* Versión estenográfica de la reunión de trabajo que sostuvo la maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, con los integrantes de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, que preside el senador Héctor Yunes Landa. 


SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA: Damos la bienvenida al senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Muchas gracias, señor presidente, por acompañarnos.

Y damos la bienvenida a la maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, quien es la primera titular de esta dependencia, designada mediante un mecanismo de contrapesos entre los poderes del Estado, al ser nombrada por el Presidente de la República y ratificada por el Pleno de esta Cámara.

De igual manera, saludamos la asistencia de los servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública que nos acompañan en esta reunión de trabajo:

Doctor Eber Omar Betanzos Torres, subsecretario de la Función Pública.

Licenciada Ana Laura Arratia Pineda, subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública.

Licenciado José Gabriel Carreño Camacho, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.

Maestro Christian Noé Ramírez Gutiérrez, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control.

Como antecedente a la sesión que hoy nos ocupa, quiero referirme a la realizada el pasado 22 de marzo de 2017, en la que la maestra Arely Gómez presentó ante esta Comisión un informe de sus primeros cien días hábiles como titular de la Secretaría de la Función Pública.

Desde el inicio de su gestión, la maestra Arely ha mostrado un destacado compromiso no sólo en el cumplimiento de sus funciones al interior de la Secretaría; sino también en el diálogo interinstitucional, en un esfuerzo por transparentar el actuar de los servidores públicos y fortalecer el vínculo entre las instituciones, el sector privado y la ciudadanía.

Así lo demuestra el ejercicio de la rendición de cuentas que a los primeros cien días de su gestión, la maestra Arely presentó ante esta misma Comisión, en la fecha ya referida.

Así lo demuestra también su comparecencia el día de hoy ante la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana.

Sea usted nuevamente bienvenida, señora Secretaria.

A continuación hará uso de la palabra la maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, para presentar a los integrantes de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, las acciones que ha implementado durante su administración al frente de la Secretaría.

Señora Secretaria, tiene el uso de la voz.

SECRETARIA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Con su venia, senador Héctor Yunes Landa, presidente de esta Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

Señor presidente, senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, gracias por su presencia.

Estimadas senadoras y senadores:

Es un privilegio reunirme una vez más con ustedes.

La última ocasión que nos dimos cita en esta ocasión, fue en marzo del año pasado tras haberse cumplido cien días de que una servidora asumiera el encargo de dirigir la Secretaría de la Función Pública.

Hoy, el propósito de esta visita es informar a la ciudadanía a través de ustedes, sus representantes, de las acciones más relevantes llevadas a cabo o coordinadas por esta institución, en beneficio de las y los mexicanos.

Permítanme iniciar con una breve reflexión sobre la corrupción que, en el caso de México, constituye una problemática real, grave e inadmisible.

Según datos del último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, nuestro país ocupa el lugar 135 de 180; por debajo de importantes aliados y socios comerciales como Chile, Colombia y Perú.

Igualmente, de acuerdo con el más reciente Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial, México fue posicionado en el lugar 92 de 113 naciones evaluadas, obteniendo solamente una alta calificación en el factor de Gobierno Abierto, de los ocho que se examinan.

Por su parte, en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, elaborada por el INEGI, el 91 por ciento de los entrevistados consideraron que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes. Mientras que se reportó que las personas servidoras públicas y el Gobierno Federal, gozan del 38.7 y el 25.5 por ciento de confianza ciudadana, respectivamente.

La corrupción engloba actividades fuera de la ley, que por obvias razones se llevan a cabo en la opacidad. Por tal motivo, la mayoría de estos reportes tasan dicho fenómeno con base en registros de percepción generada a partir, principalmente, de casos mediatizados.

No obstante, la validez de estos informes es incuestionable y deben tomarse como una seria llamada de atención a los gobiernos.

Frente a ello, y en consonancia con las aspiraciones constitucionales de inhibir formas absolutas y arbitrarias del ejercicio del poder público, surgió el Sistema Nacional Anticorrupción.

En este contexto, la Secretaría de la Función Pública ha trabajado desde la premisa de que la corrupción no puede ser vista meramente como una trasgresión a las leyes en beneficio propio o como un intento de maximizar las ventajas de cierto cargo, en perjuicio del bienestar colectivo.

