales para la prevención social de la delincuencia mediante la salud, educación y deporte, particularmente de jóvenes y menores de edad, así como el combate a la pobreza y las adicciones.
Que deje de destinarse estos recursos al Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República y sus equivalentes en las entidades federativas.
En congruencia con todo lo anterior, se propone reformar también el Código Federal de Procedimientos Penales para establecer “que los bienes causarán abandono a favor de las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar Social, y no como de manera genérica se establece actualmente en favor del gobierno federal”.
Que los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales continúen siendo destinados de manera prioritaria a la compensación a que se refiere la Ley General de Víctimas, y que los recursos restantes o su totalidad se entreguen en partes iguales al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar suprimiendo de tal beneficio al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República.
Se prevea reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para efectos de eliminar del patrimonio del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia los recursos obtenidos por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales.
Se mantiene para así dicho fondo todas las demás fuentes de ingreso con las que actualmente cuentan.
En cuanto al régimen transitorio se plantea que esta propuesta entre en vigor el 1º de enero de 2019, a efecto de ajustarnos al ejercicio fiscal de esa anualidad.
Quiero agradecer a los compañeros Senadores Miguel Ángel Navarro, Susana Harp Iturribarría, José Narro Céspedes, Casimiro Méndez Ortiz, Salomón Jara Cruz, Lucía Virginia Meza Guzmán, Gricelda Valencia adherirse a esta propuesta.
Y a todos decirles que estamos, compañeros, ante la cuarta transformación de México, el pueblo ha depositado su confianza en nosotros por lo que no podemos permitir ya más que el futuro de los jóvenes vea cancelada cualquier oportunidad de movilidad social y de una vida digna y en paz.
Que nos quede muy claro, no podemos seguir hipotecando el futuro de nuestros jóvenes, démosle las herramientas que les permitan un mañana con esperanza, con paz y oportunidades; dotemos a nuestra sociedad de las herramientas eficaces para el desarrollo y una vida con justicia y oportunidades para todos.
Es cuanto.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador.
Túnese las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos
Se adhiere a esta iniciativa la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché.
También el Senador Emilio Álvarez Icaza y la Senadora Patricia Mercado.
Muchas gracias.
Recoja la Secretaría las firmas, por favor.
También la Senadora Rocío Abreu, la Senadora Covarrubias y la Senadora Ana Lilia Rivera.
Muchas gracias.
Pasamos al apartado de proposiciones con punto de acuerdo.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Jesús Lucía Trasviña, del grupo parlamentario de Morena.
No se encuentra.
Está enferma.
Gracias.
Entonces tiene la palabra la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a que a través de la Secretaría de Educación Pública se agilicen los trámites para el rescate financiero de la Universidad Autónoma del estado de Morelos.
Adelante.
La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán: Con su venia, Presidente.
Buenas tardes nuevamente compañeras y compañeros Senadores.
La educación de nuestro pueblo es un pilar fundamental para la cuarta transformación de nuestro país, y nosotros como representantes populares tenemos la obligación de defender el derecho a la educación de nuestros jóvenes.
Vengo a esta tribuna a defender ese derecho porque en estos momentos hay diez universidades públicas en el colapso financiero, y esto afecta a más de 600 mil universitarios de manera directa.
Estamos hablando de las universidades públicas de los estados de Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Estado de México, y la de mi estado de Morelos, que enfrentan un déficit por más de 19 mil millones de pesos
Hoy sostuvimos un encuentro con los rectores de esas diez casas de estudios en las que nos expusieron la problemática financiera por la que atraviesan sus respectivas universidades, y el panorama no es halagador.
En los próximos meses se agravará su situación financiera y por ello tenemos que reflexionar, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, que no se nos olvide esta máxima.
¿Cómo queremos competir frente al mundo si tenemos universidades débiles en su operatividad?
México tiene que estar a la vanguardia en la competitividad universitaria, en la investigación, en la ciencia y en la tecnología. Tenemos que trascender, pero no lo vamos a lograr si tenemos universidades en crisis financieras que ponen en riesgo la preparación de nuestros jóvenes.
Tenemos que rescatar a nuestras universidades del colapso financiero en las que están sumergidas.
No permitamos que la crisis económica se convierta en una crisis social y política, que derive en ingobernabilidad.
Esto no debemos permitirlo porque estamos hablando del futuro de nuestro país, del futuro de Morelos y de miles de jóvenes que verán afectado su derecho a la educación.
Lamentablemente es que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda se nieguen a reconocer las platillas de académicos e investigadores que están atendiendo un incremento de la matrícula de estudiantes.
Esta problemática es común en todas las universidades que están sumergidas en esta crisis financiera.
La falta de suficiencia presupuestal ha provocado que las diez universidades hayan caído en adeudos al SAT, Infonavit, así como el pago de cuotas al Seguro Social e ISSSTE.
Por si fuera poco, han dejado de cumplir con el pago a proveedores y distintos acreedores corriendo el riesgo de que ahora se dejen de pagar los salarios de los trabajadores administrativos y académicos.
Compañeras y compañeros Senadores:
Es fundamental que en este proceso de transición política que vive México el gobierno federal sea sensible y actúe con responsabilidad porque está en sus manos atender el problema financiero que enfrentan las universidades ya mencionadas, por ello hoy vengo a presentar a su consideración el punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública se resuelva el rescate financiero de nuestras universidades públicas.
Exigimos a la Secretaría de Hacienda libere los recursos que han sido aprobados y que por razones que desconocemos siguen congelados afectando, en consecuencia, la operatividad de las universidades.
Por cierto, esta estrategia financiera se construyó y acordó desde hace varios meses y hasta el momento no tenemos una explicación del por qué se ha retrasado la entrega de estos recursos por parte del gobierno federal.
Insisto, la transición política no debe ser pretexto para negar el derecho a la educación de nuestros jóvenes morelenses y del país, vayamos juntos al rescate financiero de las universidades públicas.
Por tanto, los convoco a evitar que la crisis financiera se convierta en una crisis política y de ingobernabilidad en los estados de Chiapas, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Zacatecas y Estado de México.
Agradezco a las y los Senadores José Narro Céspedes, Lilia Margarita Valdez Martínez, Rubén Rocha Moya, Miguel Ángel Navarro Quintero, Salomón Jara Cruz, Susana Harp, Cristóbal Arias Solís y Ricardo Ahued, quienes se adhirieron a la presente proposición.
Desde ahora, desde este momento hay que defender el futuro de México y cambiar la realidad por el bien de nuestros jóvenes y por el bien de México.
Es cuanto, Presidente.
Gracias.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
La Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán: Perdón, se me olvidó incluir a nuestros Presidente, también el Senador Martí Batres, que nos estuvo acompañando en la mañana.
Gracias.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias. Senadora.
Sonido en el escaño del Senador Miguel Ángel Mancera.
El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Presidente, para sumarnos también como grupo parlamentario del PRD a esta petición.
Ahí en la reunión estuvo también nuestro compañero Antonio García. Entonces, nos sumamos, por favor.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
Sonido en el escaño de la Senadora Geovanna.
La Senadora Geovanna de Carmen Bañuelos De la Torre: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, Presidente.
Para solicitar, igualmente, suscribir este punto de acuerdo.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Sonido en el escaño del Senador Radamés Salazar.
El Senador Radamés Salazar Solorio: (Desde su escaño) Me adhiero a la propuesta. Gracias, Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
Sonido en el escaño de la Senadora Beatriz Paredes.
La Senadora Beatriz Paredes Rangel: (Desde su escaño) Para adherirme al punto de acuerdo, por favor.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Mucha gracias, Senadora.
Sonido en el escaño de la Senadora Blanca Piña.
La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: (Desde su escaño) Para adherirme.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se adhiere la Senadora Blanca Piña.
Sonido en el escaño del Senador Javier May.
El Senador Javier May Rodríguez: (Desde su escaño) Para adherirme a la propuesta de la Senadora.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Sonido en el escaño de Daniel Gutiérrez Castorena.
El Senador Daniel Gutiérrez Castoreña: (Desde su escaño) Suscribimos ese punto de acuerdo. Me adhiero.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Sonido en el escaño del Senador Gilberto Herrera.
El Senador Gilberto Herrera Ruiz: (Desde su escaño) Para adherirnos totalmente a la iniciativa de nuestra Senadora.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
Sonido en el escaño del Senador José Narro Céspedes.
El Senador José Narro Céspedes:(Desde su escaño) Estuve en la reunión. Y nos adherimos al punto de acuerdo que presentó la Senadora Lucy Meza.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Sonido en el escaño del Senador Antonio García Conejo.
El Senador Antonio García Conejo: (Desde su escaño) Ya lo expresó mi coordinador. Igual, adherirme y, sobre todo, se acordó que se iba a formar una Comisión Plural, señor Presidente. Comisión Plural de Senadores para darle seguimiento al tema, porque es un tema de mucha trascendencia nacional.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador.
Sonido en el escaño de la Senadora Covarrubias.
La Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes: (Desde su escaño) Para adherirme.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se adhiere la Senadora Covarrubias.
Sonido en el escaño de la Senadora Citlalli Hernández.
La Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora: (Desde su escaño) Igual, en el mismo sentido, solicitarle, si me permite, suscribir.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
Sonido en el escaño del Senador Emilio Álvarez Icaza.
El Senador Emilio Álvarez Icaza: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
En el mismo sentido, para adherirme a esta iniciativa que me parece vital y además de una situación muy crítica, en algunos, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
Sonido en el escaño de la Senadora Nancy De la Sierra.
La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: (Desde su escaño) En el mismo sentido, Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Solicito a la Secretaría, recoja las adhesiones, por favor.
Pasamos al siguiente punto.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Kenia López Rabadán, para presentar a nombre propio y de la Senadora Xóchitl Gálvez y de diversos Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un punto de acuerdo que exhorta a tomar las medidas necesarias, a afecto de no permitir la violencia política en razón de género contra mujeres en el estado de Chiapas.
La Senador Kenia López Rabadán: Muchas gracias, Presidente.
Quiero agradecer, por supuesto, a la Senadora Xóchitl Gálvez y a todas mis compañeras del Partido Acción Nacional, quienes desde el fin de semana que nos enteramos del hecho, a propósito del tema de las mujeres de Chiapas, hemos estado en comunicación.
Y hoy, al parecer, estamos construyendo un acuerdo con las demás Senadoras de los distintos grupos parlamentarios, a efecto de que encontremos cauce a este tema, que si bien es cierto es un tema lamentable y que se está llevando a cabo en Chiapas, pues también es algo que se necesita visibilizar en todo el país.
Como mujer lamento profundamente que los derechos político-electorales de las mujeres chiapanecas estén siendo violentados en manos de quienes deberían protegerlos.
Como legisladora, lamento que en Chiapas la ley se esté utilizando fraudulentamente para engañar a los y a las ciudadanas, incluso hasta que parezca que la ley se encuentra subordinada a quienes ostentan hoy el poder en aquella entidad.
Con esto queda claro que el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sigue limitado, compañeras y compañeros, en diversas partes de nuestro país.
Este Senado de la República está obligado a fijar una posición que dé certeza a las mujeres y a la sociedad de este Estado tan querido.
A mediados del siglo pasado, las mujeres exigíamos nuestro derecho a votar y a ser votadas.
Hoy en día las mujeres enfrentamos un nuevo rostro de violencia, se trata de la violencia política en razón de ser mujeres.
