Versión Estenográfica de la inauguración del conversatorio “El derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas en México”, al que convoca la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, en coordinación con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (PRODESC)
PRESENTADOR: La Sexagésima Tercera Legislatura del Senado de la República, les da la más cordial bienvenida al conversatorio titulado “El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en México”, que organiza la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano; en coordinación con el proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C., PRODESC; en este recinto que es la Sala de Reunión número 6, del Hemiciclo de este Senado de la República.
Para esta ceremonia de inauguración, contamos con la presencia en el presídium de nuestra anfitriona, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Buenos días. Gracias a todas y todos ustedes que están aquí acompañándonos, a los medios de comunicación; particularmente también al Canal del Congreso, que el día de hoy estamos en vivo. Además este foro, este conversatorio va a ser seguramente repetido varias veces posteriormente.
Y me da mucho gusto estar acompañada de Alejandra Ancheita, quien es la directora del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C., PRODESC; que junto con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República estamos coconvocando a este importante conversatorio.
También agradezco mucho la presencia de Jan Jarab, que es el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, con quien tenemos también una relación muy importante el Senado, nuestra Comisión, para llevar adelante, sacar adelante todos los pendientes que tienen que ver con el derecho internacional de los derechos humanos, que México ha aprobado y que la relación de trabajo, por lo tanto, particularmente con el Senado de la República y con las organizaciones como PRODESC, es bastante cercana.
A ambos les agradezco mucho que nos estén acompañando en la inauguración de este evento, este conversatorio “El derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas en México”.
Como ustedes saben, esta materia tiene como objeto continuar con el debate que se ha llevado en México durante muchos años, entre diferentes organizaciones, diferentes especialistas sobre el derecho a la cultura y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas; así como abrir un espacio para que las comunidades originarias de nuestro país, en donde se están implementando megaproyectos.
Quiero llamar la atención particularmente en este tema, porque pareciera que no es un tema relevante y tiene dos aristas importantes que hay que destacar: la importancia de que México transite hacia la evolución de la producción de energías sanas, energías que sustituyan al uso de los productos que derivan del petróleo; y por supuesto la otra parte, la importancia de que destaquemos que si bien es trascendental que en México caminemos en esta industrialización sana de energías, también por el otro lado la exigencia y el llamado de atención y la alerta respecto de que estos megaproyectos no se constituyan en violaciones graves a los derechos humanos.
Hoy tenemos un problema muy, muy grave en materia de desplazados en nuestro país, y entonces el desplazamiento forzoso interno pareciera que tiene que ver, sí, es verdad, con problemas derivados de la violencia, no solamente desastres naturales, también de la violencia. Pero la parte invisible que está detrás de los desplazamientos internos forzosos, tienen que ver precisamente con megaproyectos.
De tal manera que este conversatorio es muy relevante porque es el enfoque de un derecho que siempre hemos insistido desde el aspecto medioambiental, en México dejar a un lado esta crisis provocada en México y en el mundo, del uso de los derivados del petróleo y buscar otras alternativas.
Sin embargo, el enfoque de respeto de derechos humanos a las comunidades, principalmente a las comunidades indígenas originarias de nuestro país que hoy están sufriendo muchos de los embates de la instalación de estos megaproyectos sin haber sido consultados, sin haber tomado en cuenta sus derechos, sin tomar en cuenta el respeto irrestricto de la Constitución, nos ha llevado a una situación terrible de desplazamiento forzoso interno.
Por lo tanto, quiero destacar que ProDESC es una organización no gubernamental fundada en 2005, cuyo objetivo es defender y promover precisamente los derechos económicos, sociales y culturales y medioambientales, acompañando a comunidades agrarias, a comunidades y pueblos indígenas en la defensa de su territorio, de su tierra, de sus bienes naturales, así como en la defensa de sus derechos colectivos y de las trabajadoras y trabajadores que tienen que ser tomados en consideración desde, insisto, el enfoque de la defensa de sus derechos humanos también desde el aspecto laboral.
El derecho a la consulta tiene un doble cráter, creo que está muy bien definido, un doble cráter. Es un derecho humano colectivo de los pueblos indígenas íntimamente vinculado con su derecho a la libre determinación y a la vez es un instrumento central para garantizar la realización de un amplio conjunto de derechos reconocidos, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno, el nacional.
