Versión Estenográfica de la intervención de la doctora Mara Gómez Pérez, subcontralora del Senado de la República, en el Foro “La justicia que México necesita: Mitos y realidades del Nuevo Sistema Penal Acusatorio”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

 

 

DOCTORA MARA GÓMEZ PÉREZ: Muchas gracias, senador. Me da mucho gusto estar aquí, en esta última mesa de este Congreso y compartir este presídium con usted, Secretario, y con dos queridos amigos de muchos años, cómplices de batallas en la lucha por los derechos humanos. Muchas gracias.

 

 

 

Lo que yo voy a hacer es profundizar en las ideas de Santiago, ahondar en ellas.

 

 

 

Efectivamente, en México casi todos los días escuchamos: en la radio, en la televisión, en los periódicos, en las redes sociales, que los derechos humanos protegen a los delincuentes. Lo escuchamos una y otra y otra vez.

 

 

 

Escuchamos que siguen muriendo los inocentes, mientras los derechos humanos protegen a los criminales, que la delincuencia tenemos que combatirla, efectivamente, como incorrectamente se dice, con mano dura. Y ya nos recordaba Santiago esa frase inolvidable de esa campaña, en la que se dijo que los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas.

 

 

 

Y cito, una cita textual, se dice también que el debido proceso ha tenido un efecto catastrófico en los derechos de las víctimas. Y entonces, me pregunto, ¿qué exactamente se quiere decir cuando nos repiten estas ideas?

 

 

 

Vamos a ver. Una primera posibilidad, es que en los hechos se estén favoreciendo los derechos humanos de los delincuentes y de los criminales; que en realidad estamos defendiendo a los malos y no a los buenos; o más claramente, que hay un exceso de respeto hacia los derechos humanos de los delincuentes y debe dárseles menos protección, dado la gravedad del delito del que se les acusa o del daño que han hecho a la persona.

 

 

 

¿Qué dice la Academia al respecto?

 

 

 

Ya lo hemos escuchado aquí varias veces, los académicos que nos han acompañado insistentemente han dicho, sobre todo, básicamente que en México la tortura es un método de investigación criminal que se utiliza en contra de quienes son acusados de cometer un delito, culpables o no. Bueno, eso dice en resumen la Academia.

 

 

 

La Academia, a veces son activistas, ok. Vamos a buscar otra fuente: organismos internacionales, que ya los citaba Santiago.

 

 

 

México ha tenido muchas recomendaciones de organismos internacionales, hemos tenido condenas de la Corte Interamericana. Pero voy a citar sólo uno, el especializado: el Informe del Relator Especial sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas; emitido el 29 de diciembre de 2014.

 

 

 

Este informe de Naciones Unidas concluye: “En México, la tortura y los malos tratos son generalizados, dentro –claro– del sistema de justicia penal”.

 

 

 

Creo que todavía todos tenemos en la cabeza estas imágenes de un video difundido a través de redes sociales, que se viralizó, no sé si las recuerden, una joven morena, vestida de manera muy sencilla con una blusa lila, pantalones de mezclilla, la tenían tirada en el suelo, sentada en el suelo dos elementos del Ejército o presuntos elementos y un elemento de la Policía Federal; y básicamente la torturaban.

 

 

 

Le ponían –no sé si lo recuerdan– una bolsa de plástico en la cabeza y la asfixiaban y le preguntaban sobre María: “y dinos quién es María”, “¿dónde está María?”; y les decía “no sé, no sé” y pedía clemencia. Y en algún momento, ya casi la sofocan, la dejan tendida en el suelo y se le acercan y le pregunta el elemento que la tortura, le dice: “¿ya te acordaste o quieres más?”.

 

 

 

Ok, vamos a buscar una fuente más, la más importante, ¿qué dicen las autoridades públicas sobre este tema? Nuestras autoridades, ¿qué fuente oficial tenemos?

 

 

 

Se ha citado esta fuente, insistentemente en este evento: la Encuesta del INEGI. El INEGI hace unos días, el 31 de julio pasado, 10-12 días, dio a conocer los resultados de su Primera Encuesta Nacional a Población Privada de la Libertad.