Es indispensable rebasar esta definición, esto ya quedó atrás; hay que observar los daños sociales que produce al contradecir los principios de legalidad, imparcialidad y certidumbre jurídica; fundamentos de cualquier Estado democrático de Derecho.

Todo ello afecta la calidad del quehacer gubernamental, entorpece las políticas de desarrollo y disminuye, inevitablemente, la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.

En esta tesitura, como recordarán ustedes, en diciembre de 2016 se presentó el Plan de Trabajo de la Secretaría de la Función Pública basado en tres ejes, que encauzarían las líneas de acción para abonar a la consolidación de un Gobierno Moderno, Abierto e Íntegro y contribuirían al combate de los actos corruptos, a partir de las herramientas de coordinación provistas por el citado Sistema.

Me enfocaré primero al primero de los ejes, valga la redundancia:

Gobierno Moderno. Se estableció con el objetivo de impulsar acciones orientadas a la eficiencia, planeación y profesionalización del servicio público.

En este rubro destacan, en primer lugar, los trabajos del Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera, enfocados en la preparación de un proyecto de ley que adapte la estructura organizacional y el perfil de las personas servidoras públicas, a los desafíos que impone el Sistema Nacional Anticorrupción, considerando las mejores prácticas internacionales en materia de profesionalización.

Asumí un compromiso en el Senado de la República al comparecer previo a mi ratificación, y el compromiso fue hacer un examen exhaustivo del Servicio Profesional de Carrera, legislación que data de 2003 y que no había sido actualizada. Por lo cual, creamos un grupo de seguimiento conformado por instituciones públicas, académicos y de la sociedad civil organizada, e incluso se contó con el acompañamiento del Grupo de Trabajo sobre Empleo y Gestión Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

La versión final del anteproyecto de la iniciativa, elaborada por la Secretaría de la Función Pública, busca fomentar una gestión de recursos humanos apegada a principios como la integridad, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la legalidad. Asimismo, la propuesta prevé un sistema justo y abierto de contratación, selección y promoción, basado en criterios objetivos, un procedimiento formalizado y un método de evaluación que respalde la rendición de cuentas.

El anteproyecto se sometió a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la emisión del dictamen presupuestal y para enviarse a revisión a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Con esto queda claro que lo señalado por mis compañeros senadores acerca del análisis del Sistema Profesional de Carrera, estaban en lo correcto, es un sistema que ya no está acorde a la realidad y esta iniciativa está terminada y trabajada con la sociedad civil y con la academia.

En segundo lugar, en el marco de los esfuerzos por hacer más eficiente la operación de los Órganos Internos de Control y apoyar las acciones de auditoría, prevención, investigación y sanción que estos realizan, la Secretaría elaboró Manuales de Organización y Procedimientos Tipo. Manuales que no existían.

Estos documentos modelo fueron compartidos a principios de este mes, tanto a los Órganos Internos de Control en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales, en la Procuraduría General de la República, así como a las Unidades de Responsabilidades en las empresas productivas del Estado, con la finalidad de que ahora ellos elaboren o actualicen sus propios manuales, y esto sea a más tardar en julio próximo.

Ésta también fue una petición hecha a su servidora, por los senadores integrantes de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, compromiso que asumí y que ya tenemos los resultados.

Paso al tercer lugar. Con el ánimo de garantizar la óptima estabilidad estructural de la obra pública, la Secretaría adquirió, tras un proceso de licitación internacional, tres laboratorios móviles, puestos en marcha el pasado 14 de marzo.

Estos laboratorios verificarán la calidad de los materiales durante la construcción o conservación de las obras y comprobarán que las obras financiadas por las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, corresponden a las ejecutadas.

Concretamente, los laboratorios obtienen muestras in situ de los materiales de construcción y realizan pruebas; así, pueden identificar vicios ocultos en los materiales durante el proceso de construcción.

Esto permite contar con información en tiempo real, por lo que se hará más eficiente la inspección y se tendrá la oportunidad de corregir lo que sea necesario para optimizar la calidad de las obras.

Así también, se prevé que esto ayude a disminuir los gastos en mantenimiento de la infraestructura física gubernamental, pues las obras públicas tendrán una vida útil, acorde con las especificaciones del proyecto.

En este sentido, en abril de este año se iniciaron visitas de verificación de calidad a diversos contratos de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estas visitas se seguirán efectuando por periodos específicos a lo largo del tiempo que dure la construcción del aeropuerto.