De acuerdo con el INE, se tiene conocimiento de 27 casos de mujeres a cargos de Diputaciones Locales y 25 cargos de mujeres a Regidoras por el Principio de Representación Proporcional, sumando así 52 casos de violencia política en razón de género en contra de las mujeres en Chiapas.
Destaca la renuncia de todas las mujeres que integran a la planilla del Partido Verde Ecologista de México, en el Municipio de Mazatepec, para ocupar una Regiduría de Representación Proporcional.
Igual ocurrió en Frontera, Comalapa, por parte de la planilla de otros partidos distintos.
En Suchiapa, con la planilla de “Podemos Mover a Chiapas”.
En Pichucalco, la de la candidata electa síndica del Partido Chiapas Unidos.
Así también en Tuxtla el Chico, seis mujeres de la planilla del Partido Chiapas Unido, en el que se aceptan dichas renuncias con este motivo, evidentemente, de que no haya representación femenina.
Igualmente, renunciaron las candidatas electas a una Diputación Locales y Propietarias, por buscar un espacio en las cuatro circunscripciones de la entidad federativa.
Chiapas se divide en cuatro circunscripciones y en todas y en cada una de ellas hay denuncias de mujeres para ceder sus espacios a hombres.
Es de resaltar que tolerar la violencia política en razón de ser mujeres, no solamente violenta principios constitucionales, sino también convencionales en materia de democracia paritaria, progresividad, inclusión, igualdad, entre muchos otros.
No es la primera ocasión que en Chiapas se vive violaciones graves al Sistema Electoral Nacional y evidentemente es necesario que hoy este cuerpo colegiado defina una posición clara no solamente para las mujeres y los hombres que viven en Chiapas, sino para todo el país.
Por lo anterior, a nombre de mis compañeras del Partido Acción Nacional y de las distintas compañeras de los grupos parlamentarios que se han sumado a este proyecto, proponemos al Pleno un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, Presidente.
Esto es, que se debata en este momento y, en su caso, se apruebe con los siguientes resolutivos:
Primero. Solicitamos se exhorte al Organismo Público Local Electoral en Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, a que tome las medidas necesarias, inclusive la realización de nuevos comicios, a efecto de que no se tolere la violencia política en razón de género contra mujeres por parte de diversos partidos políticos de dicha entidad.
Segundo. Se exhorte al Instituto Nacional Electoral, para que de conformidad con sus atribuciones supervisen que se encuentre realizándose las acciones necesarias que suspendan la violencia política en razón de género contra mujeres en Chiapas.
Y, en caso de no ser así, ejerza la facultad de atracción por la trascendencia del caso.
Tercero. Solicitamos al Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, inicien Procedimientos Ordinarios Sancionadores por violaciones graves.
Y quiero decirle, señor Presidente, que este tercer punto lo establece la publicación de la Gaceta de hoy, pero hemos tratado de construir una tercera propuesta que me permito poner a su consideración y quedaría en estos términos.
Y les pido por favor a las compañeras y compañeros, que a efecto de poder acompañar esta propuesta puedan observar el acuerdo.
Sería. Tercero.- El Senado de la República solicita al Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, inicien Procedimientos Ordinarios Sancionadores por violaciones graves y sistemáticas, y en caso de que dichas violaciones graves violenten los derechos políticos de las mujeres, los partidos políticos que así lo realicen, perdón… y en caso de las violaciones graves por parte del Partido Verde Ecologista de México y los demás partidos políticos que así lo realicen, se les aplique una sanción, incluso que pueda llegar hasta la pérdida del registro como partido político nacional y local en Chiapas.
(Aplausos)
Cuarto.- El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional Electoral para que en uso de sus atribuciones legales establezca sanciones ejemplares en contra de los partidos políticos que han propiciado estos actos violatorios de derechos y establezca las reglas necesarias para evitar que esas prácticas de simulación ocurran nuevamente.
Dado en el salón de sesiones al 11 de septiembre de 2018.
Muchas gracias, Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora.
Perdón, vamos a someterlo a consideración de la Asamblea, de si es de obvia y urgente resolución, y si es así, damos la palabra.
Sonido en el escaño de la Senadora Malú Micher, con objeto de adherirse.
La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Senador, compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario de Morena hemos tomado en cuenta esta reconsideración que ha hecho la Senadora Kenia, nos hemos puesto de acuerdo en la redacción, nos sumamos a esta propuesta del tercer párrafo que ha propuesto, y personalmente queremos adherirnos, sumarnos.
Confiar en que será de obvia resolución, y que no será un tema abandonado, y archivado y, sobre todo, decir que hemos presentado un punto de acuerdo la Senadora Patricia Mercado, no hemos podido hablar con la Senadora Ruiz Massieu, pero supongo que nos podemos sumar todas, y retiramos el punto de acuerdo, y nos sumamos a ese.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Malú Micher.
Tal como ha sido solicitado, y con fundamento en los dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
En consecuencia está a discusión la propuesta.
¿Existe algún Senador o Senadora que quiera hacer uso de la palabra?
Si no es así, consulte la Secretaría a la Asambleas, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.
La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobada la propuesta, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobada la propuesta.
Comuníquese.
Ahora se concede el uso de la palabra a la Senadora Beatriz Paredes Rangel, para presentar a nombre propio y de los Senadores Emilio Álvarez Icaza, Manuel Añorve Baños, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Minerva Hernández Ramos, Ana Lilia Rivera Rivera y Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, un punto de acuerdo en materia de trata de personas.
La Senadora Beatriz Paredes Rangel: Señor Presidente.
Honorable Asamblea.
Compañeras y compañeros:
Quiero agradecer a los Senadores firmantes de este punto de acuerdo, y subrayar que se han sumado a él el Senador Ricardo Monreal, el Senador Miguel Osorio Chong, el Senador Rafael Moreno Valle, además de quienes lo habíamos suscrito con anterioridad.
La propuesta que sometemos a su amable consideración tiene como propósito el que este Senado multiplique su participación para lograr erradicar el gravísimo problema que aqueja a quienes son víctimas de la trata de personas.
La trata de personas está tipificada como un delito de extraordinario peso por el Protocolo de Palermo, que señala que se entiende por trata de personas la captación, transportar, trasladar, acoger o recepcionar de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
Esta problemática que es una plaga que aqueja al mundo entero en nuestro país tiene diferenciación por regiones, por estrato económico y por circunstancias de contexto.
En ese sentido se reconoce que las causas existentes para la trata de personas, especialmente de menores de edad, son múltiples, y en el caso mexicano se expresan en diferentes modalidades.
Este punto de acuerdo, se vincula específicamente con la trata de menores de edad para la explotación sexual en la región de los estados de Tlaxcala, Puebla y en la Ciudad de México, así como en las zonas fronterizas del país.
Por eso aprecio especialmente el que los legisladores de origen tlaxcalteca hayan suscrito este punto de acuerdo.
Ciertamente, en los últimos años ante la agudización de la problemática ha existido un esfuerzo mayor de las autoridades para atender el tema, aunque lejos está de erradicar este grave delito.
De allí que sea pertinente que el Senado de la República participe como responsable de la cohesión del Pacto Federal y coadyuvante del desarrollo de las entidades federativas para revisar si las decisiones de carácter legislativo en las que el poder que representamos realizó una aportación sustantiva para normar la atención de este problema, han tenido consecuencias suficientes.
En ese sentido consideramos evidente que en lo que al marco jurídico compete, la Federación, los estados mencionados y la Ciudad de México han tenido importantes avances en concordancia con los instrumentos internacionales en la materia, el Protocolo de Palermo, al que ya me referí.
Sin embargo, nosotros debemos recordar que la acción legislativa tiene que acompañarse de un conjunto de políticas públicas y de participación social que hagan posible incidir en la transformación de la realidad y en la superación de problemáticas tan devastadoras como lo es la trata de personas menores de edad con propósito de explotación sexual.
Por lo antes expuesto estamos sometiendo a su consideración los siguientes puntos de acuerdo:
Primero.- Que se convoque a los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de los estados de Tlaxcala, Puebla y de la Ciudad de México, para que presenten ante las Comisiones de Derechos Humanos; de Justicia; y de Seguridad Pública, las medidas jurídicas y las decisiones de política pública que han instrumentado para erradicar la trata de personas en los espacios de su jurisdicción.
Segundo.- Que se convoque a las autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Procuraduría General de la República, para que expliquen ante las Comisiones de Derechos Humanos; Justicia; y Seguridad Pública, cuáles son las medidas jurídicas y las decisiones de política pública que han instrumentado para erradicar la trata de personas en nuestras fronteras, tanto para connacionales como para extranjeros que son víctimas de este grave delito.
Tercero.- Que se instruya a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Colegisladora, para que en uso de sus facultades realicen las reformas legislativas, las estrategias de presupuestación y de seguimiento y evaluación para garantizar las políticas públicas que sean efectivas en el propósito de erradicar la trata de personas en México.
Compañeras y compañeros Senadores:
Es dramática la terrible circunstancia cuando uno atraviesa algunas de las zonas de venta en La Merced, y hay una niña, una adolescente colocada en algún rincón ofreciendo sus favores sexuales.
Es terrible cuando uno se encuentra con un antro en la carretera Tlaxcala-Puebla, vía Chiautempan, y sabe que en ese lugar trabajan menores de edad forzadas, incluso, por sus familiares. Es un problema de seguridad pública, pero también es un problema de conciencia.
Yo les invito que, con el compromiso de su conciencia, este Senado de la República sea un adalid contra la trata de personas, contra la trata de menores de edad.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Beatriz Paredes.
Nos adherimos también.
Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.
La Senadora Susana Harp Iturribarría: (Desde su escaño) Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senadora Susana Harp.
Sonido en su escaño.
La Senadora Susana Harp Iturribarría: (Desde su escaño) Nos sumamos, a nombre del Morena a este punto.
Gracias.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
Senador Miguel Ángel Navarro.
Sonido en su escaño.
El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: (Desde su escaño) Para sumarme.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se suma el Senador Miguel Ángel Navarro.
Senador Juan Manuel Zepeda.
Sonido en su escaño, por favor.
El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: (Desde su escaño) Sumarme, pero puntualizar.
Es un problema nacional. Ojalá en comisiones se pueda agregar: “Este es un problema nacional, hay que combatirlo en todo el país”.
Gracias.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador.
Senadora Claudia Ruiz Massieu.
La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: (Desde su escaño) Gracias.
Para adherirnos todos los Senadores y Senadoras del grupo parlamentario del PRI.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
Senadora Alejandra León Gastélum.
Sonido en su escaño.
La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: (Desde su escaño) Para adherirnos los Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se adhieren los Senadores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Senadora Josefina Vázquez Mota.
La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.
Nosotros también nos adherimos a esta propuesta, y la acompañamos de manera, no solamente solidaria, sino con mucho compromiso.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Senadora Verónica Delgadillo.
La Senadora Verónica Delgadillo García: (Desde su escaño) A nombre de mis compañeros, solicitar la adhesión a este punto de acuerdo.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora.
Senadora Alejandra Lagunes.
La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz: (Desde su escaño) Presidente, pedimos adherirnos como grupo parlamentario a este punto de acuerdo.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Senadora Lilly Téllez.
Sonido en su escaño, por favor.
La Senadora Lilly Téllez: (Desde su escaño) ¿Puedo solicitar que a esa propuesta se agregue el estado de Chiapas y que sus autoridades también rindan cuentas sobre la trata en el estado de Chiapas?
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se puede hacer.
Ya la discusión del dictamen en comisiones se puede hacer esa modificación.
Gracias, Senadora.
Senador Miguel Ángel Mancera.
