Versión Estenográfica de la inauguración del Congreso Nacional “La justicia que México necesita: Mitos y realidades del Nuevo Sistema Penal Acusatorio”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
PRESENTADOR: El Senado de la República les da la más cordial bienvenida al Congreso Nacional “La Justicia que México necesita. Mitos y realidades del nuevo Sistema Acusatorio”, que organiza el Instituto Belisario Domínguez, en este recinto que es la Comisión Permanente del Senado mexicano.
Es para mí un honor presentarles a todos y cada uno de los miembros del presídium de esta mañana.
Contamos con la presencia de nuestro anfitrión, el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez.
Asimismo, contamos con la presencia del senador Fernando Herrera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Agradecemos la presencia del señor Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A su vez, contamos con la presencia del doctor Raúl Cervantes Andrade, procurador General de la República, representado por el maestro Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
También contamos con la presencia de la doctora Mara Gómez, investigadora del Instituto Belisario Domínguez.
Finalmente, para conformar este presídium, contamos con la presencia de nuestro moderador, el doctor Gerardo Esquivel Hernández, coordinador ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez.
Desde luego, agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República. Así como a quienes nos siguen a través de la señal del Canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación que esta mañana nos acompañan.
Señoras y señores, sin más preámbulos, para comenzar con este importante Congreso Nacional, escucharemos a nuestro moderador, el doctor Gerardo Esquivel Hernández.
DOCTOR GERARDO ESQUIVEL HERNÁNDEZ: Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Saludo con gusto y agrado a quienes nos acompañan en el presídium.
Les damos la bienvenida aquí en el Senado de la República, donde el Instituto Belisario Domínguez ha organizado un Congreso Nacional titulado “La justicia que México necesita. Mitos y realidades del nuevo Sistema Acusatorio”.
Han transcurrido nueve años desde que fue aprobada la reforma de justicia penal en México. Hoy contamos con un modelo acusatorio vigente en todo el territorio nacional, al que hemos dedicado más de ocho años de construcción y enormes recursos humanos, materiales y financieros.No obstante, aún se discute si el sistema de justicia penal mexicano está o no a la altura de las necesidades del país y las exigencias de un Estado de Derecho.
Fortalecer la justicia y especialmente la justicia penal, es indispensable para mejorar la seguridad pública y disminuir la violencia; para combatir la corrupción y la impunidad; y también para disminuir la magnitud y la gravedad de las violaciones a los derechos humanos.
La justicia penal es la salvaguarda última con que cuenta el Estado para generar institucionalidad, estabilidad económica y paz social. En este contexto y con el objetivo de reflexionar sobre los retos actuales de la justicia penal en México, su importancia y hacia dónde debe dirigirse; es que el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República ha organizado el presente congreso nacional.
El Congreso tendrá lugar durante dos días, tendremos distintas mesas, a las cuales hemos invitado a distintos académicos, especialistas y funcionarios públicos, quienes harán uso de la palabra para darnos su visión respecto al estado actual del Sistema de Justicia Penal y su implementación en el país.
Les daré ahora el uso de la palabra a los distinguidos miembros del presídium.
Empezaremos con el señor Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Le reitero la bienvenida y muchas gracias.
JAN JARAB: Senadoras, senadores.
Ministro presidente Luis Aguilar Morales. Muy buenos días a todas y todos.
Quiero agradecer al anfitrión y al Instituto Belisario Domínguez por esta oportunidad de hablar de un tema muy importante.
Es un honor, un placer estar aquí con ustedes hoy para discutir la política penal y sus vínculos y supuestos vínculos con la situación de seguridad en el país.
Estoy en una situación bastante atípica. Muchas veces es el orador de la oficina del Alto Comisionado de criticar la legislación o política vigente e impulsar cambios.
Hoy me toca defender la legislación vigente y la política penal actual del Estado, y en una reflexión sobre las críticas que se han escuchado del nuevo Sistema Acusatorio.
No quiero decir que el nuevo Sistema Acusatorio sea panacea o que sea perfecto, obviamente tiene sus problemas en el primer año de su introducción a nivel nacional.
También da una reflexión, una parte, cómo vamos a escuchar una parte de estos problemas son de hecho los problemas crónicos y ya existen y que el nuevo sistema más visibles.
