SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DE 2018.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: (12:50) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 88 Senadores y Senadoras.
En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se abre la sesión del miércoles 25 de abril correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.
El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobada el acta, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:
Una, de la Senadora Sandra Luz García Guajardo, con la que remite el Informe de su participación en el tercer encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlamericas-Perú 2018, “Estados Abiertos para la Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas”, celebrada el 11 y 12 de abril del 2018, en Lima Perú.
Y una, del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, con la que remite Informe de su participación en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, realizado los días 27 y 28 de marzo de 2018, en París, Francia.
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite la versión estenográfica de la comparecencia del ingeniero José Lindolfo Reyes Gutiérrez, realizada el 12 de abril de 2018.
Una, del Senador Ernesto Ruffo Appel, por la que remite su informe de labores legislativas del Segundo Año de la LXIII Legislatura.
Una, de la Senadora Angélica Araujo Lara, con la que remite, a nombre propio y de la Senadora Margarita Flores Sánchez, el Informe de su participación en la 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, que se llevaron a cabo del 24 al 28 de marzo de 2018, en Ginebra, Suiza.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado enterada.
Por lo que respecta a la versión estenográfica que envió la Comisión de Derechos Humanos, remítase a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron también comunicaciones del Senador Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, por la que informa que se recibió oficio suscrito por la Ciudadana Ana Lía de Fátima García García, por el que manifiesta su voluntad de desistir al proceso de selección para la designación de Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Y dos, con la que nos informa la aprobación de dictámenes de las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia, por los que se propone a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los candidatos elegibles a ocupar el cargo de Consejero Honorífico del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personas.
Y el listado de las y los candidatos elegibles a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado enterada.
Remítase dicha documentación a la Junta de Coordinación Política.
La Junta de Coordinación Política suscribió un acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones que se encuentra publicada en la Gaceta.
Solicito a la Secretaría dé cuenta con su resolutivo.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo.
Primero.- Que la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se da de alta como Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios; como Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y como Secretaría de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur.
Segundo.- Que la Senadora Elva Martha González Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se da de alta como Secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; como integrante de la Comisión contra la Trata de Personas; como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural y como integrante de la Comisión de Educación, en el lugar que ocupaba la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión el acuerdo.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobado el acuerdo, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones del Senado.
Comuníquese.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, el Informe detallado y ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al período julio-diciembre de 2017.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El informe queda en poder de la Secretaría para consulta de los ciudadanos Senadores y se pondrá a consideración de la Asamblea en la próxima sesión.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el Informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la Ceremonia de Transmisión de Mando del Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique, el 11 de marzo de 2018 en la Ciudad de Valparaíso, Chile.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado enterada.
Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: La Asamblea ha quedado enterada.
Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe.
Aprovecho la oportunidad para saludar a nuestros visitantes de Tepeji del Río, Hidalgo, invitados por el Senador Jesús Priego Calva.
Sean ustedes bienvenidos.
(Aplausos)
Informo se recibió una comunicación que suscriben los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Froilán Esquinca Cano y Laura Guadalupe Herrera Guajardo, Presidentes de las Comisiones de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera, respectivamente, por la que informan sobre la celebración de las reuniones de Comisiones Unidas el jueves 19 de abril, para analizar y deliberar un proyecto de dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.
Esta documentación queda en poder de la Mesa Directiva.
Pasamos al siguiente asunto.
En el rubro de iniciativas daremos cuenta con el turno correspondiente en cada caso.
Solicito a la Secretaría proceda en consecuencia.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones del Presidente, procedo a dar lectura.
Doy cuenta.
La iniciativa de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal.
Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
En otro asunto, la iniciativa del Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario de Acción Nacional, del PAN, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a) e inciso b) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda.
En otro punto tenemos la iniciativa de la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, PT, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera.
En otro asunto, tenemos la iniciativa del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Que se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.
Por otra parte tenemos también la iniciativa del Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y fracción XII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.
Por otro lado, tenemos una iniciativa del Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, que se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.
Asimismo, también tenemos una iniciativa del Senador José de Jesús Santana García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, PAN, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria.
Que se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.
Por último, le informo Presidente, y también por supuesto a la Honorable Asamblea, que tenemos la iniciativa de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Esta iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta Presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría e informa al Pleno que los mismos serán publicados en la Gaceta del Senado.
Compañeros Senadores:
El día de ayer elegimos a dos Consejeros que integrarán la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por lo que este día procederemos a su toma de protesta.
En el salón contiguo a este recinto, se encuentran el ciudadano Bernardo Hugo Naranjo Piñera y la ciudadana Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera.
Por lo que solicito a las Senadoras y los Senadores Daniel Amador Gaxiola, Juan Carlos Romero Hicks, Martha Palafox Gutiérrez, Jorge Aréchiga Ávila y don Jesús Priego Calva, formen parte de la comisión de cortesía y los inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y los acompañen durante el acto de su protesta.
(La comisión cumple)
La Secretaria Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Les pedimos a las señoras Senadoras y a los señores Senadores, al personal de apoyo, por supuesto, al público que nos acompaña, si pueden ponerse de pie.
(Todos de pie)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ciudadano Bernardo Hugo Naranjo Piñera y ciudadana Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera.
El Senado de la República les ha elegido como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
En consecuencia, les pregunto:
“¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
El C. Bernardo Hugo Naranjo Piñera: “¡Sí, protesto!”
La C. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera: “¡Sí, protesto!”
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: “Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande”
Muchas felicidades.
A nombre del Senado de la República les deseo mucho éxito en su encargo.
(Aplausos)
Solicito a la comisión designada acompañen a los ciudadanos integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuando deseen retirarse del salón.
(La comisión cumple)
Compañeras y compañeros Senadores:
A partir de la nueva licencia aprobada del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, esta Mesa Directiva convocó al ciudadano Eduardo Ernesto Carrasco Zanini Castillo, para que rinda la protesta correspondiente.
El ciudadano Carrasco Zanini Castillo se encuentra en el salón contiguo.
Lo solicita a las Senadoras y a los Senadores Jesús Priego Calva, Adriana Loaiza Garzón, Benjamín Hernández Ruiz y el Senador Jorge Aréchiga Ávila, inviten a pasar a nuestro compañero a tomar protesta, que se encuentra en el salón contiguo.
(La comisión cumple)
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Solicito a los presentes ponerse de pie, por favor.
(Todos de pie)
El Presidente Ernesto Cordero Arroyo: Ciudadano Eduardo Ernesto Carrasco Zanini Castillo, esta soberanía lo ha convocado a que rinda su protesta constitucional y legal como Senador de la República.
En consecuencia, le pregunto:
“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senador de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El C. Eduardo Ernesto Carrasco Zanini Castillo: “¡Sí, protesto!”
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: “Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande”
Felicidades, compañero Senador.
Le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado a fin de que se incorpore de inmediato a los trabajos de esta Asamblea.
Felicidades.
(Aplausos)
En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictámenes para primera lectura. Dé cuenta la Secretaría con ellos.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura.
Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; de Marina; y de Energía, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre la delimitación de la Plataforma Continental en el Polígono Oriental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas, firmado en La Habana, Cuba, el dieciocho de enero de dos mil diecisiete.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Mexicanos y la República Dominicana sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, hecho en La Habana, República de Cuba, el quince de mayo de dos mil diecisiete.
El Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de Uruguay sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete.
Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición, suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, hecha en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, el catorce de octubre de dos mil diecisiete.
Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se aprueba la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono, aprobada en Kigali, el quince de octubre de dos mil dieciséis.
Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que modifica el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo del 18 de febrero de 2014, hecho en la Ciudad de México el veintinueve de junio de dos mil diecisiete.
Uno, de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.
Uno, de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 419 y adiciona el artículo 271 Bis de la Ley General de Salud.
Uno, de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
Uno, de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Energía; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Uno, de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población.
Tenemos seis dictámenes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, con los siguientes proyectos de decreto:
El que reforma el artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
El que reforma la fracción III y adiciona el inciso d) del artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
El que reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
El que reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
El que reforma el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el artículo 52 inciso c) de la Ley de Asistencia Social.
El que adiciona el artículo 3º y un artículo 3º Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Uno, de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Uno, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.
Y de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se expide la Ley General de Seguridad Privada.
Son todos los dictámenes, señor Presidente.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.
Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 1905 del Reglamento, quedan de primera lectura.
Pasamos ahora a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de multas.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo, Presidente, que sí se omite la lectura del dictamen.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria.
Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
En uso de la voz el Senador Gracia Guzmán.
El Senador Raúl Gracia Guzmán: Gracias, Presidente.
Originalmente la fracción IV, del inciso b), del artículo 198 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión disponía una multa por el equivalente de 1 % hasta 3 % de los ingresos del concesionario o autorizado por otras violaciones a esta ley, a los reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto; así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el presente capítulo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió diversos amparos en revisión a favor de proteger y otorgar el amparo a la ley en contra de la aplicación a lo dispuesto por dicho precepto.
La tesis de Jurisprudencia 167/2017, aprobada por la Segunda Sala en sesión privada de fecha 29 de noviembre de 2017, a la letra dispuso lo siguiente:
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El artículo 298, inciso b), fracción IV, de la Ley Federal relativa, viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El precepto constitucional citado prohíbe las multas excesivas, lo que implica que debe de existir una relación entre las posibilidades económicas del infractor, la gravedad de la conducta y la sanción procedente.
Por su parte, el artículo 298, inciso b), fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé la posibilidad de sancionar con multa por el equivalente de 1 % hasta 3 % del ingreso (acumulable) del infractor, cualquier conducta que vulnere lo previsto en la normativa de la materia (ley, reglamentos, disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, concesiones o autorizaciones, o demás disposiciones); es decir, conforme a ese precepto legal, tanto las conductas que produzcan una afectación grave como las que causen una menor serán sancionadas con el mismo porcentaje de multa mínimo 1 %, lo cual es contrario al artículo 22 de la Constitución Federal, al tratarse del rango inferior de la sanción aplicable, el cual resulta excesivo, al permitir cualquier conducta construida a partir de la normativa sea sancionada con base en la misma proporción mínima, sin atender a la conducta en particular y a los efectos que ésta produce, a efecto de imponer una sanción que resulte razonable y corresponda con la afectación causada.
Termina la tesis de jurisprudencia.
Como bien lo señalan los proponentes, Ana Lilia Herrera y Gerardo Flores, en su exposición de motivos de ambas iniciativas, materia del presente dictamen, las demandas de amparo señalaron como conceptos de violación las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como los principios de proporcionalidad y de razonabilidad de las sanciones.
En consecuencia, en este sentido, a partir de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad número 6/2017, publicada en el Sistema de Seguimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende la obligación para modificar o derogar la norma que declara inconstitucional.
En ese sentido, se deroga la fracción IV del inciso b), del artículo 298 de la ley de la materia y se transporta a la fracción IV, del inciso a) del mismo artículo, para quedar como sigue:
“Las infracciones a lo dispuesto en esta ley y a las disposiciones que derivan de ella se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:
a). Con multa por el equivalente de 0.01 % hasta 0.75 % de los ingresos del concesionario o autorizado por: IV. Otras violaciones a este ley, a los reglamentos, a las disposiciones administrativas, planes técnicos, fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto, así como las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el presente capítulo”.
Entonces, en cumplimiento a esta resolución, es que se plantea el presente dictamen.
Muchas gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Raúl Gracia Guzmán.
Está a discusión.
Al no haber oradores registrados, se reserva el dictamen para su votación nominal separada, al concluir la discusión de los dictámenes.
Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 110 y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de apoyo a la producción nacional.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si acepten se omita la lectura del dictamen.
Quienes estén porque así sea, favor de manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, de igual forma, manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo Presidente, que sí se acepta se omita la lectura del dictamen.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria.
Está a discusión.
Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay artículos reservados, el dictamen se reserva para su votación nominal una vez que concluya la discusión de los otros dictámenes con proyecto de decreto.
Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 81 y 87 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de fomento a la acuacultura.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si aceptan se omita la lectura del dictamen.
Quienes estén porque así sea, manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén en contra de que se omita la lectura del dictamen, de igual manera, les pido lo manifiesten levantando su mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo Presidente, sí se acepta se omita la lectura del dictamen.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria.
El dictamen está a discusión.
Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay artículos reservados, el dictamen se reserva para su votación nominal, una vez que concluya la discusión de los otros dictámenes con proyecto de decreto.
Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de multas.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por diez minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
Conminamos a las Senadoras y a los Senadores, a no retirarse del salón de Plenos, en virtud de que vienen diversas votaciones consecutivas.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Pregunto a la Asamblea, ¿si falta alguna Senadora o Senador por votar?
De no ser así, damos cuenta de la votación.
Les informo que tenemos 87 votos a favor; cinco votos en contra y una sola abstención.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV del Inciso b) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
Se instruye a la dirección jurídica para que notifique a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución de esta Asamblea, respecto a lo que requirió a las Cámaras del Congreso.
Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 110 y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de apoyo a la producción nacional.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Pregunto, ¿alguna Senadora o Senador si falta por emitir su voto?
Senadora Andrea, a favor.
El Senador Gamboa, a favor.
El Senador Orihuela, ¿en qué sentido? A favor.
El Senador Encinas, a favor.
Senadora Dolores Padierna, a favor.
Senadora Iris Vianey, a favor.
El Senador Carrasco, ¿en qué sentido? A favor.
¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?
Senador Romero Deschamps, a favor.
De no existir ningún Senador o Senadora que falte por emitir su voto, damos cuenta de la votación.
Informo a la Asamblea que tenemos 86 votos a favor; dos votos en contra y cero abstenciones.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 110 y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de apoyo a la producción nacional.
Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto, por lo que se reforman los artículos 81 y 87 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de fomento a la acuacultura.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y particular.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: ¿Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto?
¿Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto?
Doy cuenta de la votación.
La Senadora Pineda Gochi, ¿en qué sentido? A favor.
Nuevamente pregunto, ¿si falta algún Senador?
El Senador Carrasco, ¿en qué sentido? A favor.
Nuevamente, ¿Algún Senador o Senadora?
Senador Romero Lainas, a favor.
Senadora Diva Hadamira, favor.
¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?
Ahora bien, doy cuenta de la votación, les informo que quedan 80 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria.
Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81 y 87 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de fomento a la acuacultura.
Se remite a la Cámara de los Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.
Pasamos ahora a la discusión del dictamen de la Comisión de Energía con punto de acuerdo, por el que se valida la idoneidad de las propuestas realizadas por el titular del Ejecutivo Federal para la designación de un Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría dé lectura a sus puntos resolutivos.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.
Único.- La Comisión de Energía valida la idoneidad de las propuestas realizadas por el titular del Ejecutivo Federal para la designación de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.
En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Salvador Vega Casillas, a nombre de la Comisión de Energía, para presentar el dictamen.
En uso de la voz, el Senador Vega Casillas.
El Senador Salvador Vega Casillas: Muchas gracias, Senador.
Vengo a presentar el dictamen por el cual se valida la idoneidad de la terna para la designación de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Como ustedes saben, esos Comisionados son los que forman parte de esta comisión tan importante para el tema energético, son comisionados que tienen una gran trayectoria, han hecho un gran trabajo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la responsable, entre otras cosas, de hacer las licitaciones de los campos, han hecho ya varias licitaciones, no hay una sola queja acerca de las licitaciones, han hecho un trabajo verdaderamente escrupuloso, no se han presentado inconformidades porque han hecho un trabajo de transparencia que se transformó en un modelo para muchos otros países por la transparencia justamente, pero por el escrúpulo y los mecanismos que han puesto en esto.
El nombrar a este Comisionado entre la terna que ha presentado el Ejecutivo es un tema verdaderamente relevante para poder terminar de integrar una vacante que se acaba de poner por el vencimiento de uno de los comisionados, y como primera candidata se encuentra la ciudadana Carla Gabriela González Rodríguez, es abogada de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una Maestría en Dirección de Empresas para Ejecutivos, con experiencia en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Asimismo, cuenta con diversos diplomados como en derecho de la energía, derecho financiero y de regulación.
Actualmente se desempeña como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Ha sido directora de área de la Visitaduría General y en la Unidad Especializada de Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Procuraduría General de la República, entre otros cargos.
De igual forma, el titular del Ejecutivo nombró dentro de esta terna al ciudadano Héctor Moreira Rodríguez, el cual es Ingeniero Químico y Licenciado en Ciencias Químicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Cuenta con un diplomado en Administración Universitaria por la Universidad de Coventry, Inglaterra, y es Doctor en Química por la Universidad de George Washington, en Estados Unidos de América.
En el ámbito profesional se desempeña como Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos desde 2016.
De igual forma fue consejero profesional en el Consejo de Administración de Pemex Exploración y Producción, así como consejero en Petróleos Mexicanos.
Ha sido vicerrector de desarrollo académico e investigación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y fue Subsecretario de Hidrocarburos y Subsecretario de Planeación Estratégica en la Secretaría de Energía, entre otros.
Y por último, tenemos al licenciado Fernando Ruiz Nasta, el cual es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Cuenta con un diplomado en innovación gubernamental impartido por el Instituto Latinoamericano en Comunicación Educativa.
Actualmente se desempeña como Jefe de Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, y fue director general adjunto de consejos y comités.
Asesor en la Subsecretaría de Hidrocarburos y director general adjunto de políticas nucleares, todas las anteriores en la Secretaría de Energía.
De igual forma fungió como asesor del Comisionado en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, consultor del Organismo Internacional de Energía Atómica, entre otros.
Como se puede apreciar, los ciudadanos propuestos para ocupar el cargo de Comisionados en la Comisión Nacional de Hidrocarburos cuentan con una capacidad y experiencia aprobadas, reúnen los requisitos establecidos en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, y son, por supuesto, elegibles e idóneos para ser presentados a este pleno.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Salvador Vega Casillas.
Está a discusión.
Ha solicitado el uso de la palabra, para hablar en contra del dictamen, la Senadora Dolores Padierna, del Partido del Trabajo.
En uso de la voz, la Senadora Dolores Padierna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.
El Presidente Peña Nieto envió una terna para ocupar el cargo de Comisionado en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no a las mejores personas, y nosotros como Senadores, Senadoras, estamos obligados a buscar un perfil que tenga la especialidad, que tenga la mayor experiencia y la capacidad técnica a personas íntegras, a personas honestas, este puesto exigen aptitudes especiales, específicas, por tratarse de un tema complejo, delicado, que es la exploración y la explotación de los hidrocarburos en el subsuelo, cuidando en todo momento el interés de México, el interés nacional.
Una vez más nos enviaron una terna de incondicionales, salidos de las filas de la propia administración, ajenos a la industria, a los intereses nacionales, pero allegados al Secretario de Energía.
A pesar de que podría hablar del tema de la terna, me concentro en el favorito, en el previamente palomeado, que es Héctor Moreira, ex panista reciclado a priísta, lo cual la verdad sería lo de menos, pero es un personaje verdaderamente impresentable por lo que ha hecho en su carrera.
Quiero señalar al menos dos datos, porque en efecto él tiene una trayectoria larga en el sector energético y ha ocupado cargos de alta responsabilidad, pero su desempeño deja mucho que desear, especialmente cuando fue Consejero Profesional de Petróleos Mexicanos, donde tomó decisiones que han causado pérdidas enormes a la empresa productiva del Estado y daños irreparables en su patrimonio, la lista es inmensa, pero permítanme hoy dar sólo dos ejemplos.
El primero, es la aprobación del contrato de suministro de etano al Complejo Petroquímico Etileno 21, propiedad de Braskem, filial de Odebrecht, empresa brasileña ampliamente conocida por sus prácticas de corrupción en México y en toda América Latina, el contrato fue aprobado en 2010 por el Comité de Estrategia e Inversiones del Consejo de Administración de Pemex, cuyo Presidente era en ese momento justamente Héctor Moreira.
El contrato especificaba la entrega de 66 mil barriles diarios de etano a un precio muy por debajo del precio internacional por 20 años consecutivos, la decisión se tomó a pesar de que Pemex no cuenta con suficiente producto, la disponibilidad prometida se basaba en las reservas por descubrir que de no materializarse, entonces, le obligaría a Pemex-Petroquímica a brindarlo por la vía de la importación a precio internacional, so pena de pagar cuantiosas indemnizaciones.
Pero la orden venía de Los Pinos, y Moreira operó para justificar el contrato y empujarlo en su tránsito por el gobierno corporativo.
Las consecuencias las estamos viendo el día de hoy.
En el Análisis de la Cuenta Pública 2016, la Auditoria Superior de la Federación da cuenta de una pérdida por 1,900 millones de pesos en Pemex Transformación Industrial, toda vez que el precio al que se vendió el etano fue menor al costo de ventas y al gasto de trasportación incurridos. Le hace la auditoría 1880, del año 2006.
El segundo ejemplo, es el papel que jugó Héctor Moreira en la Ronda Cero, durante la sesión extraordinaria 868 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, el 14 de marzo de 2014.
Moreira votó a favor de que el Consejo de Administración delegara al Comité de Estrategia e Inversión, que presidía el propio Moreira, la decisión más importante de la historia de la empresa, después de la expropiación de 1938, la solicitud de la Secretaría de Energía, de las áreas de Pemex.
¿Qué áreas de Pemex debía conservar para su futuro desarrollo de cara a la apertura de la inversión, a la inversión extranjera, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decreto de la reforma constitucional del 2013?
Ese traslado de responsabilidad, que no fue otra cosa más que una claudicación del Consejo de Administración a esta comisión presidida por Moreira, fue un arreglo mafioso con las altas esferas del Gobierno Federal.
Llevó al Consejo de Administración de Pemex a renunciar al 60 % de las áreas de interés petrolero; al 69 % de los recursos prospectivos en hidrocarburos; al 85 % del recurso prospectivo en Lutitas; el 71 % del recurso prospectivo en aguas profundas; al 41 % de los recursos prospectivos en aguas someras; al 17 % de los recursos prospectivos en áreas terrestres; al 29 % de las reservas 3P; al 17 % de las reservas 2P, y al 3 % de las reservas probadas. La responsabilidad de Moreira en el despojo que sufrió Pemex es inequívoca.
Con maniobra, con su voto útil permitió que la empresa pública perdiera los recursos, las reservas y los campos petroleros productivos más valiosos que Pemex pudo haberse quedado con ellos, y por el voto de Moreira fue despojada nuestra empresa petrolera.
Esto es una flagrante violación al artículo sexto transitorio de la reforma constitucional que ordena a Pemex mantener los derechos de cada uno de los campos que se encontraban en producción, y es toda la lista a la que renunció.
Durante el tiempo en que fue Consejero Profesional e Independiente, Moreira faltó al mandato legal de velar por los intereses de Pemex. Prefirió impulsar los intereses particulares como en el caso de Braskem o los intereses políticos en la Ronda Cero.
Su sometimiento al sistema fue recompensado con el cargo de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, puesto en el que hoy se le quiere reelegir, esto es inadmisible. Está violando la Constitución, pero también el sentido común.
Nuestro voto será terminantemente en contra de este señor, que más le importa su dinero y el interés de las petroleras extranjeras, en vez del interés de nuestra Nación.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.
En uso de la tribuna el Senador Lavalle Maury.
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente.
Actualmente nos encontramos, compañeras y compañeros Senadores, en una etapa fundamental del nuevo modelo energético que impera en nuestro país, y es precisamente la implementación, donde debemos de aprovechar y debemos, sobre todo, de sacar las mayores ventajas de cada una de las acciones y cada uno de los eslabones del sector energético, que por supuesto, nuestro país tiene, no solamente en la actividad nacional, sino para traer inversiones y capitales de otros países que decidan arriesgar su patrimonio en nuestro país.
Es por ello, que es fundamental no solamente la correcta operación de un regulador tan importante, hoy, como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Por qué? Porque es el responsable precisamente de generar certidumbre y garantizar los mejores resultados para el Estado mexicano, y por supuesto, para todos los mexicanos en cada una de las rondas que se están llevando acabo, y que al momento, además, han dado excelentes resultados, con reconocimiento internacional, no solamente por su transparencia, por su buen funcionamiento y por el equilibrio bajo el cual nos han garantizado los buenos resultados, tanto al Estado mexicano como a los capitales que han decidido invertir en ese sector.
El día de ayer tuvimos las comparecencias de los tres candidatos a las tres propuestas que nos hacen: Carla Gabriela González Rodríguez, el doctor Héctor Moreira Rodríguez y Fernando Ruiz Nasta.
Les quiero decir, que los tres perfiles, no solamente han cumplido a cabalidad con lo que requiere el cargo, sino que además se ha logrado mantener un compromiso que hicimos todos los legisladores de esta Cámara al aprobar la reforma energética, donde buscamos, no solamente no politizar los cargos, sino además siempre buscar el equilibrio de cada uno de los perfiles.
La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senador Lavalle, permítame un segundo.
Senadora Dolores Padierna. ¿Con qué objeto?
La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) ¿Si me permite una pregunta el orador?
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Sí, por supuesto, Senadora.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: El Senador Lavalle es anuente a su pregunta, Senadora.
La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, Senador Lavalle.
Ahorita se está usted envolviendo en elogios hacia Humberto Moreira.
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: No, a los tres.
La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) No, sí, a él, porque es uno de los que a ciegas palomea, y se ve que también es amigo de usted.
Pero más allá de las amistades que pueda tener con usted este señor, le pregunto ¿si le parece adecuado votar por una persona que votó por perder toda la mayoría de la riqueza de la Ronda Cero?
Usted sí sabe de lo que estamos hablando, y el voto fue terriblemente perverso para nuestro país, en contra de nuestro país.
¿Por qué pueden decir elogios en favor de Moreira?
La verdad, quisiera una respuesta puntual, porque de eso dependen muchas decisiones, de ese cargo.
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Claro que sí, Senadora. Gracias por su pregunta.
Bueno, primero que nada, no estoy elogiando a nadie en lo particular, estoy, primero, mostrando la importancia y la relevancia que tiene el regulador en ese sector, y la relevancia que tiene en este período de transición, que se encuentra en la implementación nuestra reforma energética.
Ahora bien, bueno, ni siquiera he manifestado por cuál de los tres voy a votar. O sea, decir que vamos a votar en contra o a favor de uno, pues no necesariamente es así. Hay que recordar que esta votación va a ser por cédula, y que tendremos que elegir entre todos, por dos terceras partes, a cuál de los tres perfiles, de acuerdo a lo que cada uno de los Senadores aquí presentes determinen, quién es el que consideran mejor representa los intereses de esta comisión.
Y aquí, déjeme puntualizar algo que es esencial, y era donde estaba ahorita, antes de que me hiciera la pregunta.
Si hay algo que debemos de cuidar, particularmente, para poder mantener el buen funcionamiento del regulador, es el equilibrio de los perfiles de cada uno de sus miembros.
Si metemos puros ingenieros petroleros y no cuidamos meter un equilibrio con abogados, un equilibrio con financieros, un equilibrio con gentes que precisamente le den esa integralidad para garantizar las mejores condiciones de los contratos y los mejores resultados, por ejemplo, en las rondas, creo que estaríamos cometiendo un error.
Sobre las aseveraciones que usted hace sobre el doctor Moreira, no tengo yo la misma visión.
Yo creo que el doctor Moreira, a lo largo de su carrera, pues, que prácticamente se ha dedicado por completo al sector energético, los puestos, a mi parecer, donde ha tenido la oportunidad de desempeñarse, ha dado buenos resultado, y creo que, pues, es un conocedor no solamente de la reforma energética, sino específicamente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Es por ello, compañeras y compañeros Senadores, que yo sí creo, y sí les manifiesto la importancia de que no dejemos vacantes en estos puestos.
Los reguladores, precisamente, lo que nos garantizan es certidumbre, por un lado; y por otro lado, la autonomía, la autonomía del Ejecutivo Federal para efecto de que todas las decisiones que se tomen en materia contractual, en materia de transparencia, en materia anticorrupción, precisamente no se preste, no solamente a malas interpretaciones, sino que además nos garanticen a las inversiones certidumbre y confianza.
Es por ello que, independientemente de por quién decidan, de esta terna, que está compuesta por tres excelentes perfiles, tres excelentes candidatos, no nos detengamos, no solamente en bloquear este nombramiento, sino, además, elegir el que esta comisión siga funcionando y dándonos buenos resultados, no solamente al sector, sino a todos los mexicanos.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Jorge Luis Lavalle Maury.
Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.
En uso de la tribuna el Senador Bartlett Díaz.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.
En varios, si no en todas de las propuestas que se han hecho para cubrir posiciones en Pemex y en todo este sistema de entrega del petróleo nacional a intereses extranjeros, que le llaman “mercado”, hemos estado pendientes de las personalidades que proponen.
Ninguna de ellas, ninguna, ha expresado un compromiso con México, ninguno de ellos ha expresado que están preocupados por el bienestar de los mexicanos, ninguno de ellos han pensado jamás y dicho en sus comparecencias que van a cuidar que el uso de ese recurso mexicano, que han dispuesto ustedes en contra de los intereses de este país, deba ser cuidado para beneficio de México.
Son todos ellos cómplices del despojo que se está haciendo de nuestras riquezas principales nacionales.
Aquí ya Dolores, que estudia bien todo, no se le puede negar a Dolores Padierna ningún argumento infundado. Ya señaló cuáles son las características de ese señor Moreira, precisamente por eso podemos decir que este señor Moreira representa, con toda claridad, los intereses de despojo del país y la confusión de las funciones públicas con las funciones privadas, en la destrucción sistemática de Pemex, esa es su experiencia.
Lo que nos plantean aquí, los que nos vienen a traer perfiles son de empleados o de cómplices en la destrucción de Petróleos Mexicanos y el saqueo del petróleo, la energía, el gas mexicano, eso es. Obviamente se dice que aquí no hay que politizarlo, hay que, este es un tema político, es el patrimonio nacional.
Estos datos que da Dolores, pues serían para que hubiera reaccionado alguno de ustedes y revise el expediente, pero no lo van a hacer porque están de acuerdo en ese saqueo, en esa prioridad, en todas las acciones de estos funcionarios, desde el Secretario de Energía hasta el último funcionario que están en esta estructura carísima de tecnócratas, entreguistas de nuestro patrimonio.
Por qué no aplazamos ese nombramiento y revisamos todas las fechorías que ha cometido este señor en una estructura que le fueron dando a Pemex, abriéndola, ¿qué es eso de un consejero independiente?
Pero eso es una sarta de mentiras, consejeros, todos están vinculados al negocio petrolero, a la corrupción como todos los demás.
¿Por qué no lo analizamos?
No. Dicen “es un gran perfil”, no es, es un señor que tiene una enorme cola en las decisiones que fue tomando, enorme cola.
Pero nos podía tranquilizar, no lo van a retirar, son sus peones, son sus cómplices que han trabajado en la destrucción de Pemex, no lo van a retirar.
Pero a mí me tranquiliza algo porque sí, Dolores Padierna tiene todos los datos de estas fechorías, de vender lo nuestro a los privados a precio vil, ahí están, entonces si hay un señalamiento en esta tribuna, pues deberían de retirarlo y analizar si es cierto o no lo que dice Dolores Padierna, que nosotros tenemos la misma información.
Sin embargo, pues como están ahorita ya viendo la desaparición del fuero, bueno, perfecto, porque entonces podemos enjuiciar, más que nombrar, podemos enjuiciar al señor Moreira por esos daños que ha causado a la nación.
Entonces yo le diría al Presidente de la comisión, que vino aquí a presentar a estos personajes, junto con otros que han presentado, retírenlo, porque con la desaparición del fuero que van a votar, pues lo vamos a enjuiciar, así es que tiene una última oportunidad, señor Presidente de la comisión, mejor retírelo antes de que lo enjuiciemos por daños a la nación.
La reforma energética que aquí se aprobó no ha producido ningún resultado, las inversiones son mentiras, son proyectos de inversiones en la medida en que lo saquen esos recursos del petróleo mexicano, no van a poner un centavo, ni un centavo si no lo van a extraer de los recursos nacionales para darle una parte mínima al pueblo de México.
De manera que una y otra vez nos presentan gentes que están a favor de los intereses extranjeros para cubrir todas las plantas,
De veras, se los recomiendo, retírenlo, protejan a Moreira, no vaya a ser que ahora que desaparezca el fuero, pues lo vamos a enjuiciar por todo lo que hizo.
Medítelo, señor Presidente, medítelo, porque todos los datos que aquí se han presentado, pues nos va a llevar a enjuiciarlo, a hacerle un juicio de responsabilidades, piénselo, piénselo, protejan a Moreira, protéjanlo más y no se dejen, y siguen presentando en los últimos dos días puros prospectos de la destrucción de la nación.
No hay ninguno de ellos, que han tomado estos cargos, que hayan expresado en las consultas que han tenido aquí, ningún interés en la defensa del patrimonio nacional, ninguno, todos están hablando del mercado y del éxito de una reforma energética que no ha producido nada, más que la entrega del país y los miles de millones de que habla el Secretario de Energía, van a llegar cuando lo saquen de nuestros propios recursos debidamente mermados.
De manera que, pues ya se acabó, ya se acabó su presentación de cómplices, de empleados y de funcionarios que están en contra de los intereses mexicanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador don Manuel Bartlett Díaz.
Al no haber más oradores registrados, pasaremos a votar de manera económica el dictamen que se refiere únicamente a la idoneidad de los integrantes de la terna.
Posteriormente realizaremos la votación cedular para elegir a quien ocupará el cargo.
Consulte, en consecuencia, la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el dictamen.
Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo, Presidente, que es aprobada.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.
Para cumplir con lo que disponen los artículos 97 y 101 del Reglamento del Senado, realizaremos la votación por cédula para elegir a quien ocupe el cargo de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Informo a la Asamblea que se entregarán sobres para esta votación.
En ellos se encontrará la cédula en la que deberán marcar la selección que cada uno de ustedes determine para depositar en la urna
Una vez que la Secretaría nos llame por orden estricto de lista.
Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación entre las Senadoras y los Senadores.
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de las señoras y de los señores Senadores, a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Solicito a los señores Senadores y Senadoras, pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.
(Pasa lista)
(Depositan su voto por cédula)
(Votación y escrutinio)
La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Señor Presidente, si me lo permite, daría cuenta de la votación.
Informándoles que se emitieron 101 votos.
101 Senadores y Senadoras emitieron su voto en la urna.
Se emitieron dos votos en favor del primero de la terna, que es Carla Gabriela González Rodríguez.
Se emiten 71 votos favor del ciudadano Héctor Moreira Rodríguez.
Y se emiten dos votos más para el último de la terna que es Fernando Ruiz Nasta.
Y adicional 26 votos nulos.
Si hacemos la cuenta, son 2 votos por el primero de la terna; 71 por el segundo; 2 votos por el último; y más los 26 votos nulos, hacemos la cuenta y salen 101 votos que fueron emitidos vía urna, por ustedes.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, el ciudadano Héctor Moreira Rodríguez, reúne la mayoría de dos tercios de votos a favor.
Conforme al resultado de la votación, se designa Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, al ciudadano Héctor Moreira Rodríguez.
Comuníquese.
En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Héctor Moreira Rodríguez, por lo que solicito a las Senadoras y los Senadores José Ascención Orihuela Bárcenas, Salvador Vega Casillas, Víctor Salinas Balam, Adriana Loaiza Garzón, Raúl Aarón Pozos Lanz, Verónica Martínez Espinoza, Ernesto Gándara Camou, Tereso Medina Ramírez, el Senador Jorge Aréchiga y el Senador Priego, a que inviten a pasar al salón de sesiones al señor Héctor Moreira.
(La comisión cumple)
PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Senadoras y Senadores, vamos a tomar protesta.
Favor de ponerse de pie.
(Todos de pie)
Ciudadano Héctor Moreira Rodríguez:
El Senado de la República le ha elegido como Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
En consecuencia, le pregunto:
“¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?”
El C. Héctor Moreira Rodríguez: “¡Sí, protesto!”
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: “Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande”.
Muchas felicidades.
(Aplausos)
A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo.
Solicito a la comisión designada acompañe al ciudadano Moreira, cuando desee retirarse del salón.
Les informo que la Mesa Directiva recibió diversos proyectos de decreto que nos remite la Cámara de Diputados.
Solicito a la Secretaría dé cuenta con las respectivas minutas e informe también del turno que la Mesa Directiva asigna a esos asuntos.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy cuenta con las minutas recibidas y sus respectivos turnos.
Se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, en materia de emisión de comprobantes, mismo que se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.
También se recibió un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 92 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de medios de pago por devolución, que se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.
Se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de prohibición a agresores para contactar a víctimas por medios electrónicos, que se turna a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.
Se recibió un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan los artículos 38, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de capacitación con perspectiva de género a personal encargado de la Procuración de Justicia, mismo que se turna a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda.
Asimismo, se recibió un proyecto de decreto porque reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en materia de solicitudes de nuevas concesiones o permisos que se turna a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.
También se recibió un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 14 y 32 de la Ley General de Educación, en materia de convivencia escolar positiva, que se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Segunda.
Se recibió un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de restricción de acceso a eventos deportivos a infantes, que se turna a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.
Otro proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en materia de requisitos para comercio de billetes de lotería, mismo que se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.
También se recibió un proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 456 Bis a la Ley General de Salud, en materia de sanción por manejo de sustancias tóxicas, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.
Se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 189 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de denuncias ante instituciones estatales, especializadas en procuración de justicia ambiental, que se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda.
Son todos los proyectos recibidos, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señora Secretaria.
Esta Presidencia ratifica los turnos dictados por la Secretaría.
Comuníquese.
Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, con punto de acuerdo por el que se ratifica al ciudadano Sóstenes Díaz González, como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a su punto resolutivo.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura al punto resolutivo del dictamen.
Acuerdo.
Único.- Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y Estudios Legislativos, determinan someter al Pleno de la Cámara de Senadores la ratificación del siguiente ciudadano Sóstenes Díaz González, como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un período de nueve años.
Es cuanto, Presidenta.
Y esto lo firma las Comisiones Unidas, como di cuenta hace un momento.
Es cuanto.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.
Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Gracia Guzmán, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.
Adelante, Senador Gracia.
El Senador Raúl Gracia Guzmán: Gracias, Presidenta.
El 4 de septiembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, el Comité de Evaluación publicó la Convocatoria Pública para elegir al aspirante al cargo de Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El 2 de diciembre del mismo año, en el mismo medio de difusión oficial se publicó la relación de aspirantes que cumplieron con los requisitos constitucionales y las directrices de la Convocatoria.
El Comité de Evaluación que está integrado por titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que tiene la finalidad de evaluar a los aspirantes a comisionados de los respectivos órganos de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, realizó el examen de conocimientos a los aspirantes, de conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El 31 del mismo mes y año, en el Diario Oficial de la Federación, el Comité de Evaluación publicó la lista de los cinco aspirantes que obtuvieron las calificaciones aprobatorias más altas en la evaluación señalada en el numeral que antecede.
Con fecha 13 de abril de la presente anualidad, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, envió a través del licenciado Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, a la Cámara de Senadores, mediante oficio la designación del ciudadano Sóstenes Díaz González, como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por un período de nueve años.
El 24 de abril del presente año, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, se reunieron para analizar la ratificación del nombramiento que les fue turnado.
Y, una vez que se realizó lo conducente, se aprobó el acuerdo donde se propone que esta soberanía ratifica al ciudadano Sóstenes Díaz González, quien es Licenciado en Economía por la Universal Nacional Autónoma de México.
Tiene Maestría en Economía por el Colegio de México, A.C., y cuenta con Diplomado en Econometría de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De septiembre de 2014 a la fecha, se desempeña como Director General de Regulación de Interconexión y reventa de servicios de telecomunicaciones en el Ifetel.
De 2013 a 2014, fue Director de Regulación de Tarifas del Instituto Nacional de Comunicaciones.
Y anteriormente, en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ocupó diversos cargos como Director de Regulación de Tarifas; Director de Prospectiva Regulatoria; Director de Regulación y también su Subdirector de Modelo de Costos y Análisis de Interconexión; Subdirector de Análisis Financiero y Jefe de Departamento de Estudios Económicos Regulatorios, esto entre 1999 y 2013, en la anterior Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Creemos que este proceso, que empieza con un elemento muy técnico, y por ser un perfil que tiene experiencia de carrera en el área, creemos que es un perfil que puede ser ratificado.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador.
Está a discusión.
Al no haber oradores registrados ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: ¿Falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto?
El Senador Romo, a favor.
Senador Daniel, a favor.
Senadora Rocío Pineda Gochi, también a favor.
Tres votos más a favor.
¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?
Senador Mario Delgado, en contra.
¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?
Senadora Sylvia, en contra.
¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?
De no ser así daremos cuenta de la votación.
Les informo que son 67 votos a favor; 19 votos en contra y cero abstenciones.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Aprobado el punto de acuerdo.
En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Sóstenes Díaz González, como Comisionado al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Comuníquese.
En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Sóstenes Díaz González, por lo que solicito a las Senadoras y a los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Raúl Gracia Guzmán y Juan Gerardo Flores Ramírez, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.
(La comisión cumple)
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Les pedimos a las Senadoras y a los Senadores y, por supuesto, al público que nos acompaña si se ponen de pie.
(Todos de pie)
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Ciudadano Sóstenes Díaz González, el Senado de la República le ha ratificado como Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por lo que le pregunto:
“¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”
El C. Sóstenes Díaz González: “¡Sí, protesto!”
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: “Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande”.
Felicidades, señor Díaz González.
A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo.
(Aplausos)
Solicito a la comisión designada acompañe al señor Comisionado cuando desee retirarse del salón.
Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria, en materia de ocupación de tierras por expropiación.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Informo, Presidenta, que sí se omite la lectura del dictamen.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se concede el uso de la palabra al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
Tiene usted el uso de la palabra, Senador.
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muy buenas tardes.
Con su permiso, Senadora Presidenta Graciela Ortiz González, del estado libre y soberano de Chihuahua.
Compañeras y compañeros Senadores:
Excelente tarde.
Hago uso de esta máxima tribuna como Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, para presentar y exponer los fundamentos de cuatro dictámenes con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Agraria.
Quiero agradecer, en primer término, la labor y el compromiso de los Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, con quienes trabajamos en unidad para lograr los consensos necesarios e impulsar estas reformas que a continuación les describo brevemente.
El primer dictamen se refiere a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley Agraria y tiene por objeto defender los derechos de propiedad de los ejidatarios y comuneros, así como el goce de sus frutos y sus justas ganancias económicas, ya que actualmente estas personas se encuentran en un estado de inseguridad jurídica debido a que la Ley Agraria señala que los predios, objetos de la expropiación, sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización.
Este mandato jurídico ocasiona períodos largos en el trámite de la expropiación de tierras que puede tomar años inclusive décadas, lo cual genera que los ejidatarios y comuneros se vean obligados a abandonar sus tierras y su trabajo, teniendo como consecuencia que grande compañías y corporaciones se aprovechen de esta situación.
Por ello, con esta reforma, se pretende incluir en la ley el mandato de elaborar un convenio de ocupación previa en el que se plasme tanto el consentimiento expreso como los acuerdos y compromisos que obligarán a ambas partes, así, posteriormente, el convenio será inscrito en el Registro Agrario Nacional con la debida intervención de la Procuraduría Agraria.
El segundo dictamen es respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, 57, 80 y 108 de la Ley Agraria, con el objeto de permitir tanto a los ejidatarios como a sus familias acceder a los recursos y subsidios del Gobierno Federal, a través de los programas federales, cuando el ejidatario titular no se encuentre en el lugar.
Pero, además, también en esta reforma se incluye a los cónyuges o concubinarios, así como a los hijos que acrediten relación alguna con el ejidatario titular y que se encuentre ausente, a fin de poder acceder a los subsidios y recursos presupuestales establecidos en los programas gubernamentales, sujetándose a los lineamientos de objetividad, de equidad, de transparencia, de publicidad, de selectividad y temporalidad.
El tercer dictamen es con relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis de la Ley Agraria, a fin de establecer que, en todos los casos en que se adjudiquen derechos agrarios por sucesión, sea obligación del adjudicatario sostener con los productos de la unidad de dotación a los hijos que dependían del ejidatario fallecido hasta que cumplan 18 años de edad, a los hijos mayores de esa edad, en estado de incapacidad física o mental y, en su caso, a la cónyuge a la concubina que requieran alimentos.
Y, por último, el cuarto dictamen, se refiere a la adición del artículo 161 de la Ley Agraria, en materia de enajenación de terrenos nacionales, con el objetivo de otorgar certeza jurídica y garantizar el derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 27 de la Constitución.
La situación es que a falta de una regulación legal clara, se han originado problemas comunes entre los ciudadanos que han solicitado la enajenación de tierras de la nación como lo es el estancamiento procedimental y la violación constitucional al derecho de la propiedad privada, de acuerdo con el Informe de Regulación y Enajenación de Terrenos Nacionales 2006-2012 de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria.
Hasta noviembre de 2012 existían un total de 10 mil 180 expedientes relativos a solicitudes de enajenación de terrenos nacionales en trámite, aunados a las 11 mil 006 solicitudes de regularización de igual número de predios baldíos o nacionales, todas iniciadas en promedio durante el año 2007.
Es decir, que existe un enorme rezago de años en la sustanciación del procedimiento de enajenación y para corregir esto estamos modificando la Ley Agraria, para que en un año como tiempo máximo la autoridad resuelva el procedimiento por el cual los ciudadanos le solicitan la enajenación a su favor del terreno que poseen, propiedad de la nación el cual han trabajado por años ya sea en el sector ganadero, en el agrícola o el forestal.
Con esta modificación la autoridad tendrá que resolver el procedimiento de enajenación previsto a nivel reglamentario dentro de un período de tiempo cierto y mucho más breve.
Hoy en día la ley no prevé plazo y hay asuntos que llevan más de una década y no se han resuelto.
Sin lugar a dudas, estos cuatro dictámenes que les hemos expuesto y que se proponen, en sentido positivo, fortalecen nuestra legislación en materia agraria y es por ello que respetuosamente les solicitamos, Senadoras y Senadores, se sumen a la aprobación de los mismos para fortalecer el desarrollo y derecho de los sujetos agrarios en nuestro querido país y, por supuesto, de todos los campesinos a lo largo y ancho de México.
Es cuanto, Senadora Presidenta.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador.
Está a discusión.
Al no haber oradores registrados, se reserva el dictamen para su votación nominal separada, al concluir la discusión de los dictámenes.
Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, 57, 80 y 108 de la Ley Agraria, en materia de identificación de género.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la lectura, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, presentó el dictamen en su intervención hace unos momentos.
Está a discusión.
Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay artículos reservados, se reserva para su votación nominal, una vez que concluya la discusión de los otros dictámenes con proyecto de decreto.
Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley Agraria, en materia de paridad de género.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la lectura, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo.
Por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, presentó el dictamen en una intervención inicial.
Está a discusión.
En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados, se reserva para su votación nominal después de la discusión de los siguientes dictámenes.
Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 161 de la Ley Agraria en Materia de Enajenación de Terrenos Nacionales.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la lectura, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo.
Por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, presentó el dictamen en una intervención inicial.
Está a discusión.
En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados, se reserva para su votación nominal después de la discusión de los siguientes dictámenes.
Compañeras y compañeros Senadores, por economía procesal les consultaremos si autorizan que los cuatro proyectos de decreto de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, se sometan a votación nominal en un solo acto, debido a que se trata de dictámenes de las mismas Comisiones Dictaminadoras y se refieren al mismo ordenamiento.
Si es de interés de alguna Senadora o Senador, que alguno de ellos se separe de la votación para hacerlo de forma individual, así procederemos.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que la votación de los cuatro dictámenes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, se realice en una sola votación nominal.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea en votación económica, si autoriza que la votación nominal de los cuatro dictámenes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, se realice en una sola votación nominal.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza una sola votación nominal para los cuatro dictámenes de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Consulto si alguno de los cuatro dictámenes desea separarse para su votación nominal individual.
Por no haber manifestación para separar algún dictamen, procederemos a la votación conjunta.
Dé cuenta la Secretaría con los proyectos que someteremos a votación en un solo acto.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Los dictámenes a votación conjunta son cuatro, de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, con los siguientes proyectos de decreto.
El que reforma el artículo 95 de la Ley Agraria, en materia de ocupación de tierras por expropiación.
El que reforma los artículos 14, 57, 80 y 108 de la Ley Agraria, en Materia de Identificación de Género.
El que adiciona el artículo 18 Bis a la Ley Agraria, en Materia de paridad de género.
El que reforma y adiciona el artículo 161 de la Ley Agraria, en materia de enajenación de terrenos nacionales.
Son todos dictámenes, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los cuatro proyectos de decreto que reforman la Ley Agraria, en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Senador Torres Corzo, a favor.
Senador Patricio Martínez.
Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 87 votos a favor; cinco votos en contra y cero abstenciones.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma el artículo 95.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se emitieron 87 votos a favor; cinco votos en contra y cero abstenciones.
Por el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria, en materia de ocupación de tierras por expropiación.
Asimismo, se emitieron 87 votos en pro; cinco votos en contra del proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, 57, 80 y 108 de la Ley Agraria, en materia de identificación de género.
Asimismo, se emitieron 87 votos en pro; cinco votos en contra del proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley Agraria, en materia de paridad de género.
Y, se recibieron 87 votos en pro; cinco votos en contra del proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 161 de la Ley Agraria, en materia de enajenación de terrenos nacionales.
Son todos los resultados, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias.
En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria, en materia de ocupación de tierras por expropiación.
Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, 57, 80 y 108 de la Ley Agraria, en materia de identificación de género.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley Agraria, en materia de paridad de género.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 161 de la Ley Agraria, en materia de enajenación de terrenos nacionales.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos para los efectos del artículo 72 constitucional.
Hace unos momentos dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en materia de modernización de aduanas y prácticas de comercio.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen, y se ponga a discusión de inmediato.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria.
Está a discusión.
Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay artículos reservados, el dictamen se reserva para su votación nominal, una vez que concluya la discusión de los otros dictámenes con proyecto de decreto.
Informo a la Asamblea que hace unos momentos dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de armonización de la norma con diferentes compromisos internacionales para evitar el aumento de la temperatura del planeta.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de autorizarse que se dispense la segunda lectura del dictamen, y se ponga a discusión de inmediato.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.
Está a discusión en lo general.
Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se ha inscrito el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor.
En uso de la voz el Senador Jorge Aréchiga Ávila.
A ver, sonido en el escaño del Senador Aréchiga, por favor.
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: (Desde su escaño) Si me permite, Presidente, lo voy a pasar por escrito para que lo incluyan en el Diario de los Debates.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: El Senador Aréchiga ha solicitado a la Mesa Directiva y le es obsequiada su solicitud de que su intervención será registrada íntegramente en el Diario de los Debates.
Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay artículos reservados, el dictamen se reserva para su votación nominal, una vez que concluya la discusión de los otros dictámenes con proyecto de decreto.
Informo a esta soberanía que hace unos momentos dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se expide la Ley General de Seguridad Privada.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.
Se concede el uso de la palabra al Senador Ernesto Gándara Camou, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
En uso de la tribuna el Senador Ernesto Gándara Camou.
El Senador Ernesto Gándara Camou: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:
El día de hoy vengo a esta tribuna, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública, a poner a consideración este dictamen, el cual tiene como finalidad reformar los artículos 150, 151, derogar el 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y expedir la Ley General de Seguridad Privada.
Las comisiones dictaminadoras nos dimos a la tarea de realizar el análisis pertinente de la iniciativa, origen de este dictamen.
De esta manera, las Comisiones Unidas encontramos los consensos necesarios para que el presente dictamen avanzara y pudiera ser discutido y votado en esta soberanía.
Quiero agradecer el interés y la participación de los Senadores integrantes de estas comisiones, tanto la de Seguridad Pública como la de Estudios Legislativos, Segunda, y muy en particular a su Presidente, el senador Félix Benjamín Hernández Ruiz, al Secretario José María Tapia, a los integrantes de la comisión y también, desde luego, a las secretarias de la comisión, Senadoras Iris Vianey Mendoza y la Senadora Laura Herrera.
Así como la participación muy en especial y muy en particular del Senador Teófilo Torres que con su experiencia, con su trabajo, su entusiasmo, su participación, enriqueció y participó ampliamente, no solamente de la iniciativa, sino también en la perfección de este documento.
Agradezco también a la Senadora Andrea García por sus comentarios y las aportaciones del Senador Mario Delgado Carrillo, así como los comentarios del Senador Ernesto Ruffo, del Senador Juan Carlos Romero Hicks en la discusión, pero siempre enriqueciendo y trabajando por el mismo objetivo que es hacer lo mejor por este país, por México y desde luego por este tema tan importante y tan sensible para la comunidad y desde luego para la sociedad.
Esta iniciativa también ha sido producto de foros, de reuniones, con académicos, con las cámaras empresariales, con las cámaras de la seguridad privada, con asociaciones interesadas y desde luego con una parte muy importante que son la parte de los trabajadores, de los sindicatos, en donde si estamos hablando de una serie de servicios, pues tenemos que garantizar no sólo la capacitación, sino también la seguridad de los trabajadores, en este caso de la seguridad privada.
Esta iniciativa general de seguridad privada, tiene como objeto regular la seguridad privada como auxiliar de la función de la seguridad pública, su objetivo radica en establecer orden en el sector de seguridad privada en México, al definir claramente la distribución de competencias y la base de coordinación entre la Federación y muy importante las entidades federativas en la materia, pero con el fin de lograr la homologación a nivel nacional de los requisitos y modalidades.
De ahí la importancia en esta participación de seis Senadores que son ex gobernadores, que tienen una gran experiencia y que desde luego han enriquecido, y espero sigan enriqueciendo esta propuesta.
Agradezco mucho la participación y los comentarios en la discusión de los señores coordinadores parlamentarios, del Senador Manuel Bartlett, del Senador Carlos Puente, del Senador Luis Sánchez, del Senador Fernando Herrera y, desde luego, de nuestro coordinador y líder, Emilio Gamboa.
El espíritu de esta ley radica en la necesidad de un esfuerzo conjunto, pero antes de abundar en las ventajas y desde luego en el objeto fundamental de esta propuesta, quisiera darles algunos datos de cómo está en este momento la participación de las empresas de seguridad privada.
Actualmente contamos con alrededor de 6 mil empresas que se dedican a este tema, únicamente 3 mil 640 empresas de seguridad privada se encuentran debidamente acreditadas, de esas 6 mil, de las empresas acreditadas, mil 232 cuentan con permiso federal y 2 mil 408 cuentan con permisos locales, y se ha detectado que 2 mil 300 empresas operan sin registro y sin personal certificado.
Este sector aporta el 1.4 del PIB Nacional y laboral alrededor de 500 mil elementos, se prestan 300 mil horas de vigilancia diaria y desde luego es un auxiliar importante de la certidumbre y desde luego de la seguridad pública que necesitamos para la inversión, pero también, desde luego para la seguridad de las empresas de todo tipo, pero también de las mismas gentes que laboran en esas empresas.
De ahí la importancia de poder homologar no solamente los requisitos, sino también el trabajo de capacitación y desde luego de hechos por parte de los trabajadores.
Este es un marco normativo en que los procedimientos administrativos para obtener la autorización y la operación generan certidumbre jurídica.
Las grandes contribuciones y avances, la cual fue aprobada, de la Ley Federal de Seguridad Privada del 2006 se reconocen, sin embargo han pasado 10 años y desde luego la misma dinámica del país hace que sea obsoleta y de ahí el tema fundamental de la homologación en esta materia.
Compañeras y compañeros, Senadoras y Senadores, estamos hablando de este proyecto, de esta ley, que desde luego solicitamos su aprobación, que ha sido consensada, trabajada y desde luego discutida.
Estamos hablando de ponernos en día en la legislación, estamos hablando del Estado de derecho y estamos hablando de dar certidumbre para que tengamos más posibilidades de desarrollo; pero también estamos hablando de una gran participación y consenso en la que seguramente después de un servidor, varios de nuestros compañeros que han participado en esta propuesta, en este proyecto, en este dictamen, van a ser y van a ser los comentarios pertinentes.
Por su atención, muchas gracias.
Y, desde luego, lo más importante, votemos por nuestros hijos, por nuestras familias y por el futuro de México.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Ernesto Gándara Camou.
Está a discusión en lo general.
Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores.
Para hablar en contra del dictamen, el Senador Ernesto Ruffo Appel, del Partido Acción Nacional.
El Senador José María Tapia Franco, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
El Senador Enrique Burgos García, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
En el mismo sentido, el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México.
De igual manera el Senador Teófilo Torres Corzo, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
El Senador Humberto Mayans Canabal, del PRI, a favor.
El Senador Patricio Martínez García, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
El Senador Miguel Romo Medina, del PRI, a favor.
El Senador Manuel Cavazos Lerma, del Partido Revolucionario Institucional, a favor.
Y el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, a favor.
Así como el Senador Manuel Bartlett Díaz, para hablar en contra del dictamen.
Con el mayor respeto y comedimiento vuelvo a solicitar a las y los Senadores se ciñan al tiempo establecido de cinco minutos en sus intervenciones, en virtud del número de oradores registrados, y que en su mayoría son para hablar en el mismo sentido respecto al dictamen.
Solicitamos su comprensión y respeto a esta soberanía.
Corresponde el uso de la palabra al Senador Ernesto Ruffo Appel, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen.
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Estimadas compañeras Senadoras y Senadores.
Como ven, el asunto está protagonizado por el PRI y el Verde, ya vieron quiénes adhirieron para discutir a favor.
Yo quiero referir que esto está enmarcado dentro de esa estrategia desde el Poder Ejecutivo, que se le llamó el mando único, con el que se pretende centralizar todos los asuntos de seguridad pública y dejar sin capacidad a los municipios y a los estados.
Es por eso que muchos de nosotros ya enderezamos hace tiempo una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, no porque no queramos un marco que regule la presencia de las fuerzas militares en asuntos de seguridad pública, sino porque lo que queremos es que se respete el federalismo y la capacidad de nuestros ayuntamientos como la célula básica del entendimiento político de la comunidad y de la nación.
Es por esto que subo a hablar en contra de esta propuesta, este dictamen de seguridad privada.
Reconozco que se ocupa un marco nacional para tener orden en los asuntos de estas organizaciones que pueden ser morales o físicas para asuntos de seguridad preventiva en las distintas localidades o empresas, o situaciones específicas preventivas, a veces los traslados de valores, etcétera.
Sin embargo, es fundamental que la autoridad municipal conozca de quiénes van a andar armados en su comunidad y que sea primero a partir del reconocimiento de la autoridad municipal que estas organizaciones de seguridad privada puedan actuar en el municipio.
Esto podría quizá llevarnos a un asunto que primero sea autorizado en el municipio y luego con la anuncia del Estado o de la Federación para que se perfeccione la autorización, pero nunca sin el reconocimiento de la autoridad municipal.
Sabemos que hay municipios con debilidad que son amenazados por el crimen organizado y que por ello mismo puede, entonces, metérseles, colárseles algún agrupamiento que presiones al ayuntamiento. Por eso pedir que la anuncia también se complete con el Estado y con la Federación.
Pero esto de que a través de un Registro Único Federal se consolide el asunto de la aprobación de la autorización de Fuerzas Armadas en mi municipio, en el de que se trate, es inaceptable a mi juicio, y secunda estos asuntos del mando único que es donde sustentamos nuestra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior.
Y para ejemplo un botón, hay un conocido personaje en Baja California que tiene guardias de seguridad privada y los municipales nuestros no los pueden intervenir, y es porque traen autorizaciones desde el Estado de México.
¿Quieren ustedes que en sus propios municipios y estados empiecen a aparecer personas armadas con autorización desde un poder central? Eso sería abdicar la capacidad municipal y de la comunidad para poder tomar control de su propia soberanía local, y es su seguridad pública.
Eso es lo que me impulsa a hablar en contra de este dictamen.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Ernesto Ruffo Appel.
Corresponde el turno de hacer uso de la tribuna para hablar a favor del dictamen al Senador José María Tapia Franco, del Partido Revolucionario Institucional.
En uso de la voz, el Senador Tapia Franco.
El Senador José María Tapia Franco: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:
En los últimos años la seguridad privada ha presentado aumentos sin precedentes.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, tan sólo en el 2016 la demanda de servicios tuvo un valor de 28 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 180 % con respecto al 2012.
De las 3 mil 640 empresas dedicadas a la seguridad privada que se encuentran debidamente acreditadas operando en el país, se tiene 2 mil 300 sin registro alguno ni personal calificado. La falta de regulación en la materia ha generado un vacío legal que permite operar a empresas de seguridad sin tener un registro y al margen de la ley, por lo que se convierten en un riesgo para los ciudadanos que contratan estos servicios y aún en mayor riesgo para los ciudadanos que no tienen estos servicios.
Existen empresas de seguridad privada que no cuentan con registro federal, argumentando que sólo operan en una sola entidad. Por lo que la ley no las obliga a obtenerlo.
No obstante de ello, algunas de estas empresas sí tienen presencia en otros estados, pero bajo diferente denominación, por lo que están evadiendo la ley.
Al no contar con una legislación adecuada, surge un vacío de información muy preocupante, ya que no se sabe el perfil de las personas que trabajan como elementos de seguridad en ellas, sus antecedentes, preparación y adiestramiento.
El problema se maximiza cuando se trata de personas que portan armas, ya que no se sabe quiénes son, de dónde se encuentran, qué arman portan y de dónde compraron las armas.
Los mexicanos requerimos una regulación a nivel nacional que supervise, certifique a las empresas de seguridad privada, dé certeza y seguridad a quienes las contratan y establezca condiciones justas de adiestramiento adecuado para quienes se dedican a estas labores.
El presente dictamen cumple con las características necesarias para regular el mercado de la seguridad privada, ya que homologa los requisitos generales a nivel federal y local con el fin de obtener una autorización única para la prestación de los servicios por parte de las empresas de seguridad privada.
Asimismo, establece mecanismos con altos estándares de calidad para su capacitación y adiestramiento personal, con ello se brindará certeza jurídica a las autoridades y prestadores de servicios de seguridad privada, así como una mayor seguridad a los usuarios de los mismos.
Compañeras y compañeros Senadores:
Los mexicanos tenemos derecho a contratar mecanismos de seguridad privada que respondan a los intereses particulares de protección.
Como legisladores, es nuestra tarea elaborar la legislación adecuada que garantice que las empresas que prestan este servicio se guíen con estricto apego a la ley y siempre a favor del bienestar de los mexicanos.
Esta nueva ley regula este servicio y establece las medidas de seguridad, sanciones y medios de impugnación.
Por estas razones, y por muchas más, los Senadores de mi grupo parlamentario votaremos a favor.
¿Qué bondades vemos en la ley, y a muy grandes rasgos?
Es una alternativa para combatir la inseguridad en nuestro país, fomenta la participación social y organizaciones dedicadas a prestar dicho servicio.
Define con claridad las competencias que le corresponden a las entidades federativas y armonizará con el entramado jurídico nacional el sector de la seguridad privada.
Habrá mayor distribución de competencias y mejor coordinación entre los órdenes de gobierno local y federal.
Fomentará la profesionalización del personal que proporciona los servicios de seguridad.
Generará mayor calidad y eficiencia en los servicios que presentan las empresas de seguridad privada.
Dota de certidumbre jurídica a dichas empresas que brindan este servicio y de certeza y tranquilidad a los ciudadanos y, permite la posibilidad de que las empresas que operan fuera de la norma puedan regularse.
Y quiero hacer un reconocimiento a los integrantes, tanto de la Comisión de Seguridad Pública, y a su Presidente, el Senador Ernesto Gándara, así como a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, del cual soy Secretario, y a su Presidente, por el extenso trabajo que se hizo para tener la ley deseable y no la posible.
Por eso, mis compañeros del grupo parlamentario del PRI votaremos a favor para darle certeza jurídica, operativa y funcional a las empresas de seguridad privada, pero sobre todo a las y los mexicanos que necesitamos tener claridad de quiénes prestan este servicio.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senador José María Tapia Franco.
Corresponde el uso de la tribuna al Senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.
En uso de la voz el Senador Manuel Bartlett.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.
Quiero reconocer el trabajo del Senador Gándara, que ha hecho una buena labor aquí y en el área laboral, recuerdo, un buen esfuerzo.
También algunos comentarios de los compañeros, aquí del área del PT, que pidieron algunos cambios, que el Senador Gándara aceptó.
Sin embargo, estamos en contra por razones profundas.
Sí es preciso reglamentar este tema, urgente hacerlo, pero voy a plantear las razones por las cuales votaremos en contra de esta ley.
Esta ley no puede ser reglamentaria al artículo 21 de la Constitución, puesto que dicho precepto solamente norma a la seguridad pública, y no a la seguridad privada.
Ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en ninguna ley general o federal se establece que la seguridad privada es coadyuvante o auxiliar de la seguridad pública, y las tesis aisladas que se mencionan, no son más que tesis.
En razón de lo expuesto a la seguridad privada, evidentemente debe reglamentarse, pero bajo un marco constitucional, que deberá de establecerse mediante una reforma al artículo 21 constitucional que defina a la seguridad privada como una función coadyuvante y dependiente de la seguridad pública y de sus autoridades, y sobre esa base constitucional sí se podrá reglamentar dichas actividades de seguridad privada mediante una ley general donde se establezca que las empresas y las personas que prestan el servicio de seguridad privada serán coadyuvantes de las instituciones de seguridad pública y dependerán de ella en la forma en que la propia ley reglamentaria lo señale, cumpliendo con todos los requisitos que son obligatorios para las instituciones y los elementos de seguridad pública, como son: requisitos de ingreso, control de confianza, capacitación, adiestramiento, requisitos de permanencia, sanciones, etcétera.
Asimismo, se deberá establecer que las empresas que presten servicios de seguridad privada y que no cumplan con todos los requisitos ya señalados, serán acreedoras de sanciones administrativas e incluso penales.
Se debe señalar en la iniciativa, en una forma clara y contundente, que los extranjeros no pueden ser prestadores de los servicios de seguridad privada, todo ello en razón de las obligaciones gubernamentales de seguridad y la soberanía de nuestro país.
Asimismo, se debe establecer en la iniciativa que todas las personas físicas y morales, instalaciones, armamento y demás objetos de los prestadores de servicios de seguridad privada cuando así lo requiera la autoridad federal y estarán a su disposición y obedecerán sus delictivas, en los casos que sean necesario.
En la iniciativa correspondiente no se señala el número de personas que ya están prestando servicios de seguridad privada, reglamentados de alguna manera, y que sin duda, en diversas fuentes son más de 500 mil elementos, lo mencionó el Senador Presidente en su intervención, no está en la iniciativa, más de 500 mil elementos, hoy, diez veces más que toda la Marina Armada, más del doble del Ejército Mexicano y más que todas las policías federales y locales juntas, lo cual indica la enorme importancia de esa función, que no puede estar al margen de una reglamentación estricta, en la cual el Estado mexicano, a través de su gobierno mantenga el monopolio primigenio de la función de brindar seguridad a los habitantes de este país, ya que estos verdaderos ejércitos privados, ejércitos privados, armados en ciertos casos, con acceso a sistemas de inteligencia y seguridad electrónica, control de bienes y efectivos, así como otros casos estratégicos, deben hallarse bajo el control eficiente y estricto del gobierno, ya que el ejemplo de las policías comunitarias, que ha sido controvertido, explosivo y crítico, no debe repetirse.
A lo anterior hay que agregar también el número de personas en empresas, que incluso ya están prestando servicios de esta naturaleza totalmente al margen de la ley, y que pueden ser, igualmente, cientos de miles de personas que así mismo han creado corporaciones y verdaderos ejércitos privados sin control alguno.
La función pública de seguridad, el armamento correspondiente y la trascendencia de una falta de control sobre este ámbito estratégico de la seguridad nacional son más que evidentes, razón por la cual es necesario realizar un estudio mucho más profundo sobre este tema, que es urgente y prioritario, por lo que no debe resolverse de la manera en que se está planteando.
Yo quiero recordar, además, el problema que hemos tenido en la formación de lo que hemos enunciado una y otra vez, el Estado policiaco militar, y la presencia, en este país, de agentes extranjeros de seguridad actuando con toda libertad aquí y aceptación total del gobierno de la República.
La entrada en México, abiertamente ya, de empresas trasnacionales, norteamericanas, petroleras y de energía eléctrica, nos señalan una clara situación.
Las empresas petroleras van y penetran en los países, en todos, con sus propias policías, se llaman “contactos”, con sus propias policías, y tienen esto que está reglamentado, fundamentado en una reforma al artículo constitucional respectivo porque si no estaríamos frente a estas grandes transnacionales que estarán aquí, que podrían alegar inconstitucionalidad e imprecisión.
No es una afirmación que esté yo inventando, en todo el mundo, en África, en Asia, en todos lados donde entran las transnacionales norteamericanas lo hacen con sus policías, con sus armamentos, por eso tienen que ser de una absoluta claridad.
Los ejércitos privados que hay ya están contribuyendo a la violencia en este país, por eso felicito yo a Gándara, a quienes están trabajando en el tema, nada más que, a Ruffo que también habló en contra, por su preocupación, claro que debe ser preocupante, pero vamos a hacerlo constitucional, con un fondo urgente, desde luego, si no vamos a quedar en manos de compañías extranjeras, nacionales, con intereses que van a subyugar al pueblo de México y al Estado mismo.
Tenemos que tener la fuerza para sostener y defender la soberanía nacional.
Votaremos en contra porque no tiene fundamento constitucional.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador don Manuel Bartlett Díaz.
Corresponde el uso de la voz al Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen.
En uso de la tribuna el Senador Puente Salas.
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Con la venia de esta Presidencia.
Compañeras y compañeros:
El tema de la seguridad en nuestro país es y debe de ser una prioridad.
No podemos ignorar que hoy el sector de la seguridad privada resulta muy importante, y algo en lo cual convivimos con él todos los días la mayoría de los mexicanos y tiene efecto en nuestras vidas.
Debemos de dar la justa dimensión de lo que es el sector de la seguridad privada en nuestro país.
Se estima que actualmente operan alrededor de 6 mil empresas de seguridad privada en nuestro país, de las cuales más o menos la mitad, por arriba de 3 mil 500 empresas de seguridad privada se encuentran debidamente acreditadas ante la autoridad del Estado mexicano.
De las empresas acreditadas, que son 3 mil 640, sólo mil 232 cuentan con un permiso federal.
De estas empresas acreditadas, 2 mil 400, cuentan con permisos locales, poco más de 2 mil 300 empresas operan sin registro, ni personal certificado.
En esto sí debemos de darle la justa dimensión a un problema que se está generando y debemos de atender.
Este es un mercado y un sector que es muy importante para la vida de las mexicanas y de los mexicanos, los servicios de seguridad privada en el país suman alrededor de 300 mil horas de vigilancia diaria ejercidas.
Y aquí la pregunta es, ¿quién está ejerciendo esas horas de vigilancia?, ¿si sabemos quiénes están participando en estas empresas de seguridad privada?, ¿si están debidamente acreditadas o no? Y de ahí valorar el que estamos generando un problema, un problema de supuestas empresas de seguridad privada que a lo mejor es una incubadora también para delitos y que también puede vulnerar la seguridad de mexicanas y de mexicanos.
La ley que en este momento se somete a consideración de este Pleno, sin duda, tiene bondades, fomenta la participación social de organizaciones dedicadas a prestar dicho servicio, define con toda claridad las competencias que le corresponden a las entidades federativas y armoniza la normatividad con el entramado jurídico nacional, con el sector de seguridad privada.
Brinda mayor certidumbre a las empresas y usuarios de los servicios de seguridad privada en el país, así como una mayor distribución de competencias y mejor coordinación entre los órdenes de gobierno local y federal.
Fomenta la profesionalización del personal que proporciona los servicios de seguridad probada, y establece los mecanismos para permitir que representantes de seguridad privada y de la sociedad civil y del sector académico aporten su conocimiento y experiencia con el objetivo de incorporar las mejores prácticas dentro de los procesos de mejora continua.
En esto genera también una mayor calidad y eficiencia en los servicios de estas empresas que brindan esta seguridad privada y contempla a nuevos actores, que serán sujetos de la aplicación de la ley, así como las nuevas tecnologías que operan en el mercado.
Entendemos que debemos de aportar una legislación que adecúe las competencias y verdaderamente delimite el actuar de estas empresas de seguridad privada, con ello estamos avanzando, tenemos que poner orden en la casa, y es lo que se está haciendo en este sector, destacando que en la figura de parlamento abierto este Senado de la República ha escuchado a las voces, a todos aquellos interesados e involucrados en el tema, y se ha legislado en beneficio de México, en beneficio de todas y todos los mexicanos.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Carlos Alberto Puente Salas.
Hace uso de la tribuna el Senador Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen.
En uso de la voz el Senador Romero Hicks.
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Distinguidos legisladores.
¿Este es un tema importante? Sí.
¿Esta es la solución? No.
Este es un ejemplo de algo que lamentablemente entra por la rendija de última hora con un diagnóstico incompleto y, por consecuencia, un tratamiento ineficaz.
Sin duda, el tema es trascendente.
Como miembro de la Comisión de Estudios Legislativos ofrezco una opinión.
La semana pasada, el miércoles 18, a las seis de la tarde, me entregaron la iniciativa, hice una pregunta al señor Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ¿por qué quiere una ley general? Al día de hoy no me ha respondido.
Y pedí una matriz de competencias para ver qué es lo que le toca al municipio, al Estado y la Federación.
Y seis días después, anoche, a las nueve y media de la noche, me entregaron un cuadro con una lista de competencias, ¿y qué es lo que llama la atención? El municipio ignorado, el Estado, la entidad federativa no tiene un papel activo en esto, entonces volvemos a este viejo error del centralismo en donde creer que desde una secretaría federal y ciertos órganos centrales se va a poder remediar este asunto.
Entonces, no puedo en conciencia votar a favor.
Tuve el privilegio de encabezar un gobierno local y las primeras preguntas que hace uno son inevitables: ¿Se requiere una ley general?
No lo sé, no escuché argumentos.
¿Esto fortalece al Pacto Federal? No.
¿Fortalece a la entidad federativa? Tampoco.
Porque el Pacto Federal no es un lugar en donde tengamos municipio, estado y Federación como una escalera jerárquica; es fortalecer la autoridad inmediata y donde normalmente la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido es el municipio. Aquí no existe.
Y como subsidiaridad la siguiente autoridad es la propia estatal.
Y para acabarla de rematar, con todo respeto, ni siquiera sesionamos.
Sé que aquí hay una prisa por sacar muchos dictámenes, respetables todos.
No hubo sesión, mi firma no está en el expediente, porque no hubo sesión.
Entonces, ni siquiera pude opinar al respecto.
Me duele muchísimo, porque me hubiera gustado tener consultas.
La semana pasada, el jueves estuvo aquí un conjunto de personas muy valiosas de la cámara nacional, pero no había cámaras locales. Y me hubiera gustado tener la visión desde el México profundo, donde las personas tienen esto.
Lo sufrí como Gobernador, ojalá esto hubiera sido la solución. Lamentablemente no lo es.
No puedo votar a favor.
Es cuanto.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Juan Carlos Romero Hicks.
Corresponde el turno de la tribuna al Senador Teófilo Torres Corzo, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
En uso de la tribuna el Senador Torres Corzo.
El Senador Teófilo Torres Corzo: Perdón, Presidente.
Gracias, Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:
Quiero decirles que yo también tuve la oportunidad de gobernar mi estado y quiero decirles que también tuve la oportunidad de servir a mi estado desde muy joven.
Quiero decirles que yo a los 21 años de edad era director de los penales en mi estado y a los 22 años era director de Seguridad Pública.
Por ello, en el Senado de México me inscribí en materia de seguridad en la Comisión de Seguridad Pública.
Conozco el tema y he estado interviniendo en él durante mucho tiempo.
Este dictamen no es un dictamen que tenga 10 días. Este es un dictamen que tiene varios años en la Comisión y en el cual hemos intervenido los miembros de la Comisión, pero además han intervenido académicos, todas las empresas de seguridad privada, tanto de seguridad física, traslado de valores, alarmas, han intervenido todos y todos han dado su opinión para reformar y transformar esta ley.
Yo quiero decirles que cuando se presentó esta iniciativa, yo tuve muchas opiniones en contra.
La primera. No se le daba a los estados ninguna importancia y los estados deberían de participar.
Hoy esta iniciativa contempla que se requiere la voluntad y opinión favorable del Estado para que se pueda dar la concesión federal. No así los municipios.
Yo comentaba con mi amigo el Senador y ex gobernador de Baja California, que los municipios grandes sí tienen la posibilidad, pero hay muchos municipios muy pequeños, de muy pocos habitantes que no tienen la posibilidad de estar haciendo los reportes periódicos y puntuales como se requieren para la Federación.
Y si no van a cumplir o van a cumplir en parte, sería letra muerta.
Pero sí los estados tendrán que opinar para que la Federación no haga lo que mejor le parezca en materia de seguridad privada.
Entre las cosas que pudimos meter o insertar en este dictamen, además de la opinión de los estados, era el registro para empresas pequeñas, era un problema trasladarse a la Ciudad de México, pagar hoteles, transportes, comidas, para obtener su registro.
Hoy en el dictamen está incluido que esto podrá hacerse por internet desde el interior del estado.
También estaba que la Federación podía suspender al momento que quisiera a la empresa de seguridad privada. Y esto ya se dio posibilidades de defensa para esas empresas.
Las fianzas.
Las fianzas tasaban igual, aquella empresa grande de traslado de valores, como una empresa pequeña, por ejemplo, de GPS para seguridad en el robo de automóviles también fue modificada.
Hoy las fianzas son de acuerdo a los rubros y de acuerdo al riesgo de cada una de las áreas de seguridad.
Por estas razones y con haber participado varias veces y mucho tiempo en estas comisiones y habiendo conseguido que se transformaran varias de las decisiones, y reconozco al Senador Ernesto Gándara su disposición para escuchar las opiniones de todos los que intervenimos y de todas las empresas y personas físicas que tienen empresas de seguridad privada.
Por ello esta ley es la necesidad de contar con un instrumento jurídico moderno, que regule su función y que permita generar mayor certeza en materia de seguridad privada en el país.
Una vez que participé en ella vengo a la tribuna para estar a favor.
Yo pido a mis compañeras y compañeros Senadores, que por lo antes expuesto, tengan a bien votar a favor del presente dictamen.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Teófilo Torres Corzo.
Corresponde el turno de la tribuna a la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez, del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.
En uso de la voz la Senadora Ojesto Martínez.
Si me permite, Senadora, un segundo, por favor.
El Senado de la República, la Mesa Directiva y esta Presidencia, expresa su beneplácito por contar esta tarde con la presencia de la licenciada María del Rocío Godínez Gutiérrez, escritora y poetisa mexicana destacada y con amplio reconocimiento internacional, invitada por la Senadora María Esther Terán Velázquez.
Bienvenida.
Muchas gracias por su presencia.
(Aplausos)
Senadora, si me hace usted el favor.
La Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo: Muchas gracias, Presidente.
La Constitución previene tres fuerzas para la defensa y seguridad, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía.
La primera, es para la defensa nacional; la segunda, para la seguridad interior, y la tercera, para la seguridad pública.
Esta ley es una abdicación de la obligación del Estado en proveer de Seguridad Pública a sus ciudadanos y ciudadanas.
No es posible que estemos escuchando, de que porque se den las cosas de facto, como también la criminalidad se da de facto, tendríamos que estar regulándolas.
Esto en realidad nada más es un disfraz para un jugosísimo negocio.
No es posible que la Federación, en este lugar, en el Senado, estemos hablando de abdicación de los pequeños municipios, como si el ser pequeño para un municipio fuera ser inexistente; como si ser pequeño fuera un estigma para poder autorregularse y autogobernarse, como y de alguien que no conoce un municipio va a venir a darle seguridad pública.
Cuando nos hablan de que esta ley va a proveer de policías privados, perfectamente bien capacitados y organizados y competentes, nos están diciendo que como Estado no hemos podido dar a nuestros propios policías esas características.
Déjenme decirles que tampoco están integradas estas instituciones privadas de gente que no sea mexicano o mexicana; los mismos policías que integran a nuestros órganos de policía o de ejército son los que están formando parte de estas instituciones privadas; muchas de ellas sin capacitación alguna, y les vamos a dar carta blanca para que puedan reprimir de manera punitiva a nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Lo que verdaderamente tendríamos que estar viendo es, cómo vamos a cambiar los parámetros sobre seguridad, de una visión de represión y de control social a un régimen que funcione realmente y que le dé al Estado un mejor uso y concepto de derechos humanos.
Si esta ley arma a los civiles para dar seguridad pública, es lógico, como diría el Presidente Peña Nieto, que se arman los extranjeros para darnos seguridad interior.
Quién nos dice que estos prestadores de servicios no van a estar integrados de extranjeros, y les vamos a dar autorización y carta blanca, sin conocer realmente quiénes van a ser los integrantes; quienes van a ser los que estén realmente prestando el servicio.
Vuelvo a insistir, esta es una policía para proteger los intereses de las trasnacionales.
Una policía que va a poder actuar en cualquier parte del territorio nacional; una policía que va a poder actuar con absoluta inmunidad, y es una abdicación absoluta del Estado a dar su seguridad interior.
No vamos a votar en favor de esta abdicación, no vamos a votar en favor de la pérdida del federalismo.
Muchas gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senadora María del Carmen Ojesto Martínez.
(Aplausos)
Me permito informar a la Asamblea que el Senador Jorge Toledo Luis, entregó el texto de su participación para hablar a favor de este dictamen, mismo que se insertará íntegramente en el Diario de los Debates.
Corresponde su turno en la tribuna al Senador Humberto Mayans Canabal, del Partido Revolucionario.
Perdón, sí señor Senador.
Sonido en el escaño del Senador Mayans Canabal.
El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.
En aras del manejo adecuado del tiempo de esta sesión, y para no ser repetitivo en muchos de los aspectos que ya han mencionado otros compañeros, declino mi participación en tribuna.
Y le pido se inscriba mi intervención que presentaré por escrito, en el Diario de los Debates.
Se la haré llegar en unos momentos más, muchas gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, al contrario, Senador Mayans Canabal.
La Asamblea se lo reconoce y se lo agradece y, desde luego, será integrada su intervención en el Diario de los Debates.
Finalmente, corresponde el uso de la tribuna al Senador Patricio Martínez García, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.
En uso la voz el Senador Martínez García.
El Senador Patricio Martínez García: Gracias, señor Presidente.
Gracias, colegas Senadores, colegas Senadoras.
He escuchado con atención, y me ha llamado especialmente la atención el que en esta sesión hemos intervenido, estamos interviniendo casi en forma consecutiva Senadores con la circunstancia de haber sido gobernadores.
Traigo algunos puntos de vista haciendo la defensa de el por qué hay que votar a favor esta ley, lo voy a omitir, y prefiero hacer algunos comentarios eminentemente prácticos, pero con fondo, buscando que quienes han establecido que no van a votar a favor esta ley, cambien su opinión.
Qué tiempos aquellos, decían los antiguos, que lo antiguos llamaban dorados porque podían convivir el ciervo y el león.
Qué tiempos aquellos, gobernadores, en que cuando fuimos gobernadores la presencia de escoltas y de seguridad privada era mínima, relativa, escasa.
Y, no obstante, señalo, antes de ser gobernador, fui presidente municipal, y ya como presidente municipal teníamos dolores de cabeza en el ayuntamiento por la presencia descontrolada de guardias, escoltas, y de la policía privada, teniendo además otra circunstancia, empresas de radiodifusión, de medios, bancarias, hacían un extraordinario gasto de las finanzas municipales porque pedían policía municipal con cargo al erario municipal, que, tuvimos que cortarlo de cuajo, y exigir que pusieran sus propios policías.
Porque lo mismo era un banco que una ferretería que tenían derecho a tener un policía municipal, y se estaba haciendo una exclusión de todos los negocios por darle preferencia a aquellos más poderosos. Lo suspendimos, y pedimos que pusieran sus propias policías, y que se les tuviera bajo una regulación precaria, escasa.
Han pasado los años, se nos ha complicado mucho la vida nacional en aspectos de seguridad.
Necesitamos actuar en consonancia. Hago dos referencias de reformas que se hicieron hace años, una en el 2006, estableciendo la Ley Federal sobre Seguridad Privada, hace 12 años, y en 12 años ha habido muchos cambios en la vida nacional y en los aspectos de seguridad,
necesitamos antes, y aquí la respuesta de por qué hoy, necesitamos antes de que concluya esta Legislatura, hacer un cambio a una ley que ya está obsoleta del 2006 y que en el 2018 hacemos cambios profundos, y que seguramente lejos de la belleza perfecta que solamente corresponde a Dios, tendrá defectos, será cuestión de que hagan algunas reformas adicionales quienes nos sucedan en el Congreso de la Unión.
Pero por lo pronto, hoy estamos haciendo una reforma importante, expidiendo una ley importante para coordinar las fuerzas de seguridad privada y pública dándoles un marco que permita que vaya a funcionando esto con un horizonte nacional. ¿Por qué? Porque necesitamos soluciones comunes para problemas comunes, y no podemos, no podemos dejarle al municipio esta tarea.
Se ha hablado de federalismo, se ha hablado de centralismo, y pareciera que nos regresamos al siglo XIX. Nada más firme que mi propio municipalismo, sostengo, sostengo las tesis de Heriberto Jara, Constituyente que en 1917 establecía, la importancia que tiene darle la libertad económica, junto con la libertad política al municipio.
Han pasado los años, le hemos dado libertad económica y, qué ha hecho, no ha aplicado las leyes fiscales municipales porque ser recaudador es ser, de alguna manera, verdugo de los electores y es difícil, es difícil cumplir con esa responsabilidad.
Pero la realidad es que el municipio hoy ha evolucionado, le hemos dado fortalezas, las reformas al 115 lo fortalecieron, pero reconozcámoslo, hoy no podemos darle esta responsabilidad como se le dio en el año 2009 con la reforma al artículo que le da, si mal no recuerdo, 71, 73, que le da facultades para atender al narcomenudeo adicionales a las que tradicionalmente tuvo de atender a la prevención que era la función constitucional que establecía a la policía municipal en cada ayuntamiento.
¿Qué ocurrió? Le dimos esas altas, graves responsabilidades.
Cuántos policías han muerto por estar atendiendo a esa obligación, porque los mandamos a la guerra sin el respaldo, sin el blindaje, los mandamos a la guerra sin el fusil que les permitiera atender las dificultades del narcomenudeo desde el ámbito municipal.
Hoy no podemos dejar la responsabilidad de atender a la seguridad privada, municipio por municipio, los miles de municipios que hay en el país sin atender a una solución común, a una regulación que permita la centralización, la centralización sí, de la información, pero no la centralización de las facultades, porque los municipios siguen teniendo, siguen teniendo sus facultades y no las están aplicando en toda su extensión.
Hay, para quienes defienden al municipio y al municipalismo, les dejo en claro, he planteado reformas para que los municipios cobren impuestos sobre los alcoholes, para que los municipios dejen de vender el patrimonio municipal que es de los habitantes y no de las administraciones municipales, silencio absoluto.
He planteado la necesidad de que el municipio evolucione y tenga otras posibilidades en el siglo XXI y no se ha hecho, sino solamente defensas acendradas del municipio en el viejo concepto. Hoy la defensa del municipio es atender al igual de los estados a apoyar esta ley que felicito a las comisiones que participaron en ellas, felicito a quienes han apoyado en esta tribuna hoy, el voto para esta ley.
Y le pido a quienes han establecido que no van a votar porque es una violación al municipio o al federalismo, me parece que no están, es un apoyo al municipio, es un apoyo las entidades, es un apoyo a los ciudadanos, es un apoyo a las policías todas de este país que tendrán la coadyuvanza; la coadyuvanza en las fuerzas de seguridad particular y privada y que si hubiera por ahí y acepto lo que ha presentado el maestro Bartlett, que si hubiera por ahí una duda respecto de su estructura y de su constitucionalidad que fue prevista vía por las comisiones y por los relatores, que si hubiera alguna duda, que se dilucide, pero por lo pronto no nos vayamos el día de hoy y no nos vayamos de esta Legislatura sin dejar resuelto un de los grandes problemas que tiene el país en seguridad pública.
Muchas gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Patricio Martínez García.
Informo a la Asamblea que ha solicitado hacer uso de la tribuna para hablar en contra del dictamen, la Senadora Dolores Padierna del Partido del Trabajo.
Tiene el uso de la voz la Senadora Dolores Padierna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias Presidente.
Esta iniciativa no es de mis comisiones, pero he estado escuchado y la verdad me parece un asunto verdaderamente grave, que nos tendrán que explicar cuál es el motivo y la razón que nos tiene con este tema y con un mayoriteo inminente.
Si se trata de regular la función de los servicios privados de seguridad, pues entonces se tendría que eliminar del artículo 21 constitucional que el tema de los servicios auxiliares y los servicios coadyuvantes, etcétera.
Dimos una discusión muy profunda cuando estuvimos viendo la Ley de Seguridad Interior, si ni al ejército se le dio la posibilidad, no se le debe de dar la posibilidad de la seguridad pública, porque es una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y en los estados de las secretarías de seguridad estatales, si al ejército no, pues mucho menos puede ser una facultad privada de los privados.
El artículo constitucional no faculta a ningún particular para brindar los servicios públicos de seguridad.
Si el Ejecutivo dice, es que estoy recordando las palabras del Senador que dice que cuando ellos fueron presidentes municipales, debió haber sido en el siglo pasado, donde solamente contaba la ley del partido de Estado, donde no había Constitución válida, donde todo era monopolizado por un partido en México.
Tal vez en aquel siglo pudiera haber sido aceptable por aquellas legislaturas, pero no podemos hacerlo en el siglo XXI, donde nuestro país está hecho un baño de sangre, con responsabilidades atribuidas justamente a que las leyes no se respetan y hoy quieren legalizar una completa claudicación del Estado en materia de seguridad pública.
Esto nos parece, simple y sencillamente la privatización de los servicios de seguridad en favor de los privados, es por supuesto una ley muy inconstitucional y pone por encima los intereses económicos de los privados por encima de la Constitución y del Estado.
Dice aquí el Senador que me antecedió en la palabra que hoy tiene que ser esta Legislatura aunque lo hagamos mal, dice él, ya los demás van a corregir, ya las demás legislaturas que lo compongan. No, Senador, nosotros tenemos que legislar bien, siguiendo el marco constitucional, haciendo respetar nuestras facultades, no hacer hoy malas cosas y que otras legislaturas nos corrijan la plana. Yo no estoy de acuerdo en hacerlo así.
Dice él que es un apoyo a la ciudadanía. La ciudadanía tiene derechos y el principal derecho es el de la seguridad pública y quien se lo tiene que garantizar es el Estado mexicano, no es una ayuda a la ciudadanía, es un derecho ciudadano y si ustedes no pueden, pues sálganse del gobierno y si no se salen, pues la ciudadanía justamente los va a sacar para poder tener un Estado que verdaderamente garantice los derechos ciudadanos y el principal es el de la seguridad, la responsabilidad de la seguridad pública corresponde al Ejecutivo, no a los privados por más dinero que tengan.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Ha solicitado el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen, el Senador Jorge Luis Preciado, del Partido Acción Nacional.
En uso de la tribuna el Senador Preciado.
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Anoche, ya de madrugada estaba leyendo a un filósofo alemán que para mí es de los favoritos, a Jürgen Habermas y su teoría de cómo sí, y Habermas plantea la diferencia entre ficción y realidad.
A veces en la ley tratamos la ficción como si fuera realidad y la realidad como si fuera ficción.
Y me explico.
A veces no aceptamos la realidad y le ponemos una gota de ficción, y es esa gotita la que al final al ver a través de ella formamos una realidad distinta.
Por ejemplo.
Cuando uno le pregunta al pueblo afgano: ¿Quién hizo la Constitución de Afganistán? El pueblo dice: “el pueblo de Afganistán”. Y la realidad es que la hizo Estados Unidos.
Cuando uno le pregunta al pueblo cubano: ¿Quién hizo la Constitución de Cuba? Te contestan: “el pueblo cubano”. La realidad es que lo hizo Fidel.
Cuando uno le pregunta al pueblo mexicano: ¿Quién hizo la Constitución? Te dicen: “el Constituyente del 17”. Y la realidad es que el texto cuando llegaron ya había un texto inicial de Carranza.
Hay que discutirlo.
Pero la realidad…
El día que quiera podemos discutir constitucional, acá al frente, Senador.
