Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,

CELEBRADA EL JUEVES 16 DE MARZO DE 2017

PRESIDENCIA DE LA SENADORA

BLANCA ALCALÁ RUIZ

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: (11:48 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Informo a la Presidenta, que conforme al registro de asistencia, se han acreditado 84 Senadores y Senadoras de la República.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Se abre la sesión del jueves 16 de marzo, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. 

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. 

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse. 

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la referida. 

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Pasamos al siguiente asunto. 

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió una comunicación de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que se remite el Informe del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México para el año 2016, así como la Matriz de Planificación para el Frente del Capítulo México para el año 2017.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: La Asamblea ha quedado enterada. 

Pasamos al siguiente asunto. 

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con que se remite el informe final de la Evaluación de Procesos del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá y el formato electrónico editable Anexo 4: Aspectos Relevantes de la Evaluación. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Remítase dicha información a la Comisión de Desarrollo Social. 

Pasamos al siguiente asunto. 

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibieron de la Cámara de los Diputados los siguientes proyectos de decreto: 

Uno, por el que se adiciona una fracción V al artículo 50 de la Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Y también se recibió uno, con el que se reforman y adicionas diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia y también de discriminación salarial. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Túrnense ambos proyectos a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera. 

Pasamos al siguiente asunto. 

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: De igual manera se recibió también de la Cámara de Diputados un oficio por el que se informa las modificaciones en la integración de Diputados ante el Parlamento Latinoamericano. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: La Asamblea ha quedado enterada. 

Remítase copia de la documentación a la Junta de Coordinación Política. 

Pasamos al apartado de la presentación de iniciativas. 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se declara el día 9 de octubre Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos. 

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Buen día tengan todos ustedes. Con el permiso de la Presidencia. 

Compañeras y compañeros Senadores. 

Debo comentar que el día de ayer tuvimos la oportunidad de convocar a un Foro sobre Gobernanza Costera y Marítima, un gran foro que nos permitió escuchar a más de 75 académicos y especialistas en la materia y que nos permitió conocer de cerca y con una enorme capacidad de conocimiento la situación que priva en las costas y en los mares en materia de gobernanza. 

Diversos temas se abordaron de playas, de calidad de las mismas, de organización social, de contaminación, de esa enorme tarea que tenemos todos los ciudadanos del mundo para cuidar el planeta y abordar y enfrentar con una gran solvencia este reto que representa detener el cambio climático que tanto daño está haciendo al planeta. 

Y ahí entendimos que este país tiene dentro de su circunscripción, su jurisdicción, 62 % de más, y que México cuenta con una Zona Económica Exclusiva de más de 3.1 millones de kilómetros cuadrados. 

México tiene una enorme capacidad en sus costas, 11 mil 122 kilómetros de costas y un territorio insular constituido por más de 2 mil 500 islas. 

En los 17 estados costeros de México habitan 52 millones de personas. 

Las zonas costeras generan el 40 % del Producto Interno Bruto nacional y ahí se  encuentra     el 46 % de la población económicamente activa que desarrolla actividades como la petrolera, desde luego la turística con esta enorme fortaleza que tiene nuestro país en sus recursos y sus bellezas naturales, las actividades desde luego pesqueras, portuarias y de comercio. 

En 2015 se produjeron 300 millones de toneladas de plástico en el mundo, el plástico representa hoy el 80 % de la basura en los océanos y las costas. 

Cada año 8 millones de toneladas de plástico se vierten en nuestros océanos, si seguimos así, dicen los expertos, para el 2050 habrá más plástico o partículas, nano partículas plásticas que peces en los océanos. 

De ese tamaño y alarmante es el reto y el grave problema que tenemos en los océanos y en nuestras costas. 

En México se reportan más de 30 especies sobre explotadas. 

Las costas y los mares de nuestro país no ocupan el lugar prioritario que deberían de tener, es por esto que la presente iniciativa tiene como finalidad, para generar conciencia, para educarnos, para crear compromisos y para establecer las metas y los retos, a través del estímulo crear, establecer en nuestro país el Día Nacional de las Costas y de los Mares Mexicanos con el propósito de conocer el estatus de los recursos, ecosistemas y espacios costeros y marítimos de México. 

El Día de las Costas y los Mares Mexicanos deberá ser una oportunidad para revisar la agenda de las zonas costero marinas del país. 

Debemos generar información, conciencia y políticas públicas integradas, integrales, eficaces, eficientes, tanto en la operación como presupuestalmente que den la importancia que merecen nuestras costas y nuestros mares, y que permitan un crecimiento positivo para la población y la protección de nuestro medio ambiente. 

Por eso propongo a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. 

Artículo Único.- Se declara el día 9 de octubre Día Nacional de las Costas y Mares Mexicanos, con el fin de difundir su importancia para el desarrollo económico y social de nuestro país, la protección del medio ambiente y hacer frente a los efectos del cambio climático. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

Muchas gracias. 

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: A usted, señor Senador. 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Quiero aprovechar para saludar a quienes hoy nos acompañan, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Morelos, invitados por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea. 

Sean ustedes bienvenidos, jóvenes. 

(Aplausos)

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

El Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia. 

Hace aproximadamente dos semanas vine con una iniciativa similar porque creía que el tema circunscribía a pensiones, pero he visto que el error en la reforma constitucional que hicimos para cambiar, desindexar multas del salario mínimo a la Unidad de Medida de Actualización, no solamente está afectando pensiones, sino también está afectando a las becas del Conacyt. Y cuando un país empieza a regatear con la calidad y el desarrollo de sus cerebros de la tecnología y la innovación, está condenado a quedarse chiquito. 

Es por eso que pretendo con esta iniciativa de reforma, poder subsanar el error que establece el transitorio de la reforma constitucional en cuestión, que genera que todas aquellas referencias a salario mínimo en cualquier legislación federal, previa a esta reforma, pues vincule ahora la Unidad de Medida de Actualización, que va a ir creciendo mucho en una cantidad mucho más reducida que el salario mínimo, y con el gran problema inflacionario que estamos viviendo, esto se agrava.

Es por eso que proponemos adicionar una fracción VI al artículo 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para establecer que la unidad de medida que se tomará para calcular el monto de las becas que otorga el Conacyt será el salario mínimo.

Está mal que hayamos cerrado en esa reforma, espero que no haya sido una pelota rápida por parte del Ejecutivo, para con la excusa de supuestamente apoyar el crecimiento del salario mínimo, éste mermar sus obligaciones que tienen nuestras ramas, como es la seguridad social y ahora con la educación.

Esperamos que así sea, que no haya sido una pelota ensalivada y que se demuestre con hechos, aprobando estas reformas en su oportunidad.

Muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias Senador.  

Túrnese a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera.

Enseguida tiene el uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, para presentar a nombre propio y de los Senadores Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y David Monreal Ávila, un proyecto de decreto que adiciona el artículo 80 Bis de la Ley de Hidrocarburos.

Senador Delgado, tiene usted el uso de la tribuna. 

El Senador Mario Delgado Carrillo: Buenos días compañeros, compañeras.

En la reforma energética nunca se consideró el criterio de la seguridad energética. El criterio que movió siempre y definió toda la reforma energética, fue la de entregar el patrimonio, la riqueza de nuestro país, a los extranjeros, y  meter el criterio de que lo más conveniente para México era sacar lo más rápido posible el petróleo, para que alimentara las arcas de la Secretaría de Hacienda, una visión de muy corto plazo y que en menos de tres años ya esté mostrando su gran insuficiencia y el error estratégico que se ha cometido desde el punto de vista de seguridad nacional.

El hecho de haber abandonado las refinerías, después de la reforma energética, ha hecho que la producción nacional de gasolinas haya caído a niveles mínimos históricos. Al mismo tiempo, se ha liberado la importación de gasolina a particulares. Los permisos de importación que existen actualmente, emitidos por la Secretaría de Energía, equivalen a cuatro veces la demanda interna de México, el año pasado.

El día de ayer, nos enteramos el desorden que tenemos en el proceso de liberalización del mercado de las gasolinas, se somete un nuevo error por esta necedad del gobierno, de creer que puede establecer un mercado competitivo de gasolinas en nuestro país, a partir de un decreto.

La historia del gasolinazo es muy clara, la liberalización del mercado de las gasolinas se adelantó de manera sorpresiva en la Ley de Ingresos, para evitar el dictamen de la Comisión Federal de Competencia Económica, donde claramente iba a dictaminar que no había condiciones de competencia, porque no hay condiciones de competencia en México para que esto pudiera suceder.

El gasolinazo se debió, entonces, a que el gobierno ha decidido que en nuestro país tengamos un mercado caro de gasolinas, para que las grandes empresas trasnacionales nos hagan el favor de venir a invertir a México, en almacenamiento, en ductos, en terminales marítimas, para que puedan hacerse sistemas redundantes y entonces sí podamos tener competencia en el mercado de las gasolinas.

La decisión de fondo que tomó el gobierno en diciembre pasado, fue, o la de apoyar a los mexicanos, manteniendo el precio de los combustibles, o favorecer a las grandes trasnacionales para aumentarle su tasa de rendimiento y que vinieran a hacer este mercado competitivo de gasolinas con el que este gobierno sueña.

El día de ayer nos enteramos de que el proceso de adjudicación de temporada abierta, que no es otra cosa, más que poner las instalaciones de Pemex, las instalaciones que ha construido a lo largo de toda su historia con el patrimonio nacional, ponerlas a disposición de los privados para que sean utilizadas. Fue un fiasco, fracasaron, se equivocaron, tuvieron que cancelar este proceso de adjudicación, en un capítulo más vergonzoso de esta liberalización que no va a ningún lado.

En total 22 empresas participaban, algunas de las grandes que tienen ya, y acumulan los permisos de importación, como Trafigura, British Petroleum, Shell y Chevron, entre otras. 

Esta temporada abierta ponía a disposición nueve terminales de almacenamiento, cuatro ductos de los sistemas que suministran gasolina y diésel, a mil 075 gasolineras de los estados de Baja California y Sonora, tuvieron que cancelarla, por errores que cometieron Lacre y Pemex.

La verdad es que no van a poder subsanar estos errores, porque no se va a poder construir por decreto un mercado competido de gasolinas en nuestro país. Tiene que recalendarizarse, tiene que posponerse este proceso de liberalización y debemos terminar con la farsa que mantiene el gobierno, de que los precios se mueven conforme el libre mercado, porque lo que está haciendo Hacienda es manipular la fórmula durante tres ocasiones, tres veces ha modificado la fórmula para mantener los precios altos y seguir llenando las arcas del gobierno con los impuestos a la gasolina, y darle a los privados una tasa de retorno adicional.

¿Qué proponemos el día de hoy? Como no se pensó en la seguridad energética, nuestro país tiene menos de tres días de reserva de petrolíferos, estamos brutalmente expuestos a que los Estados Unidos cambien su política y de un día para otro paralice a nuestro país, no tenemos reservas estratégicas, nuestra seguridad nacional está completamente al garete, por esta política entreguista donde ahora dependemos más de 70 % de las gasolinas que importamos de los Estados Unidos.

La propuesta de iniciativa que hacemos hoy, es adicionar el artículo 80 Bis a la Ley de Hidrocarburos, para que la Secretaría de Energía sea responsable de constituir la reserva estratégica de petrolíferos equivalente a 90 días de volumen de las importaciones del año inmediato anterior.

Se establece que esta meta se lograría de manera gradual al 2020. El primer año, en el 2018, 30 días; en el 2019, 60 días, y los 90 días para el 2020. 

Se trata de una política de seguridad nacional energética. La práctica internacional demuestra la pertinencia de que los países que importan gran parte de sus energéticos, como es el caso ya de México, deben establecer medidas para garantizar su abasto en situaciones de emergencia o cualquier otra que ponga en peligro el suministro de los energéticos.

La Agencia Internacional de Energía impone la obligación a los países que sean importadores netos de petróleo y sus derivados de la obligación de mantener inventarios totales equivalentes a 90 días del promedio de sus importaciones netas en el último año. 

Lo hacen países como Japón, como los Estados Unidos que tienen reservas estratégicas a cargo del Estado, en términos de inventario de gasolina, diésel y turbosina.

En días de venta, México sólo cuenta, ya lo decíamos, con menos de tres días. Italia, Reino Unido cuentan con cerca de 40 días; Francia, 34 días, y Estados Unidos, más de 30 días. 

Actualmente la Secretaría de Energía implementa un proceso de consulta pública para establecer la política pública en materia de almacenamiento, pero lo está haciendo solamente con los privados. 

Esta política debe contemplar también inventarios comerciales, desde el punto de vista del sector público, y también el privado. 

La práctica internacional incluye al sector privado y al sector público para constituir reservas suficientes para afrontar situaciones que pongan el riesgo el suministro de los energéticos. 

Entonces, pensar un poco en la seguridad energética en nuestro país, garantizar por ley reservas mínimas, para quedar menos expuesto a cambios de política en el exterior, dado que esta reforma energética nos hizo altamente dependientes de las importaciones de gasolina de parte de los Estados Unidos. 

