SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL MARTES 13 DE FEBRERO DE 2018.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:42 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones del Presidente, le informo a la Asamblea que hasta el momento hay registrados ya 74 Senadoras y Senadores de la República.
Hay quórum, Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del martes 13 de febrero correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.
El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.
Quienes estén a favor, les pedimos como siempre, lo manifiesten levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, de igual manera les pedimos que lo manifiesten levantando su mano.
(La Asamblea no asiente)
Le informo, señor Presidente, que ha sido aprobada el acta.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibieron las siguientes comunicaciones:
Una, del Senador Ernesto Gándara Camou, con la que se remite el informe de su participación en la primera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, llevada a cabo del 22 al 26 de enero del año 2018, en Estrasburgo, Francia.
Una, del Senador Ricardo Urzúa Rivera, con la que se remite el informe de su participación en la sexta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrada del 23 al 28 de enero del año 2018, en Montreal, Canadá.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado de enterada.
Siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió también una comunicación suscrita por el Senador Manuel Bartlett Díaz, por la que se informa que por acuerdo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el Senador Zoé Robledo Aburto fue designado como Vicecoordinador Político.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.
Comuníquese a la Junta de Coordinación Política.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones:
Una, del Senador Manuel Bartlett Díaz, por la que se informa que el Senador Miguel Enrique Lucia Espejo se integra al grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Una, del Senador Marlon Berlanga Sánchez, por la que se informa de su determinación de integrarse al grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.
Instruyo a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios tome nota de las comunicaciones para lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General.
Siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le informo que también se recibieron las siguientes comunicaciones de Senadores por las que informan sus respectivas reincorporaciones a sus funciones legislativas.
Una, de la Senadora Graciela Ortiz González, a partir de ayer, 12 de febrero.
Una, del Senador Ricardo Urzúa Rivera, también a partir de ayer, 12 de febrero.
Una, del Senador Óscar Román Rosas González, igualmente a partir del día de ayer, 12 de febrero.
Una, de la Senadora Marcela Guerra, a partir del 13 de febrero.
Una, de la Senadora Acosta Islas, a partir del próximo 17 de febrero.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.
Comuníquense a las Secretarías Generales del Senado.
Siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con la que se nos envía de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al período octubre-diciembre del año 2017.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social.
Siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: También les informamos que se recibió de la Secretaría de Gobernación un oficio del segundo informe semestral de actividades del año 2017, del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicho informe a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió un oficio del Servicio de Administración Tributaria con el documento denominado: “Evolución de la actividad recaudatoria 2017 y Programas y Presupuesto 2018”.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase la documentación referida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió un oficio del Consejo Nacional de Armonización Contable, con su informe anual en el cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Remítase dicho informe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibieron dieciséis oficios de diversas dependencias con respuestas a acuerdos promovidos por Senadores y aprobados por la Comisión Permanente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Informo a la Asamblea que dichas respuestas se remitirán a los Senadores promoventes y se encuentran publicados en la Gaceta.
Siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.
Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.
Siguiente asunto.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: La Colegisladora nos envía también un oficio por el que se comunica modificaciones en la integración de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: La Asamblea ha quedado enterada.
Remítase copia a la Junta de Coordinación Política.
Pasamos ahora al apartado de presentación de iniciativas.
Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Hilda Flores Escalera, para presentar a nombre de diversos Senadores un proyecto de decreto que adiciona el artículo 115 constitucional, en materia de paridad de género.
En uso de la voz la Senadora Hilda Flores Escalera.
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenos días.
Con su permiso, señor Presidente.
Estimadas compañeras y compañeros:
Efectivamente, vengo a poner a su consideración la presentación de esta iniciativa que refirió el señor Presidente.
Y les comento, que en las sociedades contemporáneas existe una baja participación de las mujeres en los asuntos públicos debido a que la cultura reproduce estereotipos de género que asocia a las mujeres con el espacio privado fuera de las decisiones públicas.
Las causas son multifactoriales, y en cada situación deben ponerse en marcha distintas soluciones que abonen a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres.
El acceso a los cargos públicos ha tenido grandes dificultades, muestra de ello, es que en toda la historia latinoamericana sólo ha habido diez presidentas.
Y en México, donde ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, únicamente siete mujeres han sido gobernadoras.
Debido a esta preocupación, el 10 de febrero del 2014, fue publicada una reforma de gran calado para transformar el sistema electoral mexicano. Dicha reforma, que fue ampliamente discutida con el consenso de las principales fuerzas políticas, estableció al principio de paridad a nivel constitucional.
Ha habido avances significativos en el ámbito legislativo. Gracias al sistema de cuotas, la representación de las mujeres en el Congreso de la Unión aumentó considerablemente en pocos años.
Actualmente el Senado de la República cuenta con 48 mujeres que representa el 37.5 % de los escaños; y por su parte, en la Cámara de Diputados hay 112 mujeres, que son el 42.4 %.
A la par se ha aumentado y mejorado el diseño del financiamiento público a los partidos políticos a través del destino del 3 % del gasto ordinario a la capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgo político de las mujeres.
El aumento de la participación de las mujeres en la política está relacionado con el cambio de cultura y la voluntad política de las personas e instituciones que intervienen.
Como parte de este cambio institucional, se encuentran las medidas especiales de carácter temporal, también llamadas “Cuotas”. Esta medida tiene como fundamento el artículo 4º de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW.
A criterio del Comité de la CEDAW, las medidas especiales de carácter temporal tienen su fundamento en eliminar la discriminación entre hombres y mujeres, de tal manera que disminuyan las diferencias rápidamente.
Ahora bien, de acuerdo a la Unión Parlamentaria, en promedio, a nivel mundial, las mujeres en los parlamentos nacionales alcanzaron el 23.3 % de los escaños en 2016.
En 2016 también las mujeres ocuparon 16.8 % de los lugares en los congresos del mundo, por lo que subió 6.5 % en una década.
Como es posible advertir, México tiene una mayor participación de las mujeres en el ámbito legislativo que en la mayoría de los países en el mundo.
No obstante, en el ámbito municipal el avance es más reducido.
En 2014, en México había 180 alcaldesas en el país y en 2016 la cifra aumentó a 346, lo que significa apenas el 14 % de toda la República Mexicana.
No todas las entidades federativas han incorporado la paridad como parte de la elección y conformación de los ayuntamientos, de tal forma que resulta imperante establecer mecanismos idóneos para aumentar la participación de la mujer en los ayuntamientos.
De las 32 entidades federativas, 9 no han incluido plenamente las reglas de paridad horizontal y vertical.
Al respecto la paridad horizontal implica el otorgamiento paritario de candidaturas en la totalidad de municipios en dispuesta durante alguna elección, y por su parte la paridad vertical asegura que las planillas para la integración de un ayuntamiento, las regidurías y sindicaturas sean registradas de manera alternada entre hombres y mujeres.
Debido a que las leyes electorales dependen de las legislaturas de cada estado, es necesario reformar la Constitución para garantizar que todas las entidades federativas armonicen su marco legal para incorporar la paridad en los ayuntamientos.
Por esa razón, quienes suscribimos la presente iniciativa, proponemos elevar a rango constitucional el principio de paridad vertical y horizontal entre hombres y mujeres para la integración de ayuntamientos.
Este cambio incorporaría un tercer párrafo en la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adicionalmente dicha medida, abonaría a mejorar la calificación de la participación política de las mujeres dentro del proyecto Atenea, una iniciativa región de la Organización de las Naciones Unidas, donde México obtuvo un puntaje de 66.2, y en particular tuvo una baja calificación en porcentaje de alcaldesas, 29 puntos.
Estas acciones, pues contribuirían en la representación de las mujeres en el ámbito público, de tal forma, que se elimine la discriminación en contra de las mujeres.
Por su apoyo y atención, estimadas compañeras y compañeros, muchas gracias.
Es cuanto, estimado Presidente.
El Presidente Senador Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Hilda Flores Escalera.
Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Preguntarle a la Senadora Hilda Flores Escalera si puedo suscribir su iniciativa, sabiendo que es paridad entre los géneros a nivel de alcaldías, tanto horizontal como vertical y ojalá fuera la paridad para todo, pero para las alcaldías, por el momento, muy bien.
El Presidente Senador Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias.
Senadora Flores Escalera, desde luego la Senadora Flores Escalera es anuente a su solicitud.
Senador Héctor Larios en el mismo sentido solicita suscribirla, el Senador Romero Hicks.
Solicito a Servicios Parlamentarios tome nota de las Senadoras y de los Senadores, perdón, que están solicitando acompañar la iniciativa de la Senadora Flores Escalera.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Corresponde ahora el uso de la tribuna al Senador Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Educación y la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, en materia de tamiz metabólico.
En uso de la tribuna el Senador López Brito.
El Senador Salvador López Brito: Muchas gracias, Presidente.
Con su venia y deseando un buen día a todas y a todos mis compañeros Senadores.
Vengo ante este Pleno, proponiendo iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se harían reformas a la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación y una adición a la fracción XIII Bis, al artículo 50 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con la finalidad de fortalecer la educación en salud para toda la población, pero especialmente a las niñas y niños, así como a sus padres, tutores y maestros y el otro objetivo es detectar a tiempo a quienes tienen riesgo de sufrir lo que en estos momentos es una epidemia de grandes dimensiones en nuestro México, de sufrir la diabetes mellitus para evitar el que desarrollen esta enfermedad.
La cual si queremos realmente abatirla, debemos de iniciar con la prevención en esta fase, precisamente que es la infancia y la adolescencia, para ello me permito exponer los siguientes motivos:
En México, como en todo el mundo, sabemos el problema de las enfermedades crónicas, es cada vez más importante, esto es de particular trascendencia en el caso, como ya les comentaba de la diabetes mellitus, dado que ocasiona una gran morbilidad, es decir, una serie de problemas secundarios y lamentablemente mortalidad, una serie de discapacidades y afectaciones al individuo, pero también a su familia y su manejo y tratamiento vienen resultando cada vez más prolongados y onerosos.
Por lo anterior, es importante tener presente las siguientes consideraciones:
El problema de la diabetes mellitus y el riesgo de padecerla, es consecuencia de la falta de información adecuada para la población en general por la poca percepción de riesgo que significa esta enfermedad y la persistencia de mitos y malos consejos alrededor de la misma.
Hay un número determinado de pacientes diagnosticados con diabetes, pero hay un número importante de la población que sin saberlo, padece esta enfermedad.
El riesgo de padecer diabetes mellitus puede diagnosticarse desde la primera infancia, dado que se ha comprobado a nivel internacional y en un estudio realizado aquí en la Ciudad de México.
La Asociación de falta de educación para la salud y la falta de detección oportuna, del riesgo de padecer la diabetes mellitus, parece ser la responsable del panorama que actualmente, lamentablemente estamos observando en nuestro país, en relación a esta enfermedad.
Cuarta motivación. Los costos individuales, sociales y económicos derivados de la falta de atención adecuada y la falta de detección oportuna y la falta de complicaciones en la diabetes y otras enfermedades crónicas son enormes, de modo que muchas familias gastan más de la mitad de sus ingresos para atender a un miembro que sufre diabetes o sus complicaciones y el costo para los ministerios o secretarías de salud, tanto Latinoamérica como aquí en México es aún más grande, sobre todo porque la erogación mayor está en atender las complicaciones que a todo nivel se da como una de ellas, las cardiovasculares y las renales, que lamentablemente no tienen una curación precisa cuando se detectan ya tardíamente y mantienen con problemas de incapacidad al individuo por tiempos prolongados.
Es importante lograr que las niñas y los niños tengan una educación para la salud que les permita tomar las decisiones adecuadas para ellos mismos y desde luego también sus padres, conservar y promover su salud personal.
Segundo, es importante lograr que la detección de riesgo de padecer diabetes mellitus se realice desde la infancia, claro que sí se puede antes de que las niñas y los niños ingresen en muchos casos a la escuela primaria; es decir, desde el preescolar y, desde luego, a nivel básico ya se pueden hacer estas detecciones.
Y para lograr lo anterior es precios que se realicen algunas modificaciones en la Ley General de Salud, específicamente en lo que estoy proponiendo, el artículo 7, inciso noveno.
Me voy al cuerpo del decreto solicitando a la directiva que todo el resto de esta iniciativa sea contemplado en el Diario de los Debates.
Evidentemente todas las acciones que les he comentado requiere la labor coordinada de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, dado que la estrecha colaboración entre ambas permitirá lograr estos objetivos, así como también indicar que la detección de resistencia a la insulina, al síndrome metabólico y al riesgo de la diabetes, el tamiz metabólico puede implementarse en todas las clínicas y hospitales del país, pero lo más importante a bajo costo, siendo la detección de la glucosa capilar la única que puede requerir recursos extras y que este gasto representará un importante ahorro en caso de detectar resultados con anomalías.
