Versión estenográfica del Foro “Reforma Laboral para todos. Última llamada”, llevado a cabo en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República.

(SEGUNDA PARTE)

PRESENTADOR: A continuación, una mujer cuya trayectoria y dedicación a las mejores causas de los trabajadores, está fuera de toda duda. Les pedimos un fuerte aplauso para la licenciada Amalia García Medina, la cual tiene una larga trayectoria política; ha ocupado diversos puestos en la política nacional.

Militante del Partido de la Revolución Democrática. Fue presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de 91 a 94. Senadora de la República, entre 97 y 99. Gobernadora de 2004 a 2010. Actualmente, creo que tenemos el honor de que sea la Secretaria del Trabajo y Fomento del Empleo en la Ciudad de México.

Muchas gracias.

LICENCIADA AMALIA GARCÍA MEDINA: Algo que faltó decir en mi currículum y que me parece que vale la pena decirlo, y además a mí me da mucho orgullo decirlo, es que fui miembro del Partido Comunista Mexicano y el lema del Partido Comunista Mexicano y de los comunistas en todo el mundo, era “proletarios de todos los países, únanse”, uníos.

Porque además eso hace la diferencia, la unidad, la organización, la capacidad para ir juntos y juntas en una causa, es lo que hace la diferencia. Y me parece muy importante, precisamente en este momento que está viviendo nuestro país, que hablemos de la necesidad de estar unidas y unidos en torno a visiones que puedan cambiar precisamente el rumbo de México.

Empezaría, como ya se ha dicho aquí y además reiterándolo, reafirmándolo, que el marco en el cual está el debate sobre la Ley Reglamentaria en materia Laboral, después de las reformas a la Constitución, es el de la situación del país. Es un asunto estructural, el que tenemos y el que debemos revisar.

Es un asunto estructural y tenemos que hacer una revisión y una crítica del modelo económico de nuestro país, porque esta reforma a la Ley Secundaria; es decir, esta reforma para elaborar una ley secundaria, ley reglamentaria, está enmarcada en una visión de modelo económico; no está separada, no es algo distinto, tiene que ver con el modelo económico que se ha venido impulsando y que se quiere impulsar en nuestro país, por una parte de quienes están en espacios de decisión y con un modelo económico y una visión, que está también presente en otra parte de nuestra sociedad.

Son dos visiones de qué México queremos, lo que está presente aquí. Y partiría de subrayar que algo que caracteriza a la economía mexicana y al modelo económico de nuestro país, es la desigualdad. México es uno de los países con mayor desigualdad en el planeta; esto que uno está acostumbrado a decirlo, la realidad es que resulta un asunto verdaderamente inaceptable, es muy, muy grave.

Y la cuestión está en qué tipo de desarrollo se ha venido implementando en nuestro país, especialmente en los últimos años. Es un desarrollo excluyente, es un desarrollo que no pone el acento en beneficios para la mayoría de la población; sino en beneficios para unos cuantos.

Digamos, por ejemplo, lo que ha sucedido en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, ha aumentado la desigualdad 8 por ciento más, tasa de desigualdad, y esto si tomamos en consideración que la desigualdad ha aumentado, especialmente a partir de que iniciaron los gobiernos neoliberales, a partir de Miguel de la Madrid.

Es fundamental señalar que todo el recurso que cada año que se vota el presupuesto, es más para programas sociales, es un recurso que no ha impactado en disminuir la desigualdad. Y la pregunta es, ¿por qué?, si todos los programas, las acciones, las Dependencias, las Secretarías que deberían incidir en disminuir la desigualdad, la Secretaría de Desarrollo Social, tienen más presupuesto, ¿por qué no ha impactado en disminuir la desigualdad? Por diversas causas que tienen que ver con ese modelo económico.

Pero uno sustancial, y yo aquí lo quisiera destacar, es la condición en la que están los trabajadores, es el mundo del trabajo en nuestro país.

Si los trabajadores en México tienen un salario equivalente a 88 pesos al día, que hace unos cuántos días aumentó el kilo de huevo, eso costaba un kilo de huevo, 80 pesos.

Si el salario mínimo es de 88 pesos, entonces habría que decir que uno de los factores que inciden en esta desigualdad y en este crecimiento de pobreza en nuestro país, está en el mundo del trabajo, empezando por los ingresos de los trabajadores.

Y claro que si el salario mínimo es un salario mínimo que es insuficiente, incluso para la canasta básica alimentaria, impacta en el resto de los ingresos. No es que esté separado del resto de las condiciones de los demás trabajadores y trabajadoras, sino que se convierte en un ancla que jala hacia abajo.

Hay un dato, una reflexión a la que yo quisiera llamar.

Si hablamos de lo que se conoce como masa de remuneración de los asalariados, que tiene que ver con los ingresos, y éste es un concepto marxista que deberíamos poner en el centro, lo que resultaría es que en 1976, sólo para hablar de una fecha, un referente, la participación de los trabajadores en esa masa de remuneración de los asalariados de lo que yo estoy hablando, en México era del 46 por ciento en el Producto Interno Bruto, 46 por ciento.