En cuarto lugar, con el objetivo primario de mejorar la eficiencia del mandato legal de la Secretaría, se implementó el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas, conocido como SIRA, con información relativa a los procedimientos administrativos instaurados en contra de servidores públicos, y ahora también de particulares, e información del registro de las sanciones que se impongan por la comisión de faltas administrativas o hechos de corrupción.

El SIRA, cuya operación dio comienzo en febrero pasado, cuenta con un diseño amigable, que facilita la captura de datos. Además, mantendrá comunicación estrecha con el Registro Nacional de Población y el Registro Único de Servidores Públicos, el RUSPA. De la misma manera, estará interconectado con el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, que es la quinta acción de la cual les quiero hablar.

Este Sistema, llamado SIDEC, fue actualizado en noviembre de 2017, para hacerlo congruente con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se trata de una plataforma que aprovecha las tecnologías digitales, con lo que potencia la captación de peticiones, quejas o denuncias relacionadas con deficiencias, anomalías o probables irregularidades cometidas por servidoras y servidores públicos.

A través del SIDEC, cualquier persona puede dar seguimiento al estatus de las quejas o denuncias presentadas. A la fecha se han recibido más de 48 mil quejas y denuncias, vía este Sistema.

Es importante anotar que ambas plataformas, tanto el SIRA que mencioné con anterioridad y SIDEC, podrían formar parte de la Plataforma Digital Nacional, cuya integración está a cargo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

En sexto lugar, es menester hacer mención de la cristalización del proyecto de digitalizar trámites y servicios. Por ejemplo, hoy por hoy, las y los mexicanos tienen la posibilidad de consultar e imprimir una copia certificada de su acta de nacimiento en línea.

Esto se traduce en ahorro de tiempo y recursos, pues no es necesario que las personas se trasladen a una sede física para obtener este documento oficial que hace tangible el derecho constitucional a la identidad.

Esto es producto de la colaboración de las entidades federativas con la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública.

Firmamos la Secretaría de la Función Pública y los estados, convenios que sentaron las bases legales para integrar la información pertinente en la Ventanilla Única Nacional.

El interés que motiva la determinación con la que hemos puesto en marcha estas acciones, es consolidar una Secretaría capaz, proactiva y comprometida con un México libre de corrupción.

El siguiente eje del que deseo ocuparme es el de Gobierno Abierto, en el que se circunscriben los trabajos dirigidos al desarrollo de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

El Gobierno Abierto es, ante todo, un paradigma organizacional al que las democracias recurren con la aspiración de fortalecer su función pública, con base en tales principios y haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación.

En el marco de este eje, subrayo las primeras acciones:

Primero. La Secretaría de la Función Pública conformó el Grupo de Alto Nivel para dar seguimiento puntual al cumplimiento de las convenciones internacionales anticorrupción; específicamente de los grupos liderados por la Organización de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de los Estados Americanos.

Este Grupo se ha reunido en cuatro ocasiones de febrero 2017 a abril 2018, participan como integrantes las instituciones de la Administración Pública Federal, así como organismos autónomos y el Poder Judicial, que tienen relación con la prevención, investigación o sanción de faltas o delitos de cohecho internacional.

Para coadyuvar a la misión de este grupo, el GAN, como suele nombrarse, la Secretaría instrumentó un sistema electrónico para registrar la atención brindada a las recomendaciones y compromisos de México en este tema, con lo que se facilita informar sobre los avances.

Al respecto, al 2 de marzo de 2018, el 37 por ciento de las recomendaciones ya habían sido cumplidas, mientras que el 28 por ciento se encuentra en proceso de atención. Estaríamos hablando de un 50 y tantos por ciento que puede parecer poco, pero es un trabajo exhaustivo, resolviendo recomendaciones que venían de años atrás.

Por otro lado, les comparto que este Grupo de Alto Nivel aprobó una estrategia para atender la evaluación Fase 4, en el marco de la Convención Anticohecho de la OCDE. 

En este punto, cabe hacer mención que, del 16 al 18 de mayo, miembros del GAN recibieron a evaluadores de Brasil y Eslovenia, quienes sostuvieron reuniones con actores del gobierno, sector privado, sociedad civil y medios de comunicación, entre otros.