Por lo anterior someto a esta Honorable Cámara de Senadores el siguiente proyecto de decreto.
Primero.- Se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente manera.
Artículo 7. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes objetivos.
Del uno y agregamos el noveno. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte por medio de la impartición de la materia de educación para la salud desde el nivel básico hasta el medio superior.
Hago un breve mensaje.
Es importante, así como tenemos en las diversas materias que se cursan en el nivel básico: matemáticas, geografía, idiomas, también agregar esta materia, la materia de educación para la salud desde el nivel básico hasta el medio superior.
Segundo. Se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 50 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la siguiente manera.
Artículo 50. —Que es el propuesto para adicionar— Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar el más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de los servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.
Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de —y estamos agregando la fracción VIII Bis— las niñas y niños deberán de ser evaluados a través de un tamiz metabólico por medio del servicio médico de las entidades de salud reportando el estado nutritivo de los niños y niñas a los padres, tutores y a la entidad educativa a razón de tomar las medidas de seguimiento, tratamiento y/o prevención de alguna enfermedad metabólica.
Abro también un paréntesis.
Quiero comentarles a ustedes que hay muchos estudios ya en algunas escuelas primarias de nuestro país donde a los niños se les están haciendo una serie de estudios desde glucosa, colesterol y triglicéridos, y estamos detectando ya en la niñez problemas metabólicos, es decir, descontroles y determinación de cifras que no deben de manejar los niños en cuanto algunas ocasiones glucosa o colesterol y triglicéridos que hablan ya de un desorden metabólico desde nuestra niñez. ¿Por qué? Asociados a sobrepeso, a obesidad infantil, o desde luego a otros desórdenes de tipo genético que pueden ser detectados desde la infancia.
Agrego un transitorio y someto a su consideración, y desde luego de las comisiones respectivas y una vez que pueda ser sometido al Pleno. Les pido el sumarnos a este esfuerzo para detectar a tiempo estas enfermedades metabólicas como la diabetes y otros cuadros dislipidémicos que están afectando ya a nuestra niñez, y desde luego en su fase terminal a nuestra población adulta.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Salvador López Brito.
Túrnese a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y de Estudios Legislativos.
La Senadora Lorena Cuéllar, solicita.
Senador López Brito, da usted su anuencia para que sea acompañada su iniciativa por la Senadora Lorena Cuéllar.
El Senador Santana en el mismo sentido.
El Senador Luis Sánchez y la Senadora Palafox.
Perdón, sonido en el escaño de la Senadora Palafox.
¿Con qué objeto, Senadora?
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: (Desde su escaño) Es con el mismo objeto.
Ese tema de la insuficiencia renal ha sido una constante que hemos traído a esta Legislatura desde el inicio, hemos trabajo en conjunto con el Senador López Brito, ese y otros temas más que son prioritarios para la salud.
Sobre todo en mi estado Tlaxcala donde está esta enfermedad completamente acendrada en poblaciones muy concretas.
Por lo que considero necesario reconocerle al Senador López Brito su insistencia y su tenacidad con este tema que hemos compartido en la Comisión de Salud, por lo que le pido respetuosamente me deje y me permita suscribir la iniciativa.
Muchas gracias, Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Palafox.
Solicitó el Senador Larios en el mismo sentido.
La Senadora De la Peña, igual.
Por favor, Servicios Parlamentarios tomar nota de las Senadoras y Senadores que han expresado su intención de acompañar la iniciativa del Senador López Brito.
Repito el turno. Túrnese a las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y de Estudios Legislativos.
Antes de proceder a la siguiente iniciativa.
Senador López Brito ¿con qué objeto?
Sonido en el escaño del Senador López Brito.
El Senador Salvador López Brito: (Desde su escaño) Le pido también, por favor, para opinión, sea también enviada a la Comisión de Salud, por favor.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se obsequia su solicitud, con todo gusto Senador López Brito.
Antes de la siguiente iniciativa que será presentada, el Senado de la República y esta Mesa Directiva quiere dar la mayor y más cordial de las bienvenidas a los distinguidos invitados del Senador Manuel Bartlett Díaz, que hoy nos honran con su presencia.
Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República.
(Aplausos)
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y se derogan diversas disposiciones al Código Civil Federal, en materia de matrimonio infantil.
En uso de la voz, el Senador David Monreal Ávila.
El Senador David Monreal Ávila: Gracias, Presidente.
Acudo a esta tribuna a presentar esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de matrimonio infantil.
El matrimonio ha sido concebido de diferentes formas de acuerdo con la organización e inclusive a las costumbres que rigen a las diversas sociedades.
En la legislación mexicana el matrimonio ha tenido una enorme evolución y los marcos normativos de cada entidad federativa son una clara muestra de ello.
En el Derecho Familiar se presenta como una manifestación libre de voluntades de los contrayentes ante la autoridad administrativa del Estado que la ley establece y con las formalidades que exigen, a fin de darle validez al acto.
Asimismo, de tal acto civil nacen una serie de derechos y obligaciones, los cuales se asumen para perseguir los fines del matrimonio.
Sin embargo, durante décadas una práctica amparada por la obsoleta regulación legal ha permitido que se lleve a cabo la celebración de matrimonios donde al menos una de las personas es menor de 18 años.
Lo anterior, a la luz de las implicaciones y efectos que derivan del matrimonio, es una problemática que ha incentivado múltiples violaciones a los derechos de los menores de edad quienes por razones naturales no se encuentran preparados para asumir la responsabilidad que conlleva el matrimonio.
El matrimonio infantil prematuro o precoz, se trata de la unión de dos personas en la que la menos una es menor de 18 años.
Las implicaciones de esta práctica nociva se asocian principalmente a la violación de diversos derechos de la infancia, puesto que se vulnera su desarrollo integral en múltiples esferas.
Por ejemplo, se violenta su derecho a la salud, principalmente respeto a la salud reproductiva, embarazos y maternidad prematura, el derecho a la educación por el abandono escolar y el rezago educativo.
Y en el caso de las niñas, se les inserta de forma prematura en un rol doméstico, lo que implica además de la explotación física una condición violatoria de la igualdad de género.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, apunta que algunas de las consecuencias del matrimonio prematuro se traducen en perjuicios psicológicos, violación al derecho a la salud y al control sobre la reproducción de las adolescentes, privación de la educación, así como la violencia y abandono.
Cada país ha establecido las condiciones para la celebración del matrimonio. No obstante, en muchos casos prevalece la permisión para que los menores de edad celebren tal acto.
En México, la práctica del matrimonio infantil afecta directamente a niñas y niños adolescentes, haciendo que la situación resulte preocupante de forma general.
Cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica en el 2014, arrojaron que en la distribución porcentual de las mujeres, según situación conyugal, 15 de cada 100 adolescentes se encuentran unidas en matrimonio.
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, estima que en el año 2015 el porcentaje de matrimonios de personas de 18 años ascendía a 3.95% a nivel nacional.
De igual forma, evidencia que las 10 entidades federativas con los mayores porcentajes son Guerrero, Michoacán, Campeche, Chiapas, Coahuila, Zacatecas, Durango, Puebla, Nayarit y Sinaloa.
Por otro lado, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, arrojan que a nivel nacional en el 2016 contrajeron matrimonio poco más de 11 mil menores de 18 años.
Las cifras demuestran que no se ha logrado erradicar una práctica violatoria de los derechos humanos de las miles de niñas, niños y adolescentes, quienes en la mayoría de las ocasiones no dan consentimiento propio a la celebración del matrimonio, dado que la legislación otorga tal atribución a terceros cercanos a los menores contrayentes, por ejemplo, a sus padres o tutores.
Por ejemplo, en el Código Civil Federal, legislación objeto de la presente iniciativa y que históricamente ha sido un modelo a seguir para las legislaciones locales, aún contempla la disposición que incentiva a la práctica del matrimonio infantil.
En cuanto a la edad, la Legislación Civil Federal vigente dispone: “Que pueden contraer matrimonio el hombre a los 16 años y la mujer a los 14 años”.
Las edades referidas corresponden a adolescentes o bien a niñas y niños de acuerdo a la concepción internacional por la que la disposición legal es cómplice de la práctica del matrimonio infantil.
Por otro lado, el Código Civil Federal también establece que se requiere del consentimiento de sus padres. O bien, a falta de éstos, el consentimiento de los abuelos.
El cuerpo normativo continúa diciendo que: “A falta de los anteriores, el Juez de lo Familiar puede suplir ese consentimiento”.
Como puede observarse, los diversos preceptos legales permiten que el matrimonio infantil se celebre con anuencia de la familia de los menores. O peor aún, se faculta a la autoridad para dar pie a la celebración de tal acto.
La legislación Civil Federal contiene diversas disposiciones relacionadas con la celebración del matrimonio con o entre menores de edad, situación que a todas luces contraviene no sólo a los derechos y garantías que otorga la Constitución Federal a este sector, sino también a las directrices y principios establecidos por la Comunidad Internacional.
La Organización de las Naciones Unidas, funcionarios y asociaciones civiles, han pedido que se erradique el matrimonio infantil en México, pues en el país el 6.5% de las mujeres se casaron antes de los 18 años.
El anterior pedimento se basó en la prevalencia de dispensas que incentivan el matrimonio infantil en las legislaciones de algunas entidades federativas.
Organizaciones no gubernamentales han considerado que la existencia de excepción o dispensa para permitir el matrimonio precoz, no ha favorecido el desarrollo pleno de niñas y niños adolescentes.
Por el contrario, desde hace décadas esta práctica ha significado la falta de acceso a prerrogativas fundamentales como la educación, la protección, la igualdad y no discriminación, la vida libre de violencia hacia las mujeres, interés superior de la niñez y de forma lacerante ha truncado los proyectos de vida.
En este sentido, la solicitud se ha hecho extensiva al Estado mexicano para tomar las medidas administrativas y legislativas que se coloque a la vanguardia de la protección de los derechos humanos instituida por el sistema universal.
Por los motivos expuestos, a través de la presente iniciativa, propongo modificar o incluso derogar múltiples disposiciones del Código Civil Federal en Materia de Matrimonio, a fin de atender a la exigencia de suprimir del ámbito legislativo todas aquellas normas y expresiones que incentiven o justifiquen dispensas y excepciones para la celebración de matrimonios en los que se vean implicados menores de edad.
Si bien la Legislación Federal en Materia Civil no determina directamente la puesta en práctica del matrimonio infantil en el país, es una realidad que se debe modificar tal marco, puesto que, como referí con antelación, históricamente ha fungido como un modelo a seguir para las legislaciones locales.
El contexto de protección a los derechos humanos de todas las personas es fundamental en la materialización de los principios que rigen su efectiva garantía.
De esta manera, los menores de edad se han convertido en un sector específico al cual se le debe proteger y garantizar todos y cada uno de sus derechos, erradicando de facto todas aquellas situaciones represente un obstáculo para el ejercicio pleno.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador David Monreal Ávila.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
Enseguida corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que propone la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.
En uso de la voz la Senadora De la Peña Gómez.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias.
Con su venia, señor Presidente.
Señoras Senadoras; señores Senadores:
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene como cometido subsanar las deficiencias que durante los últimos cinco años de esta administración no ha logrado concretar; es decir, ejecutar las políticas, los programas y las acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes.
Los datos que se tienen por diversas organizaciones especializadas, también las cifras oficiales que coinciden y, por supuesto, los informes de distintas organizaciones de la sociedad civil, todos son coincidentes en el señalamiento de que lejos de profesionalizar a las policías del país para enfrentar la criminalidad de alto impacto se optó por un modelo de centralización en una dependencia política, las tareas que antes estaban inscritas en la Secretaría de Seguridad Pública.
Esta institución, esta dependencia pública, como sabemos, es la Secretaría de Gobernación.
La evidencia demuestra que ha sido un error, la verdad, desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y otorgarle, por lo tanto, a la Secretaría de Gobernación, una dependencia de carácter política, todas las atribuciones que debiese tener, que antes tenía la Secretaría de Seguridad Pública y que prácticamente ahora han quedado circunscritas incluso a un nivel en donde las consecuencias hoy están a la luz en todo el país.
Con ello no sólo también se interrumpió el proceso de crecimiento y consolidación de la Policía Federal, no sólo se dejaron de desarrollar los diversos procesos internos de desarrollo, sino que además se permitió que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se debilitara en sus funciones de seguimiento técnico de las policías locales.