El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Presidente, para el efecto de que el grupo parlamentario del PRD se adhiera a esta propuesta, en el entendido de que pueda en comisiones que sea nacional, dado que es de relevancia nacional e incumbe a todos los estados este combate al delito de trata.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador.
La Senadora Antares Vázquez y el Presidente también se adhieren.
Gracias.
Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Verónica Delgadillo García, a nombre de los Senadores y Senadoras del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a revocar la autorización respecto de la entrada en vigor de los incrementos a las tarifas relativas al pago de cuotas por el aprovechamiento de los Caminos y Puentes Federales.
La Senadora Verónica Delgadillo García: Muchísimas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante.
La Senadora Verónica Delgadillo García: Gracias.
Señoras y señores.
Senadoras y Senadores:
Hoy es el cuarto día de una medida concebida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha propiciado la indignación de miles y miles de mexicanos y que se resume básicamente con el aumento del costo de las casetas, que es el aumento en el costo de la red carretera del Fondo Nacional de Infraestructura, lo que pagan los ciudadanos por cruzar nuestro país.
Este aumento se dio después de que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos giró instrucciones a Caminos y Puentes Federales para que así fuera. Eso quiere decir que desde el pasado 7 de septiembre, las tarifas de peaje de 37 autopistas y libramientos, 37 de ellos, también de tres puentes nacionales e internacionales subieron en un pago de 12 % hasta el 18 %.
¿Qué quiere decir? Que prácticamente vamos a terminar este sexenio con un casetazo. Y para que se den una idea de lo que me refiero, les voy a poner algunos ejemplos de los incrementos que tuvo el costo del peaje.
Por ejemplo, lo que se paga de México a Querétaro. Tuvo un incremento de más del 12 %, pasó de 148 pesos a 166 pesos.
Lo que se paga de la autopista México-Puebla, una autopista, que ustedes saben que es muy importante, especialmente para la Ciudad de México, aumentó en un 17 %, de 141 pesos a 165.
También la tarifa del libramiento Sur-2 de Reynosa, que tuvo el incremento mayor, que fue del 200 %.
Si nos ponemos a calcular con estos aumentos, que son totalmente injustificados, nos podríamos dar cuenta que cruzar este país es altamente costoso.
Un mexicano, un transportista que quiera ir desde Tijuana hasta Cancún, va a pagar 22 mil pesos sólo en casetas.
¿No les parece absurdo?
Y miren, nosotros en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que este aumento, de la noche a la mañana, que va del 2 al 18 % en la red de carreteras, de verdad es excesivo.
Pero no sólo es excesivo, sino también es injusto e insostenible por dos razones fundamentales:
La primera, porque en lo que va de este sexenio, el precio de la gasolina casi se ha duplicado.
Hay que recordar que al principio pagábamos un poco más de 10 pesos por litro de Magna, y hoy estamos pagando cerca de 20 pesos por litro.
Por otro lado, es insostenible, porque el salario en este país sigue siendo precario. Miren, de acuerdo al Inegi, del 2013 al 2016, el aumento real, real del salario mínimo fue del 2.6 %.
Ahora contrastemos con otros incrementos que les acabo de mencionar, que incluso en la glosa de la mañana, les decía, sube todo: sube el gas, las gasolinas, suben las casetas, pero lo que no sube en este país es el salario.
Por eso el día de hoy la bancada de Movimiento Ciudadano, es que presentamos un exhorto.
Primero.- Para que el Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, cabe decir que es el responsable del socavón, eche atrás el casetazo, y que además revoque la automatización que vieron para el aumento de cuotas en todas las casetas de este país.
Segundo.- Para que el director general de Caminos y Puentes Federales transparente los ingresos en los últimos dos años por el cobro de cuotas en el aprovechamiento de los caminos y puentes federales, por una simple y sencilla razón: no puede haber incremento si nosotros no conocemos cuánto ha ingresado por ese concepto, y si, además, no sabemos en qué se gasta ese dinero. Los mexicanos, las mexicanas, merecemos saberlo.
Y hoy también pongo a su disposición un tercer punto, distinto al que fue circulado con ustedes en el orden del día, para incorporar la solicitud de comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que venga al Senado, para que nos dé explicaciones.
También queremos aprovechar para que ese punto se incorpore a la discusión de la Junta de Coordinación Política, el día de mañana en su orden del día.
Porque miren, no sólo podemos unirnos para dar este esfuerzo conjunto, para dar reversa al casetazo, sino también porque esta es una gran oportunidad para abrir una discusión que se ha mantenido en total opacidad, y es el tema que se refiere a las concesiones carreteras.
En este Senado tenemos que entrarle a la discusión, saber cuál es el estado que guardan los caminos y los puentes federales.
Saber también cómo se concesionan en este país, cómo se concesiona, a quiénes se concesionan, a quiénes se concesiona, bajo qué procesos y por cuánto tiempo, cuáles son los criterios que se establecen para poder dar las concesiones.
Miren, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que mientras la seguridad de las carreteras no mejoren, que mientras sigamos teniendo gasolinazos, mientras sigamos teniendo un salario que es mínimo y que no es un salario digno, no puede haber un aumento a las casetas.
Por eso hoy ponemos a consideración de todos ustedes este acuerdo porque estamos convencidos de que no hay condiciones ni hay razones suficientes para que en este país se aumente el casto de las casetas.
Por eso hoy los Senadores de Movimiento Ciudadano decimos alto y claro: “no al casetazo”.
Es cuanto.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Y se concede el uso de la palabra al Senador…
¿Con qué objeto, señor Senador?
El Senador Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Para adherirme.
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Para adherirse.
Sea tan amable la Secretaría de tomar nota, que por cierto la propia Senadora Delgadillo.
Adelante, Senador Castañeda.
El Senador Clemente Castañeda Hoeflich: Gracias.
Simplemente para aclarar el trámite.
Lo que se está solicitando es que el tema sea turnado a la Junta de Coordinación Política, para que ahí tome la decisión conducente, si no tuviera inconveniente.
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Se obsequia el trámite solicitado por el Senador Castañeda.
Y se turna a la Junta de Coordinación Política, para su trámite.
Senador Mancera.
El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Presidente, para adherirnos también el grupo parlamentario del PRD.
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Se toma nota de la adhesión del Senador Mancera.
La Senadora Alejandra De León.
Queda usted adherida a la propuesta de la Senadora Delgadillo.
Senador Ahued, también está adherido a la propuesta.
El Senador Rementería.
Doña Noemí, muchas gracias.
Doña Minerva, muchas gracias, queda también adherida a la propuesta.
A la propuesta original, Senadora.
Ya se le dio trámite a la Junta de Coordinación Política.
Y se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Fócil Pérez, quien a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del PRD, presenta punto de acuerdo que solicita a la Mesa Directiva del Senado que el ahorro del acuerdo de los grupos parlamentarios sea destinado a la reconstrucción de viviendas y a la reconstrucción de infraestructura de escuelas en las zonas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
Adelante, Senador.
El Senador Juan Manuel Fócil Pérez: Gracias.
Con su permiso, señor Presidente.
Y con el gusto, Senadoras y Senadores.
El grupo parlamentario del PRD presenta esta proposición con punto de acuerdo que solicito se le dé trámite de urgente resolución, por la que proponemos a este Pleno que los recursos, producto del plan de austeridad del Senado, se apliquen a un fin útil y trascendente, como es el apoyo a la construcción de vivienda y la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado.
La austeridad no debe ser sólo un discurso con el que la clase política se haga publicidad o promueva su imagen social frente a los ciudadanos, hacerlo así es carecer de ética, es mentir y traicionar la confianza del pueblo.
El gasto público que la Cámara de Diputados apruebe en el Presupuesto de Egresos de la Federación está sujeto a reglas y no puede ser destinado al capricho político de nadie ni para gastar más ni para hacer ahorros sin sentido y sin racionalidad.
Es vital dar un mensaje claro a la ciudadanía de que su dinero tiene un uso real y útil.
Hacer un simple reintegro al erario público por la no ejecución de un gasto programado es una grave responsabilidad, tanto jurídica como política.
Tres disposiciones rigen el ejercicio del gasto, como son:
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por ello, las Senadora y Senadores del PRD proponemos que los 599.6 millones de pesos que se reintegrarán al erario público tengan un destino específico, que tengan una causa justa, como es la ayuda directa a las familias damnificadas de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, y a la reconstrucción de escuelas de estas comunidades y colonias.
Estas economías, en la ejecución del gasto del Senado en su administración, debe destinarse a fines trascendentes, redireccionar estos recursos económicos que estaban destinados al gasto superfluo, a objetivos presupuestales que tengan una repercusión directa en la vida de los mexicanos, que se sienta que el Senado apoya a la ciudadanía.
Sustentamos nuestra propuesta en el artículo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual dice que: “los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo que establece el artículo 23, último párrafo de la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el importe de los ahorros que se obtengan como resultado de la instrumentación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestarias, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en este Presupuestos de Egresos, así como en los términos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respectivamente”.
Al efecto la Secretaría informará trimestralmente a la Cámara de Diputados a partir del 1° de abril sobre dichos subejercicios.
Esta es la propuesta que estamos solicitando, señor Presidente, se determine de urgente y obvia resolución por tener una finalidad de justicia en favor de la gente que lo necesita.
Muchas gracias, Senadores y Senadoras.
(Aplausos)
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senador.
Quisiera preguntar muy atentamente al grupo parlamentario del PRD si estaría de acuerdo para satisfacer el trámite que lo solicita, dado que se trata de solicita una resolución de la Mesa Directiva sobre un trámite que fue planteado por la Junta de Coordinación Política, y votado por esta Asamblea, me refiero al acuerdo de austeridad, si estaría de acuerdo que lo turnáramos a la Junta de Coordinación Política para su resolución.
Tiene la palabra el Senador Mancera, que la había solicitado antes.
Le cede el turno, Senador Salgado.
El Senador Félix Salgado Macedonio: (Desde su escaño) Muchas gracias, compañero Senador Mancera.
Sólo para precisar, no es posible que nosotros como Senado, el subejercicio o el excedente o el ahorro, como se le quiera llamar, lo mandemos etiquetado o ex profesamente a una acción.
No podemos, no son nuestras facultades como Senado, lo que sí podemos es regresar ese recurso para que el Ejecutivo lo pueda aplicar en un subejercicio y que él va a determinar, porque incurriríamos en desvío de recursos.
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, Senador.
No estamos discutiendo el fondo, le pregunto al PRD.
Gracias, Senador Mancera.
El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Nada más para que en las mismas condiciones me permita argumentar con lo que se ha planteado aquí.
Lo que se está solicitando no es un subejercicio, sino es un ingreso excedente, como también apuntó el Senador, es absolutamente procedente que este ejercicio, este ingreso excedente regrese a la Subsecretaría de Ingresos y que la Subsecretaría de Ingresos a través de la Unidad de Planeación tenga un orientación del Pleno del Senado de la República, y si el Senado de la República considera que debe ser un ahorro con causa, esa unidad de planeación debe tomar en consideración para reasignar a la Subsecretaría de Egresos.
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Correcto, Senador.
En cuanto al trámite, ¿está usted de acuerdo en que lo mandemos a la Junta de Coordinación Política para su resolución y planteamiento del Pleno, ya tomando en cuenta todos los argumentos vertidos por usted y por el Senador Salgado?
El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Estamos de acuerdo.
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias.
Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Y tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo que requiere al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que solicite la Sección de los Estados Unidos de América, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, el cumplimiento cabal del Tratado de Aguas de 1944.