La realidad es que cuando se plantea que el Estado ha claudicado al tema de seguridad pública, hay que ver la realidad, y la realidad es que el Estado no ha podido garantizar la seguridad de los ciudadanos, la realidad es que el Estado en muchas partes del país no sólo no la garantiza, sino propicia la inseguridad de muchos ciudadanos que viven con el Jesús en la boca, para poder saber que su familia regresará bien a casa.
El Estado no ha podido.
Cuando terminó la administración en el año 2012, había 38 mil policías federales, la intención es que el Estado mexicano pudiera incorporar 5 mil policías federales por año, y hoy tendríamos un promedio de 80 mil policías federales, lo cual no sucedió.
La realidad es que la gente está en la calle y está con miedo.
Y la realidad es que si estamos esperando a que el Estado resuelva el problema de seguridad, van a pasar muchos años.
Y la otra realidad es que hay casi medio millón de policías privados o agentes de seguridad privada, o personas que trabajan en seguridad privada que de alguna forma para ciertas empresas que tienen el temor de ser robadas, para ciertos lugares que tienen temor de ser asaltados, o para cuidar a ciertas personas que tienen temor de ser secuestradas, como han ocurrido los últimos 7 mil secuestros en nuestro país, pues debemos darles esa posibilidad, regulada por supuesto, cuidada por esta ley.
Es una realidad de cuando no existía, y aun existiendo la capacidad de algunas personas para tener escoltas, por ejemplo.
Y pongo el caso de mi estado.
Hoy hay 438 policías estatales cuidando funcionarios públicos o a sus familias, y el gran reclamo que ha habido por parte de la oposición en mi estado es: “¿Por qué no lo pagan ellos? ¿Por qué el erario público debe pagar a la policía estatal para que cuida a funcionarios públicos o familiares, o a empresarios?”
La posibilidad de que exista policía privada es precisamente para quitarle esa carga al Estado, y aquel que quiera ser, cuidado, por ser funcionario público, o porque cree que corre cierto riesgo en materia de seguridad que la pague y no le cargue a los demás lo que él tiene que pagar de su bolsa.
En un mundo ideal, o en un Estado ideal, la seguridad pública tendría que cubrirnos a todos. Eso no es lo que pasa en México, más de 200 mil homicidios nos respaldan en esta aseveración, más de 35 mil desaparecidos respaldan esta aseveración.
La matanza de estudiantes en muchos estados del país, respaldan esta aseveración.
No es una claudicación del Estado, es la imposibilidad del Estado de garantizar la seguridad de miles de ciudadanos.
Y si tenemos la posibilidad de tener una seguridad privada que cuide a quien pueda afrontarlo económicamente, lo que estamos haciendo es quitándole esa carga al Estado.
Que hay que regularla.
Que hay que cuidarla, efectivamente.
Yo no creo en la participación de muchos municipios, porque también hay que decirlo, muchos de los municipios de nuestro país, sus funcionarios, están cooptados por el crimen organizado, o amenazados, van en los últimos siete años más de 118 presidentes municipales, asesinados por el crimen organizado.
Dejarle una facultad al municipio, en este momento, sin tratar de oponerme a un federalismo que debe prevalecer, creo que estamos corriendo un riesgo bastante importante, creo que cuando las condiciones del país cambien podremos revisar la iniciativa o la ley, podemos analizar si lo que estamos aprobando el día de hoy fue lo correcto o no, podemos ajustarla si la realidad se modifica, pero no creo en este momento que tengamos que renunciar a la posibilidad que después de 12 años regulemos esta ley.
Yo votaré a favor, así lo he manifestado tanto a quienes acudieron a este Senado, a quienes plantearon su posición a favor, a las empresas, a los trabajadores y, por supuesto, creo que los estados tendrán que asumir esta gran responsabilidad de cuidar quiénes de manera privada están en la calle, quiénes portarán arma, qué exámenes tendremos que hacerle a las escoltas o a los elementos de seguridad privada y, por supuesto, lo más importante, desde aquí haría yo un llamado a mi estado a esos casi 500 policías estatales que cuidan funcionarios de gobierno, que cuidan empresarios, que cuidan familiares y que algunos de ellos, inclusive, los utilizan para llevar los niños a la escuela y hasta para comprar el mandado, que los regresen a atender a la ciudadanía y que el resto que quiera traer seguridad que la tenga que pagar a través de los privados.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Jorge Luis Preciado.
Finalmente, ha solicitado el uso de la palabra, para hechos, el Senador Manuel Bartlett Díaz.
¿Lo quiere hacer desde su escaño, señor Senador, o quiere hacer uso de la tribuna?
En uso de la tribuna, el Senador Manuel Bartlett.
Sonido en el escaño de la Senadora Tagle.
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: (Desde su escaño) Si me puede anotar, por favor, en contra.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora, acabo de dictar el trámite del turno de hechos, el registro de oradores lo anuncié desde el principio de la discusión en lo general.
Si don Manuel Bartlett me permite, y ofreciéndole una sentida disculpa, antes de pasar al apartado de hechos, la Senadora Tagle hablará en contra del dictamen.
Sonido en el escaño del Senador Torres Corzo.
Permítame, Senadora, si es tan amable.
El Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Después del Senador Bartlett, para rectificación de hechos.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Así será registrado, señor Senador.
Adelante, Senadora Tagle, por favor.
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Agradezco mucho al Senador Bartlett y a usted, Presidente.
Por esto, pero me pasó, igual que la Senadora Dolores Padierna, porque al escuchar los argumentos que se han emitido a favor de este dictamen me parece nuevamente una irresponsabilidad más del Senado de la República a estas horas de la Legislatura, las últimas de esta Legislatura del período ordinario, estar legislando de esta manera.
Todos sabemos que la principal responsabilidad del Estado, la primera, por eso se constituyen los Estados-nación, es garantizar la seguridad de sus habitantes, esa es la razón de ser de un Estado.
Y sí, efectivamente, el Estado mexicano ha fallado de manera fundamental en esa tarea que es garantizar la seguridad. Por eso es que muchos analistas han hablado, en varias ocasiones, del Estado fallido que tenemos en nuestro país.
Pero eso no se resuelve, ni con leyes de seguridad interior, como lo hicieron el pasado mes de diciembre, ni reglamentando seguridad privada, porque, por una parte, quieren al ejército en la calle para reprimir a movimientos y grupos sociales; y por el otro lado, a policías privadas, bien armados, capacitados para garantizar la seguridad, aquí lo dijeron, a quien la pueda pagar.
Eso me parece muy grave, muy grave, y no solamente porque sí hace falta regular y reglamentar esa parte de seguridad privada, sin duda, pero emitir ese tipo de argumentos en esta tribuna es de una total irresponsabilidad cuando nosotros formamos parte del Estado mexicano.
Cuando hablo del Estado, no estoy hablando del Poder Ejecutivo, sino nosotros también formamos parte del Estado mexicano y es nuestra responsabilidad garantizar esa seguridad a los ciudadanos, no dejarla a instituciones privadas.
El principal problema en materia de seguridad viene de lo local, del ámbito municipal, y nos hemos negado a ver esa realidad y a generar responsabilidades para que los gobiernos estatales y municipales cuenten con recursos, y además de que esos recursos se destinen a la capacitación y profesionalización de policías, a que haya sistemas de seguridad que se comuniquen entre sí, porque no sucede en este país, y ahora lo queremos resolver por la vía fácil: policías privadas, bien armadas, bien reguladas, con capacidad de incidir.
De verdad, compañeros y compañeras, les pido que no legislemos de esta manera.
No sé cuál es el afán de querer sacar de última hora, todo, todo lo que sea posible, sin que las comisiones sesiones, sin que haya una discusión seria de los temas, sin que nos sentemos a hablar de esto.
Aquí el argumento es que este dictamen tenía varios años esperando en comisiones y ¿por qué demonios, si tenía tantos años esperando en comisiones, lo sacan ahorita al cuarto para la hora?
¿Por qué?
Es un tema fundamental que no se puede legislar sobre las rodillas.
Sí, es urgente hablar del tema de seguridad, sí. Sí, es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país, sí, pero también hay que reconocer que el problema de la seguridad va junto con pegado con el de corrupción e impunidad, y eso tampoco lo hemos terminado de resolver aquí.
Entonces, vuelvo a insistir, por favor seamos responsables, no saquemos legislaciones a vapor, no votemos por querer quedar bien con alguien porque vienen las elecciones.
Démonos cuenta de lo que generan las decisiones que aquí tomamos, porque pueden cambiar y afectar la vida de miles de personas.
¿Hace falta legislar y regular este tema y dar garantías y seguridad jurídica a las policías privadas? Sí, pero hagámoslo bien.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Martha Tagle.
Y una vez más, agradeciendo la gentiliza de don Manuel Bartlett, le corresponde el uso de la tribuna para hechos.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Muchas gracias, Presidente.
El señor Senador, a quien mucho respeto, acaba de pedir para hechos sin saber lo que voy a decir, pero en fin, adelante.
Miren, hemos escuchado una batería de Senadores defender esta ley, raro, porque en algunas otras se han hecho juagues, ni siquiera participan y dejan que se pase el tiempo, con la ayuda del Verde, que siempre sube a lo que sea cuando se lo digan.
Vamos a tocar algunos temas. Bueno, el tema del psicópata, que aquí nos mencionaban, y que la realidad y la mentalidad, pues lo dejaremos para un siquiatra.
Miren, todos han dicho, todos los que han subido, que es necesario regular a las policías privadas, y a los guaruras y todo eso que hay en este momento, 500 mil hombres conocidos, pero, pues, pueden ser muchos más. Nada más en Guerrero, quién sabe cuántos hay.
1.- Aquí el señor Senador dijo que no se sesionó, es suficiente para que no exista el dictamen, no sesionó. Malo, no existe el dictamen.
2.- Sí, en efecto es anti federalista, sin duda alguna, y aquí presumimos de gobernadores, algunos que lo hemos sido. En aquellos tiempos, felices, dice un compañero, sí ha habido una presión brutal en contra de los estados en este gobierno, han acabado con el federalismo.
El Mando Único es anti federalista, ya no digamos anti municipalista, que es peor todavía, han roto la estructura política del país.
De manera que, no sesionaron. Vamos a votar un dictamen que no surge de una sesión, bueno, es una grave violación.
Es una ley anti federalista y es una ley anti municipalista.
Es cierto, hay que regularlo, y es todo lo que han dicho. Nadie está en desacuerdo con regularlo, hay que regularlo, pero hay que regularlo bien, y no para después.
Yo les insistía a ustedes en lo que va a ocurrir con las empresas trasnacionales que van a llegar con su seguridad privada, y no van a estar trabajando estos ejército trasnacionales en beneficio de los intereses del país, van a actuar en contra de campesinos que protesten, en contra de la expropiación, esa que se aprobó en la reforma energética, la ocupación temporal de sus tierras, pero van a tener sus guardias, como lo tienen en todos lados.
Lo describe muy bien en un libro de la ExxonMobil, un imperio privado, se llama, cómo en donde llegan baldean todo, todo el territorio que quieran y tiene sus contactos, tienen sus policías privados, que van a estar en contra de los propios mexicanos.
Por eso insistimos en la constitucionalidad. Aquí se pasa por encima, bueno, no tiene el fundamento constitucional, pero ya se arreglará.
Nosotros tenemos que actuar conforme lo que somos, legisladores, y tenemos que partir de la propia Constitución, y no es cualquier cosa.
Si es infundado, no tiene fundamento constitucional, como lo hemos dicho.
¿Saben qué va a pasar? Bueno, pues se van a amparar en contra de esta ley, no va a servir para nada.
¿Qué no sabían que eso puede pasar?
Cuando no tiene fundamento constitucional la ley, se van a amparar en contra de la ley.
Entonces, para qué hacemos una ley anti constitucional que va a poder ser vulnerada por quien quiera, las grandes empresas extranjeras, las petroleras, las eléctricas, las mineras, etcétera, y su seguridad privada.
Sí se necesita que sea constitucional. ¡Eh!
Y sí se necesita esta ley, pero háganla bien, hombre, háganla bien, porque si no, no sirve para nada. ¡Eh!
Claro, a los que no tengan los recursos para enfrentar una larga demanda de amparo, pues, esos no van a poder hacer nada. Pero los grandotes, los que van a venir con sus ejércitos privados, esos sí tienen jurídicos que son capaces de aguantar lo que sea, y en este caso les estaríamos dando la posibilidad de ampararse de esta ley, que es inconstitucional.
No estamos en desacuerdo con la regulación, al contrario, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien.
Pequeños detalles que quiero comentarles de esta ley, además de su anti federalismo, anti municipalismo.
Miren, les voy a platicar dos cosas, que habían dicho que las iban a quitar, ya termino.
En el Capítulo II (Romano) de los principios generales, sección primera de los fines de la seguridad privada, fíjate lo que dice: “coadyuvar al fortalecimiento de la seguridad pública, etcétera”.
V. La estructuración de un banco de datos, funciones de la seguridad privada, la estructuración de un banco de datos que permita configurar el carácter auxiliar de los servicios de seguridad privada, a la función de la seguridad pública a través de la detección de factores criminógenos, la observación de conductas posiblemente constitutivas de delito que el prestador de servicios ponga en conocimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La integración de un banco de datos con la información de los prestadores de servicio de seguridad.
Pero qué es esto, cómo le pueden conceder facultades de estudio y espionaje y lo que sea a las empresas éstas de seguridad, cómo se le puede dar esa facultad, es facultad del Estado y se le entrega a las corporaciones privadas que van a establecer su seguridad propia, esas son las graves, no los que andan persiguiendo ahí atrás de los políticos y los temerosos para que no los persigan.
No, ese es un problema de ejércitos completos, de presencia extrajera, le vamos a dar facultad de que hagan investigación, hagan estudios de fondo, esa es una locura, perdónenme, eso es una responsabilidad del Estado y se la vamos a dar a la seguridad privada, a esas organizaciones que van a ser las grandes empresas que nos están invadiendo todos los días.
Sí debemos hacerlo, pero hagámosle caso a Ruffo, aquí al Senador, a quienes hemos dicho que está mal, porque la cerrazón no está bien, aunque sea inconstitucional porque urge, bueno, no puede ser más aberrante esa, nos estamos haciendo mal, es inconstitucional.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador don Manuel Bartlett Díaz.
Ha solicitado también el uso de la voz, para hechos, el Senador Teófilo Torres Corzo.
En uso de la tribuna el Senador Torres Corzo.
El Senador Teófilo Torres Corzo: Compañeros seré muy breve, muy, muy breve.
Quiero preguntarles, y ruego su atención, ¿de verdad creen ustedes que para la instalación de una alarma que ayude a la seguridad pública en el cuidado de una casa, de un comercio o de una industria es una violación a la ley?
¿Ustedes creen que para instalar una alarma una persona en su casa que ayude y le dé tranquilidad se requiere reformar el artículo 21 constitucional?
Yo quiero decirles que esta ley de ninguna manera es una claudicación del Estado, tampoco es una privatización de los servicios de seguridad, esta es una ley que va a regular una actividad de varios rubros o modalidades de seguridad privada, entre ellas traslado de valores, alarmas, videocámaras, etcétera, en apoyo de la seguridad pública.
¿En qué parte, compañeros y compañeras del mundo, en qué parte del mundo se impide que se auxilie a la seguridad pública?
¿En qué lugar del mundo no se permite que alguien ponga algún elemento personal o electrónico de ayuda y tranquilidad para su persona?
Por ello, vengo nuevamente a decir que la seguridad privada es una actividad auxiliar de la seguridad pública con el objetivo de realizar acciones complementarias de seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, seguridad electrónica, traslado de valores, entre otros.
Sin mayor discusión, por todo lo que acabamos de decir y todo lo que se ha dicho en esta tribuna, yo les pido a mis compañeras Senadoras y Senadores terminemos con estas exposiciones de opinión y votemos a favor de una ley que viene a beneficiar a los mexicanos, reglamentando las actividades de la seguridad privada.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Teófilo Torres Corzo.
Primero…
Perdón, Senadora Dolores Padierna, me ha solicitado el uso de la voz.
Sonido en el escaño de la Senadora Pilar Ortega.
¿Con qué objeto, Senadora?
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: (Desde su escaño) Presidente, para que me conceda el uso de la palabra, para hechos.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Tiene usted el uso de la voz Senadora.
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Presidente.
Pues simplemente no quería dejar pasar la oportunidad de expresar algunas inquietudes en torno al dictamen que hoy se está presentando al Pleno sobre esta Ley General de Seguridad Privada.
Y lo comento porque, bueno, anticipo que mi voto será en contra porque considero que dentro de la ley no se atiende debidamente a las disposiciones constitucionales, esto es al artículo 21 que regula y establece las reglas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La propia Corte ha determinado, ha establecido resoluciones en el sentido de que la seguridad privada no puede estar fuera del Sistema Nacional de Seguridad Pública, e inclusive parte del dictamen, pues implica la modificación del artículo 152, la derogación del artículo 152 de la propia Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde lo que se establece es que los integrantes de las instituciones de seguridad privada deberán regirse por los principios de actuación y desempeño, y las obligaciones insertas dentro del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Adicionalmente a esto, el régimen que se pretende construir está totalmente fuera del parámetro del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Se establece, por ejemplo, un servicio nacional, que es una unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación denominada “Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada”, cuando esto pudiera estar dentro del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En términos generales considero que sí es necesario hacer una regulación, es urgente hacer una regulación en materia de las funciones que realizan las instituciones de seguridad privada, pero no las podemos sacar de la órbita, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberíamos ir en consonancia y creo, sí, que tiene problemas de constitucionalidad.
También señala, como lo hizo alguien que me antecedió en la palabra, es que dejamos ir la gran oportunidad en este Senado de la República y, en general, en el Congreso de la Unión, de entregarle a los mexicanos un nuevo diseño institucional del Sistema de Seguridad Pública.
No cumplimos en ese sentido a pesar de que se hicieron esfuerzos, de que se mandó una reforma constitucional a la Cámara de Diputados, finalmente se sepultó, y el Congreso de la Unión está entregando mal las cuentas.
Hoy a México le urge un nuevo diseño institucional del servicio policial en los tres ámbitos de gobierno y, sí, también le urge un Sistema de Seguridad Privada, pero éste que nos están presentando, aun cuando tiene bondades, aun cuando es necesario generar una regulación, no puede hacerse al margen del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es cuanto, Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Pilar Ortega.
Senadora Dolores Padierna, usted había solicitado el uso de la palabra.
Con mucho gusto, tiene usted el uso de la voz para hechos.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Perdón, Presidente, pero el Senador Torres Corzo preguntó que, dice: “si para poner una alarma que ayude a la Secretaría es una violación a la ley”
¿Poner una alarma en su casa, para eso se requiere reformar la Constitución?
Pues evidentemente que no. Pero si usted regula esta ley para esto, no necesitamos una Ley General.
Una ley en los Congresos de los estados que regule estas actividades a nivel municipal y estatal es más que suficiente.
Por eso el Senador tiene toda la razón, no necesitamos una Ley General para estas cosas, pero sí es necesario regular los servicios de seguridad privada como los conocemos.
Pero esta iniciativa que ustedes presentan, se excede al decir que las policías privadas son auxiliares y usted lo vuelve a repetir que son auxiliares en materia de seguridad pública y de prevención del delito.
Así está escrito en esta iniciativa y eso es evidentemente inconstitucional, porque la seguridad pública únicamente compete al Ejecutivo, no a los privados, no al ejército, no a nadie, a los que no han hecho su función, a esos son a los que les toca.
Pero déjeme traer la ley de la seguridad en la Ciudad de México, de la seguridad privada de esta ciudad.
La ley de esta ciudad regula la seguridad privada para regular justamente las actividades que usted dice y no son órganos auxiliares. Ellos pueden hacer, las facultades que tienen son resguardar los inmuebles, acompañar a personas, resguardar bienes privados.
Y pongo ejemplos, Cometra, las policías de Liverpool, estos que vemos, pero eso las regulan las leyes locales.
Debe haber una Ley General, porque la Federación no le puede imponer a los estados en su soberanía leyes de esta naturaleza, para eso están los Congresos locales.
Y simplemente no hay que minimizar, ni ridiculizar. Cambien la redacción, no le pongan facultades inconstitucionales y se las aprobamos.
Pero tal como ustedes las ponen, que esta seguridad privada son auxiliares en materia de seguridad pública, eso viola el artículo 21 constitucional.
Cambien la Constitución si no les gusta, pero de momento no la violen.
Gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Dolores Padierna.
Sonido en el escaño del Senador Torres Corzo.
¿Con qué objeto, señor Senador?
El Senador Teófilo Torres Corzo: (Desde su escaño) Para alusiones personales.
Desde aquí puedo pedir para alusiones personales, pero quiero decirle que respeto profundamente a la Senadora Padierna, respeto su opinión y no intervendré para alusiones personales.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Torres Corzo.
Corresponde el uso de la voz al Senador Alejandro Encinas, que ha solicitado la tribuna para hechos.
En uso de la misma, el Senador Encinas.
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo también voy aludir al Senador Teófilo Torres Corzo, porque en su intervención él iba a afirmar que esta Ley General de Seguridad Privada no era el reflejo de la claudicación del Estado de la función primigenia de garantizar la seguridad de las personas en su patrimonio.
Y coincido, no es la claudicación, pero sí es la mejor evidencia de la ausencia y la debilidad del Estado para enfrentar los problemas de la seguridad pública en el país.
Hay que celebrar que este debate, efectivamente, lo dijo el Senador Patricio Martínez, se dio desde el 2006 en el Sistema Nacional de Seguridad Pública ante la proliferación de esos organismos que nos representan ya en nuestro país tener en las calles y en las casas de todos los habitantes de México, pues un ejército armado fuera del control de la autoridad.
Y si bien se tiene que cumplir con los requisitos en el registro y la autorización para la portación de armas, lo cierto es que hasta ahora no se ha dado en el clavo para poder garantizar que los integrantes de estos cuerpos de seguridad privada estén sujetos a un control del Estado que permita evitar su vínculo con la delincuencia organizada o incurrir en acciones de corrupción que nos lleva a que en alguna corporación privada los den de baja, pero sean contratados en otra entidad o en otro municipio por ya sean cuerpos de seguridad pública o por otras empresas de seguridad privada.
Creo que, efectivamente, es muy importante regular estos cuerpos de seguridad privada, en el ánimo de que pronto desaparezcan. No que ante la situación de emergencia derivada de la ausencia y debilidad del Estado sean de carácter permanente.
Y eso es la gran ausencia de esta ley, una Ley General que habrá que analizarse con cuidado las competencias del Congreso de la Unión para legislar en la materia, porque anteriormente esta legislación y regulación de los cuerpos de seguridad privada estaban dentro del ámbito y el Sistema Nacional de Seguridad Pública y ahora salen de éste ámbito y se incorporan a la jurisdicción de la Secretaría de Gobernación en donde se le otorgan ahora facultades y competencias adicionales, que esa es mi principal preocupación en este texto.
Ya que, por ejemplo, en el artículo 151 de la ley vigente, los servicios de seguridad privada se consideraban como órganos auxiliares de la autoridad en las tareas de seguridad pública y ahora se amplían estas competencias para que estos puedan desarrollar actividades en el ámbito de la Federación de los estados y los municipios con una facultad adicional que creo que debió haber revisado con mayor atención las Comisiones Unidas, ya que en el artículo 6, en su fracción V, al momento de establecer que en la aplicación e interpretación de esta ley en el ámbito administrativo, corresponde a la Federación a través del servicio nacional señala que se conformará, se tendrá que estructurar un banco de datos que permita consolidar el carácter auxiliar de los servicios de seguridad pública a la función privada, a la función pública, a través de la detección de factores criminógenos, etcétera, lo cual el prestador del servicio privado, y ese es el problema de fondo, debe poner en conocimiento del Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada la información de que disponga.
Es decir, de hecho, además de autoridades auxiliares en la cuestión de seguridad pública, van a poder hacer tareas de investigación criminológica y hacer llegar esta información a la Secretaría de Gobernación en su carácter de autoridad auxiliar.
Yo creo que en lugar de ampliar las facultades y competencias que no las tenían estos órganos o estos organismos, estas empresas de seguridad privada, se está ampliando y está esto demeritando y debilitando más a los cuerpos de seguridad pública, que debería ser la intención fundamental de este Congreso su fortalecimiento.
Por eso nuestras dudas y nuestro voto en contra de esta Ley General.
Muchas gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Alejandro Encinas.
Finalmente, ha solicitado también el uso de la voz desde su escaño, el Senador Patricio Martínez, para hechos.
El Senador Patricio Martínez García: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.
Muy breve.
Quedó registrado en las intervenciones que se tuvieron aquí, que aquí habíamos estado pidiendo al ejército en las calles para reprimir a los ciudadanos.
Esto no es correcto, pido con esta intervención el que se corrija esta percepción que se está dando.
Nunca, nadie, ha pedido aquí tener al ejército en las calles para reprimir a los ciudadanos. Uno.
Y dos. Con esta ley no estamos creando policías privadas, estamos reconociendo que existe, como lo hace la ley desde el 2006 y, en todo caso, actualizando la realidad en el marco del 2018, muy diferente al del 2006.
Gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Patricio Martínez.
Al no haber más oradores registrados en lo general, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.
Informo a la Asamblea que el Senador Ernesto Ruffo Appel, entregó una propuesta para modificar el artículo 8 del proyecto de Ley General de Seguridad Privada, el cual queda reservado.
Sonido en el escaño del Senador Ruffo.
El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Solo para pedir que sea el Senador Romero Hicks quien presente la reserva.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se atiende, desde luego, su solicitud, Senador Ruffo.
¿Alguien más desea hacer o registrar alguna reserva en el articulado?
De no ser así, y haberse discutido amplia y exhaustivamente el dictamen con oradores a favor y en contra, se procederá a hacer la votación en lo general y los artículos no reservados.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general, y de los artículos no reservados.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Nuevamente les pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Señor Presidente, se recibieron 57 votos a favor; 36 en contra y tres abstenciones.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias Senadora Secretaria.
En consecuencia queda aprobado en lo general. Y, los artículos no reservados del proyecto de decreto.
(Aplausos)
Tiene el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar la reserva registrada por el Senador Ruffo, pero que será presentada por el Senador Romero Hicks, respecto al artículo 8 del proyecto de ley General de Seguridad Privada.
En uso de la tribuna el Senador Romero Hicks.
Lo hará desde su escaño.
Sonido en el escaño del Senador Juan Carlos Romero Hicks.
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.
Ha quedado acreditado que este ordenamiento propuesto es inconstitucional, no estamos en contra de la preocupación, es el mal diagnóstico y el mal dictamen.
El tema de seguridad privada no puede estar fuera del tema de seguridad pública, y lo que estamos proponiendo el Senador Ruffo y un servidor, con el gran consejo de Pilar Ortega es modificar el artículo 8 para que haya un acompañamiento de las entidades federativas, y lo que estamos sugiriendo, aunque el tema de fondo es mayor, es que las atribuciones de la Federación se incorpore lo siguiente:
Que en este caso el servicio nacional deberá obtener la autorización de las entidades federativas y municipios respecto de los prestadores de servicio de seguridad privada, a efecto de respetar la autonomía constitucional en materia de seguridad pública prevista en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias Senador Juan Carlos Romero Hicks.
Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación al artículo 8, que como reserva registró el Senador Juan Carlos Romero Hicks y el Senador Ernesto Ruffo Appel.
Inmediatamente consultará la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Propone agregar un párrafo que dice así: “En este caso, el servicio nacional deberá obtener la autorización de las entidades federativas y municipios respecto de los prestadores de servicio de seguridad privada a efecto de respetar la autonomía constitucional en materia de seguridad pública prevista en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
No se admite a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto y el artículo 8, previamente reservado en los términos del dictamen.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
Para mayor claridad de la Asamblea, me permito precisar. Votar a favor es votar en el sentido de los términos del dictamen. Votar en contra es precisamente no aprobarlo en los términos del dictamen.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto, ¿si falta algún ciudadano Senador o Senadora por emitir su voto?
Nuevamente pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Señor Presidente, se recibieron 50 votos a favor; 35 votos en contra y una abstención.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.
Queda aprobado en consecuencia el artículo 8 del proyecto de Ley General de Seguridad Privada.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se expide la Ley General de Seguridad Privada.
Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
Hace unos momentos, honorable Asamblea, dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, en materia de población discapacitada.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se dispensa la segunda lectura, Senador Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
En uso de la tribuna la Senadora Merodio Reza.
La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros, Senadores:
En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor del pleno respeto a la difusión, promoción, protección de los derechos humanos, particularmente con aquellos sectores considerados como grupos vulnerables, entre los que se encuentran las personas con discapacidad y los adultos mayores.
Dicho lo anterior, me dirijo ante esta Asamblea, para hablar a favor de la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Salud y la Ley General de Población, que estimo de la máxima relevancia, mismo que fue atendido por las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.
El dictamen que hoy discutimos y que ponemos a consideración de esta Asamblea, sienta las bases del Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, la modificación al artículo 22 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, plantea que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, deberá garantizar la información de los registros administrativos de la administración pública, así como las encuestas que incluyan preguntas enfocadas a personas con discapacidad.
Además promueve que la Secretaría de Salud y Gobernación coadyuvarán en la recopilación de la información, así como el concentrado de la misma.
Este registro constituye un insumo medular que facilita el andamiaje e instrumentación de políticas públicas focalizadas incluyentes, que atiendan las principales problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias.
En este tema, quiero reconocer el apoyo de las Senadoras y Senadores involucrados para hacer posible la aprobación de este dictamen en comisiones.
Destaco el apoyo del Senador José María Tapia, quien encabezó en Estudios Legislativos, Segunda, esta causa, así como al Presidente Félix Benjamín Hernández Ruiz, que también nos brindó su apoyo.
También la participación de todos los integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables, a la Senadora Hilda Flores Escalera, la Senadora Margarita Flores Sánchez, la Senadora Sylvia Martínez Elizondo, el Senador Daniel Amador Gaxiola, así también como el Senador Héctor Larios Córdova, que adoptaron como suyo el dictamen.
Quiero destacar que fue de suma relevancia el apoyo decidido del Presidente de la Mesa Directiva, del Senador Ernesto Cordero y también del coordinador del grupo parlamentario del PRI, al Senador Emilio Gamboa Patrón.
Muchas gracias por su apoyo.
Quienes se han sumado también a esta causa y estamos también seguros que estamos todos los que estamos presentes en este Pleno tomando una buena decisión.
Quisiera resaltar que este trabajo lo empezamos a realizar en conferencia con la Cámara de Diputados cuando estaba el Diputado Gustavo Madero y, posteriormente, con su suplente y Diputado que hoy está al frente de esta comisión en la Cámara de Diputados, Fernando Meza.
Es importante señalar que estamos en un país que requiere urgentemente de la colaboración interinstitucional para lograr acciones transversales, acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
Por ello, compañeras y compañeros, les pido su apoyo para que pueda ser aprobado este dictamen que fue trabajado ya en Comisiones Unidas, y que es una minuta que viene de la Cámara de Diputados.
Muchas gracias a todas y a todos por su atención.
Y muy buenas tardes.
Gracias, Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Merodio Reza.
Está a discusión el dictamen.
Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay artículos reservados, el dictamen se reserva para su votación nominal, una vez que concluya la discusión de los otros dictámenes con proyecto de decreto.
Tenemos ahora la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, en materia del subsistema de seguridad pública e impartición de justicia.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.
Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron una versión modificada en la parte expositiva del dictamen que no altera los resolutivos conocidos por las comisiones y sobre el que se dio la primera lectura.
Está a discusión en lo general.
Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay artículos reservados, el dictamen se reserva para su votación nominal, una vez que concluya la discusión de los otros dictámenes con proyecto de decreto.
Honorable Asamblea:
Pasamos ahora a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en materia de modernización de aduana y prácticas de comercio.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Diva Hadamira, a favor.
Senadora Tagle, ¿en qué sentido? En contra.
Senador Barroso, a favor.
Senador Flores, a favor.
Senador Irízar, a favor.
A favor 71 votos; en contra 17 y cero abstenciones.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.
En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en materia de modernización de aduana y prácticas de comercio.
Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de armonización de la norma con diferentes compromisos internacionales para evitar el aumento de la temperatura del planeta.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Pregunto, ¿si falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto?
¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Senadora Martha Tagle, ya está.
De no haber ningún Senador o Senadora que falte por emitir su voto.
Doy cuenta de la votación.
A favor, 82 votos; en contra cero votos y una abstención.
Con la Senadora. ¿En qué sentido, perdón? A favor.
Serían 84 votos a favor, cero en contra y una abstención.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.
En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de armonización de la norma con diferentes compromisos internacionales para evitar el aumento de la temperatura del planeta.
Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
Pasamos ahora a la votación del dictamen de las Comisionas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, en materia de población discapacitada.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Senadora ¿en qué sentido? A favor. Queda registrado.
Senador ¿en qué sentido? A favor.
¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?
Senador Flores, a favor.
¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?
Senadora ¿en qué sentido? A favor.
Senador Monreal, a favor.
Senador Luis Sánchez, a favor.
¿Alguno más o alguna más que falte por emitir su voto?
De no ser así, damos cuenta de la votación.
Les informo que quedan 86 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria.
Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, en materia de población discapacitada.
Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 71 constitucional.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, en materia de subsistencia de seguridad pública e impartición de justicia.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Les informo, Senadores y Senadoras, que aún se encuentra abierto el sistema electrónico.
¿Pregunto su falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Senador Gándara, ¿en qué sentido? A favor.
¿Algún Senador o Senadora que falte aún por emitir su voto?
De no haber ningún Senador o Senadora que falte por registrar su voto.
Senadora ¿en qué sentido? A favor.
Senador Pedroza.
Senador Teófilo Torres Corzo, a favor.
Senadora Pilar Ortega, a favor.
Senadora ¿también en qué sentido? A favor.
Senador Santana, ¿en qué sentido? A favor.
¿Ya no hay ningún Senador o Senadora por emitir su voto?
De no ser así damos cuenta de la votación.
Les informo que tenemos 83 votos a favor; cero votos en contra y cinco abstenciones.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Secretaria.
Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, en materia de subsistema de seguridad pública e impartición de justicia.
Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
Informo a la Asamblea que recibimos de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore a la agenda de este día.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza se integre a los asuntos del día de hoy.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo, Presidente, que sí se autoriza la incorporación.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Secretaria.
El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: En votación económica, consulto a la Asamblea si se autoriza que se omita le lectura de este dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo, Presidente, que sí se autoriza se omita.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen anterior.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo, Presidente, que sí se dispensa la lectura del dictamen.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Secretaria.
En consecuencia, está a discusión.
En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados, se reserva para su votación nominal, después de la discusión de los siguientes dictámenes.
Informo a la Asamblea que recibimos de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, dictamen con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento del Sistema de Bibliotecas.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore a la agenda de este día.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos del día de hoy.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo, señor Presidente, que sí se autoriza su incorporación.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: De igual manera, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza se omita la lectura de este dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo de la forma acostumbrada.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea no asiente)
Informo señor Presidente, que sí se autoriza.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Secretaria.
Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que se dispense la segunda lectura de dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza a que se dispense la segunda lectura de este dictamen.
Quienes estén porque así sea, manifestarlo de la forma acostumbrada.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no sea así, favor de manifestarlo de igual manera.
(La Asamblea no asiente)
Le informo señor Presidente, que sí se autoriza.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: En consecuencia, está a discusión el dictamen.
Al no haber oradores, consulte a la Asamblea si existe el interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, si existe interés de reservar algún artículo del documento.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Tiene el uso de la palabra la Senadora Sylvia Martínez.
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: Con su venia, señor Presidente.
Muy buenas tardes, compañeros y compañeras.
Hoy me presento aquí frente a ustedes como Presidenta de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, para manifestarles las razones por lo que votaré a favor, pero sobre todo, estoy en esta alta tribuna para invitarlos a que ustedes voten en el mismo sentido.
Este dictamen se refiere al tan necesario Reglamento del Sistema de Bibliotecas, mismo que es fundamental para normar las importantes actividades del funcionamiento de nuestros principales activos del conocimiento, los libros.
Los acervos y las Bibliotecas del Congreso son importantísimos, no sólo para los legisladores, sino para el país, ya que contamos con el depósito legal, áreas especializadas, colecciones de alta valía y la misma gente que puede generar documentos de suma trascendencia.
El presente Reglamento es el resultado no sólo de la suma de esfuerzos, sino de un trabajo conjunto, plural e incluyente que comenzó en la Legislatura LXII, en el año 2012.
Para ello se diseñaron una serie de acciones tendientes a identificar la realidad del sistema. Un trabajo en el que participaron con un gran compromiso todos y cada uno de los legisladores que han integrado la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas que hoy me honro en presidir.
Asimismo, en la redacción se contó con la participación y colaboración de los titulares de los servicios bibliotecarios de ambas Cámaras y de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que la ha dotado de seriedad enfocándose en la materia.
Este es un paso muy importante, pues al carecer de marco jurídico que define el sistema en el que se establezcan sus fines esenciales, su estructura y la forma en que deberán articularse, así como el funcionamiento de la Comisión Bicameral.
Apelo su sensibilidad en temas tan nobles como éste y los conmino a votar a favor, así como espero que en caso de ser aprobado, la Cámara revisora haga lo propio.
Confío en que en Cámara de Diputados traiga el tema con la seriedad que merecen y la voluntad política necesaria.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Sylvia.
Consulto a la Asamblea, si hay algún Senador o Senadora que desee hacer alguna intervención en la discusión en lo general del dictamen.
Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea, si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay artículo reservado, se reserva para su votación nominal una vez que concluya la discusión de los otros dictámenes con proyecto de decreto.
Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva, un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencia a padres con hijos enfermos.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos del día de hoy el dictamen referido por la Presidencia.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, de igual forma, manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo Presidente, que sí se autoriza su incorporación.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Secretaria.
El dictamen está disponible en sus escaños.
Por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que se omita la lectura del dictamen.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones del Presidente, consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que se omita la lectura de dictamen.
Quienes estén porque así sea, favor de levantar su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, manifestarlo de igual forma, levantando su mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo Presidente, que sí se autoriza.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Secretaria.
Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza a que se dispense la segunda lectura del dictamen.
Quienes estén porque así sea, manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, de igual forma, manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo Presidente, que sí se dispensa la segunda lectura.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Secretaria.
Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Tapia, Presidente de la Comisión, para presentar el dictamen a nombre de las Comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
Senador José María Tapia Franco.
El Senador José María Tapia Franco: Con su autorización, Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores.
Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, hicimos conciencia y apegados a una sensibilidad en la que imperó por unanimidad a todos los miembros de dichas comisiones, presentamos un dictamen con proyecto de decreto de esta iniciativa, la misma que tiene por objeto adicionar y reformar diversas disposiciones en materia de trabajo, a efecto de otorgar licencias para padres y madres trabajadoras de niñas, niños y adolescentes diagnosticados con cáncer de cualquier tipo para ausentarse de sus labores durante el tratamiento oncológico.
Es importante señalar que la presente iniciativa busca otorgar licencias laborales a padres trabajadores con un menor diagnosticado con cáncer por un tiempo determinado.
Por otro lado, el patrón que se ubique en el supuesto de tener a un trabajador gozando la licencia multicitada para acompañar al menor al tratamiento oncológico tendrá la facultad de contratar a una persona por el tiempo determinado con el fin de sustituir temporalmente a aquel trabajador que se encuentra gozando de la mencionada licencia.
En el supuesto que se ubican en esta iniciativa, la relación de trabajo se suspende, luego entonces, el trabajador no tiene obligación de prestar el servicio y, en consecuencia, no tiene el patrón la obligación de pagar el salario.
En la actualidad cuando un menor es diagnosticado con cáncer y está sujeto a un tratamiento oncológico, llámese quimioterapia, radioterapia o radiación, requiere de la presencia del padre, madre o tutor, razón por la que el padre o la madre al acompañar a su hijo a la institución médica de que se trate, tiene la posibilidad de ser despedido de forma jurídica.
La salud pública y la atención médica deben constituirse como los elementos fundamentales para garantizar la protección de la salud, tal como lo establece nuestro artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, la seguridad social debe atender todas y cada una de las necesidades de nuestra realidad, toda vez que estas enfermedades, además del impacto físico que suponen, tienen consecuencias socioeconómicas generando con ello un incremento en el gasto del bolsillo de los mexicanos para ser frente a los costos de la enfermedad y su duración.
Estas comisiones coinciden con las propuestas de las y los Senadores firmantes, particularmente en adicionar y modificar el ordenamiento jurídico y la legislación secundaria para establecer una licencia a los padres y madres trabajadores de niños y niñas afectados con cáncer.
Para que puedan ausentarse justificadamente a su trabajo durante un tiempo determinado con el objeto de prestarles la atención, acompañamiento y/o cuidado personal, recibiendo durante el período de este tratamiento oncológico un subsidio que reemplace parcialmente su remuneración mensual, por lo que los invito, respetuosamente a votar a favor de la iniciativa.
El cáncer infantil es la causa número uno de muerte en niños de 5 a 14 años de edad en México.
En México actualmente hay más de 23 mil familias que tienen un caso de cáncer infantil en sus hogares y cada año se aumentan en 5 mil personas el número de diagnosticados con esta enfermedad.
Considerando que en México se estima que cada año el diagnosticar alrededor de 5 mil casos de nuevos casos de cáncer, menores de 18 años y que la prevalencia máxima de esta enfermedad genera ese grupo.
En los casos de pacientes de menores de edad diagnosticados con cáncer, los hospitales del tercer nivel con mayor número de atención de pacientes oncológicos en la República mexicana exigen un protocolo médico, que alguno de los padres o tutores del menor permanezca dentro del hospital acompañándolo durante el suministro de las quimioterapias, radiaciones, intervenciones quirúrgicas o internamiento.
Lo anterior debido a tanto el cáncer como sus tratamientos debilitará el sistema inmunológico del menor.
Esto significa que las personas con cáncer tienen mayores posibilidades de desarrollar infecciones, por ello la presencia de los padres o tutores es necesaria en caso que se deban tomar decisiones urgentes sobre el tratamiento de dichas infecciones.
Compañeras y compañeros Senadores:
Es una iniciativa que las Comisiones Unidas dictaminamos unánimemente por ser ella un cuidado a la niñez mexicana.
Los exhorto y los invito a votar en favor de nuestros niños y de los trabajadores de México.
Muchas gracias, señor Presidente.
Es cuanto.
(Aplausos)
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Tapia Franco.
Está a discusión en lo general.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Pilar Ortega, para hablar del dictamen.
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias señor Presidente.
Pues muy emocionada, señoras y señores legisladores porque finalmente el día de hoy se pueda estar aprobando este dictamen a diversas… que establece diversas disposiciones, diversas reformas a diversas disposiciones legislativas en materia laboral, en materia de seguridad social y, que además es una iniciativa que viene de la sociedad civil, que fue emprendida por la sociedad civil a partir de la Fundación Cáncer Warriors y de quienes la dirigen, y que tiene que ver justamente con una demanda de padres de familia que desean estar cerca de sus hijos que hoy lamentablemente enfrentan una difícil situación con esta terrible enfermedad que es el cáncer y todo lo que ello implica para la familia.
Creo que hay que hacer un reconocimiento inicial a la sociedad civil, a este movimiento ciudadano que se gestó y que se puede constatar a partir de 150 mil firmas de ciudadanos que en todo el país han firmado a favor de esta iniciativa.
Un reconocimiento muy especial al Senado, al Presidente del Senado, el Senador Ernesto Cordero, que de manera personal tomó la causa y la estuvo promoviendo, estuvo trabajando para que esto finalmente sucediera; un reconocimiento al Senador José María Tapia, que acaba de presentar este dictamen, y que también fue clave en que esto finalmente se pudiera lograr; un reconocimiento a todos los grupos parlamentarios, porque prácticamente todos suscribieron esta iniciativa a través de distintos legisladores y que finalmente retomaron esa iniciativa que viene desde la sociedad civil.
Con esta reforma se establecen incentivos muy importantes para aquellos padres de familia que enfrentan la terrible situación de tener un hijo, una hija; un niño, una niña con cáncer, y que derivado de ello y, por prescripción médica deben estar presentes, deben acompañar a sus niños en este tratamiento, por lo que implica, ya de por sí esta enfermedad trae una carga importante de sentimientos en la familia, además de ello, pues también es un tema que involucra la parte laboral, porque pues está documentado que muchos padres lamentablemente tienen que perder su empleo por enfrentarse a esta situación.
Con esta reforma esto no sucederá, porque se establecerá un sistema a través del cual estos padres pueden gozar de una licencia laboral para poder ausentarse, además de un subsidio para efecto de enfrentar esta situación, no a cargo de los patrones, que eso también creo que es importante que se clarifique, y en términos generales creo que hoy estamos generando cambios muy importantes sustantivos en materia de seguridad social, sobre todo en materia de generar incentivos, de generar un respaldo por parte del Estado a todas las familias que hoy en México enfrentan una situación tan difícil como ésta.
Enhorabuena por este dictamen, mis felicitaciones a las comisiones dictaminadoras y, por supuesto, pedirle al Pleno que vote a favor este dictamen.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Pilar Ortega.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Ernesto Cordero Arroyo.
El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Presidente.
Muy buenas tardes compañeros.
Primero, agradecerles todo su apoyo a esta iniciativa que desde que se presentó en esta tribuna por un grupo plural de Senadores de todos los grupos parlamentarios tuvo un amplio respaldo y no recuerdo iniciativa que haya tenido un mayor número de Senadores presentándose y sumándose a esta iniciativa.
O sea que esta iniciativa es de todos y es una iniciativa noble, una iniciativa noble que ya fue descrita por mi compañero el Senador Tapia y la Senadora Pilar Ortega.
Lo que me queda es decir que, pues que por nuestro paso en este Senado hemos hecho muy buenas cosas, hemos hecho transformaciones importantes para nuestro país, pero también hemos hecho cosas que tocan a las familias mexicanas, hay 23 mil familias que tienen a una niña, a un niño con cáncer, y que seguramente pues estarán muy felices de que hoy el Senado de la República haya respondido como nos toca.
Quiero agradecer y decirlo con toda claridad a la Secretaría de Hacienda, que en un acto inusual, mostraron sensibilidad y un buen corazón, y aunque esta iniciativa tiene un costo presupuestal importante, mostraron nobleza y el Secretario de Hacienda enarboló también esta causa dentro de la Administración Pública Federal y eso no es un hecho común y por eso hay que señalarlo y hay que darle el mérito que le corresponde también al señor Secretario de Hacienda.
