SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL JUEVES 15 DE MARZO DE 2018.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:36) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea, el resultado del cómputo de asistencia de las señores y de los señores Senadores
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 66 ciudadanos Senadores y Senadoras.
En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del jueves 15 de marzo correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se les informa de los asuntos que corresponden en la agenda del día de hoy.
El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.
Quienes estén porque se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobada el acta, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió una comunicación del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, a nombre propio y del Senador Jesús Casillas Romero, con la que remiten el informe de su participación en el “Diálogo sobre la Reducción del Riesgo de Desastres”, convocado por ParlAmericas, los días 22 y 23 de febrero de 2018, en Panamá, Panamá.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Asimismo, se recibió una comunicación de la Comisión de Gobernación, con la que remite el “Primer Documento de Trabajo” respecto a la expedición de la Ley de Propaganda Gubernamental, así como un cuadro comparativo de las iniciativas presentadas por Senadores en la materia.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.
Siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el Informe de los proyectos y las acciones del Programa Nacional de Infraestructura, correspondiente a enero 2013-diciembre 2017.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicho informe a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Comisión Federal de Competencia Economía con una opinión en torno a la “Exclusividad de Aeropuertos y Servicios Auxiliares en la prestación de servicios de almacenamiento, comercialización y expendio de combustibles en aeropuertos” y solicita a las Cámaras de Congreso que se “valore eliminar la restricción a la inversión extranjera en la actividad de suministro de combustibles y lubricantes para aeronaves”.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase la documentación a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Energía.
Siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron ocho oficios de diversas dependencias con respuestas a acuerdos promovidos por Senadores y aprobados por la Asamblea del Senado de la República.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los Senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta.
Informo también a la Asamblea, que el día de ayer, miércoles 14, dimos turno directo al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial remitido por la Colegisladora.
El turno asignado fue a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos.
Siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Recibimos también de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda.
Informo a esta soberanía que se recibió una comunicación de la Senadora Sonia Mendoza Díaz, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas.
Solicito a la Secretaría dé lectura.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura.
Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Senado de la República. Presente.
Estimado Senador Cordero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, fracción XIII, 11, 12, 13, fracción IV del numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, respetuosamente, le solicito poner a consideración del Pleno de esta soberanía, mi solicitud de licencia para separarme de mis funciones como Senadora de la República, por tiempo indefinido, a partir del día 20 de marzo del año en curso.
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva tenerle a la presente, le envío un cordial saludo.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaría.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo.
Único.- Se concede licencia a la Senadora Sonia Mendoza Díaz, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de marzo de 2018.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aprobado, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria.
En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Sonia Mendoza Díaz, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del día 20 de marzo del año en curso.
Comuníquese.
Pasamos ahora al apartado de presentación de iniciativas.
Tiene el uso de la tribuna el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas; la Ley General de la Infraestructura Física y Educativa; la Ley General de Protección Civil; y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de fondo para protección por desastres naturales.
En uso de la voz, el Senador Humberto Mayans Canabal.
El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Muchas gracias, señor Presidente.
Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:
El pasado 12 de septiembre presenté ante este Honorable Senado de la República un punto de acuerdo motivado por la sentida muerte y múltiples afectaciones ocasionadas por el sismo del día 7 de ese mes, principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
Con ese punto de acuerdo el Senado de la República se solidarizó con la población afectada y se externó a las autoridades hacendarias a destinar recursos excedentes para atender esta emergencia.
Como ustedes recordarán, fueron cientos de viviendas y edificios de todo tipo los afectados, así como lamentables fallecimientos reportados en esa ocasión, y que desgraciadamente se repitieron e incrementaron con los sismos del día 19 del mismo mes.
El día de hoy, como complemento y apoyo al esfuerzo institucional y de la población para atender los desastres, y con el propósito de fortalecer nuestra cultura de la prevención por contingencias naturales, presento ante ustedes una iniciativa con proyecto de decreto para apuntalar las capacidades institucionales de las instancias encargadas de proteger y preservar el patrimonio cultural del país, al igual que fortalecer los mecanismos de atención hacia la infraestructura educativa, también afectada por esos fenómenos naturales.
Me refiero, por una parte, a fortalecer los mecanismos de protección y restauración de los sitios históricos y monumentos arqueológicos del país que son vulnerables ante estos sucesos y, por la otra, a la atención prioritaria que nos merecen los espacios educativos del país cuando son afectados por contingencias naturales, como ha sucedido en el mes de septiembre del año pasado por los sismos.
Nuestro país cuenta, como lo sabemos todos, con uno de los patrimonios culturales más ricos del planeta, ocupa el primer lugar en América Latina, y el sexto en el mundo en sitios declarados patrimonios de la humanidad por la UNESCO.
México tiene a su vez 33 sitios patrimonio mundial de la humanidad, 10 ciudades patrimonio; 187 zonas arqueológicas abiertas al público; 111 pueblos mágicos; 174 santuarios religiosos; y 1,121 museos.
La Secretaría de Cultural Federal informó que el número de inmuebles y monumentos considerados patrimonio cultural, afectados por los sismos de septiembre pasado, ascendieron a 1,821, en once estados del país, y que la restauración de estos inmuebles históricos y de valor cultural costará entre 10 mil a 12 mil millones de pesos, y podría tomar hasta 30 meses su reparación de contar con los recursos financieros para ello.
Las mayores afectaciones patrimoniales y culturales fueron en el Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, Morelos y Chiapas.
Los recursos con que cuenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia serán siempre insuficientes frente a desastre similares; no obstante que cuenta con un seguro catastrófico y ha presentado solicitudes para recibir recursos del fideicomiso Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, y también ha debido gestionar apoyos internacionales del sector privado y fundaciones para atender esta contingencia.
Desde nuestro punto de vista, la protección de los monumentos arqueológicos e históricos es fundamental para preservar el valioso patrimonio cultural de México y, en consecuencia, del Estado mexicano. Debe efectuar acciones de prevención y disponer de los recursos suficientes para su protección y restauración frente a los desastres naturales.
Por ello, consideramos imperativo fortalecer desde la esfera legislativa la capacidad de la autoridad para reconstruir y preservar este patrimonio cultural e histórico dañado por cualquier causa natural, como ya lo he dicho.
Por otra parte, con motivo de estos sismos del 2017, la infraestructura educativa en las entidades afectadas también ha sido dañada y su rehabilitación o reconstrucción demandará varios meses y múltiples recursos derivados del Fonden y de otras fuentes de financiamiento.
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informó que la reconstrucción de la infraestructura educativa dañada en el país por los sismos de septiembre pasado, tendrán un costo aproximado de 20 mil millones de pesos, y aseguró que la reconstrucción de planteles educativos dañados tendrán distintas fuentes de financiamiento para lograr su rehabilitación.
Dijo también que una de ellas será la reorientación de recursos que ya están asignados en el programa Escuelas al Cien, para dar atención a los planteles educativos que están requiriendo un apoyo urgente y necesario, también se refirió que el sector privado ha tomado por tarea y por iniciativa apoyar de manera muy particular la reconstrucción de escuelas y del patrimonio cultural.
En términos prácticos, compañeras Senadoras y Senadores, todos sabemos que carece de la flexibilidad necesaria para atender con la rapidez debida a las instalaciones para la educación y la conservación del patrimonio. Por eso desde nuestro punto de vista consideramos necesario plantearles a ustedes, para su aprobación, un fondo especial para que la autoridad pueda enfrentar con mayor eficacia, eficiencia y prontitud los daños en la infraestructura educativa derivada de un desastre natural, particularmente de los sismos.
Por lo que ya he señalado, considero que tanto la protección de los monumentos arqueológicos e históricos, como la atención de la infraestructura educativa, son fundamentales para el desarrollo de México y, en consecuencia, el Estado mexicano debe tener la posibilidad de ejecutar acciones de prevención y de poner ágilmente de los recursos suficientes para su protección y, en su caso, restauración.
Es, entonces, imperativo fortalecer aún más desde la esfera legislativa, como ya señalé, la capacidad de las autoridades responsables para reconstruir y preservar el patrimonio cultural e histórico, así como la infraestructura educativa.
En consecuencia, con esta iniciativa propongo.
Primero.- Que el Instituto Nacional de Antropología e Historia pueda acceder de manera directa a un fondo específico para hacer frente a los daños ocasionados por desastres naturales a los monumentos arqueológicos e históricos y a la infraestructura educativa del país.
Segundo.- Que el Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa cuente con los recursos a través de un fondo especial que forme parte del presupuesto de Egresos de la Federación para evaluar, cuantificar, rehabilitar y reconstruir planteles escolares públicos.
Tercero.- Que se considere como acciones prioritarias del Ejecutivo Federal en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil la prevención, protección y restauración de los monumentos históricos, arqueológicos y del patrimonio cultural, así como la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura educativa pública dañada por desastres naturales.
Cuarto.- Que se contemple en la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como parte de los instrumentos de gestión de riesgos señalados en la Ley General de Protección Civil la creación de los dos fondos especiales para atender los daños ocasionados por desastres naturales a monumentos históricos y arqueológicos y a la infraestructura educativa pública.
La propuesta para crear los fondos mencionados tiene el propósito de atender estos asuntos de manera diferenciada, con procesos específicos y con reglas de operación particulares, así como con tiempos y disponibilidad de recursos de acuerdo con su naturaleza.
Hoy la estructura y las reglas del Fonden se constituyen, como sabemos todos, en una camisa de fuerza que retardan la atención a estas dos prioridades.
Las reglas de operación del Fonden impiden actuar con agilidad y disponer de los recursos necesarios y suficientes con la prontitud que se requiere para resolver estos problemas, de manera muy particular, en la infraestructura educativa.
Todos sabemos, y todavía, si revisamos la prensa de esta semana, veremos información en todos los diarios y noticieros del país donde miles de niños continúan tomando clases al aire libre o en instalaciones precarias improvisadas por que no se han podido reconstruir y rehabilitar sus aulas, y esto en los estados más afectados.
A casi seis meses de los sismos, de las 17 mil 946 escuelas dañadas, sólo están programadas para su reconstrucción o reprogramación, programadas no quiere decir que ya se haya resuelto, 15 mil 149; 2 mil 799, entonces, no están aún contempladas para su atención, y además 435 escuelas están pendientes de ser tomadas en cuenta para ser incluidas en los programas.
En la Ciudad de México hay 199; en Oaxaca, 189; en Chiapas, 47. Esto significa que todos sus alumnos toman clases en inmuebles provisionales o al aire libre, como ya señalé.
Por ello creemos que el Fonden ya cumplió su objetivo de generar una cultura de protección y rescate, y que debe ser modificado, y sus reglas de operación cambiadas para poder atender con mayor prontitud y eficacia los desastres naturales en general.
Pero en particular, la prioridad en cuanto a infraestructura educativa y en cuanto a monumentos históricos, y el patrimonio cultural debe ser atendida de inmediato. Por eso replanteamos su operatividad, y proponemos, en estos dos casos, como ya lo señalé, la creación de dos fondos para atender esta problemática de monumentos arqueológicos y patrimonio cultural y de infraestructura educativa.