Tiene la palabra la Senadora León Gastélum.
La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: Con la venia de la Mesa Directiva.
Senadoras y Senadores, mexicanos y mexicanas: agua pasa por mi casa, mañana tal vez ya no.
A nombre del pueblo de Baja California y del pueblo de Sonora, expongo, la vecindad de nuestro país con los Estados Unidos de América se traduce en un cúmulo de interacciones que se desenvuelven en el marco de diversos tratados internacionales, cuya naturaleza radica en alcanzar la máxima reciprocidad.
En materia de aguas internacionales, concretamente en lo relativo a la cuenca del Río Colorado, lamentablemente en los últimos años han predominado los intereses de los Estados Unidos de América, en detrimento de nuestra soberanía nacional.
Esta situación adversa ha ocasionado afectaciones graves a los productores agrícolas y pobladores del Valle de Mexicali en Baja California y del Valle de San Luis Río Colorado, en Sonora.
El 3 de febrero de 1944, se celebró entre Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América el Tratado de Aguas de 1944, con el cual se constituyó por efecto del artículo 2º, la Comisión Internacional de Límites de Aguas, su propósito era evitar las dificultades ocasionadas con motivos de los cambios que tiene lugar en el cauce de los ríos Bravo y del Río Colorado, a la instancia así creada, le corresponde la aplicación del Tratado su reglamentación, el ejercicio y el cumplimiento de las obligaciones que los dos gobiernos adquieren en virtud del mismo.
Sin embargo la representación de nuestro país ha abdicado de sumisión, de hacer valer la soberanía nacional.
La región conformada por los valles de San Luis Río Colorado y Mexicali, presenta un clima cálido seco, la principal corriente de abastecimiento de agua es el Río Colorado, con un escurrimiento medio anual de más de 1850 millones de metros cúbicos.
Alrededor del 62 % de la superficie del valle de Mexicali es susceptible de explicación agrícola, el 40 % de la población económicamente activa se dedica a actividades agrícolas, el municipio de San Luis Río Colorado, cuenta con un clima muy seco y el recurso hídrico es reducido por las lluvias que son muy escasas.
Pero gracias a las aguas del Río Colorado, cuenta con una superficie agrícola de 35 mil hectáreas de riego.
En ambos valles, la producción agrícola es la base de la economía y dependen por igual del volumen de agua que con base en el Tratado de 1944, corresponde a México del Río Colorado.
El comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión internacional de Límites y Aguas, es designado por el Presidente de la República, y sin reparar en que el espíritu del Tratado tiene el único propósito de mantener la máxima equidad en función de la mayor o menor carga hídrica de Río Colorado, el comisionado de la Sección Mexicana, se prestó a aprobar un esquema del todo contrario a los intereses nacionales y a las necesidades vitales de los habitantes de los Valles de Mexicali y de San Luis Río Colorado.
Aceptó ceder por obras de infraestructura a pesar de que la fórmula anterior no esta está reconocida en ninguna de las cláusulas del Tratado.
Por lo tanto, hizo modificaciones a un Tratado internacional sin tener facultades para ellos, el único facultado para este tipo de reformas a tratados internacionales es el Senado de la República.
Los acuerdos contrarios a la letra e intención del tratado quedaron contenidos en las actas 319 y 329 de laño 2012 y 2017, respectivamente.
Los daños y perjuicios ocasionados a los productores y núcleos de población del Valle de Mexicali y del Valle de San Luis Río Colorado, ocasionada por la caída del volumen de agua que recibe por parte de los Estados Unidos de América, inciden de manera inmediata y directa en la economía tanto familiar como regional y en el medio ambiente, impactando el área natural protegida del Delta del Río Colorado y Alto Golfo de California, protegidas, además, por el sistema Ramsar, por los humedales que ahí existen y además es el principal problema la causa de extinción de la vaquita marina.
Punto de Acuerdo.
Primero.- Se requiere con toda atención al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que, por los medios diplomáticos que considere adecuado, solicite a la Sección de los Estados Unidos de América, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas el cumplimiento cabal del Tratado de Aguas de 1994, dejando sin efecto las actas 319 y 323, y en su lugar, tomar medidas acordes con el motivo, objeto y estipulaciones de dicha Convención Internacional para atender las necesidades de infraestructura, derivadas del instrumento mismo, no queremos infraestructura si no vamos a tener agua.
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al señor Presidente de la República, tenga a bien proceder a la remoción inmediata del actual Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
Tercero. – Se exhorta respetuosamente al señor Presidente de la República, se sirva previa definición del perfil para el cargo en consulta con los productores y pobladores del Valle de Mexicali, de Baja California y del Valle de San Luis, en Sonora, proceder al nombramiento de un nuevo titular que la representación de la Sección Mexicana ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que garantice la observancia puntual del Tratado de Aguas de 1944, así como la defensa de la soberanía nacional, acordando con los Estados Unidos de América las asignaciones de volúmenes de agua que procedan en justicia y equidad.
Solicito a la Mesa Directiva, se turne a las comisiones correspondientes, Senadoras y Senadoras, muchísimas gracias.
Es cuanto.
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora León Gastélum.
Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Para referirse al punto de acuerdo relacionado con el exhorto a atender la denuncia que realizan los vecinos de diversas colonias del municipio de San Fernando, Chiapas, con respecto a las severas afectaciones al medio ambiente que les está ocasionando la empresa Logística de Transportación y Comercialización JB, S.A de C.V tiene el uso de la palabra la Senadora Sasil De León Villard, coordinadora del grupo parlamentario de Encuentro Social.
Este punto se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, dado que la Senadora ha decidido turnar esta solicitud.
Asimismo recibimos de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Verde, punto de acuerdo relativo al Día Mundial de la Prevención al Suicidio, que se turna a la Comisión de Salud.
Y ahora se concede el uso de la palabra al Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, para presentar punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a atender el cumplimiento pleno de los derechos de las familias de las personas desaparecidas, según lo establece la legislación en materia de víctimas y en materia de desaparición de personas.
Tiene la palabra el Senador Álvarez Icaza.
El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Gracias, Presidente.
A nombre del Senador Alejandro González, del Senador Dante Delgado, la Senadora Sasil De León, el Senador Raúl Bolaños, el Senador Miguel Ángel Mancera y del mío propio, quiero presentar a esta Asamblea y llamar su atención, no sólo un punto de acuerdo, sino sobre un tema extraordinariamente grave.
Tuve ocasión de platicar con mis colegas del estado de Veracruz sobre el acontecimiento que se presentó y como lo vivió la vida nacional la semana pasada.
Escuchamos todos en la Prensa la aparición de una fosa con 166 cráneos, ese dato se ha actualizado y ya son 174, y refleja un drama de la vida nacional.
El país lamentablemente tiene una condición de dolor y violencia, que ya llevamos un registro de las fosas clandestinas, refleja una dinámica de espirales de violencia y de ausencia del Estado, de una extraordinaria gravedad.
No existe probablemente mayor dolor, el de una familia que no sabe dónde está su hijo, su hija, su esposo; el dolor de una familia buscando a una persona desaparecida ha sido ya de tal magnitud que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo ha tipificado.
Trágicamente el número de personas desaparecidas en México tiene ya un monto similar a lo que sucedió durante el golpe de Estado en Argentina, ese es el tamaño del trauma nacional, es el tamaño del vacío y del dolor.
Por eso no debe de pasar inadvertido lo que sucedió la semana pasada.
En cualquier democracia encontrar una fosa clandestina con 174 cráneos será motivo de escándalo, de dolor, de irrumpir para preguntar ¿qué es lo que está pasando en el país?
En distintos lugares de la República es un fenómeno que se ha reiterado, lo hemos platicado con la Senadora Nestora, lo hemos platicado con Josefina Vázquez Mota, lo platicamos con los colegas de Veracruz, y me parece que es vital que el Senado mande un mensaje poderoso, de que no es indolente a uno de los mayores dolores y que, sin duda, está presente, en búsqueda de una respuesta.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho ya un informe especial en la materia. Hay un informe especial sobre personas desaparecidas, desapariciones forzadas y fosas clandestinas en México.
Para darles un dato, sólo del 1º de enero del 17 a agosto del 18, la CNDH reporta 163 fosas clandestinas, es un fenómeno reciente, no sólo de la guerra contra el narco.
El mismo reporte informa que, del año 2007 a septiembre del 16, se tiene un registro de mil 143 fosas clandestinas.
¿De qué situación estamos hablando? Que tenemos que llevar un registro de fosas.
¿De qué estamos hablando cuando en realidad el Estado no está respondiendo con la fuerza y el vigor que se requiere, no sólo para evitar que eso suceda, sino para proteger y acompañar a las víctimas?
Tenemos ya una Ley General de Víctimas, el Senado fue motor e impulsor de una Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas y aun así no es suficiente, necesitamos generar las condiciones de política pública e implementación para que cada vez que actúe un fiscal lo haga con las víctimas.
Las víctimas están jugando aquí un papel vital. Veracruz ha sido un ejemplo nacional de cómo los colectivos han salido a buscar, el Colectivo Solecito y otros.
El Colectivo Solecito, sólo de 2017 a la fecha, ha registrado en 44 municipios de Veracruz 243 fosas clandestinas, y por eso es tan importante que lo hagan de la mano de las familias.
En la fosa que refiero se encontraron 122 documentos, es vital que se trabaje con las familias para que no se enteren por la Prensa si uno de sus familiares está ahí.
El sentido de este acuerdo, colegas, compañeros, compañeras, es pedirle a la Fiscalía de Veracruz que trabaje en combinación con las víctimas.
Hemos conversado con los distintos coordinadores parlamentarios y convenimos que no fuera de urgente y obvia resolución porque hay preocupación de que pudiera intervenir también la PGR en este tema, y por eso es convenimos en turnarlo a la Junta de Coordinación Política, de manera que en la propia Junta se pueda atender la importancia de este asunto.
Nos parece vital, me parece vital que el Senado se pronuncie a hacer un tema de lesa humanidad, probablemente no hay peor violación que la desaparición forzada.
Por lo anterior solicitaría a la Junta pudiere, de la manera más pronta y expedita, atender este asunto, que espera en Veracruz, y muchos lugares más de la República, una respuesta.
Muchas gracias por su atención.
(Aplausos)
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor Senador.
Tal como usted lo solicito y ha convenido con los coordinadores parlamentarios, se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, del grupo parlamentario de Morena, para presentar punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad Juárez, a reestablecer el orden y cesen los homicidios, feminicidios y desapariciones forzadas por particulares.
Tiene la palabra la Senadora Caraveo.
La Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena: Con su venia, señor Presidente.
Senadores y Senadoras; compañeros todos:
El estado de Chihuahua está en llamas.
A lo largo de este año la violencia ha incrementado exponencialmente y el pueblo de Chihuahua ha perdido la paz, la poca tranquilidad que tenía.
En las últimas semanas un niño murió, producto de un disparo en el abdomen cuando comía junto con su familia en un restaurante de Ciudad Juárez.
El disparo que le arrebató la vida provino de la pelea entre los dos frentes del crimen organizado que se disputan el trasiego de la droga y el vació de poder que han generado los gobiernos de Javier Corral y Armando Cabada, sobre Chihuahua y Ciudad Juárez en lo estatal y municipal, respectivamente.
Claro, sin olvidar las profundas desigualdades que el titular del Poder Ejecutivo Federal ha propiciado a través de la implementación de incontables políticas neoliberales que han resultado un fracaso, políticas que continúan propiciando espacios de violencia absorbentes y de nula escapatoria para la juventud mexicana que se ve orillada a delinquir.