Espero que en la Cámara de Diputados tenga tan buena recepción como la tuvo aquí en el Senado de la República y podamos irnos con la tranquilidad de haber cumplido y de haber apoyado una noble causa.
Quiero felicitar las organizaciones de la sociedad civil por el tesón, por la necedad, por la terquedad, por sacar adelante una causa tan noble como esta. Este triunfo es de ustedes, y espero, y la verdad estamos muy satisfechos que el Senado de la República estuvo a la altura de sus anhelos, de sus sueños y de sus aspiraciones.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Ernesto.
Consulto a la Asamblea si hay algún Senador o Senadora que desee anticipar en la discusión del dictamen en lo general.
Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay artículos reservados, se reserva para su votación nominal, una vez que concluya la discusión de los otros dictámenes con proyectos de decreto.
Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Senador Flores, a favor.
¿Algún Senador o Senadora?
Senadora Sonia, a favor.
¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?
Senador Beristain, ¿en qué sentido? En contra.
Senador Félix González Canto, a favor.
Señor Presidente, se recibieron 73 votos a favor; 13 votos en contra y dos abstenciones.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Secretaria.
Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento del Sistema de Bibliotecas.
Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Senador Lucia, a favor.
Señor Presidente, se recibieron 87 votos a favor; cero en contra y cero abstenciones.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento del Sistema de Bibliotecas.
Se remite a la Cámara de Diputados.
Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de licencia a padres con hijos enfermos.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Nuevamente pregunto ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Señor Presidente, se recibieron 87 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
(Aplausos)
Compañeros Senadores:
Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se aprueba el nombramiento de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El dictamen se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños.
En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a sus puntos resolutivos.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Primero.- Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a favor del ciudadano Gerardo Brizuela Gaytán, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio de 2018.
Segundo.- Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a favor del ciudadano Eugenio Castellanos Malo, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio de 2018.
Tercero.- Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Luis Javier Guzmán Ramos, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio de 2018.
Cuarto.- Se aprueba la propuesta de nombramiento, realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano José Guadalupe Medina Romero, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio de 2018.
Quinto.- Se aprueba la propuesta de nombramiento, realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Gustavo Naranjo Espinosa, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio de 2018.
Sexto.- Se aprueba la propuesta de nombramiento, realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Luis Rafael del Carmen Quero Mijangos, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio de 2018.
Séptimo.- Se aprueba la propuesta de nombramiento, realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana Sylvia Marcela Robles Romo, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio de 2018.
Octavo.- Se aprueba la propuesta de nombramiento, realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Alberto Rodríguez García, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio de 2018.
Noveno.- Se aprueba la propuesta de nombramiento, realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana Mónica Karime Bujaidar Paredes, como Magistrada Supernumeraria de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio de 2018.
Décimo.- Se aprueba la propuesta de nombramiento, realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Julio Alberto Castañeda Pech, como Magistrado Supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio de 2018.
Décimo Primero.- Se aprueba la propuesta de nombramiento, realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Juan Pablo Garduño Venegas, como Magistrado Supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio de 2018.
Décimo Segundo.- Se aprueba la propuesta de nombramiento, realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Ernesto Martínez Franco, como Magistrado Supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio de 2018.
Décimo Tercero.- Se aprueba la propuesta de nombramiento, realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana Claudia Palacios Estrada, como Magistrada Supernumeraria de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio de 2018.
Décimo Cuarto.- Se aprueba la propuesta de nombramiento, realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana Elva Marcela Vivar Rodríguez, como Magistrada Supernumeraria de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio de 2018.
Décimo Quinto.- Tómese la protesta de ley a los ciudadanos de los resolutivos anteriores, a efecto de que estén en aptitud de desempeñar el cargo para el que fueron conferidos.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión.
Al no haber oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Dígame, Senador Pedraza.
Sonido en el escaño del Senador Pedraza.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) ¿Sólo en un solo acto la votación?
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Es correcto.
Vienen en un solo dictamen todos estos nombramientos, entonces estamos votando el dictamen.
Si quiere reservarse alguno, díganos y lo reservamos.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Quería todos, pero no, gracias.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.
Hago del conocimiento de la Asamblea que el Senador David Monreal ha hecho llegar a esta mesa su posicionamiento para referirse al dictamen por el que ratifica los nombramientos de las candidatas y candidatos para ocupar el cargo de Magistrados de Sala Regional; y candidatas y candidatos para ocupar el cargo de Magistrados Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Vuelvo a preguntar, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Señor Presidente, se recibieron 49 votos a favor; 17 votos en contra y 17 abstenciones.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los puntos de acuerdo.
En consecuencia, se aprueban los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de las siguientes y ciudadanas y ciudadanos:
Gerardo Brizuela Gaytán, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del 2018.
Eugenio Castellanos Malo, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del 2018.
Luis Javier Guzmán Ramos, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del 2018.
José Guadalupe Medina Romero, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del 2018.
Gustavo Naranjo Espinoza, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del 2018.
Rafael del Carmen Quero Mijangos, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del 2018.
Silvia Marcela Robles Romo, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del 2018.
Alberto Rodríguez García, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del 2018.
Mónica Karime Bujaidar Paredes, como Magistrada Supernumeraria de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del 2018.
Julio Alberto Castañeda Pech, como Magistrado Supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del 2018.
Juan Pablo Garduño Venegas, como Magistrado Supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del 2018.
Ernesto Martínez Franco, como Magistrado Supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del 2018.
Claudia Palacios Estrada, como Magistrada Supernumeraria de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del 2018.
Elva Marcela Vivar Rodríguez, como Magistrada Supernumeraria de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del 2018.
Comuníquese.
Les informo que se convocará a los Magistrados para que acudan a rendir su protesta ante este Pleno en una sesión posterior.
Recibimos en la Mesa Directiva otro dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con punto de acuerdo por los que se aprueban cinco nombramientos de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza a que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza a que se integre a los asuntos del día de hoy el dictamen referido por la Presidencia.
Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo de la forma acostumbrada.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, de igual manera, levantar su mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo señor Presidente, que sí se autoriza su incorporación.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El dictamen se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños.
En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente a sus puntos resolutivos.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura a los puntos resolutivos.
Acuerdo:
Primero.- Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Juan Manuel Angulo Jacobo, como Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del año 2018.
Segundo.- Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Axel Miguel Arana Castaños, como Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del año 2018.
Tercero.- Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana María Ozana, como Magistrada de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del año 2018.
Cuarto.- Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano José Alfonso Padilla Manjarrez, como Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del año 2018.
Quinto.- Se aprueba la propuesta de nombramiento realizada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la ciudadana María del Consuelo Hernández Márquez, como Magistrada de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1° de julio del año 2018.
Sexto.- Tómese la protesta de ley a los ciudadanos de los resolutivos anteriores, a efecto de que estén en aptitud de desempeñar el cargo para el que fueron conferidos.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión.
Al no haber oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Pregunto, ¿si aún falta algún Senador o Senadora que no hay registrado su voto?
Repito, ¿algún Senador o Senadora que aún no haya registrado su voto?
De no ser así, Senador, ¿en qué sentido?
48 votos registrados, más uno del Senador, en este momento nos dan 49 votos a favor; 20 votos en contra y 16 abstenciones.
Es cuanto, Presidencia.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los nombramientos.
En consecuencia, se aprueba el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Juan Manuel Angulo Jacobo, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de junio del 2018.
Se aprueba el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Axel Miguel Arana Castaños, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio del 2018.
Se aprueba el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor d la ciudadana María Ozana Salazar Pérez, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio del 2018.
Se aprueba el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo expidiera a favor del ciudadano José Alfonso Padilla Manjarrez, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 16 de julio del 2018.
Se aprueba el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor de la ciudadana María del Consuelo Hernández Márquez, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 27 de agosto del 2018.
Comuníquese.
Informo a la Asamblea que los ciudadanos Juan Pablo Garduño Venegas, Claudia Palacios Estrada, Elva Marcela Vivar Rodríguez, María Ozana Salazar Pérez, Alfonso Padilla Manjarrez y Consuelo Hernández Márquez se encuentran en el salón contiguo a este salón de Pleno, los invitaremos a tomar protesta.
Le pediría a nuestros compañeros, Manuel Cavazos Lerma, Jorge Luis Lavalle Maury, Isidro Pedraza Chávez, Carmen Dorantes Martínez, Héctor David Flores Ávalos, Esteban Albarrán Mendoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza y, por supuesto, al Senador Priego y al Senador Aréchiga que los inviten a pasar al salón de plenos a tomar protesta.
A los demás magistrados se les convocará en fecha próxima, o sea, para mañana.
(La comisión cumple)
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Solicito, respetuosamente, a los señores y señoras Senadoras ponerse de pie para la toma de protesta.
(Todos de pie)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ciudadanas y ciudadanos, les informo que el Senado de la República ha tenido a bien nombrarlos en los siguientes puestos:
Señor Juan Pablo Garduño Venegas, como Magistrado Supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio del 2018.
Señora Claudia Palacios Estrada, como Magistrada Supernumeraria de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio del 2018.
Señora Elva Marcela Vivar Rodríguez, como Magistrada Supernumeraria de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio del 2018.
Ciudadana María Ozana Salazar Pérez, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 1º de julio del 2018.
Ciudadano José Alfonso Padilla Manjarrez, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 16 de julio del 2018.
Y la ciudadana María del Consuelo Hernández Márquez, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un período de diez años, los que se computarán a partir del 27 de agosto del 2018.
Por lo que les pregunto:
“¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?”
Los CC. Magistrados: “¡Sí, protesto!”
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: “Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande”.
Felicidades, señoras y señores magistrados.
(Aplausos)
A nombre del Senado de la República, les deseamos mucho éxito en su encargo.
Solicito a la comisión designada, acompañe a los Magistrados cuando deseen retirarse del salón, después de tomarse la foto en esta Presidencia.
Compañeras y compañeros Senadores:
Al inicio de la sesión se anunció la recepción de la comunicación que presentan los presidentes de las Comisiones de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera, con la información sobre las reuniones del jueves 19 de abril para analizar y deliberar un proyecto de dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, y por el que remitieron un expediente en el que consta la siguiente documentación.
Un proyecto de dictamen.
La lista de asistencia y votación de las reuniones celebradas y los votos particulares.
Y propuestas de modificación, presentados por los integrantes de las Comisiones Unidas.
A partir de la situación presentada en las comisiones que no permitió alcanzar una determinación respecto de lo propuesto en el proyecto de dictamen, la Mesa Directiva acordó someter a su consideración las siguientes opciones para despachar el proyecto de Ley General de Comunicación Social.
La primera opción es consultarles si asumen que la documentación del expediente entregado por las comisiones, y que ya se les anunció, permite que el proyecto de dictamen pueda ser presentado a su consideración conforme el trámite reglamentario para sus lecturas, discusión y votación.
Es importante hacer de su conocimiento que la Mesa Directiva valoró que el proyecto de dictamen a que me he referido cumple con los requisitos de estructura que exige el artículo 190 del Reglamento del Senado, es decir, contiene un título claramente referido al proyecto en cuestión, procede de las comisiones a las que se les encargó el dictamen, cuenta con una parte de consideraciones con el fundamento legal y reglamentario, los antecedentes del proyecto de dictamen y el método de trabajo aplicado.
De forma muy importante debe destacarse que el proyecto de dictamen contiene un texto normativo que puede ser sometido a consideración de los Senadores y Senadoras, y las firmas autógrafas de la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de las comisiones dictaminadoras.
Este proyecto de dictamen está publicado en la Gaceta de hoy, disponible para su consulta desde la noche anterior.
En consecuencia, a través de la Secretaría les consultaré si autorizan que el proyecto de dictamen sea presentado ante esta Asamblea como una propuesta para su conocimiento, discusión y votación en términos reglamentarios.
Cabe destacar que si la Asamblea se manifiesta por no autorizar que el dictamen se ponga a su consideración por no prevenir de una situación de empate que no permitió a las comisiones alcanzar una resolución, la Mesa Directiva, como segunda opción, estará en posibilidad de apegarse a lo dispuesto en el acuerdo aprobado en la sesión de ayer para someter a su consideración la minuta con proyecto de Ley General de Comunicación Social, en los términos recibidos de la Cámara de Diputados.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que al proyecto de dictamen, contenido en el expediente entregado por las Comisiones Unidas dictaminadoras se le dé la validez para procesarlo en términos reglamentarios como dictamen.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el proyecto de dictamen se reconozca como dictamen en los términos que ha explicado el Presidente de la Mesa Directiva.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Con la respuesta afirmativa de la Asamblea, corresponde ahora consultar si autoriza que se incorpore a la agenda del día.
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el dictamen entregado por las Comisiones de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, se incluya en el orden del día de esta sesión y se someta al trámite reglamentario de discusión y votación.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si está porque se incorpore el dictamen referido al orden del día.
Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, se incorpora al orden del día en primera lectura el dictamen de las Comisiones de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, el dictamen está publicado en la Gaceta del Senado.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su primera lectura.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su primer lectura.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza la omisión de primera lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión el dictamen.
Según tengo entendido, la Senadora Martha Tagle presentó una moción suspensiva.
Tiene el uso de la palabra, Senadora.
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, Presidente.
Pues, sí, estamos aquí en este momento, en el que sabíamos que en algún momento del día íbamos a llegar, discutiendo, y lo digo entre comillas, el proyecto de dictamen de la Ley General de Comunicación Social, con la que se pretende dar cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, en materia de propaganda gubernamental.
Y esta intención de aplastar, de avanzar, de no entender y de continuar con este proceso, a pesar de todo, tiene como fin, supuestamente, atender la resolución de la Corte. Pero nada más alejado de eso.
El fantasma que hoy ronda en el Senado de la República es que hay que evitar el desacato a la resolución de la Corte, y en ese sentido hay que aprobar cualquier cosa, con tal de dar respuesta a esa resolución.
Pero por eso me parece importante decirles que no con atender en tiempo, lo estamos haciendo en forma, y que el desacato a la Corte puede ir más allá de lo que hoy se pretende legislar.
Y para evitarles el trabajo, porque así sucede en el Legislativo, me he dado a la tarea de leer, cuidadosa y detalladamente la resolución de la Corte para traer hoy acá a los argumentos que demuestran, que con cumplir en tiempo no significa que estaremos acatando ese resolutivo.
Por una parte, es importante decir: que las organizaciones que presentaron un recurso de revisión por un amparo, establecieron dos condiciones en lo que presentaron.
Por una parte, la omisión de la autoridad responsable al violar la libertad de expresión de prensa y de información, ya que la ausencia de un marco normativo reglamentario al artículo 134 de la Constitución, permite un uso arbitrario y discrecional de la reparación de la publicidad oficial, generando con ello condiciones para que, por un lado, las autoridades utilicen los recursos públicos utilizados, destinados a dicho fin, para beneficiar los medios de comunicación que son complacientes con aquellas; y por otro lado, castigar a los medios de comunicación y periodistas críticos, es decir, generando medios indirectos de censura.
Y por otra parte, lo que se estaba revisando era la parálisis de acciones tendientes a la emisión de la ley reglamentaria, es decir, no solamente basta con tener una ley reglamentaria, sino justamente se tiene que ver con garantizar el derecho a la libertad de expresión.
Por otra parte, es importante insistir en lo que dice el artículo 134 constitucional. “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”.
Y además establecía en el artículo tercero transitorio, que se garantizaría que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
Como puede observarse, la proposición del artículo 134 establece los principios que deben regir las políticas de comunicación social de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el carácter institucional que debe animar a dicha comunicación social, y los fines informativos, educativos o de orientación social. La legislación que hoy tenemos aquí no cumple con ninguno de esos criterios.
Cuando la Constitución establece el deber de legislar respecto a algún tema en específico a cargo del Poder Legislativo, el ejercicio de la facultad de legislar deja de ser discrecional y se convierte en una competencia de ejercicio obligatorio.
Lo vuelvo a repetir: Deja de ser discrecional y se convierte en una competencia de ejercicio obligatorio.
El que se imponga claramente el deber de legislar o de hacerlo en algún sentido específico, los tribunales de amparo tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución.
La Corte, lo que nos está diciendo, es que no se puede legislar en cualquier sentido, sino que tenemos que acatar lo que dice el artículo 134 constitucional.
Por otra parte, dice: Que en el caso mexicano, el control de constitucionalidad de omisiones legislativas, es algo que la Corte ya ha realizado con anterioridad en vías procesales distintas al juicio de amparo, y ha obligado al Poder Legislativo a actuar para reparar una omisión legislativa. Es decir, no andemos asustados por no cumplir.
No es la primera vez que nos corrige la Suprema Corte, es la primera vez que lo hace por esta vía, pero es importante además atender, no solamente en tiempo, insisto, también en forma.
Y para que quede también claro quiénes son las autoridades responsables en esta omisión legislativa de no legislar para reglamentar el 134 constitucional, señala claramente que las Cámaras del Congreso de la Unión como únicas autoridades responsables, es decir, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Y dado que la Constitución impuso al Congreso de la Unión el deber de escribir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en un plazo ya que ha transcurrido en exceso, y esto no ha ocurrido, debe concluirse que el Poder Legislativo ha incumplido totalmente con esta obligación, y esta parte es muy importante.
¿Cuáles son los efectos de la omisión legislativa en materia de libertad de expresión? No se refiere al tiempo, escuchen bien. La omisión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del 134 de la Constitución viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos.
Con lo que hoy tenemos en el dictamen, no estamos atendiendo el derecho a la libertad de expresión ni, por lo tanto, estamos supliendo la omisión legislativa del Congreso de la Unión de legislar en la materia.
La libertad de expresión se encuentra protegida en los artículos 6º y 7º constitucionales, así como en los artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Suprema Corte ha hecho un especial énfasis en mostrar que la libertad de expresión constituya una precondición de la vida democrática.
De esta manera la conexión entre la libertad de expresión y la democracia ha sido destacada en numerosos precedentes.
Todo esto viene en la resolución y le estoy dando las partes sustanciales para que nos demos cuenta lo que la Corte dictaminó, no es tan sencillo de decir “vamos a sacar una legislación que va a cumplir, aparentemente, con la resolución en tiempo, pero no en forma”.
La libertad de expresión tiene una dimensión individual relacionada centralmente con la autonomía de las personas, pero también tiene una dimensión colectiva en el contexto de una sociedad democrática y que resultan indispensables manifestaciones colectivas de la libertad de expresión, tales como el intercambio de ideas, el debate desinhibido e informado sobre cuestiones de interés público, la formación de una opinión política robusta, la eliminación de los obstáculos a la búsqueda y recepción de información, la supresión de mecanismos de censura directa e indirecta, la exigencia de medios de comunicación, profesionales e independientes.
Búsquenle al proyecto de dictamen y nada de esto está considerado.
De acuerdo con lo expuesto, la dimensión colectiva de la libertad de expresión contribuye a la conformación de una ciudadanía informada y crítica, condición indispensable para el adecuado funcionamiento de una democracia representativa como la mexicana.
Los medios de comunicación son una pieza clave para el adecuado funcionamiento de una democracia toda vez que permiten a los ciudadanos recibir información y conocer opiniones de todo tipo al ser, precisamente, el vehículo para expresar ideas sobre asuntos de interés público y difundirlas entre la sociedad.
Si los medios de comunicación son fundamentales para la existencia del debate plural e incluyente, una democracia deliberativa.
Voy, Presidente, creo que hemos esperado todo el día para poder discutir este tema y, como le dije, no han leído lo suficiente los legisladores y, por lo menos, les estoy dando un resumen de la sentencia para que se enteren lo que dice.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se lo apreciamos mucho, Senadora, pero apreciamos más si respetara el tiempo de los demás.
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Así deberían de respetar los tiempos de los cinco meses que estuvo esperando para legislarse esto.
Estoy por concluir, y siempre soy muy respetuosa del tiempo, pero este es un tema fundamental y le pido que me permita concluir.
Los medios de comunicación son fundamentales para la existencia del debate plural e incluyente, una democracia deliberativa requiere de medios de comunicación, profesionales e independientes que informen y den a conocer los distintos puntos de vista que existen sobre un problema.
En el caso de México es una realidad innegable que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública realizan cotidianamente actividades de comunicación social para cumplir con fines informativos o educativos o de orientación social.
Así el gobierno compra a los medios de comunicación espacios de publicidad de distinto tipo con el objetivo de que su mensaje llegue al mayor número de destinatarios, en esta lógica los ingresos que obtienen los medios para difundir comunicación social del gobierno pueden ser indispensables para que éstos se mantengan en operación, especialmente en épocas de crisis.
La dependencia de los medios de comunicación, del gasto en comunicación social del gobierno, es una situación que, sin lugar a dudas, supone una amenaza a la libertad de expresión, y esto no se está regulando.
La Primera Sala considera, efectivamente, la ausencia de reglas claras y transparentes sobre la asignación del gasto de comunicación social como resultado de la omisión legislativa que reclamó la organización y da lugar a un estado de cosas institucional que vulnera la libertad de expresión en su dimensión colectiva, y también se traduce en una clara afectación a la dimensión individual de la libertad de expresión de esa organización.
La ausencia de la regulación de cuestión propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión claramente prescrita en la Constitución.
La falta de reglas claras, y en esto voy a ser enfática, la falta de reglas claras y transparentes que establezcan los criterios con los cuales se asigna el gasto de comunicación social de las distintas instancias de gobierno, es una omisión atribuible al Congreso de la Unión, constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión.
Y si no están de acuerdo con ello vean lo que dijo el Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión.
Dice: “Nos preocupa que el proyecto de ley propuesta deja un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales.
Preocupa la falta de un sistema efectivo de rendición de cuentas debido al incumplimiento de la ley.
La ley debe contar con procedimientos de responsabilidad, sanciones y recursos apropiados”.
Tanto la resolución como el Alto Comisionado de Naciones Unidas nos están diciendo que nos estamos equivocando y seguimos en omisión legislativa.
Por esas razones, Presidente, es que someto a consideración del Pleno esta propuesta de moción suspensiva.
Lo ideal es modificarlo, y si tanto les preocupa no cumplir en tiempo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos de aquí al lunes para modificar esta minuta y hacerlo correctamente.
Pido que aprueben esta moción suspensiva para regresarlo a comisiones, modificar el dictamen y realmente cumplir con lo que la sentencia dictaminó.
Es cuanto, Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora.
Desahogaremos la solicitud de moción suspensiva que entrega la Senadora Martha Tagle Martínez.
Consulto si la moción tiene el apoyo de al menos cinco Senadores.
Comprobado el requisito del artículo 106 del Reglamento, consulto a la Asamblea si existe algún impugnador de la moción presentada.
Debido a que no hay quien impugne la moción, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción presentada.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si admite a debate la moción presentada.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Votación nominal, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: No, no.
A ver Senador, no se confunda usted.
Son cinco para apoyar la moción, no para pedir votación nominal.
¿Quiere usted votación nominal?
¿Apoyan otros cinco la votación nominal?
Muy bien.
Ábrase el tablero electrónico de votación, hasta por cinco minutos.
Lo que estamos votando es si se admite a debate, a discusión la moción suspensiva presentada por la Senadora Martha Tagle.
Voto a favor es un voto a favor de que se discuta la moción suspensiva de la Senadora Martha Tagle.
Voto en contra es porque no se acepte a discusión la moción suspensiva de la Senadora Tagle y se desecha.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Senador Olvera.
Senador Romero Deschamps, en contra.
¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?
Senadora Araujo.
Senadora Pineda Gochi.
Senador Emilio Gamboa, en contra.
Senador Herrera, a favor.
Senador Flores.
¿Alguien más que falte por emitir su voto?
Se recibieron 37 votos a favor; 58 votos en contra y cero abstenciones, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Desechada la moción.
Continuamos con el trámite del proyecto de decreto.
Se concede el uso de la palabra al Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, para presentar el dictamen por parte de la Comisión de Gobernación, hasta por diez minutos.
Esta Mesa Directiva será estricta en el tema del tiempo. Tengo cerca de 40 oradores.
De manera que si no respetamos el tiempo…
Hay más oradores que Senadores.
Gracias.
El Senador Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:
La regulación de comunicación social de los entes públicos es una necesidad que hasta ahora había sido atendida a nivel reglamentario por la Secretaría de Gobernación.
Como consecuencia de lo anterior, se promovió un Juicio de Amparo en el cual se reclama al Congreso de la Unión haber incurrido en una violación al Derecho de Libertad de Expresión, por omitir, discutir y aprobar dicha ley.
El Amparo fue resuelto mediante sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa al Amparo en Revisión 1359/2015.
En su resolutivo séptimo ordena al Congreso de la Unión emitir la Ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, en materia de comunicación social, antes de que finalice el segundo período ordinario de sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril del 2018.
De tal manera, que el día 27 de febrero se llevó a cabo la primera reunión de trabajo con los promotores del Amparo, a efecto de tener un diálogo en donde presentaron el problemario respecto a la expedición de la ley.
A partir de ello se elaboró un primer documento de trabajo que relaciona las propuestas derivadas del problemario que presentaron las organizaciones civiles con cada una de las iniciativas presentadas por diversos Senadores y Senadoras de la República.
El día 20 de marzo se llevaron a cabo audiencias públicas con organizaciones de la sociedad civil.
Derivado de lo anterior, es importante precisar que ungidos como Cámara revisora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera, analizamos la minuta enviada por la Cámara de Diputados el pasado día 12 de abril, procurando emitir un dictamen al respecto.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos relativos al Reglamento del Senado de la República, para el análisis y dictamen de los asuntos turnados a las Comisiones, se convocó a reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera, con la finalidad de analizar y deliberar un proyecto de dictamen por el que se expide la Ley General de Comunicación Social el día 17 de abril del presente.
Una vez puesto a consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas y agotado el debate sobre el mismo, se procedió a la votación dando resultado lo siguiente:
a). La Comisión de Gobernación; un empate, siete votos a favor, siete votos en contra.
b). La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; siete votos a favor, siete votos en contra. Empate.
c). Comisión de Estudios Legislativos, Primera; dos votos a favor, tres votos en contra.
La razón de la votación emitida y el resultado de empate en dos Comisiones, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1, del artículo 151 del Reglamento del Senado de la República, se procedió nuevamente a tomar la votación, dando el mismo resultado en esta segunda ocasión.
Por lo anterior, en atención al numeral 2, del artículo 151 del citado Reglamento, se dio por concluida la sesión de Comisiones Unidas y se acordó convocar a reunión posterior para tratar el mismo asunto y realizar la votación respectiva.
Por lo que cumpliendo con las formalidades que establece el Reglamento, las juntas directivas de las Comisiones Unidas procedieron a convocar a una nueva reunión y poner a consideración el dictamen para su votación en fecha 24 de abril.
Declarado el quórum en las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinemat9grafía; y de Estudios Legislativos, Primera, así como aprobado el orden del día de la sesión en atención a lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 151 del Reglamento del Senado de la República se procedió a tomar la votación del proyecto de dictamen presentado por las Comisiones Unidas, resultando lo siguiente:
a).- Comisión de Gobernación, 6 votos a favor y 5 en contra.
b).- Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, empate, 6 votos a favor, y 7 en contra; y Comisión de Estudios Legislativos, Primera, 2 votos a favor, 3 votos en contra.
En tal sentido, y una vez concluida la votación del proyecto de dictamen, y dado el desacuerdo respecto del mismo hicimos del conocimiento de la Mesa Directiva el expediente para informar de las actuaciones realizadas al interior de las Comisiones Unidas.
Dado entonces, que no se logró un acuerdo que permitiera emitir un dictamen de consenso, hoy estamos discutiendo el texto normativo de la minuta enviada por la Colegisladora y que hoy se presenta de esta manera.
En atención a lo anterior, no quiero dejar de destacar el compromiso, la seriedad y la responsabilidad, y el trabajo de los integrantes de las comisiones, especialmente de los presidentes, que a pesar de las diferencias en cuanto a las posiciones políticas consideramos inaplazable dar cumplimiento al mandato de expedir la ley que establezca con claridad las normas a que deberá sujetarse el Estado a fin de asegurar que no se limite la libertad de expresión y se garantice que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
No podemos permitir que se vulneren los componentes esenciales de las democracias en el mundo, es decir, los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana informada.
En este sentido debemos destacar que la ley que se pretende expedir cuenta con los elementos suficientes para regular la difusión de propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de comunicación social.
La minuta establece normas sobre el acceso a la información completa y acorde a la evaluación de las tecnologías, nuevas formas de difusión y dinámicas de consumo en materia de comunicación social.
Creemos que la ley responde cabalmente a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna y veraz.
Prevé el manejo transparente de los recursos públicos, establece reglas para fiscalizar el gasto de comunicación social en todos los poderes de los tres órdenes de gobierno y los entes públicos bajo estricto apego a los principios de racionalidad, economía transparencia y honradez.
Establece la obligación de elaborar y presentar programas anuales de comunicación e informes periódicos desglosados.
En su gestión al gasto público en materia de comunicación social se prevé que principios rectores y cuyo incumplimiento deriva en infracción administrativa e incluso delito, por tanto se establece un capítulo referente a infracciones y sanciones.
La sujeción a lineamientos de contratación expedidos por la Secretaría de Administradoras, el establecimiento de un padrón nacional de medios de comunicación, la rendición de informes desglosados sobre el gasto de publicidad que serán públicos y comunicados al Congreso de la Unión, la revisión y la fiscalización de los recursos a través de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, en los estados por los entes fiscalizadores, y asegura también el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Finalmente, esta ley fija las bases para regular la propaganda gubernamental en cualquier modalidad de comunicación social, norma los criterios del gasto público, bajo las premisas y las condiciones y parámetros igual para todos los niveles y órdenes de gobierno.
Con ello, se garantizará que se cumplan con el objetivo primordial de comunicar a la sociedad de las acciones realizadas por las instituciones de gobierno bajo criterios claros y sin que haya promoción personalizada sobre la función pública.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias Senador Pozos, le agradezco mucho el respeto al tiempo de los demás.
Tiene el uso de la palabra el Senador Froilán Esquinca Cano, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para presentar el dictamen por la comisión que preside, hasta por diez minutos, Senador.
El Senador Froilán Esquinca Cano: Gracias, Senador.
Muy buenas tardes, noches, compañeras y compañeros Senadores, como es de su conocimiento el pasado mes de noviembre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia definitiva que pone final amparo en revisión 1359/2015.
Este amparo fue promovido por la asociación civil, artículo 19, y respaldado por numerosas asociaciones nacionales e internacionales.
Lo anterior es resultado de no cumplir con lo establecido en el Artículo Transitorio Tercero del decreto que realiza cambios a la constitución del 10 de febrero de 2014, mismo que impone la obligación de emitir la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Carta Magna.
La falta de consensos y de voluntad política de diferentes actores dentro del Congreso de la Unión derivó en el incumplimiento del transitorio que se aprobó por el mismo congreso.
El pasado 10 de abril esta soberanía recibió la minuta con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Comunicación Social la cual fue turnada en la misma fecha a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.
La primera sesión de las Comisiones Unidas tuvo verificativo el 19 de abril del presente año, en dicha sesión se votó la minuta registrando un empate en la Comisión que tengo a bien presidir, así como en la Comisión de Gobernación, y el voto en contra de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.
Cabe señalar que se actuó de conformidad con el artículo 151 del Reglamento del Senado de la República, ya que el mismo resultado se obtuvo en dos ocasiones, por lo que se procedió a cerrar la sesión y llamar a otra para el día martes 24.
Durante la sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas a la que fue turnada la minuta, no logró haber una posición mayoritaria, ya que la Comisión de Gobernación votó a favor del dictamen, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía empató, y la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, mantuvo su posición en contra.
Hoy, compañeras y compañeros, nos encontramos con una oportunidad histórica de poder legislar de manera democrática.
Las asociaciones civiles nos han demostrado la valía de los mecanismos jurídicos como instrumento de lucha ante los actos de gobierno que consideren vulneren sus derechos.
En un hecho inédito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha ordenado emitir una ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional, antes del 30 de que concluya este período de sesiones.
Lo ocurrido en las comisiones unidas es un reflejo de que las prácticas parlamentarias de este congreso no aportan lo requerido por la sociedad.
Nos encontramos frente a una minuta que retoma únicamente el texto normativo de la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, en la Cámara de Diputados.
En el momento procesal oportuno desglosaré más a detalle las prácticas que llevaron a que hoy en este Pleno no tengamos un dictamen de consenso y votemos en unidad.
Exhorto a los miembros de esta cámara que cumplamos con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempo y forma, sin dejar de lado que el fondo de la ley debe de garantizar la libertad de expresión y también el derecho a la información.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador.
Le agradecemos también la brevedad de su mensaje.
Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar su voto particular.
No se encuentra el Senador Encinas.
Tiene el uso de la palabra, también para presentar su voto particular la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo.
No se encuentra la Senadora.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar su voto particular.
No.
Estamos de mucha suerte, muchachos.
Tiene el uso de la palabra de nuevo el Senador Froilán Esquinca Cano, para presentar su voto particular.
Declina el Senador Froilán Esquinca Cano.
Tiene la voz el Senador Héctor Larios Córdova, para presentar su voto particular.
El Senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia.
Vengo a presentar un voto particular que incluye varios artículos, pero que está centrado en un tema que a mí me parece de carácter fundamental, que es el cumplimiento estricto del espíritu del cuarto párrafo del artículo 134.
Dice este cuarto párrafo de manera coloquial que toda comunicación de un ente de gobierno de cualquiera de los tres órdenes o de cualquiera de los tres poderes, tiene que ser de carácter institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social, y cuando uno se adentra al estudio de esta ley, se encuentra con la primera definición que aparece en el artículo 4º y la definición se refiere a una campaña de comunicación social, y dice: es un campaña de comunicación social, es el conjunto de acciones de comunicación de las acciones o logros de gobierno.
Acaso, acaso el difundir los logros de gobierno, las acciones de gobierno es un tema de carácter educativo, de orientación social, informativo, es literalmente tirar el dinero a la basura de los contribuyentes.
A mí es el primer tema que me parece central, es obvio que el gobierno municipal de cualquier ciudad tiene que hacer campañas de información para decir: se está pavimentando esta calle, tienes estas opciones para poder circular.
Tiene que hacer campañas de información para anunciar las campañas de vacunación de las mascotas y muchísimos temas, pero que gaste cantidades sin gentes de dinero en decir que es un gobierno que trabaja bien, que lo hace mejor que los anteriores, que nada existía antes que ellos.
Y eso sucede para todos los partidos políticos, no es un tema, a lo mejor lo aprendimos del PRI, pero está en los gobiernos del PAN y están en los gobiernos del PRD y de todos los signos políticos.
Pero luego el gobernador, la gobernadora tiene su campaña de publicidad para decir que las acciones de la capital, porque es gobernada por otro partido, son obra del gobierno del Estado y gasta cantidades enormes de dinero, lo afirmo con las pruebas en la mano.
El año pasado, el ejercicio pasado, el municipio de Hermosillo gastó más en comunicación social, es decir, en propaganda que en obra pública y esto es una verdadera aberración, de los informes de gasto público, del dinero público, porque luego es escondido por convenios, por las empresas paraestatales, el gasto del gobierno federal, en lo que va de esta administración ronda los 45 mil millones de pesos.
Cuando menos hay otros 60 mil de gobiernos estatales y municipales.
¿Qué podría este país cambiar con esas cantidades de dinero que son mayores que el presupuesto de varias Secretarías?
Me parece que ese es el tema central.
Y yo veo que el tema del debate es sobre la libertad de expresión y es bueno ese debate, ¿por qué? Porque el gobierno con su acción de compra puede impedir que un medio se desarrolle vetándolo para recibir comunicación del gobierno.
Veo que el debate se centra sobre la distribución de ese presupuesto, pero antes que nada, lo primero que habría que decir es: se justifica o no, cumple con el espíritu del artículo 134 o no el que se difundan logros de gobierno.
Vayan por cualquier parte del país y están los espectaculares, los anuncios en el radio.
Pero eso no es todo, todos los gobiernos municipales, de determinado tamaño, todos los estados, absolutamente todos, y el gobierno federal hacen convenios con los medios de comunicación, ¿y qué es este convenio? Vamos a firmar, suponiendo que tú haces esta cosa, pero en realidad me vas a tratar bien, vas difundir lo que yo quiera.
Y entonces hay cantidades enormes de dinero ocultas que no están en el presupuesto, porque están escondidas en los presupuestos de varias dependencias que se gasta en este tema.
Yo lo que propongo en este voto particular es primeramente en el artículo 4º suspender la definición que tiene comunicación social y cambiarla por un prohibición expresa a toda campaña de logros.
En todos los países democráticos del mundo, ni siquiera existe legislación que lo prohíba, se considera ipso facto desviación de recursos públicos, los contribuyentes pagan impuestos para recibir obras, servicios, no para que el gobierno se los gaste presumiendo que es un muy buen gobierno.
Tiene muchísimos temas esta ley, verdaderamente es de risa, por ejemplo el capítulo de sanciones, el capítulo de sanciones tiene dos artículos, el 44 y el 45, y básicamente lo que dice es, será sanción toda violación a cualquier artículo de esta ley.
No creo, no creo honestamente que el que la redactó lo hizo a conciencia, se le acabó el tiempo y lo redactaron bajo las rodillas a las 03:00, 04:00 de la mañana para ser aprobadas a las 05:00.
Es verdaderamente absurdo que la Cámara de Diputados, denigrante, que apruebe un capítulo de sanciones que no tiene sanciones, pero que sí es muy clara, muy enérgica, cualquier violación de cualquier artículo de esta ley será sancionada.
Pues ya hay jurisprudencia que si no se establece qué tipo de sanción, si es multa, cuánto, etcétera, si es inhabilitación o lo que sea, no, es verdaderamente un esperpento jurídico en muchísimos de esos temas.
No quiero, se va a hablar muchísimo en esta sesión, ya lo ha advertido el Presidente, no quiero ser reiterativo con la información, pero no puede ser, no puede ser que en este país veamos como natural y ahora vengamos a legislar, pongámosle un tope a lo que puede gastar el gobierno en publicidad, no hay tope que sea válido, porque lo van a gastar por convenios, pero cualquier publicidad, cualquier promoción se puede distinguir.
Y yo les digo, por ejemplo, y lo he visto con ejemplos en el país vecino del norte, la destitución de un alcalde, de un mayor, la destitución porque se le ocurrió poner una cartelera en donde felicitaba al propio gobierno municipal, la destitución porque era desvío de recursos públicos, pero fue casi en automático y no hay ninguna ley que lo prohíba, pero es obvio que los recursos del contribuyente no se gastan para eso.
Y un tema más, los tiempos fiscales.
Los tiempos fiscales son pagos en especie, los concesionarios de radio y televisión pagan en especie una cantidad de tiempo, no es gratis, es dinero del Estado, y tiene que gastarse con los mismos criterios que necesita una evaluación de inversiones y necesita una autorización de la unidad de inversiones.
Aquí no, aquí gastamos, bueno, estamos proponiendo en la ley un porcentaje, si mal no recuerdo, como del 20 % al Poder Legislativo.
¿Y qué hace el Senado y la Cámara de Diputados?
Te cambiamos la vida, hicimos la ley para que seas feliz.
Y la gente se burla de nosotros.
Yo creo que esos tiempos de Estado deberíamos dejarlos que los maneje el Ejecutivo para campañas informativas, para campañas de educación, para campañas de orientación social, no para propaganda y que los vestiremos a los organismos de manera cómo los vaya necesitando, porque el Tribunal Electoral nos informa a todas horas que está para hacer cumplir la ley, acá abajo si no para qué estabas.
Estamos verdaderamente en los extremos del absurdo.
Cambiemos el sistema, no se trata de matar a los medios de comunicación, hagámoslo paulatinamente, hagámoslo por tercios cada año de tal forma que los medios puedan sobrevivir, los que tienen ingresos propios.
Hay una cantidad de medios en este país en los estados, pasquines, hojas electrónicas, que viven 100 % del presupuesto estatal, del dinero de los contribuyentes, destinado abierta u ocultamente.
Se van a morir, por el amor de Dios.
El recurso público no es para gastarse de esa manera.
Ese es el razonamiento del voto particular.
Yo les pido que cuando se someta a votación este voto seamos anuentes porque si le vamos a poner un tope que nada más gaste hasta el 10 % van a gastar lo que quieran, no hay manera de supervisarlo, la única manera de darnos cuenta se está promoviendo, corre a ese gobernante, corre a ese alcalde o alcaldesa, corre al funcionario federal que lo está haciendo.
Y luego también ya hay que suspender las campañas de las empresas de clase mundial o de Pemex en tu cocina, o todas esas cosas que no contribuyen más que exactamente para manipular los medios, para poder hacer eficaz lo que decía López Portillo: “no te pago para que me pegues, pero sí te pago para que me lo pegues”.
Es cuanto, Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Larios.
Aprovecho la oportunidad para saludar al Senador Alejandro González Alcocer, quien fue Senador en la LX y LXI, y gobernador del estado de Baja California.
Sea usted bienvenido a su casa, Senador.
(Aplausos)
Tiene el uso de la tribuna el Senador Alejandro Encinas, para presentar su voto particular, hasta por diez minutos.
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.
Es en contra, los votos particulares siempre son en contra.
Bueno, como lo hemos señalado, vengo a presentar el voto particular que hemos suscrito la Senadora Dolores Padierna y un servidor en contra del dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social.
Más allá de los argumentos jurídicos que expondré más adelante, a nuestro juicio este dictamen representa la regresión final promovida por el actual gobierno para limitar los derechos y libertades de los mexicanos, particularmente el de la libertad de expresión.
Durante casi seis años hemos sido testigos de cómo se han venido imponiendo una serie de medidas que han tenido como fin limitar el pluralismo en la información, la libertad de opinión y el pensamiento crítico de los ciudadanos.
Desde dotar de un mayor poder económico al duopolio televisivo, limitar los derechos de las audiencias y el ejercicio de la réplica, hasta las más terribles prácticas, como la persecución, la violencia, la censura periodística y las múltiples represalias contra comunicadores a lo que se suma la violencia contra el ejercicio del periodismo.
No en balde hoy nuestro país es el segundo país más violento contra los periodistas, donde se registra en promedio 1.5 agresiones todos los días, y lamentablemente acredita un nivel de homicidio de periodistas en ejercicio de sus funciones.
Ahora con este dictamen se pretende legalizar un modelo de comunicación que se ha caracterizado por el uso excesivo y discrecional de los recursos públicos, con el único fin de mantener el control de los medios de comunicación y legitimar la imagen de un Presidente que ha alcanzado los niveles más altos de reprobación por parte de la ciudadanía a partir del dispendio de recursos públicos que en materia de propaganda gubernamental, durante el gobierno de Peña Nieto, les ha costado, nos ha costado a todos los mexicanos 40 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 28 mil 270 millones han sido por la vía del sobre ejercicio, del presupuesto autorizado por la Cámara de los Diputados.
De esos recursos el 56 % del gasto de publicidad oficial se ha destinado únicamente a 20 medios de comunicación, entre los cuales empresas como Televisa o Televisión Azteca concentran casi el 20 % del gasto total en materia de propaganda gubernamental.
Este es el modelo que quieren legalizar con este dictamen, un modelo que reivindica, como lo dijo aquí el Senador Héctor Larios, la máxima de José López Portillo: “no te pago para que me peguen”. Y por supuesto quien apoya al gobierno es el principal beneficiario de estos recursos.
Es lamentable que la mayoría parlamentaria de este Senado vaya a aprobar, bajo el argumento de dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, un dictamen para instaurar un modelo de comunicación que va en contra de la Reforma Constitucional de 2017, y que vulnera, sobre todo los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y limita la pluralidad informativa y el pensamiento crítico de los ciudadanos.
Los 45 artículos que contiene este dictamen no atiende las cuestiones de fondo que discutió la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar el derecho a la libertad de expresión ni atiende las demandas de la sociedad civil para construir una ley que erradicara los excesos del gobierno y el control político sobre los medios de comunicación.
Hoy se nos presenta una propuesta regresiva que instaura un modelo autoritario y conculca el derecho a la verdad, el acceso a la información y la libertad de ideas.
Los promotores de este dictamen pretenden mantener el derroche del dinero de los mexicanos para promover la imagen de un Presidente que no ha cumplido con sus responsabilidades y que buscan establecer una sobre exposición en los medios de comunicación sin reglas y favoreciendo el uso discrecional de la publicidad oficial.
Estamos en contra de este dictamen, entre otras razones, porque, en primer lugar, no establece un umbral máximo para los entes públicos federales respecto de los topes de gastos en comunicación social que puedan realizar ni tampoco establece disposiciones que impidan el sobre ejercicio del gasto en la materia.
Al respecto, la relatoría para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos ha sostenido que cuando el Estado asigna recursos en forma discriminatoria, ya sea positiva o negativa, se viola el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Estamos en contra también porque reproduce un esquema de comunicación que permite mantener a los medios de comunicación bajo el control político de la Secretaría de Gobernación, ya que a través del Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que administrará esta Secretaría, estará facultada para administrar y organizar de manera unilateral y discrecional los mecanismos de participación, asignación y contratación de los medios de comunicación para las campañas de comunicación social del gobierno, dejando a potestad de la Secretaría de Gobernación la elección de los medios de comunicación que considere convenientes para llevar a cabo las campañas de publicidad oficial.
Estamos en contra porque no establece ninguna disposición que permita fomentar la diversidad y el pluralismo informativo en nuestro país, lo que perpetúa un modelo que reside en las viejas prácticas del control sobre los medios de comunicación.
Estamos en contra porque no establece mecanismos o directrices respecto a los procesos de contratación de la pauta estatal a fin de que estos sean abiertos, transparentes y objetivos.
Y estamos en contra también porque no existe un control externo integrado por ciudadanos y un ente independiente al gobierno que permita participar dentro de los procesos de asignación y contratación de publicidad oficial, pues todo lo remite a la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Estamos también en contra porque tampoco genera mecanismos de rendición de cuentas, ya que solo propone la entrega de información semestral al Congreso sin que funda y motive de manera amplia y detallada el uso de los recursos presupuestados, tanto también como los extraordinarios.
Y estamos en contra porque omite la creación o integración de algún ente regulador de la publicidad oficial que no dependa del Ejecutivo Federal.