El derecho de los pueblos indígenas, a partir de la adopción de decisiones, de su derecho a tomar decisiones, tiene su origen en los principios de libre determinación, igualdad, identidad cultural, pluralismo y respeto a su tierra, a su territorio y a sus recursos naturales que son del pueblo, son de la nación, pero también son de los pueblos originales.
No podemos separar estos aspectos para simplemente el Estado tomar una determinación sin tomar en consideración qué pasa con sus habitantes, sobre todo cuando son habitantes originarios y cómo se trastoca la vida a la cotidianeidad de todas estas familias.
Yo creo que ya tenemos que decir y vamos a escuchar a expertas y expertos después de que pasemos esta etapa nosotros tres de la inauguración, de la instalación de este conversatorio, vamos a escuchar diferentes enfoques de nuestras invitadas e invitados que nos van a acompañar en este conversatorio, pero seguramente van a coincidir desde diferentes enfoques en decir ya basta.
Ya basta que se siga maltratando, que se siga violentando desde siglos y siglos atrás a los pueblos originarios, y ahora frente a una entrada a la modernidad, e insisto, a buscar en la búsqueda de alternativas que es muy legítimo, que es una obligación del Estado mexicano, buscar alternativas medioambientales, por supuesto estamos encontrando que eso tiene otra arista. La violación a todos esos principios que hemos mencionado y que por cierto ya están reconocidos en la Constitución.
Nuestra Constitución ha pasado por distintas reformas estructurales, particularmente en el artículo 2 de nuestra Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en diferentes momentos ha señalado, ha sostenido que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta, y lo leo textual: “Constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de los pueblos, así como los demás derechos cultuales patrimoniales ancestrales que la Constitución y los tratados internacionales reconocen”. Cierro la referencia textual de lo que ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De tal manera que en México el derecho a la consulta previa tiene una importancia de gran relevancia. Es trascendental en tanto se relaciona con la protección de derechos colectivos, como el derecho al desarrollo sustentable, propiedad ancestral, biodiversidad cultural, identidad cultural, entre otros aspectos que es importante destacar.
Quiero mencionar de manera breve que efectivamente la Constitución comienza un proceso más enfático a partir del 92, en donde comienza con una referencia en el artículo 4º constitucional.
De ahí pasamos al 2001 con una gran todavía polémica y pendiente respecto de alguna parte importante que quedó todavía por resolverse, de gran polémica y también tengo que destacar, trascendental.
Finalmente los pendientes que quedan respecto al territorio, al derecho, a la propiedad pública por parte de los pueblos indígenas, que quede pendiente en la gran reforma en 2001, en donde por cierto también tengo que destacar que el artículo primero de la Constitución por primera ocasión se inscribe en nuestra carta magna el principio de no discriminación.
Bueno, hemos seguido un proceso importante de reformas, insisto, las últimas incluso tienen que ver con el artículo dos, particularmente tengo que destacar las que impulsamos para reiterar, reafirmar la igualdad sustantiva de las mujeres indígenas, que es algo muy relevante también, porque no podemos contextualizar toda esta exigibilidad de derechos si no lo fomentamos, si no lo prevenimos, ni no lo enfatizamos en la participación igualitaria, desde el aspecto sustantivo de las mujeres también.
Y particularmente las mujeres indígenas siguen siendo discriminadas, de las discriminadas de las discriminadas.
De tal manera que además de ser mujeres, de ser indígenas, tienen que ser tomadas en consideración por quienes integran, quienes conforman estos pueblos y comunidades indígenas y por cierto, esta materia tiene que también ser vista desde la perspectiva de género.
Termino haciendo referencia que después de esta reforma del 2001 que se establecen los transitorios que la legislación tendría que ser modificada, a partir de tomar en cuenta las particularidades de la presencia originaria de los pueblos y comunidades indígenas, en nuestros territorios, de tal manera que no se ponga en el mismo paquete a todas las comunidades y a todos los pueblos.
Cada uno de ellos tiene una particularidad, aunque todos estén asentados en un territorio, en una entidad federativa, cada una de ellas tiene sus propias particularidades, que tienen que ser destacadas y por supuesto respetadas.
Sin embargo, sólo 25 entidades de nuestro país, de las 32, reconocen el derecho a la consulta, ya sea porque lo establecen sus constituciones o en las leyes específicas en materia de derechos indígenas.