Ya lo denunciaba Javier Valdez Cárdenas, periodista víctima de la inseguridad de nuestro país, ante la falta de empleo y educación miles de menores de edad son cooptados por el crimen organizado, esa es la realidad que vive actualmente Chihuahua.
Asimismo, el presidente electo en el municipio de Gómez Farías, del partido Morena, Blas Juan Godínez, sufrió un atentado en el que recibió un balazo en la cabeza dentro de su consultorio a horas de tomar protesta como presidente municipal de aquella noble tierra, realmente una desgracia.
Y por si esto fuera poco, el candidato por Morena a la Presidencia Seccional de Anáhuac, Jesús Moncada, fue asesinado a balazos, mientras que la Policía Estatal era emboscada en la Sierra de Chihuahua. Otra desgracia.
A diario docenas de jóvenes, mujeres y niños desaparecen.
El estado más grande de esta nación se queda chico en materia de seguridad.
No podemos negar que Chihuahua vive un momento de crisis, una crisis de inseguridad que atenta contra la tranquilidad del pueblo de Chihuahua.
Lo anterior no es para nada una exageración y las estadísticas que llevan detrás a una vida humana, a una familia que perdió un ser querido, hablan por sí mismos.
Los 179 homicidios que se cometieron durante el mes de junio en Ciudad Juárez, superaron a los acumulados en los tres primeros meses de este año.
En el primer trimestre de 2018, los homicidios sumaron 172, pero se multiplicaron en el segundo trimestre que acumuló 368 de abril a junio.
¿Qué está pasando? Le pregunto al gobernador Javier Corral.
Y le hago la misma pregunta al Presidente de Ciudad Juárez, Armando Cabada: ¿Por qué las fuerzas del estado están siendo superadas por las fuerzas del crimen organizado?
¿Por qué está siendo masacrada la gente pobre, la juventud y las mujeres?
¿Por qué no atienden a la sentencia del campo algodonero en materia de procuración de justicia?
¿Por qué se rehúsan a reforzar a la Fiscalía, a la Policía Estatal y Municipal?
¿Por qué faltan recursos para investigar los feminicidios?
¿Por qué la gente de Chihuahua tiene que vivir bajo el estrés constante de toparse con una balacera o ser víctima de una?
¿Por qué la gente de Chihuahua sigue buscando a sus desaparecidas, a sus desaparecidos y la autoridad sigue bailando por su ausencia?
¿Por qué están matando a nuestros compañeros de Morena?
Necesitamos que empiecen a trabajar.
Necesitamos mejores sueldos para los elementos policiacos que continuamente arriesgan sus vidas.
Necesitamos que les den mejores herramientas para que puedan defenderse y, sobre todo, defender a la y los chihuahuenses.
Necesitamos que seleccionen mejor a quienes integran el cuerpo de policías y se aseguren que el crimen organizado no esté enlistado en sus filas.
Necesitamos que los índices de homicidios, feminicidios y desapariciones lleguen a cero y que ni una más, ni uno más muera.
Necesitamos vivir en tranquilidad.
El pueblo de Chihuahua grita: ¡Alto a la barbarie!
Desde esta honorable tribuna exhorto al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para que eficientice las medidas de seguridad y que su combate al crimen organizado sea con perspectiva de clase, de género y apego a derechos humanos.
Lo mismo exijo a Armando Cabada, ahora que fue reelegido, porque no podemos decir que vivimos en una democracia cuando el estado está ausente y la gente expuesta a morir por la negligencia e imprudencia de sus titulares.
Porque no puede ser que en Chihuahua el crimen esté organizado y el gobierno desorganizado.
Desde el Senado de la República lo decimos fuerte y claro: ¡Queremos tranquilidad para el pueblo de Chihuahua!
Es cuanto.
(Aplausos)
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, Senadora.
Su proposición con punto de acuerdo, se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Enseguida, tiene el uso de la palabra la Senadora Gloria Núñez Sánchez, a nombre de Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo, que exhorta cancelar los aumentos a las tarifas de peaje de la Red Caminera Federal que entraron en vigor el pasado 7 de septiembre.
La Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Muchas gracias.
Con su permiso, Senador Presidente.
Aunque es la misma preocupación de la bancada de Movimiento Ciudadano, quiero expresar que el resolutivo es distinto.
El pasado 7 de septiembre Caminos y Puentes Federales puso aumento a las tarifa de peaje para las autopistas, libramientos y puentes federales.
Esas alzas se sumaron a la ya anunciada en enero de este mismo año, cuando se aplicó un incremento generalizado a la cuotas de peaje que en promedio fue del 6.7 %.
De esta manera, acumulados los aumentos anunciados por Capufe de enero a septiembre de este año, existe un incremento del 18 % tan sólo en el 2018, respecto de las tarifas del 2017.
Mediante un escueto comunicado la dependencia federal afirmó que el aumento de las tarifas provino de Banobras, fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura.
Los mayores incrementos, ya lo comentaba aquí la Senadora de Movimiento Ciudadano, fueron a la Carretera México-Puebla, a la Carretera Estación 2 Nogales, en donde el incremento fue alrededor del 17.1 %.
Aunado a ello, hay más carreteras a la que se les incrementó, como la de México-Querétaro, Monterrey-Nuevo Laredo, Vía Córdova-Veracruz, Reynosa-Matamoros, Durango-Mazatlán, Guadalajara-Tepic.
Si bien la Carretera México-Cuernavaca no presentó un aumento el pasado 7 de septiembre, en enero su costo se elevó de 32.4 % respecto de la tarifa vigente en el 2017.
Para las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario de Acción Nacional, esta serie de aumentos anunciados por Capufe, son a todas luces desproporcionados por rebasar las expectativas de inflación de este año, injustificados por el mal estado en la que se encuentran muchas de estas carreteras.
Son dañinos para la economía, ya que tendrán un efecto inflacionario en los productos básicos que se transportan a través de las redes de carretera federales de este país.
De acuerdo a la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, en agosto del 2018, elaborada por el Banco de México, los analistas privados del país prevén para este año una inflación promedio del 4.41 %, mientras que para el 2019 estiman que a nivel general de precios se incremente alrededor de un 3.74 %.
Por lo tanto, los incrementos aplicados por Capufe en este año 2018 rebasan hasta en más de siete veces la expectativa de inflación para este año. Lo que es totalmente desproporcionado y, desde luego, afecta a los bolsillos de las familias y la competitividad de las empresas de nuestro país.
Líderes empresarios y transportistas de distintas regiones del país ya han expresado su inconformidad por esta serie de incrementos en la tarifas del peaje. Y advierten, será un duro golpe a la economía de las familias mexicanas.
Señalan que el aumento afectará también al turismo nacional y provocará un incremento en los precios de varios productos, cuyos costos incluyen su transportación por las carreteras de nuestro país, además de los precios de los combustibles que también acumulan fuertes alzas del 2017 al 2018.
Sumado a esto, tenemos que gran parte de las carreteras del país se encuentran, como ya lo mencionaba, en malas condiciones o en inseguridad que ha hecho presa de quienes las transitan.
Además, en el caso de Sonora, uno de los estados con mayor aumento al peaje de su Carretera Estación 2 Nogales, los trabajos de modernización de los 652 kilómetros que la componen no ha concluido.
Por lo que es congruente aumentar el 17.1 % en el 2018 y el costo público por un servicio que no está en condiciones y está inconclusa, afectando al bolsillo de las familias.
Esto incluso lo afirma la propia gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, quien es de filiación priísta, por lo que es justo el reclamo y que quede muy claro, que no es tachado como parte de las legisladoras o fobias que tienen los legisladores partidistas por el aumento que está siendo este gobierno.
Por todo esto, señalamos y sustentamos desde esta tribuna del Senado que debemos de hacer un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Capufe y Banobras para que den marcha atrás al aumento implementado este pasado 7 de septiembre.
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a su consideración el grupo parlamentario de Acción Nacional que se le dé un tratamiento de urgente y obvia resolución al punto de acuerdo siguiente:
Que el Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Capufe y del Banco Nacional de Obras, Banobras para que cancele el aumento a las tarifas de peaje de la Red Carretera Federal anunciado el pasado 6 de septiembre de 2008.
En virtud de que acelerará el espiral inflacionario de este año en perjuicio de la economía de las familias y las empresas, y que el servicio de algunas autopistas no es la calidad demandan los usuarios debido a las obras que están en mantenimiento y que no han sido concluidas.
Es cuanto.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora.
Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Con su permiso, Presidente, consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se considera de urgente resolución, señor Presidente.
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias.
Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Sonido en el escaño del Senador Damián Zepeda, ¿para qué objeto Senador?
El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Se siente lamentar que no hayamos podido debatir este tema.
Los ciudadanos están recibiendo el impacto de los aumentos en los costos de las carreteras, y eso pues no tiene, digamos, el tiempo de que, pues nosotros aquí abramos todo un proceso largo para poder debatir el tema.
Están expuestos los motivos por los cuales se considera injusto, coincide con otro punto de acuerdo que aquí se presentó, hemos escuchado públicamente como instituto parlamentarios pues dicen, públicamente, que les parece mal que se hayan dado estos incrementos, y pues, en ningún lado dice que el aumento sea del 17 hasta el 30 %, cuando la inflación está muy por debajo de ello y la calidad de las carreteras están, bueno…
Nada más dejar asentado en acta el fundamento del Partido de Acción Nacional de que no podamos siquiera debatir este tema, máximo cuando no hay comisiones instaladas, y saben bien que entonces esto significa que se va a ir hasta dentro de, al menos un…
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Disculpe, Senador.
No está a discusión el punto, repito, Senador, el punto no está, Senador, el punto no está a discusión.
Lo único que podríamos proponerle desde esta Mesa Directiva, es que sea turnado a la Junta de Coordinación Política, a efecto de que tenga el trámite más rápido posible, en tanto que no están constituidas las comisiones aún; tal como se hizo con un punto anterior de Movimiento Ciudadano, sobre el mismo tema.
Y quiero decirle que el Pleno ya resolvió que no. Por lo tanto no se encuentra a discusión, y ruego su comprensión.
Lo turnamos a la Junta de Coordinación Política.
De acuerdo, no se encuentra a discusión el tema.
Senador ¿para qué objeto?
El Senador Raúl Paz Alonzo: (Desde su escaño) Es sobre la votación, Presidente.
La verdad no nos quedó muy claro, con todo respeto, a la Secretaria que haya ganado la mayoría de que no entre por obvia resolución.
No sé si podríamos hacer una votación nominal, sustentarlo.
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Disculpe, a la Mesa sí le quedó muy claro que no hubo dos terceras partes a favor, que se requieren para que fuera de urgente resolución.
Bien, vamos a pasar al siguiente punto.
Sonido en el escaño de la Senadora Kenia López, y ruego su colaboración por favor.
La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Presidente, tiene toda la razón, por supuesto el Presidente y la apreciación de la Mesa, la solicitud que estamos haciendo es que haga una votación nominal para tener claro quién está a favor y quién está en contra. Entiendo que se necesita del acompañamiento de cinco Senadores, si me permiten.
El Presidente Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Disculpe, perdón, pero pasó el momento, porque ya hicimos la declaratoria del turno, y también por sensibilidad de la Presidencia estamos corrigiendo el turno a la Junta de Coordinación Política, a efecto de que se pueda resolver lo antes posible.
La votación ya ocurrió, y la declaratoria del resultado de la votación también.