Estamos convencido que es necesario atender la resolución emitida por la Suprema Corte a efecto de cumplir con el paso establecido para establecer una ley reglamentaria del apartado octavo del artículo 134 constitucional, pero también consideramos que el diseño de dicha norma debe contemplar las diversas opiniones y propuestas que se presentaron aquí en el Senado, como también debe establecerse una norma que le garantice la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo informativo.
En el afán de algunos legisladores de dar cumplimiento al plazo de la resolución de la Corte, la mayoría del Senado va a transigir los derechos humanos fundamentales, ya que rompe con el espíritu que aquí mismo aprobamos durante las reformas al artículo 134 constitucional para garantizar la democratización de los medios de comunicación.
Reitero, coincidimos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se vulneraron componentes esenciales de la democracia, los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana informada, pero no por ello aprobaremos una ley que reproduce dichas vulneraciones, y peor aún, que las legaliza, ya que esto implica incurrir en una doble irresponsabilidad, pues, por una parte el Poder Legislativo mantiene la omisión de no legislar necesariamente en tiempo y forma, y la segunda por legislar violentando los derechos de las mexicanas y los mexicanos.
Por esta razón nuestro voto en contra del presente dictamen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Encinas.
Tiene el uso de la tribuna para presentar su voto particular la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, hasta por diez minutos.
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:
Ayer anuncié en la sesión de Comisiones Unidas que votaría en contra.
Quienes se dieron el tiempo necesario para estudiar la minuta que nos han puesto a discusión, se pudieron dar cuenta de que no cumple con lo establecido en la sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, en el Amparo en revisión 1359/2015.
La Corte estableció que se considerara que, efectivamente, la ausencia de reglas claras y transparentes sobre la asignación del gasto de comunicación social como resultado de la omisión legislativa, da lugar a un estado de cosas inconstitucionales que vulneran la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión de la libertad de expresión de la que gozan.
En ese orden de ideas, si esta minuta se mantiene como está, artículo 19, al igual que toda la sociedad, quedaremos en estado de indefensión frente a la legislación que se pretende emitir, pues en ella no se establecen esas reglas claras ni transparentes respecto a la asignación del gasto, ni establece sanciones para el caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas en el párrafo octavo del artículo 134.
En ese sentido, tal parecería que no importan los términos en lo que expida la ley con tal de que las cosas continúen como hasta ahora se han venido ejerciendo.
Ahora bien, respecto a la inequidad ante la actual asignación de presupuesto en las campañas publicitadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se pronunció en su sentencia en el sentido de que la dimensión colectiva de la libertad de expresión impone al Estado el deber de actuar de manera neutral en la asignación de estos recursos entre los medios de comunicación.
Por actuar de tal manera que se asegure que todas las voces de la sociedad que se expresan en los medios de comunicación sean escuchadas de una manera completa y justa.
Y destaca de forma contundente de acuerdo con lo expuesto, la ausencia de esas reglas hace que cualquier gasto que se haga en esa materia sea potencialmente arbitrario.
Las irregularidades que he podido observar en la minuta, me han motivado a votar en contra y a someter a la consideración de los integrantes de estas Comisiones Unidas un voto particular que propone modificaciones a la minuta.
Es necesario la creación de un organismo dotado de autonomía técnica y presupuestaria que administre los recursos destinados a este tema, también que se establezcan reglas claras y transparentes que han recomendado, tanto organizaciones civiles como organismos internacionales, así como el establecimiento de sanciones para el caso de incumplimiento, no sólo para los prestadores de servicio de comunicación, sino también para los entes públicos que no se apeguen a la Constitución.
Lo anterior, porque dejar la administración en manos del propio Ejecutivo, corre el riesgo de que estos no sólo no sean utilizados en el fin destinado, sino que se usen de una forma arbitraria como ya se ha señalado.
Si ustedes tuvieran la oportunidad de revisar mi voto particular, se proponen muchos ajustes a la minuta que enriquecen su contenido, pero que también elimina las proporciones normativas que son contrarias a los principios establecidos en el artículo 134 constitucional y a lo sentenciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Conforme a lo interior, reitero mi voto en contra y dejo a su consideración mi voto particular que abona a contar las mejores leyes para los mexicanos.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora.
Aprecio su brevedad.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su permiso, señor Presidente.
Señoras Senadoras y señores Senadores:
En nuestro país el control político de los medios de comunicación es herencia del sistema político autoritario.
Durante años, el sistema de partido único se caracterizó por un totalitarismo que limitaba la crítica, el pluralismo, la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas, es decir, un régimen presidencialista que socavó la democracia.
Durante años los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio y la televisión quedaron atrapados en aquello que Miguel Ángel Granados Chapa llamó “La censura ambiental o autocensura”. Es decir, aquellos que los profesionales de la comunicación sabían perfectamente los límites de lo que era posible presentar y publicar.
Pues bien, la minuta que estamos a punto de enfrentar, la votación por el PRI y sus aliados, abona a legalizar este estado de cosas.
Por ello, no en balde, en su inconformidad, las organizaciones de la sociedad civil han llamado a este proyecto “Ley Chayote”.
Una legislación tan importante para la democracia en nuestro país debería contener los más altos estándares del derecho internacional en la materia, pero, además, debió contar con un proceso de verdadero parlamento abierto con la participación de organizaciones civiles, académicos y empresarios de los medios de comunicación.
La audiencia, que las organizaciones de la sociedad civil tuvieron al seno de la Comisión de Gobernación de este Senado, en donde manifestaron sus observaciones, las entregaron por escrito, la verdad, la verdad fue una simulación.
Todavía ayer dos expertos, uno de Naciones Unidas y otro del ámbito interamericano, como son Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, manifestaron su preocupación respecto al amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad, así como la falta de un sistema efectivo de rendición de cuentas y procedimientos de responsabilidad, sanciones y recursos apropiados.
Señor Presidente, le solicito que este documento oficial, inscrito desde Ginebra por estos dos relatores, quede inscrito en el Diario de Debates.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Presidente.
Lo que esta minuta contiene es un marco normativo que legitima el autoritarismo de antaño, atenta contra la libertad de expresión, pretende utilizar los recursos públicos para controlar la línea editorial de los medios sin rendir cuentas a nada ni a nadie, esa es la verdad.
Lo que este Senado, lo que este Senado debería discutir es una ley en materia de propaganda gubernamental en términos del 134 constitucional, y más particularmente lo establecido en su séptimo y octavo párrafo, les pido que lo lean textual.
Que garantice, ciertamente, que el gasto en comunicación social, pues cumpla con los criterios de eficiencia, de eficacia, de economía, de transparencia y honradez.
Respetar los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egreso respectivos, no cómo acontece hoy, que se aumenta descomunalmente hasta en un 160 % más de lo que la Cámara de Diputados aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Lo que el Senado debería discutir es un dictamen que acate los efectos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 15 de noviembre del año pasado, bajo el amparo de revisión 1359/2015, que mandató establecer reglas, reglas, señoras y señores del PRI, que permitan al Estado actuar de tal manera que asegure que las voces de la sociedad se expresen en los medios de comunicación de manera amplia, de manera completa, de manera justa.
La propia Corte señaló que la ausencia de estas reglas hace que cualquier gasto que se haga en esta materia será potencialmente arbitrario y una censura a los medios de comunicación y periodistas críticos, puesto que no será evidente que cumpla con los principios que debe disciplinar el gasto de comunicación social, de ese tamaño, así dice la Suprema Corte.
Por el contrario, por el contrario, lo que pretenden hoy el PRI, señoras y señores del PRI y sus aliados, es que se apruebe aquí con una mayoría, que ya tiene, un proyecto que legaliza el mercado negro de propagando política disfrazada de información y que en la actualidad se presenta en forma, ya sabemos, de noticia, flashes informativos, infomerciales, entrevistas, programas, revistas, editoriales, reportajes, etcétera.
Esta minuta deja sin cambio en la relación del gobierno con los medios de comunicación, tan importante en una democracia.
Es una vergüenza que México se esté quedando a la zaga en el tránsito a lograr, efectivamente, libertad de expresión, libertad de información y, por supuesto, evitar la discrecionalidad en el gasto público que hoy no tiene control y no tiene límites, y no incorpora las mejores prácticas en la materia adoptadas internacionalmente, como se evidencia por lo que acá acabo yo de entregar, de Naciones Unidas y del ámbito interamericano.
Esto que van a aprobar ustedes contiene aspectos tan criticables como el hecho de que sea la Secretaría de Gobernación quien mantenga el control de los tiempos del Estado, de los tiempos fiscales y del Padrón Nacional de Medios.
¿Les recuerda algo esto?, ¿tienen memoria?, ¿les recuerda algo? Pues es volver a esa época, volemos a la época en que la Secretaría de Gobernación presionaba a los medios, incluso les daba golpes de Estado, no lo olvidemos, a eso estamos regresando.
Preocupa que no sea un órgano técnico, dotado de autonomía quien realice un monitoreo exhaustivo de la asignación de propaganda oficial que impida la concentración de la información en los sujetos obligados, por el contrario, será el gobierno, por conducto de la Secretaría de Gobernación, quien asuma el control de los tiempos del Estado, volvemos otra vez a esa nefasta época.
La minuta sólo considera como sujetos obligados en materia de transparencia a los entes públicos, pero no a las personas físicas y morales que reciben los recursos públicos para difundir mensajes de comunicación social.
Las cuantiosas cantidades gastadas en materia de publicidad oficial, en la actual administración, se ha caracterizado por sobreejercicios, que alcanza, en lo que va del sexenio, más del 71 % de lo aprobado por la Cámara de Diputados.
Señoras y señores:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, y les recuerdo que esto es vinculante para México, en la opinión consultiva 5/85, que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, textual, no sólo porque es indispensable para la formación de la opinión pública, sino también porque es condición necesaria para que los actores sociales, como los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente en el entendido de que una sociedad no está bien informada, sino es plenamente libre y, por supuesto, mucho menos es democrática.
Cierro el texto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por eso presentamos nuestro voto particular, sí, a 16, 17 artículos que reformamos y estamos adicionando, además siete con un nuevo título.
¿Qué estaba haciendo ahora el PRI ahora que ya se va? Ya terminó.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, Presidente, por su gentileza.
Está haciendo está haciendo exactamente por lo que se van, no se les olvide.
Qué lástima.
Gracias a todas ustedes por su atención.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.
Pasaríamos a la discusión en lo general.
Tiene el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, para hablar en contra, hasta por cinco minutos.
Y les pediría que respetáramos los cinco minutos.
Al no encontrarse el Senador David Monreal, tiene el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez Jiménez.
¿Viene vestido de pollo el Senador?
Amarillo no me pongo, amarillo es mi color.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Compañeras y compañeros Senadores.
Lo primero que debemos tener en cuenta al momento de analizar esta minuta que expide la Ley General de Comunicación Social, enviada por la Cámara de Diputados, es que resulta de la omisión del Congreso de la Unión de expedir en tiempo y forma la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional.
Pretender cumplir lo señalado en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este dictamen, hace que el Congreso incurra en otra falta, la de legislar con responsabilidad para hacer leyes que sirvan a la sociedad.
La fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República, de ninguna forma pretende que el Congreso de la Unión incumpla lo mandato por la Suprema Corte.
Lo que motiva a nuestra decisión de votar en contra, es la razón objetiva de que este dictamen que envió la Colegisladora no cumple con los objetivos plantados en las reformas constitucionales del 2007 y el 2014.
No incorpora tampoco el conjunto de argumentos, observaciones y propuestas que organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil han planteado con suficiencia y, aún más, no atiende los criterios utilizados por la Suprema Corte en su sentencia.
La minuta que hoy votamos carece de consenso entre las fuerzas políticas al interior del Senado y suscita al rechazo de amplios sectores de la sociedad civil.
Prueba de ello es que estamos discutiendo la minuta directamente y no un dictamen de ella, debido a la falta de consenso en su aprobación.
Esto se explica en buena medida por la forma como el PRI y sus aliados procesaron este tema desde la Cámara de Diputados.
La minuta no incorpora ningún planteamiento sustantivo de las diversas iniciativas sobre la materia presentadas por los partidos políticos en la Cámara de origen y, por supuesto, ninguna de las ocho iniciativas presentadas en el Senado por diversos grupos parlamentarios, incluida la última del PRD de fecha 28 de noviembre del 2017.
La minuta es una copia de la iniciativa presentada por el PRI y el Panal en la Cámara de Diputados, con adiciones y cambios mínimos, dejando de lado todas las demás iniciativas.
Así no puede construirse consenso, así sólo pretende imponerse una visión sobre las otras fuerzas políticas.
Conviene recordar que la organización “Campaña Global por la Libertad de Expresión, Artículo 19”, que promovió y ganó el amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con otras organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión identificadas con el hashtag “MediosLibres”, entregaron a los legisladores un documento que contempla 10 puntos con elementos precisos a considerar para la elaboración reglamentaria.
Dicho documento fue ignorado por completo por la mayoría que aprobó esta minuta.
Existe también unos lineamientos rectores en materia de publicidad oficial, elaborados por el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que también fueron omitidos en la minuta o, en el mejor de los casos, sólo muy parcialmente incluidos.
La iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRD el 28 de noviembre del 17, sí incorporó cada uno de los 10 puntos del documento de las ONG´s, así como los principios rectores propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es por ello que pretendimos desde el debate en comisiones incidir en modificar la minuta para incorporar elementos sustantivos y presentar al Pleno un mejor instrumento legislativo. Pero esto por la sordera no se logró.
Con la objetividad afirmamos que la minuta carece de rigor en la materia que pretende regular. Su denominación es incorrecta, porque la materia que debe regular es la propaganda gubernamental y no la comunicación social. Además, no define con precisión los contenidos que deberán tener las campañas de comunicación de los gobiernos y entes públicos.
La minuta al diferenciar las campañas de comunicación social de los informes de labores o de gestión de los servidores públicos, pretende que estos construyan campañas de comunicación social y con ello deja abierta la puerta a la promoción personal de funcionarios con cargos al gasto público.
En cuanto a la pertinencia de un control externo para la propaganda gubernamental, el citado documento impulsado por las organizaciones civiles señala con precisión la pertinencia de crear un ente regulador de la publicidad oficial que no dependa de la Secretaría de Gobernación.
Por su parte, la Relatoría para la Libertad de Expresión, indica también la pertinencia de establecer mecanismos de control externo por un órgano autónomo que permita un monitoreo exhaustivo de la designación de publicidad oficial.
Sin embargo, la minuta analizada desecha estas recomendaciones de crear un organismo, comisión o consejo regulador de la publicidad oficial.
Un eje toral debió estar contenido en esta ley secundaria, en el establecimiento de topes y límites a la capacidad discrecional que hoy tiene la Secretaría de Hacienda para realizar adecuaciones presupuestarias, que en los hechos hacen crecer desmedidamente el gasto de comunicación social.
La minuta en cuestión no establece topes precisos al gasto de comunicación social, ni impide la práctica común del sobreejercicio.
Voy a leerles un cuadro muy breve.
La diferencia dentro de lo aprobado y lo ejercido desde el 2012, los años con mayores sobreejercicios son 2016, 2015 y 2012.
En 2015 el sobreejercicio cercano a 5 mil 700 millones de pesos, fue similar a 10 veces las erogaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica a 1.2 veces lo ejercicio por el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y a 4.8 veces lo pagado por el Programa “Escuelas de Calidad”. De ese tamaño es el dispendio.
En 2016 se registró el mayor monto pagado en comunicación social, el sobreejercicio fue de 6 mil 685 millones de pesos, el monto equivalente a lo recortado a los Programas de Infraestructura Indígena y al Programa Nacional de Becas juntos.
A lo recordado a estos dos programas, este recorte presentó 6 mil 218 millones de pesos.
Vean, se lo quitan aquí para tirarlo a la basura.
En 2017 de acuerdo con los datos preliminares, el sobreejercicio fue de 4 mil 200 millones de pesos.
Con este monto pudieron haberse evitado algunos recortes como el realizado al Programa de Proyectos de Construcción de Carreteras o nuevamente al Programa Nacional de Becas.
Este rubro fue equivalente al 58 % de lo enviado a los gobiernos locales a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Por si esto fuera poco, la minuta recibida no se apega a los criterios utilizados por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia al Amparo 1359/2015 emitida el 19 de noviembre del 2017, entre otras cosas señala lo siguiente: La ausencia de regulación en cuestión propicia a un ejercicio arbitrario de presupuesto en materia de comunicación social, lo cual constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución. Eso está en la página 56.
Y añade: Que para esta Suprema Corte la ausencia de esta regulación propicia que la política de gastos en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno, y niega el acceso a esos recursos o simplemente se amenaza con restringirlos a los medios de comunicación que son críticos con las políticas de gobierno. Esto está en la página 55 del mandato de la Corte.
Por estas razones generales y otras que quedan contenidas en a reservas que presentaremos, es que el grupo parlamentario del PRD votará en contra de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.
Muchas gracias a todas y todos ustedes.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias Senador, ya se llevó usted el doble de tiempo, gracias.
Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila para hablar a favor, hasta por cinco minutos.
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias Senador Presidente.
Compañeras, compañeros Senadores, buenas noches.
Los Senadores que integramos la presente Legislatura hemos sido testigos de ejercicios inéditos de la división de poderes en nuestro país.
Los pesos y contrapesos que aplican hoy en día en el Estado mexicano dan cuenta de la vigencia, de la democracia y el orden constitucional.
Quién habría pensado que derivado de una resolución judicial el Congreso de la Unión tuviese que trabajar hoy, quizás a marchas forzadas para cumplir con la obligación constitucional de expedir un ordenamiento legal.
De eso se trata la minuta que se somete a nuestra consideración el día de hoy, no solo cumplir esta sentencia de la Corte derivada de un mandato del Constituyente Permanente nos estableció, sino cumplirles, compañeras, compañeros Senadores a todos los mexicanos la expedición de una ley indispensable para la consolidación de nuestra democracia.
Esta ley ya aprobada en la Cámara de Diputados tiene como finalidad reglamentar el párrafo octavo del artículo 134 constitucional relativo a la propaganda de los entes púbicos.
En atención a la importancia de este tema, la minuta que nos envió la Colegisladora derivó el análisis y la discusión de ocho iniciativas de ley, presentadas por las diferentes fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo Federal.
La Ley General de Comunicación Social tiene por objeto establecer las normas a las que se sujetarán los esquemas de propaganda de los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar que los gastos de este rubro, que es dinero de todos los mexicanos, se ejerzan bajo criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.
Para lograr los objetivos que persigue esta ley, establece no sólo principios sino también reglas e instrumentos para regular las campañas de comunicación social.
La Secretaría de Gobernación, en el ámbito federal y la Secretaría de Gobierno en el ámbito local fungirán como Secretarías administradoras encargadas de regular la manera en que se ejerce el gasto de comunicación social.
Cabe mencionar que se prohíbe de manera tajante que la propaganda gubernamental destaque a servidores públicos en específico, así como incluir mensajes discriminatorios sexistas, contrarios a derecho o que inciten a la violencia.
Como instrumentos novedosos destacan, los programas y estrategias anuales de comunicación social que deberán ser planeados y evaluados por la Secretaría Administradora correspondiente.
La creación de un padrón nacional de medios de comunicación a cargo de la Secretaría de Gobernación en el que deberán inscribirse los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social.
La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública vigilarán la aplicación de los recursos públicos bajo los principios de la ley.
Se contemplan reglas de transparencia y de inclusión para personas con discapacidad, así como esquemas de rendición de cuentas con el Poder Legislativo.
Asimismo, mecanismos de coordinación entre la utilización de tiempos oficiales del Estado y la posibilidad de contratar tiempos comerciales en radio y televisión.
Finalmente establece una regla fundamental para los procesos democráticos consistente en la suspensión de campaña de comunicación social durante los procesos electorales.
En resumen, compañeros, con la Ley de Comunicación Social el Poder Legislativo Federal salda una deuda con el pueblo de México por el cual los Senadores del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen.
Por su atención muchas gracias.
PRESIDENCIA DE LA SENADORA
GRACIELA ORTIZ GONZALEZ
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, compañero Senador.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Vianey Luque Inzunza.
El Senador Isidro Pedraza Chávez (Desde su escaño): Presidenta, quisiera hacerle una pregunta al Senador.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Ya no aceptó la pregunta, muchas gracias por su consejo, señor Senador, lo tomaré en cuenta.
La Senadora Vianey Luque Inzunza: Buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Senadores. En días recientes el tema que se somete a nuestra consideración ha sido ocupado en espacios en prensa, en televisión, debates privados y discusiones en el Congreso de la Unión.
Con base a los tiempos y las formas incluso de la motivación de la ley que se propone debemos partir de un supuesto innegable, tenemos que aprobar la Ley General de Comunicación Social, tomando en cuenta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el mandato del Constituyente Permanente, así como la necesidad de regular la propaganda gubernamental.
En reiteradas ocasiones se ha acusado a quienes ocupamos algún cargo público de tener libertad para promover nuestra imagen para fines políticos a partir de la utilización de espacios institucionales.
Dicho lo anterior, es nuestra oportunidad no solo de revertir esta creencia y poner candados a estas condenables conductas, sino para regular de una vez por toda la comunicación social del gobierno.
Quienes se oponen a la aprobación de esta ley, que sin duda alguna es perfectible, pierden de vista dos escenarios, el primero, que la Corte nos estableció un término para hacerlo, y debemos reconocer que tenemos acotado el tiempo.
El segundo consiste en que la falta de regulación respecto de la propaganda gubernamental a que hace referencia el párrafo octavo del artículo 134 constitucional desde su incorporación en el año 2007 ha impedido el pleno ejercicio de tres derechos fundamentales de los estados democráticos:
El primero, la libertad de expresión.
El segundo, la libertad de prensa.
El tercero, el derecho a la información.
Sin duda alguna la falta de una adecuada regulación de los términos y condiciones en que los entes públicos pueden difundir información relevante y de interés para la población limitada, la libertad de expresión e indirectamente afecta el derecho a la información de todos los ciudadanos.
No obstante, esta omisión registra repercusiones de naturaleza económica, no sólo respecto del ejercicio eficaz y transparente de los recursos públicos para la propaganda oficial, sino también para efectos de la libre competencia entre privados.
Efectivamente en su resolución de noviembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresó como consecuencias de la omisión del Poder Legislativo Federal.
En primer término la falta de normas específicas para regular el gasto en comunicación social se realiza de manera discrecional; en segundo lugar la falta de certeza jurídica sobre la posibilidad de ejercer un libre mercado en los medios, los cuales inminentemente requieren recursos económicos de su función comunicadora.
Desde esta tribuna, los Senadores del Partido Verde nos pronunciamos a favor del orden constitucional al favor del cumplimiento de la sentencia de la Corte y a favor de reglas claras en la difusión de propaganda gubernamental y la aprobación de la Ley General de Comunicación Social, servirá para cumplir esos objetivos mediante el establecimiento de principios, como la eficacia, la transparencia y la honradez, la incorporación de planes y estrategias de comunicación social a cargo de entes públicos y de la asignación de responsabilidades para su autorización y fiscalización, representan avances fundamentales hacia una propaganda gubernamental estrictamente institucional.
Con esta ley eliminaremos cualquier duda respecto a las campañas electorales disfrazadas de mensajes, de comunicación social, la cual limitará la difusión de las acciones e información de interés general.
Es cuanto, señor Presidente.
Gracias.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Presidenta.
Tiene ahora la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del PT, para hablar en contra hasta por cinco minutos.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, Senadora Presidenta.
La minuta que nos envió la Cámara de Diputados, claramente es una ley que favorece el control gubernamental sobre los medios y no la libertad de expresión y el derecho a la información, cambiamos de la lógica de López Portillo que dijo: “No pago para que me peguen” a la máxima de Peña Nieto: “Pago para que no me peguen”.
Ambos criterios son falaces, el dinero público destinado a los medios no es propiedad de los gobernantes, sino de toda la sociedad, los medios deben dedicarse a informar a sus audiencias y no a agrandar las oficinas de prensa oficiales, en esta ley, los únicos que están ausentes son los propios lectores, los radioescuchas, los televidentes, las audiencias en general.
No existe ninguna instancia autónoma para determinar el destino de la publicidad, por el contrario, se refuerza el carácter coercitivo, discrecional y antidemocrático de la Secretaría de Gobernación, la libertad de expresión no sólo es un asunto de gobernabilidad, es un derecho constitucional, el derecho a la información no debe estar al mando del Secretario de Gobernación, porque su función es exactamente otra.
En este sentido es inviable que una ley que en lugar de favorecer la autonomía refuerza el control de la Secretaría de Gobernación, y lo que es peor, lo hace de manera discrecional.
Tampoco existen límites al despilfarro y a la iniquidad en la distribución de la publicidad oficial, venimos de una administración federal que ha destinado más de 40 mil millones de pesos a publicitarse en medios electrónicos impresos y digitales y tiene los peores índices de aceptación pública.
Esto quiere decir que la percepción pública no se compra, lo peor es el despilfarro, es que ese dinero bien pudo haberse destinado para financiar la educación o generar empleos o distribuir becas a miles de jóvenes, en lugar de eso se destinó al ego presidencial sin contar el despilfarro de todos los gobernadores.
Esta ley tampoco elimina la ilegal concentración de más de 60 % de los recursos públicos a un puñado de medios electrónicos.
Esta ley va en contra del espíritu constitucional a favor de la equidad y de la promoción de todos los medios de comunicación en función de su especialidad, su cobertura, su circulación y su credibilidad.
En esta minuta no existen las sanciones ni los límites, es un catálogo de promesas sin fiscalización y de ambigüedades que permitirán la discrecionalidad en las campañas de comunicación.
Se ignora la necesidad de una vigilancia ciudadana al uso y abuso de los recursos públicos destinados a la publicidad.
Por eso, precisamente muchas organizaciones no gubernamentales la han bautizado como la “Ley Chayote”, no se incluyen criterios claros para la asignación de la publicidad oficial, no se fomenta la pluralidad de medios y por ende se limita la pluralidad informativa, no establece límites ni controles para el ejercicio presupuestal de las instancias públicas sobre la compra y asignación de la publicidad oficial, debieron bastar los tiempos oficiales y no usarse recursos públicos en esta tarea.
Se mantiene la concentración discrecional en la Secretaría de Gobernación, se está permitiendo que los recursos públicos se ejerzan como si fueran propiedad de los funcionarios en turno y prevalece el talante profundamente autoritario del régimen.
Quisiera dar las cifras de la partida 3 mil 600 que corresponden a comunicación social en la Presidencia de la República, en el 2013 lo aprobado fue de 3 mil 542, pero se ejercieron 4 mil 766 millones de pesos.
Es decir, se rebasó el presupuesto en un 34.6 %, en el 2014 se rebasó en 15.1 %, en 2015 rebasó el presupuesto en 87.3 %, en 2016 se rebasó en 142.7 %, en 2017 se rebasó en 103.8%, 2018 todavía no concluye, total que en 2013 y 2017 el rebase de Peña Nieto en medios de comunicación fue de 74.7 %.
Además están todas las dependencias del gobierno federal, turismo ejerció 100 veces más de lo que le aprobó la Cámara de Diputado, la Sedatu, 78 veces más; Relaciones Exteriores, 20 veces más; Agricultura, 6 veces más, y la Secretaría del Trabajo, 5.5 veces más.
Es decir todo este gasto en comunicación social es un tiradero al bote de la basura porque ni siquiera ha servido para que los servidores públicos tengan buena fama.
El Senado de la República debió contribuir al fortalecimiento democrático con esta ley, pero eso no va a ocurrir.
Está página legislativa es de vergüenza nacional, un página de la ignominia en la historia legislativa de México, nosotros, nosotras nos oponemos a la simulación, seguiremos trabajando para hacer realidad las aspiraciones de nuestra sociedad para que el fruto del estudio, la reflexión y el debate libre dé por resultado una ley digna para México, no seremos defenestrados ni señalados como lo serán los que voten a favor esta ley.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Verónica Martínez Espinoza del PRI, para hablar a favor del dictamen.
La Senadora Verónica Martínez Espinoza: Con su venia, Presidenta.
Compañeras, compañeros:
El dictamen que hoy discutimos no sólo es resultado de un importante trabajo legislativo, supone un avance impostergable en materia de transparencia y rendición de cuentas en materia de publicidad gubernamental.
También da cubrimiento a un mandato judicial del que no debemos ser omisos, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante sentencia de amparo nos ha instado a aprobarla antes del 30 de abril.
La Ley General de Comunicación Social es uno de los grandes pendientes en la agenda legislativa y no podemos seguir postergando este tema, la publicidad gubernamental tiene que ser regulada.
Los Senadores del PRI los invitamos a reflexionar sobre nuestras obligaciones como legisladores, estamos conscientes que toda ley es perfectible, pero este proyecto es un primer paso para la conformación de normas claras y eficaces que sujetan a los entes públicos e instituciones de Estado de los tres órdenes de gobierno.
Se trata de una nueva legislación que exige eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.
Todas las entidades deberán actuar con responsabilidad en la conformación de mensajes, a la par que se evitará el uso de recursos públicos para la construcción de campañas políticas a través de los mensajes gubernamentales.
El dictamen es claro, no se podrá realizar publicidad gubernamental en tiempos de campañas electorales.
Es un gran avance porque transparenta la relación que el Estado mexicano tiene con los medios de comunicación.
Al mismo tiempo este dictamen salvaguarda el principio de equidad durante los procesos electorales, faculta por ley a la Auditoría Superior de la Federación para realizar la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales.
Asegura la accesibilidad de la publicidad para las personas con algunas discapacidades y contempla mecanismos adicionales para mantener informada a la población en caso de emergencia por situaciones de salud.
Desde hace más de una década los ciudadanos han exigido la regulación en la materia, y hoy contamos con la oportunidad para hacerlo.
Votar a favor de este dictamen significa un gran paso en la consolidación de un gobierno abierto, transparente y participativo.
Con esta ley todos estamos obligados a respetar los topes de comunicación social, pero además quedamos obligados a reportar dichos gasto a los ciudadanos.
Es importante resaltar que estamos hablando de una Ley General, no de un código. Por lo tanto, el artículo 6° establece que en forma supletoria va a remitir la ley a otras leyes que ya están escritas y publicitadas vigentes, como es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública.
Los que han dicho que no existe un capítulo de sanciones están muy equivocados, porque si al practicar una fiscalización la Auditoria Superior advierte que existen ilícitos, lo va a enviar a la Procuraduría General de Justicia, y esta determinará si existen delitos para perseguir, y en caso de que existan infracciones de carácter administrativo lo mandará la Función Pública para que ésta imponga las sanciones correspondientes.
Por lo tanto, no estamos hablando de que no existan sanciones en esta ley.
Vuelvo a repetir, no estamos hablando de un código, estamos hablando de una Ley General que remite a otras.
Y, por lo tanto, la lectura de la ley debe de ser sistemática, no en forma individualizada artículo por artículo.
Compañeras y compañeros legisladores:
México cuenta con una sociedad más participativa, crítica y vigilante, con medios de comunicación independientes y comprometidos con su labor informativa.
Nosotros tenemos la obligación de atender las demandas de los ciudadanos, programar los gastos y hacerlos públicos.
Hoy es momento de conformar acuerdos que permitan la aprobación de esta ley que dará certeza a todos aquellos involucrados en la materia de comunicación social y propaganda gubernamental.
Nosotros los Senadores del PRI reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la libertad y el derecho a la información. Por ello, votaremos a favor del presente dictamen.
Ofrezco una disculpa por haberme pasado unos minutos, pero creo que muchos lo han hecho.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora.
Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Larios Córdova, del PAN.
No se encuentra el Senador Larios.
Enseguida, tiene el uso de la palabra el Senador José María Tapia Franco, para hablar a favor.
Senador Alejandro Encinas.
Senador José Ascención Orihuela, para hablar a favor.
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros:
El asunto que hoy discutimos es de gran relevancia, esto es para consolidar una gestión pública, transparente, eficiente y eficaz en materia de comunicación social.
La Ley General de Comunicación Social que se propone expedir se compone de 45 artículos organizados en cinco títulos y ocho artículos transitorios, su objetivo es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de comunicación social en cumplimiento del párrafo octavo del artículo 134 de la ley fundamental.
Y tercero transitorio, así como la sentencia de Amparo.
Establece las normas a que deberá sujetarse los entes públicos para garantizar el gasto en comunicación social y que este cumpla con los principios constitucionales.
Los beneficios concretos de la ley son varios y de diferente naturaleza, de los cuales quisiera destacar sólo alguno de ellos.
En primera instancia, abona al fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, ya que incluye mecanismos suficientes para dar certeza de que el gasto se realice de manera responsable, transparente e institucional.
La rendición de cuentas y el control de la publicidad oficial demandan como principio transversal la transparencia. En efecto, todos tenemos el derecho a saber cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos públicos destinados a la publicidad oficial para que no sea ejercida de manera discrecional o discriminatoria.
Plantea la sujeción del gasto público en materia de comunicación social a principios rectores y cuyo incumplimiento deriva en infracción administrativa e incluso posibles delitos.
Crea un padrón nacional de medios de comunicación que será consultable por cualquier persona.
Propone la rendición de informes desglosados sobre el gasto en publicidad que serán públicos y comunicados bimestral y anualmente al Congreso de la Unión.
Plantea la revisión y fiscalización de los recursos a través de la Auditoría Superior de la Federación.
La eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la contratación o gasto en comunicación social, como la necesidad de comunicar los asuntos públicos a la sociedad para su información o atención, son principios rectores; entre otros, en la aplicación de esta ley.
Asimismo, establece normas claras para la contratación.
Para los entes públicos se prevé que la contratación de campañas de comunicación social se realice conforme a la estrategia y al Programa Anual de Comunicación Social que debe incluir objetivos estratégicos, metas nacionales y los temas a abordar, entre otros.
Propone topes de gasto en publicidad oficial y hay sanciones para quien los incumpla, ya que la revisión y fiscalización de los recursos, como se ha mencionado ya en esta tribuna, se efectúa a través de la Auditoria Superior de la Federación, lo que permite sancionar el mal uso de recursos por la vía penal y administrativa.
Garantiza el respeto a la libertad de expresión, tanto para la manifestación de las ideas como al derecho al acceso a la información y evita la autopromoción de los servidores públicos.
Compañeras y compañeros:
Esta ley responde cabalmente a la exigencia ciudadana de garantizar el acceso a una información completa, oportuna y veraz en el marco de un ejercicio eficaz, eficiente, transparente y responsable en el uso de recursos públicos.
No tenemos la menor duda que fortalecerá la cultura de transparencia y gobierno abierto, generando las condiciones para que la promoción de las acciones gubernamentales sea utilizada estrictamente con fines institucionales.
Por los alcances que representa esta ley para la sociedad mexicana, votaremos a favor de su aprobación, y asimismo los convoco, los invito a hacer lo propio en el mismo sentido.
Muchas gracias por su atención.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Senador.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Ernesto Ruffo Appel, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen.
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy buenas noches, compañeros y compañeras Senadoras.
Precisamente, analizando todo esto que se va diciendo, que los distintos compañeros van describiendo el análisis de la minuta que se ha envidado desde con los Diputados, pues para estos asuntos de la Ley General de Comunicación Social, pues me temo que debo de expresar que es inconstitucional.
Esta votación que estamos por celebrar para aprobar esta Ley de Comunicación Social, vulnera de manera sustancial el derecho a la libertad de expresión y los derechos de las audiencias.
Principios constitucionales violados. La prohibición de regresividad de las normas de derechos humanos, artículo 1, 2 y 3, así como el apartado B del artículo 6 y el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Igualmente, consideramos que se infringe el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación que sobre esa norma han realizados los órganos interamericanos de protección de derechos humanos.
También habremos de ver, quizás, en la revisión de la opinión pública que se dieron violaciones al proceso legislativo de forma sustantiva, de manera de que, es probable que afecte la validez de esta Ley General de Comunicación Social.
Esto que está inminente a su votación, también viola los principios internacionales de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de publicidad oficial.
El Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estableció una serie de principios rectores en materia de publicidad oficial quedando como sigue:
1.- Las leyes claras y precisas.
2.- Objetivos legítimos de la publicidad.
3.- Criterios claros de distribución de las pautas estatales.
4.- Planificación adecuada.
5.- Mecanismos transparentes de contratación.
6.- Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
7.- Control externo de la asignación publicitaria.
8.- Pluralismo informativo en la publicidad oficial.
Estos principios buscan proteger la independencia de los medios de comunicación y el derecho a la información, mientras que la legislación en votación es un abuso, ya que no cumple cabalidad con los objetivos que se plantearon en la Constitución, pues no prevé el cumplimiento del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre proteger el derecho a la libertad de expresión, reducir la discrecionalidad en el gasto de comunicación social y con ello el posible control de los contenidos editoriales.
La Corte estableció que se considera que, efectivamente, la ausencia de reglas claras y transparentes sobre la asignación del gasto de comunicación social como resultado de la omisión legislativa, da lugar a un estado de cosas inconstitucional que vulnera la libertad de expresión en su dimensión colectiva y también se traduce en una clara afectación a la dimensión de la libertad de expresión. Estos comentarios, en referencia, a precisamente a quienes promovieron el juicio de amparo.
Eso es así, compañeros.
Muchas gracias, y que continúen las buenas noches.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Senador.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, para hablar en contra del dictamen.
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Pues, sí, estamos aquí pasando a la historia como los chayoteros más grandes del país.
Se va a aprobar la “Ley Chayote”, así la ha denominado la sociedad civil organizada, y lo peligroso de la “Ley Chayote” es que justamente legaliza la práctica perversa del chayote.
Esta práctica de embutir a periodistas y medios de comunicación para evitar que te peguen, el típico pago para que no me peguen.
Pero antes no estaba en la ley. ¿No? ahora, con esta Ley General de Comunicación Social, y que además, que quede claro, fue impulsado por el PRI y el Verde en la Cámara de Diputados, el chayote se va a convertir en ley, en ley para buscar o pretender seguir controlado medios de comunicación.
Lo que no entiendo de mis compañeros legisladores es que insistan en algo como esta naturaleza, cuando de entrada ya están por irse, pero siguen creyendo que son eternos, y el poder no es para siempre.
Ni siquiera las cantidades millonarias que han invertido en medios de comunicación han servido para tapar la corrupción, la impunidad, y a pesar de que crean que por ser estas horas de la noche ya nadie se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo aquí, se equivocan.
En las redes de comunicación social, este tema está caliente, y por supuesto que se dan cuenta de lo que estamos haciendo, y se dan cuenta, quienes con su presencia o con su ausencia están avalando la “Ley Chayote”.
Así, pues, ustedes deciden si quieren pasar a la historia como los chayoteros de México.
¿Cuáles son los problemas que plantea esta ley, aparte de regular el chayote ahora en una ley?
Entre otras, y además eso lo dice el Instituto Belisario Domínguez, que es un instituto de estudios de este Senado de la República, abren la posibilidad a la difusión de programas gubernamentales que no sean necesariamente útiles al público.
No delimita claramente el contenido de carácter promocional de los programas sociales, y es importante que el legislador regule si las campañas de comunicación social son o no son informativas.
Dice este mismo estudio, “en particular, es preocupante que el artículo 14 de la minuta considere que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos no es una campaña de comunicación social”, las cosas, ¿cómo dice la propaganda hoy en día de comunicación social del Presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, pues no sería una campaña de comunicación social.
El órgano regulador de dichas provisiones será la Secretaría de Gobernación, lo cual no garantiza que los contenidos sean juzgados propiamente, y al respecto también la Corte dijo, la Suprema Corte advirtió que el Secretario de Gobernación, a pesar de que emitió un acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal, éste acuerdo y, por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy en la ley, puede ser modificado por la propia Secretaría de Gobernación, por la administración pública y de ninguna manera subsana la omisión en la que ha incurrido el Congreso de la Unión, vamos a lo mismo.
Un punto importante, vinculado con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alude precisamente la importancia de que participen especialistas técnicos en los procesos de asignación de la pauta estatal, lo cual conlleva a valorar si existe dentro de la Secretaría de Gobernación una instancia con las competencias técnicas requeridas para llevar a cabo esta tarea, por supuesto que no.
Del gasto de comunicación social se establecen como criterios para el gasto en comunicación social, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y racionalidad presupuestaria, honradez, objetividad e imparcialidad; sin embargo, la minuta no define cómo operarán estos principios.
Por otro lado, establece que la Segob emitirá lineamientos permitiendo la discrecionalidad en la definición del gasto, que seguirá siendo determinado y operado por las dependencias y entidades públicas.
Por otro lado, aunque se señala que el gasto debe apegarse al Presupuesto de Egresos de la Federación, la minuta no limita la capacidad del presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar las adecuaciones presupuestales.
Estoy por terminar, Presidenta.
De verdad, compañeros, no entendemos cuál es su afán de sacar una legislación de esta naturaleza, cuando a pesar de que con ello pretendan que los medios de comunicación sigan hablando bien de ustedes, son los propios periodistas quienes están cansados de la censura, son los propios medios quienes ya no quieren tener que seguir teniendo este tipo de obligación por dinero, el cual viven y que ustedes utilizan para controlar la libertad de expresión y, por lo tanto, tener manipulado el derecho de los ciudadanos a estar informados.
Nuevamente espero que sean conscientes y voten en contra de la “Ley Chayote”.
Es cuanto.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señora Senadora.
Tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del PRI, para hablar a favor del dictamen.
El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, Presidenta.
Con su venia, compañeras, compañeros Senadores.
Pues esto es como precisamente el vaso, hay quien lo puede ver medio vacío, hay quien lo puede ver medio lleno, y hay quien le puede encontrar a este proyecto de dictamen, a esta minuta que estamos discutiendo esta noche, las bondades, o también hay quien le puede encontrar, pues no solamente defectos, sino pareciese que este trabajo que se hizo, pues conlleva una mala intención y obviamente yo no coincido con eso, porque para mí la trasparencia es la base fundamental para fortalecer nuestra democracia, este principio se logra a través del ejercicio y derecho a la información.
En cumplimiento a este objetivo y con la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a la información completa, oportuna, veraz y con el manejo transparente de los recursos públicos, surge la Ley General de Comunicación Social.
Gracias a esta ley, la comunicación social de todas las entidades públicas habrá de someterse a mecanismos de control, sobre todo en su contratación y fiscalización.
Este ordenamiento plantea reglas claras y transparentes sobre la asignación del gasto de comunicación de los tres órdenes de gobierno y de los entes públicos.
De ser aprobada operará bajo criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, economía, racionalidad presupuestaria que son necesarios para el fortalecimiento institucional.
La ley no sólo engloba propaganda gubernamental en el concepto de comunicación social, sino también busca que la publicidad del gobierno no influya en la equidad de los procesos electorales, por ejemplo, evita que la comunicación social pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.
La propuesta de ley señala que la comunicación social que difunda programas, que otorguen subsidios o beneficios directos a la población no podrán ser utilizados para promover la imagen de ningún servidor público.
De esta forma se generan las condiciones de equidad y evita la influencia indebida de los servidores públicos en las elecciones, ofreciendo mayor certeza jurídica a todos los sujetos obligados y para la sociedad en general, ya que a toda información generada en el ámbito gubernamental, susceptible de difusión, tendrá el carácter de pública.
Con ello, se exige la eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos, pero también en los objetivos manifiestos de la comunicación social para que exista congruencia entre el contenido de los mensajes y las campañas.
De igual forma, en caso de desacatos, se establecen las sanciones para todos aquellos servidores públicos que no den cumplimiento a lo dispuesto por esta ley.
Por eso nosotros consideramos que esta no se le puede llamar de una manera peyorativa como la “Ley Chayote”, es un buen esfuerzo, se establecen ya los presupuestos que tendrán las entidades públicas en el gasto de publicidad, habrá una completa fiscalización, se orientará a la comunicación en beneficio de la sociedad.
Cuando se habla de transparencia todo mundo alzamos la voz y queremos que el gobierno sea transparente y que informe a la sociedad de lo que está haciendo.
Y cuando el gobierno decide emprender una campaña para informar de los logros resulta que ya es promoción de algún servidor público.
Este es un buen esfuerzo, es un gran paso para ir caminando a ejercicio de mayor transparencia, de estar más cerca de los ciudadanos y de garantizarle precisamente a los propios ciudadanos que lo que se está haciendo y que los recursos que son, efectivamente, de la propia ciudadanía se están ejerciendo de manera adecuada.
Por eso consideramos que la aprobación de esta ley es viable y necesaria, el control de gasto en publicidad se tiene que regular, y no sólo para el gobierno federal, sino también para los estados, estados que, por cierto, hoy en día son gobernados por distintas fuerzas políticas en el país. Y como ya se dijo aquí, no solamente lo hace un partido político, sino lo hacen el resto.
La comunicación general de comunicación social permitirá fortalecer la cultura y la transparencia del gobierno abierto, generando las condiciones para la promoción de las acciones de gobierno que no sea utilizada con fines políticos.
Por eso, a nombre de mi grupo parlamentario, no solamente les anunciamos que vamos a votar a favor de esta minuta, sino también que en un acto de responsabilidad todas y todos votemos a favor.
Por su atención, muchas gracias.
Muy buenas noches.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador.
Gracias por su puntualidad.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del PT, para hablar en contra.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Presidenta, siempre es una gran satisfacción ver en el Senado a una Presidenta mujer.
Me da gusto estar, aunque me regañes si me tardo mucho, pero tendremos que reconocer de todas maneras la presencia de una mujer en la Presidencia del Senado.
Esto es para que no me regañe mucho.
No voy a repetir, voy a repetir los señalamientos precisos que se han hecho a toda esa infausta ley.
Si hemos estado aquí, bueno, los que estamos oyendo, podemos llegar la conclusión inmediata que es una falsa ley, que es una simulación, que es una vergüenza.
No voy a repetir punto por punto, pero vamos a tratar de hacer un comentario político.
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia establece, quienes la hemos leído, conceptos precisos para garantizar la libertad de expresión y finalmente la democracia por su conducto.
Hay maravillosas citas a organismos internacionales que han tratado este tema una y otra vez.
En muchos casos yo critico a la Suprema Corte, empezando con las amenazas que nos han echado aquí, que nos van a correr a todos.
La Suprema Corte va a eliminar a un Poder… Más bien, qué risa.