¿A cuánto equivale hoy? En 2017, el año pasado, a 24 por ciento.

Y nada más para no decir que así está el resto del mundo, porque vivimos en una época de neoliberalismo, y efectivamente es una época de neoliberalismo y es el modelo que se ha implementado en México, pero de manera mucho más grave y aguda hay que decir que la participación en esos ingresos en esta masa de remuneración de asalariados en Estados Unidos, en el PIB, participan la distribución para ellos de esa riqueza es de 60 por ciento; en México es de 25. En Europa llega a ser de 70 por ciento.

Algo que ya conocemos y que decimos con frecuencia, el 10 por ciento de los más ricos de nuestro país tienen el 40 por ciento del Producto Interno Bruto, el 10 por ciento tienen el 40 por ciento del Producto Interno Bruto.

Y si habláramos de la propiedad, el 1 por ciento tiene el 50 por ciento.

¿No es un país en desigualdad?

Y en el mundo del trabajo, esto está reflejado en los salarios, en las condiciones de los trabajadores.

Aquí se mencionaba hace unos momentos, que una reforma como la que se prevería después de la reforma constitucional, tendría que llevar a disminuir esta desigualdad y a generar mejores condiciones para un desarrollo incluyente, que ese es el tema, un desarrollo incluyente, pero habría que modificar las condiciones del mundo del trabajo.

Y sin embargo, unido y en el mismo sentido de esta visión de modelo económico, está también una visión política; y lo que está en el centro de esto que intenta imponerse desde el Gobierno de la República con la iniciativa que es una de tres que se han presentado en el Senado de la República, la que ha presentado el PRI, lo que está presente es que el gobierno no quiere renunciar al control de los trabajadores.

Es un tema sustancial y tiene que ver con modelo económico. No quiere renunciar al control de los trabajadores.

Uno de los datos fundamentales que hablan de este control, es el número de huelgas que están reconocidas en nuestro país y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el ámbito federal, lo que presenta como un éxito, y al mundo lo muestra como un gran logro, es la ausencia de huelgas en México, algo que de verdad resulta verdaderamente penoso, es penoso; el derecho de huelga está en la Constitución.

Pero no es solamente un derecho de los trabajadores mexicanos, es un derecho que les asiste a todos los trabajadores en todos los países, para poder defender mejores condiciones de vida.

Yo diría que la posibilidad de tener auténticos sindicatos, con una representación legítima, con las condiciones de respaldo personal, directo, secreto, de cada trabajador a la hora de la negociación, lo que impactaría es en otro tipo de modelo económico, con mejores condiciones salariales, con mejores ingresos, habría una transformación de fondo del régimen político y económico de nuestro país.


Por eso esta reforma es una reforma de gran importancia y de gran dimensión y por eso es que, a lo que se debería llegar es, en la ruta en la que buena parte de los ciudadanos y ciudadanas en México están planteando, a una transformación de fondo, en el régimen económico, en el modelo económico y también ene l régimen político que, por supuesto, implica la condición de los trabajadores.

Sin embargo, lo que tenemos –por parte del PRI, insisto—es una de las iniciativas presentadas, es exactamente una visión contraria tanto a la reforma constitucional como a la posibilidad de abrir condiciones para la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

No se quiere garantizar ese derecho. En qué ámbitos resulta verdaderamente lamentable la iniciativa presentada por los dos senadores del PRI, que como ya se ha dicho aquí, al parecer fue elaborada por un despacho patronal en el estado de Nuevo León.

No importa que haya sido elaborada por ello, si se pone a discusión, pues que se ponga a discusión, que se abra el debate y que se generen las condiciones para que todos los actores pudieran participar en una iniciativa de ley, que recoja verdaderamente la opinión de todas y de todos.

Pero en esa iniciativa que presenta el PRI, ¿qué es lo que yo subrayaría? Dos elementos, aquí lo han hecho los abogados laboralistas de manera espléndida y han puesto en el centro los temas torales que tienen que estar incluidos en una reforma laboral, congruente con lo que establece la reforma constitucional, en una ley reglamentaria.

Uno, debería garantizarse lo que ya está en la Constitución y decir lo negro sobre blanco, es decir, el voto personal, directo y secreto de los trabajadores para elegir a sus dirigentes.

¿Por qué no se quiere eso, por qué no se incluye?

Porque el sindicalismo de protección es congruente con una visión de modelo económico. Mientras haya un control de los trabajadores y además el desconocimiento de los trabajadores sobre sus derechos, se fortalece esa visión de modelo económico.

¿Qué es lo que también han subrayado?

Yo destacaría, de lo que los expertos han puesto en el centro, que no se garantiza la independencia de la instancia de conciliación. No se garantiza y ¿esto qué significa?

Lo han subrayado y yo solamente lo retomo: se le dan ventajas al demandado, es decir, a la parte patronal. No hay independencia en esta instancia, no hay autonomía, y se quiere regresar, no, no se quiere regresar, sino que en la iniciativa del PRI se regresa al tripartismo, es decir, ausencia de independencia y además, antes de llegar a la instancia judicial, esta iniciativa presentada por el PRI señala que ya es cosa juzgada.