Bien, se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta agilizar el proceso de entrega de insumos provenientes del Fondo de Desastres Naturales al estado de Coahuila.
La Senadora Verónica Martínez García: Gracias, Presidente.
Y le informo que existe un consenso entre los diferentes grupos parlamentarios a fin de unificar la propuesta del compañero Armando Guadiana, y la de su servidora.
Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores:
En días pasados el estado de Coahuila se vio gravemente afectado por las intensas lluvias; desde el lunes 3 de septiembre y a la fecha en algunos municipios el agua acumulada por las lluvias superó en algunas regiones la cantidad promedio que llueve en todo el año.
Esto ha provocado la evacuación de cientos de familias de sus hogares, caminos, escuelas y comunidades enteras permanecen inundadas.
Al día de hoy, ríos y presas están en riesgo de desbordarse, por esta razón el pasado 5 de septiembre fue solicitada por el gobierno del estado de Coahuila la intervención de la Coordinación Nacional de Protección Civil, siguiendo los lineamientos marcados por el Fondo Nacional de Desastres Naturales a efecto de que se emitiera la declaratoria de emergencia en los municipios de Piedras Negras, Acuña la Ciudad de Torreón.
La situación de riesgo es tal que la Secretaría de la Defensa Nacional ha activado el Plan DN-III, que es el plan de auxilio para la población civil en casos de desastre.
El gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud ha activado el Código de Emergencia Médica, también conocido como Código Naranja, a fin de realizar las acciones de vigilancia estrecha de las condiciones sanitarias para prevenir enfermedades diarreicas y de la piel.
El día 7 de setiembre la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para Piedras Negras, el día de ayer, 10 de septiembre para los municipios de Acuña y Torreón, por lo que deberá iniciar el proceso de adquisición y entrega de insumos a fin de ser puestos a disposición del gobierno estatal y municipal para que a su vez los hagan llegar a los más de 100 mil damnificados en este momento.
Debemos garantizar en todos los niveles de gobierno la integridad de cada uno de las y los ciudadanos.
Por estas razones presentamos ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Exhortando de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación que tiene a su cargo la Coordinación Nacional de Protección Civil para agilizar el proceso de entrega de insumos destinados a los municipios de Piedras Negras, Acuña y Torreón.
Así como analizar la posibilidad de emitir la declaración de emergencia en los municipios de Matamoros y Francisco I. Madero.
Compañeras y compañeros Senadores:
Les pido que nos respalden con su voto de confianza para apoyar a nuestro estado de Coahuila, que hoy nos necesita.
Más allá de los partidos y los colores debemos unirnos y hacerle frente a esta lamentable situación.
Suscribimos el presente punto de acuerdo la Senadora Eva Galaz, el Senador Armando Guadiana y la de la voz, la Senadora Verónica Martínez, Senadores por Coahuila.
Le solicito, señor Presidente, actualice los registros parlamentarios.
Es cuanto.
Muchas gracias.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Como ha sido solicitado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se considera de urgente resolución, Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
En consecuencia, está a discusión la propuesta.
Pregunto ¿Si hay Senadoras o Senadores que quieran hacer uso de la palabra?
El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina: (Desde su escaño) Yo, Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El Senador Armando Guadiana.
El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina: Sobre el mismo tema.
Agregar esto al punto 30, agregar, solamente agregar, pues claro, nos sumamos a lo que la compañera Senadora Verónica Martínez y Eva Galaz, sobre el tema de las emergencias en Coahuila por las lluvias, aparte de los municipios de Matamoros, Francisco I. Madero, también el municipio de Viesca, porque en estos momentos el Río Aguanaval que pasa por la parte sur de Torreón, pues está a punto de desbordarse y toda el agua va a dar precisamente a la población de Viesca.
Hay que agregarlo también a la solicitud de emergencia para que la Secretaría de Gobernación actúe.
Además se requiere que la Secretaría de Seguridad Pública actúe, porque desgraciadamente los robos son ya exagerados en la ciudad de Torreón y el mismo Acuña y Piedras Negras.
Y, por supuesto, que esperemos que fondos que manden, tanto fondos y especie lleguen a la gente que los necesita, a los damnificados, porque a veces se quedan en el camino y, desgraciadamente, pues debido a la corrupción exagerada, no llegan las cosas a su destino.
Eso es bien importante, la intervención del Sistema Nacional de Seguridad Pública, refuerce la vigilancia en los municipios de Torreón, Madero, Matamoros y Viesca, porque la problemática es bastante fuerte y, pues debemos salir adelante.
Gracias al apoyo de todos los compañeros Senadores, y ahorita la gente, sobre todo, desgraciadamente todo esto pasa en la gente que menos tiene, son los que están afectados por el exceso de lluvias, que después dejarán cosas buenas a lo largo para el estado.
Muchas gracias.
Es todo, Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador.
Dé lectura la Secretaría a la propuesta de adhesión del Senador Armando Guadiana, y pregunte al Pleno si se admite a discusión.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que a la brevedad declare en estado de emergencia a los municipios de Viesca, Matamoros, Francisco I. Madero, en el estado de Coahuila, derivado de las fuertes lluvias del pasado 9 de septiembre del presente año, y se apliquen los recursos del fondo para la atención de emergencias.
Segundo.- El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que a través del Subsecretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, refuerce la vigilancia en los municipios afectados en coordinación con los cuerpos de seguridad pública del estado de Coahuila, de Zaragoza para prevenir el robo a casa-habitación en los municipios de Torreón, Viesca, Matamoros y Francisco I. Madero, del estado de Coahuila, de Zaragoza.
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Guadiana.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se admite a discusión.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo propuesto por la Senadora Verónica Martínez García, con la adición propuesta por el Senador Armando Guadiana.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por la Senadora Verónica Martínez, con la adhesión del Senador Guadiana.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobada la propuesta, Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Aprobada la propuesta.
Comuníquese.
En una tercera ronda de proposiciones, tiene el uso de la tribuna la Senadora Cecilia Margarita Sánchez García, a nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Morena, y del suyo propio, para presentar un punto de acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a informar sobre las acciones para detectar, prevenir y combatir el nepotismo en las redes familiares y el conflicto de interés en el Poder Judicial de la Federación.
La Senadora Cecilia Margarita Sánchez García: Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, por favor.
La Senadora Cecilia Margarita Sánchez García: Compañeras y compañeros Senadores:
Como se ha señalado en el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, el estancamiento, el deterioro, la desigualdad y la corrupción no son los únicos destinos posibles en México. Cambiar esa circunstancia nacional siempre ha estado en nuestras manos.
En las últimas décadas, México ha vivido diversas modificaciones constitucionales, legales y reglamentarias enfocadas al combate de la corrupción en el servicio público, y para alcanzar dicho objetivo, lo principal no radica en la falta de leyes, sino la voluntad para cumplirlas.
El incumplimiento generalizado del marco legal y la corrupción conforman el círculo vicioso que más ha dañado a nuestro país. Ejemplo de lo anterior lo tenemos en diversas estructuras y organizaciones gubernamentales, poco conocidas en cuento a su organización y funcionamiento interior.
El Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura Federal es uno de esos casos.
El Consejo de la Judicatura se ha caracterizado por contar con esquemas cerrados, con poca o nula apertura al escrutinio social y a la rendición de cuentas.
Lo anterior ha llegado a proporcionar esquemas y patrones burocráticos, influyentismo, nepotismo en general, conflicto de intereses dentro de sus filas.
Con base en datos duros y una metodología confiable, el CIDE publicó un reporte denominado: “El Déficit Meditocrático, Nepotismo y Redes Familiares en el Poder Judicial de la Federación”, donde se muestra que el nepotismo y las redes familiares en el Poder Judicial de la Federación son una realidad y que existe un serio déficit meritocrático en su interior.
Se evidencia que dentro de las 45 categorías de puestos que operan en ese órgano jurisdiccional, sólo cinco corresponden a la carrera judicial, y de estos, solamente dos puestos, los de Juez de Distrito y Magistrado de Circuito se logran a través de concursos de oposición con estándares específicos para poder ser parte de la carrera judicial.
Otro caso de la opacidad se encuentra en la celebración de los concursos de oposición, toda vez que el 87 % de las convocatorias, dichos concursos para juez o magistrados, desde 95 hasta 2016, fueron cerradas, es decir, que solamente fueron dirigidas a personal que ya labora dentro del Poder Judicial, dejando a un lado a los demás estudiosos del derecho que no laboran ahí.
Más grave aún, es el nepotismo y las relaciones familiares que existen dentro del Poder Judicial de la Federación.
Más grave aún este reporte total de magistrados y jueces de Distrito, el 51 % tienen al menos un familiar laborando en el Poder Judicial, y solamente el 5 % de estos cargos tienen exigencia meritocrática alta.
Por tanto, es posible que familiares de jueces y magistrados ingresen al Poder Judicial sin un filtro de selección adecuado a su vez, y sean éstos los que concursen para juez y magistrados, haciendo de ello que el proceso de selección sea solamente una simulación.
Cabe recordar el pasado concurso de oposición para jueces de Distrito que fue cancelado debido a posibles actos de corrupción en cuanto a la obtención anticipada de las preguntas que se les realizan a los concursantes, y sobre lo cual hoy en día no se tiene conocimiento del resultado de estas investigaciones.
Es importante considerar las conclusiones a las que llegó el reporte en comento, donde no sólo plantea las debilidades institucionales, sino también la necesidad de realizar diversas acciones tendientes a contrarrestar los vicios observados.
Toda esta problemática ha demeritado la noble labor de uno de los Poderes de la Unión, pero que de estas prácticas ha causado la desconfianza de la sociedad y la exigencia de desaparecer las redes familiares, el nepotismo, el compadrazgo y las filas del Poder Judicial.
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional, preocupados por propiciar las correspondientes acciones y estrategias para cambiar el nepotismo, las redes familiares y el conflicto de intereses dentro de las estructuras del gobierno, sometemos a consideración a esta soberanía lo siguiente.
Punto de acuerdo.
La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en plena observancia del principio de división de poderes, solicita respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal un informe pormenorizado sobre las acciones implementadas o que se pretendan implementar con el fin de detectar, prevenir y combatir el nepotismo.
Las redes familiares y el conflicto de intereses en el Poder Judicial de la Federación, en razón del reporte elaborado en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, denominado “el déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación”.
Es cuanto, Presidente.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
Túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene ahora el uso de la palabra al Senadora Mayuli Martínez Simón, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a que en la elaboración y aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2019 se contemple la disminución del IVA para la región fronteriza.
Adelante.
La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeras Senadoras y Senadores, buenas tardes.
Como Senadora del estado de Quintana Roo, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a esta tribuna para presentar un punto de acuerdo que tiene como finalidad hacer un llamado al Presidente de la República y a la Cámara de Diputados, como la Cámara de origen, para que en el marco de la elaboración, presentación, análisis, discusión y aprobación de la propuesta del paquete económico para el ejercicio fiscal 2019, contemplen la disminución del Impuesto al Valor Agregado para todas las regiones fronterizas de México del norte y del sur con efectos a partir del 1° de enero de 2019.
Todos los mexicanos sabemos que la propuesta del Presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de reducir el IVA en la frontera norte del país, bajándolo del 16 al 8 % una vez que inicie su gobierno.
Las y los Senadores del grupo parlamentario del PAN no tan sólo coincidimos con esta propuesta en bajar el IVA, sino que además desde esta Cámara impulsamos dicha propuesta como una política que contribuye la reactivación económica de todas las regiones fronterizas del país del norte y del sur.