Por tanto, estamos proponiendo reestablecer como una dependencia técnica, profesional y especializada a la Secretaría de Seguridad Pública como la base para iniciar la implementación de un nuevo modelo de Seguridad Pública que tenga como premisa de su actuación la seguridad humana y sea la Secretaría encargada de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la ciudadanía, la seguridad de todas las personas de todas las edades en cualquier parte del país, siempre cuando sea requerida en función de sus atribuciones específicas.
Es necesario que esta institución coadyuve en la prevención del delito, también ejerza el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos con pleno respeto a los derechos humanos.
México, como sabemos, atraviesa por una de las peores crisis de violencia en su historia moderna, tenemos que seguir recordando que en los datos no hay manera de ocultar que el 2017 fue el año más violento en los últimos 20 años, y si bien las causas son diversas hay un factor común y determinante, que es el abandono del crecimiento del fortalecimiento de la consolidación de las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
No es materia de esta iniciativa que hoy estoy presentando, lo hemos hablando en otras ocasiones, lo hemos referido en otros momentos, pero este es el problema que tenemos que atender para poder definir con puntualidad el regreso de las Fuerzas Armadas gradualmente a ya no realizar tareas de policías.
Es importante, por lo tanto, reconstruir, resolver estos pendientes a partir de reconocer que la seguridad pública es un asunto de Estado, por cierto no solamente de una dependencia pública, sino, y mucho menos de una dependencia política, sino que tiene que ser en una dependencia profesional que tenga conocimiento pleno de la materia y que, por lo tanto, los resultados que se den sean medibles por la propia ciudadanía como lo demandan.
Hoy los resultados de este balance, de esta evaluación, en primerísimo lugar, vuelven a evidenciar que fue un error haber integrado a una dependencia política, como es la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública.
De tal manera que nuestra fracción, la del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hemos sido y seguiremos siendo insistentes en demandar la urgencia de una nueva concepción de la seguridad pública que respete los derechos humanos de la población, que sea especializada, profesional, que avance hacia la seguridad humana, que toda la población le tenga confianza, que le dé certidumbre y que, por supuesto, también nos sintamos orgullosos de las policías.
Quienes se dedican a esta profesión tienen que buscar la jubilación con honores como pasa en otros países y, por supuesto, hoy los resultados y el balance de las policías no es así, crean una gran desconfianza, están muy mal evaluadas, pero también hay que corregir que no sean maltratadas, esa es otra reforma que tenemos que emprender en la Constitución para evitar que no se les resten tampoco sus derechos laborales.
De tal manera que necesitamos, en una conclusión, dignificar la labor de las policías y, por lo tanto, estamos totalmente convencidos que para lograrlo en el marco de la construcción de un Estado democrático de derecho y democrático social, la seguridad pública tiene que fortalecerse para evitar que se siga militarizando la seguridad pública porque, como podemos enfatizarlo con toda puntualidad, esa no es la respuesta en un sistema democrático como el de México.
Por tanto, proponemos reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la que le pido al Presidente sea inscrita de manera integral en el Diario de los Debates.
Ojalá que nos demos tiempo, señoras y señores, a dictaminar esta iniciativa que, nos parece, es de una gran relevancia y, sobre todo, me parece, yo estoy convencida y mi grupo también, es lo que nos está pidiendo la gente, las personas, las niñas, los niños, las ciudadanas y ciudadanos que hoy, por desgracias, no pueden transitar ni en las calles de sus ciudades, ni de sus poblados, ni de sus comunidades, no pueden transitar con la seguridad que está establecida como un derecho fundamental en nuestra Constitución.
Por lo tanto, hay que corregir lo que tenemos que corregir.
Gracias a todos ustedes por su atención.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Angélica de la Peña.
Sonido en el escaño del Senador Salvador López Brito.
¿Con qué objeto, señor Senador?
El Senador Francisco Salvador López Brito: (Desde su escaño) Para solicitarle respetuosamente a la Senadora Angélica de la Peña si me permite sumarme a esta importante iniciativa, coincidiendo en lo general y en lo particular con las aseveraciones que ha dicho.
Fue un error de esta administración, fue un error de Peña haber desaparecido la Secretaría de Seguridad que tenía ya equipamiento e infraestructura, experiencia y calificación importante para haberle dado continuidad bajo una manera profesional, responsable y con la profesionalidad, pues, de la policía que se estaba preparando, para haberle dado continuidad a la lucha contra la inseguridad en México.
Coincido y si me permite sumarme.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador López Brito.
Senadora De la Peña, si usted lo aprueba.
El Senador Mario Delgado, ¿con el mismo propósito, señor o desea hacer uso de la voz?
El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Si me permite acompañarla en su iniciativa, suscribirla.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora, en el mismo sentido se están manifestando el Senador Santana, algunas Senadoras y Senadores.
La Senadora De la Peña ha expresado su aquiescencia para ser acompañada en su iniciativa por los Senadores que así lo están solicitando.
Solicito a Servicios Parlamentarios tome nota de quienes así lo han expresado.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.
En una segunda ronda de iniciativas corresponde el uso de la tribuna a la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de medidas para la inclusión financiera.
En uso de la voz la Senadora Herrera Anzaldo.
La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros:
Uno de los propósitos que debemos fijarnos como sociedad es lograr que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades y que todos podamos gozar de los mismos derechos.
El primer paso es reconocer que somos diferentes y que cada uno de nosotros enfrentamos retos y circunstancias particulares.
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, Enadid, con datos de 2014 establecía que aproximadamente 6 % de los habitantes de nuestro país, es decir, 7.1 millones de personas no pueden o tienen mucha dificultad para realizar actividades como: caminar, subir o bajar usando sus piernas, ver, mover, usar sus brazos o manos, aprender, recordar o concentrarse, escuchar, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse o tienen problemas emocionales o mentales.
Por supuesto que estaremos de acuerdo en que nadie debe quedar rezagado y los derechos con los que contamos deben ser para todas y todos.
En un México que transita por generar igualdad y equidad entre quienes habitamos este país, necesitamos oportunidades que permitan que las personas adultas mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad puedan utilizar cualquier entorno, producto o servicio en el entendido de que son estos últimos los que deben adaptarse a las personas y a sus diferentes necesidades.
Los servicios financieros son un elemento esencial para el crecimiento y desarrollo económico de la personas, nadie debería quedar excluido y debemos contar con mecanismos para que todos podamos gozar y tener acceso a ellos.
La inclusión financiera empodera a las personas, agranda los mercados y mueve nuestra economía.
Si bien, las entidades que conforman nuestro sistema bancario han logrado, hay que reconocerlo, implementar acciones a favor de la inclusión financiera, también es necesario reforzarlas.
Recordando que México es uno de los 25 países que, junto con el Banco Mundial han priorizado los esfuerzos para alcanzar el acceso financiero universal, fijándose como propósito el año 2020.
Por tanto, el gobierno mexicano ha implementado diferentes acciones para que la población se incluya y reciba beneficios del sistema financiero, por ejemplo, la política nacional de inclusión financiera facilita el acceso a: cuentas de ahorro, contratación de seguros, obtener un crédito o aprovechar los avances tecnológicos para ampliar los servicios financieros al tiempo de brindar a la población los conocimientos necesarios para hacer uso responsable de estos servicios y, desde luego, busca que todos los mexicanos y mexicanas sin distinción alguna puedan tener acceso al sistema financiero.
Sin embargo, necesitamos reconocer que han quedado desatendidas las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Es por ello que, desde el Legislativo podemos y debemos fortalecer las políticas públicas y coadyuvar en beneficio de todos los grupos poblacionales.
Una de las problemáticas medulares que motivan esta iniciativa, que pongo a su consideración, radica en que cuando una persona desea abrir una cuenta de banco, la entidad financiera lo hace mediante un contrato de adhesión que tiene como fin establecer una relación entre la entidad financiera y una persona física de la cual surgen diversos derechos y obligaciones en relación con los servicios que ofrece la institución financiera.
El problema surge cuando el potencial cliente, que desea contratar un servicio es una persona con ceguera o debilidad visual, pues los bancos no cuentan con una versión del contrato en lenguaje Braille u otros medios tecnológicos que permitan su conocimiento, su entendimiento y secrecía y, muchos de estos clientes, pues tampoco pueden ser asistidos por un tercero que les pueda leer las cláusulas del contrato.
La inclusión financiera se trata de ser más fácil, cómodo y entendible lo que para algunos es difícil y complejo.
La ONU ha referido que los estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y documentación sean accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad con la finalidad de dotarles de acceso a la información y, por tanto, de la documentación escrita debiendo utilizar el sistema Braille u otras tecnologías.
En este sentido la Cámara de Senadores debe ser promotora, como lo hemos hecho en otras ocasiones de la inclusión de personas con discapacidad en la vida social, democrática y, por supuesto, financiera.
Actualizar la legislación en la materia favorecerá la inclusión de la población mexicana que sufre distintos grados de ceguera o debilidad visual un segmento de la población en la cual se encuentran personas con discapacidad potencial, en el caso de las niñas y los niños que les impide realizar alguna actividad económica en el sistema financiero.
Diseñar un acceso de servicios financieros para todos, radica en la idea de que todos puedan utilizar de igual forma y en cualquier entorno cualquier tipo de productos o servicios.
Esta iniciativa que presento ante ustedes busca garantizar la información y, en su caso, permitir y promover la contratación informada para toda la población con el objetivo de contribuir con dos de los cuatro componentes que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha señalado para la inclusión financiera.
El primero, el acceso ligado a la penetración geográfica.
El segundo, es el uso vinculado a la disponibilidad de mejores productos en términos de calidad y de mayor eficacia.
El tercero, la protección al consumidor.
El cuarto, la educación financiera.
Y esta iniciativa que presento ante ustedes tiene el propósito doble, de acercar los servicios de la banca a las personas con discapacidad visual y protege, iguala y fortalece sus derechos fundamentales.
Actualizar la legislación en la materia, compañeros y compañeras favorecerá la inclusión de la población mexicana que sufre distintos grados de ceguera o debilidad visual, y quiero reiterar aquí que la política debe servir para proponer, para construir, para oponer o criticar, sí, pero siempre con una visión constructiva.
Sólo así, ganaremos un mejor futuro para todas y todos.
Quisiera también exhortar desde aquí a las instituciones financieras y bancarias a que, independientemente de la eventual aprobación de esta iniciativa que hoy presento, adopten todas las medidas que favorezcan la inclusión y que permitan al mayor número de personas acceder a los servicios financieros que ofrecen sin que existan limitantes para ello.
Compañeras y compañeros:
Les invito a sumarse a esta causa, a sumar más derechos a todos los mexicanos, es nuestra obligación legislar a favor de un país de libertades democráticas para todos.
Todo pues con el anhelo de construir un país más justo e igualitario y, bueno, pues, por eso presento este decreto de reformas a la ley para la transparencia y ordenamiento de servicios financieros que va a favorecer, de ser aprobado por esta cámara, la inclusión financiera de al menos 30 % de la población en México.
Muchísimas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.
Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zona Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de reforzamiento de la protección a zonas arqueológicas.
En uso de la voz la Senadora Guzmán Avilés.
La Senadora María del Rosario Guzmán Avilés: Con su permiso, Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:
Las zonas arqueológicas en nuestro país son, sin duda, un sello de nuestra cultura en el mundo.
México cuenta con más de 2 mil sitios arqueológicos registrados en su territorio, pero sólo 187 están abiertos al público bajo resguardo del INAH, los 365 días del año.
Estas zonas arqueológicas son visitadas por millones de mexicanos y extranjeros para admirar la grandeza y majestuosidad de las obras de nuestros antepasados.
De estos sitios, ocho se encuentran en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y la Pirámide de Kukulkán, en Chichen Itzá, es considerada una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.
En nuestro país, año con año, las zonas arqueológicas logran provocar una derrama económica de suma importancia para las regiones donde se encuentran.
Así, los habitantes de estas ciudades se ven beneficiados por el turismo nacional e internacional.
La protección de las zonas arqueológicas es una tarea importantísima para mantener los centros ceremoniales y obras ancestrales en perfecto estado, lo cual no es una tarea sencilla, pues se encuentra con el riesgo y la posibilidad de algún visitante pueda dañar o perjudicar el estado de las mismas en cualquier momento.
Los bienes arqueológicos y las zonas donde se encuentran son patrimonio de la nación y cualquier maltrato o violación a ellos se considera como una conducta antijurídica punible.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, regula, entre otras cosas, lo relativo a la conservación y el cuidado de las zonas arqueológicas.