Por todo ello, amigas y amigos Senadores, someto a su amable consideración esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricos.
Se reforman también las fracciones III y VII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
Se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 7 de la Ley General de Protección Civil.
Y se reforma el artículo 37 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Consideramos, que además del valor histórico y cultural intrínseco que representan los monumentos y sitios históricos que integran el patrimonio nacional, desde el punto de vista turístico también representan importantes recursos para la economía del país alentando el flujo y la generación de empleos, una vez que estos mismos han sido restaurados.
Y por lo que hace a la infraestructura educativa, es de todos conocido la lentitud para la liberación y administración de los recursos del Fonden, por lo que es menester, como ya señalé, contar con mecanismos ágiles y eficientes que garanticen una mejor y más eficiente suministro de recursos para su rehabilitación y reconstrucción en beneficio de los niños educandos del país.
Por lo expuesto, solicito a ustedes, compañeras Senadoras y Senadores, su respaldo hacia esta iniciativa que busca fortalecer la protección de nuestro patrimonio cultural y apoyar la infraestructura destinada a la educación de millones de niñas y jóvenes de México.
Muchas gracias por su atención y, mi agradecimiento por su apoyo.
Gracias, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador Mayans Canabal.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Segunda.
Para el Senado de la República…
El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: ¿Me permite, señor Presidente?
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Perdón, Senador.
El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Haría un comentario, por favor.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Perdón.
El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal: Nada más es que me había solicitado, incluso, por escrito, el Senador Ricardo Barroso Agramont sumarse a esta iniciativa, y me lo mandó por escrito y no quería dejarlo pasar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se toma en cuenta su consideración, Senador Mayans Canabal, y así será suscrita la iniciativa.
Para el Senado de la República es un gusto recibir a un grupo de alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Unidad de Estudios Superiores para Adultos Mayores, Ecatepec, del Estado de México.
Asimismo, a un grupo de estudiantes del Centro Universitario Hidalguense, invitados por el Senador Juan Carlos Romero Hicks.
Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República.
(Aplausos)
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Ernesto Ruffo Appel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 120 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de seguimiento de concesiones y de permisos.
En uso de la tribuna el Senador Ernesto Ruffo Appel.
El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores.
Con la razón de la experiencia que me han permitido al encabezar la Comisión de Pesca y Acuacultura de la Cámara de Senadores, y a consecuencia precisamente de la experiencia que se va desenvolviendo en el ámbito legislativo, pero que muchas personas lo toman a uno como si fuera gestor ante el Poder Ejecutivo, ya ven que se da esa confusión.
Muchas personas no dimensionan el rol legislativo, pero sí el de que se resuelvan cosas, es tema del Ejecutivo.
Y en el caso de la pesca, siempre se ha dado, pues, un ambiente de confusión, un ambiente de poca transparencia en cuanto a los permisos, las concesiones, los cupos en las cuotas, en fin, cosas de gobierno, como a todos nos pasa, lamentablemente, la falta de transparencia.
Es por ello que se somete esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 120 de la Ley de Pesca y Acuacultura, y así crear la Plataforma Nacional de Seguimiento a Trámites, pues en el proceso de la resolución de las concesiones y los permisos.
El objetivo es transparentar los trámites y la misma asignación de los permisos, puesto que, como dije, se da esta confusión, este telón poco transparente en la actuación de la autoridad y así, pues, poder crear la herramienta, es el objeto de la iniciativa, que permita la información al respecto de los trámites que siempre traen tan confundidos a los pescadores y a quienes participan en los asuntos de la actividad pesquera, que todo esto está en el marco de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Sagarpa, en donde está encuadrada la Conapesca, la Comisión Nacional de Pesca, que es el marco ejecutivo de los asuntos pesqueros nacionales.
Así que el objetivo de esta iniciativa es que se permita el acceso a la información, como lo establece el artículo 27 constitucional y que no nos traigan a vuelta y vuelta como suele suceder.
Es, pues, el asunto de otorgar certidumbre jurídica, favorecer al ordenamiento pesquero y acuícola, por tanto, el proyecto de decreto al artículo 120 seguirá como sigue: “la Secretaría integrará el Sistema Nacional de Información de Pesca y Acuacultura, que tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la información sobre actividades pesqueras y acuícolas, particularmente las que se desarrollan en el país y el cual debe ser de carácter público, abierto y accesible en línea”.
El sistema se integrará con la información siguiente.
Quedan igual del uno al cinco.
Y el sexto, la Plataforma Nacional de Seguimiento a Trámites de Concesiones y Permisos, lo cual deberá contener, por lo menos, la siguiente información: nombre o razón social del solicitante; Registro Nacional de Pesca y Acuacultura del solicitante; número de folio de la solicitud otorgada por la Secretaría; estando, municipio y localidad en donde se inicia el trámite; zona de pesca y coordenadas geográficas cuando se trate de especies sésiles o bentónicas, o ubicación del proyecto en caso de actividades acuícolas; especie o especies que se pretenda capturar o cultivar para el caso de la acuacultura; mostrar si el interesado ya cumplió con el pago de los derechos; opinión técnica del Inapesca sobre la solicitud; situación actual del trámite, el cual podrá ser pendiente o concluido; en caso de que esté pendiente en qué etapa respectiva es la que se encuentra el análisis de la solicitud y autoridad responsable; y por último, resolución de la Secretaría sobre la solicitud de permiso o concesión.
La Plataforma de Seguimiento debe actualizarse de manera permanente o por lo menos cada 90 días con la información correspondiente a todas las solicitudes o concesiones, o permisos en cualquiera de sus modalidades para pesca y acuacultura que se hayan realizado ante la Secretaría o en las entidades federativas.
Artículos transitorios.
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- La Secretaría debe crear la Plataforma Nacional de Seguimiento a solicitudes de concesiones y permisos en un plazo no mayor a 90 días y publicarla en el portal de Internet de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el cual debe contener la información a la que se refiere el presente decreto de manera completa, clara, accesible y en datos abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Dado en la Ciudad de México a los 15 días del mes de marzo de este año, 2018.
Es cuanto, integrantes de la Mesa Directiva.
Gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Sonido en el escaño del Senado Salvador López Brito.
¿Con qué objeto, señor Senador?
El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Para que, por favor, le pregunte al Senador Ruffo si me permite sumarme a esta importante iniciativa que traería orden y certidumbre al sector pesquero de nuestro país.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador.
El Senador Ruffo es anuente a ello.
El Senador Víctor Hermosillo expresa la misma solicitud.
La Senadora Marcela Torres Peimbert.
El Senador Luis.
Solicito a Servicios Parlamentarios.
El Senador Cárdenas.
Solicito a Servicios Parlamentarios tome nota de las y los Senadores, como lo están manifestando en la forma acostumbrada, para ser suscriptores de la iniciativa del Senador Ruffo.
Muchas gracias, Senadores.
Desde luego, serán tomadas en cuenta.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.
Corresponde ahora el uso de la tribuna a la Senadora Gabriela Cuevas Barron, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de refugiados.
En uso de la tribuna la Senadora Gabriela Cuevas Barron.
La Senadora Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, Presidente.
Compañeras, compañeros Senadores:
Por cada minuto transcurrido hay 20 personas desplazadas como consecuencia de conflictos o persecución en su país.
La mayoría de las personas no quieren emigrar, se ven obligadas a hacerlo.
Son casi 22.5 millones de personas quienes se encuentran en calidad de refugiados, de los cuales la mitad son menores de 18 años.
Aproximadamente 10 millones de personas apátridas se ven marginados, ya que no tienen acceso a los derechos básicos, como son: la educación, la atención médica, el empleo y el libre tránsito, derechos humanos inherentes a la persona, por lo que partiremos de ese concepto para la presentación de esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, porque ninguna autoridad puede vulnerar un derecho humano de manera legal o justificada.
En México va en aumento el número de personas que solicitan refugio o asilo político.
En 2014, conforme a datos de la Agencia de la ONU para Refugiados, la ACNUR, 2 mil 137 personas solicitaron asilo en nuestro país. En 2017 esta cifra se elevó a 14 mil 596.
México debe estar preparado con los instrumentos jurídicos para afrontar esta problemática, en virtud de que del año 2016 al 2017 se incrementaron en 165 % las solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiados en nuestro país.
Conforme a los datos de ACNUR, menor del 1 % de las personas originarias del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, se incrementan a nuestro país de manera irregular, solicitan asilo menos del 1 % debido principalmente a la falta de información que se les proporciona en territorio mexicano; es decir, una vez que llegan a nuestro país ni siquiera reciben la mínima explicación sobre sus derechos.
O podemos también analizar el reciente fenómeno venezolano, que si bien en 2017 apenas se contaban algunas solicitudes de venezolanos para ser refugiados en nuestro país, para el año pasado el 17.7 % del total de los solicitantes tenía por nacionalidad la venezolana.
Si comparamos al día de hoy, hay un millón de venezolanos en Colombia, representan el 4 % de la población panameña; 200 mil venezolanos residen en Santiago, capital de Chile, más las que se encuentran en Ecuador, en Estados Unidos y en Argentina.
En nuestro país en todo 2017, si bien únicamente tuvimos cuatro mil solicitudes, el Estado mexicano aprobó menos del 25 %. Estamos hablando de únicamente 907 casos reconocidos para ser refugiados en nuestro país.
México ha realizado acciones para afrontar esta problemática mundial, pero vemos claramente que no son suficientes.
En 2011 nuestro país llevó a cabo la Reforma Constitucional más importante en su historia en materia de derechos humanos. Sin embargo, el artículo 11 constitucional quedó un tanto olvidado.
En toda esta gran reforma de derechos humanos, el artículo 11 nunca tuvo la claridad conceptual que México debe responder a la luz de los tratados internacionales de los que somos parte.
Y fue hasta hace dos años que logramos reformar nuestra Constitución y hoy el artículo 11 constitucional, sí refleja nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos y, sobre todo, también en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Ahora es tiempo de que nuestra Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, también refleje esos compromisos y México pueda realmente contar con un marco jurídico profundamente respetuoso de los derechos humanos.
Si bien además de tener este profundo compromiso internacional, también hay que recordar que México se ha comprometido a impulsar toda la Agenda del Desarrollo 20-30, en donde también se inscribe la Agenda Humanitaria.
Es importante resaltar que la actual sí marcó un parteaguas en términos del reconocimiento de las capacidades de respuesta y de las condiciones de protección internacional.
Se logró integrar de manera armónica la figura de “Protección Complementaria”, ratificándolo a todo extranjero que no habiendo sido reconocido como refugiado en términos de la ley, el Estado mexicano se comprometía a no devolverlo a su país de origen si su vida, integridad o derechos humanos se venían amenazados.
No obstante, más allá de los avances que se ha tenido en nuestro país, hoy es indispensable que perfeccionemos esta legislación tanto en materia de reconocimiento de derechos, de protección y, sobre todo, de hacer efectivas las políticas públicas para dar plena vigencia, protección y garantía a los derechos humanos.
Esta iniciativa tiene tres ejes principales:
Primero. Armonizar el reconocimiento de la condición de refugiado.