Cabe destacar que sólo San Luis Potosí y Durango tienen leyes sobre consulta y reconocen a los pueblos y comunidades indígenas, explícitamente como sujetos de derechos.
De tal manera que los pendientes son muchos y es importante destacar que este tema tendrá seguramente que ser abordado desde distintos enfoques, insisto, con nuestras compañeras y compañeros que hemos invitado.
De tal forma que les agradecemos su presencia y termino inaugurando de manera formal este Conversatorio y por supuesto pasemos de la formalidad a la informalidad, demos el cursos ya prácticamente con esta intervención de la instalación de los trabajos y por supuesto paso la palabra de manera preponderante a Alejandra Ancheíta, que me acompaña en la co-convocatoria, insisto, de este importante conversatorio.
Por favor, si eres tan amable.
ALEJANDRA ANCHEITA: Buenos días, muchísimas gracias senadora y muchísimas gracias también por compartir este inicio de un conversatorio que estuvimos preparando con la senadora y también en la co-convocatoria con el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque nos parece que es un momento muy definitivo respecto del futuro que implicará un ejercicio adecuado de derecho a la consulta y al consentimiento libre previo informado de los pueblos indígenas en el país.
Es un tema que se tiene y que es urgente empezar a abrir, a debatir, a platicar con los pueblos y también con toros actores que están involucrados en un ejercicio apegado a los altos estándares en materia de derechos humanos.
Por eso evidentemente el Senado es uno de los actores más importantes que tienen que estar involucrados en este diálogo y de igual forma pues no podemos dejar de lado la participación que al representación del Alto Comisionado en Materia de Derechos Humanos, incluso está teniendo ya en acompañamiento y en observación de ejercicios de consulta concreta en diferentes estados de la República.
Como ya la senadora Angélica nos presentaba, voy a ser muy breve el trabajo de ProDESC:
Como se mencionaba anteriormente, está enfocado principalmente en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.
Desde el año 2005, hemos impulsado la promoción y la protección principalmente de la defensa al derecho a la tierra y al territorio, y sus bienes naturales tanto de comunidades agrarias, núcleos ejidales como de pueblos indígenas, y de igual manera en la defensa de derechos humanos laborales, de manera específica la defensa a la contratación colectiva de trabajo y la libertad de asociación sindical de colectivos de trabajadores y trabajadores en diferentes industrias, muy concretamente en la industria minera, pero también en la industria, los trabajadores y trabajadoras jornaleras, también trabajadoras, principalmente, que están desarrollando su actividad económica en el hogar, trabajadoras del hogar, trabajadoras de la industria maquiladora.
Y por último, también de manera muy consistente, la defensa de trabajadores y trabajadoras temporales, mexicanos y mexicanas que viajan todos los años a Estados Unidos, bajo las visas de trabajo H2A y H2B, y que sufren una serie de violaciones a sus derechos humanos laborales desde el momento en que son reclutados y contratados en sus comunidades de origen y que estas violaciones se reproducen también ya estando en muchas ocasiones en sus centros de trabajo en Estados Unidos.
Una parte muy importante y que recupero de la participación anterior de la senadora, es también el trabajo que ProDESC ha venido desarrollando en la defensa de los derechos de las mujeres.
Muy concretamente, de las mujeres indígenas, principalmente en el ejercicio a su derecho a la tierra, a su derecho al territorio, a su derecho a decidir qué haber con los bienes naturales que están ubicados en su propio territorio y que además las mujeres son quienes tienen un conocimiento mucho más cercano de cómo hacer una utilización y una explotación adecuada y sustentable de los bienes naturales, ubicados en su tierra y en su propio territorio.
Desde ahí ProDESC ha venido haciendo un análisis, principalmente de las diferentes políticas de desarrollo que se han impulsado desde el Gobierno Mexicano, a partir de la década de los 90.
Es un análisis que no es exclusivo de ProDESC, que académicos y especialistas también han posicionado respecto de un modelo que ha ido impulsando, una sobre explotación de los bienes naturales, localizados la mayoría en tierra y territorio de comunidades indígenas, de núcleos ejidales y de bienes comunales.