Pero la sentencia tiene conceptos básicos y le concede el amparo a una Organización Civil “Libertad de Expresión al Artículo 19”, Asociación Civil que hay que reconocerle, que dio una batalla una Organización Civil y logra el Amparo.
La iniciativa del PRI, que es la que estamos ahorita discutiendo, es la iniciativa del PRI, es una cínica pública simulación que ha recibido un repudio generalizado.
Muy concreto, un repudio generalizado. Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONG´s, la prensa internacional lo considera una farsa y, sin embargo, ahí vamos. Esto tiene que salir.
Entonces, ¿por qué esta voluntad de imponer cosas grotescas que los exhiben a los priístas y quienes vayan a votar quedan exhibidos?
Digo yo, ¿por qué están haciendo esta barbaridad? ¿Por qué han perdido ya la “chaveta”, eh? Ya están en una situación de han gastado tanto dinero y ahorita lo vamos a comentar, en comprar a los medios, a los comentaristas, a los que están en los grupos de trabajo, comprar y comprar.
Qué creen, tal vez que con este cumplimiento del Amparo van a cerrar el capítulo de la brutal corrupción del gobierno de Peña Nieto en materia de medios de comunicación. Brutal corrupción, desvergonzada corrupción.
Han de creer que lo están haciendo muy bien y cierran un capítulo con una simulación brutal.
La Ley General de Comunicación Social no atiende, ya lo dijeron, voy a decirlo rápidamente, en lo absoluto los conceptos de la sentencia, en lo absoluto. Es ajena a los conceptos en la sentencia, anulan lo previsto en el párrafo octavo, el que se supone que va a reglamentar, lo anula.
Ese párrafo constriñe la propaganda gubernamental a satisfacer fines informativos, educativos, de orientación social y anula todo esto. Todo lo contrario que va a reglamentar el artículo constitucional.
Contraría, sin duda, aquí lo han dicho hasta la saciedad, la libertad de expresión y la equidad de los medios de comunicación, que esa es la discrecionalidad que la Corte se señala, la Suprema Corte de Justicia se señala el manejo de los recursos y no ponen en lo absoluto límite al gasto respectivo.
Esa es la ley que estamos viendo, es una simulación descarada porque regresa a la Secretaría de Gobernación la responsabilidad sin establecer ningún límite.
La Secretaría de Gobernación ha sido la operadora del mayor escándalo de corrupción con los medios de comunicación de nuestra historia.
Gobernación ha sido la que ha manipulado todo esto, el operador del desastre de la corrupción y de la vergüenza de la compra, se le regresa con una ley que no sirve para nada, con una ley falsa.
Repito, ya aquí lo han dicho artículo, por artículo.
Más de 50 mil millones de pesos para comprar medios, comentaristas, etcétera, mucho más millones ocultos los podemos ver al prender las estaciones de radio, oírlos, millones más de lo que se dice, muchos, 50 mil millones o miles de millones, es una danza de millones.
No necesitas prender el radio, ver aquí, leer.
Hoy que estamos en una campaña es descarado y ustedes lo saben.
El control que debería de tener la Cámara de Diputados en estos seis años, no lo ejerce.
Hay sobreejercicios, han violado todas las normas aprobadas por la Cámara de Diputados, todas las normas, millones de millones de pesos sin ninguna sanción.
¿Cómo puede el Secretario de Gobernación y estos compinches, cómo pueden haber gastado esto superando lo que el presupuesto tiene y no pasa nada en la Cámara de Diputados? Nadie dice nada.
¿Y esos que gastan trillones y millones y compran y se ven con un descaro haciéndolo, no reciben ninguna sanción?
Se pasan, brincan los topes, que es lo que deberían de delimitarlos, no, en la Cámara de Diputados año con año y no pasa nada.
Y los pícaros que brincan, sabemos quiénes son en Gobernación y en las Secretarías y todo mundo, esos no tienen ninguna sanción y están en un acto brutal de corrupción, antidemocrático, brutal, no les pasa nada.
Bueno, superan y superan aquí, no hay Estado de derecho, nada, no se respetan los topes todos los años, eh.
¿Qué es lo que define una dictadura? Que parecería exagerado.
Eso no es la dicotomía entre la realidad y la imaginación.
No, una dictadura se define por el control de los medios de comunicación, para empezar.
Es lo primero que hacen, la censura, a veces con las metralletas matando gente; y a veces con el dinero, que son las balas más efectivas, por lo que hemos vivido, con dinero.
Pinochet, Chile y Peña Nieto son iguales, son iguales, censuraron a la prensa, la compraron.
Pinochet mató y tiró en aviones a los periodistas; y aquí, se les compraron.
Franco, en España, ¿se acuerdan?, cuando no había periódicos, más que unas cosas horrendas, como muchos de los que estamos viendo ahora, que me informan.
Argentina, Videla, ¿éstos qué hicieron?
Es una dictadura. Eso es lo que organizó Peña Nieto con la corrupción, la discriminación y el gasto, esto es una dictadura; hemos vivido una dictadura del dinero, de la compra, de la desvergüenza.
¿Cuál ha sido el efecto de esta dictadura?
Ha sido gravísimo, gravísimo. Tenemos una población manipulada, desinformada, engañada, se ha quedado una imagen falsa de México, en el desastre, en la pobreza; una imagen falsa que a veces sale hasta de las coladeras, una imagen falsa por la desinformación, un México que no existe.
Es un grave daño a la democracia y a la realidad y al debate, y a todo. Es una imagen falsa de México y en las acciones del Presidente de la República, bueno, que depende de todas maneras, se ha desplomado hasta el suelo, pero la dictadura ahí está.
Un México falso, hundido en la pobreza, pero adormecido.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Le pido por favor que concluya señor Senador.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Sí, ya estoy muy cerca de terminar.
Reformas estructurales, me acuerdo yo. Brutalmente regresivas contra el patrimonio de los mexicanos, disfrazadas en permanentes mentiras, porque es un proceso que suprime la antigüedad, la libertad de expresión.
Yo recuerdo cuando fuimos a recopilar firmas para que se aprobara la participación social, la democracia directa, recorrimos muchísimas casas, tocabas la puerta, y no sabían que ya habían entregado el petróleo de México, esa gran conquista de los mexicanos, no sabían las gentes; tocabas la puerta, y lo ignoraban.
Ignoraban las peores tropelías contra ellos mismos, esa es la causa.
¿Estaría usted de acuerdo en entregar al extranjero la energía nacionalizada?
No sabían, pero además la Suprema Corte con sus apoyos no permitió la consulta.
Recursos negados a medios críticos, a reacios a jugar el juego, y también censura hasta actores políticos, a través de la distribución de recursos, condenando a los que no les caen bien, a la invisibilidad política, no existen.
Desaparición de los medios, además de ataques cuando les conviene.
Les quiero decir una cosa, yo soy un ejemplo de eso. Seis años, seis años han bloqueado mis intervenciones, una tras otra, como van a bloquear ésta. Seis años, seis años he sido víctima de la manipulación y de la desaparición física, y órale.
Más la prensa que ha sido sometida también hemos sido desaparecidos los actores políticos.
Concluyo ahora sí, Presidenta, agradeciéndole su flexibilidad.
La ley que hoy se discute es una cínica, una cínica y desvergonzada simulación que será aprobada porque así lo tienen ya diseñado, por esos Senadores, que se suman, se suman a una estupidez, a una estupidez pública, se suman, cuando deberían ya de decirle a Peña Nieto, oye, ya te vas, y también a Anaya, porque se van a ir los dos.
Gracias, Presidenta.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señor Senador.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Esteban Albarrán Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
El Senador Esteban Albarrán Mendoza: Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros legisladores, llevamos cuatro décadas tratando el tema de la propaganda gubernamental.
Desde la reforma electoral de 1977 el Congreso de la Unión sentó las bases legislativas para la regulación de la propaganda gubernamental y de comunicación social en nuestro país.
Con la reforma político-electoral del 2007 se generó un nuevo modelo de comunicación política enfocada principalmente a regular propaganda gubernamental y generar una mayor equidad en las contiendas electorales.
En la reforma político-electoral del 2014 aprobamos un nuevo procedimiento para la fiscalización en los gastos de campaña y establecimos reglas claras para que los recursos públicos se ejerzan con transparencia, economía y bajo el principio de la rendición de cuentas.
También se estableció en el artículo tercero Transitorio la obligación del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria que regulara la propaganda gubernamental.
Este plazo venció el pasado 30 de abril de 2017 dando lugar a un amparo promovido por una organización de la sociedad civil tal como consta en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como resultado de este proceso se resolvió ordenar al Congreso de la Unión a emitir una legislación secundaria antes del 30 de abril del 2018.
El dictamen que hoy discutimos da cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sobre todo responde a una demanda ciudadana y a los criterios establecidos por nuestra ley fundamental.
Sin duda responde a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna, veraz, y, por supuesto que prevé el manejo transparente de los recursos públicos destinados a esta responsabilidad esencial del Estado mexicano.
Por tal motivo adelanto que nuestro voto será a favor del presente dictamen por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.
Votaremos en este sentido, convencidos de que con su aprobación los gastos de comunicación social se realizarán en estricta observancia con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Se garantiza con esto el pleno ejercicio del derecho de la libertad de expresión en la difusión y contratación de propaganda gubernamental a los medios de comunicación respetando los topes presupuestales y atendiendo las disposiciones administrativas y presupuestarias que establece nuestra legislación.
Con esta nueva ley se va a fiscalizar el gasto en comunicación social de todos los poderes en los tres órdenes de gobierno y todos los entes públicos, esto significa que se va a revisar, auditar y vigilar a detalle el gasto en publicidad para prevenir su uso discrecional y arbitrariedades contempla nuevos medios de control, sistemas de planeación, fiscalización y la revisión permanente del origen, ejercicio y comprobación de los recursos públicos utilizados para la contratación de campañas de comunicación social.
Se establece con esto también un control presupuestario, las contrataciones de tiempos comerciales para la difusión de las campañas de comunicación social deberán apegarse a la legislación y normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que les sea aplicable.
Cuando se detecte alguna irregularidad la ley preverá infracciones y sanciones que puedan constituir responsabilidades administrativas y penales.
Además, se prohibirá expresamente que las campañas de comunicación social contengan mensajes que ataquen, vulneren o demeriten la moral, la vida privad de las personas o que perturben el orden público.
Compañeras y compañeros legisladores, no hay que olvidar que la comunicación social no sólo informa los logros del gobierno, también juega un papel de la mayor relevancia ante desastres naturales y emergencias de protección civil al mantener informada a la ciudadanía para proteger su integridad, vida y patrimonio.
Uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia es el acceso a la información pública-gubernamental y de ahí, precisamente la relevancia de contar con un marco jurídico que responda a nuestras características y necesidades.
Por todo lo anterior los invito a que manifestemos a favor el presente dictamen y aprobemos esta nueva ley que tiene como objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos en su comunicación social.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, señora Presidenta.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, por su puntualidad Senador.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, para hablar en contra del dictamen.
Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Perdón, Presidenta.
Es que le hemos solicitado en que pudiera cambiarnos, entrar primero el Senador, si usted no tiene inconveniente.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Adelante, Senador Pedraza, por favor.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, compañeros por esta oportunidad.
Creo que me voy a despachar con la cuchara grande en el tiempo, porque estoy frente a un auditorio solo y eso hace que se disfruten los soliloquios en este sentido.
Hoy hemos tratado de picar piedra, pero creo que no se logra.
Bueno, hay alguno que otro compañero solidario, bienvenidas, compañeras, gracias por su presencia.
La propuesta de trámite que de manera irregular las Comisiones Unidas hoy han presentado como un dictamen para algunos lo ven al revés.
Este dictamen que hoy se trata de instalar, es un documento que no cumple con las formalidades que la Suprema Corte estableció, aunque algunos piensen que es al revés.
Se atropellan derechos muy puntualmente señalados por la Suprema Corte de Justicia, aunque algunos piensen que es al revés.
Luego pudiéramos preguntarlo, no será que muchas cosas que se piensan que están de cabeza, en realidad no lo están.
Aquí tenemos un conjunto de compañeros esforzándose aclarar, a transmitir, a decir que solamente es una simulación la que se está haciendo y no se está cumpliendo legalmente con los alcances de un Amparo que obliga al Congreso de la Unión a legislar en materia de propaganda gubernamental.
Hagamos bien las cuentas, nos dicen y por más que le hemos hecho, no les da la cuenta de cómo se rebasan los gastos y los topes de campaña de gastos de publicidad establecidos en la ley y no nos salen, se rebasan en un marco muy importante, ya hicieron aquí las cuentas varios compañeros de nosotros y no salen las cuentas.
Y luego dicen que estamos al revés.
No es posible que esta visión que trata de imponer el gobierno, y lo tomo en su eslogan, porque precisamente aquí está la discusión de fondo en lo que se plantea, se quiere regular el aspecto de la propaganda gubernamental y están confundiendo el concepto con comunicación social y es una forma tan encontrada, como nos quieren presentar una ley que no cumple con esas especificaciones y luego dicen que las cosas está al revés.
Con esa ley nos cuentan, se da cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero haciendo bien la cuenta es una simulación que permite la discrecionalidad, concentren la Secretaría de Gobernación el control de la comunicación social.
¿Y cómo aborda el gobierno el problema del descontento social, del enojo y de la irritación con una campaña como esta? Pero entonces se alejan del principio que dice que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres poderes de órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
¿Y qué han tratado de hacer con todas estas campañas que se han hecho?
Díganme, ¿dónde ubican lo bueno cuenta y cuenta mucho? En tratar de incidir, de estar insistiendo en mejorar la imagen de un Presidente que no logró hacer bien las cosas y que en ese sentido se permitió el alcance de la oportunidad que le han dado.
Y esto, compañeros, lo ven y se sigue con el ejemplo, en los gobiernos de los estados se repite la misma deformación que se está haciendo.
Por eso hoy que estamos en la antesala no de llegar de mañana de manera peyorativa a llamar esta ley descalificada, esta minuta, yo entiendo que en su confusión, están tratando de sacar una Ley de Comunicación Social y que falta regular, emitir la ley, el decreto que norme la propaganda gubernamental.
Seguramente que en esa confusión estamos parados y por eso la insistencia de presentar las cosas al revés, como se ha pretendido, no hacer bien las cuentas y que le salga mal el planteamiento jurídico que el día de hoy quieren hacerle creer al pueblo de México que están abordando esa deficiencia, estamos mal parados en esa perspectiva, compañeras y compañeros.
Por eso hace falta que en este Senado se hagan bien las cuentas y retomemos el rumbo de la discusión correcta para poder generar una discusión que enderece esa deficiencia que se pretende imponer.
Fíjense, pasando desde tratar de imponer un dictamen de forma irregular, un dictamen que no alcanzó a ser dictamen y que de alguna manera la Presidencia de este Senado, de manera ilegal lo puso a discusión como un dictamen de comisiones, cuando nunca alcanzó ese rango y tuvimos que haber empezado aquí con la discusión de otra manera.
Hagamos bien las cuentas, compañeras y compañeros, háganle la cuenta al señor Peña Nieto, cuando fue candidato siempre nos dijo: “Te lo firmo y te lo cumplo”, y estableció el compromiso de combatir la corrupción.
¿Y qué ha pasado en estos seis años de gobierno? No hemos sido capaces, ni tan sólo de poder abordar una discusión para corregir el artículo 102 de la Constitución para que no haya fiscal carnal.
Está en contra de lo que dijo, estas simulaciones las tiene que entender bien el pueblo de México porque cada uno de los eslogan que ha ido cumpliendo están al revés, no están haciendo bien la cuenta y esta cuenta se les va a revertir en la próxima jornada electoral.
Muchas gracias.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, senador Pedraza.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Guadalupe Flores Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.
La Senadora Guadalupe Flores Valdez: Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros Senadores:
Como aquí se ha reiterado, la aprobación de esta ley es una obligación ineludible.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sentencia, nos ha llamado a cumplir con nuestro deber legislativo y concluir con esta gran tarea que tenemos pendiente.
Hoy atendemos ese llamado, pero también a una demanda ciudadana que exige la conformación de mecanismos jurídicos claros en el uso de la comunicación social.
Permanentemente la sociedad nos insta a generar certeza, apertura el uso y manejo de recursos públicos y a transparentar las finanzas en materia de comunicación social.
Estoy convencida de que esta ley permite avanzar hacia un país que aboga por un gobierno abierto, en el que se establezca un control claro del gasto público, de cuánto se gasta en publicidad gubernamental.
No sólo es un tema del gobierno federal, y aquí lo han reiterado varios compañeros.
De acuerdo con el IMCO, los 32 estados del país, en 2016, tuvieron un presupuesto para comunicación social de 3 mil 994 millones de pesos, pero en realidad gastaron 9 mil 528 millones de pesos.
La ley que discutimos establece mecanismos para que cada una de las instancias informe periódicamente los gastos que ejerce.
Estamos a favor de que los ciudadanos conozcan cómo se gasta el dinero de sus impuestos y que tengan la certeza de que el dinero público será destinado a funciones del Estado y no a acciones publicitarias.
Esta ley fiscaliza, regula y estructura los tiempos de la publicidad gubernamental, no sólo durante las elecciones, sino que lo hace a lo largo de toda la gestión.
Regula los tiempos destinados a comunicación por cada uno de los poderes y genera un padrón de proveedores.
Cuenta esta ley con sanciones.
Los artículos 44 y 45 de la minuta advierten que cualquier servidor público que infrinja en los principios de la ley podrá quedar sujeto al régimen de responsabilidad de los servidores públicos, previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además, la Auditoria Superior de la Federación fiscalizará a las instancias.
Compañeras y compañeros Senadores:
Debemos cumplir la exigencia de la Corte.
Debemos atender el llamado de la ciudadanía.
No podemos seguir confundiendo a la sociedad, nuestra obligación es poner al día nuestra legislación.
El proyecto sí incluye mecanismos suficientes para dar certeza en donde el gasto se realice de manera moderada, transparente e imparcial.
Es falso que la ley permita la autopromoción de funcionarios, ya que los informes de gobierno estarán sujetos a reglas específicas.
Prevé controles para evitar la censura.
El artículo 5 que incluye los principios rectores establece la obligación de atender el respeto a la libertad de expresión y el fomento del acceso ciudadano a la información, respetando la diversidad social y cultural de la nación.
Debemos trabajar para el desarrollo del país.
Debemos atender a los grandes problemas que laceran a la sociedad.
Debemos priorizar el gasto público para la atención de nuestras obligaciones.
Aprobar esta ley es cumplir con nuestro trabajo, con la obligación y responsabilidad que tenemos como legisladores.
Por su atención, muchas gracias.
Gracias, Presidenta.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, señora Senadora.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen.
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, Presidenta.
Allá por 1953, el ex gobernador Felipe Mazarraza envió a unos reporteros a la Ciudad de México para que constataran el sistema de riego que había contratado para el estado de Tlaxcala, y el autobús avanzaba y avanzaba, y nada más no veían el sistema de riego que se supone ya estaba instalado y estaba generando ahí una plantación bastante verde.
Y como nadie veía nada, el director de prensa de Tlaxcala, comenzó a repartir unos sobres, obviamente estos sobres tenían algo de dinero.
Entonces, uno de los periodistas que acompañaba en ese autobús dijo: “ya empiezo a ver muy verdes los chayotes”. Y de ahí viene el término el chayote.
Estamos frente a la ley del chayote, el chayote no es más que hablar bien de algún funcionario público que paga porque hablen bien de él.
La realidad que en muchas ocasiones pareciera algo simple, pero cuando hablamos que el Presidente Peña Nieto ha gastado 36 mil millones de pesos en su sexenio para que hablen bien de él, pues ya estamos frente a un problema.
Cuando hablamos que los gobernadores casi igualan esa cifra en todo el país para que la prensa hable bien de ellos y se genere una imagen positiva, ya tenemos un problema.
Cuando los presidentes municipales utilizan ese mismo recurso que podría destinarse a combatir la pobreza, a combatir la inseguridad, a combatir el desempleo, cuando sumamos estas cantidades exorbitantes de dinero de más de 50 mil millones de pesos destinados a que alguien hable bien de algún gobernante, entonces, estamos frente a un problema.
¿La pregunta es si funciona o no esta compra de opinión?
Desde que se miden a los presidentes en el posicionamiento positivo o negativo frente a la sociedad, desde el momento en que se empiezan a medir hace casi 20, 25 años, Peña Nieto ha sido el peor calificado, ni con todos los 36 mil millones de pesos que ha gastado sigue calificado con el 2.4 a nivel nacional, es decir, el 76 % de la población piensa que Peña Nieto está haciendo las cosas mal.
Realmente, gastar dinero en esta época o en esta era digital, para decir que alguien está trabajando, pues realmente no ha funcionado y no va a funcionar.
¿Realmente tiene sentido seguir gastando estas cantidades de dinero para que la prensa hable bien del gobierno?
¿Tiene sentido?
¿Realmente queremos aprobar una ley que regularice y establezca esa posibilidad?
¿No se supondría que muchos de los medios de comunicación, sobre todo televisión y radio, son concesiones del Estado? Y que cuando el Estado tenga la necesidad de informarle a la población de temas de seguridad, de temas de salud, de temas de educación, de temas de protección civil, pues lo deberían de hacer gratis.
No se justifica que el gobierno tenga un presupuesto destinado a comunicación social para exaltar las virtudes del gobierno en turno o del personaje que gobierna en turno.
Realmente esta ley no tendría sentido de ser, si nosotros sólo estableciéramos en las concesiones que da el Estado a algunos medios de comunicación la obligatoriedad de que publiquen situaciones de responsabilidad para la población.
La realidad es que estamos frente a un derroche muy importante, y un derroche que implica que la imagen de algunos gobernantes se ve exaltada.
En los países civilizados, en términos de comunicación, el gobernante que funciona es el que menos aparece en la prensa, porque cuando aparece es porque tiene algún problema.
La realidad, es que yo creo que no debería existir un presupuesto en materia de comunicación social, y muchos menos de la forma en que se ha estado utilizando, porque además está probado, al día de hoy, que los que más pagan, entre ellos el Gobierno Federal, pues son los peor calificados.
Entre más dinero le gastan a los medios de comunicación, o ahora a los bugs de las redes sociales, o a las simulaciones del Twitter, o a los perfiles falsos del Facebook, o a la publicidad del YouTube o del Google, entre más le gastan, pues por supuesto que peor calificados están.
Entonces, yo les pediría, compañeros, dos cosas:
La primera. Este dictamen no cumple con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
La segunda. No resuelve el problema de fondo.
Los invitaría a que votáramos en contra de este dictamen, en lo general y en lo particular, ya que lo único que estamos haciendo es despilfarrando dinero que podría utilizarse en muy buenas causas para el país, como combatir la pobreza, combatir la inseguridad, combatir la corrupción y, por supuesto, tener un mejor Estado y un mejor país con esas inversiones.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Preciado.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.
Sonido en el escaño de la Senadora Gómez del Campo.
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchísimas gracias, Presidenta.
Primero le solicitaría que por economía parlamentaria pudiese ingresar mi texto íntegro al Diario de los Debates.
Y yo solamente quiero compartir, rápidamente, el tema del procedimiento parlamentario. Considero que no fue el procedimiento adecuado, además de que no se tomó en cuenta a la sociedad civil como se debió haber tomado en cuenta para un tema tan sensible, un tema tan sentido del que hemos estado, pues, muy cuestionados, tanto el gobierno como los diferentes poderes.
Por otro lado, también, lamentablemente y lo señalé en la comisión, el título de esta ley, Ley General de Comunicación Social, se confronta con el texto constitucional que habla claramente de propaganda gubernamental.
Y, por último, señalar también que la Secretaría de Gobernación, con esta ley, se va a convertir en juez y parte, va a ser, pues, quien decida el tope de gastos de propaganda política, y esto es sumamente delicado.
Yo lamento que estemos legislando en estos momentos un tema que debió haber tenido una mayor discusión, pero entiendo también que estamos acatando la petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es cuanto.
Muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senadora.
Se insertará en el Diario de los Debates su participación.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del PT, para hablar en contra.
Adelante, Senador.
El Senador David Monreal Ávila: Gracias, Presidenta.
Hablar de comunicación social implica referirse al interés popular o recibir información de forma objetiva, clara y accesible. De lo contrario, no existiría un diálogo con la sociedad, sino un monólogo manipulador y engañoso, y eso es lo que distingue a esta Ley General de Comunicación Social, la cual mantiene las mismas prácticas gubernamentales de manipulación de la información y rebajando la comunicación social a simples mensajes unidireccionales que hacen todo menos reformar objetivamente.
El Poder Legislativo no entendió del todo la resolución de la Suprema Corte, que si bien estableció un plazo para cumplir con la emisión de la ley, su principal interés era asegurar que dicha norma conviviera con los estándares de derechos humanos.
Es obligación del Estado en materia de publicidad oficial establecer criterios claros en la asignación, contratación y control de las pautas publicitarias.
Sin embargo, la minuta enviada por la Cámara de Diputados no retoma ninguno de estos criterios, al contrario, hace de la discrecionalidad la principal característica de la ley.
Aprobar en estos términos la legislación en comento, estaría dotando a la Secretaría de Gobernación de facultades discrecionales sobre asignación de publicidad y control total sobre el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
Lo anterior sólo tiene un objetivo claro: mantener la propaganda gubernamental al servicio de los intereses políticos de manera discrecional y arbitraria.
Se deja en el olvido la aspiración de dar mayor certeza al proceso de asignación.
Preocupa no establecer de forma clara los controles para ejercer los fondos públicos. Debería instaurarse en esta ley un topo de egresos para este rubro, evitar el gasto innecesario y establecer austeridad en el presupuesto, así evitaríamos la compra de voluntades y una racionalidad en la administración de los recursos.
Citando a la Relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando la adjudicación toma en cuenta las opiniones vertidas por los medios de comunicación u otras razones injustificadas, desde el punto de vista de los objetivos del aviso oficial como la afinidad personal o política, podría ser discriminatorio y constituir un supuesto de censura previa.
En razón de lo anterior, la falta de precisión en los criterios para entrar al Padrón Nacional de Medios de Comunicación, puede derivar en arbitrariedad y en discriminación en el otorgamiento de fondos.
Una forma de control de la información, que no tiene otro nombre más que el de la censura.
Es oportuno recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo evidente la gravedad de la omisión derivada en la falta de criterios claros y objetivos de asignación de la publicidad oficial.
Sin embargo, como ya se ha repetido en distintas ocasiones, la minuta que discutimos simplemente no prevé nada al respecto y abona a la supremacía de la Secretaría de Gobernación al manejar a su libre conciencia el ejercicio del gasto público.
Dicho lo anterior, es pertinente la creación de medios de control, los cuales no existen, deberían de ser autónomos al Poder Ejecutivo, que revisen y velen por la asignación equitativa de los espacios publicitarios.
De esta ley poco o nada puede ser recatado, desde inconsistencias de fondo hasta imprecisiones conceptuales.
Por ejemplo, en su artículo 14, se hace mención a la figura de servidores públicos, lo que no es definida con claridad por esta ley, permitiendo la promoción personalizada y omitiéndola como sujeto responsable en el ejercicio de recursos públicos para propaganda.
Por el contrario, la ley sólo define y regula a los entes públicos dejando en el entendido que se podría dar paso a un impulso personificado en la utilización de acciones de gobierno para beneficio propio.
Aclaro, la publicidad oficial no debe promover explícita o implícitamente los intereses de ningún partido o actor político, ni estar al servicio de logros de gestión de cualquier servidor público con fines electorales.
La experiencia nos ha dicho que dejar el manejo de los fondos públicos al albedrío de funcionarios políticos, que dependen del Ejecutivo, promueve la discrecionalidad y el favoritismo, por lo tanto, se deben crear organismos autónomos del Poder Ejecutivo que administren el presupuesto de la comunicación social, lo cual hay que entenderla como un mecanismo sustentado en el derecho a la información que se rige bajo criterios específicos de transparencia y control.
Sin embargo, estamos faltando al mandato constitucional, de emitir una ley reglamentaria que cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Y, en cambio, estamos permitiendo la perpetuidad de un status quo discrecional, manipulador y promotor de la censura.
Por eso nuestro voto será en contra del dictamen.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador David Monreal.
La Mesa Directiva informa que se recibió el posicionamiento en contra del dictamen de la Senadora Pilar Ortega, que será puntualmente registrado íntegramente en el Diario de los Debates.
Corresponde ahora el uso de la tribuna a la Senadora María del Carmen Ojesto Martínez, del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen.
En uso de la tribuna, la Senadora Ojesto Martínez.
La Senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo: Muchas gracias, señor Presidente.
A mí me llama muchísimo la atención tanto la sentencia de la Suprema Corte de Justicia como la ley que está presentándose, empezando porque la presente ley es, se refiere a propaganda, y la definición de propaganda es la forma de comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición presentado solamente un lado o aspecto de un argumento.
Si estamos hablando de una ley de propaganda no podemos hablar de la libertad de expresión, son absolutamente contrarios cuando se trata de presentar solamente un lado o un aspecto de un argumento.
Pero, además, no estamos conformes nada más con esta definición, también tenemos que es otra, que es la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etcétera, con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, piense, según unas ideas, o adquiera un determinado producto.
Entonces queda muy claro que esta ley es, efectivamente, el gasto que se hace es para influir en determinada población para que compre un producto, y es el producto que se está vendiendo en este momento.
Entonces cuando pensamos en garantizar que cumpla con los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, solamente estamos hablando de la compra de espacios publicitarios.
Cuando la ley hace una referencia entre lo que son los tiempos comerciales, que son los contratados, los tiempos del Estado y los tiempos fiscales, que en realidad también implican un gasto y que probablemente este gasto no se vea transparentado en el gasto que se vaya a hacer de manera directa a un prestador de servicios, pues estamos hablando exactamente de la compra de un espacio publicitario porque no puede haber más que eso en una propaganda.
Entonces es absurdo pensar que cuando estamos hablando de garantizar el derecho a la libre expresión de las y los comunicadores o de los medios de comunicación, que está establecida en el artículo 6º, en el párrafo segundo, dice: “en los medios de comunicación tienen garantizado que es el único lugar en donde se habla de la libertad de expresión, se tiene garantizado el pleno ejercicio del desarrollo a la libertad de expresión en la contratación y difusión”.
Contratación, ahí habla de un contrato, ahí estamos hablando de propaganda contratada, y difusión de la propaganda gubernamental en los términos del artículo 6º y 7º de la Constitución Política, que establecen claramente en el artículo 7º, bueno, establece que es inviolable la libertad de escribir, publicar escritos sobre cualquier materia.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura sin exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral, a la paz pública; en ningún caso podrán secuestrarse a la imprenta contra instrumento del delito, las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias, etcétera.
Yo ya me imagino que cuando contrate un tiempo de una propaganda, pensemos en la Coca Cola, el comunicador o los medios de comunicación, que han sido pagados para hablar de un producto y presentar una propaganda del producto, inmediatamente termine la exposición de la propaganda del producto, establezcan “no consuma este producto porque es nocivo para su salud”, “no establezca este producto porque es una de las causas de obesidad en este país y es una causa realmente de daños a la salud”.
Pues es obviamente que no lo van a hacer porque es muy claro, se contrató un espacio publicitario para presentar la propaganda.
Muchísimas gracias ahorita por hacerme caso.
Lo que quiero decir es que ni siquiera la sentencia de la Corte, cuando habla de la propaganda, utiliza la palabra adecuada, no podríamos estar hablando de propaganda, deberíamos de estar hablando de la difusión de los contenidos, de la difusión de los temas importantes para el gobierno; pero no podríamos, en ningún momento, estar hablando de una idea que sirve solamente para convencer a un sector de la población sobre un tema específico.
Entonces, bueno, esta ley y la sentencia resultan absolutamente absurdas, independientemente de que no hay ningún límite, y como lo señalan los organismos internacionales en cuanto a que no hay límites en cuanto al costo, ni el gasto que se vaya a hacer y, vuelvo a insistir, no solamente en el gasto por los tiempos comerciales, sino también por los tiempos oficiales, bueno, resulta impensable de que algún comunicador puede ejercer su libertad de expresión hablando mal del producto para que fue contratado.
Y vuelvo a insistir, los medios de comunicación tienen garantizado el pleno ejercicio, del desarrollo a la libertad de expresión, en la contratación y difusión de los programas.
El artículo 40 es muy, muy claro cuando habla de lo que se está haciendo y cuando habla de la transparencia, y señala que se transparentarán los tiempos y los proveedores, dice: “Por tiempo medio, de medio proveedores, número de contrato y concepto de campaña”.
Entonces, bueno, yo creo que esta ley debería de ser totalmente rechazada y creo que tendríamos que hablar nuevamente con la Suprema Corte de Justicia para que nos aclare exactamente si el concepto fue propaganda lo que quiso definir o difusión de información.
Muchas gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted, Senadora María del Carmen Ojesto Martínez.
Toca el turno de hacer uso de la tribuna al Senador Marlon Berlanga Sánchez, del Partido del Trabajo, para hablar en contra.
En uso de la voz el Senador Berlanga Sánchez.
Permítame, señor Senador.
Senador Blásquez, con qué objeto.
El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Me iba a inscribir para rectificación de hechos, por favor.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Lo registro, con mucho gusto.
El Senador Marlon Berlanga Sánchez: Con su permiso, señor Presidente.
La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la URSS, no es Fidel Castro, la dictadura perfecta es México.
Eso dijo Mario Vargas Llosa en 1990, en el Coloquio “Siglo XX, la Experiencia de la Libertad”.
Y agregó: “Yo no creo que exista en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándole de una manera tan sutil”.
Años después Vargas Llosa se retractó de su dicho y dijo: “Que en México se vivía una democracia incipiente”.
Esto fue en los tiempos en que Vicente Fox llegaba a la Presidencia de la República.
Tal parece que el PRI pretende regresar a fórmulas del pasado, fórmulas que ya no son útiles en este siglo, que ya no son útiles en este momento histórico en el que el pueblo mexicano ya no se cree lo que dicen los medios de comunicación “chayoteros”.
En serio, compañeros del PRI, ¿creen ustedes que la sociedad mexicana se los va a agradecer? ¿En serio, creen ustedes que están haciendo una ley que va a fortalecer la democracia en México? ¿Es en serio y que creen lo que uno y otro de ustedes han venido a decir en esta tribuna a explicar tan seriamente cada uno de los artículos que propone en esta Ley General de Comunicación Social?
Yo les digo una cosa, aquí está su ley, la va a votar esta mayoría que ya se va y el pueblo de México lo sabe.
Nos vamos a ver en las urnas.
Esta mayoría que está votando una Ley General de Comunicación Social, los únicos que se lo van a agradecer son periodistas como Ricardo Alemán. Ese que sin ningún reparo una y otra y otra y otra vez miente, miente y miente.
Y de esos hay muchos, no solamente a nivel Federal, en los Estados.
Los convenios que realizan los periodistas, los medios de comunicación en los estados, con los gobiernos estatales o municipales, con los Diputados, con los regidores, esos que hacen convenios para hablar bien de los políticos en turno.
No se los va a agradecer la sociedad.
¿Qué es la comunicación social para algunos?
Hablar de logros, de programas deficientes de gobiernos que mantienen a su pueblo en la miseria, que dicen que no hay pobreza, que dicen que el progreso está en las calles y a beneficio de los ciudadanos y que se ve gracias a spots, a spots y spots o a propagada pagada en medios impresos y que la gente cuando camina y cuando va a comprar sus alimentos no lo ve.
La gente no entiende qué es eso de comunicación social.
¿Y por qué un Presidente como Enrique Peña Nieto, gasta 36 mil millones de pesos en promover un gobierno que va a ser calificado y que está siendo calificado actualmente y que por lo visto el pueblo mexicano no aprueba?
Hay algo que a veces se les olvida o se nos olvida a los políticos, vivimos en una sociedad que ha madurado, que ha logrado tener su propia opinión y gracias a la neutralidad de la red esa neutralidad que a muchos les incomoda los ciudadanos tienen la posibilidad de hacer una comunicación real.
Esos que en sus pueblos dicen: Aquí hay una violación a los derechos humanos y lo publican en los medios electrónicos, esos que demuestran que las calles que presumía el gobierno cuando lo inauguraba, no se hicieron completamente; esos ciudadanos que demuestran que las escuelas se encuentran incapacitadas para poder servir a los estudiantes y lo demuestran en las redes sociales y demuestran que la comunicación Social no sirven para nada, esos que van a votar próximamente y van a hacer de esta mayoría nada.
Gracias y buenas noches.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracia a usted, Senador Marlon Berlanga Sánchez.
Solicito el uso de la voz el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para hechos.
Lo va a hacer desde su escaño.
El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.
Con su permiso.
Por economía parlamentaria, si me permite desde aquí.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Le agradezco.
El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su curul) Simple y sencillamente decir que es utópico en mucho lo que se ha debatido en este espacio, porque existen algunas vertientes que no se comprenden debido a que no se han sostenido las armas, muy pesadas por cierto, de la comunicación social.
Quiero decirle y decirle a la Asamblea, que las condiciones del periodismo, de la práctica, se han modificado de tal forma que en los últimos 10 años, que ya ni siquiera en este momento sería necesario que el Gobierno Federal tuviera un presupuesto de comunicación social.
Primero. Porque cuenta con una jugosa partida de tiempos oficiales de la cual puede disponer.
Segundo. Porque cuenta con un sistema público de Radiodifusión, no sé cuántos medios, creo que tendrá unos seis de alcance nacional.
Nada menos le acabamos de aprobar en aquella muy discutible Reforma de Telecomunicaciones, que su señal llegue ya no como era antes, por la vía restringida, sino por la vía radiodifundida, que es más.
Y otro punto muy importante, es de que los medios de difusión convencionales, estos a los cuales se ha lanzado algunas críticas, han perdido propiamente su eficacia como vehículos de propaganda.
Ya se ha dicho sobre la red éste digital, en donde un hombre por sí mismo puede ser un medio de difusión. Esto es, cualquiera de estos compañeros que les llaman “influencers”, perdón por el anglicismo, puede tener en sus transmisiones, reunir 10, 12, 15, 20 mil personas que luego se multiplican porque esto queda en una nube digital.
Un ejemplo muy claro, por ejemplo, no mí me gusta traer este nombre a la Asamblea, lo haré porque ejemplifica, el compañero López Obrador, que paraliza el país con sus videos, no necesita estar soltando dinero o apapachando medios de difusión con su propio Facebook, con su Twitter, con sus videos; hace llegar exactamente lo que quiere, a donde quiere, y del tiempo que quiere.
Entonces, yo creo que ya esa partida de 40 mil millones de al que se valió Calderón; esta de 60 mil millones que va a aplicar el señor Peña Nieto es absolutamente innecesaria.
Creo que esta ley está muy trasnochada como parte del debate que se ha dado, también está muy trasnochado, porque pareciera que estamos en el año 2000 o allá en 1994 cuando teníamos unos monopolios feroces en donde, si no te arreglabas, no pasabas; y ahora para efectos de comunicación política es mejor no pasar por ahí, porque pasar por ahí desprestigias.
Entonces, mi voto será en contra, obviamente de esta ley, y creo que más que la política, el mercado de competencia debe revertirla, porque es increíble que estemos en una discusión donde se habla de los monopolios de las televisoras, cuando realmente, si se fijan, estos medios de difusión están rebasados, afortunadamente, por la carretera digital.
Es la cuenta, señor Presidente, gracias por su atención.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias a usted Senador Blásquez Salinas.
Corresponde el uso de la voz, dado que estaba registrado en la lista anunciada previamente al Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista, para hablar en pro del dictamen.
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, Presiente.
Quise hacer uso de la palabra de conformidad con el registro que ya había hecho en su momento de mi participación en esta discusión, porque he escuchado esta noche muchos conceptos o muchas reflexiones que la verdad son, yo diría que son lamentables, se apartan de la verdad, se apartan de un análisis serio, no corresponden con un análisis con rigor de lo que realmente está a nuestra consideración esta noche.
Se ha cuestionado que por qué la minuta que discutimos esta noche no lleva el nombre que lo que muchos de ustedes esperarían, simplemente porque la Corte mencionó en su resolutivo que debíamos regular el párrafo, uno de los párrafos del artículo 134 de nuestra Constitución, y yo simplemente considero que en este aspecto pues simplemente no está en lo correcto, pretender que expidamos una ley que regule exclusivamente la propaganda, desde mi punto de vista es un error grave, porque eso dejaría fuera otros conceptos de comunicación social del gobierno federal, y después tendríamos que vernos en esta soberanía, quizá otros legisladores para discutir esos otros conceptos de comunicación social para los cuales estarían señalando un uso indebido de recursos o un uso indebido o un incumplimiento de la legislación.
Entonces, me parece que estarnos concentrando en el nombre de la ley es simplemente que nos habla de una estrechez de miras, hay quien irresponsablemente y con un afán de descalificar de la manera más ligera esta discusión y esta minuta que tenemos a nuestra consideración, vino aquí a esta tribuna a calificar esta legislación como, incluso nos señaló aquí a los legisladores como los chayoteros más grandes del país.
Es lamentable que con ese tipo de recursos vengan a descalificar un esfuerzo de una legislación que es verdad, reconozco no tiene el apoyo quizá de muchos de ustedes, pero decir aquí, que somos los chayoteros más grandes del país, es verdaderamente lamentable, y no abona a una discusión seria de este tema.
Pretender desconocer la realidad de lo que hoy ocurre en el ecosistema de la comunicación social de nuestro país, pues simplemente no corresponde, no entiendo cómo en este pleno pretende descalificarse o disminuirse o reducirse esa discusión al concepto de que todos los medios de comunicación pareciera que están controlados por el dinero del gobierno, me parece, ustedes ven hoy en día en todos los medios tanto impresos como electrónicos que hay señalamientos severos sobre la actuación del gobierno, sobre la actuación de servidores públicos de manera cotidiana vemos señalamientos de cómo en cierta dependencia no se cumplieron las metas, cómo en cierta dependencia se cometieron errores, cómo en cierta dependencia se cometieron excesos, y eso me parece que descalifica completamente el ecosistema de la comunicación social que existe hoy en nuestro país.
Pretender señalar que están controlados por el dinero público es completamente erróneo, y es falta, yo diría que atenta incluso contra la inteligencia de los mexicanos, porque hoy los mexicanos tienen acceso a información, gracias a esos medios que cotidianamente publican información sobre cómo el gobierno de los distintos niveles, de los distintos órdenes de gobierno o las autoridades de los distintos órdenes de gobierno cometen errores, cometen excesos, cometen desviaciones, y es increíble que aquí se venga a señalar que los medios aparentemente estarían controlados por el dinero público.
Han venido aquí a insistir en un aparente diagnóstico que corresponde perfectamente con el siglo pasado, incluso aquí vino alguien a citar una declaración, efectivamente de un programa de principios de los 90 cuando un famoso escritor, efectivamente calificó a México como la dictadura perfecta, y sí tiene razón, eso ocurrió a principio de los 90, en el siglo pasado, y pretender traer esa realidad de aquel momento al día de hoy, es completamente equivocado, no corresponde a la realidad, no tiene nada que ver con el México que vivimos hoy, no tiene nada que ver con el ecosistema de medios de comunicación que existe hoy en nuestro país, me parece que es completamente equivocado, y simplemente persigue un afán de descalificar esta discusión.
Yo los invito, de verdad, a votar por esta legislación que pudiera ser perfectible, pero sin duda introduce mecanismos de planeación, de presupuestación, de seguimiento que son un cambio notorio respecto al régimen que hoy vivimos, es un régimen, es una legislación que permitirá que se fiscalice, es una legislación que quizá les incomode muchos, porque establece obligaciones para los tres órdenes de gobierno, cosa que hoy no tenemos en la ley.
Entonces, yo les pediría que tengamos una discusión más seria, a nombre del Partido Verde, nosotros desde luego ya lo habíamos dicho, y aquí lo reitero, vamos a votar a favor de esta propuesta de legislación.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señor Senador Gerardo Flores.
La Mesa Directiva informa a la Asamblea que se recibió el posicionamiento respecto al dictamen en contra de la Senadora María Marcela Torres Peimbert, misma que será registrada íntegramente en el Diario de los Debates.
Agotada la lista de oradores, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.
Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez, la denominación de la ley, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 21, 35, 44 y 45.
La denominación del Capítulo Primero del Título Segundo.
La adición de nuevos artículos 46, 47 y 48, 49, 50, 51 y 52.
Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.
¿Con qué objeto, Senadora?
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
No escuché el artículo 37.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: No lo tenía yo registrado, pero en este momento lo hacemos con mucho gusto, Senadora.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senadora.
Por parte del Senador Isidro Pedraza Chávez, la denominación de la ley, los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 y 14, 17, 33, 35 y 38.
La adición de un noveno transitorio,
¿Es correcto, Senador Pedraza?
Sonido en el escaño del Senador Pedraza.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Faltó nada más la modificación a las fracciones I, II, III y IV del segundo párrafo del artículo 17.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Quedarán reservados, como usted lo está señalando, solicito a Servicios Parlamentarios, tome nota de la corrección que nos indica el Senador Pedraza.
Por parte del Senador Froilán Esquinca Cano, los artículos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 35 y 37.
La adición de nuevos artículos, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y noveno transitorio.
Por parte de la Senadora Martha Tagle Martínez, los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 24, 29 y 35.
Por parte del Senador Fernando Herrera Ávila, los artículos 3, 7, 11, 14, 18, 19, 31 y 32.
Por parte del Senador Luis Sánchez Jiménez, los artículos 4, 7, 9, 10, 14 y 37.
Además la adición de nuevos artículos, 35 y 36.
¿Esos no los reserva, Senador?
Sonido en el escaño del Senador Luis Sánchez.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) No, Senador, he retirado las reservas al 35 y 36, dado que mis compañeros ya lo están incluyendo en las suyas.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se toma nota de su aclaración.
Gracias, Senador Luis Sánchez.
Y por parte del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, los artículos 35 y 37.
Además de la adición de nuevos artículos, 23, 24, 25, 26 y 27, es correcto.
Pregunto a la Asamblea, ¿si alguna Senadora o Senador desea hacer alguna otra reserva?
No habiendo más reservas que nos hagan saber las Senadoras y los Senadores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que está por cerrarse el sistema electrónico.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Sigue abierto el sistema electrónico para que depositen su voto.
Les pedimos que voten, está abierto el sistema electrónico.
Pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Senadora Hilda Flores, a favor.
