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PREGUNTA (P).- Su opinión respecto a  la Ley de Víctimas que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la controversia constitucional del Ejecutivo federal.

SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN (JGM).- Bueno, es la Corte la que debe de intervenir y ya está en donde debe de estar. Seguramente hoy o mañana seremos emplazados a contestar; no ha llegado todavía el emplazamiento y habrá que contestar  institucionalmente.

Evidentemente hay una diferencia de opiniones sobre en qué momento el presidente o el Ejecutivo pudo observar la Ley. Lo único que queda es que el poder competente, que es el Poder Judicial, lo resuelva y en eso estamos.

P.- ¿Eso no es un agravio al Poder Legislativo el hecho de no haber cumplido con un mandato que la Comisión Permanente le dio al presidente para que publicara una ley tan importante y no es dejar en el limbo a las víctimas si hubo falta de sensibilidad del Ejecutivo ante todo esto?

JGM.- Creo que en un asunto como éste no hay agravios. Lo que hay son diferentes puntos de vista y para eso hay instancias para resolverlo y ese es el caso.

Estamos ante el caso de que respecto de los tiempos --porque también hay que decir que la controversia no tiene que ver con el contenido de la Ley sino con la fecha-- en que el presidente envía sus observaciones en la que a su juicio, es la correcta, en razón de la devolución que había solicitado el presidente de la Cámara de Diputados.

Evidentemente la Comisión Permanente y el Senado de la República tuvimos una opinión distinta sobre la fecha y no queda más que esperar a que la Corte lo resuelva. No hay de otra.

Yo no me siento, por supuesto, y creo que nadie piensa que esto es un agravio. Finalmente hay una diferencia de opiniones respecto de las fechas: si esos 20 días el presidente tuvo formal o materialmente el decreto; ellos dicen que no y por lo tanto los plazos debieron haber comenzado a partir del día 1 de junio y en ese contexto cuando mandan las observaciones ellos estaban en tiempo. Es su punto de vista.

El punto de vista de la Comisión Permanente es distinto. Pues que resuelva la Corte no hay de otra.

P.- ¿No queda congelada la Ley?

JGM.- La Corte le otorgó la suspensión al Ejecutivo para que no la publique hasta que se resuelva el asunto.

P.- Senador, así como su partido en algún momento pidió se esclarezca el financiamiento que recibió el PRI a través de todos estos casos de Monex y Soriana ¿también su partido debería pronunciarse porque se esclarezcan las cuentas de Honestidad Valiente y este financiamiento paralelo que (inaudible) el PRI a través de gobiernos del PRD?

JGM.- No conozco a fondo el asunto pero me parece que no hay ninguna duda de que los organismos electorales que nos hemos dado deben de dar tratamiento igual a todas las denuncias o quejas que se presenten. Me parece que todas deben de ser investigadas y aclaradas por el bien de nuestra democracia.

No veo por qué tuviera que haber una diferencia y a quién hay que preguntarle esto. Es al Instituto Federal Electoral y posteriormente en su caso al Tribunal también.

P.- En el caso del PRI se demuestra que hay vínculos con las empresas fantasmas que había denunciado la Coalición y la que ellos reconocen que es  (inaudible) ¿Qué implicaciones tendría esta vinculación con empresas que están con irregularidades?

JGM.- Eso corresponde aclararlo a las autoridades tanto a las autoridades electorales como a las autoridades judiciales en su momento, en su caso. Me parece que en eso estamos.

El IFE ha abierto una serie de líneas de investigación y espero que pronto tengamos resultados y que por la salud de nuestra democracia todos los mexicanos quedemos convencidos de las explicaciones que sobre esto se nos dé y obviamente que haya castigo a los responsables si los hubiera.

Estamos en el proceso en que las autoridades están  investigando.

P.- ¿Usted coincide con la postura de sus compañeros que con la reforma política, el próximo presidente del país, se va evitar el bochorno que pasó el presidente Calderón en su toma de protesta?

JGM.- No. No sé quién haya dicho semejante cosa.

Lo que digo es que finalmente con la reforma política que hemos aprobado no hay posibilidades de llegar a un escenario como el que nos tocó vivir el 1 de diciembre de 2006.

Me parece que en eso acierta la reforma política en no tener un candado tan fuerte, que la protesta del presidente electo tenga que darse en una sesión del Congreso General y en una fecha determinada.

Abrir la posibilidad de que pueda ser ante el Congreso General, ante la Comisión Permanente, ante las mesas directivas de ambas cámaras o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación viene de alguna manera a garantizar que no habrá un escenario como el que nos tocó vivir, que no creo que le haya servido absolutamente a nadie.

Si realmente hemos tratado todos de construir instituciones fuertes pues debemos permitir que las instituciones cumplan a cabalidad con su función y que puedan  entrar en funciones en el momento que la Constitución lo señala con todas las garantías del caso.

La reforma política en eso acierta y acierta en muchas otras cosas; todo el esquema que quedó de sustitución del presidente porque había un vacío muy importante y qué bueno que se cubrió.

La parte ciudadana es una parte muy importante de la reforma política, el que ya las candidaturas no sean monopolio de los partidos políticos; la iniciativa ciudadana, la consulta ciudadana o referéndum.

Son cosas que la ciudadanía estaba esperando y qué bueno que se dieron, aunque incompletas. Sin duda se trata de una buena reforma política.

Muchas gracias.