Este modelo de desarrollo, que también la senadora planteaba en un inicio, tiene, por supuesto, un objetivo muy claro, que es la de impulsar lo que algunos actores de la sociedad plantea como modelos de desarrollo económico y que ha planteado de alguna manera una serie de prebendas y privilegios a ciertos actores, principalmente empresas nacionales y trasnacionales.
En este modelo de desarrollo se han visto vulnerados los derechos humanos de comunidades indígenas, de pueblos y de manera muy específica que es parte del trabajo que ProDESC y varias de las organizaciones que nos acompañarán en el conversatorio el día de hoy, han venido también ya documentando, se ha vulnerado de manera muy constante, construyendo un patrón muy específico, el derecho a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado.
Desde ahí es que nos parece muy importante abrir la discusión también a partir de todas las reformas, por un lado, una serie de reformas positivas, como las que mencionaba la senadora, a la Constitución, donde se reconocen de manera más plena y de manera progresiva, los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad sustantiva de las mujeres.
Pero, por otro lado, otra serie de reformas legislativas que se dieron años pasados y que van también abriendo una serie de posibilidades de la explotación a los bienes y recursos naturales, pero no necesariamente aseguran el ejercicio del derecho a la consulta libre, previa e informada. Estoy hablando de la reciente reforma al sector energético.
En ese sentido, también estas políticas y esta serie de reformas también la senadora lo mencionaba en su entrada al conversatorio, han generado como ella misma lo planteaba, una política de despojo que ha derivado en más de cien conflictos sociales, activos por la indiscriminada concesión del territorio mexicano a la industria extractiva. Y muchos de ellos por falta de consulta, consentimiento previo, de acuerdo con las propias investigaciones de la UNAM.
En ese sentido, para nosotras como organización de derechos humanos, es muy claro que la disputa de las tierras y del territorio indígena, es también de alguna manera ha generado conflictos étnicos y políticos, y en esos propios conflictos las mujeres estamos viviendo una afectación muy particular; pues debido a la división sexual del trabajo se relaciona de manera específica con los bienes naturales que implica el agua, la leña, las semillas, de manera específica.
Y sin embargo, no tienen la mayoría de las mujeres el poder de decisión sobre la tierra, sobre el territorio, sobre sus bienes naturales; además de que no son reconocidas en los espacios de toma de decisión sobre qué hacer con su tierra y con su territorio.
La inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y acceso al derecho a la tierra, ha sido como todas y todos sabemos, un adeudo histórico en este país. Desde el reparto agrario no se ha logrado resarcir una participación ciudadana completa desde un ejercicio progresivo de los derechos de las comunidades agrarias, de los núcleos, pero también de los pueblos.
Lejos de devolver a los pueblos indígenas lo que les fue quitado durante todos los siglos de ocupación colonial, la reforma agraria en el 72 y las posteriores, han fomentado lo que vamos identificando como un desmantelamiento de la propiedad social de la tierra.
Esto ha implicado dejar a las comunidades y a los pueblos en una situación de una mayor vulnerabilidad y de una mayor exclusión en la toma de decisión del modelo de desarrollo que este país necesita.
Durante la década reciente, la disposición territorial se ha realizado principalmente por medio de otorgamiento de concesiones mineras y de energía eléctrica a empresas trasnacionales; sin informar ni consultar previamente a las y a los dueños de la tierra y de los territorios, incumpliendo lo que ya todas y todos conocemos como los principios básicos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; así como de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos.
De acuerdo con la Procuraduría Agraria, en el país existen 29 mil 961 núcleos agrarios, de los cuales 7 mil 671, que implica un cuarto del total nacional, tienen como titulares a comunidades indígenas, quienes consideran estos núcleos no sólo como una forma de posesión colectiva de la tierra; sino como un sistema de vida local.
Actualmente, con la aprobación de la reforma energética y la expansión de este modelo de desarrollo a través de la generación de megaproyectos y de las zonas económicas especiales; es necesario poner nuevamente sobre la mesa la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que enuncia de manera muy clara el derecho a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado.
Este derecho deriva a su vez del derecho a la libre determinación, que es una conquista del movimiento indígena del siglo XX, por la defensa de sus derechos a la tierra y al territorio.
Con la reforma energética, la violación al derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la OIT, y el riesgo de las comunidades radica en que la consulta queda relegada a un mero trámite administrativo, dentro de un procedimiento que terminará como una ocupación superficial de la tierra.