Como quintanarroense, y siendo Diputada local en el 2016, desde el Congreso local exhortamos al Poder Legislativo Federal a bajar el IVA, respaldados en el grave daño que ha causado a Quintana Roo desde su incremento. En el 2014, lamentablemente, no nos escucharon.
Por eso ahora como Senadora de la República, y con el respaldo del grupo parlamentario del PAN, en el marco de las coincidencias con el Presidente de la República electo, venimos de nueva cuenta a insistir en la propuesta de bajar el IVA, pero no sólo en la región fronteriza norte, también en la región fronteriza sur. Insisto, las razones son elementales.
Señoras y señores Senadores.
El IVA se estableció como carta tributaria en el año de 1990, y desde entonces para la región y franja fronteriza norte y sur inició siendo del 6 %.
Posteriormente durante el período de 1992 al 2009 se incrementó al 10 %.
Después del 2010 al 2013 pasó al 11 %.
Y finalmente en el 2014, debido a una política económica equivocada, se homologó con el resto del país al 16 %.
Históricamente la política económica partió de la lógica de que la cercanía de la región fronteriza de México con otra nación altera los patrones de consumo e impacta directamente en la competitividad.
De tal suerte que si se estimula el comercio nacional en la frontera con una política tributaria a la baja y con precios más bajos, se desalienta el consumo de bienes y servicios del extranjero y también se incentiva la inversión extranjera y el consumo de bienes y servicios de extranjeros.
Dicho de otra forma, mantener una tasa baja inferior a la del resto del país permite que los productos gravados mantengan bajos costos, lo que anima a los consumidores y atrae a más, tanto locales como foráneos, incentiva la inversión tanto nacional como extranjera, promueve la competitividad y todo esto reactiva las economías de las regiones fronterizas beneficiadas con esa política tributaria, lo que provoca en un período muy corto el crecimiento de las economías.
Con una política tributaria como la que se plantea se podrá observar una baja de precios de los bienes y servicios de una manera sana que permitiría que se mantengan los salarios, lo que incrementará el poder adquisitivo de la población y una mejor distribución del ingreso.
La reducción del IVA, en todas las regiones fronterizas del norte y del sur, promoverá el consumo y la producción alejando a las economías locales de un efecto recesivo que origina la reducción del consumo y disminuye la producción de las empresas locales que generan los bienes y servicios, lo que trae como consecuencia el aumento del desempleo.
Por esta razón, desde hace años atrás, venimos dando la batalla para bajar el IVA, pero no sólo en el norte, también en el sur del país.
La región fronteriza sur sufre un estancamiento de desarrollo económico que pese a poseer una gran cantidad de recursos primarios debido a la lejanía de la frontera de Estados Unidos, ha originado que tenga menores inversiones públicas y privadas, colocando la región en la peor posición de desarrollo a nivel nacional. Contrario a lo que ha pasado en las entidades ubicadas en la frontera norte, donde tiene una gran actividad industrial y un mayor desarrollo económico.
Los indicadores de la actividad económica estatal, reportados por el Inegi, revelan como los estados pertenecientes a la frontera sur, tienen una actividad económica mucho menor a los estados ubicados en la otra frontera. Todo lo anterior sustenta y justifica plenamente la propuesta del grupo parlamentario del PAN como una política inteligente con efectos inmediatos que reactivarán la economía de toda la región fronteriza de México del norte y del sur.
Estimados compañeros y compañeras.
Es del interés de este grupo parlamentario impulsar políticas fiscales que se traduzcan en beneficios directos a las familias, como es la reducción del IVA en las zonas fronterizas.
Por ello esta propuesta complementa la anterior iniciativa presentada por las Senadoras y Senadores del PAN, no hacerlo, contribuirá al crecimiento de la brecha regional entre la frontera norte y la frontera sur de México, lo que tarde o temprano, ocasionará graves problemas sociales.
Apoyemos la banca del IVA en la frontera norte, pero también apoyemos la baja del IVA para Quintana Roo.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora María Soledad Luévano Cantú, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a transparentar los criterios de otorgamiento y cálculo de pago de daños y perjuicios al Infonavit por la cancelación anticipada de su relación contractual con la empresa Telra Realty.
La Senadora María Soledad Luévano Cantú: Gracias.
Con su permiso, Senador Presidente.
Presidente, solicito leer una síntesis, ya que el presente punto de acuerdo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Senadores.
Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:
Me permito hacer uso de esta tribuna, para hacer un exhorto al Infonavit y a diversas instituciones encargadas de combatir la corrupción, para que se investigue una posible trama por el desvío de más de 5 mil millones de pesos en perjuicio de los derechohabientes del Infonavit.
Para nadie es un secreto que estamos por concluir un sexenio, el sexenio más corrupto de la historia de México, porque ya sabemos, a la hora de robar, los priístas no saben discriminar, ellos agarran parejo, por eso casi todas las instituciones del país han sufrido los embates de la corrupción, pero esto es más grave cuando se trata de una institución de carácter social como es el Infonavit.
En este sentido y para ampliar la información, me permito informarles que en el año 2015, Alejandro Murat Hinojosa, en su carácter de Infonavit, de director del Infonavit, contrató a la empresa Telra Realty S.A de C.V para llevar a cabo un programa de movilidad hipotecaria, en la cual la empresa y el Infonavit, ofrecerían un nuevo esquema de crédito, sin embargo, el 30 de agosto del 2017, el nuevo director, David Penchyna, autorizó la cancelación de este contrato y mandató el pago de daños y perjuicios para finiquitar la relación contractual del Infonavit y la mencionada empresa.
¿Cuánto se le pagó a esta empresa por la cancelación del contrato? Se le pagaron 5 mil 88 millones de pesos.
¿Por qué se canceló el contrato? Pues no lo sabemos, no sabemos si se trató de un pago por una cláusula de indemnización o si se dio una mediación judicial, o simplemente fue la orden de un juez, no hay información al respecto, tampoco se detalla cómo se calculó esta cantidad o cuáles son los elementos para justificar el pago de 5 mil 88 millones de pesos que cancelarían el contrato de Infonavit con esta empresa.
En este sentido, estoy solicitando que el Infonavit nos amplíe la información, porque se tienen claros elementos de corrupción y necesitamos revisar de fondo estos contratos, por lo tanto, estoy solicitando a esta Cámara de Senadores haga un exhorto al Infonavit para que haga públicos los criterios y fundamentos para determinar la responsabilidad de pago y las cuantías por la cancelación de los contratos con Telra Realty S.A de C.V.
También estoy pidiendo que esta Cámara de Senadores exhorte a la Secretaría de la Función Pública para que en los términos de sus facultades, investiguen la legalidad del pago y la cuantía de los daños y perjuicios que se le pagaron a esta empresa por la cancelación de los contratos.
Y también, estoy pidiendo que se exhorte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en sus revisiones periódicas al Infonavit analice en detalle el pago referido.
No podemos permitir más corrupción en el país, no podemos permitir que los recursos de los ciudadanos se sigan perdiendo entre contratos opacos, indemnizaciones discrecionales y el uso faccioso de recursos públicos, esta contratación, cancelación o indemnización a esta empresa tiene claros vicios de corrupción y necesitamos una investigación a fondo y profunda.
Si logramos castigar a los corruptos, si logramos como un país que las instituciones funcionen y hagan su trabajo, lograremos que los recursos públicos se usen con honestidad y transparencia, y eso es a lo que le apostamos en esta cuarta transformación.
Por lo anterior, solicito se apoye esta iniciativa, para que se transparente y se revise este pago, y en caso de que exista alguna responsabilidad se castigue conforme a la Ley.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
Para adherirse a esta proposición con punto de acuerdo la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, Salomón Jara, Víctor Castro, Primo Dothé, Nestora Salgado, Armando Guadiana, José Luis Pech, Susana Harp, Blanca Piña, Xóchitl Gálvez, Minerva Hernández, Casimiro Méndez, Delfina Gómez, Claudia Balderas, Citlalli Hernández, Alejandro Armenta, Gricelda Valencia, Margarita Sánchez, Guadalupe Covarrubias, Imelda Castro, Rubén Rocha Moya, Margarita Valdez, Gilberto Herrera, se adhieren a este punto de acuerdo, también las Senadoras Antares Vázquez, Mónica Fernández y el Senador Mauricio Kuri González.
Bien, recoja la Secretaría los nombres de las firmas de los Senadores que se adhieren.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Pasamos al siguiente apartado del orden del día, que es la agenda política.
Hay dos temas de la agenda política.
Les informo que el texto del tema relativo al atentado sufrido por el doctor Blas Juan Godínez, inscrito por el grupo parlamentario de Morena, que iba a ser presentado por el Senador Cruz Pérez Cuéllar, se insertará en el Diario de los Debates.
El siguiente tema de la agenda política es el relativo al asesinato de colaboradores de la Senadora Rocío Nahle García.
Para tal efecto, se concede el uso de la tribuna a la Senadora Claudia Balderas, del grupo parlamentario de Morena, para hacer referencia a este asunto.
La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Adelante, por favor.
La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza: Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.
El día de hoy haré referencia al atentado ocurrido en contra de colaboradores de la Senadora Rocío Nahle García, en Coatzacoalcos, Veracruz.
Es lamentable observar cómo la violencia aumenta en el sur de nuestro país, si bien está presente en todos los estratos sociales.
No podemos ignorar que a raíz de las precampañas y campañas electorales de los comicios pasados la estadística de atentados contra la clase política ha incrementado drásticamente.
Como representante ciudadana y como miembro de la generación de jóvenes que trabajamos en favor del fortalecimiento de la democracia condeno los actos de violencia política acaecidos a lo largo del país, y especialmente los generados en Veracruz, estado que ocupa uno de los cuatro lugares con mayor registro de acoso, hostigamiento, intimidación, desplazamiento, tortura, desaparición, asesinatos a miembros de la política.
El pasado 5 de septiembre del 2018, un grupo de hombres armados asesinó a Aarón Azael Ayuso Collins y a su esposa, Cristel Marín González, en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
Ayuso Collins era militante de Morena y fue colaborador de la campaña de la Senadora Rocío Nahle García, además era representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral y trabajador del Ayuntamiento de Coatzacoalcos.
Como lo refieren varios medios de comunicación, nacionales y locales, ambas víctimas iban a bordo de un Suzuki Swift Blanco, a las 07:00 horas, por la Colonia 24 de Octubre de aquella ciudad, cuando otro vehículo le cerró el paso para que sus tripulantes abrieran fuego contra la pareja.
No debemos de perder de vista que con estos asesinatos ya suman 98 personas ejecutadas en Coatzacoalcos desde enero hasta la fecha.
Desafortunadamente hasta el momento las autoridades no han dado mayores datos sobre este hecho lamentable que ha consternado a la sociedad entera.
Desde esta tribuna las Senadora y los Senadores del grupo parlamentario de Morena nos solidarizamos con los familiares de Aarón Azael Ayuso Collins y de su esposa.
Manifestamos nuestra profunda indignación y rechazo absoluto por el asesinato de quien fuera colaborador de campaña de la Senadora Rocío Nahle García.
¡Basta ya de asesinatos! ¡Basta ya de violencia! ¡Basta ya de querer detener la transformación del país!
Exigimos de forma enérgica a las autoridades competentes esclarecer de forma pronta y expedita el asesinato de nuestro compañero y castigar con el rigor de la ley a los responsables materiales e intelectuales de un acto tan abominable.
