Versión Estenográfica de la intervención del doctor Alejandro Hope, analista de Seguridad, durante el foro “La justicia que México necesita: Mitos y realidades del Nuevo Sistema Penal Acusatorio”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

 

DOCTOR ALEJANDRO HOPE: Muchas gracias al Senado de la República, muchas gracias al Instituto Belisario Domínguez; y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por darse el tiempo de venirnos a escuchar en este viernes. Sé que no es fácil llegar hasta aquí en viernes, entonces doble agradecimiento.

 

 

 

Déjenme empezar con una anécdota. Al final de la Primera Guerra Mundial, Bertrand Russell, que era un filósofo británico que qué pensaba de la civilización occidental y respondió: “es una buena idea”.

 

 

 

Entonces, en México qué opina uno de la investigación de los delitos, creo que es una buena idea, a lo mejor deberíamos de intentarlo, ¿no?

 

 

 

Lo que tenemos, para ser sinceros, es un Sistema Penal que no está diseñado para castigar delitos o al menos su operación no lo muestra en ese sentido. En mayor medida, procesa a personas detenidas en flagrancia, en un porcentaje elevadísimo, de más o menos 80, 85 por ciento de la gente que es puesta a disposición, es gente detenida en flagrancia.

 

 

 

Incluso cuando el sistema investiga, y aquí no quiero individualizar en ninguna institución, es un problema creo que sistémico, recurre con demasiada frecuencia a tortura, a maltrato, a presión, a diversos mecanismos para sacarle al inculpado una confesión.

 

 

 

Esto por supuesto ha venido modificándose en el nuevo Sistema, pero quiero destacar que de ahí venimos. Ahí está, como una muestra de esto, la reciente Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad, que acaba de producir el INEGI, y las cifras son realmente devastadoras.

 

 

 

Estamos hablando de que dos terceras partes de los reos sufrieron algún tipo de presión psicológica; dos terceras partes de los reos sufrieron maltratos físicos durante el proceso; en muchos sentidos incluso se llegó a la tortura; en muchos casos todo el sistema se volcó para inducirlos a aceptar su culpabilidad.

 

 

 

Un dato que me sorprendió mucho de esta encuesta, es que uno de cada 20 reos, más o menos, fue inducido a firmar la declaración que le presentó el Ministerio Público, por su propio abogado.

 

 

 

Y además, es un Sistema, piénsenlo de este modo, que el abogado defensor es el que está pidiéndole a su defendido que se declare culpable.

 

 

 

Esto es un problema, no es nuevo, viene de mucho tiempo, pero tenemos que indagar por qué no se investiga, por qué o se recurre a las detenciones en flagrancia o se recurre a estos mecanismos de presión y tortura.

 

 

 

Creo que no hay una respuesta única, pero creo que sí valdría la pena indagar en varias direcciones:

 

 

 

Uno, incentivos, que esa era una parte de la reflexión que se hizo al momento de la reforma al Sistema de Justicia Penal en 2008, no se investiga porque no tenían que hacerlo, en gran medida. La confesión era la prueba reina, una vez que se consignaba al inculpado frente al juez, era prácticamente seguro o muy fácil obtener una sentencia condenatoria; ¿entonces para qué hacer un esfuerzo que no era necesario?

 

 

 

Segundo, pero eso acaba de tener una serie de implicaciones. Uno: Se dedicaron muy pocos recursos a la investigación.

 

 

 

Los servicios periciales, las unidades de servicios periciales están sistemáticamente sometidas a presiones presupuestales.

 

 

 

Déjenme contarles una anécdota de un caso en el estado de Morelos hace no muchos años. Un caso de homicidio, donde la Unidad de Servicios Periciales no tenía refrigerador, no tenía refrigerador para guardar las muestras. A ese grado llegaban las carencias materiales, financieras, presupuestales de estas unidades.

 

 

 

Y este tipo de carencias se repetían, por ejemplo, en las policías ministeriales. No había patrullas, no había personal.

 

 

 

Además, había relativamente poco incentivo para formar personal especializado, personal altamente capacitado, personal que se requiere para la investigación de los delitos.

 

 

 

En las policías es realmente minúsculo el porcentaje de personal de alta especialización que uno encuentra en las policías judiciales o ministeriales del país.

 

 

 

Y como las policías preventivas no hacían o no tenían esa facultad, tampoco se formaba de ese lado el personal. Tenemos también un déficit.

 

 

 

Por último, había un problema de procesos. Es decir, aun cuando se hacía un intento de investigar, no llegaba muy lejos o se atoraba en diversos puntos del aparato burocrático.

 

 

 

Ahora, viene la reforma al nuevo Sistema de Justicia Penal, y esto en lo fundamental cambia el primero de estos problemas. Ahora sí empieza a haber de alguna manera un incentivo de investigar, porque si no se empiezan a caer los casos por diversas razones procesales, y es donde entra esta crítica que se ha hecho ahora, la supuesta puerta giratoria.