Es decir, la legislación actual todavía conserva los vicios del anterior artículo 11 constitucional, donde no hay plena claridad entre el asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado y la protección complementaria.
Al estar estos conceptos todavía mezclados y sin claridad, la posibilidad de los solicitantes para que realmente sean reconocidos es menor.
Así que:
1.- Es importante reconocer el conocimiento de la condición de refugiado.
2.- Sistematizar las bases para la atención y asistencia de asilados políticos, refugiados y personas a las que se les ha otorgado la protección complementaria, así como a solicitantes de las condiciones antes referidas que se encuentren en territorio nacional. Es decir, entrarle a la política pública de los derechos.
3.- Garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas que buscan y reciben asilo en nuestro país.
De manera enunciativa, esta iniciativa propone:
1.- Dar claridad a los términos de asilo, asilo político y asilado político.
2.- Pondera el principio de unidad familiar al priorizar la reunificación familiar dentro del territorio nacional de los familiares de niños, niñas y adolescentes refugiados o beneficiarios de la protección complementaria.
3.- Protege a los menores de edad, garantizando el Principio del Interés Superior del Niño, reconociendo el Principio de no Privación de la Libertad dentro del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de forma conjunta con el principio antes mencionado.
4.- Reconoce el derecho de toda persona a no ser expulsada o devuelta al territorio de otro país donde existan razones fundadas para considerar que se encontraría en peligro de ser sometido a Desaparición Forzada, Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. O bien, que sería juzgado por tribunales de excepción o ad hoc.
5.- Establece la perspectiva de género como un criterio observado por el Estado mexicano, el cual reconoce las necesidades específicas de protección de mujeres y miembros de la comunidad LGBTTTI, quienes experimentan un riesgo adicional de vulnerabilidad por razones de género.
6.- Incluye en su articulado de manera expresa la protección de Datos Personales y el Principio Pro persona, cuya relevancia radica en que la interpretación de las normas de derechos humanos debe realizarse de conformidad con lo establecido en la propia Constitución y en los tratados internacionales.
7.- Anexa el Principio de Transparencia como parte de los compromisos del Estado mexicano a nivel interno e internacional, para favorecer la generación de conocimiento público, a transparentar la gestión pública por medio de la difusión oportuna.
8.- Reconoce que el principio fundamental a garantizar a los solicitantes de la condición de refugiado es el debido proceso. Por lo que se plantea la urgencia de cumplir con las garantías mínimas, que a pesar de estar detallada en la ley han presentado serias dificultades para su implementación.
Estas van desde la correcta información respecto a los motivos de la detención de migrantes, la duración de dicha detención, el derecho que tienen para solicitar asilo y a comunicarse, además de la oportuna intervención y ayuda de intérpretes para facilitar la comunicación entre las autoridades y los solicitantes de asilo.
Toda decisión debe estar fundada y motivada tal cual lo establece ya nuestra Constitución, pero que en la práctica aún no sucede.
9.- La inclusión expresa del derecho de toda persona solicitante de recibir orientación, asistencia y representación jurídica adecuada a lo largo de todo el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, debido a las circunstancias de vulnerabilidad que estas personas presentan dada su condición.
10.- Propone de manera fundamental establecer el carácter excepcional de la detención migratoria, atendiendo a lo señalado en distintas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Y en este sentido, reafirmar los criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad que debe satisfacer la aplicación de esta medida, sumada a las garantías del debido proceso que deben satisfacerse una vez empleada esta detención.
11.- Garantiza a los solicitantes de la condición de refugiado el derecho a la libre circulación dentro del territorio nacional y el derecho a la privacidad de las comunicaciones entre el solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado don su representante legal.
12.- Establece que los solicitantes de la condición de refugiado tienen los siguientes derechos: Acceder a servicios educativos, a una vivienda digna y decorosa, a una alimentación de calidad y otras medidas para cubrir sus necesidades básicas, recibir atención médica con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud y a un trabajo remunerado, incluyendo el acceso a la formación y capacitación profesional.
México durante muchas décadas fue ejemplo de apoyo, fue ejemplo de un hogar para miles de familias que huían de las dictaduras, que huían de la persecución, que tenían sus vidas corriendo peligro únicamente por sus ideales y por sus sueños.
Desgraciadamente, parece que esta tradición mexicana quedó un tanto olvidada en el siglo pasado.
Hoy es momento que le demos plena vigencia a la modificación que hicimos al artículo 11 constitucional y que tengamos la elemental congruencia que de aquello que estamos exigiendo a los Estados Unidos de trato para nuestros migrantes, seamos también capaces de ofrecerlo a nuestros hermanos en la frontera sur que están pidiendo lo mismo a México, la elemental protección para que su vida y la de sus hijos no corra peligros.
Muchas gracias y muchas gracias por todo el trabajo que hemos hecho juntos en este Senado de la República sobre la Agenda Humanitaria y en particular sobre Migración y Refugiados.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Cuevas Barron.
Sonido en el escaño de la Senadora Luis María Calderón Hinojosa, ¿con qué objeto, Senadora?
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa (Desde su escaño): Si la Senadora Gabriela Cuevas, me permite sumarme a su iniciativa.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora Cuevas, acepta, así como el Senador Flores, en el mismo sentido, la Senadora Beristain.
¿O quiere hacer uso de la voz?
Sonido en el escaño de la Senadora Beristain.
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: (Desde su escaño) Para felicitar a mi compañera Gaby, por esta excelente explicación que nos hizo.
Y porque, desde luego, la vamos a apoyar con esta iniciativa, gracias Gaby.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Beristain.
Suplico a Servicios Parlamentarios, el Senador en el mismo sentido. Suplico a Servicios Parlamentarios tome nota de las y los Senadores que han manifestado su intención, con la anuencia de la Senadora Gabriela Cuevas, de suscribir y acompañar su iniciativa.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos.
Corresponde el uso de la palabra al Senador Celestino Cesáreo Guzmán, a nombre del Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman la Ley de Asistencia Social y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en materia de Registro Nacional de Guarderías.
En uso de la tribuna el Senador Cesáreo Guzmán.
El Senador Celestino Cesáreo Guzmán: Gracias, Senador Presidente.
Efectivamente a nombre del Senador Adolfo Romero Lainas hago uso de la tribuna para exponer lo siguiente.
En el Estado mexicano hay un compromiso con los niños, las niñas y adolescentes en su territorio, el cual se identifica con la obligación de propiciar un ámbito de plena justicia del interés superior del niño, previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991.
Y 3, 4, 6, y 7 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.
Este principio ha sido definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la expresión del interés superior del niño consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del menor.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado sobre dicho principio como el sistema jurídico mexicano, lo establecen diversas prerrogativas de orden personal y social en favor de los menores, lo que se refleja tanto a nivel constitucional como en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales, de donde deriva que el interés superior del menor implica la toma de decisiones y la vinculación de ésta con la vida humana, se realicen de modo que en primer término se busque el beneficio directo del niño o la niña a quien va dirigido.
Uno de los derechos que componen el halo de las prerrogativas insertos en el principio de justicia superior del niño lo constituye la protección de éstos en situaciones de calle, abandono, necesidad de asistencia por estar sujetos a algún procedimiento administrativo o judicial que lo ponga en vulnerabilidad cuando quien debe ostentar su custodia, representa un peligro para el menor, escenario en el cual el Estado tiene la obligación de asumir su custodia y tutela a efectos de proporcionarle un acceso al desarrollo físico y psicológico óptimo y libre de violencia.
Esta obligación del Estado se realiza mediante casas-cuna, casas-hogar, estancias infantiles, internados, albergues, etcétera; dentro de los cuales se acoge de manera temporal o indefinidamente a los niños y las niñas, adolescentes en estado vulnerable, y que actúan conforme a los principios del Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018.
No obstante lo anterior, el Estado no cuenta con las instancias suficientes para afrontar todas y cada una de las necesidades de las niñas, los niños y adolescentes necesitados de un espacio físico de resguardo en el que se les ministren bienes que satisfagan sus necesidades físicas, psicológicas y se garantice el real ejercicio de sus derechos.
Ante la insuficiencia del Estado, la sociedad civil organizada ha asumido esa gran labor que la niñez de México demanda.
Ante esta grave omisión de la administración pública que ha propiciado y permitido la existencia de instituciones privadas, que lejos de salvaguardar la integridad de nuestros niños en situaciones vulnerables, los hace víctimas, no solamente al institucionalizar las instalaciones en condiciones de abandono, sino atenderlos de manera personal no capacitados para el tratamiento de estos menores, privarlos de una representación jurídica que regularice su situación, sino que ha habido casos en que dichas instituciones los niños son víctimas de un sinfín de conductas delictivas, desde abuso, explotación infantil, adopciones ilegales, y hasta venta de órganos.
Por lo tanto, la presente iniciativa de reforma tiene como propósito insertar una obligación más rigurosa por parte de las instituciones del Estado, tratándose de la elaboración del registro nacional, catálogo público de los centros de atención bajo cualquier modalidad y tipo en el territorio nacional, así como fortalecer los requisitos para la obtención de autorizaciones de funcionamiento de dichos centros a efecto de garantizar una adecuada atención a los niños, a las niñas y adolescentes en situaciones vulnerables.
Por lo que pongo a consideración de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros legisladores el apoyo a esta propuesta de reforma que es de suma importancia para avanzar en la justicia que deben gozar nuestros niños, niñas y adolescentes de México.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Cesáreo Guzmán.
Túrnese a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de distinguidas personalidades procedentes de Tijuana, Baja California invitadas por la Senadora Adriana Dávila Fernández, agradecemos su visita al Senado de la República.
Sean ustedes bienvenidas.
(Aplausos)
La Mesa Directiva recibió una iniciativa del Senador Luis Armando Melga Bravo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, que se turna a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos.
Corresponde ahora el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle Martínez para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 134 constitucional, en materia de publicidad oficial.
En uso de la palabra la Senadora Tagle Martínez.
La Senadora Martha Tagle Martínez: Gracias, Presidente.
México es el segundo país en paz más peligroso del mundo para los reporteros, lo antecede Siria.
En México imperan los cárteles del narcotráfico. Los periodistas que abordan temas como el crimen organizado o la corrupción de los políticos, sufren casi de manera sistemática amenazas, agresiones, y pueden ser ejecutados a sangre fría.
El objetivo común de sus detractores es hacerlos callar.
Lo anterior forma parte del documento intitulado Balance de Periodistas Asesinados, Detenidos, Secuestrados y Desaparecidos en el mundo en 2017, realizado por Reportero Sin Fronteras, una organización independiente que cuenta con status consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, el Consejo de Europa y la Organización Internacional de Francofonía desde su fundación en el año de 1985 se convirtió en una organización líder en el mundo, en la defensa y promoción de la libertad de información, la cual considera, es la base de toda democracia.
Sin embargo, cerca de la mitad de la población mundial aún no tiene acceso a una información libre.
En México, las cifras de periodistas que se han asesinado son:
Del 2000 al 2006, 22 periodistas asesinados.
Del 2006 al 2012, 48 periodistas asesinados.
En lo que va del sexenio, 40 periodistas.