Todos los principios establecidos en el convenio 169 de la OIT respecto a la consulta que debe ser libre, previa e informada, de buena fe e vinculante, no necesariamente están siendo respetados en el procedimiento establecido de la Ley Federal de Hidrocarburos y en todo el paquete que conforma la reforma energética.
El control del territorio es clave para el desarrollo de las industrias extractivas y, por ello, los derechos de la propiedad de la tierra y las decisiones en torno a su uso son fundamentales para las comunidades, y desde el enfoque de género para las mujeres que se encuentran relegadas en sus derechos agrarios.
Como una prueba de expansión de este modelo de despojo, la generación de energía eólica en la región del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, ha tenido un crecimiento notable del 2005 a la fecha.
Actualmente en México existen 31 parques eólicos instalados; 21 se encuentran en la región del Istmo y 12 de ellos están en el municipio de Juchitán.
En el propio municipio de Juchitán se desarrolló lo que se ha denominado el primer ejercicio de consulta después de la reforma energética, Y los compañeros y compañeras que estarán en la segunda parte del conversatorio de la asamblea del pueblo juchiteco, hicieron un ejercicio muy importante de atender a esa consulta y también pudieron documentar de manera muy rigurosa una serie de violaciones que se dieron en el procedimiento y que detonan una alerta de cómo se está dando el ejercicio de la consulta y de todos los retos que se tienen que subsanar.
Ellos hablarán más directamente sobre esta experiencia de la cual también ProDESC, Código DH, Brigadas de Paz Internacional, entre otras organizaciones, conformaron una misión civil de observación y acompañaron de alguna manera todas las deficiencias que se pudieron observar en un documento que está a disposición de las personas que quieran acceder a él en la página de Internet de las organizaciones participantes.
En ese sentido, para nosotros la consulta de Juchitán y otros ejercicios que se están dando actualmente que van a presentar en el conversatorio los compañeros de SEMDA y los compañeros del pueblo Maya también en un ejercicio que está en este momento llevándose a cabo, hay una preocupación constante de las violaciones al derecho a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado.
Sólo me gustaría recordar que ya otras instancias en materia de derechos humanos han llamado la atención al Estado mexicano sobre su preocupación de las consultas que se están realizando.
Apenas en el 2015 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, el señor Ra'ad Zeid Al Hussein, recomendó al Estado mexicano garantizar que los pueblos indígenas sean consultados de manera adecuada cuando se planeen o tomen medidas que afecten sus derechos particularmente en el contexto de proyectos de desarrollo de cooperaciones nacionales.
En agosto pasado, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos humanos de Naciones Unidas también visitó México y expresó que la consulta adecuada de las comunidades afectadas por las actividades empresariales, es un aspecto central del ejercicio de debida diligencia en materia de derechos humanos.
Enfatizó en que se requiere consulta no sólo con los pueblos indígenas para quienes se aplican estándares de derechos humanos, sino también con todas las otras comunidades afectadas.
El grupo también habló sobre la necesidad de diseñar e implementar mecanismos efectivos de consulta con todos los actores, fortaleciendo una cultura de diálogo social.
Destacó que en un país multicultural como México, que además ha sido reconocido en su propia Constitución, este diálogo debe incluir en particular a los pueblos indígenas. Y siguiendo las mejores prácticas, esta consulta debería tener lugar en la etapa más temprana de cualquier proyecto de desarrollo, y debe asegura que sea previa, libre e informada de acuerdo a los estándares internacionales.
Por otro lado, en su informe final de misión, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos Humanos, Michelle Forst, dijo sentirse consternado y cito, que en su informe lo planteó así, por el número de conflictos en comunidades indígenas existentes en todos los lugares que visitó y que, expresó, son consecuencias directas de la falta o mal uso de los proceso de consulta con las comunidades indígenas, ya que muchas ocasiones las consultas son una simple formalidad para proyectos que ya han comenzado a implementarse.
El relator recomendó al gobierno mexicano asegurar procesos de consulta significativos sobre aquellos proyectos que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas, como una amplia participación de los defensores y defensoras de derechos humanos en todas las etapas.