Se deja en la indefensión a los trabajadores. ¿En qué condiciones entonces, cuando se va atado de pies y manos, se quiere que lleguen a la instancia judicial los trabajadores y que esto se acepte y que tenga un voto a favor? Esto sería inaceptable.

Yo terminaría diciendo que hay dos tipos de desarrollo en el mundo, dos tipos de crecer. Se dice que hay países, gobiernos, sociedades que han decidido crecer a partir de apostarle a la educación, a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento.

Lo que desearíamos es que México fuera así, que se le apueste al conocimiento, a la formación, a la capacitación, a la certificación de competencia laborales, a mejorar la calidad y el conocimiento en el mundo del trabajo.

Pero hay otro modelo que también existe en el mundo actual y en el mundo capitalista.

Es aquel que pone el acento en un crecimiento basado en mano de obra barata y en ausencia de derechos del mundo del trabajo, en el mundo del trabajo.

Ese es el modelo al que se le ha apostado en México, y es el que no queremos, es el que no debería ser.

Y por eso, para que haya una Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional, que ponga en el centro los derechos de los trabajadores, y también un crecimiento económico, pero un crecimiento económico incluyente debería llamarse a elaborar una Iniciativa de Ley, no la que ha presentado el PRI, por supuesto debe participar y participará el PRI, forma parte de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, y es una presencia política en el país. Deberían de estar presentes, sin duda, también, la iniciativa privada.

Pero deben estar los sindicatos reales, debe estar la Academia, deben estar los abogados laboralistas presentes. Es decir, debe ser un análisis y una discusión abierta. ¿Qué es lo que hoy ya reclama que no continúe la sociedad mexicana? La opacidad.

Y una Iniciativa de Ley, como la del PRI, que se construyó en un despacho que no se atreve a decir su nombre, y que no se atreve a decir públicamente qué es lo que plantean y a defenderlo, no tendría por qué ser avalada.

Se tiene que construir una instancia diferente para arribar a una Ley Reglamentaria congruente, con la constitución y con la construcción de un modelo alternativo diferente, que ponga en el centro un desarrollo incluyente en el cual los trabajadores gocen verdaderamente de derechos y eso signifique otra realidad para nuestro país.

Muchas gracias.

PRESENTADOR: Agradecemos la intervención de la Secretaria, y orgullosa ex militante del Partido Comunista Mexicano.

A continuación, el magistrado Héctor Arturo Mercado López, Magistrado de Circuito en el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Es licenciado en derecho en la UNAM.

Cursó especializaciones, judicial, en administración de justicia, en tribunales de circuito, en derecho constitucional y amparo, en temas electos del pensamiento jurídico contemporáneo.

Es profesor investigador proposición de tiempo completo en la división de ciencias sociales y humanidades, departamento de derecho en la UAM.

Académico, ambos, en la unidad Azcapotzalco de la UAM y en el ITAM.

Y, además, creo que es una de las personas que honran el ejercicio de la justicia.

Magistrado, por favor.

MAGISTRADO HÉCTOR ARTURO MERCADO LÓPEZ: Después de las flores vienen las macetas.

Muchas gracias.

Muy agradecido con los organizadores.

Desde que se empezó la Reforma Laboral, fue un viejo anhelo que en lo personal tenía de que las juntas tenían que desaparecer.

Que el sistema de justicia de este país en materia laboral es una vergüenza, era una vergüenza, y sigue siéndolo en su manera estructural, porque hay un abandono estatal del sistema de justicia.

Porque el Estado no provee del suficiente presupuesto al sistema actual, porque no permite la capacitación plena y completa de todos los trabajadores, porque no paga salarios dignos a sus trabajadores que los aíslen y los alejen de la corrupción, porque no mete mecanismos de control que determinen ni detengan el tráfico de influencia y la corrupción.

El sistema, en su conjunto, es una vergüenza, no hace justicia, y eso es gravísimo.

Y el problema es que cuando algún sistema de justicia no responde a las necesidades de una sociedad que reclama que le digan cuál es su derecho, sea trabajador o patrón, el problema se empieza a resolver en la calle. Y se empieza a resolver en la calle o de manera absolutamente inconsciente y por lo tanto, la criminalidad aumenta, porque la desigualdad se acentúa o se empieza a resolver a través de movilizaciones sociales, que logran reivindicar derechos legítimos de una sociedad.

¿En qué situación estamos en este país? ¿Reivindicaremos por consciencia derechos fundamentales como sociedad, frente a eso que se nos viene o saldremos a la calle a continuar rescatando la sobrevivencia de nuestras vidas, porque nuestro trabajo digno no nos lo respeta la ley? Y por lo tanto, incrementará la delincuencia.

Esa es la pregunta.

A mí me dijeron que respondiera una pregunta muy sencilla: que si la reforma laboral secundaria era un retroceso para México. Bueno, esta es la primera reflexión que me hago.