Dicho esto, uno de los elementos de la citada estrategia, es la implementación de un Protocolo Anticohecho a fin de detectar, perseguir, investigar y sancionar los casos de cohecho internacional.

En enero de 2018, se instaló la Comisión Redactora del Protocolo, y se presentó la metodología y el plan de trabajo para su elaboración. El cual estará listo en agosto próximo. 

Segundo. En cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas al término de cada administración gubernamental, en vigor desde el 7 de julio de 2017. La Secretaría de la Función Pública emitió ese mismo mes los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

La encomienda de esta Secretaría es coordinar y dar seguimiento a los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas, con el fin de que éstos se lleven a cabo de manera transparente, homogénea y oportuna.

El objetivo es documentar, evaluar y difundir los proyectos, políticas y programas públicos, diseñados para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos. Por lo demás, con ello se contribuirá a que las acciones que han impactado positivamente al país, puedan trascender a la Administración siguiente.

Adicionalmente, les comento que el pasado 16 de febrero se concluyó el sistema electrónico desarrollado ex profeso, compuesto por tres módulos, a saber: el informe de rendición de cuentas, los libros blancos y memorias documentales, y la entrega-recepción individual.

Se tiene contemplado que culminemos el proceso de integración del Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración en tiempo y forma, tal como lo determina el mencionado Acuerdo.

La Secretaría de la Función Pública le está dando seguimiento puntual a la entrega-recepción y trabajando coordinadamente con toda la Administración Pública Federal, y teniendo reuniones mensuales con ellos.

Tercero. En marzo de este año, la Secretaría publicó la segunda edición 2018 de la Guía de Gobierno Abierto para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Esta Guía fue elaborada en conjunto con la Secretaría de Gobernación, el INAI y la FEPADE; a fin de fomentar que las instituciones del Gobierno Federal colaboren eficiente y asertivamente con la ciudadanía y respondan sus demandas de la misma forma.

Cuarto. Se presentó en marzo de 2018, la conclusión de la traducción del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, planteado por la Alianza Global en la materia, de la cual México forma parte y que el año pasado tuvo la oportunidad de presidir.

Esta traducción permitirá que la publicación de todos los procedimientos correspondientes de la Administración Pública Federal en la Plataforma de Contrataciones Abiertas, se verifique bajo este estándar.

Los trabajos de la traducción fueron responsabilidad compartida de los integrantes de la Alianza de Contrataciones Abiertas en México y liderados por la Secretaría de la Función Pública.

Y quinto. La última acción relativa a los esfuerzos de Gobierno Abierto que quisiera abordar, tiene que ver con el sistema CompraNet, del que todos ustedes han oído hablar, están familiarizados y fue quizá la petición número uno que me hicieron mis compañeros senadores y que hoy les traigo resultados.

Partiendo del entendido que la contratación pública es el eslabón del quehacer gubernamental más vulnerable a conflictos de interés y actos de corrupción, dicho sistema –administrado por la Secretaría de la Función Pública– fue objeto de análisis del Grupo de Trabajo Plural en Compras Públicas.

Este grupo se integró desde un enfoque colaborativo. Actores del sector empresarial, la sociedad civil y el ámbito gubernamental; fueron convocados para consensuar la mejor forma de modernización de esta plataforma.

La Secretaría de la Función Pública, a mi cargo, siempre ha tenido la visión de que es importante trabajar con el sector empresarial, con la sociedad civil, con la academia y en el ámbito gubernamental; porque de esta manera ya tenemos productos consensados y con opiniones de todos los actores.

Derivado de ello, en noviembre pasado, después de nueve meses de intenso trabajo, la OCDE, que fungió como Secretario Técnico del Grupo; entregó a esta Secretaría el documento intitulado Estudio del Sistema Electrónico de Contratación Pública de México: Rediseñando CompraNet de manera incluyente.

Éste contiene un diagnóstico del sistema y una evaluación sobre la efectividad del mismo, para apoyar una contratación electrónica, eficiente, eficaz y transparente en nuestro país.

Asimismo, detalla 34 recomendaciones realizables a corto, mediano y largo plazo. La Secretaría, con apoyo de la OCDE, se encuentra coordinando las acciones pertinentes para cumplir las 14 recomendaciones de corto plazo, a más tardar al término de esta administración; entre ellas, establecer un método de auditoría para minimizar excepciones y asegurar que siempre se utilice CompraNet.