A fin de dar cumplimiento a estas recomendaciones, desde PRODESC hacemos hincapié en que la vía no necesariamente es a través de la construcción de una ley general de consulta que ya se empieza a hablar y a plantear en diferentes espacios, sino, respetando los estándares internacionales sobre pueblos indígenas, cuyo cumplimiento es una responsabilidad de las empresas y una obligación del Estado Mexicano desde la reforma constitucional del 2011.
Recordemos de que encima de cualquier otro interés, son las comunidades y los pueblos indígenas las primeras a quienes se les debe garantizar certeza jurídica sobre si tierra, su territorio y sus bienes naturales.
En este contexto se evidencia la necesidad imperante de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en particular de los pueblos indígenas y el Estado Mexicano debe hacer cumplir sus obligaciones en esta materia, debe comprometerse a la escucha y al trabajo en conjunto con la sociedad civil y con las comunidades y los pueblos indígenas, quienes como dueños de la tierra y el territorio nos han demostrado que siguen haciendo de la organización su principal estrategia de defensa.
Son los pueblos quienes van planteando la necesidad de diálogo, de conversar y de una manera muy preocupante son los pueblos quienes están siendo no necesariamente observados en un proceso de diálogo, de participación y de consulta desde el consentimiento libre previo informado.
Con esto nos gustaría empezar a abrir el conversatorio, el diálogo, identificar retos, identificar obstáculos, pero también identificar posibilidades de construir un diálogo respetuoso de los más altos estándares para los pueblos y para las comunidades indígenas.
Muchas gracias.
PRESENTADOR: Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras por parte de la maestra Alejandra Ancheita, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESC.
Ha dirigido procesos encaminados a la protección de derechos económicos, sociales y culturales, con resultados sin precedentes, entre ellos, los mecanismos de rendición de cuentas de importantes empresas transnacionales.
En el año 2013 la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard reconoció su trabajo. Alejandra fue galardonada con el premio Martin Henaus en el año 2014 por la Comunidad Internacional de Derechos Humanos.
La maestra Alejandra estudió derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México y cuenta con una maestría en Derechos y Justicia Internacional por la Escuela de Derecho de la Universidad de Fordham, en Nueva York.
A continuación escucharemos las palabras por parte de Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza de Jan Jarab.
Anteriormente el señor Jarab fue representante de la Oficina Regional de la ONU para Europa, de enero de 2010 a junio de 2016. Desde noviembre del año 2004 a enero del año 2010 se desempeñó como miembro del gabinete del Comisionado Europeo para el Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, en la Comisión Europea de Bruselas.
Asimismo sirvió en la Oficina de Derechos Humanos del gobierno Checo de enero de 1999 a octubre del año 2004.
Sin más preámbulos, tiene el uso de la palabra Jan Jařab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
ALTO COMISIONADO JAN JAŘAB: Muchas gracias.
Muy buenos días a todas y todos.
Quiero agradecer la oportunidad para estar aquí con ustedes, representando la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aquí en México, en este evento importante.
Quiero agradecer a la senadora Angélica de la Peña, no sólo su rol de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sino en su papel de verdadera aliada de derechos humanos en México.
Yo me atrevería a decir que tenemos una cooperación no sólo bastan te cercana, como usted dijo, sino muy cercana, y en muchos ámbitos desde las desapariciones hacia este tema que tenemos hoy.
Evidentemente, Alejandra, ProDESC, agradezco su incansable trabajo en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales que incluyen los derechos de los pueblos indígenas, como una de las categorías de titulares de derechos, una de las categorías más vulnerables en este país.
Porque hay que reconocerlo; tú lo mencionaste: hay una deuda histórica.
Una deuda histórica a un trágico legado de la opresión de los pueblos indígenas, una deuda que no fue reparada de manera adecuada.
También hay otras razones porque este tema es importante: el hecho evidente de esta fascinante multiculturalidad, de esta presencia tan grande y diversa de pueblos, etnias y comunidades.
Y, por otro lado, la preocupación. La preocupación que nuestra Oficina comparte con ustedes sobre el modelo actual de desarrollo, un modelo que resulta en concesiones por proyectos, mega proyectos, proyectos extractivos y otros en territorios indígenas.
Según fuentes oficiales como, Carta Crítica, hay miles de proyectos de concesiones otorgadas en territorios indígenas, muchas veces sin consulta o consentimiento de ellos, lo que lleva a una conflictividad social entre las comunidades y también conflictos internos en estas comunidades.