A poco más de un año después de la adopción del nuevo Sistema Penal, los elogios con los cuales era inicialmente recibido parecen memorias distintas y hoy está sujeto de críticas por parte de quienes siempre resistieron su instauración, y también está señalado de ser una de las causas sino la causa de la creciente inseguridad expresada en el incremento de la tasa de homicidios.
Yo quiero decir que es un asunto muy complejo, que necesitamos ser muy cautelosos cuando estamos hablando de los supuestos vínculos entre la política penal y la seguridad.
Evidentemente la gran tasa de impunidad sí tiene un efecto importante en la seguridad, pero también la tienen la política de seguridad, en general la política social y varios otros asuntos.
En cuanto a la credibilidad del aumento de homicidios, hay que ser un poco escéptico porque sabemos que la inseguridad, tal como es reportada sí existe, pero algunas bajas recientes eran bastante sospechosas.
Sabemos de varios gobernadores que han logrado supuestamente bajar índices de homicidios en sus estados, algunos de ellos son hoy por hoy objeto ellos mismos de la atención de la justicia penal y los aumentos que se dieron después pueden ser también artefactos estadísticos.
De hecho tenemos recientemente documentados discrepancias entre reportes del nivel estatal y la realidad.
Eso no quiere decir que la situación de seguridad sería buena. Evidentemente es muy preocupante, sigue siendo muy preocupante, pero el gran aumento es histórico, es el gran aumento después de que se lanzó la guerra contra la delincuencia en 2006.
Anteriormente la tasa de homicidios en México siguiendo tendencias comunes en otros países desarrollados estaba bajando, llegó en el 2004 a su nivel históricamente más bajo.
Es interesante que hace unos días en este mismo recinto, la señora María Novoa de CIDAV proporcionó algunos datos reveladores que, por un lado en los últimos años los índices de violencia han presentado variaciones, fluctuaciones, mientras que el porcentaje de la población en prisión preventiva se ha mantenido estable, porque nos muestra que probablemente hay pocos vínculos entre la población en prisión preventiva y los niveles de delincuencia o de violencia y que es, yo diría, irresponsable culpar al nuevo sistema acusatorio de ser causa del aumento, si este aumento es real.
Lo que no está en duda o que sí es claro es el vínculo del nuevo sistema con la mejora del Estado de Derecho. Aquí voy a citar la encuesta sobre personas privadas de libertad, los resultados fueron recientemente publicados por el INEGI y eso es, decimos, un análisis del funcionamiento principalmente del sistema anterior.
Muestra cosas muy preocupantes que sólo 13 por ciento de las personas fueron detenidas por una orden de aprehensión, que más de la mitad de las personas fueron objeto de agresiones físicas, que al menos una tercera parte fue objeto de alguna técnica de tortura.
Estos son los resultados del sistema anterior, en términos del Estado de Derecho sí son muy preocupantes y nosotros no deberemos tener, según nuestra opinión, nostalgia por un sistema que funcionó de esta manera.
Yo repito para los periodistas presentes que son los resultados del INEGI, que por favor me ocurre a veces que estoy citando fuentes del Estado y después se dice que ONU dice que. La semana pasada que hay tantas y tantas desapariciones, estoy citando las fuentes oficiales.
Y es preocupante y no queremos regresa a este sistema. De hecho, los sistemas existen hoy, como sabemos, en paralelo, porque los procesados donde se empezó anteriormente sí siguen siendo procesados en el sistema anterior y se puede ver que tenemos personas que permanecen en prisión preventiva tres, cuatro años y sí es preocupante.
En los recientes meses varios interlocutores han declarado que se necesita supuestamente contrarrestar las supuestas debilidades del Sistema Penal Acusatorio mediante varias contrarreformas y hoy comentar sobre una, la supuesta ampliación de la lista de delitos que conllevan a la prisión preventiva oficiosa.
Según nuestra oficina sería un paso en la dirección equivocada y me parece muy preocupante y lo digo aquí en la presencia del ministro presidente, que la mencionada (...) del populismo penal lleva a algunos políticos a criticar públicamente no sólo al nuevo sistema, sino también a los jueces por haber liberado a los delincuentes, como dicen.
Bien ¿cómo saben los políticos quién era delincuente? Eso es para los jueces decidir y es muy probable que se están cayendo los casos que deberían caerse en un Estado de Derecho.