Es por ello que para ejercer en México el periodismo es una situación de latente mordaza y medio abyecto, que tiene común denominador agresiones y amenazas que en algunos casos cuesta la vida.
Es en el periodismo donde la información se vincula con quien paga o mata por ellas.
La información se vuelve un tesoro que hay que buscar y que es más accesible para aquellos con mayor capacidad económica.
Así, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran sesgados en un contexto marcado por la corrupción y la impunidad.
Existen distintas formas de afectar ilegalmente la libertad de expresión, que van desde la supresión radical mediante actos de censura hasta mecanismos menos evidentes, más sutiles y sofisticados.
El artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, refiere específicamente a estos mecanismos indirectos que tienden a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones.
Dicho artículo establece, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel, para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres o aparatos usados en la difusión de información o cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y de opiniones.
La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece en su principio número cinco, que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación, oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibido por la ley.
Tal y como se cita en el informe 2016, artículo 19, las libertades de resistencia, la información es el bien más valioso y básico para la libertad de expresión.
Sin embargo, la información que por décadas ha censurado a periodistas y medios de comunicación es el referente a la publicidad oficial, de manera indirecta o sutil mediante la distribución arbitraria y discriminatoria de los recursos públicos dirigidos para tal fin.
En ese sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su Informe Anual 2003, dedicó un capítulo especial a estudiar el fenómeno y concluyó que la obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión.
Según indicó en ese momento la Relatoría Especial, este tema merece especial atención de las Américas, donde la concentración de los medios de comunicación ha fomentado históricamente el abuso de poder por parte de los gobernantes en la canalización de dinero destinado a la publicidad.
Evidentemente, ha sido una relación perversa en la que la información está supeditada al dinero, que entra y sale de los bolsillos de los medios de comunicación.
El artículo 19 ha sido enfático en advertir sobre los montos millonarios ejercidos de manera indiscriminada y arbitraria para promover figuras públicas y generar una forma de censura sutil e indirecta, donde la famosa frase de López Portillo: “No te pego para que me pegues”, sigue vigente en nuestros días.
Han documentado, cómo el sistema económico se ha convertido en el mecanismo perfecto para limitar los flujos de información independiente y plural.
Es por ello que han alzado la voz y visibilizado la falta de legislación que limita al gobierno federal a entregar cantidades masivas o fijar contenidos de la comunicación desde el gobierno para la sociedad, considerando que nunca ha habido suficiente voluntad política para que se convierta en un tema de la agenda pública y a pesar de un buen número de iniciativas, no se ha discutido ni mucho menos aprobado.
Es importante recordar que a inicio del sexenio, Enrique Peña Nieto, prometió regular el uso arbitrario, indiscriminado de la publicidad oficial.
La promesa se trasladó al compromiso número 95 del Pacto por México, sin que se lograra su cumplimiento, y cuatro años después quedó en el olvido, no obstante el gasto se sigue acumulando y hasta diciembre de 2016, el gobierno federal reportó un ejercicio preliminar de más de 9 mil 26 millones de pesos y un gasto acumulado de 34 mil 109 millones de pesos en cuatro años del gobierno.
Las cifras, evidencian el uso indiscriminado de los recursos públicos, la discrecionalidad y opacidad de la asignación y el ejercicio del mismo.
Es menester de toda democracia, dar certeza de la administración de los recursos públicos respecto a ello, Norberto Bobbio en su obra “El futuro de la Democracia”, hace a la siguiente interrogante: ¿No hay nada secreto en el gobierno democrático? Todas las actividades de los gobernantes deben ser reconocidas por el pueblo soberano, excepto alguna medida de seguridad pública, que se le debe hacer de su conocimiento en cuanto al peligro haya pasado.
Este fragmento, pone por ejemplo, por qué enuncian pocos renglones en uno de los principios fundamentales del Estado constitucional que la publicidad es la regla, el secreto debe ser la excepción.
En cuanto al papel del Legislativo cita lo siguiente:
La representación puede tener lugar solamente en la esfera de la publicidad, no hay ninguna representación que se desarrolle en secreto o a cuatro ojos, un Parlamento tiene un carácter representativo únicamente cuando se cree que su actividad es pública.
Reuniones secretas, acuerdos y decisiones secretas del Comité que se requiera, pueden ser muy significativos e importantes, pero jamás podrían tener un carácter representativo.
La vacuidad en materia de publicidad oficial aunado a la opacidad y discrecionalidad concomitante, ha permitido el uso y abuso de los recursos públicos, donde el dinero tiene la facilidad de silenciar las voces críticas y magnificar las líneas editoriales complacientes al poder.
Así, la falta de regulación de publicidad oficial escinde una espada de doble filo, que por un lado, coarta el derecho de la libertad de expresión y por otro lado el derecho de todos los ciudadanos a estar informados, mermando la actividad periodística y el acceso de las audiencias a la información plural y diversa con veracidad.
Es menester comentar que la publicidad oficial ha tenido un camino anacrónico con los siguientes antecedentes: desde 2007 en la reforma constitucional publicada en noviembre que adicionó tres párrafos al artículo 134.
En 2014, la reforma político-electoral estableció en el tercero transitorio la obligación nuevamente del Congreso de la Unión de legislar sobre la materia, ante el incumplimiento del Congreso de la Unión, la organización no gubernamental, artículo 19, promovió un amparo en contra de la omisión del Congreso posterior a un proceso en el cual un juez de distrito sobreseyó el juicio por considerar que se trataba de una controversia en materia electoral.
La Suprema Corte reconoció que el Poder Legislativo ha incumplido con dicha obligación y en consecuencia, ha incurrido en una omisión legislativo debido a que la Constitución ordena al Congreso de la Unión expedir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional.
Y así el 15 de noviembre de 2017, a propuesta de la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar, la Primera Sala de la Corte de Justicia resolvió un amparo de revisión en el que nos ordena al Congreso de la Unión a expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril, es decir, tenemos mes y medio.
Así pues, necesitamos considerar en la legislación que debemos ya estar discutiendo las bases mínimas que ha establecido las organizaciones para la publicidad oficial, que se recoge en principio sobre la regulación de la publicidad oficial y la libertad de expresión emitidos por la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de evitar su uso como mecanismo de censura indirecta, el cual es una de las formas prohibidas por el artículo 13.3 de la Convención Americana.
Estas bases mínimas son:
La Ley de Publicidad Oficial no debe de desaparecer, debe ser una ley general y completa.
Se deben definir criterios de asignación basados en la idoneidad.
Debe haber máxima publicidad, transparencia y regulación en la medición de la audiencia, circulación, visitas y rating.
Contenidos de utilidad pública y libertades de promoción personalizada.
La publicidad oficial debe ser simple e identificable.
Se debe fomentar la pluralidad y la diversidad.
Debe haber mecanismos de control y un uso racional de los recursos públicos.
Y en ese sentido es que el día de hoy presento esta iniciativa de ley que busca precisamente regular la publicidad oficial.
Y dado que el día de hoy ha sido publicado un acuerdo por parte de la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras, en las que se ha decidido que la Cámara de origen para la discusión de esta iniciativa a fin de dar cumplimiento al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea la Cámara de Diputados.
Quiero solicitarle al Presidente que esta iniciativa sea turnada a ese lugar y que además sea considerada en el proyecto de dictamen, que ya circula por parte de la Comisión de Gobernación, y en la cual también recientemente se incorporó una nueva iniciativa el pasado 13 de marzo de marzo en la Colegisladora.
Y espero sinceramente que en este mes y medio que resta del período ordinario no solamente nos demos a la tarea de aprobar la Ley Reglamentaria en Materia de Publicidad Oficial, sino que realmente discutamos esto que es un tema fundamental para la democracia que es garantizar la libertad de expresión y la libertad de información de todos y cada uno de los ciudadanos.
Es cuanto, Presidente.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Tagle Martínez.
Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo.
¿Para suscribirla, don Víctor?
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) Así es.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: En el mismo sentido la Senadora Sylvia Martínez.
¿Quiere hacer uso de la voz?
Por favor, sonido en el escaño de la Senadora Sylvia Martínez.
La Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo: (Desde su escaño) Quisiera pedirle a la Senadora Martha Tagle, que me permita suscribir su iniciativa. Me parece que esta iniciativa abona a la discusión y debate que estamos teniendo sobre el tema de propaganda gubernamental, y creo que las posiciones que se observan en esta iniciativa arrojan una defensa de los derechos humanos y, sobre todo, hablar de la equidad en la contienda.
Por eso creo que es importante que también esta iniciativa se sume a la discusión que actualmente se está dando y que sea una nueva aportación para que en el Senado de la República saquemos una ley que cumpla con las mejores condiciones para los ciudadanos, los actores políticos y los medios de comunicación.
Es cuanto.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Sylvia Martínez.
El Senador López Brito.
El Senador Daniel Ávila, en el mismo sentido.
Senadora Alejandro Encinas.
¿Senador Zoé Robledo quiere hacer uso de la voz?
Sonido en el escaño del Senador Zoé Robledo.
El Senador Zoé Robledo Aburto: (Desde su escaño) Muchas gracias, Senador Presidente.
Felicitando a la Senadora Tagle por la presentación de esta iniciativa.
Y para comentar, porque efectivamente es un tema del cual tenemos un reloj que va marcando las horas, los minutos, hasta ese plazo del 30 de abril para que el Legislativo no cometa un desacato a una orden judicial.
En ese sentido, me gustaría precisar dos temas.
Primero. Las mesas directivas de las comisiones donde están turnadas una serie de iniciativas, la Comisión de Gobernación; la Comisión de Estudios Legislativos; y la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, estamos publicando un acuerdo de una ruta para la dictaminación.
En ese acuerdo está incorporada un proceso que idealmente empezaría el día martes de audiencias públicas con todos los interesados, especialistas, organizaciones, académicos, que tienen una opinión, y no lo han hecho saber, sobre este tema en particular.
De la misma forma ya lo hicimos con las dos organizaciones promotoras del amparo en su momento también en esas comisiones unidas.
No tengo el conocimiento de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras, en el sentido de que la Cámara de origen vaya a ser la Colegisladora. Si es así ojalá se pueda publicar a la brevedad.
Entiendo que había un acuerdo para el trabajo en conferencias y ese trabajo en conferencias tendrá su siguiente etapa, su siguiente puerto en las audiencias públicas a celebrarse el día martes.
En ese sentido, Senadora, lo que está a nuestro alcance, y creo que es importante, y lo platicaremos con los presidentes y las mesas directivas de las otras comisiones, es que esta iniciativa se incorpore al trabajo de análisis para la dictaminación.
Yo no conozco un proyecto de dictamen, hay un proyecto de una iniciativa del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde y del Partido Nueva Alianza, que se suma a las otras iniciativas, no lo entendería yo, no sé si estoy hablando del mismo documento, como un proyecto de dictamen.
En ese sentido, creo que será importante que esta iniciativa, junto con las demás, sea el elemento a discusión del proceso de audiencias públicas donde estamos pidiendo que se abra a todo aquel que tenga interés, desde la academia, reitero, organizaciones, incluso particulares y especialistas sobre ese asunto.