También es un ordenamiento que regula las sanciones a las que serán acreedores todos aquellos que violen los preceptos enunciados como prohibidos por la ley en comento.
La protección de las zonas arqueológicas se expande, incluso, a la reproducción de imágenes sin autorización de las autoridades, e incluso, el uso de cámaras fotográficas profesionales. Sin embargo, el uso de drones no se encuentra regulado dentro de la mencionada ley.
La necesidad de que nuestras leyes se encuentren actualizadas y vayan al ritmo de un mundo globalizado, nos obliga a incluir el tema de los drones dentro de ellas.
Un dron es un vehículo aéreo que vuela sin tripulación. Su nombre deriva del inglés Dron, que en español significa “Abeja Macho”.
Existen drones de diversos tamaños y con diferentes finalidades, donde la principal característica es que su vuelvo es dirigido a control remoto.
Sin embargo, también existen los que son conducidos mediante la intervención de un sistema operativo y no de manera directa por un piloto desde tierra.
De lo anterior, deriva la necesidad de regular el uso de los drones para las zonas arqueológicas, toda vez que al ser zonas federales protegidas, la utilización de drones dentro de ellas, deben de ser autorizadas por las autoridades correspondientes, puesto que el uso de drones podrían causarse daños a los monumentos históricos, o incluso, en un plano de mayor protección podrían ser conducto de espionaje o utilizados con intenciones de afectar los bienes nacionales.
El Capítulo VI de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, regula lo relativo a las sanciones para aquellos que incumplen con lo enunciado en dichos artículos.
Sin embargo, no se encuentra regulado el uso de drones dentro de las zonas arqueológicas.
Por lo tanto, se propone la creación del artículo 54 Bis en dicha ley, que establece: “Que para poder sobrevolar alguna zona arqueológica se requerirá la autorización expresa de las autoridades del lugar para así vigilar e inspeccionar que el sobrevuelo no dañe ningún objeto, ni construcción de la zona arqueológica”.
En caso de incumplir con este artículo, se podrá imponer prisión de 3 a 10 años, y de 2 mil a 5 mil días multa.
Es importante mencionar que la penalización es homologada a las demás que prevé esta ley.
De esta forma se consolidaría la protección a las zonas arqueológicas a un plano mayor, puesto que si bien, en muchas ocasiones el sobrevuelo de los drones, dentro de ellas, tienen fines recreativos o no comerciales, también podrían tener fines ilícitos, por lo que se estima necesario que las autoridades competentes autoricen y supervisen el uso de dichos instrumentos para garantizar la protección de los bienes de la nación.
Por otro lado, entre el catálogo de conductas señaladas en el Capítulo VI de la Ley, no se contempla sanción alguna para todo aquel que ingreso o trate de ingresar a las zonas arqueológicas fuera de los horarios permitidos o sin autorización expresa de las autoridades correspondientes, por lo que se propone la creación del artículo 54 Ter, con la finalidad de establecer una sanción para aquellos que caigan en ese supuesto.
Al ser una ley destinada a la conservación y el cuidado de las zonas arqueológicas, no se encuentra regulada sanción alguna por ingresar o tratar de ingresar fuera de los horarios permitidos, lo cual es sumamente importante.
La finalidad de ambas propuestas es la protección a los bienes de la nación que son considerados como tesoros de las culturas prehispánicas que se establecieron en el territorio nacional y aportaron, además de conocimientos astrológicos, inventos y tradiciones.
Un sello arquitectónico en la historia con las construcciones de los centros ceremoniales, que además de atraer al turismo nacional e internacional, generan empleos para antropólogos, historiadores, arquitectos, ingenieros y demás profesionistas que se encargan del mantenimiento, cuidado y estudio de los bienes arqueológicos.
La aprobación de este proyecto sería un avance para la protección de las zonas arqueológicas de nuestro país, que además fortalecerán el cuidado de las mismas garantizando que las conductas que se encuentren contrarias a la ley, serán objeto de sanción.
Es menester de la autoridad actuar con la fuerza del Estado para garantizar que los bienes nacionales conserven su buen estado y puedan seguir siendo un tesoro para nuestro país.
Compañeras y compañeros Senadores:
Pido a ustedes que seamos parte de esta iniciativa.
Que de aprobarse y llevarse estos artículos a la ley, crearíamos dos herramientas protectoras de las zonas arqueológicas, que sin duda colaborarán a mantener, además del orden dentro de ellas, el buen estado de las mismas, y así perduran muchos años más.
Es cuanto, Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Guzmán Avilés.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera.
El Senado de la República se complace en extender su beneplácito y la más cordial de las bienvenidas al Senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que esta mañana nos honra con su presencia.
Bienvenido, señor Senador, señor Gobernador
(Aplausos)
El Gobernador García Cabeza de Vaca, está realizando una acción muy loable por los niños del estado de Tamaulipas, y estará pasando él y su equipo a las oficinas de los señores Senadores para solicitar nuestro apoyo, nuestra cooperación, para favorecer la causa noble de los niños tamaulipecos.
Bienvenido señor Gobernador García Cabeza de Vaca, al Senado de la República, su casa.
(Aplausos)
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en materia de contratación electrónica de seguros.
En uso de la tribuna, la Senadora Cuéllar Cisneros.
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:
La presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, a efecto de que bancos y aseguradoras garanticen un mayor respaldo y certeza a los usuarios cuando lleven a cabo algún contrato de operaciones o servicios por medios electrónicos.
Para esto se propone reformar el artículo 214 y añadir las fracciones V y VI para que los contratos respectivos se establezcan el tiempo, modo y forma en donde el cliente acepte la ejecución o contratación del servicio u operación.
Además, se contempla un período de espera de al menos 90 días naturales sin penalización económica o administrativa para determinar la aceptación del cliente en los términos establecidos.
Esta es una propuesta que surge de la inquietud de usuarios de tarjetas de crédito y débito, mismas que desde hace algún tiempo reciben llamadas telefónicas de distintas empresas que ofrecen sus productos y servicios con el objetivo de lograr una venta.
Esta situación los ha puesto en peligro a causa de las peculiares formas de engaño que provienen de estos promotores que inducen la contratación de servicios adicionales sin conocimiento y consentimiento pleno.
Frente a este tipo de actuaciones dolosas, la Condusef ha alertado su modo de operación de la siguiente manera:
1.- Una persona o promotor de servicio se comunica vía telefónica y ofrece al cliente no pagar la anualidad de la tarjeta de crédito, se acepta contratar un seguro por tres meses, el cual, posteriormente, puede cancelarse, aunque en realidad es casi imposible darlo de baja, además de que siguen cobrando la anualidad en la tarjeta de crédito.
2.- Vía telefónica un promotor señala que la tarjeta salió premiada con un seguro completamente gratis, para esto solicitan datos para enviar la información del seguro y en los estados de cuenta posteriores, aparecen ya cargos de este seguro, supuestamente contratado.
3.- Vía telefónica nos dicen que por un solo pago se otorgará una póliza de seguro que la realidad, cada mes es cargada una prima.
4.- En los cajeros automáticos entre una pantalla y otra, aparece la opción de contratar un seguro y muchas veces sin querer el usuario aprieta el botón equivocado, dando en aceptar y de forma inmediata hacen un cargo a la cuenta, a la tarjeta de crédito para cubrir la mensualidad de un supuesto seguro.
Como vemos, ante una práctica deshonesta e ilegal que desde hace algunos años ha elevado el número de quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, en los últimos cinco años, las reclamaciones presentadas por este tipo de casos ascienden a 33 mil 623, es decir, un promedio de 6 mil 725 inconformidades al año, casi una por hora.
Uno. En consecuencia debemos fortalecer los alcances de nuestra legislación, pues actualmente en términos del artículo 214 de la Ley en comento, en los contratos celebrados por medios electrónicos, únicamente se establecen bases mínimas que comprenden el señalamiento de operaciones y servicio cuya prestación se pacte.
Dos. Los medios de identificación del usuario así como las responsabilidades del uso.
Tres. Los medios que hagan constar la creación, transmisión y modificaciones o exención de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones de servicios de que se trate.
Cuatro. Los mecanismos de confirmación de la realización de las operaciones celebradas a través de cualquier medio electrónico.
Si bien, las reformas en materia financiera de los últimos años han aumentado de 65 al 129, las facultades de la Condusef y ha aumentado su capacidad de supervisión a entidades financieras y sectoriales, es necesario generar cambios que fortalezcan al usuario, llegando de manera efectiva a la población de sus ingresos bajo resguardo de las instituciones bancarias.
A causa de estos problemas recientemente, la Asociación de Bancos de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros acordaron un protocolo comercial para la venta de seguros a través de tele mercadeo en donde establecieron el cumplimiento de un protocolo de reglas mínimas.
Pese a esto, las denuncias continúan a la alza, situación que es inadmisible, pues con una simple llamada telefónica o un error en el cajero, los usuarios nos vemos expuestos a tantos problemas, no obstante que en muchos casos manifestamos la negativa a recibir este tipo de servicios de seguros.
Hoy casos documentados en que se toma el consentimiento de quien conteste el teléfono, así sea un menor de edad o alguna persona extraña a la familia, llegando a existir denuncias por contrataciones que supuestamente hicieron personas que llevan años fallecidos.
Esto es increíble, inaudito, pues además de los graves problemas que enfrenta el país de desempleo, violencia, delincuencia organizada, pobreza extrema, inseguridad y corrupción, ahora tenemos que vivir padeciendo situaciones como esta que sin duda nos indignan y generan un clima de desconfianza e incertidumbre, sobre todo en potencia hacia nuestras instituciones.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Cuéllar Cisneros.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera.
Enseguida tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Morón Orozco, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía, en materia de requisitos para integrar la Junta de Gobierno del Inegi.
En uso de la voz, el Senador Morón Orozco.
El Senador Raúl Morón Orozco: Gracias, Senador Presidente.
Compañeras Senadoras, compañeros Senadores:
Como todas y todos sabemos, este sexenio no ha sido solamente el de la consolidación profesional de las instituciones del Estado mexicano, ni tampoco se ha caracterizado por su transparencia y pertinencia en la designaciones de cargos públicos y que vistas estas designaciones, ya en una perspectiva de seis años, lo que sí se ha generado es una serie de amplios cuestionamientos al Poder Ejecutivo, el debilitamiento mismo del Estado mexicano y de sus instituciones.
En este sexenio no se ha logrado construir una ética pública, una axiología de servidores públicos que haya dejado en la sociedad mexicana, la certeza de que el poder público se está reformando para salir del fango histórico en el que nos encontramos.
A esta ausencia vergonzosa de una ética pública y las consecuencias debían haber sido las designaciones de funcionarios con trayectoria impecable, incuestionable, se le suman el propio crecimiento económico, la inseguridad, la impunidad y más corrupción.
No se castiga, no se denuncia, no hay sanciones para quien comete delitos, somos un país que se distingue por esta impunidad generalizada y señalada como a nivel nacional como internacional, y esto también tiene que ver con la ambigüedad de ciertas leyes, de sus vacíos, así como con el incumplimiento de estas mismas leyes o de su interpretación a modo para imponer perfiles a ciertos cargos públicos que en ningún caso serían los idóneos.
La reforma que hoy proponemos y que modifica la fracción III, adicionando una fracción IV al artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía tiene la intención de darle certidumbre a la designación de las y los integrantes de la Junta de Gobierno del Inegi al señalar que uno de los requisitos para aspirar a este cargo será el de no presentar conflicto de interés alguno.
Yo los convoco a que esta Legislatura deje un legado mínimo de transparencia y certeza que sirva para construir esa ética política que tanto exige y necesita el pueblo de México. Esta reforma apunta en ese sentido, convoca a fortalecer a los diferentes institutos descentralizados o con autonomía técnica y de gestión, no dando lugar a la imposición de perfiles políticos o con intereses privados, que además no siempre cumplen con los otros requisitos de elegibilidad en áreas de la función pública que competen a la viabilidad misma del Estado mexicano, a su credibilidad y pertinencia para atender los asuntos más complejos que enfrenta el país.
La desafortunada experiencia que hemos vivido en esta Cámara no se debe repetir y mucho menos podemos dejar el vacío en la ley que pueda ocasionar esta ambigüedad que generan procesos de designación de dudosa pertinencia, llegando, incluso, a la denuncias públicas por la falsedad de datos curriculares a denunciar la falta de preparación y experiencia laboral e incumplimiento de los requisitos legales hasta las peticiones presentadas por académicos y la sociedad civil organizada a la Presidencia de la República y al Senado, y que exigían se cumplieran los criterios de elegibilidad, y sobre todo, que la ciudadana o ciudadano que llegar a ocupar una silla en la junta del Inegi debería de contar con una trayectoria idónea que el perfil para este tipo de funciones fuera tanto impecable como más allá de toda duda en su profesionalismo, capacidad técnica y compromiso institucional sin conflicto alguno de intereses y bajo el imperativo de una ética pública.