Aquí les dejaré a la Comisión, al presidente de la Comisión, el documento entregado por el titular de la OCDE a la Secretaría de la Función Pública, después de un trabajo consensado de nueve meses.

Entonces, se puede decir que sí, el sistema CompraNet es un sistema que está rebasado como cualquier sistema tecnológico; pero que nos dimos a la tarea a la llegada de la Secretaría, para evaluarlo de una manera serie, profesional e incluyente. Y hoy tenemos un resultado.

El Gobierno Federal está al tanto de todas las necesidades que eran imperantes gracias a la entrada del Sistema Nacional Anticorrupción, de implementar en la Secretaría de la Función Pública para estar actualizados, como lo mencioné con anterioridad en la parte de Gobierno moderno; la Ley de Profesionalización, que también está concluida.

Finalmente, pasamos al tema de Gobierno Íntegro. Ahí se ejecutaron las acciones que comentaré:

A partir de una revisión minuciosa de los perfiles de los titulares de los Órganos Internos de Control y las Unidades de Responsabilidades, se obtuvo un diagnóstico en el que se identificaron diferentes áreas de oportunidad, con la intención de contar con personas que tengan un mejor desempeño en las funciones de fiscalización.

Compromiso también asumido aquí, ante el Senado de la República, y concluido ya para su implementación en el ya sistema en las políticas públicas del Sistema Nacional Anticorrupción.

¿Qué encontramos?

En 100 de los 213 Órganos Internos de Control se ha suscitado ya un relevo, a fin de adecuar el perfil de los titulares con sus funciones y responsabilidad.

Con base en las fases implementadas por la Secretaría de la Función Pública en este procedimiento, y como resultado de una estrecha colaboración igualmente entre académicos, representantes de la sociedad civil e instituciones integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción; esta Secretaría presentó al Comité Coordinador de dicho Sistema una propuesta de Política pública, para la designación de los titulares de Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades, para ser implementada por los entes y dependencias de la Administración Pública Federal y los órganos constitucionales autónomos.

Aquí también les dejaré el documento que se les entregó en enero de este año, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para su inclusión en la política pública anticorrupción.

También encontramos en este diagnóstico inicial, de 211 órganos internos de control, 175 habían omitido realizar la separación puntual de la autoridad substanciadora y la investigadora, con miras a asegurar la independencia entre una y otra.

En este tenor, la Secretaría exhortó a las instancias públicas a modificar sus estructuras, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, nos enfrentamos con la imposibilidad de que se asignaran recursos para la creación de las plazas necesarias que estas modificaciones requerían.

Ante ello, se analizó la situación de cada uno de estos órganos y se les asesoró para concretar la división de dichas autoridades, a pesar de esta restricción.

Como resultado, 131 instituciones ya modificaron sus estructuras para tal efecto, de 175 y en las que seguimos trabajando

Habría que decir también que se elaboró una guía para homologar la integración de expedientes del proceso de responsabilidades administrativas.

Esta guía, puesta a disposición de los Órganos Internos de Control y las Unidades de Responsabilidades, y consta de 52 formatos que les servirán como marco de referencia para estandarizar procedimientos de investigación, substanciación y resolución de casos.

Otra acción importante es el compendio documental “Retos que enfrenta la Administración Pública Federal en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Para su elaboración, la Secretaría invitó a personajes relevantes en diversos ámbitos a realizar un planteamiento sobre el tema.

La idea es presentar una perspectiva de los desafíos y acciones a desarrollar para la correcta implementación del Sistema que ya está en curso, así como impulsar políticas públicas para contribuir a sus objetivos y elementos que permitan su homologación y réplica en los tres órdenes de gobierno, así como fomentar la participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción y la transparencia gubernamental.

Aquí también les dejaré una copia de este ejemplar, para la Presidencia de la Comisión.

En otros temas vinculados con el eje relativo a la integridad y en línea con la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para reformar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de la Función Pública determinó modificar los reglamentos tanto de esta Ley como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los proyectos de Decretos que reforman tales reglamentos, tienen la intención de precisar diversos aspectos contenidos en dichas leyes, agilizar los procedimientos de contratación, fomentar el uso eficiente de los recursos públicos y la transparencia de las contrataciones.