Pensemos en la  seguridad energética de nuestro país. 

Construyamos una capacidad de reserva estratégica que nos garantice finalmente la soberanía nacional. 

Muchas gracias. 

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señor Senador. 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos. 

La Senadora Dolores Padierna Luna (Desde su escaño): Pido la palabra, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Dolores Padierna. 

La Senadora Dolores Padierna Luna (Desde su escaño): Preguntarle al Senador Mario Delgado ¿si acepta mi firma en su iniciativa, que es demasiado importante? 

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo (Desde su escaño): Con gusto, Senadora.

La Senadora Dolores Padierna Luna (Desde su escaño): Gracias. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Le pido a la Secretaría tome nota de la adhesión y de la aceptación del Senador Delgado, en relación con la solicitud de la Senadora Padierna. 

Enseguida se concede el uso de la tribuna al Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de segunda vuelta electoral y gobierno federal de coalición. 

Adelante, señor Senador. 

Si me permite, nada más antes de que inicie, quiero saludar un grupo de alumnos de la Facultad en Derecho de la Universidad Anáhuac México-Norte, quienes en esta ocasión nos acompañan. 

Agradecemos su presencia en este Senado de la República. 

(Aplausos)

Muchas gracias. 

Adelante, Senador, por favor.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, Senadora Presidenta. 

Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores. 

Un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este Pleno de sesiones del Senado de la República, y comentarles que el día de hoy vengo a presentar un paquete más de iniciativas, a través de las cuales mi partido político, el Partido Verde Ecologista de México, busca transformar verdaderamente de fondo al sistema político mexicano. 

En ocasiones anteriores he presentado ya iniciativas para: 

Primero.- Eliminar 232 legisladores federales. 

Segundo.- Reducir los tiempos de campaña, 60 días para elegir Presidente de la República y gobernadores, y 30 días para elegir Senadores, Diputados Federales Locales y los ayuntamientos. 

Tercero.- Acabar con la spotización excesiva y la saturación que hemos logrado hacia la ciudadanía, poner tantos millones y millones de spots, que lo único que hacen es ahuyentar a la sociedad de la participación en los procesos electorales. 

Como cuarto punto.- También ya presentamos el reducir el financiamiento a los partidos políticos, por lo menos el 50 %, eso es un clamor popular que lo traemos a esta tribuna, está la iniciativa presentada, y si verdaderamente queremos pasar a los hechos y verdaderamente concretar lo que vamos y presumimos en conferencias de prensa, esta es la oportunidad de lograrlo. 

Pero en esta ocasión vengo a presentar dos iniciativas: 

De reforma constitucional, y una reforma a la legislación secundaria para establecer la segunda vuelta electoral Presidencial, y el gobierno federal de coalición. 

De esta forma el Partido Verde propone, además de elecciones más baratas para el 2018, establecer mecanismos institucionales que contribuyan a generar mejores condiciones de gobernabilidad democrática. 

Las iniciativas que presento el día de hoy en materia de segunda vuelta electoral presidencial y de gobiernos de coalición, contemplan tres supuestos: 

Primero.- Será electo Presidente sin sujetarse a las reglas de gobierno federal de colación, ni de la segunda vuelta, aquel candidato que obtenga más del 50 % de la votación. 

Segundo.- En caso de que ningún candidato a la Presidencia obtenga más del 50 % de la votación, el candidato con mayor número de votos deberá informar por escrito al Instituto Nacional Electoral que opta por establecer un gobierno federal de coalición. 

El gobierno de coalición se establecerá con los partidos políticos que representen más del 50 % de la integración de la Cámara de los Diputados durante la legislatura que transcurrirá al inicio del período correspondiente. 

Este gobierno de coalición será establecido mediante la suscripción de un convenio y deberá de ser aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes en la Cámara de Diputados y comunicando al Instituto Nacional Electoral. 

El convenio de gobierno de coalición debe contener los siguientes requisitos: 

Partidos políticos que integran el gobierno de coalición. 

El programa de gobierno. 

Nombre de los titulares de las Secretarías de Estado y empresas productivas del Estado. 

Agenda legislativa común, y otros acuerdos necesarios para el desempeño del gobierno de coalición. 

En caso de que la Cámara de Diputados no apruebe el gobierno de coalición, el Instituto Nacional Electoral deberá garantizar una segunda vuelta electoral. 

Y tercer supuesto.- Ningún candidato a la Presidencia, sin ningún candidato a la Presidencia obtiene más del 50 % de la votación, por lo que el candidato con mayor número de votos informa al INE que opta por la segunda vuelta electoral contra el candidato que haya obtenido el segundo lugar en la votación. 

La elección de la segunda vuelta se deberá celebrar el tercer domingo de agosto. 

En este supuesto, no será necesaria la integración de un gobierno federal de coalición, pero sí establece un esquema de ratificación de los titulares de gabinete del Ejecutivo Federal por parte del Senado de la República y de la Cámara de los Diputados. 

Es importante señalar que los titulares de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina se excluyen de la ratificación por su carácter de estratégicos para el titular del Ejecutivo Federal. 

Además se establece que el Senado de la República y la Cámara de Diputados tienen cinco días hábiles a partir de la recepción de la propuesta para ratificar a los titulares de las Secretarías de Estado y de las empresas productivas del mismo. 

En caso de no ser ratificadas las propuestas de designación, el Presidente de la República enviará nuevas propuestas, las cuales deberán ser votadas en la misma sesión en que se reciban en Cámara, pero si estas nuevamente son rechazadas, el Presidente estará en condiciones de hacer las designaciones respectivas y entrarán inmediatamente en funciones, siempre y cuando no sean las personas propuestas con anterioridad y que no fueron ratificadas. 

La iniciativa contempla otras disposiciones, como que la Secretaría de Gobernación transitará hacia una Secretaría de gabinete cuyo titular se denominará “Jefe de Gabinete”, y se desempeñará como coordinador de todas las Secretarías de Estado.

Se crea, en consecuencia, la Secretaría de Seguridad Pública, separando esta función de la Secretaría de Gobernación actual. 

También se establecen fechas límite para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita la declaración de validez de la elección de Presidente de la República. 

Si es primera vuelta electoral, antes del 23 de julio del año de la elección; y si es segunda vuelta electoral antes del 30 de agosto del año de la elección. 

En las disposiciones transitorias de la reforma constitucional se establece que el Congreso de la Unión, deberá armonizar la legislación secundaria antes del 30 de abril del 2017, a fin de que la segunda vuelta electoral y el gobierno de coalición sean aplicables para el proceso electoral presidencial del 2018. 

Consideramos que es necesario que el próximo titular del Ejecutivo Federal construya  mayores apoyos a un proyecto de gobierno, provocando con esto un presidente con mayor fortaleza y respaldo democrático. 

Pasemos de gobiernos divididos a gobiernos de responsabilidad compartida entre el Legislativo y el Ejecutivo. 

Compañeras y compañeros Senadores: 

En el Partido Verde consideramos que con estas iniciativas se podrían generar varios beneficios, algunos de ellos podrían ser los siguientes: 

1.- Doble legitimidad del gobierno al existir una configuración institucional entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, de tal suerte que la legitimidad ciudadana plasmada en las urnas se traduzca en una legitimidad política entre ambos poderes. 

2.- Apoyo de los grupos parlamentarios representados por el Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo, generando mayores condiciones de gobernabilidad. 

3.- Mayor visibilidad y reconocimiento del gabinete generando mayores consensos y avances   en las políticas públicas. 

4.- Participación del Legislativo en el nombramiento y cese de los miembros del gabinete provocando mayor confianza en las instituciones de nuestro país. 

En resumen, se generarán mayores condiciones de gobernabilidad, logrando que en el ejercicio del poder exista  un equilibrio entre representatividad y  estabilidad, como consecuencia de una mayor legitimidad ciudadana. 

Senadoras y Senadores: 

Si verdaderamente queremos cambiar las reglas del juego, si verdaderamente queremos gobiernos más fuertes con un respaldo social de mayorías, si verdaderamente queremos participar en esa corresponsabilidad como legisladores, ésta es la oportunidad. 

Hay muchas iniciativas presentadas, no hagamos que no las vemos ni las escuchamos. No dejemos pasar esta oportunidad que la gente, la ciudadanía allá en las calles nos está pidiendo. 

Démosle la certeza y la confianza de que vamos a legislar como verdaderos representantes populares. 

Por eso, aquí están las iniciativas presentadas, para reducir el financiamiento a partidos políticos, para modificar el modelo de comunicación política, para reducir el número de legisladores, para acudir a construir gobiernos de coalición, para tener la oportunidad de la segunda vuela, si hemos transitado en un proceso de transformación de este país, hagámoslo también en nuestro sistema político mexicano y construyamos en consecuencia verdaderamente un país moderno y que pueda, que pueda compararse con los principales países  más desarrollados del planeta. 

Por su atención, muchas gracias. 

Y es cuanto, Presidenta. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senador. 

Daremos los turnos a las iniciativas que presentó el Senador Puente, de la siguiente manera: 

El proyecto de reformas constitucionales,  se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos,  Primera. 

Y el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Primera. 

Se concede ahora, el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett Díaz, para presentar  a nombre propio y de los Senadores Layda Sansores, Ana Gabriela Guevara, David Monreal y Carlo Merino, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, un proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 89 constitucionales. 

Adelante, señor Senador. 

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señora Presidenta. 

La iniciativa de reforma constitucional que planteamos hoy es, para uno, oponernos a la pretensión de aprobar una Ley de Seguridad Interior, porque implica  la militarización del país y porque los problemas de México no se resuelven con la violencia, sino con empleo, educación, combate a la desigualdad y a la pobreza. 

Sabemos que en México existe un problema grave de seguridad pública, pero la solución a los problemas de seguridad corresponden a las autoridades civiles, como señala el artículo 21 de la Constitución y no a las Fuerzas Armadas  como señala equivocadamente y neciamente Osorio Chong. 

Las Fuerzas Armadas, no son el problema, esas siempre han, se han distinguido por su nacionalismo, patriotismo, sentido social y popular, son los altos mandos, como Cienfuegos, Calderón y Peña, los que han buscado transformar  las esencias históricas, civilistas y pacifistas de las Fuerzas Armadas nacionales. 

Le mandamos un mensaje a Osorio Chong, que anda repartiendo mensajes también. 

Nosotros no estamos en contra de las Fuerzas Armadas, queremos que actúen en el marco constitucional y que regresen a los cuarteles, los gobiernos de Peña y Calderón las han vulnerado incesantemente, y han provocado con sus órdenes militarizantes, inmensas violaciones a los derechos   humanos que han sido señaladas por la ONU y que ya calificó de crímenes de lesa humanidad. 

Calderón y Peña son responsables jurídicamente y ante la historia por desmantelar el civilismo y el federalismo del Estado constitucional mexicano y por crear regímenes de excepción penal y militar, logrando subordinar hasta el Congreso para lograr sus designios. 

En la pretensión de aprobar una Ley de Seguridad Interior existe un interés  geopolítico de los Estados Unidos para militarizar a nuestro país, para la defensa de los intereses norteamericanos, lo he dicho aquí y lo he repetido una y otra vez. 

En México no tenemos terrorismo, y el crimen organizado es un fenómeno derivado de alto consumo de drogas en los Estados Unidos, son problemas que  fundamentalmente les corresponde a ellos resolver. 

En la iniciativa que presentamos, damos a conocer documentos del gobierno de los Estados Unidos y de académicos norteamericanos que sostienen que desde el año de 2001, desde la PATRIOT Act hay un proceso hemisférico por  militarizar a los países de América Latina, sobre todo aquellos que como México no cuentan con controles democráticos y constitucionales capaces de contener las políticas de seguridad emanadas de Washington. 

La PATRIOT Act del 2001 ha detonado todas las reformas constitucionales y legales en materia de seguridad nacional en México, así como los procesos y mecanismos  relacionados con la integración hemisférica en materia de seguridad y por tanto, un incremento de la influencia norteamericana en nuestra política de seguridad interna. 

La guerra declarada contra las drogas del sexenio de Calderón y su continuidad insensata por el gobierno de Peña Nieto, es una guerra contra los mexicanos, promovidas por su propio gobierno, tiene su origen en las demandas y exigencias norteamericanas, son polvos de esos vientos huracanados. 

Hasta la Suprema Corte de Justicia  de la Nación se ha sometido a través de la interpretación constitucional  a favor de la militarización de la seguridad pública, tal como lo exponemos en la iniciativa. 

Las iniciativas presentadas hasta el momento por Senadores y Diputados para impulsar la aprobación  de una Ley de Seguridad Interior, son contrarias a los artículos 28, 89, fracción VI, 73 y 129 de la Constitución de la República, la seguridad pública es una tarea de los civiles y en época de paz, en lugar de las fuerzas armadas son los cuarteles. 