Estamos en el último tramo de un sexenio sumamente complicado, difícil para todos y todas las mexicanas y los mexicanos y con las instituciones del Estado en una situación lamentable, con muy baja credibilidad, todavía sin esa ética pública que se necesita para rescatar al Estado mexicano de las garras de la impunidad y la corrupción.
Por eso cuando hablamos del Inegi debemos mencionar y hacer consciente su importancia en la vida económica y social del país, ya que es en este instituto donde se generan las estadísticas más importantes para la toma de decisiones que dependen tanto de su calidad como de su pertinencia y que deben estar más allá de todo interés privado o partidista, ya que son estratégicas en el desarrollo mismo del país, muchas decisiones de orden económico y social se toman a partir de la labor y del valiosísimo trabajo del Inegi.
Como sabemos, la Junta de Gobierno del Inegi define y decide qué información es de interés nacional, además de que aprueba la normatividad interna y los planes y programas de trabajo de ese instituto.
Debemos evitar que los procesos de deliberación y designación de integrantes de la Junta del Gobierno del Inegi se vicien. Por el contrario, deben contar con una ley clara y nada ambigua que permita inmediatamente encauzar las designaciones desde el inicio del proceso hacia perfiles incuestionables, impecables y elegibles, con pesos y contrapesos que frenen inmediatamente actos ilegítimos y legales.
Estoy convencido de que es necesario fortalecer los requisitos que deben reunir un aspirante a ser nombrado como integrante de la Junta de Gobierno del Inegi, y que debemos actualizar la terminología de sus figuras jurídicas en la ley que rige a esta institución, esto para evitar que situaciones lamentables se repitan en nombramientos futuros.
Por tal motivo, hago la propuesta de adicionar entre otros un requisito de ilegibilidad que exprese enfáticamente no presentar ningún conflicto de intereses en lo que se refiere al perfil propuesto para integrar la Junta de Gobierno del Inegi, lo cual debe adicionarse al marco jurídico que rige este instituto, pues esta incidencia puede ser trascendental para favorecer a un interés particular o privado para que participen de manera ilegítima en las tareas sustantivas del Inegi, y con ello poner en riesgo la calidad y credibilidad de los datos presentados de manera pública.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía debe fortalecer la autonomía y calidad para recopilar, precisar, difundir información de vital importancia para todas y todos los mexicanos, una fuente de información e interpretación de primer orden en la elaboración de políticas públicas y programas de gobierno, en la planeación económica, social, así como en la misma toma de decisiones, una herramienta invaluable para académicos, investigadores e instituciones nacionales internacionales, así como la vida de todas y todos los mexicanos.
El Inegi es uno de los grandes soportes en la modernización y democratización del país, lo mínimo que podemos hacer al final de este sexenio es darle certeza a su ley para que los perfiles de las y los ciudadanos que aspiren legítimamente a integrar su Junta de Gobierno sean las de los y las mexicanos y mexicanas absolutamente idóneos e intachables en su trayectoria y acciones de orden público.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Morón Orozco.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Población y de Desarrollo y de Estudios Legislativos.
El siguiente asunto en nuestra agenda es la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.
En otro apartado de nuestra agenda tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4° constitucional, en materia de interés superior de la niñez.
Les informo que la primera lectura de este dictamen ocurrió el 13 de diciembre pasado.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se omite la lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria.
Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
En uso de la voz el Senador Enrique Burgos García.
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Presidente, son su permiso.
Honorable Asamblea:
Conforme a nuestras disposiciones reglamentarias hago uso de esta tribuna para presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, en torno a la minuta con proyecto de decreto que propone reforma al Apartado B del artículo 102 constitucional, para confiar a los organismos nacionales y locales de Protección de los Derechos Humanos, el deber de vigilar por el respeto y cumplimiento del Principio de Interés Superior de la Niñez por parte de las autoridades del país.
Dejo constancia del reconocimiento al trabajo de los integrantes de las comisiones dictaminadores y, desde luego, de la Senadora María Elena García Gómez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
Por las razones que ahora expondré, el dictamen en cuestión propone modificar la minuta aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados y devolverla a ese órgano, para que como Cámara de origen valore y considere las adecuaciones que se plantean, por supuesto, sujetas a la determinación de esta Honorable Asamblea Senatorial.
Nos encontramos, así lo pensamos los integrantes de las comisiones dictaminadoras, ante un tema en cuya esencia y fondo coincidimos, la salvaguarda del principio del Interés Superior de la Niñez en la actuación de las autoridades del país.
Sin embargo, planteamos a ustedes una proposición distinta a la aprobada por la Colegisladora.
En la Cámara de origen se determinó a partir de un proyecto para adicionar el artículo 4º constitucional, donde se encuentra plasmado el Principio del Interés Superior de la Niñez, que la modificación propuesta se llevara al Apartado B del artículo 102 constitucional, donde se norman los organismos constitucionales autónomos de protección a los derechos humanos para conferirles el mandato de vigilar que las autoridades de la Federación y de las entidades federativas desempeñen sus funciones con pleno respeto al Principio del Interés Superior de la Niñez, Niños y Adolescentes, sin demérito de las facultades de los organismos especializados en los asuntos de la niñez.
Como ustedes conocen el párrafo 9 vigente, del artículo 4 constitucional, da cabida al Principio del Interés Superior de la Niñez para normar la actuación del Estado mexicano. Dicho principio se encuentra plasmado en el párrafo 1, del artículo 3, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, vinculante para nuestro país, a partir del 21 de octubre de 1990, al señalar lo siguiente: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el lnterés Superior de la Niñez”.
De conformidad con la sistemática de la concepción de los derechos humanos en nuestro país, a partir de la Reforma Constitucional y en la materia de 2011, cobró un nuevo significado la dimensión de la responsabilidad de toda autoridad en la esfera de sus facultades con el imperio efectivo de las libertades y derechos fundamentales.
En efecto, el párrafo 3, del artículo 1 de nuestra norma suprema, señala: “Todas la autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad.
Saben, señor Presidente, perdón, se trata no de su servidor, se trata de la Constitución; se trata de la Constitución y de la niñez.
Ojalá el Pleno nos pudiera dar un segundito.
A la luz de la disposición del instrumento internacional citado y del texto del artículo 1 constitucional, que sustentan el deber jurídico: “De que toda autoridad promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos, las comisiones dictaminadoras estimamos que la adición propuesta al Apartado B del 102 constitucional, seguramente en forma involuntaria puede llevar implícitamente a una hipótesis posiblemente insuficiente para el Principio de Interés Superior de la Niñez.
Así, al señalar una competencia específica para los organismos de protección de los derechos humanos en materia de vigilancia sobre la salvaguarda y promoción del principio mencionado, cuando su competencia en torno a la promoción y vigencia de los derechos humanos es omnicomprensiva…
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Senador, le suplico me disculpe un segundo.
Solicito respetuosamente a las Senadoras y los Senadores, guardar el debido respeto y silencio para escuchar al Senador en uso de la tribuna.
Respetuosamente, solicito a los Senadores guardemos silencio.
El Senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor Presidente.
En este orden de ideas, es que las comisiones unidas que estudiamos la minuta en cuestión, proponemos retomar el espíritu de lo discutido y votado en la Cámara de origen, para proponer que se adicione un nuevo párrafo 10 al artículo 4º constitucional, que elucide en forma indubitable: “Que las autoridades de los tres órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán salvaguardar el cumplimiento del Principio de Interés Superior de la Niñez”.
En otras palabras, que es una obligación de toda autoridad en el ejercicio de sus facultades y atribuciones y que los organismos nacional y locales de protección a los derechos humanos, tienen como hasta ahora la competencia para proteger los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes reconocidos por el Orden Jurídico Nacional, que incluye la aplicación irrestricta del Interés Superior de la Niñez en su atención y cumplimiento.
Apreciables Senadoras y Senadores, con fundamento en las razones expuestas, solicitamos su voto favorable a esta propuesta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias a usted, Senador Enrique Burgos.
Está a discusión en lo general.
Informo a esta soberanía que se han registrado para participar en la discusión en lo general, en el siguiente orden, los Senadores que mencionaré.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido del Trabajo, para hablar a favor; el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional, para hablar en pro; la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Partido del Trabajo, para hablar a favor y el Senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, también para hablar a favor.
Ha solicitado también ser registrada, y con mucho gusto queda incluida en la relación, la Senadora Angélica de la Peña Gómez; y la Senadora Ainara Rementería Coello, del Partido Revolucionario Institucional. Ambas Senadoras para hablar a favor.
En uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido del Trabajo, para hablar en pro.
Quiero informar a la Asamblea, si me permites Senador Demédicis, informarle a esta soberanía que se recibió en la Mesa Directiva del Senador Benjamín Robles Montoya, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, su intervención para presentar el dictamen en comento, mismo que será íntegramente incorporado al Diario de los Debates.
Por favor, Senador Demédicis, en uso de la voz.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias.
Con su venia, compañero Presidente.
Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:
Cuando se hace una adición como ésta, aunque sea enunciativa, la celebramos y la vamos a votar a favor, por supuesto.
Pero es importantísimo que el Senado de la República, a partir del poderes que ostenta haga ya compromisos serios para atender las urgencias de lo más hermoso que tiene un país, que son sus niñas, que son sus niños y que son sus adolescentes.
¿Qué dice la adición? “Corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, salvaguardar el cumplimiento del Principio del Interés Superior de la Niñez”.
Y la pregunta que le hago a mis compañeros Senadores y a mis compañeras Senadoras, ¿con qué? Ese es el problema, ¿con qué?
Cuando hablamos del Interés Superior de la Niñez, nos tenemos que remitir a la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes y vamos a encontrar ahí una lista de sus derechos. Dos que voy a tratar en este momento:
Uno, el derecho a la alimentación y que va engarzado con el derecho a la educación.
Aquí cuando se discutió la reforma educativa más de uno vino a desgañitarse, a decir que la reforma educativa que estaba planteando el ciudadano Presidente Peña Nieto resolvería los problemas de la calidad educativa en México, que, por fin, nos pondríamos, en materia educativa, en los niveles de Finlandia, y que las situaciones que impedían que lográramos calidad educativa iban a ser superados por esa reforma.
Como siempre, mintieron, mintieron, y lo más grave para ustedes, lo más grave para ustedes, es que el pueblo, el magisterio no cayó en sus mentiras y hoy, a algunos años de distancia, es contundente el rechazo del pueblo de México a esa reforma educativa, y es contundente el rechazo de México a quienes la impulsaron, al PRI, al PAN, al Partido Verde Ecologista de México.
El tema de la alimentación, ¿cuál es la realidad espantosa de este país? 70 millones de pobres, más de la mitad, es decir, 35 millones de pobres en pobreza alimentaria; es decir, están haciendo, cuando mucho, una comida al día.
De esos 35 millones el 30 % son niños; es decir, más de 11 millones de estos infantes están haciendo, cuando mucho, una comida al día.
El derecho fundamental de cualquier ser humano, según los sociólogos, y uno de ellos Maslow, plantea que el derecho a la alimentación tiene que ejercerse porque es la primera necesidad que tiene que cubrir un ser humano para poder sobrevivir y entonces desarrollar y aspirar a cubrir sus otras necesidades.
He escuchado algunos debates de los políticos que están en campaña con los candidatos aspirantes o los precandidatos aspirantes a la Presidencia de la República, y llama mucho la atención que el coordinador de campaña del PRI, Aurelio Nuño, ex Secretario de Educación Pública, insiste en una aberración, insiste en una sinrazón, dice “que los niños de este país su prioridad es aprender inglés porque tenemos de vecino a Estados Unidos”.
Yo le digo desde aquí al señor Nuño, que se remita a cuáles son las necesidades más elementales de los seres humanos, y va a encontrar que la primera es la alimentación.
Imposible que haya calidad educativa si no alimentamos a los niños, la primera clase, la primera clase que debe de tener un niño, y que se impulsa en el Estado social democrático y de derecho, que es el proyecto alternativo de nación que impulsamos, debe ser el aprendizaje de las buenas costumbres para la alimentación, pero de manera práctica, no en teoría.
Por eso, esta adición, ¿esta adición es buena? Sí, sí es buena porque dice “que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que salvaguardar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y que tienen que poner por encima el Principio del Interés Superior de la Niñez.