Cabe apuntar que estos proyectos ya fueron remitidos a la Consejería Jurídica para su revisión y, de considerarlo pertinente, emisión por parte de la Presidencia de la República.

Otra acción que se suma a este eje son las medidas para orientar la actuación de las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras en la instauración de procedimientos con perspectiva de género y de derechos humanos, que involucren casos de violencia de género, publicadas por la Secretaría en diciembre pasado.

Esto, con la finalidad de que dichos procedimientos sean resueltos bajo el principio pro persona, atendiendo a lo que señala el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.

El Protocolo establece a los órganos internos de control, además de las personas consejeras y los comités de ética y de prevención de conflictos de interés, como instancias competentes al interior de las dependencias y entidades para investigar o sancionar este tipo de conductas, por lo que la Secretaría ha promovido, entre ellos, la importancia de su correcta implementación, pues se trata de velar por la seguridad y dignidad de las personas.

Para finalizar, quisiera referir la campaña permanente del Día de la Integridad que, a iniciativa de la Secretaría de la Función Pública, se conmemora los días 9 de cada mes durante este año, con la finalidad de fomentar la incorporación de parámetros de actuación ética de las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

En este sentido, esta campaña es difundida mensualmente entre las instancias de los tres Poderes de la Unión y de todos los niveles de gobierno, con el objeto de que la inclusión de este principio en el marco ético de la gestión pública optimice la calidad de ésta, al incentivar la toma de conciencia en las personas servidoras públicas, en torno a su papel en la sociedad y en la construcción del proyecto de país que hemos trazado en la Constitución.

Aquí a cada quién les dejé en su lugar un pin, mis colaboradores, donde viene lo que simboliza y lo que estamos difundiendo en la Administración Pública Federal y en los demás poderes. Ojalá, sería fabuloso que se pudiera implementar como el día 9 de, ¿cuál fue el primer mes? De diciembre, como el día de la integridad del servicio público.

Estimadas senadoras y senadores:

Como pueden constatar, se ha apostado por instrumentos normativos y operativos que fortalezcan una Secretaría capaz, proactiva y comprometida con un México libre de corrupción.

En efecto, las acciones a las que he aludido inciden directa o indirectamente en la cultura de la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y, por ende, en el robustecimiento del gobierno abierto y cercano al que aspiramos.

Se ha trabajado en favor de este modelo de función pública que privilegia el escrutinio público y la participación ciudadana informada en los asuntos gubernamentales, en consonancia con el espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción.

Al respecto, se debe agregar que, como toda norma, procedimiento o institución, este Sistema requiere de un periodo de adaptación, un periodo de evaluación y un periodo de mejora. Su éxito depende del ímpetu con el que todos sus integrantes nos involucremos en corregirlo y consolidarlo.

Basta mencionar que no hemos concluido aún la transición del anterior régimen administrativo sancionador al nuevo procedimiento de responsabilidades administrativas, que se construyó sobre el principio de presunción de inocencia, como derecho fundamental de cualquier persona señalada como responsable de una falta administrativa.

Del mismo modo, es imperante que se fortalezcan las atribuciones de los órganos internos de control, pero no solo del Ejecutivo Federal, sino también en las entidades federativas y también en los poderes judicial y legislativo, y en los órganos constitucionales autónomos.

Otros desafíos, tienen que ver con aspectos que ya citaba, como la necesidad de renovar el Servicio Profesional de Carrera, continuar optimizando el desempeño de Compranet, definir la Política Nacional Anticorrupción y establecer una Plataforma Digital sólida, a la altura de la demanda de información de la ciudadanía.

Por supuesto, estos son retos que la Secretaría de la Función Pública enfrentará, no en solitario, sino en conjunto con el resto de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; que, por tratarse precisamente de un sistema y por el número de instituciones que lo conforman, tiene una estructura innovadora, pero, hay que decirlo, una estructura compleja.

Esto es así, y ustedes lo saben mejor que nadie, porque se buscó asegurar no solo la participación de todas las autoridades en los tres órdenes de gobierno y de todos los Poderes de la Unión, sino también la colaboración de las y los ciudadanos.

Lo que es más, se le dio al Comité de Participación Ciudadana un papel fundamental en este entramado colaborativo.