 

 

 

Pero todo lo demás, y esto es importante destacarlo, todo lo demás, el problema de recursos, el problema del personal, el problema del proceso dentro de las procuradurías de las policías ministeriales, de las policías de investigación donde hayan las policías preventivas sigue persistiendo.

 

 

 

Cuando se hizo la reforma, cuando se hizo la reforma en 2008, había un argumento implícito de que la reforma iba a provocar otras reformas. De que, al desnudar los problemas del ministerio público, las policías de investigación de los servicios periciales iba a generar tracción política para reformar las otras piezas del sistema.

 

 

 

Eso yo creo que reflejaba más voluntarismo que un análisis político frío.

 

 

 

Lo que estamos viendo en los hechos es que la reforma al nuevo sistema lo que está produciendo es no presión política para reformar, por ejemplo, a las procuradurías, a las policías, etcétera, sino presión política para una contrarreforma. De ahí, por ejemplo, las solicitudes de ampliar el catálogo de delitos graves para hacer más fácil la prisión preventiva oficiosa.

 

 

 

Ya se está instalando entre la opinión pública, entre segmentos importantes de la opinión pública e incluso en segmentos importantes de la clase política, la idea de que falló la reforma, de que fracasó la reforma, que hay que echarla para atrás en alguno de sus componentes básicos.

 

 

 

Y esto sí es peligroso y déjenme ponerlo de este modo: se dicen algunos de los defensores de esta contrarreforma, dicen que no es una contrarreforma, que son ajustes, no es importante el herraje.

 

 

 

Bueno, pues sí, pero se puede ajustar tanto que la nulifique. Y hay ahí un dato que me gustaría poner en la mesa: en 1980 estados Unidos tenía un sistema de justicia penal oral adversarial con salidas alternativas y tenía 500 mil reos.

 

 

 

En 2010 tenía un sistema oral adversarial etcétera y tenía 2.3 millones de reos. Ah no, pero es que cambió el contexto político y le quitaron, lo obligaron a endurecer la penas y les quitaron discreción a los jueces.

 

 

 

La presión política sobre el sistema le fue quitando capacidad, lo fue haciendo cada vez más punitivo hasta llegar a una situación en la cual Estados Unidos tiene más reos, entre ellos absolutos, que cualquier país de la tierra.

 

 

 

Entonces, suponer que unos cuantos ajustes, que la presión se va a frenar después de unos cuantos ajustes es yo creo que ilusorio. Una vez que abrimos la puerta a esta contrarreforma van a venir otras.

 

 

 

O sea, la presión y en efecto, como dicen, en Chile, en Colombia, ajustaron su sistema, sí, todos en el sentido punitivo, todos en el sentido de restarle garantías al inculpado, todas. Todas, es decir, tiene que quedar claro hacia dónde va este discurso.

 

 

 

Entonces, yo creo que ahorita estamos todavía en un momento en el cual podemos cambiar de curso, irlo moviendo en la dirección que prometía la reforma, una reforma que genere otras reformas.

 

 

 

¿Cuáles deberían de ser algunas de ellas?

 

 

 

Mis compañeros de panel van a hablar con mucho mayor precisión de estas, pero ciertamente una crucial debería ser acabar con las policías ministeriales.

 

 

 

Yo creo que la disfuncionalidad de esos cuerpos es de tal magnitud que ya no son arreglables en muchos casos, que simple y sencillamente habría que repensar todo el modelo de policía de investigación.

 

 

 

También hay que fortalecer la rendición de cuentas del Ministerio Público, no pueden simple y sencillamente echarle la culpa a los jueces.

 

 

 

O sea, tiene que haber la generación de estadística judicial, la generación de indicadores que permitan seguir el proceso y que permitan delimitar responsabilidades.

 

 

 

Tercero, sí hay que fortalecer mucho la capacitación de los policías, se ha hablado mucho de los problemas que han tenido los policías para actuar como primer respondiente, eso creo yo que ahí hay una tarea pendiente que se puede subsanar de manera relativamente sencilla.

 

 

 

Y, por último, y con esto ya detengo, yo creo que sí nos debe de quedar claro que el que quiera azul celeste, que le cueste. Un sistema de justicia penal y un sistema policial moderno, funcional, orientado a los derechos humanos, cuesta y cuesta mucho.

 

 

 

Entonces, sí hay que invitar al Congreso de la Unión a que ponga el dinero donde dice el tema de las prioridades.

 

 

 

Esto no va a funcionar sin una inversión mayúscula y sin un esfuerzo significativo de dotar a los cuerpos del Estado de capacidades importantes de investigación.

 

 

 

Muchas gracias.

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