Compañeras, compañeros:
¿Aurelio Nuño qué hizo?, ¿Chuayffet qué hizo?, ¿Peña Nieto qué ha hecho para salvaguardar el derecho a la alimentación de los niños y las niñas de México?
Cuando revisamos el tema de las escuelas de tiempo completo, y en ese informe, en el último que nos pasaron, tres millones de niños son atendidos por las escuelas de tiempo completo en materia de la ingesta; pero 23 millones de niños están excluidos de las escuelas de tiempo completo.
Mienten, quien sostiene, que el gobierno de la República salvaguarda el interés superior de la niñez.
¿Es su obligación? Sí es su obligación, pero la violencia institucional está desatada en contra de nuestros niños porque no se salvaguarda absolutamente nada.
Y mienten, por eso lo revuelcan cada rato al señor Nuño porque, evidentemente, tiene una ignorancia supina en materia de educación.
¿Cómo vamos a lograr la calidad de la educación?
Uno, y con esto concluyo, Presidente, no se me desespere.
Uno, dándole de comer a los niños alimentos sanos, nutritivos y suficientes antes de enfrentar al profesor, por eso la primera clase debe de ser aprendizaje de las buenas costumbres para la alimentación.
Dos, tenemos que mejorar la infraestructura educativa de las escuelas. En el caso de Morelos más del 70 % de la infraestructura educativa todavía está devastada, y más del 50 % de los niños morelenses todavía no van a clases porque la infraestructura educativa está hecha un desastre.
Tres, se tiene que mejorar el equipamiento de las escuelas, lo dice la propia ley, de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Los equipos que tienen las escuelas son arcaicos, y si alguno de ustedes visita escuelas me darán la razón contundente.
Decía un compañero del PRI, el compañero Yunes, de Veracruz, cuando yo decía que en la escuela donde yo estudié los equipos eran de 1970, y le dijo a Nuño en ese entonces: “Oiga, ciudadano Secretario, esa ya no debería de ser una escuela, debería de ser un museo de la tecnología, de la vieja tecnología”.
Por eso estamos de acuerdo en el enunciado, que los tres niveles de gobierno salvaguarden el interés superior de la niñez, de las niñas, los niños y los adolescentes, donde no estamos de acuerdo porque se convierte en demagogia este tipo de enunciados, es que no se le ponga un solo peso para que ese derecho se garantice.
Las niñas, los niños y los adolescentes es lo más hermoso que tiene un país, por eso este Senado ya se debe de dejar de enunciados y debe de hacer compromisos concretos con ellos si queremos que México verdaderamente tenga desarrollo.
Por su atención, muchas gracias.
Y a favor del dictamen.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Demédicis.
En uso de la tribuna el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Gracias, con su permiso Senador Presidente, Octavio Pedroza Gaitán, Senador por el estado libre y soberano de San Luis Potosí.
Vengo a fijar mi posicionamiento a favor, como parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en torno al proyecto de dictamen que está a nuestra consideración y que tiene como finalidad adicionar un párrafo 10 al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer expresamente la obligación de los tres órdenes de gobierno de salvaguardar el cumplimiento del Principio de Interés Superior de la Niñez, una obligación de todos, pero que encabezan los gobiernos municipales, estatales y federal como los responsables de velar por el respeto del Estado de derecho.
Reconozco el trabajo que están realizando las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que encabeza la Presidenta Martha Elena García Gómez, por supuesto también, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
Esta reforma legislativa viene a consolidar la adición que aprobamos a este artículo en el 2011 cuando se incorporó el Principio Superior de la Niñez y la obligación de preservarlo a través de todas las decisiones y actuaciones del Estado, así como de la expedición de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes realizada en el 2014, basada en un diseño de reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos en la creación de mecanismos para asegurar que éstos sean respetados y en el establecimiento de políticas para atender y proteger a los menores de edad.
Con la reforma que estoy seguro hoy aprobaremos, estaremos avanzando en el objetivo de contar con una legislación garantista que asume a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho e incorpora criterios rectores para garantizar su desarrollo integral y ejercicio pleno de sus derechos, es decir, para garantizar el interés superior de las niñas, de los niños y de los adolescentes.
Compañeros y compañeras Senadoras:
En Acción Nacional desde su fundación concebimos la política como una actividad humana indispensable y superior no como oportunidad de dominio sobre los demás, sino como capacidad y obligación de servir a la persona, de servir a la comunidad, de respetar la dignidad de las personas, pero sobre todo de los menores, de las niñas y los niños y los adolescentes.
Hoy nos congratulamos de poder seguir sirviendo a nuestros niños y niñas de México.
Por su atención muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Daniel Ávila Ruiz.
Hace uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.
La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores:
Hago uso de esta tribuna, de manera breve, para manifestar mi apoyo al presente dictamen, pues lo considero un paso importante para garantizar la protección integral a los derechos de nuestra infancia.
Y esto, sobre todo, a causa del grave clima de inseguridad que atraviesa nuestro país, mismo que ha ocasionado que en los últimos años conozcamos en medios de comunicación sobre casos concretos de violación al interés superior de los menores.
Esta es una situación que vale la pena enunciar brevemente para reflexionar en los alcances e incidencias que podemos tener en este dictamen.
Primero, el año pasado, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico señaló que nuestro país tiene el primer lugar en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en menores de 14 años.
Segundo, a esto debemos agregar que el clima de violencia e inseguridad está dejando a muchos niños y niñas sin familia y en desamparo de las calles.
Tercero, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó que en los últimos años la violencia contra niñas adolescentes se ha recrudecido sin que éstos sean investigados adecuadamente y tampoco visibilizados y mucho menos sancionados.
Cuarto, a causa de distintos factores sociales tenemos un saldo de más de 6 millones 800 mil niñas adolescentes de entre 12 y 17 años de edad contrayendo matrimonio o viviendo en concubinato.
Quinto, el conjunto de organizaciones de la red por los derechos de la infancia, el mes pasado señaló que nuestro país son asesinados tres niños al día.
Estos son los problemas inadmisibles que nos llaman a cuestionar fuertemente la responsabilidad y actuación de todos como sociedad, y muy especialmente el de la autoridad encargada para ello.
Como vemos, nuestros infantes y adolescentes están siendo víctimas directas del grave clima de inseguridad por el que atraviesa nuestro país, y como Estado tenemos la necesidad de trabajar para que la autoridad vigile de manera puntual el cumplimiento de sus derechos.
De acuerdo con la Organización Derechos por la Infancia, el concepto de interés superior del niño involucra funciones específicas en los siguientes puntos: La autoridad debe de ayudar a las interpretaciones jurídicas para reconocer el carácter integral de los derechos de nuestra infancia.
Las políticas públicas deben dar prioridad a la niñez, los derechos de la niñez deben prevalecer sobre otros intereses cuando estén en conflicto, deben orientar a los padres y al Estado a que sus funciones que les son relativas tengan como objetivo la protección y desarrollo de la autonomía del niño.
En suma, con el presente dictamen estos elementos adquieren un carácter fundamental hacia los distintos niveles e instituciones de gobierno.
En consecuencia les reitero mi postura a favor al tiempo que felicito el trabajo de mis compañeras y compañeros Senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras.
Es cuanto señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Corresponde el turno del uso de la tribuna para hablar a favor al Senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo.
El Senador David Monreal Ávila: Gracias, Presidente.
El tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los principios bajo los cuales deben de respetarse, protegerse y garantizarse los derechos humanos en México.
Entre éstos se encuentra el principio de progresividad que debe de caracterizar a dichas garantías.
Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación asevera que dicho principio implica tanto la gradualidad como su progreso.
Por un lado, la Corte ha establecido que la gradualidad se refiere al hecho de que la efectividad de estas prerrogativas no se obtiene de manera inmediata, sino que supone el establecimiento de metas al corto, mediano y largo plazo.
Por otro lado, en cuanto al progreso, implica que el disfrute de estos derechos siempre deben mejorar y se relacionan con la prohibición de regresividad, así como con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva.
Bajo este argumento, la presente minuta pretende atender el principio enaltecido en la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, la propuesta hecha a esta soberanía por parte de la Colegisladora busca ampliar el alcance de protección de los derechos humanos estableciendo la obligación explícita para las autoridades de los tres órdenes de gobierno de respetar y salvaguardar el Principio de Interés Superior de la Niñez.
De acuerdo a las consideraciones que acompañan a la presente minuta, la necesidad de hacer esta precisión explícita en el texto constitucional, surge de la realidad que vive el país, la que acredita que todavía estamos distantes de alcanzar los objetivos deseados en materia de desarrollo de la infancia, pues no se han logrado ejecutar con éxito las disposiciones en la materia.
No se puede estar en contra de un argumento de esta naturaleza, ya que efectivamente la realidad ha superado todas las expectativas del tipo de nación a la que aspiramos las y los mexicanos bajo un escenario como éste, cualquier modificación en la ley que en apariencia sea progresiva y sirva para acompañar el quehacer de las autoridades.
Efectivamente, el sentido de mi voto no puede ser en contra de una modificación de esta naturaleza, sin embargo, es preciso advertir que no es suficiente buscar la perfección del texto constitucional cuando en los hechos, lo que ha faltado en los últimos años para hacer realmente efectivo los derechos humanos en México, ha sido compromiso y voluntad por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
La perfección de la ley sólo puede alcanzarse cuando ésta se cumple el pie de la letra, aun cuando su redacción sea amplia y poco precisa.
Es decir, contrario a lo que opinan las comisiones dictaminadoras, debería bastar con lo señalado en la Constitución, en el artículo 1º, para entender que esto atañe a toda la población.
Aunado a ello, debería ser suficiente para garantizar el Principio de Interés Superior de la Niñez lo señalado en el artículo 4º, en su párrafo 9, donde obliga al Estado mexicano a tomar decisiones y actuar siempre velando por los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De lo contrario, tendría que agregar un párrafo del texto constitucional, para referirse de manera precisa, a cada uno de los derechos y a cada uno de los grupos poblacionales que resultaría tautológico.
En este sentido, el llamado de este Congreso debe ser para quienes formamos parte de los tres poderes de la unión, a los servidores públicos de todos los niveles de gobierno para que en los hecho actuemos de manera congruente y en estricto apego al respeto de los derechos humanos de toda la población.
En esta tesitura, el sentido de mi voto será a favor. No obstante dejando en claro mi posición respecto del tema con los argumentos manifestados.
Las niñas, niños y adolescentes anhelan un país en donde se garanticen las condiciones para su pleno desarrollo, el cual podría alcanzarse en un marco de respeto y protección de sus derechos.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador David Monreal Ávila.
Hace ahora uso de la tribuna la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.
Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a la Comisión de Puntos Constitucionales de este Senado de la República, por la valoración y estudio pertinente, como siempre, de una de las materias que han distinguido a esta Legislatura en la anterior en relación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Va en la misma dinámica que definimos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que este Senado de la República trabajó a partir de una iniciativa preferente del Presidente Peña, y además resolviendo, dictaminando las distintas iniciativas que en esta materia habíamos presentado.
De tal manera, que habiendo recibido esta minuta de Cámara de Diputados, que reforma, que hace una adición al artículo 102 de la Constitución, en su Apartado B, en relación a las encomiendas que se le otorgan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues, está esta minuta de Cámara de Diputados, tomando en consideración justamente lo que establecemos en esta Ley de Derechos de la Niñez, donde enfatizamos que es una potestad y obligación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atender la vigilancia del cumplimiento y garantía de los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad.
De tal manera, que esto ya está en la ley. Se entiende de manera general de lo que tienen que realizar las Comisiones de Derechos Humanos como organismos no gubernamentales, organismos autónomos, más bien, organismos autónomos constitucionales que tienen que trabajar para atender todos los derechos humanos de las personas, sin quitar a nadie, ni por su edad o por alguna condición.
De tal manera, que la corrección, si me permiten decirlo de alguna manera, es muy pertinente al trasladar la preocupación evidenciada y totalmente compartida, como lo menciona en el propio dictaminen la Comisión de Puntos Constitucionales, que comparte el sentir de la preocupación de la Cámara de Diputados al definir esta reforma en el 102, Apartado B.
Lo que hace este Senado y las comisiones, es trasladar esa preocupación justo donde deben estar, es decir, en el artículo 4º de la Constitución, donde ya se plantea desde 1999-2000, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, el cambio sustantivo, estructural en nuestro marco fundamental para reconocer a niñas y niños menores de 18 años de edad como sujetos de derechos.
Esa fue la gran reforma al artículo 4º constitucional, y a partir de entonces, esa parte del artículo 4º constitucional empieza a ser modificado siempre adelante, siempre de manera vanguardista, reafirmando nuestro compromiso constitucional con los derechos de la niñez.