Hoy está publicado ya en la Gaceta el documento de trabajo, entonces, era algo que me parece pertinente para que esta iniciativa nueva enriquezca ese trabajo legislativo que ya se ha empezado a hacer.
Gracias, Presidente.
Felicidades, Senadora.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Zoé Robledo.
Reitero la atenta solicitud a Servicios Parlamentarios para que tome nota de las y los Senadores que solicitaron acompañar, con la anuencia de la Senadora Tagle, el suscribir esta iniciativa presentada.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.
En una segunda ronda de iniciativas, corresponde el uso de la tribuna al Senador Ismael Hernández Deras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de eliminación de porción inválida.
En uso de la tribuna el Senador Ismael Hernández Deras.
El Senador Ismael Hernández Deras: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Senadoras y Senadores:
La seguridad jurídica es un valor que nos brinda certeza y tranquilidad respecto al orden normativo a todos los ciudadanos mexicanos.
Y la actualización del marco normativo no solamente es una responsabilidad pública del Poder Legislativo, sino una obligación de todas y todos nosotros.
Tener las normas al día es la mejor forma de garantizar gobernabilidad democrática y legitimidad de las leyes ante la sociedad mexicana.
Por ello, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben atenderse de manera oportuna, siempre también que se genere consenso y que así lo permita, porque sus resoluciones reflejan el trabajo de control de la constitucionalidad cuando un poder se excede en la interpretación constitucional y va más allá de los contenidos de la Carta Magna.
El 17 de enero del 2013, con motivo de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, un grupo de legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde y del PANAL, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, el propósito fue impugnar contenidos al artículo 27 de la Ley Orgánica sobre la temporalidad de comparecencias y funcionarios comparecientes ante órganos legislativos.
La impugnación no buscó eliminar las facultades del Congreso en ningún momento para convocar a comparecer a los servidores públicos que estén obligados por la Constitución mexicana.
La impugnación fue para precisar ¿qué funcionarios estaban sujetos a este procedimiento de conformidad con la Constitución?
¿Y si la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal era la norma adecuada para llevar a cabo tal convocatoria?
El 23 de octubre de 2014, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte resolvió, prácticamente de manera favorable toda la impugnación en su resolución número 1/2013. En dicha resolución se declara la invalidez parcial de diferentes porciones normativas del artículo 27 de la Ley Orgánica respeto a las atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal constituye la norma que establece las bases de la organización de la forma de gobierno democrático de los Estados Unidos Mexicanos. Es el instrumento normativo que asigna a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las diferentes responsabilidades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encomienda al Poder Ejecutivo Federal.
La norma constituye una base esencial del Estado de derecho, pues señala con precisión los límites de las responsabilidades de los encargados de despacho y titulares de las entidades del sector paraestatal conforme a la ley.
De ahí la relevancia de actualizar la norma conforme a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente por un principio de seguridad jurídica y eficacia normativa.
Por su atención, muchas gracias.
Damos inicio al proceso legislativo de armonización en el terreno de este artículo.
Gracias por su atención.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador Ismael Hernández Deras.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.
Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de participación del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Consejo de Seguridad Pública.
En uso de la voz la Senadora Guzmán Avilés.
La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros Senadores:
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue expedida el 2 de enero de 2009, y es una ley reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública.
La ley que se plantea modificar, establece en su artículo 1º, que tiene como objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en esta materia.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública encuentra su fundamento legal en la ley que se busca reformar, y establece que dicho consejo contará, para su funcionamiento y operación, con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente ley tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública, y será, según el artículo 10, la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas en materia de seguridad en nuestro país.
El artículo 12 de la ley en comento establece quiénes serán los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, estos son: El Presidente de la República, quien lo presidirá; el Secretario de Gobernación, el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina, el Secretario de Seguridad Pública, el Procurador General de la República, los gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Secretario Ejecutivo del Sistema.
El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación, y además el consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública, dicha participación será con carácter honorífico.
Además de lo anterior, el último párrafo de dicho artículo establece que el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente de este consejo.
Sin embargo, se propone con esta iniciativa, que la calidad de invitado del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de sustituirse por la figura de integrante, puesto que la mejor conocida CNDH es la instancia encargada de velar por el respeto absoluto a los derechos humanos en nuestro país, y que además de ser protectora y garante de los derechos fundamentales, es una institución de suma importancia en el Estado mexicano.
Tomando en consideración que se propone integrar al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que la fracción V del mencionado artículo se encuentra obsoleta al ya no existir hoy en día la Secretaría de Seguridad Pública, se propone eliminar del texto al Titular de la Secretaría, hoy exista, y en su lugar integrar al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como integrante del sistema.
El artículo 21 de nuestra Carga Magna refiere que la actuación de las instituciones de seguridad pública, deberán regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución.
Derivado de ello, es considerable incluir al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como parte integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública y dejar de incluirlo como un invitado del consejo, puesto que la investidura de dicha comisión merece formar parte de tan importante instancia en materia de seguridad pública.
Sin embargo, no podríamos hablar de la procedencia de esta iniciativa sin antes añadir que la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe también ser modificada.
El artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece las atribuciones del Presidente de dicha Comisión, por ello se propone recorrer la actual fracción XII a la XIII del mencionado artículo, y añadirle al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de ser integrante del Consejo de Seguridad Pública en la fracción XII, para así buscar que ambas leyes se encuentren armonizadas una con otra y no caer en imposibilidades jurídicas que pudieran impedir al Comisionado de los Derechos Humanos pertenecer al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Compañeras y compañeros Senadores:
La iniciativa que hoy presento tiene dos objetivos principales. El primero es armonizar la ley para que, con el ánimo de tener un texto normativo actualizado y vigente, se elimine del texto de la ley al Secretario de Seguridad Pública, pues al ser una posición inexistente en nuestro país la ley debe mantenerse armonizada a la actualidad, por lo que esa fracción debe ser modificada o, en su caso, pues ya derogada.
En segundo lugar, y no menos importante, es incluir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública y, además, dotarlo de dicha facultad dentro de la ley que regula esta comisión para poder formar parte de este Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Es cuanto, Senador Presidente.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senadora.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Primera.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, invitados por el Senador Javier Lozano Alarcón.
Bienvenidos.
(Aplausos)
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en materia de participación en localización de personas desaparecidas.
El Senador David Monreal Ávila: Gracias, Presidente.
Vengo a posicionar para referirme a dos iniciativas. Una por la que se reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, y la otra, la que modifica el artículo 46 de la Ley de Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La primera de ellas con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX y se adiciona una fracción XX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
La segunda propuesta, por la que se reforma el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de las recomendaciones que emite dicho organismo.
Respecto a la primera de estas iniciativas se parte de la premisa respecto de que en los estados modernos la sociedad civil es reconocida como un actor político, ya que sus funciones van más allá de la exclusiva organización y asociación de individuos.
En una coyuntura en la que las instituciones y partidos políticos han perdido legitimidad frente a la ciudadanía éste tipo de organizaciones cobran relevancia en razón de que se convierten en un puente de diálogo e interlocución entre el gobierno y los ciudadanos; sin embargo, en México es poca la credibilidad de nuestros ciudadanos hacia el sistema político que nos rige.
Se hace constar en el Informe Latinobarómetro del 2017, en el cual se detalla que sólo el 9 % de los mexicanos confía en los partidos políticos.
En este contexto se entiende la importancia de la participación y existencia de las organizaciones de la sociedad civil, las que han contribuido en atender las demandas de una sociedad cada vez más plural y compleja que se siente menos representada por los medios políticos tradicionales.
Actualmente las organizaciones de la sociedad civil atienden temas de interés social, como la rendición de cuentas, la democracia participativa, protección del medio ambiente, apoyo a grupos minoritarios y étnicos, derechos humanos, protección civil, educación, entre otras actividades en años anteriores sólo era exclusiva del apartado del Estado.
Según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que sean objeto de fomento en el 2017, se contabilizaron poco más de 40 mil organizaciones de la sociedad civil en el país, lo que se traduce que por cada cien mil habitantes existen 27.7 organizaciones de este tipo.
A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil en el 2004, la creación de organizaciones de este tipo se incrementó considerablemente cada año.
En este tenor, la primera de estas iniciativas que presento ante esta soberanía plantea reformar la fracción XIX del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de que se reconozca como actividad de fomento el apoyo y atención en la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas en el territorio nacional.
Garantizando, primero, a las organizaciones ya establecidas en torno a este rubro, el acceso a los estímulos y apoyos públicos.
Y segundo, fomentar la organización de ciudadanos en pro de las personas desaparecidas.
La propuesta busca adecuar la ley en comento con lo establecido por la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desapariciones Cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, puesto que reconoce la participación en varios procesos de las organizaciones de la sociedad civil en materia.
Esta adecuación es congruente con lo establecido por la nueva ley en la materia y coadyuva para que las acciones gubernamentales adquieran un mayor alcance social y se potencialicen las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de las personas desparecidas o no localizadas buscando contribuir de manera eficiente en la atención y solución al grave problema que representa dicha práctica inhumana.
Por otro lado, la iniciativa que pretende reformar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos parte de la premisa acerca de la necesidad de fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de manera particular a través de las recomendaciones que por ley está facultada a emitir.
Al respecto se puede decir que las recomendaciones podrían calificarse como un mecanismo de control del poder político enfocado a proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. De manera más precisa, se trata de un medio de control constitucional de carácter administrativo y de tipo objetivo.
El pasado 3 de enero del presente año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer el informe de seguimiento de recomendaciones. El documento afirma que el instrumento de mayor impacto dentro de la actividad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para proteger a la víctima de violaciones o derechos humanos e impedir que se repita en futuras violaciones son precisamente las recomendaciones.
El informe señala que del 1º de enero de 1990, hasta el 3 de enero del 2018, en 17 años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido un total de 2 mil 688 recomendaciones dirigidas a 3 mil 348 autoridades.
Un aspecto que destaca dicho informe y resulta preocupante es el número de recomendaciones que han sido aceptadas, pero no cumplidas por parte de las autoridades.
Del total de recomendaciones que no han sido concluidas existe un dato que llama la atención, algunas de estas tienen más de 17 años de haber sido elaboradas, entre ellas, 29 han sido procedimientos por violaciones graves a los derechos humanos, además la recomendación más antigua al 3 de enero del 2018, es una que se emitió en el 2001, dirigida a la Presidencia de la República, la que nunca tuvo respuesta.
Lo alarmante de esta cifra referente a las recomendaciones que no han sido cumplidas por la autoridad, estriba en el hecho de que la ley, por un lado, es permisiva; y por el otro, no ha sido respetada y los derechos de las personas aún se encuentran en espera de alguna respuesta.
Lo que significa que probablemente serán cientos de casos más de impunidad.
Es importante mencionar, que de acuerdo al Artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la autoridad o servidor público de que se trate informará dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación si acepta dicha recomendación.
Entregará, en su caso, en otros 15 días hábiles las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación.
Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.
Es decir, la ley no contempla un plazo definitivo para que las autoridades cumplan las recomendaciones. Esta cuestión ha derivado que en 503 recomendaciones se encuentren pendientes una de ellas desde el 2001.