Por otra parte, el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior. 

La militarización paulatina del país, desde el 2001 ha significado costos constitucionales porque se ha modificado la cultura que la sociedad tenía sobre las Fuerzas Armadas, estamos pasando de una cultura jurídica que pensaba socialmente a sus Fuerzas Armadas como nacionalistas, populares y defensoras de los intereses comunes, a una cultura jurídica que responde a una hegemonía foránea con un Ejército que se quiere, por Peña cada vez menos popular, desconectado de sus fines sociales  y constitucionales.

La militarización ha traído consigo durante estos años grandes violaciones a los derechos humanos,  más de doscientos mil muertos, más de 30 mil desaparecidos y miles de desplazados. Está probado que la presencia militar en los estados no disminuye la violencia, sino que la incrementa; y también está probado que la participación de las Fuerzas Armadas en tares de seguridad pública implica un aumento en el nivel de letalidad perfecta al cien por ciento de muertos, derivados de sus acciones en materia de seguridad.

Los costos económicos de la militarización son enormes, como damos cuenta en la iniciativa, desde el 2001 a la fecha se ha incrementado en aproximadamente en 800 % el gasto militar en detrimento del gasto social; y en el 2008, hasta la fecha, el gasto aumenta exponencialmente.

Gastamos tres veces más en armamento que lo que los Estados Unidos nos ha proporcionado con gran bombo. Contra la verdad oficial, contra la verdad oficial nosotros demostramos en nuestra iniciativa que sí existen políticas federales, estatales y municipales para hacer frente a la crisis de seguridad en México, pero que deliberadamente se les ha desarticulado, subordinado e invisibilizado.

Por esas razones y otras más que tenemos en la iniciativa, con un apoyo teórico, un apoyo informativo, que hay que estudiar y no dar respuestas sin ningún sustento, por estas razones proponemos:

1. Derogar las facultades del Congreso de la Unión para aprobar leyes en materia de seguridad nacional; la seguridad nacional debe ser una tarea que corresponde a los ciudadanos y a todas las autoridades, fundamentalmente a las civiles de acuerdo con sus competencias; rechazar la guerra ofensiva, la Constitución de la República sólo debe permitir la guerra exterior en legítima defensa.

En períodos de paz, repito, las Fuerzas Armadas, en el ámbito interno, deben de tener las siguientes intervenciones:

a) En situación de suspensión de garantías conforme al artículo 29 constitucional.

b) En intervención federal por siete días, en los términos del primer párrafo del artículo 119 de la Constitución.

c) En caso de amenazas o riesgos medioambientales, protección civil, campañas de salud y educativas.

En este último supuesto, la autoridad militar debe actuar sin armas y estar subordinada, de acuerdo a las competencias constitucionales y legales, a la autoridad, al Ejecutivo, al Congreso de la Unión, al Poder Judicial Federal y al resto de los niveles de gobierno y órganos constitucionales establecidos en esta norma fundamental.

En la iniciativa proponemos que en el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, los integrantes de las Fuerzas Armadas de la República regresen en los términos del artículo 129 de la Constitución a sus cuarteles sin que puedan atender tareas de seguridad pública, ni ninguna otra que no esté comprendida en los supuestos precisos en la fracción VI del artículo 80 constitucional.

Dentro del plazo de tres meses, después de la entrada en vigor de este decreto, las autoridades competentes, en los tres niveles de gobierno, los responsables, deben reasumir sus competencias en materia de seguridad pública.

La autoridad que no pueda, si algún gobernador no puede reasumir sus competencias íntegramente para las que fue elegido, lo comunicará al titular del Poder Ejecutivo Federal para que éste inicie, sobre la entidad federativa correspondiente, el procedimiento de suspensión de garantías, además de iniciar, respecto al gobernador, los procedimientos de juicio político y su irresponsabilidad sea reclamada.

Proponemos declarar nulos, por inconstitucionales, los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública subscritos por los estados con los Estados Unidos de Norteamérica.

Consideramos que se debe constituir una Comisión de la Verdad, que estará integrada por cinco titulares electos por los ciudadanos para investigar los actos u omisiones que impliquen violaciones a los derechos humanos en éste y en el anterior sexenio respecto a las conductas de los responsables civiles y militares, incluyendo a los presidentes de la República que han soltado ese maremágnum en contra del pueblo.

Que con motivo de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o en la realización de funciones relacionadas con la prevención, contención, investigación y persecución de los delitos vinculados al crimen organizado hayan cometido violaciones a los derechos humanos.

Se determina que en un plazo de dos meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, se realizará la aprobación por parte del Congreso de la Unión de las reglas y procedimientos para constituir el sistema profesional para las policías que atiendan las necesidades de los tres niveles de gobierno.

Pero ahora sí, de verdad, es fundamental, señoras Senadoras y Senadores, que se discuta este tema. Ya están presionando los gobernadores, que son los acusados en esta actitud absolutamente sumisa y vergonzosa, los gobernadores de la Conago, ya están presionando al Congreso para que apruebe esta ley, cuando los que están acusados de ineficacia y de incapacidad por toda esta militarización son los propios gobernadores.

También es absolutamente reprobable las actitudes del Secretario de la Defensa Nacional, Cienfuegos, que amenaza a la Cámara de Diputados, de si no se aprueba la ley que ellos quieren no van a regresar a los cuarteles.

¿Qué es eso? ¿Cómo se permite que el Secretario de la Defensa esté amenazando a la Cámara de Diputados? Y eso es que todavía no tienen la ley que les permitirá hacer esas labores con espionaje, violando todo control a través de una decisión que es ajena y que estamos siguiendo sin darnos cuenta de ello.

Esto se debe discutir. Yo quisiera que pensaran los Senadores y las Senadoras lo que constituye vivir en un régimen militar, lo que permite que haya retener en las calles, que tengan facultades de investigación y de espionaje como establecen las iniciativas de Gil Zuarth y del Diputado, también, del PRI.

Es un ataque a la libertad de la Nación el aprobar esta ley, y que además, insisto, no corresponde a los intereses de nuestro país.

Es un llamado que le hago también a Osorio Chong, que el día de ayer se dedica a mandar mensajes. Yo se lo mando a él también, que se ponga a estudiar; que pongan a Cienfuegos a cumplir su función y a guardar silencio, no puede un general con las armas en la mano amenazar al Congreso de la Unión.

Muchas gracias, señora Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señor Senador.

Túrnese a las Comisiones Unidas.

Perdón.

Sonido, por favor, en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Quisiera preguntarle al Senador Manuel Bartlett, si me permite sumarme a su iniciativa.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Bienvenida.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Le pido a la Secretaría tome nota de la decisión de la Senadora De la Peña.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar un proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Senadora, le pediría nada más me permita saludar a quienes hoy también nos acompañan, a los alumnos de la Universidad Tecnológica del norte de Aguascalientes, invitados por el Senador Fernando Herrera Ávila.

Agradecemos su presencia, jóvenes, en este Senado de la República.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Adelante, señora Senadora.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, señora Presidenta.

El motivo de la presente iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene como objetivo llenar una laguna legal que viene desde el 2013 y que es muy importante avanzar en ella, sobre todo para poder seguir diseñando políticas públicas que sean eficaces para atender uno de los principales problemas que hoy vivimos en nuestro país y que nos negamos a reconocer como una verdadera epidemia, que tiene que ver con la violencia feminicida.

Hoy en día en nuestro país, al día si mueren siete  mujeres asesinadas por causas de género; comento, siete mujeres al día.

Y no importando los mecanismos legales y de política pública que se han implementado, esto simple y sencillamente no ha venido disminuyendo.

Y entre otras cosas, porque precisamente hay un problema fundamental en el diseño de esta política pública, y es que no se encuentra, hasta la fecha, después de 10 años de contar con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia con un  instrumento fundamental, una herramienta que nos permita diseñar una mejor política pública como lo es un banco nacional de datos. Un banco nacional que nos permita identificar la violencia feminicida, los lugares donde se realiza, los motivos y causa que generan esta violencia y, sólo así, teniendo este instrumento podemos avanzar en generar una política pública adecuada.

El 15 de noviembre de 2012 Diputadas y Diputados integrantes de la LXII Legislatura de los grupos parlamentarios del PRI y del Verde Ecologista presentaron una iniciativa que tenía como propósito modificar la estructura de la Administración Pública Federal reformando con ello la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con ello se buscaba dotar al nuevo gobierno de las herramientas para gobernar, una de sus propuestas fue la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que las tareas en la materia de policía federal, así como del sistema penitenciario federal y de prevención del delito se transfirieran para su coordinación a la Secretaría de Gobernación.

En dicha iniciativa se le otorgaron facultades para organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito y celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para la mejor colaboración con otras instituciones, cumpliendo con esta atribución, así como diseñar, actualizar y publicar una página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en todo el país.

Estas fueron algunas de las modificaciones que se propusieron a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de Seguridad Pública, y que posterior a la dictaminación, discusión, votación y aprobación fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 2013.

Sin embargo, posterior a esta reforma, se omitió identificar y realizar las adecuaciones legislativas en los demás ordenamientos legales en los que la Secretaría de Seguridad Pública hubiera tenido facultades, creando con ello incertidumbre, ambigüedad y lagunas legales.

La labor del legislador implica la revisión constante del marco jurídico para adaptarlo a la realidad actual, a las necesidades de la vida diaria de las y los habitantes a fin de  lograr la seguridad y la paz social esenciales en la vida democrática.

La presente iniciativa tiene por objeto adecuar a la legislación que permita la correcta coordinación y cumplimiento de responsabilidades que le correspondían a la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública atribuciones que se invisivilizaron  y que estaban contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En razón de lo anterior en la sección cuarta del artículo 44 de la ley  anteriormente citada se encontraban las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, que hoy no se encuentra.  Y uno de ellos, una herramienta fundamental para hacer evidente la violencia contra las mujeres, la discriminación estructural e institucional es la concerniente a la integración de un banco nacional de datos e información sobre los casos de violencia contra las mujeres.

Ésta fue una de las fracciones que no fue considerada, razón por la que hoy en día, a pesar de contar con diversos organismos, programas y acciones en aras de erradicar la violencia contra las mujeres no hay cifras oficiales que permitan tener conocimientos sobre los casos y delitos de violencia contra las mujeres.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Gobernación es la dependencia que preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

Es quien emite las alertas por violencia de género, y cuenta con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Conavin.

Es menester dotar de las atribuciones que le permiten coordinar de manera integral y transversal cada una de las acciones encaminadas a la prevención y la erradicación de las violencias contra las mujeres, garantizando el respeto a sus derechos humanos.

Y, para ello, es necesario contar de entrada con información que permita diseñar políticas públicas adecuadas.

En este sentido, en su más reciente informe la Auditoría Superior de la Federación destacó carencias y objetivos incumplidos en  materia de atención a la violencia, haciendo referencia primordialmente a las alertas de violencia de género, por ejemplo, en el estado de México a un año de haberse decretado la alerta por violencia de género, de 196 mujeres asesinadas el año anterior a la alerta, solamente disminuyeron dos el número de mujeres muertes, y después de la alerta solamente hay 194 mujeres asesinadas.

A 10 años de que la ley de acceso mandatara la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, sigue siendo un pendiente.

La importancia de contar con información sistematizada y homologada es fundamental no solo para eficientar el diseño de la política pública, sino sobre todo, para poder evaluar los resultados de un tema tan sensible y delicado como lo es la violencia hacia las mujeres.

El estudio de la violencia feminicida en México aproximaciones y tendencias 1985-2014 que presentó ONU Mujeres en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Inmujeres se basó en los registros de defunción de mujeres, por lo que en realidad las contabilizaron, fueron las defunciones femeninas con presunción de homicidio, desde 1985 hasta 2014.

Esto quiere decir que los casos que se han contabilizado no necesariamente son feminicidios, y urge contar con esta información.

Con la presente iniciativa se eliminaría una laguna legislativa que ha permanecido desde la reforma de 2013 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que la incorporación de sus nuevas atribuciones cuenta con todos los elementos para ser la encargada de integrar y actualizar el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos y delitos de violencia contra las mujeres.

Recordemos que la falta de certeza en observancia y aplicación de la norma dificultan su aplicación y exigibilidad, siendo caldo de cultivo para la impunidad y corrupción.

Y, finalmente, quiero aprovechar este espacio, sobre todo a raíz de las declaraciones de la Secretaría de Gobernación con respecto a los resultados en materia de alertas por violencia de género.

Cuando se ha manifestado que estas alertas están funcionando para detener una de las epidemias más importantes que hay en nuestro país, pero que en los hechos, en los hechos que nos importan, que es que no haya más mujeres asesinadas en razón de género, esos resultados no podemos constatarlos, y no quiero decir que la Secretaría de Gobernación no esté haciendo cosas para atender, prevenir y sancionar la violencia; lo que estoy diciendo es que lo que está haciendo la Secretaría de Gobernación no ha funcionado, y hoy en día están matando a más mujeres por razones de género y es urgente ponerle un alto.