De tal manera, que después se incorpora el interés superior de la niñez, y hoy se incorpora de manera acertada esta corrección a este párrafo del 4º constitucional para definir con puntualidad qué corresponde a las autoridades en los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias, salvaguardad el cumplimiento del Principio de Interés Superior de la Niñez.
De tal manera que, esperamos que nuestra Colegisladora tome en consideración estas importantes correcciones que se hacen a la minuta.
Esta revisión formal que se hace como Colegisladora, a lo que la Cámara de Diputados nos envió.
De tal manera, que de aceptarlo, pues siga el proceso legislativo hacia los congresos locales y podamos tener ya completo este enfoque en el artículo 4º de la Constitución sobre lo que tenemos que trabajar los distintos ámbitos de gobierno para, como dice la propia minuta, salvaguardar los derechos humanos de las personas menores de edad.
De tal manera, que felicito esta definición en este dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y, por supuesto, también de la Comisión de Derechos de la Niñez, que sin duda apoyamos lo que hizo la comisión, y por supuesto refrendado también por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
Muchas gracias por su atención.
(Aplausos)
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora De la Peña Gómez.
Finalmente hace uso de la tribuna, para hablar también a favor del dictamen, la Senadora Ainara Rementería Coello, del Partido Revolucionario Institucional.
En uso de la voz la Senadora Rementería Coello.
La Senadora Ainara Rementería Coello: Con su permiso, Presidente.
Compañeras y compañeros:
El bienestar, estabilidad, tranquilidad y pleno desarrollo de la niñez es una prioridad que nos debe unir a todos, en consecuencia, anticipo que votaremos a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 10 al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se recorren los subsecuentes.
Su objetivo, proteger de manera integral a nuestra niñez, para lo cual se establece que corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias salvaguardar el cumplimiento del Principio del Interés Superior de la Niñez.
Reconocemos el trabajo realizado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
También de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, y coincidimos con ellas en que la adecuación debe de ser de carácter general y formar parte del artículo 4º constitucional y no del 102 como propone la Colegisladora.
Cabe destacar que la adición formulada en el dictamen está en armonía con el artículo 1º de la Constitución, el cual dispone que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con base a los principios de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Bajo esta premisa, el dictamen busca contribuir al cumplimiento de una función toral del Estado mexicano, que se encuentra depositada en diversos ordenamientos, entre ellos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.
Además, instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos del Niño, ratificada en México en 1990 establece la obligación de los gobiernos, de garantizar a través de la legislación y políticas públicas, que se respeten los derechos de la infancia, incluso, hay jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a que el interés superior de los menores implica que las autoridades deben asegurar el disfrute y goce de todos sus derechos humanos.
Compañeras y compañeros:
La defensa de los derechos de los menores constituye un tema de prioridad para los legisladores del PRI, porque estamos convencidos que las niñas, los niños y adolescentes no sólo representan el futuro de México, sino que representan nuestro presente.
A partir de las consideraciones ya expresadas y convencidos del bienestar y óptimo desarrollo y protección de las niñas, niños y adolescentes de México, es fundamental que aprobemos este proyecto de decreto que ya está a discusión.
Muchas gracias.
Impulsémonos todos juntos.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Rementería Coello.
Me permito informar a la Asamblea, que la Mesa Directiva no tiene registro de artículos reservados, por lo que procederemos a la votación nominal de este dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Pregunto a la Asamblea si falta algún Senador o Senadora por emitir su voto.
El Senador Yunes, ¿en qué sentido? A favor.
Senador Rojas, a favor.
Mariana, a favor. La Senadora Mariana Gómez del Campo a favor, también.
¿Algún otro Senador o Senadora que falte por emitir su voto?
De no ser así, damos cuenta de la votación.
Le informo a la Asamblea y a usted, Presidente, que hay 80 votos emitidos a favor; una abstención y cero votos en contra.
El Presidente Senador Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria.
En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 10 al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorren los subsecuentes.
Se devuelve con modificaciones a la Cámara de los Diputados.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
DAVID MONREAL ÁVILA
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Compañeros Senadores, en el orden del día están inscritos tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos.
La Mesa Directiva acordó agrupar la discusión de los dictámenes que provengan de las mismas comisiones. La votación nominal sería separada para cada uno de los dictámenes que se agrupen.
En consecuencia, tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños Adolescentes y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en materia de hábitos responsables de alimentación.
Les informo que la primera lectura de este dictamen se dio el 14 de diciembre pasado.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen.
Quienes estén porque se omita, favor de levantar su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque no se omita, de la misma forma levantar su mano.
(La Asamblea no asiente)
Informo, Presidente, que sí se omite la lectura del dictamen.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: En consecuencia, se concede el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.
Tiene el uso de la tribuna, Senador López Brito.
El Senador Salvador López Brito: Gracias, Presidente.
Muy buenas tardes compañeras y compañeros Senadores.
El presente proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, que hoy se propone y se somete a votación, debidamente propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación; de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Este dictamen se sustenta en tres importantes bases, tres importantes reflexiones.
Número uno, el problema por el que está pasando en estos momentos nuestra población menor de edad en un tema muy delicado que es precisamente lo que nos tiene incluso como liderazgo a nivel mundial que es el sobrepeso y la obesidad infantil.
La segunda base de esta dictaminación los constituye también los problemas de mala nutrición, en el país de contrastes en México tenemos ambos problemas, problemas de sobrepeso, pero a la misma vez problemas de mala nutrición y desnutrición en regiones del país.
La tercera base que sustenta esta dictaminación es porque precisamente las pruebas de evaluación que se hacen en nuestras niñas y niños de educación básico, como la prueba Enlace, como la prueba Pisa, nos hablan en relación de deficiencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en la evaluación y calificación que se hacen en diversas materias en la educación básica de nuestra niñez.
Estas tres situaciones, estos tres problemas dan la base a esta dictaminación, este proyecto propone reformar los artículos 7 y 33 de la Ley General de Educación, el 103 y 109 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y los artículos 2 y 8 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables; y el 23 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para de manera coordinada poner a disposición de las niñas y niños un producto que es rico en nutrientes y que en mucho ayudará a la niñez de México.
Nos referimos a los productos del mar y de aguas interiores, es decir, a que el pescado y los productos, diferentes productos de mariscos, ver cómo sí los podemos poner en la mesa de las escuelas, en desayunos, en almuerzos, comidas escolares y, desde luego, que haya fácil acceso para que las familias también consuman estos productos importantísimos en la dieta de los niños.
Esta iniciativa fue presentada el 8 de septiembre del 2016, y como les comento, tiene como principal objetivo el beneficiar a nivel nacional la calidad alimentaria y nutritiva de los millones de niños con el aprovechamiento, consumo y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas en desayunos escolares y en la mesa de las familias de los mexicanos.
De esta manera no sólo se beneficia la calidad alimentaria de la población escolar en la niñez, sino también se incentiva a la producción y comercialización y fomento de pescados y mariscos en beneficio también de los mismos pescadores y productores de nuestro país, porque hablamos en este tema de reactivar el trabajo y la producción de los pescadores ribereños, de los pescadores artesanales, de los pescadores de baja producción de manera prioritaria para incluirlos en estos programas, así como contribuir al desarrollo y crecimiento de este importante sector generador de empleo y alimento de alta calidad en proteína, que son los pescadores mexicanos.
Para enriquecer y fortalecer la propuesta la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República realizó un foro de consulta, en dicho evento la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, participó y afirmaron que la región de América Latina y el Caribe alcanzó la meta del Milenio de reducir al menos la mitad el número de personas en condiciones con una mala alimentación.
Así mismo mencionaron que la desnutrición crónica o el sobrepeso han llegado a tener una reducción muy significativa en la región, incluyendo a México; sin embargo, persista aún el problema de sobrepeso y obesidad infantil, y ha estado creciendo de manera importante.
En muchas ocasiones la única comida que recibe un niño al día son los programas de alimentación escolar a donde precisamente queremos llegar con esta iniciativa y este dictamen.
Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y Estudios Legislativos, que suscribimos el presente dictamen, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de esta Legislatura, el siguiente proyecto de decreto.
Por el que se reforman, adicionan, diversas disposiciones, primero, a la Ley General de Educación para quedar como sigue.
Artículo 7, fracción IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte, y agregamos: “con el objetivo de disminuir la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas entre niñas, niños y adolescentes y desarrollar hábitos de consumo alimenticio responsables.
Artículo 33 de la misma Ley General de Educación se agrega el inciso 17, así como también se informará a los alumnos sobre la importancia nutrimental que tiene cada uno de los alimentos que consumen, con el objetivo de revalorizar las actividades productivas del sector primario y promover su crecimiento económico.
El artículo 2, viene a constituir algunas reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Y el artículo 103 que se pretende modificar, se le agregan: “Incluir a las políticas de adquisición de productos las normas para la elaboración de los alimentos”. Entre otros.
Y el artículo 3, es reformar la fracción I, del Artículo 2, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue: “artículo 2. Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y aprovechamiento sustentable de la Pesca y la Acuacultura, considerando los aspectos sociales, técnicos, productivos, biológicos”.
Y se agrega: “Ambientales y de alimentación” y con un transitorio.
Y pedirles, compañeras y compañeros, que con estas muy sencillas modificaciones a estas tres herramientas jurídico-legislativas, pretendemos apoyar una alimentación nutritiva para nuestras niñas y niños, agregando que ya está científicamente comprobado que la alimentación con pescado, además de muchos nutrientes, es rica en Omega 3, lo cual definitivamente está demostrado participa en los procesos neurofisiológicos de aprendizaje y enseñanza y con esto mejorar la calidad de la educación de nuestros niños, porque tendremos niños más sanos y más inteligentes en nuestro querido México.
Por su atención y apoyo a esta iniciativa, les doy todas las gracias.
Muchas gracias.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Brito.
Está a discusión en lo general el dictamen.
Informo a la Asamblea, que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores. Senador Víctor Manuel Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor; del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en pro.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Víctor Manuel Galicia Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.
El Senador Víctor Manuel Galicia Ávila: Muchas gracias, señor Presidente.
Posicionamiento a favor del dictamen con punto de acuerdo, por el que se reforman y adicional diversas disposiciones de la Ley de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el objeto de incrementar el consumo de pescado de la población infantil mexicana.
Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores.
Un derecho social fundamental establecido en nuestra Constitución política, es el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. De ahí la pertinencia del dictamen que hoy discutimos, cuyo objetivo toral es adecuar y fortalecer el marco jurídico vigente para incrementar el consumo de productos provenientes de la pesca y de la acuacultura en la población infantil a través del Programa de Desayunos Escolares.
Asegurar la alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos constituye una estrategia central de la política social implementada por el gobierno de la República desde el inicio de la actual administración, para consolidar un México incluyente.
Una de las preocupaciones es que la población, particularmente la niñez, no consume tantos productos provenientes de la pesca y la acuacultura, situación grave si consideramos los beneficios nutrimentales que proporcionan, que pueden contribuir a combatir el hambre y la malnutrición.
Con esta reforma se pretende, por un lado, beneficiar a nivel nacional la calidad alimentaria y nutritiva de la niñez mexicana que cursan la Educación Básica y, por otro, beneficiar a los miles de pescadores y acuacultores con el aprovechamiento, consumo y comercialización de sus productos.
Coincidimos en la urgencia de posicionar los beneficios de consumo, por lo que estrategia visible es que los niños tengan posibilidad de comer pescados y mariscos tanto en su comedor escolar, como en sus hogares, de una a tres veces por semana, que mucho ayudaría a crear una nueva cultura alimentaria de los mexicanos y permitiría aumentar el consumo per cápita de estas especies de ocho a nueve kilos que actualmente se consumen al año y alcanzar el promedio recomendado por la FAO de 18 a 20 kilos per cápita.
En tal virtud, se plantea fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte, con el objetivo de disminuir la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas entre las niñas, los niños y los adolescentes y desarrollar hábitos de consumo alimenticios responsables.
Asimismo, formar a los alumnos sobre la importancia nutricional que tiene cada uno de los alimentos que consumen, con el objetivo de revalorizar las actividades productivas del sector primario y promover su crecimiento económico.
En este mismo orden de ideas, se propone establecer y definir principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos, ambientales y de alimentación.
Compañeras y compañeros Senadores, en el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad de incrementar el consumo de los productos provenientes de la pesca y la acuacultura, a fin de garantizar uno de los derechos fundamentales como es una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Contar con una niñez más saludable y lograr su desarrollo pleno, posibilitará avanzar hacia un país sano y próspero, dados los beneficios concretos que representa este dictamen para la niñez mexicana y para el país en su conjunto, los invitamos a votar a favor del mismo.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Víctor Manuel García Ávila.