Es posible que jueces en un caso u otro se equivocan, pero la mayoría de los casos probablemente no es el funcionamiento de los jueces, sino el mal funcionamiento de los investigadores, que tienen muchas deficiencias en términos de capacidades técnicas, pero también que no pueden contar siempre con la cooperación espontánea de los ciudadanos, por la razón de falta de confianza de estos ciudadanos.
Una situación en la cual estos órganos de procuración de justicia son acostumbrados a compensar este doble déficit de competencia y de confianza a través de métodos que no se pueden admitir en un Estado de Derecho.
En este contexto, ampliar la lista de delitos que suponen prisión preventiva oficiosa, significaría dos cosas, ambas bastante problemáticas:
Primero, la tendencia de restringir el margen de la decisión independiente, individualizada del Poder Judicial. A nivel mundial ya hemos aprendido que eso no funciona, que produce resultados contraproducentes.
Segundo, la tendencia de utilizar la prisión preventiva como castigo. En ese contexto, ya la existencia actual de una lista de delitos que suponen prisión preventiva oficiosa nos parece problemática.
En varios países europeos existen dos posibilidades: sólo establecer que la prisión preventiva es admisible cuando haya indicaciones concretas de un riesgo de que el acusado se escape, de que continúe la actividad delictiva o intente influir en los testigos; sin referirse a la calificación del delito, esto es en algunos países. Y en otros países sí se refieren a ciertos delitos, definiendo que en caso de persecución la prisión preventiva es admisible o que significa que para otros delitos no es admisible.
Aquí, a veces en la discusión ocular escuchamos que se necesita para ser oficiosa, para que sea admisible, ese no es el caso. Si el juez puede decidir prisión preventiva también para los delitos que no están en la lista de prisión preventiva oficiosa. De hecho, desde nuestra perspectiva no debería existir una lista de delitos con prisión preventiva oficiosa; y si ya existe debería ser disminuida y no añadir otros delitos.
Por último, también hay un riesgo de delitos fabricados y se sabe que es posible tener una acusación de un delito particular, que eso ya garantiza que la persona va a pasar tiempo en prisión preventiva. Es algo que podría potenciar la fabricación de delitos, podría potenciar la corrupción.
No queremos, por lo menos nosotros en la llamada comunidad de derechos humanos, que el nuevo sistema penal regrese a algo que ha caracterizado al sistema anterior y tampoco queremos que se adopten propuestas que permitirían la utilización de pruebas por escrito, en una forma que caracterizó al sistema anterior.
Gracias por su atención.
DOCTOR GERARDO ESQUIVEL HERNÁNDEZ: Agradecemos las palabras del señor Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Tiene ahora el uso de la palabra el senador Fernando Herrera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
SENADOR FERNANDO HERRERA ÁVILA: Muy buenos días. Gracias por su asistencia el día de hoy.
Permítanme agradecer de una manera muy especial al senador, don Luis Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez; de quien me atrevería a decir que ha hecho un extraordinario trabajo al frente de este Instituto del Senado de la República, me atrevería a decir que casi mejor que el anterior.
Bienvenido, señor ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es su casa, sabe que aquí es bien recibido y que siempre encontrará un lugar en el cual pueda hablar con fraternidad y desde luego, con el profesionalismo que le caracteriza.
Agradecemos la presencia también de don Gilberto Higuera, en esta ocasión acuda con la representación del Procurador General de la República, a quien le expresamos nuestro reconocimiento y de nuevo le mandamos a través de su conducto nuestro saludo.
Señor Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sea usted muy bienvenido al Senado de la República.
Desde luego, también agradecemos la presencia de la licenciada Mara Gómez y de don Gerardo Esquive, director del Instituto Belisario Domínguez por haber organizado este evento que será un instrumento más que servirá para la reflexión de los legisladores en esta nueva etapa de discusión.
El constituyente permanente hace nueve años en el 2008, al aprobar la reforma en el Sistema Judicial Penal llevó a cabo un acto de gran responsabilidad histórica porque su decisión obedeció a la necesidad de cumplir con una de las obligaciones esenciales del Estado, como es la de garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, bajo su jurisdicción.
El antiguo Sistema Penal Mexicano había sufrido grandes desfases y ya se requería la fundación de un nuevo sistema de justicia penal. El operador trazó una ruta de ocho años para que en el ámbito nacional se conociera, implementara, analizara y capacitara en los nuevos principios y mecanismos que el Estado mexicano utilizaría para impartir justicia, buscando llegar a mejores niveles de calidad en la convivencia social.