La reforma laboral tiene que verse sobre el fenómeno de la eficiencia con la que se va a aplicar y que se pretende aplicar con la reforma laboral. Si no entendemos el esquema de toda la propuesta que se está haciendo por parte del PRI y del PAN de manera objetiva, mesurada, profunda, centrada, punto por punto qué persigue; podemos correr el riesgo de no entender qué es lo que están proponiendo y creer que simplemente es un atropello simplón y ramplón de un vulgar despacho jurídico que elaboró; y yo creo que estoy muy lejos de pensar que, claro que la elaboró, pero estoy muy lejos de pensar que sea algo superficial.

Creo que hay que ir pensando varias cosas. La primera de ellas es, si se vota la reforma así como está, entra en vigor en noviembre; estamos hablando de seis meses para que entre en vigor. Y lo que he venido pregonando hasta el cansancio, en donde me dejan hablar y donde me dejan decir mis cosas es: señores, ¿con qué dinero, con qué presupuesto, con qué instalaciones y con qué personal?

En este país, señores, no existen laboralistas suficientes para soportar una carga profesional de un sistema de justicia altamente eficiente. Tenemos que prepararlos y eso nos lleva dos o tres años; y eso cuesta dinero, y eso implica un diseño de las instalaciones a partir del diseño que se haya hecho en ley de los procedimientos que se hagan, y esas no las tenemos.

Qué, ¿vamos a rentar la casa que está al lado y metemos como sea y seguimos atendiendo? ¿O vamos a seguir en las instalaciones en que están, que en materia federal y local muchas veces tienen deficiencias serias?

Entonces, tenemos tres grandes problemas de entrada, que no tienen que ver con el derecho necesariamente. Que es un problema presupuestal, un problema de instalaciones que nos obligan a que en seis meses se preparen y un problema de personal.

¿A poco creen –y lo he dicho hasta el cansancio– que tenemos en este país los suficientes conciliadores o mediadores para llevar a cabo una función altamente eficaz?

La respuesta es no. Y se tiene que capacitar, porque aparte de ser expertos en derecho laboral un poco bajo el perfil que mi compañero, el que me precedió lo señaló con mucha puntualidad, tendrían que ser mediadores altamente calificados, con procedimientos objetivos y veraces. Entonces, no existe ese personal; no existen esas instalaciones y no existe el presupuesto.

Entonces, están enviando un par de monstruos tanto al sector federal como al local, de tribunales y de organismos que no van a funcionar. Pero es parte de la estrategia, que no funcionen.

El otro problema que tenemos es, ya en el diseño propio de la ley, de su desarrollo, implica por lo tanto empezar a ver qué papel juega este fenómeno de la conciliación prejudicial dentro del sistema de justicia.

Para un trabajador, él no entiende de si un organismo es prejudicial y que el juicio realmente inicia hasta que llega hasta el Tribunal Laboral; para el trabajador empieza el día que lo despidieron, el juicio, y termina el día en que lo reinstalan o lo indemnizan. O para el Sindicato empieza el día en que presenta su promoción y termina el día en que se resuelve su problema; lo demás son cuentas alegres y son tecnicismos, no necesariamente muy puntuales, porque esto estaría a discusión.

Y entonces, el problema que tenemos con los órganos de conciliación, ya se señaló aquí pero lo vuelvo a enfatizar: la ausencia de autonomía e independencia de estos órganos para tomar las decisiones correctas, en términos, ojo, de conciliación y registro.

Porque ahorita voy a señalar otro problema que trae, y entonces el problema es que su personal no cuenta con autonomía e independencia.

A nivel federal, ya se dijo, la composición tripartita. La composición tripartita, me parece que trae problemas de constitucional severo, pero eso ya será materia de pronunciamiento, en su momento.

Lo grave de la composición tripartita, y ahí es donde me asombro porque ley la ley y digo: Bueno, ¿qué no se dieron cuenta? El Gobierno está cediendo el control corporativo que tenía sobre los sindicatos, se lo está cediendo a un organismo patronal, porque la composición permite una organización con cuatro representantes patronales y cuatro sindicales, pero adeptos a esos patrones, con lo cual los cuatro del Gobierno quedan en minoría.

El control histórico corporativo de los sindicatos oficialistas, el Gobierno lo está cediendo con este proyecto de ley hacia un organismo que ya a tener un profundo tinte patronal, y entonces ellos van a decidir qué sindicatos existen, cuáles no existen y cuáles son los procedimientos de contratación colectiva y huelga.

¿Qué no se dio cuenta el Gobierno lo que estaba cediendo en términos de poder? Ya no pregunto como persona que estoy criticando la ley, pregunto como una persona si estuviera haciendo la ley, estoy diciendo, ¿qué no se dieron cuenta los compañeros, estos representantes de los sindicatos que presentaron la ley que estaban presentando su carta de defunción? En fin.