Senador Lozano Alarcón, a favor.
Senador Lucio, en contra.
¿Alguien más, Senador o Senadora que falte por emitir su voto?
Se recibieron 60 votos a favor; 46 votos en contra y una abstención, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de la Ley General de Comunicación Social.
Se concede la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 21, 35, 44, 45 y 37 a la denominación del título del proyecto, a la denominación del Capítulo I y del Título Segundo y para proponer la adición de los nuevos artículos 46, a 52.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: La primera propuesta que hemos reservado es la denominación de la ley.
Creemos que es pertinente señalar que la denominación tiene que ser inscrita en lo que señala el artículo 134 de la Constitución que obliga a servidores públicos a aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad y ordena que la propaganda, que bajo ninguna modalidad de comunicación social difundan y tengan carácter institucional o fines, salvo los que tienen fines informativos-educativos y de orientación social.
Por ello, se prohíbe la propaganda gubernamental, es decir, el artículo 134 de la Constitución permanentemente está planteando en sus preceptos que es propaganda gubernamental, no comunicación social.
La segunda propuesta tiene que ver con el artículo 1 de esta ley que señala que debe señalar, según la reserva que estamos proponiendo, esta ley reglamentaria de los artículos 6 y 134, párrafo octavo de la Constitución, y que tiene por objeto reglamentar la producción, asignación, distribución, contratación y contenidos de la propaganda gubernamental que realicen los entes públicos, entidades federativas y sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno a través de todos los medios de comunicación.
Definimos que esta ley es de observancia general en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.
Las leyes en lo particular que emitan las entidades de la República deberán contener los principios, objetos y prohibiciones que establece esta ley.
En el artículo 2 estamos haciendo dos adiciones para señalar que el objeto de la ley, que es establecer las normas que deberán sujetarse los entes públicos, define con toda puntualidad que queda prohibida toda propaganda encubierta y bajo ninguna circunstancia la propaganda gubernamental promoverá logros de servidores públicos.
El artículo 3 lo estamos modificando para señalar que son sujetos obligados a la observancia y cumplimiento de esta ley las dependencias, órganos y entidades que integran los poderes públicos en sus niveles federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, así como los organismos federales o locales autónomos, y en general todas aquellas instituciones o personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos en el rubro de comunicación gubernamental.
Adicionamos un segundo párrafo que señale las normas establecidas en el presente ordenamiento se aplicarán respecto de cualquier servicio de comunicación contratado con recursos públicos federales tanto por las instituciones públicas o privadas como por cualquier otra persona que destine dichos recursos al pago de publicidad en medios de comunicación, ya la comunicación gubernamental transmitida en los tiempos de estado y fiscales.
El artículo 4 señalamos, modificamos la fracción I para quedar como sigue.
Comunicación gubernamental. Las actividades y servicios de producción, asignación y distribución de contenidos y mensajes que a través de un espacio publicitario gratuito o contratado bajo cualquier modalidad, en cualquier soporte y medio de comunicación realicen los sujetos obligados.
Por supuesto en la fracción III, también en los entes públicos integramos a las alcaldías de la Ciudad de México.
En la fracción VI, en medios de comunicación, señalamos que es la persona física o moral que presta servicios de radiodifusión, servicios de televisión o audio restringido, Internet o redes sociales, difusión de comunicación impresa o cualquier otro formato tecnológico de propagación, comunicación e información, y que se destina a cualquier segmento de la población.
Y, además, estamos planteando que se derogue la fracción X que señala que la Secretaría Administradora será la Secretaría de Gobernación y la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las entidades federativas y los municipios.
Es una Reforma muy importante que estamos proponiendo.
En el artículo 5 estamos haciendo una verificación en la fracción al final de los incisos que en vez de que diga la Secretaría Administradora, que refiere a la Secretaría de Gobernación, estamos reconociendo que integramos un órgano autónomo, un órgano que se llamaría el Consejo Nacional de la Propaganda Gubernamental, es un órgano independiente, no estamos previendo una Reforma Constitucional para que sea autónoma, sino un órgano independiente que se llame Consejo Nacional de la Propaganda Gubernamental que deberá contemplar en los lineamientos que emitan los criterios, etcétera, etcétera, que están refiriéndose para la Secretaría de Gobernación, lo estamos estableciendo para la Constitución de esta nueva figura en la propuesta que estamos presentando en lo particular.
En el artículo 6 estamos añadiendo, en el primer párrafo, además de las distintas leyes que hace este proyecto, también que se reconozca a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como los decretos del Presupuesto de Egresos correspondientes.
Además, estamos derogando el segundo párrafo del artículo 7 que señala que no será aplicable esta ley en los casos de aquellas disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales, y demás información sobre las actuaciones gubernamentales que deban publicarse o difundirse por mandato legal.
Por supuesto que estamos señalando que este segundo párrafo debe derogarse, porque además es importante seguir insistiendo que se reafirme lo que la Constitución señala.
Estamos cambiando también la denominación del título segundo donde señala reglas de la comunicación social para que se defina reglas de la propaganda gubernamental.
En el artículo 8, la propaganda gubernamental deberá, y entonces seguirían los incisos con un inciso nuevo que es el 8, donde señale difundir campañas de información encaminadas a prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas.
En el caso del artículo 9, estamos señalando que no es comunicación social, sino es propaganda gubernamental.
Y en el caso del segundo párrafo, del segundo inciso, estamos señalando que además incluya mensajes respecto a la inclusión de mensajes discriminatorios, sexistas y, además, integramos o contrario a los derechos humanos.
Y en la fracción III, estamos modificándola para que diga: “incite de forma directa o indirecta al odio, la violencia, la xenofobia o la discriminación”.
En el artículo 12, estamos integrando que sea corregido el texto para que se defina a personas en situación de discapacidad.
En el caso del artículo 17 lo estamos modificando para que diga: el Consejo Nacional de la Propaganda Gubernamental supervisará la administración y distribución de los tiempos del Estado y tiempos fiscales en radio y televisión de conformidad con las disposiciones legales aplicables, la distribución de los tiempos del Estado y tiempos fiscales se realizará en la proporción siguiente, 35 % para el Poder Ejecutivo Federal; 15 % para el Poder Legislativo Federal que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y al Senado de la República; 10 % para el Poder Judicial; 10 % para los entes autónomos federales; 30 % para las entidades federativas, tiempos que se distribuyen en partes proporcionales a la población de cada una de ellas, y tendrán la cobertura regional que corresponda aproximadamente por el territorio de la entidad.
Lo anterior sin menoscabo de la repartición de los tiempos del Estado que mandata la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El Consejo dará seguimiento a la utilización de los medios oficiales en radio y televisión, así mismo está facultado para reprogramar cuando un sujeto obligado no haga uso de los tiempos oficiales que le correspondan de conformidad con los lineamientos y que expida dicha dependencia.
En el artículo 18, estamos derogando el primer párrafo y corrigiendo el segundo párrafo para agregar: “Tampoco podrán adquirir a título oneroso o gratuito publicidad con cualquier medio de comunicación social que sea presentada como noticia por parte del emisor de última instancia, así como el pago directo o indirecto por entrevistas de servidores públicos o por cobertura informativa de eventos oficiales de cualquier clase”.
En el artículo 21, estamos integrando, además de lo que refiere las precampañas y el período de inter campañas que no están visibilizados.
En el caso del último párrafo que agregamos dice: “El caso de que exista convocatoria a una consulta popular, el Instituto Nacional Electoral promoverá su difusión y discusión informada una vez que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión y garantizará el acceso igualitario a la radio y la televisión a quienes hubieran presentado la petición, y a la autoridad que conozca del acto relacionado con el tema sujeto a consulta a través de los tiempos oficiales que le corresponde administrar para sus propios fines.
Y además agregamos: “Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo anterior, fuese insuficiente, determinará lo conducente para cumplir el tiempo faltante”.
Fuera de lo establecido en los párrafos anteriores, ninguna autoridad podrá realizar propaganda mediante la transmisión en radio y televisión respecto del tema sujeto a consulta popular a partir de que sea emitida la convocatoria respectiva.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular.
La promoción que realicen, tanto los peticionarios como las autoridades de las posiciones relativas a la consulta popular, deberá abstenerse de cualquier expresión que denigre o calumnie a las instituciones, a las personas o a las posiciones.
Las quejas por la violación de las disposiciones contenidas en este artículo serán presentadas ante el Instituto Nacional Electoral, el que instruirá un procedimiento expedito de investigación y resolución de la denuncia.
En el caso del artículo 35, por supuesto, seguimos cambiando a la referencia que hace la Secretaría de Gobernación, por el consejo de la propaganda gubernamental.
En el 37, igual, quitamos Secretaría de Gobernación, y definimos aquí al Consejo Nacional de Propaganda Gubernamental para llevar la organización del padrón, etcétera, etcétera.
En el caso del artículo 34, estamos cambiando la fracción I para señalar que la propaganda gubernamental, etcétera, etcétera.
En el caso del tercer párrafo, estamos modificándolo para que diga: “Incurra”, es decir, constituye infracciones a la presente ley, quien incurra en cualquier forma de publicidad en cubierta conforme a lo señalado en la presente ley.
Además agregamos una fracción IV y V que dirían: “Se realice en contravención de las disposiciones de contratación de propaganda previstas en el presente ordenamiento, y la V exceda el gasto aprobado en el programa respectivo o se pague mediante adecuaciones presupuestales indebidas”.
Modificamos el artículo 45 para que diga: “A los medios de comunicación que proporcionen información falsa al padrón, se les impondrá multa de 2 mil veces al valor de la unidad de medida y actualización vigente”.
En caso de reincidencia no tendrá a participar en la asignación de publicidad en el ejercicio en curso y en el inmediato siguiente.
El 46, que estamos adicionando, igual que el 47 y 48, tienen que ver con, cuando la radio y la televisión no transmitan conforme a las pautas solicitadas los mensajes de los tiempos oficiales a que se refiere esta ley, además de la multa que en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato a la omisión utilizando para tal efecto el tiempo comercializable.
En el 47, las responsabilidades y las sanciones a que refiere la presente ley, serán independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.
En el caso del 48, nuevo, diría: “Tratándose de sanciones a los medios de comunicación, corresponderá al consejo fiscal y determinar el procedimiento conforme a sus atribuciones”.
En el caso de los servidores públicos, corresponderá a la auditoría y a la comisión dar cuenta ante la Secretaría de la Función Pública al inicio del procedimiento correspondiente.
El nuevo 49 diría: “Las sanciones previstas en este capítulo se aplican, independientemente de las sanciones que correspondan en virtud de la legislación penal y de la legislación penal en materia electoral, así como de la responsabilidad civil que resulte en cada caso y de las sanciones administrativas que impongan las autoridades correspondientes en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales”.
Estamos agregando un nuevo título que especifica: “El Consejo Nacional de Propaganda Gubernamental.
Por obviedad del tiempo no leo todos los artículos, simplemente voy a definir qué es lo que estamos planteando, como esta figura, es un órgano público, autónomo, responsable de la regulación, verificación, evaluación, investigación, sanción en materia de comunicación gubernamental, los procesos de contratación y difusión, así como los contenidos para vigilar que se apeguen a los principios, criterios y disposiciones establecidos en la ley a fin de garantizar la vigencia de libertad de expresión, el derecho a acceso a la información y la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos”.
Igual, la especificación de cuáles son las directrices de este consejo y, por supuesto, es importante señalar que, en primer lugar, perdón por llevarme tanto tiempo, son tantos artículos, lo hicimos en una sola exposición.
Yo le pido al señor Presidente que integre, como ya lo presenté, la argumentación de cada una de estas reservas que hemos presentado, en lo particular, para que sean integradas cada una de las exposiciones de motivos de cada una de estas reservas, íntegras en el Diario de los Debates.
Les agradezco su atención esta noche.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora De la Peña.
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión la propuestas de la Senadora De la Peña.
La propuesta de adición de los artículos 46 al 52 está desechada.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Isidro Pedraza Chávez.
Asunto.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Pedirle, Presidente, que nos haga votación electrónica en este sentido.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿En el tablero electrónico, Senador?
El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Sí, por favor.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Tiene usted a otros cinco valientes?
El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Aquí hay cinco compañeros levantando la mano.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Cuatro veo.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Allá están dos en la mesa, y acá hay tres, a simple vista.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ábrase el tablero electrónico de votación, hasta por dos minutos, dos, dos minutos.
Voto a favor, es para que se admitan a discusión las reservas de la Senadora Angélica de la Peña.
Voto en contra, es para rechazar las reservas de la Senadora Angélica de la Peña.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
Ciérrese el tablero electrónico de votación y consulte si falta algún Senador por emitir su voto.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Senadora Lilia Merodio, en contra.
Senador Romero Deschamps, en contra.
Senadora Ivonne Álvarez, en contra.
Senador Burgos, en contra.
Senadora Diva Hadamira, en contra.
Senador Aréchiga, en contra.
Senadora Margarita Flores, en contra.
Senadora Lisbeth, en contra.
Alejandra Roldán.
Marlon Berlanga.
Senadora, en contra.
Luis Sánchez, a favor.
Senadora Mariana, a favor.
Senadora Carmen Dorantes, en contra.
Ricardo Barroso, en contra.
María del Rosario Guzmán, ¿en qué sentido? A favor.
Senadora Pineda Gochi, en contra.
¿Algún otro Senador o Senadora que falte por emitir su voto?
Senador Mario Delgado, a favor.
Senador Mayans, a favor.
Senador Blásquez, a favor.
Senadora Angélica, ya está.
Senador, a favor.
Yo creo, Presidente, que se vuelva abrir.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: A ver, compañeros, me permiten, ¿para qué piden votación en tablero electrónico si no lo van a utilizar?
Están todos presentes, tienen dos minutos para emitir su voto, y están haciendo todo, menos votar.
Vamos a volver a abrir el tablero electrónico de votación, por dos minutos, para que no haya duda.
No vamos a aceptar votos por fuera del tablero, tienen dos minutos para votar, por favor.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le informo a las señoras y señores Senadores que sigue abierto el tablero para que puedan emitir su voto.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Estamos a cinco segundos de cerrar el tablero electrónico de votación.
Ciérrese el tablero electrónico de votación.
La votación fueron 57 en contra; 46 a favor.
Se desecha la reserva de la Senadora Angélica de la Peña.
Tiene ahora la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, para presentar sus innumerables reservas.
Gracias.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Presidente.
Yo quisiera, en el marco de estas reservas que he presentado, cuando termine que me aclare el Presidente el procedimiento de cómo van a poder discriminar ustedes las buenas propuestas que estoy haciendo con las que no quieran, entonces habría que establecer un método que me permita saber, pues aquí no se oye porque no me ponen sonido, cuáles o de qué manera se procesan para que no todas sean desechadas como le hicieron ahorita a la compañera Angélica de la Peña.
Entonces sí quisiera, aunque las exponga todas, que el Presidente, cuando menos, discrimine por capítulo las propuestas que he reservado para que éstas puedan ser analizadas más objetivamente.
No se trata de que me den el derecho de leerlas, luego levanten la mano en contra y se cumplió el compromiso.
Se trata de que por paquete, por capítulo, como están presentadas, puedan ser analizadas, Presidente.
Eso es lo que yo estoy pidiendo ahorita en el marco de definición, de método para analizar las reservas que estoy presentando.
Entonces…
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Explíquelas ampliamente, Senador, no tenga problema.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: No le escuché.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Explique ampliamente sus reservas, Senador, no tenga reserva.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Bien.
La presente reserva, este es un paquete, pretende realizar modificaciones a la denominación de la Ley General de Comunicación Social por Ley General de Propaganda Gubernamental, así como al título dos y sus capítulos I, IV y VII; y del título tres modificar los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 33, 35 y 38, toda vez que exista claridad en la legislación y evite interpretaciones conceptuales a conveniencia, así como la incorporación de la definición de propaganda gubernamental y la ampliación de lo que se entenderá por campañas de comunicación social.
Y me refiero puntualmente a que dentro de la presente propuesta se considera la comunicación social como sinónimo de la propaganda gubernamental; sin embargo, son cosas que se complementan, ya que la propaganda gubernamental es parte de la comunicación social.
En este sentido, es importante precisar claramente en la ley que comunicación social se refiere al proceso de comunicar lo que está vinculado a la sociedad y es, entonces, el conjunto de estudios científicos que analizan todo aquello relacionado al desarrollo de los procesos comunicativos en una sociedad en la que intervienen diversos tiempos y modalidades de medios de comunicación: las formas de asociación, la construcción de la información y la planeación de la difusión de la misma.
En este sentido, con esta propuesta de modificación se pretende dar cumplimiento a los objetivos planteados en la Reforma Constitucional de 2014, precisando que el objeto de la ley es regular la propaganda gubernamental. Repito, debe de estar claro que el objeto de la ley es regular la propaganda gubernamental, aclarando que el concepto de propaganda gubernamental y campañas de comunicación social son dos cuestiones que deriva una de la otra, toda vez que la comunicación social es una rama de las ciencias de la comunicación y la propaganda gubernamental es un elemento que se desprende la misma.
De ahí la importancia de modificar diferentes artículos, a fin de armonizar la presente ley con el objetivo que motivó la creación de esta ley.
Dice la Ley General de Comunicación y lo que yo estoy proponiendo debe decir “Ley General de Propaganda Gubernamental”. Ese es el nombre de la ley.
El Título Primero, disposiciones generales, capítulo único, artículo 1.
En el artículo 1. Estamos agregando el término “a la propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de comunicación social”.
Esa es la diferencia que estamos estableciendo.
En el artículo 2. Insistimos en el concepto, dice: “La presente ley tiene por objeto establecer las normas a que se deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en propagada gubernamental cumpla con los criterios de eficiencia y bla, bla, bla…”
En el artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá:
1.- Por propaganda gubernamental es la información respecto a los servicios públicos, acciones de gobierno y programas sociales por parte de los entes públicos responsables de su prestación.
En la fracción II, dice: “campañas de comunicación social. Son aquellas que difunden propaganda gubernamental, el quehacer gubernamental, acciones o logros del gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a un beneficio o servicio público a partir de una planeación y diseño basada en métodos científicos que analicen todo lo vinculado al desarrollo de los procesos comunicativos en la sociedad.
La fracción III, se vuelve a insistir. Comisión de campaña es la difusión de una campaña de comunicación social en la que participen de manera coordinada con cargo a sus respectivos recursos presupuestados dos o más entes públicos que tienen temas afines o líneas de acción compartidas.
El IV, el V, el VI, el VII, quedan tal cual están.
Y llegamos a la fracción X, que dice: “Recursos presupuestarios, presupuesto autorizado para gastos materia de campañas de comunicación social para el ente público de conformidad con lo previsto en el presente Presupuesto de Egresos de la Federación o presupuestos correspondientes en el caso de las entidades.
En la fracción XI. “La Secretaría Administradora, que ponen que sea la Secretaría de Gobernación, decimos ahí que la Secretaría de Gobernación y la dependencia o unidad administrativa equivalente de las entidades federativas y los municipios encargados de regular los gastos de propaganda gubernamental, que esa es la modificación, así como las áreas, unidades administrativas o funciones, etcétera.
La fracción XII, queda tal cual está.
La XIII, la XIV, la XV y nos vamos al artículo 5, en donde dice: “En el ejercicio del gasto público en materia de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social, los entes públicos deberán observar los siguientes principios rectores”. Y habla de la eficacia, habla de la eficiencia, pero le agregamos al último también: “La eficiencia de los recursos públicos designados a la contratación o gastos de propaganda gubernamental”. Para dejar claro el concepto. Habla de la economía y racionalidad.
El b). Hacemos una modificación, dice. “La transferencia y máxima publicidad garantizándose el acceso a toda información relacionada con la contratación y manejo de recursos públicos destinados a propaganda gubernamental de los entes públicos, conforme a lo dispuesto en esta ley”.
El e) tal cual está.
Y el f). “La objetividad e imparcialidad que implica que la propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de comunicación social en los procesos electorales no debe estar dirigida a influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos”.
El g) tal como está.
El h) como está.
El i) y el j)
En el j), dice: “La veracidad de la información que se difunde”.
Y acá decían: “Adicionalmente deberá atender al respeto a la libertad de expresión”.
Nosotros decimos aquí: “De manera permanente deberá atender al respeto a la libertad de expresión y al fomento de acceso ciudadano a la información.
Esta es una acotación muy importante, porque no la deja al arbitrio que adicionalmente, o sea, que si se puede respetará el derecho a la libertad de expresión.
En el artículo 7, esta ley es aplicable a cualquier campaña de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad.
Eso es lo que estamos adicionando ahí.
En el título dos, dice ahí: “de la comunicación social de los entes públicos” y nosotros le ponemos al título dos: “Como título de las campañas de comunicación social de los entes públicos”.
Capitulo uno de las Reglas de las campañas de comunicación social.
Campañas de comunicación social, repito.
De ahí es el artículo 10. “Por ningún motivo el contenido de la propaganda gubernamental que difundan los entes públicos podrá incluir mensajes que impliquen ataques a la moral, la vida privada a los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
El artículo 11, el encabezado de la definición, dice: “La propaganda gubernamental que difunda programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población deberán de incluir de manera visible o audible la siguiente leyenda: “Este programa es público ajeno a cualquier partido político”. Y ya, ahí está.
En el artículo 14, debe decir: “El Informe Anual de Labores o Gestión de los Servidores Públicos, así como los mensajes para darlos a conocer que se difundan en canales de televisión y estaciones de radio, no serán considerados como propaganda gubernamental siempre que la difusión se limite a una vez al año con cobertura geográfica regional, correspondiente al ámbito…Ya está lo demás estipulado ahí.
En el capítulo cuatro, dice: “De la difusión de la propaganda gubernamental durante los procesos electorales” Y aquí el dictamen que presentan, dice: “de la difusión de la comunicación social durante los procesos electorales” Ahí cambia el nombre de este capítulo.
En el Capítulo Siete, dice: “de la vigilancia y control de la contratación de la propaganda gubernamental”
En el artículo 33, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal registrará en el sistema público a cargo de la Secretaría de la Función Pública dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la terminación de cada mes la información de las erogaciones referidas a gasto en campañas de comunicación social para precisar el texto de lo que se está viendo.
La fracción I a III, a la VII, a la VIII, tal cual y está, y llegamos al XXXV, donde dice: “los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de campañas de comunicación social” Ahí está a que se refiere la presente ley deberán estar inscritos previamente en el padrón, aunque es una ley que limita y segrega los derechos, bueno, estamos tratando de ajustar a conceptos que la hagan más aceptable.
En el Título Tercero de la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de comunicación social pues nada más los dejamos ya preciso, de la revisión y fiscalización de los recursos púbicos, en materia de campañas de comunicación social.
El artículo 38, la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en materia de campañas de comunicación social, se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación en términos de lo dispuesto en la ley.
Luego dice aquí, la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de campañas de comunicación social de los entes públicos de las entidades federativas los municipios y las ciudades.
Esto es para hacerlo más preciso, este tipo de añadidos.
En el artículo 8, las campañas de comunicación social, definimos objetivos y una serie de definiciones, en el artículo 1.
En el artículo 2, no lo dejamos al arbitrio para que puedan meter cosas, dice, promover campañas de turismo, educación, salud y protección civil entre otras.
No, aquí va a estar nada más, promover campañas de turismo, educación, salud, y protección civil; no hay entre otras, porque esto se presta a otro tipo de cosas.
En el 3, queda tal cual está. En 4, en el 5, en el artículo 8, en el 6, y en el 7 estaba una fracción que dice, comunicar programas y actuaciones públicas, y estamos quitando eso, porque todo lo que hemos estado hablando en estas definiciones es comunicar programas y actuaciones públicas, de tal manera que se queda eliminado esta fracción VII para llegar solamente, no a la 8, sino a la 7, que se recorran hacia arriba en este sentido.
En la fracción, en el artículo 11, como ya habíamos dicho ahí, cuando hablan de que en el tercer párrafo del artículo 1, 2, 3; en el tercer párrafo del artículo 11, dice, por lo anterior deberán considerarse las características de cada medio de comunicación, en los casos de los programas de desarrollo social, únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de las Ley General de Desarrollo Social.
Y. acá decimos, por lo anterior deberá considerarse las características de cada medio de comunicación en los casos de los programas de desarrollo social deberá atenderse a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Desarrollo Social.
Luego, estamos hablando del artículo 12, que dice, que se procurará que las campañas de comunicación sociales transmitan en versión y formatos accesibles para personas con capacidades diferentes, si aquí hay una acción afirmativa, estamos pidiendo que en el último párrafo de este artículo se diga, en comunidades indígena se procurará que las campañas de comunicación social se difundan en la lengua o las lenguas correspondientes, esto se procurará y aquí lo hacemos como una cuestión de obligación; en las comunidades indígenas las campañas de comunicación social se difundirán en la lengua o las lenguas correspondientes para lo que el Instituto Nacional de las Lenguas indígenas brindará la asesoría que corresponda.
En el artículo, pues yo no sé si de una vez me lo echo o me dan otro chance.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Usted, écheselo Senador.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: En el artículo 17, estamos hablando de la forma como está planteado el prorrateo de los tiempos fiscales para los diferentes entes que están aquí señalados, dice el artículo 17 de la fracción I. La distribución de los tiempos fiscales se realizará en la proporción siguiente: 40 % al Poder del Ejecutivo Federal; 30 % al Poder Legislativo.
Tiempos que se distribuirán en partes iguales en la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, ya faltaba.
Luego, 10 % al Poder Judicial de la Federal, y 20 % a los entes autónomos constitucionales.
¿Cuál es la propuesta que estamos haciendo?
Que sea 25 % al Poder Ejecutivo Federal, esa yo creo que si la pueden apoyar, no sean.
Y por otro lado, 25 % al Poder Legislativo Federal para que sea 12.5 y 12.5 para cada cámara.
Y también 25 % al Poder Judicial, digo, ahí no podemos regatearles.
Y 25 % a los entes autónomos constitucionales.
Esto es lo que tiene que ver con el artículo 17 en el prorrateo de los tiempos oficiales.
Y, luego ya en la cuestión del Transitorio Noveno estamos pidiendo que cuando menos se establezca un tope al gasto de comunicación social que sea de 0.05 % del presupuesto de egresos de la Federación; que exista una mecanismo de excepciones al gasto en comunicación social en casos de emergencia, y un mecanismo de control sobre las adecuaciones presupuestarias con la participación de la Cámara de Diputados, así como un capítulo específico donde se detalle las erogaciones por concepto de comunicación social.
Y, yo quisiera pedirle, Presidente, que cuando menos la reserva en el Transitorio nueve, la votaran aparte, la del 17.
Y, que en otro paquete lo vieran así, y pedirle a cinco compañeros Senadores que estén dispuestos a respaldar que se haga una votación en el tablero electrónico.
Gracias, Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Pedraza.
Alguien se solidariza con la petición del Senador, de abrir el tablero electrónico de votación.
Ábrase el tablero electrónico de votación para votar si se admiten a discusión las reservas del Senador Isidro Pedraza Chávez.
Ábrase el tablero electrónico de votación, hasta por tres minutos.
(Se abre el tablero electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
A petición del proponente vamos a hacer, bueno, ¿le parece que hagamos dos votaciones, nada más, Senador Pedraza?, ¿separar la adición del Noveno Transitorio, y todos los demás en un paquete?
Gracias Senador, se lo aprecio mucho.
Entonces vamos a hacer dos votaciones, la primera votación es, si se admite a discusión la reserva correspondiente a la denominación de la ley; y la reservas correspondientes a los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 33, 35 y 38.
Voto a favor, es por admitir a discusión a reservas de nuestro compañero.
La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Les informo a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que se encuentra aún abierto el sistema electrónico.
Les informo a las señoras y a los señores Senadores que se encuentra aún abierto el sistema electrónico.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Les recuerdo, compañeros, que no vamos a aceptar votaciones fuera del tablero electrónico para evitar confusiones.
La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Quedan menos de 30 segundos, así que les pedimos que por favor registren su voto.
El tiempo suficiente, Senador, para que quede muy claro en el tablero y no queden lugar a dudas con votos por fuera.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ciérrese el tablero electrónico de votación.
La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Le informo, Presidente que se emitieron 33 votos a favor; 58 votos en contra y cero abstenciones.
Por lo tal, queda evidentemente claro que no se admite a discusión.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ahora vuélvase a abrir el tablero electrónico de votación por dos minutos para votar si se acepta a discusión la adición de un noveno transitorio propuesto por el Senador Isidro Pedraza Chávez.
Voto a favor es por admitir a discusión la adición de un noveno transitorio.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Escasos segundos para que se cierre.
Si me lo permite, Presidente, ya puedo cantar la votación.
A favor 30 votos; en contra 58 y cero abstenciones.
Por lo tanto le informo, Presidente y también a la Asamblea que no se admiten a discusión.
La denominación de la Ley se mantiene en los términos del dictamen.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene ahora la palabra el Senador Froilán Esquinca Cano, para presentarnos las reservas al artículo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 35, 37 y la adición a nuevos artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, y noveno transitorio.
Adelante, Senador.
El Senador Froilán Esquinca Cano: Con su venia, Senador Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores, le solicito a la Mesa Directiva que el documento que tengo en mis manos se anexe íntegro al Diario de los Debates.
Por economía parlamentaria, haré comentarios generales a las reservas planteadas, 21 reservas y 7 adiciones, ya fueron entregadas a la mesa, aquí está en la forma en la que se han presentado.
Mucho se ha hablado ya del proceso por el cual estamos aquí.
Quisiera hacer algunos comentarios que no podemos dejar de observar.
Se acabaron los tiempos en que el Congreso de la Unión puede simular establecer derechos en las normas.
Sin mecanismos para hacerlos valer, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un claro ejercicio de contrapeso y poder, y un antecedente muy importante.
No es asunto menor el que se discute de fondo, estamos legislando sobre un sinnúmero de derechos que se encuentran relacionados entre sí.
La libertad de expresión está en peligro, no sólo la violencia calla las conciencias, también existen otras formas de manipularlas, el uso de recursos públicos, una de ellas.
Hoy, compañeras y compañeros, nos encontramos con una oportunidad histórica de poder legislar de manera democrática.
Las asociaciones civiles nos han demostrado la valía de los mecanismos jurídicos como instrumento de lucha ante los actos de gobierno que consideren, vulneren sus derechos.
Vale la pena mencionar el reciente ejercicio de la ley Forestal que hicimos aquí y en la Cámara de Diputados.
El texto normativo que se propone, no es más que una copia de la iniciativa de ley presentada por los grupos parlamentarios del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, no se han tomado en cuenta las tantas iniciativas presentadas, seis en la Cámara de Diputados y ocho en la de Senadores.
Aunado a ello, no se contempla de manera clara la asignación de los recursos públicos para la difusión de información que, por cierto, tampoco se establece que será de utilidad pública, el texto normativo no establece límites claros ni sanciones severas a quien o quienes utilizan recursos públicos con la finalidad de promover su imagen.
Con una astuta técnica legislativa se pretende legalizar el estado de las cosas, no hay un control externo que pueda vigilar el actuar de la Secretaría de Gobernación, la materia.
Se contempla la creación de un padrón de medios de comunicación, sin embargo, éste será realizado por la Secretaría de Gobernación.
El uso discrecional de presupuesto es también una constante en la norma propuesta, no hay criterios que ayuden a definir cuál medio será el idóneo para difundir la información, no podemos perder de vista que las acciones de gobierno no son para festejarse, el que los funcionarios públicos cumplan con su encargo es su labor y su deber, no aporta nada a la sociedad observar anuncios que sólo hacen culto a la vanidad de alguno y contaminación y bastante.
El ejercicio de poder en una sociedad democrática incluye las maneras en que el gobierno se comunica con los gobernados, la comunicación no puede ser verdadera si sólo se limita a ser un simple catálogo de promociones del grupo gobernante.
La norma tampoco contempla una mayor inclusión para nuestros pueblos originarios y sus lenguas, aquí lo mencionó el Senador Pedraza.
No hay incentiva, no promueve, se deja de lado las radios comunitarias, nuevamente se pretende simular que no existen, son reprochables las prácticas que llevaron a que hoy en este Pleno no tengamos un dictamen de consenso y votemos en unidad.
Exhorto a los miembros de esta Cámara que cumplamos con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempo y forma, sin dejar de lado que el fondo de la ley debe garantizar la libertad de expresión y también el derecho a la información.
Quiero destacar que para hacer trabajos como estos llevan muchas horas de talento y de escuchar a gente, de reconocer en la sociedad a muchas inquietudes que han llevado a traducir esto en propuestas, están aquí, varios de los compañeros ya las presentaron, lo importante es reconocer que el mundo está cambiando y que la sociedad necesita expresarse, pero también apreciar que la construcción de consensos y el trabajo legislativo es fundamental.
Ante estos hechos, compañeras y compañeros legisladores, el exhorto para que nos conduzcamos con probidad, hagamos un ejercicio democrático, adecuado y cumplamos con el mandato de la Suprema Corte, pero hagámoslo bien, no simulemos, no legalicemos el estado de las cosas, innovemos, cumplamos con el pueblo de México que ya en mucho lo he expresado por diferentes organizaciones de la sociedad civil, la academia y espacios que, incluso, a nivel internacional se pidió que se consultara y han sido consultados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias a usted, Senador. Se insertará en el Diario de los Debates, como usted nos lo solicita.
Solicito a la Secretaría consulte, en votación económica, si se aceptan a discusión las reservas.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas del Senador Esquinca Cano.
Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, levantar su mano.
(La Asamblea asiente)
Le informo, Presidente, que no se admiten a discusión.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy bien, muchas gracias.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar reservas a los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 24, 29 y 35.
La Senadora Martha Tagle Martínez: Gracias, Presidente.
Alguno de mis compañeros que pasaron a fundamentar a favor del dictamen se sintieron aludidos cuando dije que pasaríamos a la historia, o los que aprueben esta ley por lo menos, como los más grandes chayoteros del país, que no reconocíamos el esfuerzo que implicaba el legislar en materia de propaganda gubernamental.
Pues si ese es el caso échenle ganitas y esfuércense un poco más, porque todavía estamos a tiempo de arreglar o por lo menos dejar decente la “Ley Chayote”.
Y eso se puede lograr si aceptan algunas de las reservas que estamos presentando, reservas que además vienen justamente de las observaciones que presentaron las organizaciones de la sociedad civil, y que, insisto, si de verdad quieren hacer un esfuerzo por cumplir con lo de la Corte, no solamente en tiempo, sino en forma, sería prudente que aceptaran algunas de las reservas.
Debo decir y reconocer, además, que este proyecto de dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados recoge exclusivamente la iniciativa del PRI y Verde, por eso es la “Ley Chayote”, pero aquí en el Senado de la República había al menos siete iniciativas más, y es difícil hacer un nuevo dictamen sobre este; sin embargo, estas reservas van a intentar mejorarlas de acuerdo a los criterios puestos por las organizaciones de la sociedad civil y, particularmente, por lo que les leí hace un momento que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En primer lugar, en el artículo 2, estoy proponiendo hacer una modificación para que la presente ley, la Ley General de Comunicación Social, no se dedique a establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos, la resolución de la Suprema Corte de Justicia establece que esta ley reglamentaria del párrafo octavo del 134 debe de ser para garantizar el derecho a la información, y en ese sentido la modificación consiste en poner: “la presente ley tiene por objeto garantizar el ejercicio de los artículos 6 y 7 constitucional”.
En el artículo 3°. En el proyecto se establece que son sujetos obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la ley solamente los poderes públicos, y estamos cometiendo un error, porque no solamente serán los obligados quienes estén poniendo los recursos públicos, sino también quienes los reciben, y por eso estamos proponiendo en esta modificación agregar que son también sujetos obligados para el cumplimiento de esta ley todas aquellas personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos en materia de la presente ley.
Es algo a lo que no deberían de oponerse, eso significa transparencia en los recursos públicos, en el origen y en el destino.
En cuanto al respecto al artículo 4 de la ley, donde vienen todas las definiciones, es ahí donde requerimos hacer mayores modificaciones, porque por una parte se establece en el primer inciso lo que se consideran cuáles son las campañas de comunicación social y establece que aquellas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de gobierno, o estimulan acciones de la ciudadanía.
Las organizaciones de la sociedad civil y la Corte han dicho que no podemos hacer leyes tan dispersas, tan abiertas sin especificar exactamente lo que significa, y por eso la propuesta es.
Campaña de comunicación social son aquellas que difunden el quehacer gubernamental, se eliminan “acciones o logros de gobierno” y que son de interés y utilidad pública, así viene en la resolución de la Corte.
También se define en el artículo 4 de la Ley General de Comunicación Social, la Estrategia Anual de Comunicación Social como un instrumento de planeación que expresa los temas gubernamentales prioritarios.
Les proponemos que la Estrategia Anual de Comunicación sea un instrumento de planeación donde se establecen objetivos, metas y estrategias que a través de la implementación de indicadores de desempeño permitan dar seguimiento al logro de los objetivos definidos y difundidos durante el ejercicio fiscal.
Si de verdad estamos buscando hacer una ley que regule todo el proceso en el cual se van a destinar recursos públicos, necesitamos establecer también mecanismos de evaluación.
También define en este artículo 4 que se consideran medios de comunicación.
Y en el proyecto se establece que son los que pueden ser captados simultáneamente por una gran cantidad de individuos y se entenderán como tales a los medios electrónicos, medios impresos, medios complementarios, medios digitales y medios públicos.
Estamos proponiendo la modificación para que se definan como medios de comunicación a la persona física o moral, incluyendo agencias de comunicación e intermediarios que prestan servicios de radiodifusión, servicios de televisión o audio restringidos, o que de manera impresa o electrónica difunden masivamente ideas, pensamientos, opiniones, creencias e informaciones de toda índole y que operan con sujeción a las disposiciones legales aplicables.
Esta es una definición además reconocida internacionalmente de lo que significan medios de comunicación.
Por otra parte, en el artículo 5 de la ley se habla del tema fundamental, o por lo menos uno de los más importantes temas que han originado la necesidad de ir hasta la Corte que tiene que ver con el control del gasto público en materia de propaganda gubernamental.
Ya se ha dicho hasta el cansancio que gran parte del problema tiene que ver con esos 39 mil millones de pesos, que hasta la fecha el Gobierno Federal ha invertido, y que simple y sencillamente parece dinero tirado a la basura, dinero de los ciudadanos, porque se usan de manera discrecional los recursos públicos en materia de propaganda gubernamental.
Y es en el artículo 5 de esta ley donde se establece, justamente, cómo se debe de controlar.
Y a diferencia de lo que los compañeros se han empeñado en venir a decir y defender que se establecen criterios para la transparencia y para el control del gasto, en el artículo 5 no existe tal control.
Por eso, nuevamente, si de verdad quieren hacer una Ley que no sea Chayote, modifiquemos este artículo 5.
La propuesta es, que en el artículo 5 diga: “En el ejercicio del gasto público, en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar los siguientes principios rectores, entre otras cosas, criterios de calidad e idoneidad”.
Y además, en lugar de poner: “La institucionalidad en virtud de sus fines informativos, educativos o de orientación social, cambiarlo por lo que dice la resolución de la Corte: “Interés y utilidad pública”. O sea, los recursos se van a dirigir con criterios de interés y utilidad pública, los contenidos deben tener como propósito informar de manera oportuna con información verificable, inteligible, relevante e integral, respetando en todo momento el carácter institucional con mención expresa del organismo promotor, tal cual lo dice la resolución de la Corte.
En el artículo 6, se habla: “De serán aplicables de manera supletoria. Los medios de comunicación tienen garantizado el pleno ejercicio del desarrollo a la libertad de expresión”.
De verdad que los que propusieron esta iniciativa no saben, yo creo que ni ellos entenderían qué es desarrollo a la libertad de expresión.
Lo que se tiene que garantizar no es el desarrollo a la libertad de expresión, es el derecho de expresión o la libertad de expresión, en todo caso.
Entonces, por lo menos como errata, ojalá y aceptaran esta modificación.
Luego, en el artículo 7, dice: “Esta ley es aplicable a cualquier campaña de comunicación social pagada con recursos públicos que sea transmitida en territorio nacional o extranjero”.
Y quitamos, la propuesta es quitar, por eso además está en el 134 constitucional, que no será aplicable esta ley en los casos de aquellas disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones gubernamentales que deban aplicarse o difundirse por mandato legal.
Por otra parte, en el artículo 8, establece ¿En qué consisten las campañas de comunicación social?
Y aquí, este también es otro tema fundamental. Las campañas de comunicación social del Gobierno, no solamente el Federal, sino los locales, pueden ser todo o nada; pueden difundir cualquier propaganda, incluso a cualquier servidor público, sin ningún control.
Y aquí se pone en el proyecto, que una campaña de comunicación social tiene como fin promover campañas de turismo, educación, salud y protección civil, entre otras.
La propuesta es: que en lugar de decir eso: “Las campañas de comunicación social deban ser de carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social como lo dice la resolución de la Corte”.
Por otra parte, se habla de que también las campañas de comunicación, en el inciso 8, deberán comunicar programas y actuaciones públicas.
La propuesta es: “Que se comunicarán acciones sustantivas que realizan los ejecutores de gasto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas de conformidad con las atribuciones que le señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico que le es aplicable”.
Luego, en el artículo 9, además de lo previsto en el artículo 21 de esta ley, no se podrán difundir campañas de comunicación social cuyos contenidos, y dice el inciso 1, tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público.
La propuesta aquí es poner exactamente lo que dice el artículo 134 constitucional para que la comunicación social, que reciba recursos públicos y sea a través de propaganda gubernamental, no se sea utilizada para promover ningún funcionario público.
En esta misma, en el artículo 9, en el inciso 3 dice: “Inciten de forma directa o indirecta a la violencia o a comportamientos contrarios a los ordenamientos jurídicos”.
La propuesta es: “Que inciten, no se podrán destinar recursos a campañas que inciten, de forma directo o indirecta, a la violencia, la discriminación, el odio o cualquier comportamiento contrario a los ordenamientos jurídicos”.
En el artículo 14, se habla del informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes para darlos a conocer.
En este caso, la propuesta es: “Que se deberán de atender a lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 constitucional”.
Por otra parte, bueno, todavía me faltan algunos, artículo 18: “Los entes públicos federales podrán destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales, y en el proyecto dice: siempre y cuando hayan solicitado los tiempos oficiales y dichos tiempos no estuvieran disponibles en los espacios y tiempos solicitados.
Es decir, si yo quiero hacer una campaña al mediodía, y en ese momento no hay disponibilidad, se le está dando el proyecto la posibilidad de contratar, entonces, tiempo, propaganda gubernamental en ese tiempo.
Y en realidad, lo que se tiene que poner es: “Que solamente se podrán contratar tiempos comerciales, siempre y cuando se hayan agotado los tiempos oficiales”.
En el artículo 29, una vez autorizada la estrategia y programa anual conforme al artículo 25, y de acuerdo a las vigencias establecidas en el mismo, las dependencias y las entidades deberán presentar ante la Secretaría Administradora la solicitud de autorización por campaña registrada en el programa.
Y aquí la propuesta es: “Que los medios de comunicación, deberán establecer los medios de comunicación a utilizar el objeto y la población objetiva”. O sea, no se puede hacer de manera discrecional, tiene que justificarse por qué en ese medio y cuál es la población objetivo.
Sabemos que hay diferentes medios, tanto electrónicos, impresos, de radiodifusión llegan a diferentes poblaciones. Entonces, tiene que quedar justificado hacia dónde va.
Y finalmente, en el artículo 35 del proyecto, se establece que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social a que se refiere la presente ley, deberán estar inscritos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación a cargo de la Secretaría de Gobernación.
Como les leí, en la resolución de la Corte dice: “Que no puede ser la misma Secretaría de Gobernación la que esté responsabilizada de hacer este Padrón Nacional de Medios, como se llama acá.
A la fecha había un acuerdo en el cual se regulaba a través de la Secretaría de Gobernación, y la Corte dice claramente, que eso no puede ser, porque no puede quedar al arbitrio de la Secretaría de Gobernación hacer esta lista.
Entonces, la propuesta es, en el artículo 35 poner: “El ingreso al Padrón Nacional de Medios debe realizarse de manera flexible y gratuita para los medios, garantizando el pluralismo de estos”.
Queda prohibida la contratación de medios que no estén debidamente registrados en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
La información contenida en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación será de máxima publicidad, transparencia, acceso, información y rendición de cuentas.
Así pues, con estas reservas, no tendríamos la ley en materia de propaganda gubernamental ideal, que hubiésemos querido, pero le quitaríamos algunos de los defectos que tiene la “Ley Chayote”.
Si de verdad quieren hacer un esfuerzo es momento de hacerlo, y les pido que voten a favor de estas reservas.
Es cuanto.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.
Solicito a la Secretaría consulte, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Martha Tagle.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Tagle Martínez.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Pilar Ortega, para presentar reservas al artículo 3, 7, 11, 14, 18, 19, 31 y 32.
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, Presidente.
La comunicación de gobierno debe aspirar a cumplir el doble rol de brindar a los ciudadanos información sobre las políticas del gobierno y sus fundamentos, y dar a conocer las propias opiniones de gobierno sobre asuntos controvertidos que surgen durante el transcurso de los días.
Esto no debe entenderse en modo alguno como un proceso unidireccional, por el contrario, su obligación es establecer comunicación permanente con los ciudadanos, quienes deben tener acceso a la información pública y ante quienes el gobierno debe rendir cuentas de su gestión.
La minuta que hoy se pone a consideración de este Pleno no cumple con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de Amparo concedida a la organización civil, campaña global por la libertad de expresión, artículo 19, conocida como artículo 19, en la cual en su Resolutivo Tercero ordena al Congreso de la Unión que deberá expedir durante el segundo período de sesiones ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto de comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
Es por ello que, a nombre del grupo parlamentario del PAN, presentamos una serie de reservas a diversas disposiciones del dictamen que hoy se ha votado en lo general.
Me permitiré comentar de manera general aspectos de estas reservas.
En principio, en el artículo 3 de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, estamos solicitando una modificación, ya que en materia de transparencia y de responsabilidades administrativas se considera como sujetos obligados a las personas físicas o jurídicas que, en ejercicio de sus actividades coadyuven en auxilio o colaboración de las entidades públicas, o aquellas que ejerzan gasto público, reciban, utilicen o dispongan de recursos públicos, subsidios o estímulos fiscales, o realicen actos de autoridad y se establecen sanciones para los casos de incumplimiento de sus obligaciones.