Por eso espero que este tipo de iniciativas que buscan darle herramientas realmente sean aprovechadas por las autoridades que están encargadas de atender el tema.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y  de Estudios Legislativos, Primera.

Enseguida tiene la palabra el Senador Héctor Flores Ávalos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Perdón, el Senador Mayans. 

Perdón, Senador Héctor y lo habíamos anunciado. 

Y, Senador Mayans, si me permite que lo desahogue en el turno que ya lo  había anunciado, y enseguida sigue usted, por favor.  

Gracias, Senador. 

El Senador Héctor David Flores Ávalos: Muchas gracias, Presidenta. 

Gracias Senador Mayans, por su comprensión. 

Senadoras y Senadores: 

Vengo a presentar una iniciativa mediante la cual pretendemos reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Entidades Paraestatales en un tema que me parece es fundamental, es un asunto que quizá es de rigor técnico-jurídico, pero que tiene un trasfondo institucional en el cual me parece que vale la pena reflexionar, y es el relativo con la capacidad que se dio al Poder Ejecutivo Federal a partir de una reforma en 1986 para crear mediante decreto organismos descentralizados e igualmente esta capacidad con la que se dotó al Congreso de la Unión para que mediante esta misma figura, es decir, el decreto y no la ley, se puedan crear organismos descentralizados. 

¿En qué radica la problemática?

El funcionamiento del aparato administrativo mexicano ha tenido cambios significativos en la historia del país, fundamentalmente se reconoce en el poder del Presidente de la República algunas facultades que pueden llamarse de carácter meta-constitucional, pero que sin entrar en ese debate indudablemente podemos hablar de facultades que dentro del margen constitucional resultan de dudosa eficacia. 

Y déjenme ponerles un ejemplo. 

¿Por qué pensamos que hay una equivocación en la Ley Orgánica al reconocer la posibilidad del Ejecutivo de crear organismos descentralizados mediante decreto? Por dos razones fundamentales. 

La primera es porque el Ejecutivo carece de competencia para delegar en la creación de un organismo descentralizado. 

¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente en que un organismo descentralizado, de acuerdo con la propia estructura constitucional y legal, se inserta en una estructura paralela al Ejecutivo, pero además de eso, a diferencia del Ejecutivo Federal, el organismo descentralizado sí posee personalidad jurídica. De manera que el Ejecutivo no puede delegar lo que no tiene. 

La otra parte es que el decreto resulta un instrumento insuficiente para creación de un organismo descentralizado, el decreto es efectivamente quizá en el eslabón de la cadena normativa una herramienta del Ejecutivo para hacer cumplir la ley que está subordinada a la propia legislación. De manera que el Ejecutivo no podría, ni siquiera el Congreso de la Unión, crear un organismo descentralizado bajo la figura del decreto. 

Esta explicación al final de cuentas lo que trata de demostrar es que en la creación de un organismo descentralizado tendríamos que sujetarnos al principio de reserva de ley. 

La competencia de los órganos del Estado, como les decía, puede ser originaria o delegado, es originaria cuando proviene de la ley en sentido formal y material, y es delegada cuando la misma ley le reconoce esta capacidad al ente que prácticamente la delega. 

Finalmente, lo que les pediría, compañeras y compañeros legisladores, es que nos diéramos la oportunidad de reflexionar en este tema y le diéramos al ordenamiento jurídico la posibilidad de depurar esto que me parece que es un vicio de constitucionalidad que está en la norma desde 1986. 

Muchas gracias, Presidenta. 

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señor Senador. 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Enseguida, se concede ahora el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal…

¿Sí, Senador Barbosa?

Sonido en el escaño del Senador Barbosa. 

El Senador Miguel Barbosa Huerta (Desde su escaño) Solo para pedirle al Senador que acaba de presentar su iniciativa, si me permite incorporarme a su destino. 

Y pedirle al Senador Luis Sánchez, que me vea más, para que pueda atender mis peticiones. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Claro, Senador. 

Senador, le pide el Senador Barbosa si no tiene inconveniente en que se incorpore a su iniciativa. 

Adelante. 

Le pido a la Secretaría, por favor, que tome nota de la solicitud del Senador Barbosa. 

La Senadora Angélica de la Peña. 

¿Sí, Senadora?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez (Desde su escaño) Gracias, Presidenta. 

Solicitarle que las propuestas, las iniciativas de la Senadora Tagle que acaban de presentarse, se turnen a la Comisión de Igualdad, que es la de la materia. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Le pediría, Senadora, toda vez que ya había anunciado el turno, que me permita llevarlo a la Mesa Directiva y desde ahí podamos promover el acuerdo que corresponde, como se ha hecho con otras iniciativas. 

Con mucho gusto. 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez (Desde su escaño) De la Comisión de Igualdad. 

Gracias. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Sí, me lo llevo a la Mesa Directiva y de ahí salimos con el trámite que corresponda, si le parece. 

Con mucho gusto. 

A continuación, le pido al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pueda hacer uso de la tribuna para presentar el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal. 

El Senador Fernando Mayans Canabal: ¡Al pueblo de México! 

¡A mis representados! 

Compañeras y compañeros Senadores: 

Me da mucho gusto que esté aquí el Senador y mi amigo López Brito para que esto que vamos a presentar hoy, le demos agilidad. 

Senador López Brito, vamos a darle agilidad a esto que voy a presentar hoy, así que espero que me presten atención. 

Decía Hipócrates: “Que donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay un amor a la humanidad”. 

Más claro, imposible. 

La iniciativa que me permito presentar, se inspira en unas declaraciones que reflejan el valor ético, humano, intrínseco, de lo que representa el ejercicio de la profesión médica. 

Como lo es la Declaración de Ginebra, que fue adoptada desde septiembre de 1948 por la Segunda Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en Ginebra, Suiza, y que cuando nos titulamos o recibimos como médico también la aceptamos y la declaramos. 

Esta Declaración consagra un conjunto de valiosas orientaciones a cumplir en el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica, entre las que destaca: consagrar la vida al servicio de la humanidad, ejercer la profesión a conciencia y dignamente velar ante todo por la salud del paciente, no emplear los conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza. 

Cuando se habla del tema de la responsabilidad de profesionales del médico y los derechos humanos se ha sostenido que la mejor solución a tan delicado problema no es la sola represión de los casos de negligencia médica o de violación a los derechos del paciente, la solución se encuentra en una adecuada política médica basada en fundamentos éticos que tengan su reflejo en una normatividad no represiva, sino preventiva. 

Dicha política deberá abordar en sus diversas vertientes la excelencia en la educación universitaria, que está para llorar el día de hoy. 

Sacamos médicos, nada más falta que estudie medicina en el Metro Balbuena, en seis meses en curso intensivo. 

A ese nivel está las carreras de medicina, salvo honrosas excepciones de universidades. 

“Estudie medicina por correspondencia”. 

Entonces, la excelencia en la educación universitaria es básica, el control y la evaluación del desempeño de las propias asociaciones de profesionales médicos, recursos financieros y materiales suficientes y de calidad.

El médico no tiene ni petate en qué caerse muerto a veces, y tiene que hacer su trabajo, en las peores condiciones de miseria dentro de los propios hospitales de los sistemas de salud, como ya hemos dicho muchas veces aquí, el primer nivel totalmente desmantelado en todo el país. Y me conozco todo el país, nada más el 12.5 % del presupuesto en salud, va al primer nivel de atención, o sea, nada.

La normatividad clara que define responsabilidades y capacitación del personal médico auxiliar, y contar con el respaldo de la convicción social.  Para nosotros esta política también debe plantear las adecuaciones del marco de regulación de la responsabilidad penal de la profesión médica.

Se ha reconocido que los médicos al no ser sujetos infalibles, son proclives a incurrir en errores, con la particularidad de que cualquier error necesariamente va a incidir en la salud de las personas, en su calidad de paciente.  La protección de este bien jurídico es una de las principales preocupaciones del Estado, el cual hace descansar sobre los médicos la importante labor del cuidado. De ahí que se justifique que el error de un médico tenga un reproche social más elevado y genere mayor alarma social entre la población, pero que no debe ser motivo para calificarla, de entrada, como delictiva.

Yo al día de hoy, pueblo de México, no conozco un médico que estudie para matar a alguien, no. Hoy todavía no lo conozco, lo anterior se explica en razón de que existe una previa relación entre el médico y el paciente, caracterizada por la voluntad del médico, que no va orientada  a dañar la salud, sino por el contrario, el fin es mejorar la salud de su paciente.

Por ello, la labor médica no reviste un grado de peligrosidad, ya que sería contradictorio, con su interés y prioridad de generar en el paciente un sentimiento de confianza en su labor.

En ese sentido, consideramos desproporcional y contrario al principio constitucional, de proporcionalidad en la aplicación de las penas.

Senador López Brito, por favor, el que se prive de su libertad al médico que ha cometido una conducta de naturaleza culposa por faltar a su deber de cuidado, toda vez que lo único que genera es un efecto estigmatizante que afecte en forma directa el posterior ejercicio de la profesión, una vez que sea nuevamente habilitado.

López Brito: Es que entre sastres no se cobran las puntadas. Entonces por favor.

En suma, proponemos adecuar el marco regulatorio punitivo acorde con las particularidades del ejercicio profesional médico, considerando que el principio de proporcionalidad de las penas se encuentra plasmado en el artículo 22 de nuestra Constitución política. Este principio opera tanto en el momento de creación del derecho mediante la actividad legislativa, como en el de su aplicación por  los jueces o tribunales e incluso en el momento de ejecución de la pena.

Dicho principio implica que la previsión, la determinación, la imposición y la ejecución de las medidas o sanciones, se lleven a cabo en función de la peligrosidad del individuo, por lo que exige que un medio sea, en el caso concreto, idóneo y necesario para conseguir el fin deseado.

El caso que nos ocupa de las demandas médicas por delitos culposos en los cuales no hay la intención de dañar, es preferible la aplicación de medidas reparatorias o resarcitorias, al encarcelamiento o enjuiciamiento del profesional de la salud, prestador de servicios médicos, ya que está demostrado que el aumento de las penas privativas de libertad ocasionan mayor daño social y carga para el Estado.

Compañeros Senadores.

Médicos de todo el país.

Compañeros trabajadores de la salud:

Con la presente iniciativa se propone reformar el  Código Penal Federal en su capítulo de Responsabilidades Profesionales, y el artículo 60, relativo a la aplicación de sanciones a los delitos culposos.

Además, proponemos establecer como causa de exclusión del delito, tratándose de hechos que resulten de un acto, o actos médicos, realizados por profesionistas en medicina legalmente autorizados para el ejercicio de su profesión, introduciéndose para tal efecto la figura del consentimiento expreso y documentado.

El único objetivo es adecuar el marco de responsabilidades del ejercicio profesional médico, de tal manera que no pierdan la confianza de poder desempeñar su labor, por el temor de ser denunciados o tratados como delincuentes.  

Además de evitar que apliquen una medicina a la defensiva de sus propios pacientes, lo que genera mucho dinero para poderse atender, porque  llega el enfermo al médico y le piden todo un catálogo de estudios de laboratorio y de gabinete, para poderse cubrir y eso tiene un costo altísimo para cualquier enfermo y hace que la medicina sea muy costosa, en lugar de tener confianza con el médico, que además cada quien va por su propia voluntad a ver al médico. 

Además el médico escucha todo ¿Qué desayunó usted? ¿Cómo está evacuando? ¿Cómo está orinando? ¿Cómo duerme? ¿Tiene piso o es tierra en su casa? ¿Cómo se alimenta? ¿Come o no come? ¿Qué come?

El médico es como el cura, la gente va por la confianza y se confiese, hay amor, cariño, afecto. Sin embargo, con todas estas leyes que le permiten al médico ordenar un catálogo de estudios de laboratorio y de gabinete, tomografías, resonancia magnética, pues ya se murió el paciente, nada más de saber lo que tiene que gastar, del susto.

Entonces, tenemos que acudir a estas reformas que les estoy proponiendo, y aquí el Senador López Brito, espero que se sume a esta iniciativa, como médico gineco obstetra ilustre de  Sinaloa, para que todo el pueblo de México, la sociedad médica vea, que el Presidente de la Comisión de Salud del Honorable Senado de la República, está a favor de los médicos de este país y del pueblo de México.

Pido a la Presidencia de la Mesa Directiva, se inserte la versión íntegra de esta propuesta en el Diario de los Debates.

Por su atención  muchas gracias.

Senador López Brito, a la brevedad, vamos a echarle candela a esto de una vez.

Gracias.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señor Senador.  

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

Y le pido a la Secretaría tome nota de que se integre la versión íntegra a la que ha hecho referencia el Senador Mayans.

A continuación tiene el uso de la palabra.

Perdón, el turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Sí señor Senador.  Sonido en el escaño del señor Senador Mayans.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) ¿Cuántos médicos somos aquí en el Senado, Presidenta? 