No se pecó de ingenuidad ni de ligereza. Hubo conciencia de que se estaba realizando un gran viraje en la manera en que la sociedad mexicana atendería la necesidad de sancionar la conducta delictiva.
La esencia del nuevo Sistema de Justicia Penal, consiste en evitar la impunidad, proteger al inocente y reparar efectivamente los daños producidos por el delito; desde luego, respetando en todo momento los derechos humanos del debido proceso legal.
El debate actual, se explica por la profundidad de la reforma, expresa dudas y el rechazo sólo se explica a veces por su ignorancia.
No debemos menospreciar la crítica. Estamos obligados al análisis dialéctico, confrontar ideas, justipreciar la crítica, valorar los hechos y precisar las necesidades.
La crítica que más llama la atención es la que señala que el nuevo sistema contiene debilidades que permiten que haya presuntos delincuentes que pueden evitar la privación de su libertad, vulnerando los derechos de las víctimas y poniendo en peligro a la comunidad.
Implementar este nuevo sistema no sólo es capacitar para un nuevo procedimiento, sino crear una nueva cultura o forma de concebir la acción punitiva del Estado, dejando atrás al tradicional sistema inquisitivo, cuyas desventajas han sido ampliamente reconocidas en todos los países democráticas.
El saldo que nos arroja el breve lapso del nuevo Sistema Acusatorio, nos indica que se debe trabajar para mejorar sensiblemente la prevención, la investigación y la sanción del delito dentro del marco de una justicia pronta, proporcional, transparente, expedita, eficaz y respetuosa de los derechos humanos.
Enfrentamos el reto de argumentar sólidamente la necesidad imperiosa de contar con un Sistema Penal moderno en pro de la sociedad y del respeto de los derechos humanos.
También tenemos el reto de continuar con los esfuerzos para que los operadores del mismo lo implementen cada vez con mayor eficiencia.
El Poder Legislativo tiene ante sí la obligación de perfeccionar, unificar y homologar los instrumentos legislativos para que en materia de justicia nuestro país alcance mejores y mayores estadios de convivencia y civilización.
Reconozcamos en la reforma en justicia penal de 2008 un acto de gran responsabilidad histórica. Significó un viraje en la manera de combatir el delito.
La esencia del nuevo sistema consiste en evitar la impunidad, proteger al inocente y reparar los daños, respetar los derechos humanos y el debido proceso legal.
El debate actual se explica por la profundidad de la reforma. Existen dudas, el rechazo, lo repito, en algunas ocasiones se explica por mala fe o por ignorancia.
No debemos menospreciar la crítica, se debe trabajar para mejorar la prevención, la investigación y la sanción del delito. Es obligado aumentar la necesidad de contar con un sistema penal moderno; necesario lograr que los operadores del mismo lo implementen cada vez con mayor eficiencia.
Por eso las ponencias habrán de presentarse y las conclusiones que surjan de este debate, de este análisis, serán un instrumento valiosísimo para dotar al Estado Mexicano de mejores instrumentos para garantizar y darle a cada quien lo que le corresponde.
Señor presidente del Instituto Belisario Domínguez, señores invitados, muchísimas gracias por su presencia.
DOCTOR GERARDO ESQUIVEL HERNÁNDEZ: Agradecemos las palabras del senador Fernando Herrera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política.
A continuación tiene el uso de la palabra el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación.
MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES: Muy buenos días.
Señor senador don Fernando Herrera Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, muy buen día; don Luis Miguel Barbosa Huerta, señor senador presidente del Instituto Belisario Domínguez y convocante de esta importante reunión de análisis, que seguramente representará conclusiones muy importantes para nuestra legislación penal.
Don Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y don Gilberto Higuera Bernal, que viene, querido amigo además, en representación del señor Procurador General de la República.
Nos acompaña, desde luego don Gerardo Esquivel, que modera esta reunión y a una antigua colaboradora y amiga también, a doña Mara Gómez.
A todos ustedes, señoras y señores senadores y asistentes en general:
Agradezco, como les decía, al señor senador Miguel Barbosa, presidente del Instituto Belisario Domínguez, por la amable invitación que me extendió para participar en la inauguración del Congreso Nacional “La Justicia que México Necesita. Mitos y realidades del Nuevo Sistema Acusatorio”, que entre hoy mañana ha sido organizado con el objeto de reflexionar sobre los retos actuales de la justicia penal en México, su importancia y hacia dónde debe dirigirse.