Bajo esta perspectiva, la presente iniciativa tiene por objeto modificar el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de fijar un plazo perentorio al que se propone no sea mayor de 180 días naturales, que es aproximadamente seis meses, para que la autoridad pueda dar cumplimiento a la recomendación y presentar las pruebas que acrediten dichos actos.
La modificación reconoce que por la misma naturaleza existen recomendaciones que requieren de un tiempo mayor para poder ser cumplidas. Sin embargo, éstas deben ser la excepción y la ley contemplará un plazo límite para ser atendidas.
Con estas iniciativas se pretende contribuir a mejorar el marco normativo, tanto de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la defensa de los derechos humanos de las personas que están desaparecidas o no localizadas, así como en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con ello fortalecer el Estado democrático de derecho en nuestro país.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, Senador Monreal.
Daremos los turnos correspondientes.
El proyecto de reformas a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.
El proyecto que modifica el Artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.
Enseguida tiene el uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre propio y de las Senadores y Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto por el que se adiciona a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de ejecución de medidas para adolescentes.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.
Señoras Senadoras, señores Senadores:
La iniciativa que presentamos es para adicionar un capítulo con dos artículos a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente argumentación.
Es verdad que en nuestras naciones están sobreviviendo a una crisis del Sistema Tutelar para Menores Infractores, como se llamaba, que no se ha logrado a pesar de incluso reformas constitucionales y de nuevas leyes, no se han logrado derogar de manera estructural en nuestros países y, por supuesto, en México no es la excepción.
Todo esto deriva de un nuevo enfoque a partir de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que establece de manera puntual que aun cuando se trata de una persona menor de edad debe tener un aplicación de la ley de manera más benigna.
Cuando derogamos el concepto de “inimputabilidad a las personas menores de edad”, recordemos que lo que se empezó a promover son reformas al Código Penal, para que la edad penal empezase a bajar a 16 años, a 17 y muchas iniciativas a bajarlo a 15 años.
Era necesario atender las recomendaciones que desde la Organización de Naciones Unidas y particularmente el Comité de Derechos de la Niñez, se ha venido haciendo a nuestro país para derogar la doctrina en situación irregular y emerger la doctrina de protección integral precisamente de la Convención, que integra además una serie de reglas y de directrices de cómo tiene que atenderse a quienes infringen las leyes penales, cómo tiene que abordarse la prevención social de delito, cómo deben trabajar las autoridades para atender a quienes infringen las leyes penales y no confundir que sea tratado como una persona infractora a quien comete una infracción administrativa o se encuentra en situación de abandono, etcétera.
De ahí que en 2005 reformamos la Constitución, el artículo 18, el primer artículo en la Constitución escrito en debido proceso legal y posteriormente en el diseño de distintas leyes en los estados de la República, un mosaico diverso de interpretaciones de lo que el artículo 40 de la convención es planteada y, por supuesto, lo que el propio 18 constitucional establecía.
De tal manera, que ahora en el Senado de la República lo que hicimos fue, además ante la ausencia de una ley federal que no teníamos, lo que hicimos fue reformar la Constitución para otorgarnos el mandato en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), para hacer una sola ley en el país.
¿Por qué hago referencia de esta historia?
Porque el contexto tiene que ser nuevamente reafirmado y hay que poner a la historia en el primer plano cuando tratamos estos asuntos.
Consecuencia de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, diseñamos una serie de mecanismos importantes que son necesarios e indispensables para que este sistema pueda tener plena vigencia.
Es decir, se garantice la reinserción social de aquellos adolescentes mayores de 12 años y menores de 18 años que han cometido una infracción a un ordenamiento penal y sean como lo establecen esos tratados y la propia ley, puedan, insisto, ser reinsertado en su comunidad, en su familia; sino funciona esa familia, una familia sustituta y la responsabilidad de Estado para garantizar que estos chicos y chicas sean tratados conforme a su edad, que sean atendidos conforme a su edad, que sean vistos como lo que son, personas en desarrollo que necesitan de una protección fundada, principalísimamente, sin lugar a dudas, en el ejercicio de sus derechos; de tal manera, que constituimos instituciones, órganos y autoridades especializadas.
Hoy hay dos debates en la sociedad.
En el ámbito del Poder Judicial, los jueces que tienen que ser especializados en esta materia, no lo están siendo; jueces en materia penal para adultos, atendiendo a la materia relacionada con adolescentes que cometen infracciones a la ley penal.
Eso es un error, contraviene en la Constitución, contraviene a la ley, contraviene a la Convención.
Tenemos que insistirle al Poder Judicial que tiene que constituir autoridades especializadas en esta materia. No es igual, no es la misma referencia como tiene que ser tratado una persona adulta a una persona menor de 18 años de edad.
Y el otro gran debate que hay, tiene que ver con que un adolescente que comete un delito grave, que se ve involucrado en un hecho en donde alguien pierde la vida, adulto o incluso menores de edad, sigue habiendo un sentimiento por parte de la gente respecto de que tienen que ser sancionados como adultos, y si un adulto en un delito similar tiene una sanción punitiva de 40 años, a quien 15 años o 13 años o 17 hay que endilgarle una sanción de 40 años.
Ese es el sentimiento que encontramos en muchísimas familias, en muchísima gente, tiene una razón de ser el fracaso de nuestra ley.
El fracaso de las instituciones que establecimos en la ley, que tienen que funcionar para que el sistema integral de justicia para adolescentes infractores, para adolescentes que cometen infracciones a la ley penal funcione de manera eficiente, y todas las autoridades tienen algo que hacer. Ya mencioné la parte del Poder Judicial, pero las autoridades administrativas tienen mucho que hacer, particularmente las que están inscritas en la asistencia social para aquellos delitos en donde, como dice el 18 constitucional, solamente como último recurso puedan ser privados de la libertad.
También hay otro tema que tiene que ver con la integración de las autoridades administrativas como pasa exactamente con las del órgano de readaptación social que se encarga de la administración de los centros de privación de libertad para adultos, estatales, federal y sobre alta seguridad.
También la ley establece que tiene que existir la misma constitución de organismos de un organismo de autoridades administrativas, que se encarguen de ver la implementación, insisto, integral, coordinada, armónica con una sola, con un solo enfoque, como dice la ley, como dice la Convención, como dice la Constitución para que podamos lograr el objetivo de esta transición al nuevo sistema inscrito en la doctrina de protección integral.
De tal manera que hoy estamos en falta, porque la ley que nosotros aquí aprobamos en el Senado de la República, que tuvo un gran éxito y fue avalada y reconocida a nivel internacional en su artículo Transitorio Décimo Cuarto, establece que se tiene que organizar, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, también la participación de la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas, en la ejecución de medidas para adolescentes.
Esta falta de integración de este organismo y del nombramiento de su secretario técnico, entonces, nosotros vimos una vacatio legis de 180 días.
Como se puede ver, desde que aprobamos esta ley a la fecha de hoy, pues estamos totalmente en falta. Decimos que esta conferencia deberá estar encabezada por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, y además del secretario técnico, que será el comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, y tendrá como objetivo principal constituirse en la instancia de análisis de difusión e instrumentación de la política pública en materia de ejecución de las medidas para adolescentes.
Necesitamos que quienes infringen las leyes penales no lo vuelvan a hacer, no reincidan, sigan el camino de la ley. Hay que crearle las condiciones por ser personas menores de edad para que efectivamente se pueda lograr este propósito, y entonces, el sentimiento de la gente no sea de frustración, de incapacidad respecto de que está fallando este sistema, y por lo tanto, la imagen que se da es de que un niño, un adolescente o una sanción de privación libertad de cinco años por un delito grave es insuficiente para la crisis inscrita en la falta de una reparación del daño cuando se trata de una víctima, sobre todo cuando es una víctima menor de edad.
Es un tema trascendental y necesitamos constituir este órgano, de tal manera que las reformas que estamos proponiendo hoy, es, en el capítulo sexto bis, nuevo en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dos artículos, el 31 Bis donde plantea la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas, especializadas en la ejecución de medidas para adolescentes, que estaba integrada por los titulares de las unidades administrativas de ejecución de medidas para adolescentes de la Federación, de las 32 entidades federativas, y será presidida por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad. Esta conferencia tendrá un secretario técnico.
Y luego el 31 Ter que define cuáles son las funciones de esta Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en Ejecución de Medidas para Adolescentes.
No menciono las nueve fracciones que estamos planeando a este artículo y que definen las funciones; pero varias de ellas están inscritas precisamente a lograr que adolescentes menores de 18 años que infringen las leyes penales reciban, como es su derecho, por ser menores de edad, las directrices que permitan su reinserción social efectiva para que no vuelvan a cometer nuevamente ningún otro delito, y por lo tanto, garantizar con otras autoridades la protección de sus derechos o cuando faltan esos derechos, entonces que los gocen definiendo con puntualidad de manera individual a partir de un plan personalizado en cada una de estas chicas, estos chicos el que tengan de verdad el derecho a un proyecto de vida, que por sus propias circunstancias del hábitat en donde se han desenvuelto pues los ha llevado a cometer estos delitos.
Es cuanto.
Ojalá que nos pongamos de acuerdo, de veras, estamos en falta con ese transitorio, y es necesario, porque el sistema, el sistema no está funcionando, falta integrar este órgano para que las autoridades a nivel federal y a nivel local se pongan de acuerdo para definir las directrices, las políticas públicas para lograr el objetivo de esta ley.
Muchas gracias a todos ustedes por su atención.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Segunda.
En otro apartado, perdón.
Senadora, adelante.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Quiero que vaya a las comisiones. Hicimos la ley… derechos humanos, puesto que el enfoque tiene que ser de derecho humanos, son las comisiones que hicieron la Ley Nacional para Adolescentes.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me permite analizar su petición, Senadora, por favor, ver el contenido de su enunciativa.
Me parece que sí, déjeme analizar el tema, y ponderamos su solicitud.
En otro apartado de nuestra agenda tenemos dictámenes para primera lectura, dé cuenta la Secretaría con ellos.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Tenemos los siguientes dictámenes, para primera lectura.
Uno, de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.
Uno, de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se declara el día 22 de septiembre de cada año como el “Día Nacional sin Automóvil”
Y uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Son todos los dictámenes, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.
En otro apartado de nuestra agenda tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, señora Senadora.
Le informo a la Asamblea, que el grupo parlamentario del PRI presentó una moción suspensiva, en relación con la discusión del dictamen.
Solicito a la Secretaría le dé lectura.
Sonido en el escaño del Senador Cárdenas.
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Gracias, Senador.
Qué pena que hayan hecho eso. El acuerdo, el martes pasado, fue que el día de hoy se vería la pretensión. El martes pasado se obsequió la cortesía parlamentario del grupo parlamentario del PRI, pero si quieren mantener, es no cumplir un acuerdo y de no cumplir el acuerdo, entonces a mí me gustaría que uno de los promoventes y la presentaron por escrito en los términos del Reglamento del Senado, la leyera y a mí me permitiera, como lo establece, perdón, hay una moción, señor Presidente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: ¿Terminó, señor Cárdenas?