El problema del órgano de conciliaciones, que también trae un desequilibrio procesal en el mundo individual, porque obliga a que el trabajador abra sus cartas en un fenómeno que se supone que es prejudicial y el patrón no, y entonces le permite todo un invento de pruebas y de defensa al patrón cuando ya llega a los tribunales, y convierte a nuestros tribunales laborales que, por muy independientes o autónomos que sean, sean simplemente una caricatura, porque llegan con procedimientos amarrados y pruebas preconstituidas inventadas. Esto es lo que permite este sistema.

Y, desde el punto de vista colectivo, le da facultades al órgano de conciliación en materia de registros y procedimientos de huelgas y de negociación colectiva, que por su naturaleza específica son decisiones de carácter jurisdiccional que constitucionalmente no puede tener ese organismo, que tendría que tener nuestros tribunales. Entonces, nos resta a los tribunales las funciones jurisdiccionales que nos corresponden, para dejarla en un organismo de conciliación que no es autónomo independiente.

Yo sí estoy convencido de que, en términos federales, las juntas podrían funcionar con autonomía e independencia en las federales, pero a nivel local no.

En todas las entidades federativas los poderes judiciales-locales no son autónomos e independientes.

Cualquier presidente de un Tribunal Superior de Justicia de cualquier entidad federativa, se siente candidato a gobernador en cuanto le dan el cargo de titular del tribunal.

Siempre he alegado que los que nos dedicamos a la carrera judicial, no debemos tener acceso a puestos de elección popular ni en el ejecutivo ni en el legislativo, debemos mantenernos exclusivamente en la carrera judicial.

El problema que tenemos es, tendríamos que garantizar la autonomía judicial tanto de los centros de conciliación como de las juntas, al ser incorporadas en los poderes judiciales, pero eso significa un rediseño constitucional de los propios poderes judiciales locales y probablemente, yo no digo que no, estamos dispuestos y abiertos a todo, un rediseño de carácter federal.

No se toma en cuenta el voto secreto y esa es una cuestión que a mí en lo personal ha sido una de las grandes batallas que dentro de mi función jurisdiccional se dio la batalla por el voto secreto para los trabajadores no se toma en cuenta, ¿por qué? Porque se generan mecanismos para que la decisión no corresponda finalmente a la voluntad de los trabajadores y se rompe esto.

¿Qué podríamos pensar de esto?

Hay un rompimiento del voto, del sindicalismo, se convertiría en una caricatura patronal, existiría un desequilibrio procesal, tribunales que serían solamente de decoración, porque no haríamos justicia, esa es la verdad. Una conciliación inexistente, porque detrás de ella viene todo el control y todo el corporativismo patronal y con personal mal preparado, mal contratado, sin instalaciones y sin presupuesto.

Ese es un panorama que nos plantea el proyecto de ley, porque entraría en vigor en noviembre y entonces voy a repetir una vez más dos cosas y termino, la que he venido repitiendo desde hace más de un año: pedirle a este Senado, pedirle a los diputados que no se vote la ley.

Yo no digo que no pueda tener cosas valiosas, pero si tiene cosas valiosas, sometámoslas a la discusión de los que no están de acuerdo, abramos un gran debate nacional por la ley, por los sectores, sobrio, profundo, de altura, técnico, que nos lleve a decidir un sistema de justicia eficaz, que le dé a cada quien lo que le corresponde, tanto a patrones como a trabajadores.

Que no se vote la ley, pero si la llegan a votar, porque se quieren imponer, en un acto de decencia les pediría que no entre en vigor en noviembre, no hay manera de organizar este sistema en seis meses de manera eficaz y eficiente.


Por lo tanto, pediría que dieran una vacatio legis de tres o cuatro años, lo que nos permitiría sacar este fenómeno del fenómeno electoral y ponernos a discutirlos con él de manera seria y profunda, que eso es lo que importa, está de por medio el bienestar de los trabajadores.

Finalmente, en 2012 se cambia el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo y se dice que el trabajo digno o decente y hacen una descripción muy completa que todos conocemos, ¿quién puede estar en contra de eso?

¿Este proyecto de ley aspira, lleva, profundiza el trabajo decente? No, yo creo que lo contradice y lo destruye. Por eso es importante en este momento que no haya ley, que se discuta, ninguno de nosotros podemos afirmar que tenemos la razón completa, pero frente a ese proyecto hay muchas razones que dicen que no puede ser, que está muy mal hecho.

Por lo tanto, nuestra obligación es pedir que nos e vote y ojalá no se vote, pero si se llega a votar, entonces que no piensen que ya se acabó el problema, yo creo que empieza la resolución del problema y empieza en términos de decisión constitucional.


la Corte podrá jugar un papel ahí muy importante, los tribunales colegiados, para decidir la constitucionalidad de muchos artículos y de muchas leyes. Ojalá no tengamos que llegar a eso, pero eso es necesario.

La batalla no termina, simplemente cambia de estilo. Defender la Ley Federal del Trabajo, los principios que tanto reivindicó mi compañero, defender la dignidad en el trabajo es defender la dignidad en mi persona y en mi familia, que no se nos olvide.


Muchas gracias.