Porque veo que se quedan en silencio y eso nos sepulta el olvido, mi Senador López Brito, adelante, súmese, sea valiente.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Señor Senador, le recuerdo que nuestro propio Reglamento prohíbe establecer diálogos parlamentarios entre los Senadores. Así que entiendo su inquietud, su interés y seguramente quien tenga el interés de manifestarse y de adherirse lo hará en su oportunidad. 

Por lo pronto, le pido a la Secretaría que por favor se turne a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. 

El Senador Miguel Barbosa Huerta (Desde su escaño): Pido la palabra, señora Presidenta. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Señor Senador Barbosa ¿Con qué objeto?

El Senador Miguel Barbosa Huerta (Desde su escaño): En vista de que no se sumó el exhortado Salvador López Brito, me sumo yo. 

¿No sé si sea suficiente?

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: El Senador Mayans ¿si no tiene objeción, se sumaría el Senador Barbosa?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal (Desde su escaño): Gracias, Senador Barbosa. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, señores Senadores. 

El Senador Francisco Salvador López Brito (Desde su escaño): ¿Me permite, Presidenta, pido la palabra?

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Sonido en el escaño del Senador López Brito. 

¿Con qué objeto, señor Senador?

El Senador Francisco Salvador López Brito (Desde su escaño): Bueno, ya que respetuosamente me están pidiendo que haga esto. 

Yo únicamente quisiera hacer una consideración, que cuando me voy a sumar a una iniciativa, siempre tengo por, creo, una sana costumbre leerla, revisarla, analizarla, y yo es la primera vez que estoy escuchando este resumen, y no puedo seguir una invitación sin antes haber leído con detenimiento y ver los alcances y los componentes. 

Como usted comenta, si una vez que la revise me parece adecuado esta propuesta, en su momento me sumaré. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Claro, señor Senador. Está usted en su derecho.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal (Desde su escaño): Pido la palabra, Presidenta. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: ¿Con qué objeto, señor Senador Mayans?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal (Desde su escaño): Quiero, que si le puede ampliar el turno a esta iniciativa a la Comisión de Salud. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Sí, para opinión de la Comisión de Salud, señor Senador, así se lo daré.

A continuación le pido ahora a la Senadora María Lorena Marín Moreno, que haga uso de la tribuna, para presentar a nombre propio y del Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional…

El Senador Humberto Domingo Enrique Mayans Canabal (Desde su escaño): ¿Me permite, señora Presidenta?

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: ¡Perdón!

Deme un minuto, señora Senadora. 

¿Con qué objeto, señor Senador Humberto Mayans?

El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal (Desde su escaño): Para preguntarle al Senador Fernando Mayans ¿si está de acuerdo que me sume a su iniciativa, por favor?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal (Desde su escaño): Muchas gracias, señor Senador. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muy bien. 

Muchas gracias. 

He concluido ya el turno y las adhesiones, y a continuación le pido a la Senadora Lorena Marín Moreno, presente a nombre propio y del Senador Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año, como la Semana Nacional del Migrante. 

Adelante, señora Senadora. 

Y de antemano le expreso mi gratitud por los cambios de turnos que hicimos en su momento. 

La Senadora María Lorena Marín Moreno: Gracias, Presidenta. Con su permiso. 

Honorable Asamblea: 

El 18 de diciembre de 1990, fue el día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares. 

Desde diciembre del año 2000, cada año se recuerda esa fecha como el Día Internacional del Migrante, también establecida por la Asamblea. 

En el marco de este día se invita a los Estados miembros, así como a organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a difundir información sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes, intercambiar experiencias y formular medidas para protegerlos. 

La larga historia de México, como país de migrantes, tanto internos como internacionales, es una de las razones por las cuales este tema siempre ha llamado la atención de un cierto número de académicos, políticos y autoridades. 

Sin embargo, los cambios que presenta este proceso y el gran incremento en el número de personas que han migrado a Estados Unidos en las últimas décadas, ha producido un interés más amplio y generalizado en la migración internacional de los mexicanos, incluso a nivel mundial. 

La cantidad y visibilidad de los migrantes internacionales, muchos de quienes han entrado a otros países en condición de indocumentados o irregulares, han despertado interés y preocupación no solamente entre los estudiosos del tema, sino también entre las organizaciones de la sociedad civil, las que a menudo manifiestan su preocupación por las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y en ámbitos gubernamentales. 

De acuerdo con un estudio del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de la ONU realizado en 2014, nuestro país ocupa el segundo lugar en el mundo en el tema de migración, siendo el principal destino de los connacionales el territorio estadounidense, donde según un análisis de la Pew Research Center, actualmente radican 34.6 millones de mexicanos. 

Según estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 5.7 millones de ellos se encuentran en Estados Unidos en condición de indocumentados. 

Al ser nuestro país una nación que tradicionalmente se ha caracterizado por ser un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, en el grupo parlamentario del PRI consideramos pertinente la presente propuesta para declarar la tercera semana del mes de diciembre de cada año como la Semana Nacional del Migrante. 

La migración es un fenómeno socioeconómico que se ha presentado históricamente en nuestro país, principalmente hacia la frontera norte y desde la frontera sur, México, como Estado receptor, por lo que es fundamental que el Estado refrende y fortalezca su compromiso con los derechos humanos de las personas migrantes. 

Todos los migrantes en virtud de su dignidad humana están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos sin discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o de su condición. 

Sin embargo, a pesar del marco jurídico existente, los migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explotación, violencia y violaciones a sus derechos. 

De ser aprobada esta propuesta se confirmaría a nuestro país como un Estado donde la política migratoria se sustenta en los principios de respeto irrestricto de los derechos humanos, precisando que en ningún caso la situación migratoria por sí misma constituirá un delito, además de garantizar a los extranjeros los derechos que se exigen en el exterior para los connacionales con un enfoque integral acorde a la complejidad de la movilidad internacional. 

Lamentablemente, hoy los estados siguen tratando de regir la migración en forma unilateral o bilateral, y eso ha llevado a una falta de coherencia en la gobernanza mundial, regional y nacional, y a un retroceso respecto de los marcos vinculantes de las Naciones Unidas. 

Es imperativo que nuestro país dé este paso en la protección integral de los derechos de los migrantes y dejar atrás actitudes prejuiciosas que pueden desencadenar prácticas de discriminación. 

Es cuanto, Presidenta. 

Por su atención, muchas gracias. 

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias, Senadora. 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera. 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar a nombre propio y de diversos Senadores un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 fracción IV Bis de la Ley General de Salud. 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su anuencia, señora Presidenta. 

Señores Senadores: 

Esta iniciativa que el día de hoy presento con proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 115 fracción IV Bis de la Ley General de Salud, en materia de sobrepeso y obesidad, tiene el siguiente antecedente. 

La obesidad en niños, adolescentes y adultos en México, es uno de los principales problemas de salud pública en el país. 

Las encuestas, la última en salud, de nutrición y salud, siete de cada diez adultos en México presenta sobrepeso u obesidad. 

En el mismo caso se encuentran 1 de cada 3 adolescentes, y 1 de cada 4 niños en la Encuesta Nacional de Medio Camino 2016, y no hay cambios significativos, estadísticamente. 

Esta enfermedad es un factor de riesgo para diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, asma, inflación crónica, hígado graso y cálculos en la vesícula biliar, entre otras complicaciones, y además estos pacientes pueden padecer autoestima, depresión y desórdenes alimentarios. 

El costo económico y social de la obesidad es muy elevado para México, actualmente cuesta 120 mil millones de pesos, cubrir los gastos relacionados a esta patología, ya sea por atención médica, pérdida de productividad, incapacidad  o por muerte prematura. 

El aumento en la prevalencia de la obesidad en México se relaciona a diversos factores como el aumento en el consumo de alimentos preparados fuera de casa y eso ha ocasionado por la accesibilidad de alimentos de esos en energía preparados fuera de casa, la inclusión de la mujer en la fuerza laboral, las distancias de trabajo o de la escuela al hogar, entre otras. 

Los mexicanos cada vez consumen más alimentos  fuera de casa, se estima que en promedio un 25 % del gasto por alimentación es destinado a este rubro,  los alimentos preparados fuera de casa son por lo general más altos  en calorías y grasas que los preparados en la misma y asimismo contienen  menos fibra, vitaminas y nutri-inorgánicos. 

Es importante decir que además uno de los factores que se ha encontrado, que contribuye al aumento en la ingesta calórica es el consumo de estas comidas, se ha encontrado que estos alimentos contienen por lo general  un alto contenido de calorías, grasas, colesterol, azúcares simples, mientras son bajos en fibra y fotoquímicos. 

Estudios longitudinales,  han encontrado una asociación positiva entre la frecuencia de comidas realizadas fuera de casa y el aumento de peso, y esto determinado por el índice  de masa corporal. 

Por ello se deben tomar medidas para ofrecer a la población mexicana un ambiente saludable  que le permita con la información disponible  tomar decisiones asertivas, una de las medidas que coadyuva a este entorno sano es incluir información nutrimental de los platillos y bebidas de los menús de los restaurantes. 

Está comprobado que resulta muy difícil, aún para personas con preparación en la materia, determinada calidad de calorías, grasas y  sodio promedio de un platillo. 

Hay evidencia que cuando se tiene el conocimiento de la calidad, de la cantidad de calorías y nutrimentos de los platillos, los comensales en ocasiones se deciden por optar con un menú con menor contenido calórico. 

También hemos encontrado que en lugares donde ya se ha establecido como ley que se incluya  el valor calórico de los nutrimentos de los platillos, los restaurantes ofrecen mejores opciones bajas en calorías y grasas y altas en fibra para sus clientes. 

Por eso hemos decidido que en los restaurantes de comida  rápida tienen por lo general estandarizadas sus recetas,  lo que permite determinar el contenido nutrimental de sus platillos de manera más sencilla. 

De hecho las cadenas de comida rápida americanas ya poseen estos datos  considerando que es por ley, en Estados Unidos, desde 2010, proporcionar información nutrimental de platillos y bebidas a los comensales. 

Se debe dar  la responsabilidad del consumo de alimentos a una decisión  personal en base a la información nutrimental de alimentos y bebidas. Y es por eso la importancia de obligar a los establecimientos aquí mencionados a indicar las calorías de los productos que expenden. 

Por ello, es importante que se pueda brindar al consumidor herramientas que le permitan  tener los elementos necesarios para emitir un juicio adecuado respecto al consumo  de alimentos y bebidas y de esta manera se contribuye en la prevención y tratamiento de la obesidad, padecimiento que sufre la mayor parte de los mexicanos. 

El consumo de comida rápida son alimentos  que contienen grasas saturadas y grasas trans y aumentan los niveles sanguíneos de colesterol malo y disminuye los niveles de colesterol  bueno y por lo cual, se aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca coronaria. 

Los alimentos de la comida rápida son en su mayoría altamente procesados, y por ello pueden aportar fácilmente mil 500 calorías  en una sola comida y comer todos los días este tipo de alimentos, además de conducir al aumento de peso, puede llegar a padecer obesidad en alto grado. 

Por ello nosotros estamos sometiendo a esta soberanía este proyecto de decreto, en donde se reforma el artículo 115, donde dice lo siguiente: 

“La Secretaría de Salud tendrá  a su cargo, en el IV Bis, fracción IV Bis, normar el establecimiento de información nutrimental de alimentos y bebidas no alcohólicas que incluyan el contenido en calorías, en las cartas y menús de establecimientos  de comida rápida con 10 sucursales o más”. 

Estamos considerando que sean 10 sucursales o más, estamos considerando que sean 10 sucursales o más este tipo de establecimientos para que den la información y sea una decisión personal nuestra ingesta diaria. 

Por ello, pues agradezco la oportunidad que me da la Mesa Directiva de hacer la exposición hoy de esta iniciativa. 

Muchas gracias, Presidenta. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, Senadora. 

Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud  y de Estudios Legislativos. 

En otro apartado de nuestra agenda tenemos dictámenes para primera lectura. 

Dé cuenta la Secretaría con ellos. 

Perdón, antes de que proceda, Secretaría, la Senadora Luisa María Calderón desde su escaño, por favor, sonido. 

¿Con qué objeto, Senadora? 

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Gracias, Presidenta. 

Para pedirle a la Senadora Cristina Díaz, me permita sumarme a su iniciativa. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Senadora Díaz, le consultan si tiene alguna objeción para que se incorpore la Senadora Calderón. 

La Senadora Cristina Díaz Salazar: (Desde su escaño) No. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muy bien. 

La Secretaría, le pido tome nota de esta adhesión. 

Muchas gracias. 

Señora Secretaria, por favor, si es tan amable.  

¿Alguien más? 

De la misma manera la Senadora Martha Palafox, Senadora Díaz. 

¿Algún otro compañero o compañera tiene interés?  No. 

Muy bien, muchas gracias. 

Le pido a la Secretaría registre, por favor. 

Adelante, Secretaria. 