El riesgo en esta coyuntura electoral, es pensar que el Sistema, como instancia coordinadora, no tiene razón de ser o que está tardando en arrojar resultados concretos, y que ante estas afirmaciones, se pretenda revertir o debilitar su operación, cuando es momento de acelerar la fase de implementación.

Amigas y amigos todos:

Señalaba al principio que la sociedad percibe una disfunción en las estructuras del Estado, falta de claridad en la toma de decisiones y un desvío de la gestión pública de su propósito original, que no es otro que el de servir al bienestar general a través del desarrollo sustentable.

Les comento, en días pasados, la organización México Evalúa, planteaba una reflexión sobre los retos a los que se enfrenta el Sistema Nacional Anticorrupción, cuya implementación debe, forzosamente, pasar por un proceso de maduración y ajuste. La organización enfatizaba “la impaciencia puede llevar a descarrilar los esfuerzos anticorrupción y erosionar la democracia mexicana”.

En este sentido, la institución que dirijo, seguirá promoviendo que las autoridades del Estado cumplamos cabalmente con nuestro tramo de responsabilidad en la materia, asumamos el compromiso de perfeccionar el Sistema Nacional Anticorrupción y continuemos implementando propuestas innovadoras que garanticen su correcto funcionamiento.

Las acciones que he detallado el día de hoy, que incluyeron compromisos asumidos ante ustedes por su servidora, fueron emprendidas o lideradas por la Secretaría que represento, con un doble propósito.

Por un lado, construir una administración pública moderna e íntegra, que coadyuve a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones públicas; y, por otro, levantar los cimientos que permitan la continuidad de tales acciones.

Antes de concluir esta participación, únicamente me gustaría agradecer públicamente al equipo de trabajo de la Secretaría de la Función Pública, que me ha apoyado y me ha acompañado en este año y medio que tenemos trabajando y que, gracias a su dedicación y esfuerzo, hemos logrado sacar tantos productos que sirven de cimiento para que se pueda continuar con estas acciones.

Un reconocimiento a todos ellos por su dedicación, por su tiempo.

Me quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario, y muchas, muchas gracias.

SENADOR HÉCTOR YUNES LANDA: Muchas gracias, Secretaria.

Quisiera expresar a nombre de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, nuestro agradecimiento al senador Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, por habernos obsequiado con su presencia durante la presentación que, con motivo de su comparecencia, nos hizo la maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública.

Entendemos que su agenda la impide continuar con nosotros. Le agradecemos mucho al presidente su compañía.

SENADOR ERNESTO CORDERO: Muchas gracias, senador.

Muy buenas tardes a todos.

La verdad, muy contento de estar aquí en el cumplimiento de la responsabilidad republicana de la senadora Arely Gómez. La senadora Arely Gómez se la prestamos al Gobierno del presidente Peña; pero ella es parte de esta Asamblea y es parte de los 128 senadores que tomamos protesta el 1 de septiembre de 2012.

Estamos muy orgullosos de lo que ha logrado, senadora. Y le reconozco que venga usted a cumplir con su responsabilidad, usted fue ratificada por el Senado de la República y está cumpliendo con su obligación republicana de venir a dar cuentas al Senado de la República.

Probablemente sea la última vez que venga usted a comparecer en este Senado, pero estoy seguro que cumplirá con su obligación con el Senado, que se integra a partir del 1 de septiembre.

Decirle que la explicación y el informe tan detallado que da, nos da la tranquilidad de que el Sistema Nacional Anticorrupción va en marcha, que es algo que fue aprobado por este Senado, que fue impulsado por esta Legislatura. Y es algo que nuestro país necesita.

Vemos con muy buenos ojos que los cimientos están bien construidos y poco a poco esto empieza a dar los resultados que todos los mexicanos deseamos.

Estoy muy, le repito senadora, estoy muy contento de que esté usted aquí, esta es su casa.

Y aunque ya parece que nos vamos, todavía podemos hacer una que otra travesura. Yo le pediría a los integrantes de esta Comisión que presentáramos una iniciativa para el Día Nacional de la Integridad; que se presentara en la Permanente y se turnara a las comisiones correspondientes tanto en Cámara de Diputados como Cámara de Senadores.

Y uno nunca sabe y si hay un periodo extraordinario, nos dará mucho gusto que forme parte de la agenda en el periodo extraordinario.

Senadora, esta es su casa. Sea usted bienvenida.

Muchas gracias.

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