INTERVENCIÓN: Muchas gracias magistrado, fiel a su costumbre, no desperdició una palabra.

A continuación, uno de los abogados más conocidos, abogados laboralistas más conocidos de nuestro país, el licenciado Arturo Alcalde Justiniani.


Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana, con estudios de especialización en distintas instituciones nacionales y extranjeras.

Es asesor de diversas organizaciones, tanto del sector público como privado; miembro del Comité de Directores de la International Labor Rigths Founds, organización internacional con sede en Washington, que promueve los derechos laborales en diversas partes del mundo.

Articulista también del periódico “La Jornada”.


Licenciado, por favor.

LICENCIADO ARTURO ALCALDE JUSTINIANI: La verdad es que este es un gran viernes, yo estoy muy contento, les confieso.

En primer lugar, porque estas excelentes reflexiones nos han permitido dejar muy claro que estamos en un momento de definiciones, que ahorita la esperanza de los abogados patronales, los que viven del circuito de los contratos de protección, están presionando para que la reforma laboral salga la semana que entra.


Les quedan dos semanas y están como loquitos, se les está yendo la paloma y sienten una angustia tremenda, porque el gran negocio que estaban planeando, fortaleciendo el que ya existe, pareciera que se les va de las manos.

Y la pregunta es, ¿por qué se les va de las manos? Y yo diría, en buena medida, por los que están aquí presentes, por esta maravillosa pluralidad, esta energía que ha estado presente y uno empieza a hacer la lista.

Yo veía las caras y recorría los hechos y los momentos, y decía impresionante la conjunción que se ha dado en los últimos meses alrededor no solamente de una respuesta en contra de esta imposición de Ley Reglamentaria, sino también en favor de un modelo laboral estable, razonable, equilibrado, sustentado en el diálogo social, tratando de mejorar salarios y de tener negociación colectiva decente.

Esta pluralidad, que va desde la Academia, de toda esta fuerza de los académicos; es más, tenemos hasta en Japón un representante ya, el observatorio, mandamos a Japón para que organice allá a los trabajadores.

Este observatorio que ha significado toda una pluralidad impresionante, una forma organizativa un tanto informal pero que ha tenido una gran capacidad de convocatoria.

Esta fuerza, digamos, de la Unión Nacional de Trabajadores, como un espacio alternativo de la vida democrática sindical, todo este conjunto de trabajadores, que son muchos.

De repente pensaba yo, cuando llegó Barba, ¿no?, este trabajo de relojero nocturno que ha hecho Barba ahí, quitándose horas de sueño para colaborar desde hace muchos años en proyectos alternativos, el Frente Auténtico del Trabajo, los abogados que están aquí presentes, que vienen desde Chihuahua; esta Federación de Abogados, que están aquí. En fin, uno va recorriendo toda esta conjunción.

Por otro lado, a nivel de la Ciudad es impresionante un Frente totalmente insospechado, que no lo teníamos en el pasado, hay que reconocerlo, que va desde la Junta de Conciliación, la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal, ejerciendo una presencia a la que tenían derecho, porque son los que administran la justicia en la Ciudad más grande del país y con el Tribunal más importante en la materia, que es sustantiva y fundamental para el cambio de las relaciones de trabajo.

El mundo de los más pobres, el mundo de lo local, el mundo de los trabajadores de la construcción, de las costureras, de los trabajadores de los servicios, en fin.

Si ustedes lo empiezan a analizar están los compañeros de centros, están aquí; bueno, realmente muy impresionante. Acá está nuestra compañera de Guadalajara; también los compañeros de la Fundación Ebert, que me han convocado, impulsado todo este esfuerzo de una Reforma Laboral para todos.

Si nosotros nos ponemos a pensar realmente esta provocación de querernos imponer un modelo laboral totalmente inconstitucional, provocó un efecto contrario, nos juntó a muchos, a muchos que no estábamos juntos y finalmente hoy podemos decir que este niño, esta reacción tiene muchos padres, tiene muchas madres y que finalmente podemos estar complacidos de haber reaccionado de manera conjunta en respuesta a este, digamos, este intento de pervertir ni más ni menos que una Reforma Constitucional, que hace un año creó una ilusión.

Porque nos planteó efectivamente un sistema de justicia distinto. Lo habíamos dicho, necesitamos que las juntas de Conciliación y Arbitraje desaparezcan porque se impone la voluntad del Estado y que transite hacia los jueces imparciales, los más imparciales posibles.

Claro, cuando uno piensa en el TRIFE, pues ahorita quizá no es el momento más oportuno para hablar bien del Poder Judicial, pero es otra parte del Poder Judicial, que el TRIFE ahorita nos trae, digamos, ha logrado que todo el país esté criticando las barbaridades que está haciendo. Pero bueno, es otro tema.

El hecho es que un cambio de sistema de justicia y una recuperación de ese secuestro a la negociación colectiva que es la institución madre, la institución central del derecho del trabajo, porque es el espacio para poder mejorar las condiciones de trabajo de manera colectiva en la que el trabajador no vaya solito con el jefe de personal, sino que vaya su sindicato, su gremio, su gremio decente, líderes nombrados democráticamente.