Estos hechos violentos son muestra palpable de la gran descomposición social de la nación y de la incapacidad del Estado mexicano para cumplir con una de sus tareas básicas, lo que es desde toda consideración inaceptable.
Nada bueno viene jamás de la violencia y Veracruz, de manera coincidente con la gran mayoría de entidades federativas del país, se ha convertido en un territorio donde los asesinatos, el secuestro y las fosas con cientos de cráneos y restos humanos han adquirido carta de naturalización.
Es verdad que la administración federal actual, al igual que la estatal, están a unos meses de concluir, pero debe quedar claro que su responsabilidad de salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas no se extingue sino hasta el último día.
Compañeros y compañeras.
Senadores legisladores:
La grave situación de criminalidad que padecemos se nutre de la falta de aplicación de las leyes vigentes, de la escasa o nula operatividad de las instituciones, de seguridad pública, pero, sobre todo, de la corrupción y la impunidad que han generado un ambiente propicio para el crimen, esa es la herencia que habremos de enfrentar en los próximos años de la mano de un Presidente valiente y honesto.
Una de las razones del triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional, el pasado 1º de julio, es el anhelo del pueblo de México, de construir un país en el que el imperio de la justicia destierre para siempre a la violencia y a la inseguridad, en la que nadie esté por encima de la ley y en donde, finalmente, podamos vivir en paz.
Desde esta tribuna les decimos a esos millones de ciudadanos “no descansaremos hasta materializar esos anhelos y transformar la esperanza en realidad”.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.
Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:
Les informo que la Cámara de Senadores tiene pendiente de resolución el requerimiento del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Baja California sobre el nombramiento del C. Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario, notificado a esta Cámara desde el 27 de abril de 2017.
Los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un acuerdo.
Solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos del acuerdo.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura.
Primero.- El dictamen sobre la no ratificación del Magistrado Sergio Agustín Sánchez Martínez, aprobado el 22 de junio de 2018 por las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia de la LXIII Legislatura, para cumplir la ejecutoria de amparo emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Baja California bajo el número 2011/2013, se ubica en el supuesto previsto en el artículo 206 del Reglamento del Senado de la República y, por tanto, quedó a disposición de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura en calidad de proyecto.
Segundo.- Con base en lo anterior, se acuerda que dicho dictamen se remita a las comisiones competentes por razón de la materia una vez que se constituyan en la presente Legislatura.
Tercero.- Las comisiones de la LXIV Legislatura que reciban el dictamen se pronunciarán sobre el particular a efecto de que dicho dictamen sea ratificado, rectificado o desechado con plenitud de decisión.
Cuarto.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que notifique el contenido del presente acuerdo al Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Baja California, en vías del cumplimiento de la ejecutoria de amparo bajo el número 2011/2013, y de ser el caso solicite una nueva prórroga para que la Cámara de Senadores esté en condiciones de cumplir el tiempo y forma la cita ejecutoria de amparo.
Quinto.- Aquellas situaciones no previstas en el presente acuerdo serán resueltas por la Mesa Directiva.
Transitorio
Único.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
Se instruye a la Dirección Jurídica del Senado a comunicar al Juzgado Octavo de Distrito del estado de Baja California las acciones que realizará esta Cámara para dar cumplimiento a lo que requirió para resolver el nombramiento del C. Sergio Agustín Sánchez Martínez como Magistrado Numerario del Tribunal Agrario.
Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política han suscrito un acuerdo por el que se emite la convocatoria para la elección de Magistrados de los Órganos Jurisdiccionales en Materia Electoral en Diversas Entidades Federativas.
Con fundamento en lo que marca el artículo 75 del Reglamento del Senado, voy a solicitar a la Secretaría, les consulte, si autorizan incorporar el acuerdo al orden del día de la sesión.
Haga la consulta la Secretaría, en votación económica, por favor.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que se incorpore el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento desde hace varias horas.
Solicito a la Secretaría dé lectura a sus puntos resolutivos.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura a los puntos resolutivos del Acuerdo.
Convocatoria.
Primero.- Se convoca a las personas interesadas para cubrir las siguientes vacantes que se generarán en el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional Electoral de los Estados que a continuación se indican:
Baja California. Un Magistrado, cuyo cargo corresponde al 19 de noviembre del 2018.
Coahuila. Un Magistrado, cuyo cargo corresponde al 10 de diciembre del 2018.
Durango. Un Magistrado, cuyo cargo corresponde al 9 de diciembre del 2018.
Guerrero. Un Magistrado, cuyo cargo corresponde al 15 de diciembre del 2018.
Oaxaca. Un Magistrado, cuyo cargo corresponde al 9 de diciembre del 2018.
Puebla. Un Magistrado, cuyo cargo corresponde al 10 de diciembre del 2018.
Quintana Roo. Un Magistrado, cuyo cargo corresponde al 10 de diciembre del 2018.
Sinaloa. Dos Magistrados, cuyos cargos corresponden al 9 de diciembre del 2018.
Tamaulipas. Dos Magistrados, cuyo cargo corresponde al 19 de noviembre del 2018.
Tlaxcala. Un Magistrado, cuyo cargo corresponde al 10 de diciembre del 2018.
Veracruz. Un Magistrado, cuyo cargo corresponde al 10 de diciembre del 2018.
Zacatecas. Dos Magistrados, cuyos cargos corresponden al 19 de noviembre del 2018.
Total: 15 magistrados.
Segundo.- Para acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los interesados a participar en el Proceso de Selección que estimen reunir los requisitos constitucionales y legales, podrán presentar en la Oficina de la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, ubicado en el Sótano 1, en Avenida Paseo de la Reforma 135, Esquina Insurgentes, Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06030, a partir del 17 de septiembre del 2018 y hasta el 24 de septiembre de 2018, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en días hábiles.
La solicitud respectiva acompañada por duplicado de la documentación siguiente:
Uno. Currículum Vite, acompañado con fotografía actual.
Dos. Copia Certificada de los siguientes documentos: Acta de Nacimiento; Título Profesional de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de 10 años; Cédula Profesional; Credencial para Votar con Fotografía y documentos que corroboren el Currículum Vite.
Tres. Escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad, no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate durante un año anterior al día de la designación; no haber sido de la entidad federativa de la que se trate Gobernador, Secretario, Procurador, Senador, Diputado Federal o Local, durante los cuatro años previos al día de su nombramiento; no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; no haber sido registrado como candidato, con excepción de los candidatos independientes a cargo alguno de Elección Popular en los últimos cuatro años inmediatos anteriores a la designación y no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de Dirección Nacional, Estatal, Distrital o Municipal en algún partido político en los seis años anteriores a la designación.
Cuatro. Documentación que permita acreditar conocimientos en Derecho Electoral.
Cinco. Ensayo con extensión máxima de cinco cuartillas, en hoja carta, letra tipo Arial, tamaño 12, con interlineado sencillo, sobre alguno de los siguientes temas:
1.- Análisis jurídico-político de la viabilidad de acciones afirmativas sobre temas de igualdad de género y democracia en instituciones electorales.
2.- Análisis jurídico legal y jurisprudencial de la validez del voto ciudadano ante partidos políticos en candidatura común.
3.- Análisis de las condiciones jurídicas que sustenten el voto electrónico y las consecuencias políticas para su implementación.
4.- Análisis jurídico-político de la transversalización del Principio de no Discriminación en los Procesos Electorales.
Seis. Asistir a las entrevistas que para tal efecto le convoque la Comisión de Justicia.
Siete. Todos los documentos deberán estar firmados en su margen derecho. Las cartas bajo protesta de decir verdad, deberán también contar con firma autógrafa de los candidatos.
Ocho. Un disco compacto que contenga todos y cada uno de los documentos solicitados anteriormente, digitalizados, en formato PDF y en versión pública elaborada siguiendo los criterios establecidos en el acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril de 2016.
Tercera. Agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación Política verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que se refiera la base segunda de la presente Convocatoria y a más tardar el 28 de septiembre de 2018, lo remitirá a la Comisión de Justicia del Senado de la República.
La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para no validarse.
Las versiones públicas entregadas por los interesados, podrán ser difundidas libremente por el Senado de la República, para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Cuarta. Con la intención de brindarle máxima publicidad y objetividad a la presente Convocatoria, ésta deberá ser publicada en dos periódicos de circulación nacional los días 14 y 15 de septiembre de 2018, en la Gaceta del Senado, en la Página Oficial del Senado de la República y en el micrositio de la Comisión de Justicia una vez que se constituya y durante todo el procedimiento.
Quinta. La Comisión de Justicia será la encargada de acordar el procedimiento para la evaluación de los candidatos.
Sexta. La Comisión de Justicia remitirá a la Junta de Coordinación Política, mediante dictamen fundado y motivado, el listado de los candidatos que, cumpliendo con todos los requisitos de la presente Convocatoria, consideren que reúne condiciones de legibilidad para el cargo de Magistrado Electoral para integrar el Órgano Jurisdiccional de los Estados referidos en la base primera de la presente convocatoria a más tardar el 15 de octubre del presente año, la cual no será vinculante en la decisión que tome el Pleno del Senado de la República.
Séptima. Una vez recibidas las listas de los candidatos en los términos de la base que antecede, la Junta de Coordinación Política mediante Acuerdo, propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores a los candidatos que considere reúnen las condiciones de idoneidad para cubrir las vacantes de referencia por el lapso de siete años, indicando el período por el cual son elegidos en términos de numeral 1, del Artículo 106, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Octava. Dicho acuerdo será presentado al Pleno para su consideración y votación respectiva, en los términos que establece el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Novena. La elección como Magistrado Electoral para integrar el Órgano Jurisdiccional de los estados señalados en la base primera de la presente Convocatoria, se realizará mediante votación por cédula, como lo establece el artículo 97, numeral 1, fracción III, del Reglamento del Senado de la República.
Décima. Los Magistrados Electorales que resulten electos por el Pleno, rendirán la protesta de ley ante el Pleno de la Cámara de Senadores.
Décima Primera. En caso de que alguna de las personas propuestas no reúna la mayoría constitucional de dos tercios de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige el artículo 116, fracción IV del párrafo cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará inmediatamente otra propuesta, según se requiera para que se proceda una nueva votación.
Décima Segunda. La designación de quienes resulten electos, respectivamente, se comunicará a los gobernadores, a los presidentes de los congresos y a los presidentes de los organismos locales en materia electoral de los estados a que se refiere la base primera de la presente convocatoria, así como al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Décima Tercera. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Junta de Coordinación Política.
Es cuanto.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora.
Está a discusión el acuerdo, ¿pregunto si hay Senadoras o Senadores que quieran hacer uso de la palabra?
De no ser así, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se apruebe favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Se aprueba, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.
Aprobado el acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado Electoral en diversas entidades federativas.
Publíquese en dos diarios de circulación nacional, los días 14 y 15 de septiembre; publíquese en la Gaceta y en la página web del Senado.
En su momento publíquese también en el micrositio de la Comisión de Justicia.
Compañeras y compañeros Senadores:
Como se les hizo saber en la sesión anterior, deberán informar a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva si desean mantener inscritas sus iniciativas y proposiciones para la siguiente sesión.
De no recibirse avisos, se aplicará el correspondiente turno a Comisiones, los cuales se publicarán en la Gaceta.
Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda.
La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se han agotado los asuntos en cartera, señor Presidente.
El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.
Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 13 de septiembre, a las 11:00 horas, en la que se realizará el análisis del Sexto Informe de Gobierno, en materia de política interior.
Se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 17:48 horas.
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