El 18 de junio de 2016, a propósito de la entrada en vigor del nuevo sistema, afirmé que el poder reformador de la Constitución tomó una decisión trascendental que se vinculó con un esfuerzo institucional sin precedentes y que constituyó una verdadera reforma de Estado.
Fue entonces cuando manifesté que el Poder Judicial de la Federación estaba comprometido a lograr el sistema eficiente que resuelva la problemática penal desde su primera etapa hasta la reparación del daño, con absoluto respeto de los derechos fundamentales de todos los involucrados.
Decididamente, desde luego del imputado, pero con igual +énfasis y preeminencia, los de las víctimas, ecuación sin duda compleja pero necesaria en el marco de la vigencia del estado de Derecho.
Hoy estoy aquí no sólo para ratificar ese compromiso, sino para refrendar que el Poder Judicial de la Federación ha continuado con las acciones de consolidación que aseguren la calidad en la oferta de justicia en materia federal, desde estos momentos iniciales y con miras a mantenerla, incrementarla, a la par de darle aumento, tanto en la cantidad de juidicializaciones, como en la complejidad de las problemáticas jurídicas que se plantean.
Asimismo, debe destacarse que, en esta etapa, en donde ya existen centros de justicia penal federal, que operan de forma cotidiana en los diversos contextos de nuestra pluralidad nacional, la política de seguimiento, crecimiento y desarrollo del nuevo sistema penal, se constituye como un tema estratégico para el Poder Judicial y concretamente para el Consejo de la Judicatura Federal.
Esta política está enfocada a la atención pronta y expedita de los usuarios del sistema, garantizando los principios del procedimiento y fortaleciendo la transparencia y certidumbre en la impartición de justicia.
Hemos ya dotado de instalaciones dignas, no sólo para quienes trabajan ahí, sino especialmente para la sociedad que acude a presenciar estos nuevos juicios, con la importancia de la presencia clara de la población, de la sociedad en el proceso y en la manera en que se hace.
En este marco de consolidación están en operación ya 39 centros de justicia penal federal, distribuidos en las entidades federativas, e incluso en las Islas Marías. En todos ellos hay ya 52 salas de audiencia que están funcionando. El recurso humano ha sido elemento primordial.
Así, después de rigurosos concursos de selección, ya contamos con 220 jueces especializados, de los cuales ya están adscritos la mayoría en nuevo sistema, incluyendo a los jueces de ejecución. Como ustedes saben, el sistema consiste en tres jueces: el de control, el de proceso y el de cumplimiento de sentencias.
Por su parte, en la justicia para adolescentes, que también estamos trabajando en ella por disposición de la ley, se decidió seleccionar entre aquellos jueces que aún no les hemos dado adscripción en este nuevo sistema, para ser capacitados además en habilidades y conocimientos necesarios en la materia, en los próximos meses.
Las audiencias son un componente medular del nuevo sistema. Por ejemplo, el 41 por ciento de los centros las audiencias se realizan con celeridad, con presencia, con argumentación y se resuelven, la mayoría, en un promedio de una hora.
El Poder Judicial de la Federación ha asumido sus obligaciones en el marco del nuevo sistema y, sobre todo, de nuestro compromiso por seguir adelante. No es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país; nosotros cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución y esa labor no la vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica.
En la implementación de consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal, la justicia federal ha cumplido cabalmente con la parte que le toca, ya que la problemática de seguridad pública que vive el país, demanda de los jueces mayores esfuerzos en la tarea de juzgar; que bajo ningún concepto puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto de los derechos que el propio constituyente ha reconocido a favor de quien se le imputa un delito o a quien lo sufre, como es la víctima.
Los jueces son protectores, en primer lugar, en primera instancia, de los derechos de todos, sin adjetivos, ni de los delincuentes ni de las víctimas; sino de todos, incluyéndolos a todos. Y en segunda instancia (falla de audio de origen) …al que se ha probado mediante el proceso legal correspondiente, el debido proceso, su culpabilidad, no antes.
El sistema acusatorio no es un sistema de prisiones o libertades, es un sistema sustancialmente de protección de derechos fundamentales.