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos  de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia doy cuenta de los dictámenes. 

Uno, de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se declara el 12 de octubre como Día Nacional, Pluricultural.  

Y uno de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables  y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se declara el 21 de marzo de cada año como Día Nacional del Síndrome de Down.  

Estos son todos los dictámenes, Presidenta. 

La Presidenta Senadora  Blanca Alcalá Ruiz: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta y con fundamentos en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura. 

Hace unos minutos, dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se declara el 12 de octubre como el Día de la Nación Pluricultural.  

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si  autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. 

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Me permito consultar a la  Asamblea, en votación económica, si se autoriza, se dispense la segunda lectura del dictamen. 

Quienes estén por la afirmativa, levantar su mano. 

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, también, favor de manifestarlo levantando su mano. 

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, Presidenta. 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Informo a la Asamblea, que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. 

Se concede el  uso de la palabra al Senador Jorge Toledo Luis, a presentar  el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento. 

El Senador Jorge Toledo Luis: Con su permiso, señora Presidenta. 

Compañeros Senadores, estimadas  Senadoras. 

Un 12 de octubre de 1492 llegó Cristóbal Colón a una Isla que denominó San Salvador. 

Unos años después llegaron los soldados para conquistar lo que después sería México, Centroamérica y Sudamérica.

Ese día marcó la historia de nuestro continente, pues dio inicio a la conquista y a la colonización, procesos nada pacíficos que condujeron a la destrucción de las culturas autóctonas, una nueva religión y el despojo de los territorios de los pueblos indígenas.

A partir de las primeras décadas del siglo XIX, los herederos de los pueblos originarios y muchos de los españoles conquistadores iniciaron un movimiento que terminó independizando a las naciones americanas de la España imperial.

A pesar de ello, cuando América ya se había conformado, ya se habían conformado las naciones independientes, sus propios aparatos culturales se reconfiguraban a las historias patrias particulares y sus propias identidades nacionales, muchos intelectuales locales de la época irían reivindicando el período colonial.

Les vino de maravilla la iniciativa de un español para generar lo que después se llamó “Día de la Raza” en los calendarios festivos de las jóvenes naciones.

En 1913, Faustino Rodríguez-San Pedro, entonces Presidente de la Unión Iberoamericana, impulsó una celebración que vinculara a España con los países colonizados, que habían alcanzado su independencia en América, y propuso denominarla “Festival de la Raza”.

El nombre era acorde con la visión de toda una época de imperios conquistados, conquistando pueblos, y tenían una clara connotación imperialista.

Pasaron los años y vino el desplome de los imperios militares y su debacle ideológico, surgieron nuevas mentalidades y nuevas visiones buscando el respeto a todos los pueblos del mundo, impulsado principalmente con el surgimiento de la ONU y de las Organizaciones Internacionales derivadas de ella, como la Organización Internacional del Trabajo, entre otras.

Con el correr del tiempo, el reconocimiento de las particularidades de sus pueblos y las luchas iniciadas por los pueblos  originarios llevó a varias naciones a renombrar el día del arribo de los europeos a las costas de América.

Ahora, por ejemplo, en Chile se le conoce como el “Día del Descubrimiento de Dos Mundos”; en Uruguay, “Día de las América”; en España, “Fiesta de la Hispanidad”; en Estados Unidos, “El Día de Colón”; en Costa Rica se le llamó “Día de las Culturas”; en Nicaragua y Venezuela, “Día de la Resistencia Indígena”.

En México, la primera celebración del 12 de octubre como “Día de la Raza” fue en 1928 y se ha mantenido el nombre a pesar de todas las propuestas habidas desde entonces porque se impulsaba una visión de un México uniforme, homogéneo.

Un México en el cual las diversidades culturales, especialmente las culturas e identidades indígenas, deberían de integrarse y desaparecer en un proceso de aculturación y mestizaje.

Hoy tenemos en México una visión diferente, hemos reinterpretado nuestra identidad nacional revalorándola, nuestra raíz hispana, nuestras raíces prehispánicas originarias y de todas las culturas arribadas y recreadas en nuestro suelo, como las culturas afromexicanas y de tantos otros flujos migratorios.

Desde hace 25 años hemos reconocido constitucionalmente que somos una nación pluricultural, el reconocimiento y protección de la pluralidad étnica y cultural es un mandato constitucional en México y en casi todas las naciones y países de América Latina que suscribieron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Este principio de reconocer la  multiculturalidad la integra nuestra Constitución Política desde 1992 en el entonces artículo 4º y, actualmente, en el artículo 2º desde el 2001, consolidando la definición de la identidad pluricultural de la nación.

México no es un país, no es un pueblo homogéneo, producto de un mestizaje indiferenciado, sino está conformado por muchos pueblos con sus respectivas culturas vivas. En este país convivimos 68 pueblos indígenas y un México mestizo, hablante del castellano.

Constitucionalmente ninguna lengua tiene prioridad sobre las otras; ningún pueblo está por encima de los demás, somos un mosaico de lenguas, culturas, saberes, cosmovisiones y aspiramos a vivir en una interculturalidad donde nos respetemos todos.

En este nuevo contexto histórico, y un nuevo marco constitucional que reivindica nuestra pluriculturalidad, considero que llegó el momento de avanzar en la conciencia nacional de la visión de la interculturalidad.

Debemos impulsar el respeto a todos los pueblos y comunidades que viven en el territorio nacional sin pretender que ninguna es superior a otra, o la necesidad de integrar una a cualquier otra.

Por eso, el principal motivo de esta iniciativa es el que los mexicanos, indígenas y no indígenas, hispanos y no hispanos, podamos repensar, volver a contextualizar y reinterpretar el significado del 12 de octubre a partir de nuestra identidad nacional, pluricultural, reconocida en nuestra Constitución.

Debemos darle nuestro sentido a la conmemoración para replantear un significado que no reivindique el derecho de la conquista y el sojuzgamiento.

Hoy debemos aclamar el derecho de la diversidad cultural, el derecho a la pluriculturalidad igualitaria, y a partir de lo que hemos reconocido, que somos como país, nos demos la oportunidad plural para conmemorar y celebrar el 12 de octubre de cada año como el ´”Día de la Nación Pluricultural”.

Estoy convencido que así otorgaremos coherencia y armonización entre nuestro calendario de efemérides y el principio de la pluriculturalidad de nuestra Constitución.

Es por esto, compañeros Senadoras, compañeras Senadoras, que les pido su apoyo y el voto favorable para la aprobación del proyecto de decreto que tiene como:

Artículo Único.- Que el Honorable Congreso de la Unión declara el 12 de octubre como “Día de la Nación Pluricultural”.

Muchas gracias, señora Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias a usted, señor Senador.

Está a discusión… 

Y se concede el uso de la palabra a la Senadora Michelle Barrón Vivanco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen.

Le ruego nada más antes de que haga uso de la palabra, preguntar cuál es la razón de la solicitud de la intervención de la Senadora Calderón y después del Senador Barbosa.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Senadora, para hablar a favor de este punto de acuerdo.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Tomo nota de su petición, Senadora.

¿Senador Barbosa, con qué objeto?

El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Con ese mismo propósito, pero allá argumentaré.

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muy bien.

Con mucho gusto.

Tomo nota de ambas intervenciones después de la Senadora Michelle.

Adelante, por favor.

La Senadora Michelle Arandine Barrón Vivanco: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros del Senado:

México es una nación orgullosamente pluricultural y diversa, somos privilegiados al ser poseedores del legado cultural de las más grandes civilizaciones precolombinas, que combinada con la herencia española dieron origen a nuestra identidad y con ello a uno de los países culturalmente más ricos y diversos del mundo.

La historia de México, como la de muchas naciones latinoamericanas, no puede entenderse sin la pluriculturalidad. La identidad del mexicano se forma a partir de la confluencia e interacción de múltiples culturas.

México continúa siendo uno de los países con más grupos de indígenas en el mundo.

Actualmente el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas calcula que existen cerca de 68 grupos étnicos en el país que cuentan con sus propias lenguas, habiendo hasta 364 variantes de ésta.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2015 el 6.5 % de la población hablaba alguna lengua indígena, y en 494 municipios del país, más del 40 % de sus habitantes son hablantes de alguna lengua indígena.

Cerca de 24.4 millones de personas en México se reconocen como indígenas, cifra que representa el 21.5 % del total de la población mexicana, esto significa que por cada cinco mexicanos, uno de ellos, es un indígena que habla una lengua indígena, que es una proporción tres veces superior a la población hablante de lengua indígena.

A nivel mundial se ha reconocido que la población de origen mexicano presenta una extraordinaria diversidad genética, resultado de nuestra pluriculturalidad a tal extremo que entre mexicanos podemos llegar a ser genéticamente tan diferentes como  lo sería un asiático de un europeo.

No obstante todos nos agrupamos bajo una misma identidad, la de ser mexicanos, hacer de este país un  lugar mejor y más grande cada día.

Hoy nuestra Carta Magna reconoce en un segundo artículo a la nación mexicana como una de carácter pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y haciendo énfasis en la igualdad jurídica imperante entre nuestros pueblos.

Nuestra riqueza y grandeza en nuestro país es resultado de toda esta diversidad, las culturas se revitalizan y enriquecen cuando conviven, dialogan y cooperan entre sí.

La pluriculturalidad en México merece ser reivindicada y elogiada.

Compañeras y compañeros legisladores: 

La pertinencia de celebrar nuestra pluriculturalidad en un día particular, y de manera oficial subyacen que nos permitirá revalorar nuestra diversidad, motivando el conocimiento, la valoración y la promoción de la riqueza multicultural que caracteriza a la nación mexicana.

Por esta razón en el grupo parlamentario del PRI nos posicionamos a favor de la presente iniciativa de decreto, y estamos convencidos de que coadyuvará en un mayor entendimiento y respeto entre los mexicanos sin distinción cultural.

Muchas gracias por su atención. 

Es cuanto, Senadora Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias Senadora. 

Han solicitado el uso de la tribuna para hablar en relación con este dictamen la Senadora Luis María Calderón, a quien le pido por favor pase a la tribuna. 

Después el Senador Miguel Barbosa.

Y por último, el Senador Sofío Ramírez.

La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco mucho, Presidenta. 

Y felicito al proponente de este punto de acuerdo que designa el 12 de octubre como el Día de la Interculturalidad, que no es un día nuevo, se llamaba el Día de la Raza, y se llamaba de otras maneras; y el tema es que los indígenas siguen siendo pobres, y siguen estando marginados, y todas esas cosas.

Así que yo felicito que se recuerde este día, que se reponga, que hoy se reconozca como interculturalidad y que nos pongamos todos a trabajar sobre disminuir las desventajas en las oportunidades de que los pueblos indígenas se articulen, se organicen como quieran, pero que los dejemos fuera de la marginación.

En el año 2000, a propósito de la guerra en Chiapas, el presidente de la república aceptó una iniciativa, la Cocopa, que se llamaba, para convertirla en una reforma constitucional, que derivó después de consultas y de un trabajo participativo de mucho consenso en la reforma del artículo 2º de nuestra Constitución que reconocía que México es un pueblo originariamente construido, cuidado, enriquecido por pueblos indígenas; y reconocía quiénes son los pueblos indígenas, y reconocía sus derechos políticos, pero también en un artículo 2º reivindicaba y se hacía como gobierno la obligación de una especie de artículo 2º fracción B o apartado E programática que permitía u/y obligaba al Estado a hacerse responsable por disminuir esas grandes desventajas.

Recuerdo, por ejemplo, que ese artículo 2º fracción… apartado B habla del derecho que tienen los pueblos indígenas de participar en la elaboración de los presupuestos de los municipios en los que viven, no conozco municipio alguno que lo haga.

Reconoce también que habría recurso especial para que en el desarrollo agropecuario tengan facultad o facilidad para acceder, tampoco lo recuerdo.

Reconoce también que tienen el derecho de organizarse bajo sus usos y costumbres, y todavía tenemos en el estado de Chiapas rechazo a las alcaldías que encabezan mujeres, alcaldesas que encabezan mujeres en ayuntamientos o en regiones indígenas.

Recientemente el Instituto Nacional de Evaluación Educativa nos proporciona datos de un diagnóstico que se hace respecto de la educación en las regiones indígenas, y hay una desventaja inmensa frente a la población no indígena, y nos ayuda, nos pide nuestra opinión respecto de cómo reducir esas desventajas. 

Esta deserción escolar en las poblaciones indígenas, pero  más allá de eso, no veo algún elemento distinto, quiero significar, por ejemplo, que después de esa reforma constitucional se modifica el Instituto Nacional Indigenista que era éste depósito de  necesidades de los pueblos indígenas y que se encargaba un poco de gestionar, un poco de escuchar y un poco de ver de dónde sacaba algún presupuesto para resolver las necesidades de los pueblos indígenas. 