 

 

 

Es una encuesta muy interesante, les invito a que la vean. Arroja muchos datos de verdad muy interesantes; pero les cito unos cuantos, dos:

 

 

 

El primer punto, es que en México el 75.6 por ciento de las personas privadas de la libertad sufrieron algún tipo de violencia; o sea, tres cuartas partes de las personas que están en las cárceles. Por ejemplo, fueron incomunicadas o aisladas, o fueron amenazadas con acusarlas de cargos falsos o atadas y vendadas de los ojos o presionadas para denunciar o inculpar a alguien más, como el caso del video, o amenazadas de que sus familias sufrirían algún daño: “si no nos dices, vamos a matar a tu hijo o nos vamos a llevar a tu esposa, a tu mamá” o fueron asfixiadas.

 

 

Y les doy un dato más: Además de eso, el 63.8 por ciento, específicamente sufrió algún tipo de violencia física, de agresión al cuerpo, patadas, puñetazos, golpes con objetos diversos, lesiones por aplastamiento, quemaduras, toques eléctricos, violación sexual.

 

Es decir, que la mayor parte de las personas que hoy día tenemos en nuestras cárceles, la mayor parte, la gran mayoría han sido objeto de tortura, o al menos eso declaran.

 

Y es que en realidad hay muchas y muy diversas violaciones a los derechos humanos que se convierten en contra de las personas que son imputadas de haber cometido un delito, independientemente de que sean culpables o no.

 

Y sobre todo –como bien decía Santiago– si se trata de personas con escasos recursos o personas que pertenecen a grupos vulnerables, como: campesinos, indígenas, mujeres, menores de edad, jóvenes menores de edad es una población muy vulnerada por el sistema de justicia.

 

Esto desde las detenciones arbitrarias, hasta la siembra de armas prohibidas o de drogas o de walkie talkies, porque en algunos estados sigue siendo un delito grave que amerita cárcel el portar walkie talkies, pasando por las violaciones típicas del debido proceso legal.

 

¿De qué hablamos los abogados cuando decimos: Debido proceso legal? Les pongo unos ejemplos:

 

Por ejemplo, la incomunicación. ¿Se imaginan ser detenidos? Que los detengan, que los metan a un sitio y no saber dónde están; no poder hablar con nadie que ustedes conozcan, no saber qué va a pasar.

 

Otra violación al debido proceso: No saber por quién o de qué se es acusado.

 

Como en esta novela de “El proceso” escrita por Kafka. Eso es contra lo que se opone el debido proceso. O bien, ser acusado por pruebas falsas, siembra de drogas.

 

Todas estas son violaciones graves del proceso, pero especialmente la tortura para obtener una confesión, como efectivamente se hacía en la Santa Inquisición, revela varias cosas. Revela la poca certeza que hoy podemos tener en la culpabilidad de las personas que tenemos dentro de nuestras cárceles; y sobre todo, convierte a las autoridades encargadas de investigar los delitos, de perseguirlos o de sancionarlos, en delincuentes.

 

Esto más o menos nos dice que quizá no podamos afirmar así categóricamente que esta frase de que los derechos humanos protegen a los delincuentes, se refiera a que en realidad estamos protegiendo a quienes son acusados de un delito, porque parece que esto no es así.

 

Okey, podemos tener otra interpretación.

 

Una segunda posibilidad, es que esta frase quiera decir que cuando se protegen los derechos humanos de los delincuentes estamos descuidando los derechos humanos de las víctimas, ¿no? Esto es, que por cuidar a los malos, estamos descuidando a los buenos, ¿no?

 

Pues tal vez, pero yo les diría que esto tampoco parece ser así, ¿por qué? Porque en realidad podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. Podemos proteger los derechos humanos de las víctimas y podemos proteger los derechos humanos de los presuntos delincuentes, presuntos, incluso de los delincuentes.

 

¿Y cómo se hace esto? Pues yo diría que no es tan difícil. Básicamente se trata de que cada quien haga lo que tiene que hacer, como en el avión del que hablaba Santiago, cada quien, la azafata haga su trabajo, el piloto haga el suyo, el copiloto haga lo que tiene que hacer.

 

O sea, que los policías y los ministerios públicos investiguen los casos antes de detener a una persona y no al revés, que primero la detengan, después la torturen y “Miren, ¿ya ven? Ya ven que sí era culpable. Ya confesó que sí era culpable, claro que era culpable”. No, ¿verdad? Hay que investigar antes.

 

Que los abogados defensores, sobre todo si son defensores públicos a los que nosotros les pagamos con nuestros impuestos, que estudien el caso, que lo revisen, que hagan una verdadera defensa, que el Estado les pague bien.