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Me comentan aquí que la está retirando el grupo parlamentario del PRI, la moción suspensiva.
No sé si eso.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Romo.
El Senador Miguel Romo Medina: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.
Con la súplica a la Presidencia que usted asume, de que se retire por parte del grupo parlamentario del PRI esta moción suspensiva y continuar, desde luego, el trámite correspondiente.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muy bien, Senador Romo, tomamos a consideración su…entonces informo, queda sin efecto la moción suspensiva, señora Senadora.
Informo a la Asamblea, que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Está a discusión.
Tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Cárdenas.
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeros Senadores y Senadoras:
El tema que hoy vamos a ver es un tema de justicia social, es un tema que desde hace años reclama más de 200 mil, así computados, casi 263 mil sinaloenses que lo expresaron en una iniciativa ciudadana hace más de dos años, pero también los Senadores de la zona noroeste de Sinaloa y de Sonora, habíamos presentado una iniciativa en el mismo sentido.
Cuando ésta se presentó, la firmó el Senador Salvador López Brito, del PAN, a quien le reconozco el esfuerzo que hace y que como médico y Presidente de la Comisión de Salud está muy consciente y muy pendiente de que independientemente de que sea un reclamo de casi todos los sinaloenses, ayuda a no afectar la salud de los niños, de los jóvenes y de los adultos.
También la firmó el Senador Aarón Irizar, quien me comentaba y, aunque no esté presente, lo debo de reconocer, quien me comentaba que los empresarios y los profesionistas acusaban recibo de esa demanda ciudadana.
También me acompañó en ella el Senador Daniel Amador y quiero entender que las razones por la grave afectación que sufren los niños de preescolar, de primaria y de secundaria.
Debo de advertir que la Senadora Diva Hadamira, muy preocupada por las amas de casa, jefas de familia veían totalmente trastocado su reloj biológico, porque independientemente del daño que sufrían ellas y sus hijos, tenían que vivir la inclemencia de la oscuridad para llevarlos a la escuela durante mayor tiempo.
Independientemente de que los servicios productivos no se acomodaban en el mismo esquema de la demanda de los habitantes.
El Senador Gándara de Sonora y el Senador Larios, saben plenamente, porque ellos no han sufrido este abuso que se impuso de manera unilateral, pero Sonora tuvo la valentía de enfrentarlo, años después lo tuvo la Península de Yucatán por un solo criterio de los muchos que tiene Sinaloa y los sinaloenses, el turismo, pero muy probablemente porque ellos tenían mayorías parlamentarias y representaciones, lo lograron, y porque la población y quienes en su momento gobernaron esos estados supieron hablarle al oído al Presidente de aquel entonces, los otros gobernadores no se preocuparon por su población.
Los Senadores de Sonora y un servidor de Sinaloa, tenemos muy clara la sinergia que se genera en la cadena productiva, son muchos los agricultores de Sinaloa, que siembran en Sonora, y viceversa, son muchos los concesionarios de automóviles de maquinaria agrícola, de insumos agropecuarios y pesqueros de Sonora que tienen su oferta con negocios en Sinaloa.
Más del 80 % de las exportaciones de Sinaloa no tienen otra salida que no sea por Sonora y su frontera con Arizona.
En la parte del turismo, es Arizona el único estado de la Unión Americana que jamás ha cancelado sus vuelos a Mazatlán.
El turismo que tiene Mazatlán que más derrama económica deja, es el de Arizona.
En sus problemas de conectividad Mazatlán ha abierto otras rutas y otros destinos, y han sido cancelados, el único que se mantiene desde hace más de 20 años es Mazatlán.
Y los norteamericanos que piden residencia, y que están en Mazatlán, en su gran mayoría son de Arizona, y muchos más beneficios económicos, independientemente de los daños al reloj biológico de la población.
Alguien ahí insanamente quiso pretender partidizar una iniciativa ciudadana.
Si leen la Gaceta dice: “Iniciativa ciudadana e iniciativa de Senadores”.
Por eso cuando yo se lo plantee al grupo parlamentario del PRD después de que, advierto, este tema se tuvo que atender por un proceso judicial, y muy amablemente el Presidente de la Comisión de Energía, el Senador Vega Casillas, y el Secretario, el Senador Ascención Orihuela, que conocen los mercados primarios, la producción primaria y la exportación agrícola y frutal, en sesión de comisión, inclusive estando funcionarios de la Secretaría de Energía y de la CFE, estos no tuvieron ningún inconveniente, y antes de que el Tribunal nos notificara, en una acción prudente, estos dos Senadores le dieron curso a atender el tema para que quedara sin materia la resolución del Tribunal.
Y cuando le pregunto al coordinador parlamentario del PRD, a sabiendas de que algunos compañeros de él habían acompañado la iniciativa, claramente me dijo: “jamás iremos en contra de la voluntad popular por un asunto de 15 pesos”.
Y muy probablemente me hizo ese comentario porque el argumento que quisieron plantear catorce empresarios, fue tan débil que quisieron hacerle creer a la gente que el ahorro nacional era el ahorro estatal.
Y lo que tampoco dijeron esos catorce empresarios, que son menos que los Senadores que firmamos la iniciativa, es que ese ahorro de energía ha venido cayéndose, simplemente de 2016 que fueron 1,547 millones; en 2017 fueron 1,300.
El día de ayer, el Senador Patricio Martínez del PRI planteaba otro tema muy sentido que es de justicia social, el de las medicinas, y todos le aplaudimos, pero lo que no quieren entender estos 14, 15, empresarios de Sinaloa, que ni siquiera son los mayores empleadores y que juntos no creo que logren una plantilla de 500 trabajadores, es que las ama de casa sufren muchísimo deterioro en su reloj biológico y en su parte neurológica, en la paz social de su hogar, en la tranquilidad de sus hijos, los maestros ni se diga.
El coordinador del PAN, cuando se planteó esto, muy responsablemente me dijo: “sí, Manuel, la parte de todos los beneficios que tiene esta iniciativa ya me la han planteado el Senador López Brito, que firmó la iniciativa, y el Senador Vega Casillas, Presidente de la Comisión de Energía”.
Es un muy justo reclamo de todos los sinaloenses, independientemente de que la iniciativa ciudadana la firmaron más de 263 mil que son sin partido o de todos los partidos, son profesionistas, son empresarios con negocios micro, pequeña y mediana industria, son proveedores de servicios.
El coordinador de Morena, el vicecoordinador del grupo PT-Morena, le agradezco también que haya dicho: “nosotros vamos con los sinaloenses”. Porque al igual que los otros Senadores que firmaron esta iniciativa, están conscientes de que es un justo reclamo y que es una necesidad.
El coordinador del PT, cuando le iba a ser el planteamiento, me dijo: “no te preocupes, Manuel, yo ya conozco el tema y también los vamos a acompañar”.
Entonces, esa mente pequeñita que quiere ver en esto lo que no es…
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senador, le suplicaría ser breve, por favor.
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, Senador Presidente. Con mucho gusto.
No importa que algún Senador del PRI esté haciendo señas de que el tiempo ya me lo comí, como dicen vulgarmente, a mí sí me preocupan los niños, los maestros, quienes sufren tanto daño en su estabilidad emocional, en el humor de los padres, pero si hay alguien a quien no le interesa eso, pues estará muy en su derecho, no lo compartimos de ninguna manera.
Así que ambas comisiones dictaminaron a favor, en ningún momento se encontró la más mínima argumentación para ir en contra de este dictamen. Pero si por el capricho de alguna persona nosotros los Senadores vamos a dejar de cumplir con nuestra función, allá aquel que lo quiera hacer, yo no.
De que quieran sentar un precedente para contradecir a las comisiones de dictamen cuando estuvieron absolutamente agotados los argumentos y todos fueron a favor, y ahora porque haya sido cautivado por una voz externa del Senado, que es muy respetable, no es el caso de la mía, yo no voy a ir en contra, absolutamente estoy a favor de todos los Senadores que consciente, responsablemente, de varios partidos, la firmaron y la aplaudieron, pero también por ningún motivo iré en contra de un justo, necesario, reclamo de la sociedad sinaloense, que no se va a hincar y no se va a doblegar porque catorce empresarios sugieren, sin ningún argumento serio y sí con un escrito, que tengo copia de él, en el que ni siquiera supieron decir cuál era el beneficio de Sinaloa.
Por eso, voy a favor, porque todos los que firmamos esto estuvimos conscientes de la necesidad imperiosa de hacerlo y de que la sociedad mexicana, y en particular la sinaloense, la voluntad popular de los sinaloenses es que se les haga justicia, que no haya mezquindad, que por primera vez, si fuera el caso, se acuse recibo de su legítimo reclamo.
No es ni siquiera una cuarta parte de los países en el mundo los que se adhirieron a esta medida.
¿Por qué sí Sonora, y en su momento, la Península de Baja California, sí pudieron tener acceso a esto?
¿Por cuatísimo?
Los mismos argumentos de Sonora son válidos para Sinaloa.
¿Por qué le quieren negar a los empresarios, a los profesionistas, a los agricultores, a los pescadores, a las amas de casa, aquello a lo que tienen legítimamente derecho?
¿Por qué alguien le quisiera negar a los niños, a los maestros que tengan, ya que no les dan salario, ya que les quitan la seguridad nacional para jinetearla? Si quiera les quitan un mes de trastorno para recuperar la estabilidad de su reloj biológico.
Yo les pido muy sentidamente, compañeros Senadores, los sinaloenses se los van a agradecer.
Y no entendería yo, por qué el gobernador pudiera estar en contra, si acaso esto fuera cierto, si firmó un convenio con el gobierno de Arizona para unir las entidades de Sinaloa y de Arizona. Está en su programa de gobierno.
Entonces. ¿No supo lo que firmó el gobernador y no conoció las sinergias? ¡Claro que las conoció!
Yo no estaría pensando que el gobernador está en contra de esto.
Aquellos que lo señalen yo les diría: “No acepto que pueda ser cierto”, porque el gobernador, en su plan de desarrollo, responsablemente lo señala.
Porque el gobernador, en su plan de desarrollo, en febrero del año pasado, responsablemente firmó con la gobernadora de Arizona, y por muchas cosas más voy a favor de este dictamen, y les pido de la manera más sentida que nos despojemos de cualquier pensamiento, por menor y caprichoso que sea, y le llevemos justicia a más de 268 mil, 263 mil sinaloenses, a una iniciativa de Senadores, firmada por 18 Senadores, que incluye todos los Senadores de Sonora y Sinaloa, más otras entidades.
Porque lo que es de todos, no es de una persona. Que sea por la tranquilidad de las amas de casa, los profesionistas y la cadena de valor y productiva de Sinaloa en beneficio de los sinaloenses y de Sonora también.
Es cuanto.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Cárdenas.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias.
Compañeras y compañeros:
Seré breve, porque quien me antecede en el uso de esta tribuna fue muy prolífico en exponer las razones por las cuales se debe votar en el mismo sentido que viene este dictamen, a favor.
Miren ustedes. Hay pocas, muy pocas ocasiones en que la sociedad consensa un tema y lleva a la práctica su opinión.