Ahora tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:
Con su venia, compañero Presidente.
Estamos discutiendo en este momento uno de los temas más importantes para el desarrollo de un país, estamos hablando de cómo sentar las bases para garantizar la educación de calidad en México.
Por eso es muy importante que el Senado mexicano resuelva de la mejor manera este tema; es importantísimo lo que estamos por aprobar en este momento, las modificaciones a diferentes leyes que tienen que ver con las buenas costumbres para la alimentación; pero es importante, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, que nos quede claro que las buenas costumbres para la alimentación no se logran solamente enunciándolas, se requiere un compromiso contundente con la niñez de este país y garantizarle, de una vez por todas, un presupuesto necesario para que esta meta tan importante, de que los niños, las niñas y los adolescentes de México tengan garantizada la alimentación y, en consecuencia, puedan acceder a las buenas costumbres para la alimentación.
Textualmente leo la propuesta del dictamen, dice: “fracción IX artículo 7º de la Ley General de Educación. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte con el objetivo de disminuir la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas entre las niñas, los niños y adolescentes, y desarrollar los hábitos de consumo alimenticios responsables”.
Este tema fue motivo central de discusión en la Segunda Cumbre Internacional sobre Nutrición y Malnutrición, celebrada en Roma, en el mes de noviembre del año 2014, y las conclusiones fueron contundentes, solamente México se niega a acatar los acuerdos de Roma.
Aquí impulsamos un punto de acuerdo para que este Senado y el gobierno de la República acataran los acuerdos que ahí se tomaron.
¿En qué consistieron estos acuerdos? Consistieron en que los estados parte de la FAO se comprometieran a garantizar un desayuno escolar o una comida escolar a los infantes de sus sistemas de educación básica, que fuera una comida suficiente, que fuera nutritiva y que fuera sana, y que en ese desayuno, en esa comida se redujeran de manera importante los consumos de azúcar y los consumos de sal, y que, además, por instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, se incrementaran las horas de educación física.
Cuando discutimos la glosa del gobierno, en el último informe que nos hicieron allegar aquí, que fue el Quinto Informe de Peña Nieto, una de las discusiones que establecimos con el entonces Secretario de Educación, fue que cómo aspiraban a eliminar la diabetes infantil si más de 23 millones de nuestros niños no tenían garantizada la ingesta, y a los niños de preescolar y de primaria sólo se les garantizaba una hora de educación física a la semana y a los de secundaria solamente se les garantizaba dos horas de educación física.
Díganme, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, en esas condiciones ¿cómo vamos a hacer efectivo lo que aquí se está planteando? Es imposible, imposible que erradiquemos la diabetes infantil.
Aquí solamente se queda en un buen deseo, “deseamos con todo nuestro corazón que se erradique la diabetes infantil de México”, pero el Senado mexicano no tiene la disposición para que se le ordene mediante la ley al Ejecutivo a que incremente a tres horas la educación física en preescolar a la semana; a cinco horas a primaria y a secundaria, y menos tienen la disposición para que mediante esta Ley de Educación, en el Presupuesto de la Federación se garantice el recurso suficiente para que iniciemos la ruta, práctica de las buenas costumbres para la alimentación.
Los enunciados son bonitos, los enunciados son bonitos, pero sólo se quedan en un bello poema que no aterriza en la práctica porque este Senado no tiene la disposición para hacerlo.
Se impulsarán esquemas suficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos a partir de microempresas locales en aquellas escuelas que lo necesiten conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria, así como también se informará a los alumnos sobre la importancia nutrimental que tiene cada uno de estos alimentos que consumen con el objetivo de revalorizar las actividades productivas del sector primario y promover el crecimiento económico.
Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:
De qué sirve que le digamos a un niño en el pizarrón o en la multimedia que el pescado es una de las mejores proteínas que existen para desarrollar el sistema cognitivo de nuestros niños si no les damos de comer pescado.
De qué sirve, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, si el Estado mexicano no garantiza que esos niños consuman, cuando menos, tres o cuatro veces a la semana este alimento.
De los acuerdos y de los resolutivos del último foro del Parlatino en República Dominicana, cuando fuimos al tema de la acuacultura, fue que los Estados parte deberían de garantizarle a los niños, las niñas y los adolescentes, cuando menos, comer tres veces a la semana pescado, y que la acuacultura era la gran estrategia para que los países de América Latina disminuyeran sus niveles de hambruna; pero en este país nada más vamos, planteamos, pero no resolvemos.
Por eso, compañeras, compañeros, para elevar la calidad de la educación, lo tienen que entender todos los que están al frente del sector educativo y todos los que están en el Poder Ejecutivo, empezando por el Presidente, no habrá calidad educativa si los niños no se alimentan, las letras no entran cuando se tiene hambre, no sólo es una canción, es una verdad espantosa que vive el pueblo de México, y que viven en especial nuestros niños.
¿Es viable hacerlo? Sí.
¿Qué se requiere? Voluntad política, y eso es lo que tiene que tener este Senado, y no la tiene.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Fidel Demédicis.
Les informo que el Senador Fidel Demédicis ha reservado los artículos 7 y 33 del primer resolutivo, que corresponde a la Ley General de Educación.
Ábrase el sistema electrónico para recoger la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados.
Ábrase el sistema, hasta por tres minutos.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: ¿Pregunto si falta algún ciudadano Senador por emitir su voto?
Nuevamente pregunto si falta algún Senador.
Senadora Hilda Escalera, a favor.
Senador David Cuevas, a favor.
Senador Humberto Fernando Mayans, a favor.
Senador Campos, a favor.
Senador Mario Delgado.
Senador Fernando Mayans, a favor.
Nuevamente pregunto si ¿falta algún ciudadano Senador en emitir su voto?
Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 80 votos en pro y cero votos en contra.
Es cuanto.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Secretaria.
En consecuencia queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que reforma la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Ahora, se concede la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para referirse a los artículos 7 y 33 de la Ley General de Educación.
Tiene el uso de la tribuna el Senador Fidel Demédicis, en una sola da la presentación de sus dos reservas.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Gracias, Presidente, con su venia.
Compañeros Senadores, compañeras Senadoras:
Solamente les ruego tres minutos de su atención para que escuchen bien la propuesta que vamos a hacer, y aquí se va a ver el compromiso del Senado con sus niños, con sus niñas y con sus adolescentes; si no se aprueba en los términos y no se abre el debate, entonces, le quedará claro al pueblo de México que sus Senadores no tienen ningún interés por normar, solamente tienen interés por enunciar y que todo se quede en buenos deseos.
Artículo 7º fracción IX. Fomentar la educación en materia de educación física y la práctica del deporte; la adición a esta fracción consiste en que el Estado garantizará cuando menos tres horas a la semana para los alumnos de preescolar, y cinco horas a la semana para los alumnos de primaria y secundaria.
Compañeros Senadores, compañeras Senadoras, pueblo de México:
A todos aquellos que les preocupa que están gorditos, a todos aquellos que les preocupa su sobrepeso, vayan con el nutriólogo y seguramente les va a decir, usted no se preocupe, haga una hora de ejercicio a la semana, y entonces, usted logrará bajar de peso de manera inmediata, garantizamos bajar diez kilos de peso a la semana si hace usted una hora de educación física por semana.
Compañeros, es un absurdo, es un absurdo que en una ley exista situaciones como esta, una ahora por semana de educación física para preescolar y una hora de educación física para primaria, y dos horas para secundaria, bueno, pues sólo en México se ve eso.
Y, los que tenemos la posibilidad de cambiar, ojalá y la Cámara esté tomando aquí a todos los Senadores para que vean cuan interesados de estar en el tema de cómo resolvemos los problemas que tenemos de diabetes infantil en México, y que se pueden corregir si aceptamos una propuesta como ésta.
Artículo 33. Ley General de Educación fracción XVII. Así como también se informará a los alumnos en la importancia nutrimental que tiene cada uno de los alimentos que consumen, el suministro será garantizado por el Estado, esa es la propuesta de adición.
De qué sirve, de qué sirve, compañeros Senadoras, compañeras Senadoras que aquí vengamos a desgañitarnos, que es necesario que los niños, las niñas y los adolescentes de este país coman tres veces al día, si no les garantizamos.
De qué sirve que aquí vengamos a decir que queremos evitar la diabetes infantil, si no nos atrevemos a hacer una sola modificación a este dictamen en los términos en que verdaderamente se pudiera resolver el problema.
El pescado es bueno, sin duda, pero revisemos las concesiones, que es otro tema, revisemos las concesiones.
¿A quién se los otorga Conapesca?
¿A quién se los otorga Mario Aguilar?
¿A quién se los otorga el señor Calzada?
¿A quién se los otorgan las autoridades de Sagarpa de este país?
Y vamos a ver que en los permisos están los puros cuates, y no aparecen los que están en el fondo del sufrimiento humano que viven de esta actividad como son los pescadores ribereños.
Suplican permisos para sobrevivencia, no para hacerse ricos. Y este Senado de la República ya no puede hacer oídos sordos, porque en el pecado llevaremos la penitencia.
Los compañeros y compañeras pescadores del norte del país y de todo el país están en una condición infame de vida.
¿Y qué requieren? No piden limosnas, porque les queda claro que la pobreza en México jamás se va a arreglar con caridad.
La pobreza en México la vamos a arreglar dándoles oportunidad de trabajo a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, en especial en este momento, por este tema, a los pescadores ribereños.
Por eso, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, y con esto concluyo.
Aquí, frente al pueblo, cada uno de nosotros plantea de qué lado está. Si verdaderamente está del lado de los niños, las niñas y los adolescentes, y en consecuencia a favor del pueblo, o vota en contra a sabiendas de que lo que pudo arreglar no tuvo el valor de hacerlo.
Compañeros Senadores:
Ojalá y estas reformas las voten a favor.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senador Fidel Demédicis.
Consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las reservas presentadas por el Senador, si se admiten a discusión.
Secretaria, consulte a la Asamblea.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones del Presidente, consulto a la Asamblea si es de aceptarse a discusión las propuestas anteriormente realizadas.
Quienes estén por la afirmativa, les pediría, como siempre, manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, de igual forma les pido que lo manifiesten levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Le informo, Presidente, que no se admiten a discusión.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Secretaria.
Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 7 y 33, en los términos del dictamen.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la Presidencia, se cierra el sistema, pero quiero preguntar:
¿Si falta algún ciudadano Senador de emitir su voto?
Nuevamente solicito ¿Algún ciudadanos Senador por emitir su voto?
Senador Yunes, a favor.
¿Algún ciudadano Senador que falte por emitir su voto?
Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, le informo que tenemos 78 votos a favor; uno en contra y tres abstenciones.
Es cuanto.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Secretaria.
En consecuencia, quedan aprobados los artículos 7 y 33 de la Ley General de Educación, contenida en el proyecto de decreto.
Está aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva suscribió un acuerdo en relación con el Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, al cual solicito a la Secretaría dé lectura en su parte resolutiva.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Doy lectura al punto resolutivo del acuerdo, señor Presidente.
Acuerdo de la Mesa Directiva para la integración del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.
Acuerdo.
Único.- Se designa al Senador Marlon Berlanga Sánchez, como Secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, en sustitución del Senador Miguel Barbosa Huerta.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, 13 de febrero del 2018.
Firman, Mesa Directiva.
Es cuanto.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Secretaria.
Está a discusión el acuerdo.
Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.
La Secretaria Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
Quienes estén a favor, favor de manifestarse.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Es aprobado el acuerdo, señor Presidente.
El Presidente Senador David Monreal Ávila: Gracias, Senadora Secretaria.
Aprobado el acuerdo por el que se designa al Senador Marlon Berlanga Sánchez, como Secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez.
Comuníquese.
Compañeros Senadores y Senadoras, les informo que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias solicitó la devolución de los siguientes dictámenes a los que se dio primera lectura el 14 de diciembre del 2017.
El que contiene proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General, en materia de consulta popular.
Y el que contiene proyecto de decreto que adiciona diversas proposiciones al Reglamento del Senado de la República, en materia de consulta popular.
La comisión informó, es para replantear la propuesta de cada dictamen.
La Mesa Directiva atendió la solicitud, por lo que se devuelven los dictámenes a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Compañeras y compañeros Senadores:
Les informo que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al Diario de los Debates.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 15 de febrero, a las 11:00 horas, en la que recibiremos al Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para la presentación del informe correspondiente.
Se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14:50 horas.
---000---