Ese era, finalmente, uno de los puntos claves, justicia y contratación colectiva decente.

Esos dos objetivos se contuvieron en una reforma constitucional, en la que también fue clave la participación de la izquierda y efectivamente del PRD, creo que fue un elemento clave; y colaboraron y colaboró la UNT y estuvieron ahí presentes los dirigentes; colaboraron los compañeros del PT, de MORENA, en un trabajo conjunto que permitió una gran reforma constitucional.

Pero esa ilusión de repente, en un año, la vimos pervertida, los malosos reaccionaron, se organizaron, se confundieron, yo digo que se confundieron porque cometieron un gravísimo error: hicieron una propuesta totalmente imposible de aprobar.

Ahora, si entraran a la línea del descontón legislativo, como quieran los abogados patronales, como están pretendiendo; ya ni siquiera los abogados más inteligentes o los empresarios más lúcidos, sino un sector de negociantes del mundo del trabajo, que son los únicos que están ya ahora interesados en que se dictamine aceleradamente.

Finalmente, cometieron el gigantesco error de conjuntar a todos contra ellos. Sería costosísimo en términos electorales.

Imagínense que la aprobaran, imagínense las movilizaciones. Si aquí estamos presentes los que estamos, si hay cien personas afuera, porque cuando llegué había más de sesenta personas queriendo entrar a este evento. Estaban allá abogados, académicos diciendo “queremos entrar”, y no pudieron entrar porque es un privilegio estar ahora aquí sentados.

Si así estamos en este momento, imagínense lo que pasaría si nos quisieran imponer la ley.

Imagínense qué pasaría con el 1 de mayo, la verdad inimaginable la reacción que habría, obviamente en contra de los legisladores que avalaran esa reforma. Suicida para ellos en términos electorales.

Y lo entienden y por eso, creo, que si son inteligentes no van a aprobar la Ley la semana que entra, como quieren los abogados patronales.

Pero, entonces, ¿qué nos dejan? Nos dejan una gran oportunidad que a partir del proceso de elecciones, el 1 de julio, en el que esperemos cambie en buena medida el rostro del Congreso y la correlación de fuerzas; nos abre la posibilidad de un rediseño.

Un rediseño, en primer lugar, consistente con la reforma constitucional, en donde ese organismo que ya la Constitución nos dio sea, efectivamente autónomo; autónomo como un órgano especializado en materia de conciliación y de simple registro. Que el origen era, precisamente, el poder cumplir con el Convenio 87 en materia de libertad sindical; y con el 98 en materia de contratación colectiva, que fue firmado en 2015 por el Presidente y que fue archivado por órdenes del mismo Ejecutivo Federal, en un escritorio del Senado.

Siempre hemos dicho que cuando llegamos aquí, andamos buscando ese escritorio, no sabemos dónde quedó el convenio 98. Hay una recompensa para quien lo encuentre, pero eso ustedes saben.

Pero también nos abre la oportunidad de que ese organismo no invada las funciones del Poder Judicial, porque eso es lo que hace. Al organismo lo retorcieron, lo convirtieron en un monstruo, como dijo Alfredo Sánchez Castañeda, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, un monstruito que invadió las funciones del Poder Judicial y dijo: Yo me encargo de que los derechos colectivos no pasen. Yo me encargo de estar checando, “a ver, ¿qué quieres? ¿Contrato colectivo? No, chiquito. A ver, ¿en dónde están tus firmas? ¿Quieres cambiar de sindicato? Enséñenme los nombres, regístrense primero”.

Tan absurdo como si en las próximas votaciones dijéramos quiénes votan por el PRI, hagan una fila, quiénes votan por el PAN, hagan otra fila, y ahora sí pasen a votar en secreto.

Tan absurdo se planteó, se avorazaron auténticamente. Se avorazaron los abogados patronales que crearon esta ley, estos chicos de Monterrey se colgaron y dijeron “Pues ahora es cuándo”. Y entonces dijeron “Aquí no pasa ni uno, Pero no nos vamos a meter con el Poder Judicial, simplemente no los vamos a dejar llegar al Poder Judicial”, y entonces, como le hace hoy la Junta Federal, ¿cuántas huelgas se permiten en materia federal hoy? Ni una.

Simplemente cuando hay una audiencia conciliatoria se archiva el expediente, “Va joven, ya no pudo usted estallar su huelga, ¿qué pasó?” Pues no, hágalo y verá cómo se mete en una bronca.

¿Quiénes los hacen? Los mineros. ¿Quiénes los hacen? Los trabajadores más desesperados o más valientes, quienes tienen más fuerza. Muy pocos trabajadores están en esa posibilidad de estallar huelgas.

De hecho, piensen nada más qué cosa tan brutal, no hay ni una huelga legal en México. ¡Esto es un escándalo internacional! Somos un país donde se prohibió el derecho de huelga en materia federal, porque para no violar la estadística, es que el Presidente dice que somos un país sin huelgas.