En este sentido, es necesario que el artículo 3 de la minuta de referencia se contemplen como sujetos obligados de esta ley a las personas físicas o jurídicas que reciban los recursos públicos para difundir mensajes de comunicación social, pues los recursos públicos son destinados para cumplir un fin de utilidad para la sociedad y, por lo tanto, deben también tener esa responsabilidad.
Por lo tanto, se propone una adición al artículo 3 en esos términos.
Por otra parte, la fracción I del artículo 4 de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social, debe también modificarse, ya que es en esta, en la propuesta de la minuta se incluye que para efectos de esta ley se entenderá como campaña de comunicación social aquella que difunde el quehacer gubernamental, así como acciones y logros de gobierno.
En este sentido cabe señalar que la función de la comunicación social es la de proporcional información útil para el ciudadano para la toma de decisiones sobre sus derechos y obligaciones.
Las instituciones alcanzadas por esta norma deben proveer información en forma gratuita para que los individuos puedan utilizar los servicios públicos, información que explique los derechos, beneficios y obligaciones de los ciudadanos, y cuando es necesaria para que los ciudadanos comprendan cambios en leyes, políticas o programas, o servicios.
En este sentido, la redacción para esta fracción se estima incorrecta, ya que podría generar una sobrexposición de los servidores públicos, pues daría pauta a que la comunicación institucional del Estado sea utilizada con fines electorales.
La disposición legal adecuada en materia de distribución de la pauta estatal debe necesariamente disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos para efectuar esa distribución de forma que estos recursos públicos no sean utilizados de manera incorrecta.
En ese sentido, la propuesta de la reserva que hoy someto a consideración de este Pleno consiste en eliminar la palabra “logros” del cuerpo normativo.
Otra reserva está encaminad a la modificación del artículo 7 de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.
En la propuesta del artículo 7 se establece la no aplicación de la Ley de Gasto en Comunicación a las disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones gubernamentales que deben publicarse o difundirse por mandato legal.
Este es uno de los artículos que desde la iniciativa han sido severamente criticados por la sociedad civil, no hay razones para crear excepciones a la ley, es cierto que un mandato debe obedecerse con diligencias, sin embargo, ello no implica, no debe ser motivo de exclusión ni un caso especial.
El aceptar la actual redacción implica validar una puerta para destinar recursos a medios de comunicación con el argumento de que es por la difusión de resoluciones administrativas o judiciales eludiendo los controles que se buscan establecer.
Por esa razón hacemos una propuesta para modificar el artículo 7.
De la misma manera, hacemos otra reserva al artículo 11.
En la propuesta de este artículo se establece, en la propuesta de la minuta ya votada, y cuyo artículo se reservó, se establece que sólo para el caso de los programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población deberán incluir de manera visible o audible la siguiente leyenda “este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
El artículo 134 constitucional establece la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional.
La redacción del artículo propuesto limita el alcance constitucional, por ello estamos haciendo una propuesta, puesto que con lo que hoy tenemos se pretende legislar sobre la misma base que ya existe, sin identificar toda la publicidad oficial, sin excepción.
De la misma forma hacemos una propuesta de reserva al artículo 14.
La propuesta del artículo 14 se refiere al informe anual de labores o de gestión de los servidores públicos, así como de los mensajes que para darlos a conocer se difundan en canales de televisión y estaciones de radio, los cuales no serán considerados como comunicación social con los límites respecto del número de veces, así como de la cobertura geográfica regional.
Sin embargo, consideramos que resulta fundamental que una disposición legal adecuada debe necesariamente disminuir la discrecionalidad de los servidores públicos en cuanto se refiere a la difusión de promoción personalizada del servidor público, por lo que se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 14, a fin de que ningún caso la difusión de tales informes incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada.
El artículo 18 de la minuta, que es otra de las reservas presentadas por nosotros, señala que las dependencias podrán contratar tiempos comerciales pagados a los medios de comunicación siempre y cuando ya no estén disponibles en tiempos oficiales, en los espacios y tiempos solicitados, mismos que son gratuitos.
Lo anterior da legalidad una práctica que hoy se presenta y que consiste en no agotar los tiempos oficiales y erogar recursos en tiempos que hay que pagar con recursos públicos.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado en el documento “Principios Sobre Regulación Oficial, de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión”, que los Estados deben establecer para la contratación y distribución de la publicidad oficial, procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas de favoritismos políticos en el reparto.
Los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos.
La pauta estatal nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios.
Por lo tanto, se hace también una propuesta de modificación al artículo 18.
También me refiero a la propuesta de reserva de los artículos 31 y 32, ya que en el capítulo sexto de la ley se prevén más excepciones.
La propuesta establece la posibilidad de difundir a través de medios de comunicación mensajes extraordinarios que comprendan información relevante para atender una situación de carácter emergente o coyuntural y que por no ser previsible no estén incluidos en el Programa Anual de Comunicación Social.
Es un exceso de la propuesta el pretender establecer una forma de comunicación indiscriminada y extraordinaria, cuando ya exista regulación sobre el tema.
La obligación de la transmisión de los mensajes extraordinarios está previsto en el artículo 254 y 225 de la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones, donde se prevé la obligación de transmitir de manera gratuita y preferente la información gubernamental cuando se trata de emergencias.
En su caso, para situaciones no previstas en esta ley, el presupuesto para esas comunicaciones debe ser o debe estar limitado.
Y en ese sentido, se hace una propuesta de modificación a estos artículos.
Finalmente, señalo que estas modificaciones que estamos presentando, pretenden hacer precisiones importantes a disposiciones que hoy están y que merecen la atención de todos ustedes para generar principios de certeza en lo que será una ley que tiene una gran responsabilidad en nuestro sistema jurídico y que debería contribuir a fortalecer nuestro sistema democrático y no a debilitarlo.
Y, bueno, pues en esos términos estamos presentando estas propuestas.
Es cuando, Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Solicito a la Secretaria, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Pilar Ortega.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la Senadora Pilar Ortega.
Quienes estén por la afirmativa, les pedimos o manifiesten levantando su mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén porque se rechace, por la negativa también manifestarlo o levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Le informo señor Presidente, que no se admiten a discusión.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.
Tiene el uso de la palabra el Senador Luis Sánchez, para presentar reservas al artículo 4, 7, 9, 10, 14 y 37.
Pío, pío, pío…
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Vengo de apoyo a mis compañeras y compañeros.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Solicito respeto para el suéter del Senador Luis Sánchez, por favor.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Algo debemos hacer para esta hora de la madrugada y poder llamar la atención.
Compañeras y compañeros, señor Presidente.
Esta ley que estamos discutiendo por los resultados en el tablero, podríamos decir que, por supuesto, se va a aprobar.
Señoras y señores, Senadoras y Senadores del PRI, del Verde.
Ustedes van aprobar una ley que no va a resolver de ninguna manera el problema que vivimos.
El objetivo de acotar y transparentar el gasto en publicidad gubernamental no se cumple, sino todo lo contrario. Ustedes quizá puedan engañar a una parte de la opinión pública, pero no a una inmensa mayoría, no, tampoco a los promoventes del Amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto, tendrán la posibilidad de acudir de nueva cuenta a ella reclamando que el Congreso no legisló en la materia como teníamos el mandato de la Corte.
¿Qué pretendíamos o qué pretendemos nosotros los opositores a esta ley? ¿A caso estamos buscando castigar a algún medio? ¿A caso alguien está pretendiendo cobrar una factura contra algún medio de comunicación?
De ninguna manera, claro que no. pretendemos corregir el abuso en el gato de promoción personalizada,
Pretendemos corregir lo que hemos visto ya con presidentes municipales, con gobernadores, con legisladores también.
En estos anuncios que de repente nos aparece un espectacular con una pseudo revista que anuncia que tal personaje es el mejor mexicano o mexicana que hayamos visto. Cuando resulta que tiene esa persona aspiraciones a un cargo de elección popular en otro lugar completamente distinto.
Por supuesto, que hemos visto aquí en la Ciudad de México publicidad de este tipo, de personales que tienen aspiraciones en entidades federativas completamente distintas.
Y lo peor es que es de todos los partidos, eh; ninguno se salva, por cierto.
Ese abuso es el que pretendíamos nosotros evitar.
Pero lo que vemos aquí, al realidad, es triste y no se a lograr.
Por es que estamos proponiendo las reformas, entre otros artículos y para obviar un poco de tiempo, me voy a la reserva al artículo 7, que proponemos modificar el contenido en la minuta relativo a que la ley es aplicable a cualquier campaña de comunicación social pagada con recursos públicos.
Aquí es necesario incluir los conceptos de tiempos del Estado y tiempos fiscales, que son materia de la ley en incluso cuentan con un capítulo propio dentro de la minuta.
Sin embargo, en este artículo que debiera ir, no están.
De ese tamaño es el desaseo con el que se elaboró esta iniciativa de ley y luego se aprobó. Además, se propone eliminar el párrafo segundo del artículo 7, para quitar la posibilidad de excepciones que permitan distintas formas de propaganda personalizada, derivada de otras leyes distintas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Presento también dos reservas más, cuyo objeto es similar a los artículos 9 y14 de la minuta; ambos artículos abren la puerta al uso de recursos públicos para una forma perniciosa de propaganda personalizada vinculada a la realización de informes anuales de labores de los servidores públicos.
La publicidad que rodea a los informes anuales de labores se convierte en una forma de propaganda personalizada cuando con recursos públicos se incluye la figura de funcionarios o se difunden las acciones que éstos han realizado en el ejercicio de su cargo público.
Sobre este asunto las organizaciones de la sociedad civil fueron enfáticas al señalar que dichos informes de labores no deben ser considerados distintos a la comunicación gubernamental.
La naturaleza de esta forma de promoción personalizada concentra los beneficios de su ejercicio en las personas que la ejercen, de manera que su utilidad pública es pobre o limitada, por eso se propone que en el artículo 9, fracción I, no haga referencia al artículo 14, y que en éste se supriman el primero y segundo párrafo.
Otra reserva propone la modificación al artículo 10 de la minuta en el que se establecen modalidades que las campañas de comunicación social no deben adoptar. Se proponen restricciones específicas tales como que la comunicación social no debe, por cualquier vía, influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o cualquier ciudadano que busca postularse a cargo de elección popular.
También se obliga a que toda comunicación que proviene de un sujeto obligado se identifique con claridad e incluya la mención expresa del responsable de la difusión, debe evitarse cualquier campaña de comunicación social en forma de gacetilla, reportaje o nota periodística simulada, de las que abundan, por cierto.
Lo anterior tiene como objetivo preservar el derecho ciudadano a la información, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, así como para evitar el gasto simulado.
Finalmente, presentamos una reserva al artículo 37, que en sus actuales términos otorga el control absoluto a la Secretaría de Gobernación sobre el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
La intervención de la Secretaría de Gobernación contraviene los principios extravertidos por la relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la referencia expresa contenida en el documento, bases mínimas para la regulación de la publicidad oficial que en ambos casos proponen que esta responsabilidad recaiga en un órgano autónomo.
Así proponemos que el control sobre el Padrón Nacional de Medios de Comunicación sea responsabilidad del Consejo Nacional de la Comunicación, puesto que en otra reserva, además de incluir una serie de criterios para su conformación donde los más importantes son los relativos a la certificación del alcance del medio, su audiencia, tiraje o tráfico.
Estas reservas se complementan con las presentadas por mis compañeros y compañeras de la fracción parlamentaria del PRD.
Y no tienen otro sentido que permitir la transparencia en el gasto, que los medios mismos por su fortaleza puedan competir y puedan ganar espacios o ganar las licitaciones que pudiese ponerse en práctica para que los gobiernos sean municipales, sean estatales o el federal vaya hacia un público específico, pero que sea mediante un sistema transparente como se asigne el gasto.
Hoy estamos a punto de perder esa enorme posibilidad que teníamos para ponerle orden a este dispendio.
Muchas gracias, y pido, señor Presidente, si puede usted, por favor, someter a consideración cada uno de mis artículos en votación electrónica en el tablero, si es tan amable.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Pidió usted qué, señor Senador. Pidió usted, qué.
¿Alguien se solidariza con la propuesta del Senador Lis Sánchez de votar de manera conjunta todas sus reservas en el tablero electrónico?
Ábrase el tablero electrónico de votación, hasta por tres minutos para ver si se aceptan a discusión las reservas presentadas por el Senador Luis Sánchez.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Presidente doy cuenta de la votación, a favor 35 votos; en contra 54 y cero abstenciones.
Por lo cual no se admiten a discusión.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.
Informo a las Asamblea que el Senador Alejandro Encinas Rodríguez entregó propuestas de modificación.
Informo a la Asamblea que el Senador Alejandro Encinas Rodríguez entregó propuestas de modificación a su artículo 35 y 37, y la propuesta de adición de nuevos artículos, 23, 24, 25, 26 y 27.
Les informo que las propuestas presentadas por el Senador Encinas Rodríguez se encuentran disponibles en el monitor de sus escaños, y así se hacen de su conocimiento, lo cual le agradecemos al Senador Encinas, y deberíamos darle un aplauso
(Aplausos)
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Encinas Rodríguez.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, si se admiten a discusión, las propuestas del Senador Encinas Rodríguez.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, de igual manera, les pedimos que levanten su mano.
(La Asamblea asiente)
Le informo Presidente, que no se admiten a discusión.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Los artículos 35 y 37 se reservan para su votación en conjunto al término de la discusión de los otros artículos reservados.
La propuesta de adición de nuevos artículos, 23, 24, 25, 26, 27, queda desechada.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29 31, 32, 33, 35, 37, 38, 44 y 45 en los términos del dictamen.
La denominación de la Ley se mantiene en los términos del dictamen.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Le pregunto a la Asamblea, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Senador Monreal, en contra.
¿Algún otro Senador o Senadora que falte por emitir su voto?
Doy cuenta de la votación, 57 votos a favor; 40 votos en contra y cero abstenciones.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 44 y 45 del proyecto de decreto.
Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.
Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional, con atentos saludos a la Suprema Corte de Justicia.
(Aplausos)
Compañeros Senadores, informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 50 Aniversario de la Aplicación del Plan Marina.
Consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El dictamen está disponible en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantarla mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea, que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Está a discusión.
Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 59 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Senador Luis, en contra.
Senador Isidro, a favor.
Señor Presidente, se recibieron 91 votos a favor; cuatro en contra y una abstención.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 50 Aniversario de la Aplicación del Plan Marina.
Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
Compañeros Senadores:
Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo séptimo transitorio del decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley de Sistema Público y Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2014.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El dictamen está disponible en sus escaños.
Por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza, señor Presidente.
Es de primera lectura.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Está a discusión.
Se concede el uso de la palabra al Senador Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien tiene un importante mensaje para nosotros.
El Senador Aarón Pozos Lanz: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:
El dictamen que hoy sometemos a su consideración es producto de una iniciativa que presentamos el Senador Héctor Larios Córdova, el Senador Rubén Zuarth Esquinca y un servidor, el pasado 18 de marzo.
La reforma busca que las concesiones de Radiodifusión Sonora vigentes, que quedaron sin la posibilidad de cumplir con los plazos establecidos en la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, puedan solicitar la prórroga de su concesión obviando el plazo previsto en el primer párrafo de su artículo 114.
Cabe destacar que la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones estableció las bases legales para transformar de manera trascendental el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión.
El nuevo diseño institucional tiene como objetivo garantizar el acceso a la población, a las tecnologías de la información y la comunicación, así como establecer condiciones de competencia y libre concurrencia de los servicios de telecomunicación y radiodifusión.
Con dicha Reforma se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el propósito de contar con el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones.
Asimismo, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el 14 de julio de 2014, estableció que la concesión de espectro para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se otorgarán en un plazo de hasta 20 años, y que en el otorgamiento de prórrogas el concesionario deberá hacer la solicitud dentro del año previo al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia de la concesión.
No obstante, hay concesionarios que se encuentran imposibilitados a cumplir con los plazos que marca la ley, y no es un tema que se pueda atribuir a ellos, en este escenario debemos generar las condiciones para que puedan realizar su renovación.
La resolución de las prórrogas de concesiones constituye un asunto fundamental porque brindan certeza jurídica a los propietarios de las mismas, fomentando la inversión y la modernización del sector, lo que genera un mercado más competitivo.
El dictamen que está a discusión busca dar certidumbre y certeza a los concesionarios de Radiodifusión Sonora que presentaron una solicitud de prórroga con anterioridad a la fecha, determinación de la vigencia original, establecida en sus títulos correspondientes.
Sin duda, es de gran relevancia toda vez que la solicitud de prórroga es la expresión de la voluntad del concesionario, manifestada previamente al término de la concesión, y se trata de una situación excepcional derivada de la promulgación de una nueva ley.
Compañeras y compañeros Senadores:
Nuestro voto y nuestro posicionamiento va a favor de este dictamen.
Y yo también les pediría a todas y a todos, y a cada uno de ustedes, hacer lo propio.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Al no haber más oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para información de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto del decreto.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Senadora Ivonne Álvarez, a favor.
Senador Encinas, a favor.
Senador Luis Humberto, a favor.
Senador Manuel Cavazos, a favor. Gracias.
¿Alguien más, Senador o Senadora, que falte por emitir su voto?
Señor Presidente, se recibieron 85 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo séptimo transitorio del decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federal, el 14 de julio del 2014.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
Tenemos ahora la discusión de siete dictámenes, en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado.
Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy.
En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.
Solicito a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura.
Están a discusión los siguientes dictámenes:
Cinco de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Otro, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Uno más, en relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para las Personas con Discapacidad.
Uno más, en relación con el proyecto de decreto para reformar la fracción V del artículo 5 y las fracciones III, IV y V del artículo 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Y otro, que va en relación con el proyecto de decreto para la reforma de la fracción XIX del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Asimismo, tenemos dos de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera.
Uno, en relación con el proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones del capítulo II de la Reserva de los Derechos al Uso Exclusivo de la Ley Federal de Derechos de Autor.
Y uno más, en relación con el proyecto de decreto por el que se declara el 1 de marzo de cada año como “Día Nacional de la Cocina Yucateca”.
Estos son todos los dictámenes, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Están a discusión los dictámenes.
Pregunto ¿si alguno se reserva para su discusión en tribuna?
En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de decreto iniciados en esta Cámara.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos de que se desechen los proyectos de decreto.
Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar su mano.
(La Asamblea asiente)
Ahora bien, quienes estén porque se rechacen, de la misma forma, les pedimos que levanten su mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo, Presidente, que son aprobados los acuerdos.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los acuerdos.
Comuníquense.
Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros y darlos por concluidos e informar a los promoventes.
Tenemos ahora la discusión de 16 dictámenes que contienen puntos de acuerdo y sobre los que no hay reserva para su discusión.
Todos están publicados en la Gaceta de hoy.
Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy cuenta con las materias de los dictámenes.
Tenemos uno de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que exhorta a implementar campañas y a fortalecer las acciones que promuevan la inclusión social de los adultos mayores.
Tres de la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo:
Uno, el que exhorta a continuar trabajando de manera coordinada para posicionar a México como un destino turístico seguro para los visitantes extranjeros.
Dos, el que exhorta al Consejo de Promoción Turística de México a promover y fortalecer la marca Pueblos Mágicos de México.
Uno más, que exhorta a emprender acciones y programas que impulsen la cocina tradicional yucateca.
Seis, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de acuerdo:
El que exhorta a remitir un informe del conjunto de acciones de asistencia consultar que realizó el Consulado General de México en Raleigh, Carolina del Norte, ante el deceso del mexicano Rubén Gerardo Galindo Chávez.
Por el que la Cámara de Senadores refrenda el compromiso y la amistad con los Estados Unidos de América, como socio y aliado de México en una relación bilateral de corresponsabilidad y respeto mutuo.
Por el que se solicita dar seguimiento a determinar si la Embajada de los Estados Unidos en México resarció los daños materiales y humanos derivados del incidente vial en el que se vio implicado un vehículo de esa misión diplomática, el 15 de febrero del año en curso.
Uno más, que exhorta a continuar con las gestiones necesarias para que con los avances tecnológicos de vanguardia que impulsen acciones que permitan la localización del doctor Enrique Garibay Ruiz.
Uno más, por el que el Senado de la República expresa su más enérgica condena al atentado terrorista del 31 de octubre en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, que dejó ocho personas muertas y una docena de heridos.
Uno más, por el que el Senado de la República lamenta el trágico incidente ocurrido en Sutherland Springs, Estados Unidos, que cobró la vida de al menos 26 personas y dejó una veintena de heridos.
Seis de la Comisión de Recursos Hidráulicos con puntos de acuerdo:
El que exhorta a informar sobre el uso del agua que suministra la Presa Libertad, que contempla el Plan Hídrico para Nuevo León, 2030.
Uno más, que exhorta emprender acciones y cumplir con el marco legal en materia de aguas residuales.
Por el que se solicita cancelar el proyecto del acueducto que abastecerá de agua a una empresa cervecera en la zona de Mexicali.
Otro más, que exhorta a ejecutar acciones que contribuyan a mitigar el impacto de las inundaciones en el municipio del Centro, Tabasco.
Uno más, que exhorta a informar las características y el costo que tendrá el proyecto para transformar la presa “La Boca”.
Uno más, que exhorta a informar la decisión relativa al Proyecto Hidráulico Monterrey VI.
Son todos los dictámenes, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Están a discusión.
Consulto ¿si alguno de los dictámenes se reserva para su discusión en tribuna?
En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Son aprobados los acuerdos, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los acuerdos.
Comuníquese.
Compañeros Senadores:
Recibimos en la Mesa Directiva dos acuerdos que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por lo que se modifica la integración en comisiones.
Solicito a la Secretaría dé cuenta con los resolutivos de ambos acuerdos.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura a los puntos resolutivos del primer acuerdo.
Único.- Que la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como integrante de la Comisión de Justicia.
Doy lectura a los puntos resolutivos del segundo acuerdo:
Que el Senador Eduardo Ernesto Carrasco Zanini Castillo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se da de alta como Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. Como Secretario de la Comisión de Federalismo. Como Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. Como integrante de la Comisión de Educación. Y como integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Están a discusión los acuerdos.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los acuerdos presentados.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los acuerdos.
Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobados los acuerdos, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los acuerdos por lo que se modifica la integración de comisiones.
Comuníquese.
Compañeros Senadores:
Hago de su conocimiento que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de hoy, jueves 25 de abril…
Paciencia, compañeros, paciencia.
El 1 de mayo van a suplicar poder votar algo cuando ya se nos acabe el veinte.
Compañeras Senadoras y Senadores:
En atención a nuestra compañera Presidenta de la Comisión de Igualdad y de Equidad de Género votemos un dictamen adicional.
Demos dos minutos al tablero electrónico de votación y levantemos la sesión.
Gracias, les aprecio mucho.
Senador Encinas.
Sonido en el escaño del Senador Encinas.
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Yo estoy de acuerdo, solamente hay que seguir el procedimiento adecuado para que se admita en el orden del día.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Correcto, correcto.
Únicamente estoy informando que me tengan un poco de paciencia y ahorita haremos toda la liturgia correspondiente, Senador.
Gracias.
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de incorporarse al orden del día el dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Segunda, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en materia electoral.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea si autoriza, en votación económica, que se le dé entrada al dictamen que ha referido el Presidente de la Mesa Directiva.
Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la primera lectura.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la primera lectura, señor Presidente.
Queda de primera lectura.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.
Consulto a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén en contra, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza la dispensa de la segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchísimas gracias.
El dictamen está a discusión.
Al no haber oradores, ábrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para la votación del dictamen antes mencionado.
A petición de algunos compañeros que piden se explique en qué consiste la votación, le voy a pedir a la Presidenta, a la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, que haga uso de la palabra para exponernos el dictamen.
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Buenos días a todas, a todos.
Presidente, muchas gracias por su paciencia, pero sobre todo por su solidaridad en un tema tan sensible, como es la violencia política.
No me quise salir en todo el tiempo del recinto precisamente por eso, porque es un tema que pareciera que está tan normalizado el tema de la violencia política, pero yo quiero agradecerle mucho al Presidente, a todos los coordinadores, porque esta minuta regresó a la Cámara de Diputados totalmente distinta como nosotros trabajamos casi cuatro años.
Y esta legislación es muy necesaria porque es el piso mínimo para avanzar en igualdad de oportunidades, en participación política.
Regálenme un minuto, les prometo que no les pido más.
Y hoy que tenemos esta oportunidad del concepto en la Ley de Acceso y estas cinco reformas a leyes que tienen que ver con una participación sin violencia en política de las mujeres es un momento muy importante para aquellos que tienen temor que opera para este proceso electoral.
No, no opera para este proceso electoral, desgraciadamente, llevamos más del 60 % de los asesinatos en política para mujeres y eso es muy, muy grave, y eso es una parte nada más de lo que refleja la violencia política.
Yo agradezco mucho su sensibilidad y, sobre todo, su solidaridad.
Esta es una lucha que aunque pareciera solitaria, merece toda la atención, porque estamos hablando de más de la mitad de la población y, sobre todo, de los derechos políticos que también las mujeres son derechos de las mujeres.
Muchísimas gracias por su voto, por su solidaridad.
Después de cinco años hoy tenemos esta legislación.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.
No habiendo más oradores, háganse los anuncios correspondientes y ábrase el tablero electrónico de votación, hasta por cinco minutos.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le pregunto a la Asamblea, ¿si existe algún Senador o Senadora por emitir su voto?
Nuevamente repito, ¿si falta alguna Senadora o Senador por emitir su voto?
Doy cuenta de la votación, 76 votos a favor, afortunadamente nadie en contra y nadie se abstuvo.
Presidente, esa es la votación.
Por unanimidad de los presentes queda aprobada.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General, en Materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en Materia Electoral.
Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: En votación económica, consulto a la Asamblea si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita, favor de levanta su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar su mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo Presidente, que sí se omite la lectura del dictamen.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: No hay oradores registrados.
Informo a la Asamblea, que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo.
Por lo que está discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
No hay oradores inscritos.
Informo a la Asamblea, que la Senadora Andrea García García, entregó una propuesta para adicionar un artículo segundo transitorio del proyecto de decreto, misma que someteremos a su consideración.
Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de modificación e inmediatamente consulte en votación económica, si es de aprobarse.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura a la propuesta.
Transitorio Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, involucradas para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento al presente decreto con cargo a sus respetivos presupuestos.
Doy continuación a su petición, Presidente.
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta anteriormente leída.
Quienes estén porque así sea, manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se apruebe, favor también de levantar su mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo Presidente, que sí se aprueba, si se admite a discusión.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Consulte señora Senadora si se aprueba la propuesta.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta.
Quienes estén porque se apruebe, les pedimos lo manifiesten levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se apruebe, de igual manera, levantar su mano.
(La Asamblea no se asiente)
Le informo señor Presidente, que sí se aprueba la propuesta.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto con la propuesta de modificación que fue aprobada.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
Señora Secretaria informe usted del resultado de la votación.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
De no ser así damos cuenta de la votación.
Tenemos 81 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En, consecuencia queda aprobado el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.
Siguiente asunto en el orden del día, es la discusión de las Comisiones de Relaciones Exteriores, África; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Sudáfrica sobre Extradición, hecho en la Ciudad de México el primero de noviembre de dos mil trece, y en la Ciudad de Pretoria, el veinticuatro de marzo de dos mil catorce.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen.
Quienes estén porque así sea, manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita la lectura, les pedimos también lo manifiesten levantando su mano.
(La Asamblea no asiente)
Señor Presidente, sí se autoriza la dispensa de la lectura.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia está a discusión.
No habiendo oradores, ábrase el sistema electrónico de votación y háganse los informes correspondientes, hasta por tres minutos.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Vamos aquí de sorpresa en sorpresa, no sé si haciendo tiempo, pero también están metiendo tratados, quisiera preguntarle, ¿cuáles son los temas que vamos a ver en este momento? Van dos veces que cierra la sesión, ya guardamos las cosas y sigue habiendo más temas.
Le pregunto, ¿cuáles son los temas que vamos a ver todavía?
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Vamos a ver instrumentos internacionales, Senadora, ya están listados.
Senadora Secretaría, dé conocimiento de la votación, por favor.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Antes pregunto a la Asamblea, ¿si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto?
¿Algún Senador o Senadora por emitir su voto?
De no ser así, damos cuenta de la votación.
70 votos a favor; cero votos en contra y también cero abstenciones, Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Queda aprobado el decreto por el que se aprueba el Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Sudáfrica sobre Extradición, hecho en la Ciudad de México el primero de noviembre de dos mil trece y en la ciudad de Pretoria, el veinticuatro de marzo de dos mil catorce.
Háganse los avisos correspondientes.
Tenemos el siguiente dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones, África; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, el que contiene proyecto de decreto por que se aprueba el Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado en la Ciudad de México el primero de noviembre de dos mil trece y en la ciudad de Pretoria, el veinticuatro de marzo de dos mil catorce.
Consulte a la Asamblea si se omite la lectura del dictamen y se somete a discusión.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea si aceptan, se omita la lectura de dictamen, la segunda lectura del dictamen y se someta a votación.
Quienes estén a favor de la propuesta, favor de levantar su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, también levantar su mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo, Presidente que sí se omite la lectura, la segunda lectura del dictamen.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión.
Al no haber oradores registrados, solicito a la Secretaría, haga los avisos correspondientes para iniciar la votación, en el tablero electrónico, hasta por tres minutos.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
Dé cuenta de la votación, Senadora Secretaria.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy cuenta de la votación.
73 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones, Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senadora.
Queda aprobado el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, firmado en la Ciudad de México el primero de noviembre de dos mil trece y en la Ciudad de Pretoria, el veinticuatro de marzo de dos mil catorce.
Háganse los informes correspondientes.
Tenemos ahora el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, sus Delitos Conexos, así como la farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México el trece de marzo de dos mil quince.
Consulte la Secretaría si se omite la lectura del dictamen y se pone a discusión.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del dictamen.
Quienes estén porque así sea, favor de manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace la propuesta, de igual manera levantar su mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo, señor Presidente, que sí se dispensa la segunda lectura del dictamen.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión.
Al no haber oradores, ábrase el tablero electrónico de votación, hasta por cinco minutos.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
Senadora Secretaria, dé conocimiento de la votación, por favor.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le informo, Presidente, que quedan 72 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobado el proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos Esenciales y Productos o Preparados que los contengan, sus Delitos Conexos, así como la Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México el trece de marzo de dos mil quince.
Háganse los avisos al Poder Ejecutivo.
El siguiente dictamen es de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de Uruguay sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete.
A este dictamen se le dio primera lectura en la mañana.
Consulte si se le dispensa la segunda lectura, señora Senadora.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura.
Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, de igual manera manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo, señor Presidente, que sí se omite la segunda lectura del dictamen.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión.
Al no haber oradores, háganse los avisos correspondientes y ábrase el tablero electrónico de votación, hasta por cinco minutos.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
Senadora dé cuenta del estado de la votación, por favor.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: ¿Algún Senador o Senadora que falte por emitir su voto?
Damos cuenta de la votación.
Son 74 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias.
¿Podría dar cuenta de mi voto, Senadora, que omití votar?
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: con el suyo, 75 votos, Presidente, a favor.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Es usted muy amable, Senadora. Gracias.
Queda aprobado el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental de Uruguay sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete.
Los cuatro acuerdos que acabamos de aprobar se remiten al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Compañeros Senadores:
Informo a ustedes que recibimos en la Mesa Directiva un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone al Pleno del Senado el nombramiento de los dos Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
El acuerdo está disponible en sus escaños.
Solicito a la Secretaría dé lectura a los resolutivos Primero, Cuarto, Quinto y Sexto del acuerdo, los cuales pondremos a consideración de la Asamblea, en votación económica.
Los resolutivos Segundo y Tercero serán resueltos por esta Asamblea a través de una votación por cédula como lo dispone la fracción III del artículo 97 del Reglamento del Senado y siguiendo el procedimiento que indica la base novena de la convocatoria emitida.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy lectura a los resolutivos indicados por la Presidencia.
Acuerdos.
Primero.- La Junta de Coordinación Política propondrá por medio de la Mesa Directiva al Pleno del Senado la designación de los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Cuarto.- De conformidad con la base novena de la convocatoria, la votación de los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se realizará por cédula.
La protesta de quienes resulten designados será ante el Pleno de la Cámara de Senadores.
Quinto.- En caso de que alguna de las propuestas no reúnan la mayoría constitucional de dos terceras partes de los votos a favor de los miembros presentes como exige la fracción VIII del apartado A del artículo 6 constitucional, la Junta de Coordinación Política propondrá los acuerdos necesarios para que se realice una nueva votación.
Sexto y último.- Comuníquese a las autoridades correspondientes.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, está a discusión la parte que acaba de leer la Secretaria.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los resolutivos Primero, Cuarto, Quinto y Sexto del acuerdo.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones del Presidente, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se son aprobarse los resolutivos Primero, Cuarto, Quinto y Sexto del acuerdo.
Quienes estén porque se aprueben, favor de manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar su mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo, señor Presidente, que son aprobados los resolutivos Primero, Cuarto, Quinto y Sexto del acuerdo.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Aprobados los resolutivos referidos.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Luis Sánchez, por favor.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Sí, Senador Presidente, gracias.
Para que me permita el uso de la tribuna en el momento de discutir este dictamen o esta.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ya se consultó, se puso a discusión, ya se votó, Senador.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: (Desde su escaño) Sí, estaba pidiendo la palabra.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Pero tiene la palabra.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Presidente.
Están a punto de aprobar quienes ocupen las dos vacantes del Instituto Nacional de Transparencia e Información, el Inai.
Todo el día hemos estado discutiendo las posibles propuestas para sustituir estas dos vacantes.
Como todos recordamos, en el proceso de selección hubo, al final, una propuesta de once personas que se consideraron como idóneas para ocupar este cargo.
Primeramente decir que, en mi opinión, hay gentes ahí que no debieran estar y falta gente que debiera estar ahí por su desempeño, por su trayectoria, por su ficha curricular, pero aun así aceptamos que sólo fuese, de estas once personas, de las que deliberáramos quiénes podrían ocupar el cargo.
En principio había una propuesta de que dado de que las vacantes habían sido motivo de la separación o de la conclusión del encargo de dos mujeres, fuesen dos mujeres quienes estuvieran sustituyendo para no desequilibrar tanto el tema de la paridad de género en este Instituto.
También hablamos de la pertinencia de que no fuese alguien con una tendencia o una filia partidista, parece ser que esto no se logró.
Pero, además, es lamentable que lo que vivimos hace apenas unos días, cuando nos enteramos que una de las comisionadas, Ximena Puente, renunciaba apenas tres días antes de que concluyera su mandato para ser candidata plurinominal del PRI, lo que, por supuesto, causó un gran descontento por esa decisión, que me parece que no solamente manchó al Instituto, sino a la persona misma.
Luchamos porque estos institutos se pudieran conformar con las mejores mujeres y hombres que estuviesen alejados de tentaciones para que sus resoluciones fuesen lo más apegadas a derecho con objetividad y sin un sesgo o sin un compromiso político hacia algún partido político, y sin embargo, con esa decisión de Ximena Puente, parece ser que, bueno, no se logró.
Y tenemos la oportunidad de corregir eso, de que entre estos once y estas once pudiéramos elegir a quienes no tienen filiación partidista.
No se lograron los consensos, no hubo un acuerdo, por eso es que hace un momento nos retiramos las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD a deliberar qué hacer, pero vemos que aquí hay una intención, una intención muy clara, de impulsar a dos personas, y muy claro está, a Carlos Alberto Bonnin y a Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Dos personas funcionarios aquí en el Senado con clara filiación o simpatía, simpatía, retiro la palabra filiación, simpatía partidista, que es justamente lo que no queríamos ya.
De ser este el caso, de que sean estas dos personas, quiero decirles, hay incluso conflicto de interés, por supuesto, el Senado elige a sus trabajadores para un órgano de este tamaño.
¿Qué se pretende, terminar con el Inai?
¿Se pretende sepultar al Inai?, ¿para qué esto?, ¿a quién le sirve esto?
¿A un partido político?, ¿para qué le sirve a este partido político terminar con el prestigio que pudiera tener todavía este instituto político, este instituto, perdón?
Me parece que es un desaseo tremendo, por eso es que nos quedamos allá afuera, para esperar qué se iba a hacer.
Vemos que hay quórum y que el quórum lo está dando Morena, por cierto. PT, ¿verdad?
Bien, veamos si se consuma esta alianza, esta alianza aquí en el Senado y a ver qué se dice allá afuera en un rato más, cuando digamos que el PRI y Morena se están aliando para sacar a dos funcionarios del Senado de la República que tienen conflicto de interés, que, además, uno de ellos demostró que no tiene las cualidades, ni el conocimiento para llegar al cargo al que se le va a dar.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador Luis Sánchez, fuera de todo procedimiento legislativo, le concedimos el uso de la tribuna, esto ya se había discutido, no tomó la palabra, esto ya está votado.
En consideración a que es nuestro compañero le cedimos el uso de la tribuna, le suplico sea breve.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Sí, Presidente, es que no volteó a verme cuando estaba yo pidiendo la palabra antes de votar.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Imposible no verlo, señor Senador.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Bien, compañeras y compañeros:
Me parece que es un grave daño lo que le van a causar al Inai; me parece que la poca reputación que se tenía con esta acción la van a tirar, van acabar con ella, y es lamentable, es muy lamentable, pero está bien, está bien, hay una coalición aquí, una alianza, un acuerdo que espero lo expliquen a la ciudadanía y que lo expliquen bien y que se entienda por qué hoy estas fuerzas antagónicas se están poniendo de acuerdo para elegir a dos funcionarios del Senado, que, por supuesto, tienen conflicto de interés, marcado conflicto de interés.
Muchas gracias.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.
Tiene la palabra el Senador Herrera.
El Senador Fernando Herrera Ávila: Estamos terminando el Senado de la República.
Qué triste, que pena, que sea a través de estas actitudes, de estas acciones, que no dañan a un grupo parlamentario u otro, dañan a México, a su sociedad.
Hemos analizado con todo detalle el procedimiento, todo el proceso lo hemos seguido con total transparencia.
Hemos buscado los mejores perfiles, hemos invitado a Comités de Acompañamiento para que precisamente se logre el objetivo de garantizar que el Instituto Nacional de Acceso a la Información esté representado por personas que tengan conocimiento técnico, independencia mental y, desde luego, la capacidad suficiente para desempeñar su trabajo.
Hemos acudido a cada una de las sesiones a las que hemos sido convocados y no se trata de llegar a un vulgar intercambio de cuotas entre partidos para simular democracia.
Se trata de dar cumplimiento al objetivo de integrar un Instituto con las mejores personas, con personas que garanticen que van a poder opinar con total objetividad.
No se trata pues de poner a personas que vayan con una consigna, con una indicación de que “me la debes”, para evitar bochornosos actos como los que generó Ximena Puente, quien tuvo la iniciativa de otorgarle al partido en el gobierno un diploma como “el partido más transparente” en el manejo de los recursos públicos.
Señoras y señores, lamentablemente se ha perdido el respeto y se ha extraviado el equilibrio de poderes.
El respeto que se tiene en las fracciones parlamentarias, el peso específico del cual gozan y las reflexiones que se hacen para entregar lo mejor a México ha sido subordinado por el temor, por la consigna de mandar personas con un encargo particular, cuidar las espaldas a no sabemos qué intereses.
Señoras y señores, tanto peca el que hace uso de una mayoría para imponer desoyendo la realidad de nuestro México, como aquel que se presta a legitimar con su presencia para dar quórum y disfrazar después que votaron en contra.
Señoras y señores, cada quien debe de estar dispuesto a asumir con responsabilidad sus hechos, sus actos.
Hay una alianza normal y natural que se está observando aquí, el PRI y Morena son exactamente lo mismo, se han puesto de acuerdo para garantizar un Instituto de Acceso a la Información que a ellos les rinda, que a ellos les sirva.
Podrán gritar y decir lo que quieran, pero es más que evidente que hoy pretenden imponer una mayoría porque se han aliado el PRI y Morena.
Han estado pactando en lo obscurito, en la espalda, tratando de ser simple y sencillamente quienes impongan decisiones dándole una puñalada trapera a México.
Señoras y señores, Senadoras y Senadores.
Qué pena y qué lástima lo que estamos viviendo aquí.
Van a imponer a dos personas con consignas para lograr tener una definición clara y concreta para cubrir las espaldas.
La discusión es simple y sencillamente escoger los mejores perfiles y en esa discusión ustedes están refugiándose en la comodidad de votar con el PRI, Morena con el PRI, Morena con el PRI.
Debería de darles vergüenza, al margen de todo es claro lo que están haciendo.
Asuman su responsabilidad, PRI y Morena juntos en esta decisión.
Más, más, más, PRI y Morena votando juntos, haciendo el quórum, dándoles oportunidad de imponer.
Están ustedes tratando pues de simular y hoy es más que evidente que están completamente de acuerdo el PRI y Morena.
Son un pri-mor y de eso se da cuenta todo México.
Señoras y señores, ustedes podrán tomar las decisiones que quieran, le han dado una puñalada al pueblo de México, el PRI y Morena simple y sencillamente han traicionado los ideales de constituir un Instituto Nacional de Acceso a la Información que dé resultados, que garantice honestidad y transparencia.
Hagan señores de Morena su acompañamiento con el PRI y que les vaya bien.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Herrera.
Senador Luis Humberto Fernández.
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, señor Presidente.
Esto ya no sé qué pensar.
Qué curioso, todo el día se han visto nombramientos.
Se vieron hoy siete dictámenes, en ninguno de los cuales participó PT-Morena en ninguna negociación.
PT-Morena no propuso ni un solo nombre, ni participó en ninguna negociación.
De repente esta epifanía moral, después de que negociaron Tribunal, después de que negociaron IFT, después de que han venido negociando todos los nombramientos, ahora si no somos parte de su negociación entonces se indignan.
Vergüenza, vergüenza les debería de dar querernos hacer parte de su truculenta historia de la cual no formamos parte.
Si quieren aclarar, aclaren cómo se hicieron todos los nombramientos.
Y si quieren aclarar, que nos digan ¿qué negociamos, en qué mesa estuvimos?
Nosotros no estuvimos negociando todo el día.
Y yo les pediría a los que participaron en esa negociación, que aclaren ¿si mi coordinador o su servidor como Vicecoordinador participaron en una negociación?
Nosotros estamos haciendo lo que hemos hecho todo el día y toda la Legislatura, ir en contra, ir en contra porque estamos en contra del método, ir en contra porque estamos en contra de las cuotas partidistas.
Qué curioso, después de despacharse en la única que no le sale quieren que seamos sus comparsas.
Eso no va a pasar y que se aclare. Nosotros no estuvimos en ninguna mesa, el PAN sí, sí estuvo, y no sólo en una, hoy hubo 7 dictámenes en los que votaron a favor.
¿Por qué en ese momento no pidieron que se saliera y se rompiera el quórum?
¿Eso es lo sensato?
¿Eso es lo decente?
Entonces, ante la falta de explicación, y también debo de señalar, pedí una pregunta, y me fue aceptada.
Creo que tengo el derecho a una respuesta, ¿dónde están para responder? si negociaron esos 7, o aplicaron aquella de infamo hablo y huyo.
Eso es lo que pasó.
¿Alguien va a dar respuesta?
El silencio, el silencio es su respuesta.
Si tuvieran argumentos aquí estarían.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador.
Agradezco la comprensión del Senador Marlon Berlanga que había solicitado el uso de la palabra, y generosamente nos permite proceder con el procedimiento.
Procederemos a la elección por cédula de los Comisionados como lo dispone la fracción III del artículo 97 del Reglamento del Senado, y siguiendo el procedimiento que indica el artículo 101 de la misma disposición.
El personal de apoyo les entregará las cédulas de votación para que pasen a depositarlo a la urna colocada debajo de este presídium.
Proceda la Secretaria a pasar lista de asistencia de los señores Senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le pediría de la manera más atenta a las Senadoras y a los Senadores que estén atentos al nombramiento al escuchar su nombre, por economía parlamentaria agilizar el procedimiento.
Doy inicio al pase de lista.
(Pasa lista)
(Depositan su voto por cédula)
(Votación y escrutinio)
Presidente, daré cuenta de la votación a la Asamblea.
Les informamos que se emitieron un total de 74 votos, de los cuales hay 65 votos a favor de Carlos Alberto Bonnin Erales; 66 votos a favor de Blanca Lilia Ibarra Cadena y 8 votos nulos. Lo que nos dan en total 65, 66, más 8, 74 votos que fueron totalmente emitidos.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, se reúne la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes que exige el artículo 6 constitucional, por lo que se declara que han sido electos como Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales los ciudadanos Carlos Alberto Bonnin Erales y Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Comuníquese.
Compañeros Senadores:
Les informo que en el salón contiguo a este recinto se encuentran los ciudadanos Carlos Alberto Bonnin Erales y Blanca Lilia Ibarra Cadena, quienes fueron designados como Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Por lo que solicito a las Senadoras y Senadores Lavalle Maury, Yunes Landa, Flores Ramírez, Jesús Priego Calva, María del Rocío Pineda Gochi, Jesús Casillas, Ernesto Gándara y, por supuesto, el Senador Jorge Aréchiga, a que los inviten a pasar al salón de sesiones.
(La comisión cumple)
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Les pedimos se pongan de pie a los Senadores y a las Senadoras, por favor.
(Todos de pie)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Ciudadanos Carlos Alberto Bonnin Erales y Blanca Lilia Ibarra Cadena, el Senado de la República los ha elegido como Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
En consecuencia, les pregunto:
“¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”
El C. Carlos Alberto Bonnin Erales: “¡Sí, protesto!”
La C. Blanca Lilia Ibarra Cadena: “¡Sí, protesto!”
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: “Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande”.
Felicidades, señor Comisionado y señora Comisionada.
A nombre del Senado de la República les deseo éxito en su encargo.
(Aplausos)
Solicito a la comisión designada acompañe a los Comisionados cuando deseen retirarse del salón.
Compañeros Senadores:
Hago de su conocimiento que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de hoy, jueves 26 de abril, a las 12:00 horas, en la que realizaremos sesión solemne con motivo del 75 Aniversario de la Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 03:43 horas.