De desde luego, todos somos respetuosos de todas las visiones críticas, pues es evidente que aún quedan aspectos por mejorar. Y es preciso y urgente hacer, como se está haciendo ahora en esta convocatoria, un diagnóstico minucioso que en su caso permite identificar áreas de oportunidad; pero el compromiso es consolidar las instituciones que garanticen que se repare el daño a la víctima y que se castigue sólo al que sea hallado culpable en el debido proceso legal; sobre principios ineludibles como el principio de presunción de inocencia.
El Alto Tribunal ha sostenido que el principio de progresividad de los derechos humanos, tutelado por nuestro artículo 1º de la Constitución, es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana; porque su observancia exige que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementen gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y por otro les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que disminuyan el nivel de protección que se ha alcanzado y que se está buscando.
Asimismo, recordando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido el debido proceso como el conjunto de actos de diversas características, que tiene la finalidad de asegurar, tanto como sea posible, la solución justa de una controversia, aunado a que uno de los fines fundamentales del proceso es la protección de los derechos de los individuos, la Suprema Corte ha reconocido que por la existencia del vínculo entre derechos humanos y procedimiento judicial, el principio de progresividad ha encontrado un contexto propicio para desarrollarse con un propósito y efecto útil.
A la justicia federal, a los jueces federales no nos toca más que cumplir y acatar las obligaciones que nos impone la Constitución y la ley, por la protección de los derechos de todos, de la sociedad, de los inculpados, en especial de las víctimas y en beneficio de México.
Muchísimas gracias y mucho éxito en estos trabajos.
DOCTOR GERARDO ESQUIVEL HERNÁNDEZ: Agradecemos las palabras del Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A continuación y para cerrar esta ceremonia inaugural, tiene el uso de la palabra el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez.
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Saludo a todos ustedes en esta lluviosa mañana.
Me siento muy honrado por presidir este acto inaugural de este gran foro “La Justicia que México Necesita. Mitos y Realidades del Sistema Acusatorio Penal”.
Honrado con la presencia del senador Fernando Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien no ha tenido dudas en apoyar los trabajos del Instituto Belisario Domínguez.
Honrado con la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación, el Ministro Luis María Aguilar; gracias presidente, siempre ha respondido a los llamados de apoyo de este Senado de la República. Gracias.
Al señor Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las naciones Unidas para los Derechos Humanos; gracias señor Alto Comisionado.
Y a nuestro amigo, el subprocurador Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, que viene en representación del doctor Raúl cervantes Andrade, el Procurador General de la República.
De verdad muy complacidos en el Instituto Belisario Domínguez por llevar a cabo este foro que, al cierre del mes de agosto, en el año 2016 y lo que va de 2017, habríamos llevado a cabo 250 foros.
De verdad que sí es importante la labor que se ha realizado y sin duda este trabajo de análisis, de investigación y de divulgación se junta con las ediciones fabulosas que se han podido imprimir, con recursos del Senado de la República, hacen de este instituto una entidad para el trabajo legislativo y para el trabajo académico y de investigación en nuestro país.
Y tomamos la decisión de organizar este foro, desde luego, con la puesta en marcha del Proceso Penal Acusatorio y Oral y por la lanzada que en contra del propio proceso se está llevando a cabo desde muchos factores políticos muy importantes.
Señalar que el Proceso Penal Acusatorio y su aplicación es el responsable de la liberación de presuntos delincuentes, la llamada “puerta giratoria” que le han dado en mencionar es de verdad un exceso y para nosotros es una forma de ocultar la falta de preparación para llegar al punto de la aplicación de este proceso
Ocho años se tuvieron en todos los órdenes de gobierno para construir una estructura, una infraestructura y capacitar a Ministerios Públicos, a jueces, a peritos, a policías y poder hacer de la aplicación del proceso penal algo exitoso.
El Proceso Penal Acusatorio y Oral, a partir de la reforma constitucional que le dio origen en el año 2008, puso a México y al Sistema Penal mexicano en las mismas condiciones en que se desarrollan procesos penales en los países más avanzados del mundo. Abandonamos el Sistema Penal Inquisitivo, donde todo se podía construir de manera falsa.
Una confesión, la declaración de dos testigos tomados inclusive ante las policías judiciales, era suficiente para que un juez condenara a un presunto delincuente o a un inculpado.