Imagínense, ¿entonces qué va primero? La estadística joven, y usted va segundo. Bueno, así funcionan las cosas.

Segundo, no invadir.

Tercero, poner requisitos razonables.

Tenemos la oportunidad y por eso debemos estar alegres. Yo la verdad estoy encantado, porque espero que si esta iniciativa no funciona, nos da una gran oportunidad a todos ustedes, para que retomemos las propuestas de la ONT, PRD, las propuestas de la Academia, las propuestas de la presidencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje que encabeza un grupo plural, académico, las propuestas combinadas con la Secretaría del Trabajo; con muchos otros actores del mundo del trabajo que tienen alternativas y propuestas. Nos va a dar la oportunidad de que ese organismo respete la función del Poder Judicial.

En cuarto lugar, evitar que se limite el voto secreto, que ya lo ha dicho la Secretaria de Trabajo, el voto secreto que está textual en la fracción 22 del apartado a), voto secreto para elegir, voto secreto para dirimir controversias y voto secreto, y eso hay que subrayarlo, para poder firmar un contrato colectivo.

Es increíble que esta iniciativa no mencione el voto secreto y cuando se le pregunta, oiga, por qué no lo incluyeron, es que los patrones no quisieron, no, se quedaron muy molestos y entonces dijeron que no, no a la Constitución, pues no. Fíjense nada más qué cosa.

No aparece en esa iniciativa del PRI el voto secreto y ¿qué paso? Lo sustituyeron por requisitos. ¿Quiénes? los dueños, los patrones, lo sustituyeron por requisitos y por eso pusieron una barda gigantesca que nadie puede pasar, imagínense, hay que saltar 200 metros para que usted pueda pasar a juicio, es una cosa absurda, ya demás incluyeron muchos otros temas.

Nada más uno de ellos bastaría para que fuera un escándalo, el que se permita que los empresarios sean los que decidan el contenido de las tablas de accidentes y de enfermedades profesionales.

Se transforma la Ley Federal del Trabajo y lo metieron ahí, porque son puras trampitas, es una ley tramposa, nos metieron que en lugar de que sea la Secretaría del Trabajo, la que decida la actualización de las tablas de accidentes y enfermedades, ahora ponen que tienen que ser de acuerdo con un organismo que sabemos que lo controla el sector empresarial, es otro organismo tripartita, pero como todos los organismos tripartitas, bien decían, es el sector patronal el que los maneja, porque los líderes sindicales finalmente viven de los contratos de protección, ya son empelados de los despachos patronales.

Y creo que algunos líderes sindicales del sindicalismo oficial han entendido eso y por eso también ya se están oponiendo. Ahorita hay sectores de la CTM que, aparte de sus broncas internas, porque ya no quieren mucho al senador que aparentemente propuso esto, ya traen sus broncas de intereses, pero algunos han entendido que sería suicida para ellos.

Es una gran oportunidad para quitarse de ese control que sobre los líderes sindicales ejercen los abogados patronales que los proveen de contratos de protección.

Entonces, en conclusión, podemos estar, yo diría, por un lado alertas, seguir en alerta roja, como estamos, como están ustedes, y por eso la convocatoria ha sido tan fructífera, porque somos sensibles, porque entendemos que hay que estar con ojo avizor para impedir que la semana que entra nos den el descontón legislativo y si lo hacen, movilizarnos con toda la firmeza que nos permitan nuestras fuerzas y nuestros aliados.

Y, por otro lado, si tenemos al buena nueva de que no pasa esta iniciativa, entrar de lleno a construir responsablemente el cómo sí, hay que rescatar estas propuestas, todas estas ideas, hay que rescatar las iniciativas que se han presentado, hay un punto de referencia muy importante, y que conjunta una larga historia, la del UNT y PRD, y con este tipo de propuestas presentar, en el próximo Congreso, un Congreso nuevo, que seguramente tendrá, pues como decíamos, características y pesos diferentes.

En ese entorno podremos transitar hacia un verdadero modelo laboral, que sea congruente con la Constitución, que tenga un órgano autónomo, que respete al Poder Judicial, que garantice el voto secreto, que establezca requisitos posibles y que tengamos finalmente una negociación colectiva decente, donde la gente dialogue, se siente a discutir, productividad razonable, uso racional de recursos humanos, salarios justos y productividad, por qué no.

Porque los verdaderos sindicatos estamos a favor de una productividad racional, nunca hemos estado en contra, estamos a favor de mejorar, digamos, nuestro aparato productivo, estamos a favor de, finalmente, mejorar, digamos, el mundo del trabajo.

Yo creo que ese es el mundo por el cual siempre estamos soñando y estamos pensando, y tendremos seguramente una oportunidad para lograrlo.

Muchas gracias.

PRESENTADOR: Muchas gracias licenciado Arturo.

A continuación, va a haber una ronda de preguntas, posteriormente nuestros panelistas las responderán.

Por cuestiones de obviedad de tiempo, les rogamos sean muy breves.

Gracias.