Versión estenográfica de la intervención del licenciado Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco del Foro “La Adopción en México. Retos y Necesidades”, celebrado en el Senado de la República.
LICENCIADO RICARDO BUCIO MUJICA: Muy buenos días a todas y a todos; senador Lavalle, senadora Gómez del Campo, senadora de la Peña, senador Herrera, diputada de los Santos, Sergio, Enrique y saludo también a las y los procuradores de protección de los estados. A las organizaciones de la sociedad civil.
En principio quisiera, como ya se hizo anteriormente, felicitar este diálogo, felicitar los espacios de debate sobre este tema y recordar que algo que supone la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es que este grupo de población tiene que tener relevancia política, para que tenga también relevancia económica, se le ha dado ya la relevancia legal, pero tiene que tener relevancia política, tiene que tener un espacio de discusión suficiente, tanto en el Poder Legislativo como en los poderes Ejecutivos locales, el federal, para poder dirimir esta situación.
Esto tiene que traducirse en que este tema sea un tema mediáticamente importante, que sea un tema de una resolución pronta, de una resolución eficaz, de una resolución que esté a la altura de los derechos que ya están reconocidos para niñas, niños y adolescentes.
Este Senado ha dado cuentas claras como puede trabajar legislaciones tan a profundidad como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, desde mi perspectiva la mejor ley de derechos humanos que tiene este país, y que se ha impulsado en esta legislatura, que ha producido una enorme cantidad de cambios o como la Ley de Telecomunicaciones, que ha ido al detalle de cómo se deben de regular todos los espacios, todos los móviles.
Todos los celulares en el país están regulados, lo sabemos, sabemos en dónde están, quién los usa, cuántos segundos, cuántos minutos, quién paga, quién cobra, etcétera, quién da el servicio.
Cuando hablamos de adopción estamos viendo que no sabemos todo esto, no sabemos todos estos datos acerca de las niñas, los niños, los adolescentes que son susceptibles de ser adoptados y esto va en sentido contrario, digamos, de lo que establece el Comité de los Derechos del Niño, que dice que es la punta de lanza de alguna manera la vanguardia de un sistema de protección integral tiene que ser el sistema de adopciones.
¿Por qué?
Porque son los niños que están en mayor vulnerabilidad, por un lado y porque son los que están a cargo del Estado.
Es un sistema en donde el estado no puede fallarte, en donde el Estado no puede estar modificando sino sólo mejorando, en donde el Estado no puede poner diferencias, no puede establecer mecanismos que no les permitan a los niños que están en proceso o susceptibles de ser adoptados, les impida no sólo este proceso sino no les garantice las condiciones necesarias, las condiciones de manera igualitaria.
La legislatura aprobada aquí, en diciembre del 2014, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ha suscitado ya procesos de armonización legislativa en muchos campos.
Quisiera solamente mencionar el tema del matrimonio infantil que ya llevaba la prohibición en 26 estados y recordar que tenemos todavía seis entidades federativas que no armonizan esta legislación junto con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero tiene que suscitar muchísimas bases, tiene que suscitar procesos de armonización muy amplios y uno es el que nos ocupa hoy.
Es indispensable que tengamos una Ley General de Adopción, yo diría más aún, una Ley Nacional de Adopción, un marco legal que establezca la posibilidad de que los derechos sean garantizados, no sólo reconocidos, para todas las personas en el territorio nacional, independientemente de quién les gobierna, independientemente de quién dirige un sistema de protección especial, independientemente de quién dirige el DIF.
Con los cambios que tenemos a nivel de los ejecutivos estatales y el federal, yo me atrevería a decir que por lo menos tenemos 60 modelos de adopción distintos cada 10 años en el país.
La legislación no cambia, pero los modelos sí, los procedimientos varían, los mecanismos para trabajar esto culturalmente con la sociedad varía.
Tenemos estados que un año dan 100 adopciones, al año siguiente dan dos adopciones, los mecanismos son muy distintos, los conocemos, es este tema el que nos reúne aquí.
Necesitamos un sistema nacional que no suponga diferencias y que sí establezca claramente que el interés superior de la niñez es justamente de los niños que están en posibilidad de ser adoptados, no de los adoptables.
El tema no es de padres, de madres, el tema no es de matrimonio igualitario, el tema no es de parejas heterosexuales, el tema es de niños, niñas y adolescentes.
Y que este tipo de discusiones, de los modelos de familia, de los distintos modelos de familia que establece el país y que están reconocidos, cobijados por la constitución, no sea el tema de discusión, porque es el tema –también hay que decirlo claramente– que va a atorar las discusiones en el Congreso.
El tema es el interés superior de los niños, niñas, y ellos son los que tienen el derecho de ser adoptados y la necesidad de que la regulación esté sobre ello.
Además, es indispensable que el marco legal sea correspondido por una capacidad institucional suficiente, y me refiero básicamente a las procuradurías de protección especial, la federal, las estatales e incluso las municipales.
Las procuradurías hoy tienen la responsabilidad, tienen los niños, tienen los niños en situación de abuso, de maltrato, de abandono; ahora también los niños migrantes acompañados y no acompañados, tienen la responsabilidad, la problemática, tienen que hacer los registros de Centros de Asistencia Social, tienen la responsabilidad del registro de adopciones, de conformar sistemas de familias de acogida y no tienen recursos, no tienen recursos suficientes. Hay recursos que han ido dando los distintos gobiernos, son recursos insuficientes y no hay en ese sentido una correspondencia de lo que ha establecido el Poder Legislativo con los recursos que el propio Poder Legislativo a nivel de la Cámara de Diputados y de la propuesta de la Secretaría de Hacienda establece.
Además, evidentemente de los presupuestos estatales.
Este tema es muy complejo, no es un tema sencillo, pero lo que sí me parece claro es que es de urgente y obvia resolución. No debería de terminar esta legislatura que hizo, que aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin que tengamos una ley general o una ley nacional de adopciones.
Creo que lo puede hacer este Senado. Hay una voluntad clara de las y los senadores que están presentes en estos foros, de quienes han impulsado las iniciativas también en la Cámara de Diputados y se requiere ahora el concurso de todo el Poder Legislativo Federal.
Yo les pediría al Congreso de la Unión, muy respetuosamente, no sólo a nombre de la Secretaría Ejecutiva sino a nombre del Sistema Nacional de Protección Integral, especialmente a nombre de los niños, niñas que están en posibilidad de ser adoptados y de los padres adoptantes, incluso de quienes hemos sido padres o madres adoptantes, una nueva ley de adopciones antes de que termine la presente legislatura.
No sólo cambios, no sólo mejoras al sistema, porque el interés superior de la niñez no requiere mejoras al sistema, requiere un sistema integral completo, requiere todos los derechos reconocidos y garantizados.
Muchas gracias y mucho éxito.