Pero a partir del 2002 hay una  comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas que, en teoría, no es la que resuelve las necesidades de los pueblos indígenas, de su infraestructura, de su educación, de su salud, de sus espacios, de acompañarlos a reducir el cambio climático, de cuidar los espacios territoriales de los que ellos son dueños, como el bosque, como la siembra, como el agua, como el mar, como los ríos, y se transforma en un órgano que de alguna forma obliga a todas las Secretarías de Estado a hacer su parte, a tener un presupuesto para el desarrollo de los pueblos indígenas en salud, en ecología, en todos los renglones.

Y a partir de entonces el presupuesto para pueblos indígenas se multiplica por cantidades  muchísimo más grande, no la traigo hoy en mi cabeza, pero sí lo multiplica en la teoría, pero en la práctica la propia Cámara de Diputados, hace un par de años, le pesca una mordida, y le quita 5,000 millones de pesos a ese presupuesto, y en principio etiquetado para los pueblos indígenas y los redirige a estas facultades de los Diputados de etiquetar y redireccionar los recursos.

Hay un montón de denuncias de los pueblos indígenas porque no se les ha tomado en cuenta, haré o diré un par de ellas.

Hace algunos años la UNESCO reconoce como Patrimonio de la Humanidad a las Cocineras Tradicionales o a la Gastronomía Michoacana, es Patrimonio de la Humanidad, y resulta que el gobierno reciente pasado asume como propio ese nombre, lo registra ante el IMPI como su propiedad, la marca Cocineras Tradicionales es del gobierno de la Secretaría de Turismo, y su apoderado es una persona física.

De tal manera que las cocineras tradicionales no pueden repetir o replicar sus eventos porque le pertenece la marca a una persona física.

Las casas de la cultura que han sido patrimonio de los pueblos indígenas, porque en una temporada en la que estuvieron de moda, los pueblos indígenas se les asignaron casas de la cultura, y resulta que se las han ido asignando como propia alcaldes de esa región, digo, específicamente el nombre de Paracho.

Y resulta que los pueblos indígenas no pueden replicar su experiencia, no pueden usar las casas de la cultura, porque le pertenecen a una persona física. 

De tal manera que en todas estas diferencias yo creo que tenemos que refrescar este tema o esta obligación que tenemos para respetar a los pueblos indígenas, reconocerlos, pero no por ello dejarlos en el abandono, yo creo que ellos necesitan mantener la libertad de autogobernarse, de decidir qué cosas aceptan, pero no por ello nosotros tenemos el derecho de mantenerlos en la pobreza.

Por ejemplo, no podemos obligarles a que sus casas las construyan como nosotros decimos, pero sí tenemos la obligación de darles la posibilidad de que diseñen sus viviendas; no podemos obligarles o seguirles comprando la artesanía como ellos la hacen, que han perdido el valor de uso, pero sí tenemos la obligación de darles acceso a conocimientos que les  permitan a ellos  decidir si innovan su artesanía. 

Por cierto, tenemos un pendiente de una ley de artesanía aquí en el Senado, que la presenté desde 2012, no podemos obligarlos a que se asumen con nosotros, pero sí tenemos la obligación de hacerles llegar conocimientos, recursos, espacios, acompañamiento, para que ellos decidan de qué manera se articulan. 

Simplemente cumplamos todos la fracción, el apartado B del artículo 2° de la Constitución, tenemos la obligación como Estado mexicano de que ellos puedan acceder de la manera que ellos lo decidan, pero no podemos cerrarles la puerta con el con que de que son nuestros pueblos indígenas y los dejemos en un rincón, valen mucho, han sobrevivido a todas nuestras imposiciones, y hoy que se reconoce que es el Día de la Pluriculturalidad, hagamos cosas. 

Como decía un amigo mío: “palabras no agujeran”. 

Hagamos cosas para que ellos puedan salir de la pobreza y puedan mantener su identidad de pueblos indígenas en esta riqueza de país que es México. 

Es cuanto, Presidenta. 

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias, señora Senadora. 

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Barbosa, por favor. 

El Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Presidenta en funciones. 

Gracias Mesa Directiva. 

Yo primero la reflexión de la formalidad.

¿Qué tanto se contribuye a la cultura cívica de una nación, de un pueblo?

Instalando de manera muy abundante efemérides los días en que se festeja tal o cual profesión, oficio, en este caso un día tan importante como fue el encuentro de dos mundos.

¿Qué tanto logramos? Hay que hacernos esa pregunta. 

¿Cuánto contribuimos y ayudamos a que la cultura cívica de nuestro pueblo se fortalezca?

Yo digo que nos estamos equivocando ¿eh?

Nos estamos equivocando porque hace tiempo que la sociedad, que los jóvenes poco atienden a este tipo de decretos que puede emitir el Congreso. 

Hay que reflexionarlo y hay que reconocerlo como tal. 

No obstante ello, bueno, es de las labores que se hacen desde el legislativo, las de contribuir con acciones públicas a esto, ha sido parte de los modelos educativos. 

Recuerden que la historia las escriben los que ganan y son los que a su vez provocan las formas y las visiones que se quedan ahí. 

Así es que, que sea considerada el 12 de octubre como el Día de  la Nación Pluricultural vamos a votar a favor, pero solamente tengamos presente esa circunstancia, no estamos abonando más, a lo mejor para la mayoría va a seguir siendo el Día de la Raza, aunque el decreto del Congreso mexicano y sus Cámaras sea para que ya sea el Día de la Nación Pluricultural.

Yo siempre he opinado en favor del encuentro de dos mundos en donde el mestizaje fue salvaje, fue un mestizaje a fuerza y con violencia, pero que el producto de ese mestizaje lo debemos de calificar como exitoso a partir de la lengua, del lenguaje que hoy es nuestro, de ese lenguaje que ha permitido construir literatura, construir poesía, construir todo tipo de las Bellas Artes, música y demás. 

En 1992 se hizo la celebración del V Centenario y hubo un gran revuelo sobre este tema, se escribió mucho sobre el tema. 

Un libro que yo recuerdo haber leído en ese tiempo y que es una magnífica obra de ese mestizaje y de ese encuentro es “El Espejo Enterrado” de Carlos Fuentes, habría que volverlo a releer para que podamos entender más de esto que fue este encuentro de dos razas. 

Pluricultural, por cierto, no solamente por el componente indígena al que se refiere el artículo 2 de nuestra Constitución, en relación a mantener el reconocimiento de los pueblos originarios, pero lo que es hoy México y su raza tiene componentes asiáticos, tiene componentes africanos, tiene componentes que no solamente son español y pueblos indígenas. 

Y lo dicho por la Senadora Luisa María, lo ratifico completamente, los gobiernos hasta hoy en México no han sacado de la pobreza y de la marginación a los pueblos indígenas. 

Ese es el resumen. 

Aquí podemos decir que estamos haciendo cosas, pero la pobreza en el campo, que es la pobreza de los pueblos indígenas, que por cierto hay una excepción en las grandes urbes como México hay componente indígena, no los pueden contar los Constituyentes que reconocieron esta circunstancia en la Constitución de la Ciudad de México, entonces, tenemos ahí como Estado mexicano, hasta hoy como Estado mexicano, no quiero hacer ninguna reflexión de cuándo, yo digo que hasta hoy el Estado mexicano ha sido incapaz de poder sacar de la marginación y de la pobreza a los pueblos indígenas, si nos referimos a uno de los componentes de la pluricultural de nuestra nación. 

Esa es la reflexión. 

Voy a votar a favor, ya no puedo comprometer más voto que el mío, así que es que a favor. 

Gracias. 

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR

CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Barbosa. 

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a los integrantes de la Comisión Consultiva del Infonavit del estado de Hidalgo, invitados por el Senador Jesús Priego Calva. 

Agradecemos su presencia en el Senado de la República, sean ustedes bienvenidos. 

(Aplausos)

A continuación, hace uso de la tribuna, para hablar a favor del dictamen, el Senador Sofío Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional. 

En uso de la voz el Senador Sofío Ramírez. 

El Senador Sofío Ramírez Hernández: Presidente, muchas gracias. 

Me mueve no nada más mi responsabilidad como representante popular, me mueven razones sociales. 

Me mueven razones humanas.

Me mueven aspiraciones de vida de millones de mexicanos que han estado en espera de una oportunidad de justicia social para sus familias. 

Me mueve mi origen de ser padre frente a nuestros hijos que todos los días buscan oportunidades, pero también me mueve mi condición de origen como hijo de padres campesinos y de padres indígenas. 

Y hoy quiero aprovechar para reconocer el trabajo legislativo de la Comisión de Asuntos Indígenas, reconocer a mi paisano, el Senador Toledo, la presentación de este dictamen, reconocer los contenidos, reconocer las efemérides y reconocer todo lo que hagamos en valores cívicos, pero lo que más me mueve es  la reflexión a nuestra realidad. 

Realidad que desde la conquista de esta tierra, desde la transformación de su cultura, desde las imposiciones o el cambio cultural, doloroso como lo señalaba nuestro compañero Miguel Barbosa, hoy no podemos ocultar una realidad, más allá de este recinto hay una realidad que lastima. 

Pueblos originarios en condiciones de marginación y de pobreza. 

Pueblos originarios que les acompaña, no nada más la falta de oportunidades, les acompaña también la discriminación y la ausencia de las instituciones, en sus tres niveles de gobierno.

Por eso es que hoy, cambiar el nombre del 12 de octubre que desde 1928 se oficializó como el  Día de la Raza, pues es una estadística más, es un acto que respeto, porque vamos a votar a favor, los invitamos a que votemos a favor. Pero consideramos que es importante hacer la reflexión, de poder ir más allá.

En este México lindo y querido y su territorio  nacional, desde el norte, hasta el sur, hay un territorio muy marcado por la marginación y  la pobreza, como lo es el sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Entre otras entidades federativas que tienen pueblos originarios.

Hablamos mucho de ese orgullo de ser parte de las 68 lenguas originarias, pero en verdad esperamos que los esfuerzos en los tres niveles de gobierno y la aportación legislativa que nosotros podamos hacer, pueda acercarse al anhelo y la esperanza de poderles dar a los pueblos originarios, mejores condiciones y oportunidades de vida.

No es casual, ni ausente, a una reflexión del porqué los grandes movimientos sociales han estado en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en parte de Michoacán, porque por siglos ha estado ahí el abandono, y la oportunidad de luchar por vivir mejor. Y hay historia, hay estadísticas.

Allá en 1813 precisamente en Chilpancingo, Guerrero, José María Morelos y Pavón presentó los Sentimientos de la Nación, donde si no me equivoco en su artículo 15 señalaba, donde debe de estar el principio de igualdad, y que deben desaparecerse las castas y que debe diferenciarse nada más entre el americano y el mexicano, o el hijo de  los campesinos, el vicio o la virtud.

Fue también allá en Guerrero, precisamente, donde fueron campos de batalla por la independencia, por esa lucha precisamente, no nada más de los mestizos, sino por esa lucha de los pueblos originarios. 

Fue allá en Acatempan, aquél 10 de enero, donde se da el abrazo de Vicente Guerrero con Agustín de Iturbide. 

Y fue allá en Guerrero, el 24 de febrero de 1821 donde se instituye formalmente el Día de la Bandera, y se consuma en 1821 la independencia. Pero sigue siendo estadística.

Si regresamos al sur, no quiero particularizar en mi estado, pero allá está un municipio que se llama Cochoapa, donde  no hay necesidad de que vayamos a los libros de historia para buscar entre sus páginas una fotografía de una mujer descalza o un niño desnudo. 

Vayamos a Chiapas, vayamos a Guerrero, vayamos a Oaxaca, vayamos a muchos pueblos de este territorio nacional, sobre todo pueblos originarios, y vamos a encontrar la fotografía, no en blanco y  negro, la fotografía en su vida real de muchas familias y muchos niños de pueblos originarios que este 12 de octubre lo recuerdan en diversas interpretaciones.

Perdón por haberme prolongado en el tiempo, pero 12 de octubre Día de la Raza, hoy 12 de octubre Día Nacional de la Nación Pluricultural, nos debe de conllevar a profundas reflexiones, a que verdaderamente impulsemos, como lo dijo nuestra compañera Senadora María Calderón, como lo expresó el proponente Senador Toledo, de que ya no nada más sean contenidos, que verdaderamente la política pública, la política social sea en un principio de igualdad. 

Ya no más privilegios para los que tienen mucho, hagamos un esfuerzo de una política más horizontal, de tal manera que encontremos un espacio de oportunidad para los que menos tienen.

En verdad compañeros, y con esto concluyo, hay condiciones que nos deben de llevar a una profunda reflexión, hay que buscar la manera de cómo garantizamos la seguridad alimentaria de los pueblos originarios, porque ése es un extremo.

Allá en Guerrero ustedes deben de recordar que en los 70 surgió la guerrilla, como en el 94 aparecieron movimientos armados en Chiapas, no nada más por condiciones de pobreza, sino de seguridad alimentaria.