Así se construía. Los peritajes carecían en su mayoría de elementos técnicos necesarios y se creaba una especie de debilidad institucional, de la cual se aprovechaban los que tenían para poder construir una defensa y la debilidad de los que no tenían para ello y no poder defenderse.
El Sistema Penal Acusatorio, un Sistema Penal garantista, un Sistema Penal que desarrolla todo un conjunto de garantías del debido proceso, que pone para mí el punto clave en la definición, primero, de la presunción de inocencia; y después, en la necesaria convicción, necesaria convicción del juez para poder condenar.
Con eso surge la figura de la llamada duda razonable, es vista en otros procesos penales de otros países y que aquí no estaba perfectamente definida como tal. Así es que para nosotros es necesario que los órdenes de gobierno, el Ejecutivo, las procuradurías, los poderes judiciales pongan muchos recursos, todos los recursos necesarios para poder terminar la implementación de los requisitos, las condiciones de este Proceso Penal Acusatorio y Oral. Es así.
No puede señalarse que la liberación mediante prisión preventiva a inculpados, es responsabilidad del proceso penal. Los requisitos de la prisión preventiva están derivados de la Constitución, de la propia Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Se han puesto a decir, yo he escuchado las declaraciones de jefes policiacos que dicen: hemos detenido a gente con un Barret, es un arma larga de enorme potencia, que solamente la utilizan los delincuentes mayores, y que como la ley no lo prevé, se tiene que poner en libertad; no se puede otorgar una prisión preventiva oficiosa.
Eso es mentira, eso es mentira. La prisión preventiva es una medida cautelar que de manera obligada se impone para el catálogo de delitos graves, que establece el 19 Constitucional; y también para los mencionados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Pero el juez tiene la capacidad de decidir esta medida, si otorgar esa medida cautelar, la libertad o no, pone en riesgo a la víctima, a los testigos, a la sociedad o que no se sujete a proceso.
Hay casos de corrupción, tanto a nivel de procuradurías como a nivel de poder judicial, y por eso muchos presuntos delincuentes alcanzan ese tipo de beneficios. Pero coincido en que sería un retroceso, una reforma legal como está en curso, para aumentar el catálogo de delitos graves.
El tema de armas de fuego, es un tema que tiene que verse, tiene que verse también. Un arma de uso exclusivo del Ejército corta, no necesariamente es portada por un delincuente; puede ser portada en una visión equivocada, por cualquier ciudadano que piensa que puede darle seguridad la portación de esa arma, aunque yo estoy convencido de que es absolutamente al contrario.
El que tiene un arma y la lleva para su seguridad, y tiene un eventual momento de riesgo con un delincuente y quiere sacarla, el arma, lo único que va a lograr es que el delincuente sí dispare en contra de él y el ciudadano difícilmente lo va a hacer.
Pero ahí viene el riesgo de los policías, que para generar responsabilidades cargan armas. Una reforma que de manera generalizada establezca la portación o la posesión de armas, de toda índole, de uso exclusivo del Ejército, sea motivo de que haya una prisión preventiva oficiosa, es muy riesgosa, cuando todavía hay un sistema policial muy débil institucionalmente.
Eso hay que deliberar, eso vamos a escuchar en estos dos días en cinco mesas, en cinco mesas que tienen el propósito de ir al fondo.
La primera mesa, “¿Para qué se hizo la reforma al Sistema Penal Acusatorio y Oral?”.
La segunda mesa: “¿Cómo funciona hoy la justicia penal mexicana?”.
La tercera mesa: “Policía y Ministerio Público, capacidades de investigación”.
La cuarta mesa: “Prisión preventiva de oficio, por qué sí y por qué no”.
Y finalmente, la quinta mesa: “Combate a la delincuencia y respeto a los derechos humanos”.
Estoy cierto que va a ser un foro muy útil y sin duda muy rico. El nivel de los participantes es de alto, alto perfil. Por esas razones y ofreciendo una disculpa de antemano, les pido que nos pongamos de pie para declarar formalmente inaugurado este Foro.
Siendo las 10:10 horas del día jueves 10 de agosto de 2017, en la Sala donde se desarrollan los trabajos de la Comisión Permanente, honrado con la presencia de todos ustedes, como presidente del Instituto Belisario Domínguez declaro formalmente inaugurado este Foro, estos dos días de trabajo “La justicia que México necesita. Mitos y realidades del nuevo Sistema Penal Acusatorio”.
Gracias y buenos días.