Es un modelo vinculado con muchas otras violaciones de derechos humanos.
Se mencionó el trabajo de dos mecanismos importantes internacionales que lo han destacado.
El relator especial para los defensores, Michael Forsyth, visitó México de manera oficial en enero de este año. Destacó algunas cosas que se mencionaros.
Destacó también que en toda la América Latina, los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, las defensoras y los defensores de la tierra son entre los más amenazados y hemos visto en varios países de América Latina, incluso en México, asesinatos de los defensores de derechos humanos indígenas.
La semana pasada ocurrieron dos asesinatos en dos estados de la República Mexicana.
Tenemos las malas noticias también desde el inicio de ese año, de asesinato de Isidro Baldenegro, que recibió el Premio Goldman.
Entonces sí es parte de este modelo que lamentablemente parece que los principales beneficiarios son las empresas nacionales y transnacionales y a veces también el crimen organizado; también daños al medioambiente, desplazamiento interno, como ustedes mencionan.
Por todas estas razones, nuestra Oficina ha identificado el tema de los derechos de los pueblos indígenas como una de sus cuatro prioridades principales. La Oficina está comprometida a incrementar sus esfuerzos en este ámbito.
Mencioné a la relatora especial para los defensores de derechos humanos. También fue mencionada la visita del grupo de trabajo de empresas y derechos humanos el año pasado. Y en este año, ojalá, vamos a tener la visita oficial, en noviembre probablemente, de la Relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la señora Victoria Tauli Corpuz.
De hecho, la relatora ya visitó México de manera no oficial, el año pasado y ustedes quizá también participaron en un conversatorio organizado por nuestra Oficina, sobre consulta. La relatora tuvo la oportunidad de reunirse con varios titulares de derechos, que le pasaron información sobre los diferentes casos que afectan a estas comunidades y en los cuales han sido consultados o no.
Y nuestra Oficina exhorta a las autoridades, al Estado Mexicano, todas las instituciones, a utilizar el tiempo que tenemos, entre hoy y noviembre, para redoblar los esfuerzos, para crear avances en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el tema de consulta.
No es sólo sobre el tema de consulta, también cabe mencionar que este año celebramos el décimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10. Vamos a organizar varias actividades sobre la reducción de la desigualdad.
De hecho, la consulta es el tema central para nuestra Oficina, por varias razones:
No es un derecho sustantivo, es una herramienta que permite proteger los derechos sustantivos, principalmente económicos, sociales y culturales; y debería facilitar los avances en el goce de estos derechos.
La exrelatora de pueblos indígenas, James Anaya, dice que la consulta y el consentimiento como deber del Estado, deben entenderse, cito, “como salvaguardas esenciales que complementan y ayudan a que se hagan efectivos los derechos humanos sustantivos de los pueblos indígenas”.
Tradicionalmente, muchas comunidades y personas indígenas han tenido dificultades para acceder a procesos e instituciones formales de toma de decisiones. Esta situación les ha dificultado tener una voz real para impactar en las decisiones que les afecten.
Entonces, el mecanismo de la consulta previa, libre, informada, se debería de interpretar como una herramienta para reducir esta asimetría de poder. Reducir la asimetría de poder que existe entre las comunidades indígenas y las autoridades; junto con el poder económico del empresariado, para determinar las decisiones que les afectan.
Cuando se trata de la normatividad relacionada a la consulta, cabe mencionar que en este caso como en todos los otros temas, los estándares internacionales representan el piso, representan el mínimo a cumplir; y en general es recomendable que el Estado intente ir más allá para asegurar el respeto, la protección y la promoción de todos los derechos de sus ciudadanos.
Los estándares internacionales en ese sentido, mencionan que los procesos de consulta con los pueblos indígenas deben de desarrollarse de buena fe, de una manera apropiada a las circunstancias; con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que los afectan.
Cuando se trata del debate sobre el poder vinculante de esos procesos, cabe mencionar que la Relatoría de Pueblos Indígenas clarificó que el consentimiento debería de ser la regla siempre que los derechos afectados sean esenciales para la supervivencia de los grupos indígenas como pueblos distintos y los efectos previstos en el ejercicio de los derechos sean importantes.