 

Que el juez que es otro importantísimo operador del Sistema de Justicia que esté presente en los juicios, que reciba personalmente  las pruebas, y sobre todo, y aquí a veces fallan nuestros jueces, que los jueces velen porque no se conviertan violaciones a los derechos humanos de ninguna de las partes, ni de las víctimas ni de los acusados. Esa es una de las funciones principales de nuestros jueces.

 

Y bueno, si finalmente la persona es declarada por el juez culpable. Okey, lo mandamos a la penitenciaría, a la cárcel, pero entonces ahí le toca al director del reclusorio velar por que esa persona cumpla su sentencia pero que no la revictimicen. Que los custodios no se aprovechen de ella y que los otros reos tampoco lo maltraten.

 

Yo diría, y coincido plenamente con mi colega que me antecedió, parece que no hay esta contradicción entre la delincuencia y la protección a los derechos humanos.

 

Porque yo me pegunto, bueno, ¿realmente será necesario que para combatir –como nos dicen– a los derechos humanos, tenemos que autorizar a las autoridades a que violen derechos humanos?

 

¿Será ésta la única manera de tener paz y seguridad en México? Y concretamente, ¿será cierto que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio es culpable de la violencia que hoy día tenemos en México?

 

Yo personalmente creo que no. Yo creo que en el fondo decir que los delincuentes son malos y, por tanto, los delincuentes o presuntos delincuentes son malos y por tanto no merecen ninguna protección a sus derechos como seres humanos, es una idea estereotipada que nos repiten una y otra y otra vez, es un estereotipo.

 

Y como todos los estereotipos, no es que sean totalmente falsos, es que son incompletos y por lo tanto son incorrectos; respetar los derechos humanos del acusado de un delito, no significa premiar a los criminales ni dejar de reprocharles sus faltas, sino sobre todo significa impedir que tengamos inocentes en las cárceles, como bien lo decía Santiago.

 

Nada más, pero también nada menos y entonces si no hay efectivamente ese dilema, o sea, si no es cierto que los derechos humanos nos impidan que los culpables de un delito paguen por lo que cometieron, entonces, ¿qué creen ustedes que se esconde detrás de este falso dilema?

 

O dicho con más claridad: ¿a quién le beneficia seguir diciendo que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y la protección a los derechos humanos que implica este nuevo sistema, genera la violencia y la inseguridad que tenemos en México?

 

Yo creo personalmente, es mi opinión, pues que es bastante más fácil echarle la culpa a los derechos humanos, que aceptar que en ocho años que se tuvieron para implementar el sistema de justicia, pues no se hizo nada, que a casi 10 años que tenemos de haber aprobado la reforma constitucional en esta materia, pues no se ha implementado correctamente y que los enormes, cuantiosísimos recursos que le dedicamos, fíjense, a nivel de los estados sobre 15 mil millones de pesos, pues que no se utilizaron en lo que debían o que no se utilizaron correctamente y esos 15 mil millones son sin contar lo que ha gastado la Federación.

 

Pero yo creo que todavía existe otra razón: más razones para mantener nuestro sistema de justicia inquisitivo, este viejo, oscuro, cerrado sistema de justicia penal inquisitivo y es que, lo hemos visto aquí, en este foro, el sistema inquisitorial es secreto, es como entrar a una caja negra donde no sabemos qué hay adentro, por dónde va a salir, es secreto; es escrito, no vemos el juicio, sólo el expediente.

 

Y en él el juez está obligado, por ley, a suplir todas las deficiencias de los ministerios públicos y de los policías. O sea, las policías federales, locales, estatales, de las procuradurías de los estados, de la Procuraduría General de la República.

 

Entonces, ¿a quién le convendrá echarle la culpa al sistema de justicia, a los derechos humanos? Pues voy terminando antes de que me corten el tiempo.

 

En conclusión, yo creo personalmente que debemos dejar de echarle la culpa a los derechos humanos y al Sistema de Justicia Acusatorio de la violencia y la inseguridad que tenemos hoy en el país.

 

Yo creo que entre todos podemos construir un mejor sistema de justicia y yo diría hay sencillamente que trabajar. Los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las autoridades federales, locales, municipales, la sociedad civil organizada, que ha estado aquí representada también, los comunicadores, los defensores de derechos humanos, los académicos, los ciudadanos, pongámonos a trabajar y entre todos construyamos un buen sistema de justicia, nos lo merecemos.

 

Un sistema que permita claramente castigar a los culpables y proteger a las víctimas, de eso justamente se trata la transformación en nuestro sistema de justicia penal y yo creo que sí podemos lograrlo.

 

Muchísimas gracias.

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