Hay muy pocos casos que tenemos en el país, aun cuando la posibilidad está abierta para que la sociedad se manifieste.
Iniciativas Ciudadanas, como la que originan este dictamen, pues, verdaderamente las podemos contar con estas dos manos.
Pero además que motiven un dictamen positivo, pues la verdad, me sobran dedos de esta mano.
Esta iniciativa que tiene que ver con el cambio del Horario Estacional en Sinaloa, que 263 mil, más de 263 personas han firmado, y piden a este Senado se les apoye para cambiar ese horario, para que no se les aplique, pues, el cambio de horario, me parece que requieren la atención de todas y todos nosotros.
Reunir 263 mil firmas no es nada fácil en un estado como Sinaloa, pero tampoco es fácil en ningún otro estado, y creo que el esfuerzo que hicieron quienes promovieron esta iniciativa, esta Iniciativa Ciudadana, pues merece consideración y merece que se les apoye.
Todo iba bien, todo iba bien, en comisiones pasó sin problema, pero se descompuso la semana pasada, algo sucedió, algo sucedió que motivó que algunos empresarios, en efecto, salieran a decir que esto perjudicaría, contrario a lo que se está estableciendo, fueron menos de diez empresarios que se manifestaban en ese sentido contra 263 mil ciudadanas y ciudadanos que se manifiestan en un sentido contrario.
Por eso, por eso es que yo les exhorto a que votemos en el mismo sentido que viene el dictamen.
Que podamos decirles a estas más de 263 mil personas, habitantes de Sinaloa, que el Senado está a favor de su iniciativa.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.
El Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, Presidente.
Muy buenas tardes.
Compañeras y compañeros Senadores:
Desde luego comparezco ante ustedes para manifestarme, desde luego, a favor de esta iniciativa, de este dictamen, que representa una expresión y una manifestación legítima de la libertad y la soberanía de un pueblo, en este caso, de la expresión libre y soberana de miles de ciudadanos del estado, de mi estado, del estado de Sinaloa.
Y que como ya se comentó aquí, tiene su origen el 15 de noviembre del año 2016, cuando se presenta aquí, precisamente, ante el Senado esta Iniciativa Ciudadana, y que en el mes de noviembre del año pasado, se suman también otras iniciativas de Senadores signados y firmados, precisamente, porque somos de los estados de Sinaloa y de Sonora.
Desde luego, compartir con ustedes que el efecto que tienen estos cambios de horario y que precisamente entran en función a partir del primer domingo de abril y que termina el último domingo de octubre, donde en el estado de Sinaloa tenemos que retrasar una hora de nuestro horario, precisamente esta expresión ciudadana, que se suma a muchas expresiones que se han dado desde que la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos se modificó mediante decreto del 6 de enero del año 2010, y que precisamente el estado de Sinaloa quedó diferenciado del horario que tiene el estado de Sonora.
Y que, como ya se ha comentado aquí, también va en el mismo término, en el mismo sentido del horario del estado de Arizona, donde se establece una amplia relación económica, comercial, social y turística, que es importante conservar y que es importante desarrollar.
¿Qué es lo que se está solicitando?
Que precisamente al modificar este decreto en la fracción I, donde viene contemplado el estado de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Sinaloa, se elimine Sinaloa, para que pase a la fracción II donde se integraría al estado de Sonora, quedaría como “los estados de Sonora y Sinaloa quedarán sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 105 grados por horario estacional”.
Desde luego que esto no entraría a partir ya del mes de abril, puesto que ya nos desfasamos en tiempo, entraría en vigor hasta el próximo año, es decir, el 2019, de acuerdo con lo establecido en el mismo decreto que cualquier modificación que se apruebe tiene que ser antes del mes de diciembre, desde luego, ya no operaría para este año.
Yo quiero, desde luego, reconocer a las comisiones que han dictaminado, la Comisión de Energía y la de Estudios Legislativos, Primera, porque el dictamen precisamente viene el sentido aprobatorio, quiere decir que ya un gran número de compañeras y compañeros Senadores que integran estas comisiones la analizaron y están de acuerdo con hacer esta modificación.
Pues bien, en ese sentido, yo les pido, y porque consideramos importante que en Sinaloa el estar cambiando el horario cada cierto tiempo no resulta nada benéfico, y a ello responde, esta presente propuesta, misma que, como ya comenté, ya fue analizada por las comisiones unidas, donde han considerado pertinente la aprobación de esta reforma al decreto ya comentado, por el que se establece el horario estacional aplicar en los Estados Unidos Mexicanos.
¿Qué beneficios vamos a tener con esto?
Se dejará de impactar en forma negativa el aspecto de salud de niñas, niños, adolescentes y la población en general.
Se optimizarán todo tipo de recursos humanos, financieros y materiales.
Se mejorarán los servicios de conectividad y de logística.
Se incrementará el ingreso de la población económicamente activa en todos los aspectos y, desde luego, en las familias.
Se harán más eficientes los servicios gubernamentales en materia de comercio exterior.
Se favorece el crecimiento de la población en un contexto donde las ciudades se mezclan entre sí conduciendo a varias formas de planificación y una mejor coordinación regional como puede ser observado hoy en día en otros estados de la República Mexicana, en las que a pesar de sus demarcaciones territoriales, donde están establecidas, la confluencia del comercio constituye mega-regiones, en este caso integrando el estado de Sonora con Sinaloa.
Al ser Sinaloa el mayor productos de hortalizas del país y principal proveedor de los Estados Unidos, sobre todo en los meses de invierno, así como otro tipo de granos y oleaginosas, y al utilizar principalmente la vía de transportaciones a través de Sonora y Arizona donde se da el 90 % de nuestras exportaciones, es que consideramos de amplio beneficio mantener y hacer, desde luego, el cambio correspondiente.
Que más de 260 mil ciudadanos del estado de Sinaloa, al que se adhieren muchísimos más que no alcanzaron a firmar este documento, estamos pidiendo a este Senado de la República.
Por el apoyo a esta reforma, por el apoyo a este decreto, gracias en representación de mis conciudadanos de mi estado de Sinaloa.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.
Compañeras y compañeros:
Creo que hay que revisar un poquito la historia, pues para poder revisar qué es lo que estamos hoy discutiendo aquí y entonces pensar cuál es la mejor forma de actuar como Senado de la República.
Hay que recordar que el Horario Estacional en México se instauró desde 1945, en plena Segunda Guerra Mundial.
Tenía una lógica empatar nuestro horario, particularmente con el vecino del norte, pues en medio de un conflicto armado de esa dimensión.
Y si bien es cierto, los posteriores intentos por tener un Horario Estacional, pues han tenido varios momentos bien interesantes dentro de la vida pública del país.
Desde aquel decreto de Vicente Fox, que después fuera declarado inconstitucional porque estaba invocando a una Convención, la Convención de Greenwich, que para efectos prácticos es eso, es una Convención, no un instrumento jurídico.
Era tanto como estar citando la Ley de Gravedad o la Ley de la Oferta y la Demanda, no me sorprende por quien lo afirmó en aquel momento, pero la Corte fue clara, lo declaró inconstitucional, se creó la ley.
Y recordamos que en aquel momento el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues tuvo un debate al respecto, y ese debate se resolvió en 2001 por la vía de una consulta muy amplia entre la ciudadanía.
Era el mecanismo que existía en ese momento para conocer el sentir de la población, la percepción que se tenía sobre un tema que afecta en lo más íntimo, en lo más personal de los ciudadanos con los elementos a favor y en contra.
En aquel momento esa consulta que llevó a cabo el Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, pues arrojó una serie de resultados que después fueron revertidos otra vez por un asunto de constitucionalidad y demás.
Pero lo relevante aquí, y cuento esta historia por una razón. No había mecanismos de participación ciudadana, de democracia directa, nosotros le dotamos a los mexicanos y a las mexicanas esos mecanismos.
Recuerdo el día que se votó y lo celebramos, los mexicanos tendremos la posibilidad de presentar una iniciativa ciudadana y entonces colectivamente ser legisladores.
Los ciudadanos podremos, por la vía de las firmas, hacer una consulta popular, y entonces preguntarle a la nación sobre un tema de relevancia nacional, y los ciudadanos podemos presentar candidaturas independientes.
Bueno, ¿cómo le ha ido a eso?
No voy a hablar aquí de las candidaturas independientes, pero sí de la iniciativa popular por una razón.
Cada vez que ha habido un esfuerzo de ciudadanas y de ciudadanos por recabar firmas, por creer, a pesar de los choques todos los días, vuelven a creer en la democracia, ¿qué les decimos? Les damos la espalda.
Cada vez que ha habido recolección de firmas por una causa que un grupo, que nunca debemos de desestimar porque no sean legisladores, o porque no sean políticos con capacidad legislativa.
Cada vez que lo han hecho, siempre, siempre reiteradamente les hemos dicho no, no están bien, no tienen todos los elementos.
¿O es que los ciudadanos, no saben, no entienden?
Miren, eso no solamente tiene que ver con Sinaloa, no solamente tiene que ver con estos 268 mil sinaloenses, tiene que ver con la respuesta que estamos teniendo.
Si otra vez este proceso llegó hasta acá, porque hay otros atorados, eh, varios; el de segunda vuelta. Y vaya, yo tengo una opinión sobre segunda vuelta, pero hay ciudadanos que tienen una opinión distinta.
Bueno, dejémoslo que se debata.
Y hay otros muchos temas que han estado atorados, esto ya llegó hasta acá. Y entones les vamos a decir no.
¿Entonces no habrá una simulación en los mecanismos de democracia directa que hemos planteado?
Porque también las consultas populares han sido todas rechazadas, empezando por la del petróleo.
Entonces, veámoslo más amplio. Hay quienes plantean que mientras se viva más al norte, se ahorra más.
Entonces, mientras estén más al norte, como los Estados Unidos, sí hay una lógica de ahorro.
Mientras más al sur, menos ahorro.
El ahorro que supuestamente, seguramente va a ser el argumento, que ya no se va a tener, vale la pena como una forma de reactivar y de tener en nuestra historia legislativa, haber sido los primeros Senadores que aceptamos una iniciativa ciudadana que está motivada y fundada por ciudadanos que tienen el derecho a la Constitución.
De eso se trata esta votación.
Yo lo que digo es: Démosles ese beneficio, démosles cartilla de mayoría de edad. Son 268 mil, son un montón. Creo que tienen derecho a decidir sobre su horario.
Les negamos en muchas otras ocasiones, incluido 3de3, por cierto, 734 mil dijeron no.
Bueno, ya, historia pasada.
Pues ésta vez les digamos que sí, les digamos que sí y dejemos que ellos también sean protagonistas de su destino.
Creo que de eso se trata y creo que nos puede salir bien.
Ojalá se logre el acuerdo.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Al no haber más oradores registrados, hágase los avisos a que se refiere el Artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
Señora Secretaria, pregunte usted si falta alguien por emitir su voto.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a las Senadoras y Senadores, si falta alguien por emitir su voto.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: El resultado de la votación indica falta de quórum.
En consecuencia, declararemos la conclusión de la sesión.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 20 de marzo, a las 11 horas.
Se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14:15 horas.