En el evento mencionado que la oficina organizó el año pasado, la actual relatora añadió que se entiende en general que los derechos necesarios para la supervivencia de los pueblos indígenas incluyen por ejemplo sus derechos sobre las tierras y recursos. También sus derechos sobre las tierras de especial significación cultural, como lugares sagrados o recursos naturales tradicionales esenciales para su supervivencia.
Asimismo, cuando se trata de los casos en el cual dicho consentimiento no puede ser obtenido pero la decisión puede restringir derechos sustantivos, el Estado de todas formas debería de adecuarse a las reglas que existen en el derecho internacional sobre las limitaciones generales, las limitaciones aceptables a los derechos humanos que siempre se necesita, es un requerimiento de necesidad y proporcionalidad.
Se pueden restringir algunos derechos cuando se trata de un bien público, pero no para enriquecimiento de unos pocos. Eso no es algo que permita restringir a los derechos humanos.
La buena noticia de hoy es que los procesos de consultas se están desarrollando de manera incremental y no sólo cuando hay sentencias judiciales o no sólo cuando hay recomendaciones de la CNDH, también cuando nos impulsan sentencias y recomendaciones pero no sólo, y se desarrollan en unos ámbitos más y en otros menos. Lo hemos visto que en los proyectos energéticos más, en extractivos mucho menos, por decirlo.
La noticia menos buena es que son los resultados de las consultas que se han realizado en la República Mexicana son bastante decepcionantes.
Vamos a tener la oportunidad de analizarles mi colega Tom Heck que lidera el equipo muy dinámico de (inaudible) para los pueblos indígenas de la oficina va a presentar algunas características, lo que ocurre en las consultas que hemos acompañado como oficina desde Sonora hasta Campeche, el caso de los mayas que se va a presentar aquí por la propia voz de (inaudible).
Hay muchas cosas que sí hemos aprendido también cómo no hacer la consulta o qué se debe evitar, y es fundamental que estas lecciones sí se aprendan, se tomen en cuenta en las consultas que van a seguir.
Finalmente, hay la pregunta sobre la posible ley general sobre la consulta. Nuestra oficina está convencida de que primero es importante de consultar ya todas las leyes que se adoptan y que tienen impacto o potencial impacto en las comunidades indígenas.
Sin duda, la reforma energética con su impacto enorme en las comunidades indígenas debería, hubiera sido correcto someterla a una consulta libre, previa e informada con los pueblos indígenas.
Segundo. Las leyes en el proceso legislativo de hoy, también las políticas públicas, la política que se llama Plano Nacional para Empresas y Derechos Humanos, sí se necesita una consulta profunda, una consulta no sólo con una representación formal o simbólica de los pueblos indígenas, porque ese es uno de los problemas que hemos visto en varias consultas, una consulta simbólica para que pueda ser justificado lo que ya se decidió.
Entonces, eso no es el objetivo de una consulta auténtica y de buena fe.
Sí puede ser útil una ley general de consulta, claro que puede ser útil. Lo que es importante es que sea preparada con una consulta formal evidentemente.
Eso me parece que no nos queda tiempo en esta legislatura. Las experiencias internacionales, no quiero entrar en el detalle, muestran que es mucho más importante hacerlo bien que hacerlo rápido.
El contra ejemplo de hacerlo rápido es de Honduras, adoptar una ley para dar certeza legal a las empresas, eso no es un objetivo de una ley, no es un objetivo válido de una ley, porque la consulta tiene un papel importante de reducir la simetría del poder y no de dar sólo la certeza a un actor que ya es el más fuerte.
Y por eso sí se necesita preparar bien. En Costa Rica es un proceso que dura ocho años y finalmente la decisión es que quizá no vamos a tener una ley, sino otro mecanismo en Costa Rica, pero que sí son todos incluidos-.
Lo que me parece más importante de todas estas experiencias que hemos tenido en México, desde las consultas ya realizadas, es que sí se necesita incluir a todos y principalmente a las personas, a los representantes que son críticos al proyecto.
No se puede organizar o no es correcto organizar una consulta que sirve sólo para ratificar que ya se decidió, utilizando a los representantes de las comunidades que sí están por varias razones a favor de esta decisión y estigmatizarlos a los que se oponen, que defienden sus tierras como los que están obstaculizando el desarrollo.
Muchas gracias por su atención.
PRESENTADOR: Con este mensaje damos inicio con este conversatorio, señoras y señores.