Cuando un jefe de familia ya no tiene asegurada la alimentación para sus hijos, está en el límite, en el extremo de su propia sobrevivencia, por lo tanto sea este punto de acuerdo el espacio no nada más para oficializar el 12 de octubre como el Día Nacional Pluricultural, sino que también sea el día de la igualdad, de la justicia y del reconocimiento pleno a los pueblos originarios y de respeto a sus usos, a sus costumbres y a su territorio.

Muchas gracias.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Sofío Ramírez.

Agotada la lista de oradores registrados, les informo que se reservó este dictamen para su votación en conjunto, con el siguiente que propone la declaración del Día Nacional del Síndrome de Down.

Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a  un grupo de alumnos del bachillerato Sabes, plantel Trejo, de Silao, Guanajuato, invitados por el Senador Gerardo Sánchez García.

Agradecemos su presencia en el Senado de la República. 

Sean ustedes bienvenidos.

(Aplausos)

Hace unos momentos se dio la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de  Estudios Legislativos, Primera, con el proyecto de decreto por el que se declara el 21 de marzo de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Down.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se dispensa la segunda lectura del anterior dictamen.

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, de igual manera, manifestarlo levantando su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria.

Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Lilia Merodio Reza, para presentar el dictamen, a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

En uso de la tribuna la Senadora Merodio.

La Senadora Lilia  Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Esta tarde a nombre de la  Comisión de Grupos Vulnerables, vengo a presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el 21 de marzo como el Día Nacional de Síndrome de Down.

En diciembre de 2011, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, estableció el 21 de marzo como el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Con la finalidad de aumentar la conciencia pública sobre la cuestión de recordar la dignidad inherente, las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de las diversidades de sus comunidades. 

Y es que es el Síndrome de Down. ¿Qué es? Es una alteración genética que ocurre cuando un individuo tiene una total o parcial copia extra del cromosoma 21. Este material genético adicional altera el curso del desarrollo y provoca las características asociadas con el Síndrome de Down. 

Alguno de los factores y de los riesgos comunes son: bajo tono muscular, baja estatura, una inclinación hacia arriba a los ojos, y un solo pliegue profundo por el centro de la palma.

Aunado a ello, las personas con este trastorno suelen presentar otros problemas de salud, por ejemplo, entre el 60 y el 80 % tiene un déficit auditivo, y del 40 al 45  % padece una enfermedad cardiaca congénita. 

Estas situaciones se agravan por factores inmunológicos que los hacen más propensos a desarrollar Leucemia, Alzheimer, trastornos convulsivos y cutáneos. 

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, la incidencia estimada del Síndrome de Down es uno de cada mil cien nacimientos vivos en todo el mundo, esto representa que entre tres mil y cinco mil bebés nacen con este trastorno cromosómico. 

Por cuanto respecta a nuestro país, de acuerdo con la información del Inegi, en México uno de cada 700 recién nacidos cuentan con este síndrome, así que en todo el país se estima que 150 mil personas tengan este trastorno. 

Compañeras y compañeros: 

Si bien es la causa más común de discapacidad intelectual en todo el mundo, al día de hoy se desconoce el factor que lo origina. 

Las personas con Síndrome de Down son individuos únicos, con cualidades y talentos, que requieren de atención, de estímulo y reconocimiento. Es por ello que nosotros como legisladores tenemos en nuestras manos el deber de fomentar la plena inclusión y el respeto de las personas con discapacidad. 

Sin duda, contar con su aprobación del presente dictamen es el comienzo para crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de eliminar obstáculos y barreras que han impedido la integración de las personas con Síndrome de Down y sus familias, así como propiciar el establecimiento de políticas públicas. 

La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Por ello debemos de trabajar juntos para fomentar los espacios que les permitan el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos. 

Hagamos de un México más incluyente y con mayores oportunidades. 

Es cuanto, señor Presidente. 

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora. 

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. 

En uso de la tribuna la Senadora Acosta Islas. 

La Senadora Anabel Acosta Islas: Con su permiso, Presidente. 

Compañeras y compañeros Senadores: 

Acudo a esta tribuna para hablar a favor del presente dictamen presentado por mi compañera Lilia Merodio, porque se declara el día 21 de marzo, de cada año, como el Día Nacional del Síndrome de Down, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de impulsar políticas públicas en materia de inclusión de las personas que padecen algún tipo de discapacidad en el país. 

Cabe destacar que el Síndrome de Down es el conjunto de características que se manifiestan en una persona como consecuencia de una alteración genética. 

La Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, durante su Sexagésimo Sexto Período de Sesiones, exhortó a los Estados miembros, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado a que observen debidamente el Día Nacional del Síndrome de Down, con miras a generar una mayor conciencia de respeto y de la no discriminación. 

En el caso de México, de acuerdo con el último registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estima que en el 2010 existían poco más de 5.7 millones de personas con alguna discapacidad, de las cuales 250 mil padecen Síndrome de Down. 

Por otra parte, la encuesta sobre discriminación en México señala que ese mismo año el 20.4 % de las personas cree que la discriminación es el segundo problema de las personas de acuerdo con su condición, sólo por debajo del desempleo. 

Asimismo, señala que 7 de cada 10 personas cree que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan o que se respetan sólo por partes. 

Las personas con Síndrome de Down suelen presentar problemas oculares con respecto a quienes no se encuentran en esta situación; además del 60 al 80 % tienen un déficit auditivo;   y del 40 al 45 % padecen alguna enfermedad cardiaca congénita. 

Ante este panorama resulta fundamental que se garantice a las personas con discapacidad el goce de sus derechos básicos, en materia de salud, en materia de trabajo, en materia de educación, nada más por mencionar algunos. 

Ahora más que nunca es necesario crear conciencia e implementar acciones que permitan asegurar el desarrollo pleno y una vida digna para las personas con discapacidad. Para ello se requieren acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión integral de las personas con discapacidad y una cultura de respeto a los derechos humanos de todas las personas. 

Compañeras y compañeros legisladores: 

En el grupo parlamentario del PRI vamos a votar a favor de la presente iniciativa, por lo que resulta de gran trascendencia que nuestro país adopte el día 21 de marzo como el Día Nacional del Síndrome de Down con el objeto de generar mayor sensibilidad de las personas con esta discapacidad, pero construyendo de esta manera una sociedad más incluyente e igualitaria. 

Es cuanto, Presidente. 

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Acosta Islas. 

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen. 

En uso de la tribuna la Senadora Gómez del Campo Gurza. 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, Presidente. 

Bueno, primero agradecer a las Comisiones Unidas la realización de este dictamen, a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

A sus Presidentes, la Senadora Lilia Merodio Reza y al Senador Raúl Gracia Guzmán por su importante trabajo para que pudiese salir adelante este dictamen. 

Primero quiero señalar, que según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente uno de cada mil nacimientos en el mundo reportan este trastorno, por lo que cada año nacen entre tres mil y cinco mil niños con Síndrome de Down.

En ese sentido, en diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, con la finalidad de poder aumentar, por un lado, la conciencia pública sobre este tema, y recordar también la dignidad inherente, la valía, las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual, como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. 

Es importante apuntar que la fecha que fue seleccionada por la Asociación Internacional de Síndrome de Down, refiere a la triplicación del cromosoma 21, por lo que se optó por el mes tres y el día 21, para todos aquellos compañeros que tenían esta duda de por qué el día 21 de marzo. 

En México, podría haber casi 6 millones de personas con Síndrome de Down y que todos los días  muy desafortunadamente se enfrentan a un país, a ciudades, a comunidades que no les ofrecen la accesibilidad necesaria para poder desarrollar sus actividades cotidianas. 

Al igual  que los más de 7.2 millones de mexicanos que tienen alguna discapacidad, que representan el 6 % de la población de nuestro país. 

Si hablamos del tema de la accesibilidad, de hecho hemos presentado iniciativas de ley al respecto, en este Senado y nos enfocamos a lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, bueno, pues queremos que la puesta a lo que no ha ocurrido en la Ciudad de México, que la puesta sea a revolucionar el entorno, para ponerlo al alcance de las personas que presentan algún tipo de discapacidad. 

Es momento de dejar de ver a las mujeres y hombres con Síndrome de Down como personas  ajenas a nuestra sociedad, que están apartadas y que sólo deben ser objetivos de asistencia social, son mexicanos valiosos que tienen mucho que aportarle a nuestro país. 

Un dato alarmante que proporciona el Inegi es que se estima que alrededor de 30 mil niños con Síndrome de Down viven en la ciudad de México, pero no tienen acceso a la educación especial que necesitan. 

Es importante contar con una educación especializada para las personas con discapacidad, pero que al mismo tiempo tengan como premisa la integración y no la segregación para que a largo plazo puedan insertarse  en el campo laboral y no se le sigan negando oportunidades de crecimiento profesional y personal. 

Es momento de actuar.

Sigamos desde este Senado de la República,  impulsando las acciones necesarias, las acciones pertinentes, y para terminar, no quiero dejar de mencionar a muchos de los actores clave  para que hoy estemos aquí presentando este dictamen. 

Esta fue una iniciativa que fue respaldada por el Senador Roberto Gil Zuarth, entonces Presidente  de la Mesa Directiva; por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales; por la magistrada María del Carmen Carreón Castro, del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que siempre ha sido sensible y ha abanderado este tipo de causas; por la actriz Leticia Calderón; la periodista Katia D’Artigues; organizaciones de la sociedad civil, como Arte Down México A.C.; Downis; la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, entre muchas otras organizaciones, asociaciones civiles que nos ayudaron a impulsar este día 21 de marzo como el Día Nacional para las personas  con Síndrome de Down. 

Muchísimas gracias.  

Y es cuanto, Presidente. 

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo. 

Agotada la lista de oradores, procederemos a la votación de éste y del  dictamen sobre el Día de la Nación Pluricultural. 

Háganse los avisos a los que se refiere el artículo  58 del Reglamento para informar de la votación. 

Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal de ambos proyectos de decreto. 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se informa a la Asamblea que hay 77 votos a favor y cero votos en contra. 

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria. 

En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 12 de octubre como el Día de la Nación Pluricultural. 

Y queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de marzo de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Down. 

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 

Ahora, en el apartado de proposiciones, se concede el uso de la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández, para presentar a nombre de Senadoras y Senadores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, punto de acuerdo que exhorta a llevar a cabo acciones de supervisión en los centros de asistencia social que atienden a niñas, niños y adolescentes y adultos para prevenir tragedias. 

En uso de la tribuna, la Senadora Adriana Dávila. 

La Senadora Adriana Dávila Fernández: Muchas gracias, señor Presidente. 

Como siempre, pido la atención de las y los Senadores de este Pleno, recientemente aprobamos una Ley General en materia de víctimas, modificaciones diversas que se hicieron, y lamentablemente  el 8 de marzo pasado, fuimos testigos una vez más de un caso en el cual el Estado, el Estado, en este caso Guatemala, fue cómplice de una tragedia porque fallecieron al menos 40 niñas, niñas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas con hogares desintegrados, otras tantas que buscaba un refugio en donde poder ser atendidas de manera integral, tal cual se establece en muchos tratados internacionales y también en muchas legislaciones de este país y de muchos otros.

Estas medidas de protección tendrían que haber sido medidas que el Estado, en este caso el país de Guatemala pudiera haber contemplado y hubiera mejorado y evitar que estas 40 niñas murieran, en su desesperación al quemarse un colchón murieran y fueran no sólo víctimas de algún delito, de esta desintegración familiar, sino ya fallecieran para poder salvar a muchas otras de sus compañeras albergadas ahí.

México no es la excepción en casos como este, en México muchos lugares, quizás los que menos imaginamos, están siendo olvidados en la supervisión; muchos de estos lugares están siendo olvidados en la revisión de que cumplan con los estándares mínimos donde se atienden a grupos y a víctimas de diversos delitos, entre ellos los delitos en materia de trata de personas.

Como lo dije en mi participación respecto del nombramiento del Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, se han convertido las víctimas en números, y cuando llegan a estos albergues no sabemos si son atendidas de manera correcta.

Por supuesto que mi pronunciamiento el día de hoy, este punto de acuerdo tiene que ver con esta solidaridad que le debemos a Guatemala; con esta solidaridad a las familias que están padeciendo la pérdida de sus hijas que no pudieron ser rescatadas, ni de la violencia que sufrieron anteriormente, reinsertadas socialmente tampoco, y que, lamentablemente, tampoco pudieron salvar su vida ante la desesperación de todo lo que les tocaba vivir ahí.

No haré una remembranza mayor, sólo me permito recordar que en este país también se han dado casos que lamentablemente después nos arrepentimos.

Luego de 21 años de denuncias que se hicieron ante diversas instancias, tanto federales como locales, se descubrió, por ejemplo, un caso que hoy todavía sigue en la impunidad, “Casitas del Sur”.

Niños retenidos, niños cooptados, niños tratados para ser dados en adopción ilegal. Solo a través de la denuncia de una de las abuelas se pudo encontrar que ese albergue no funcionaba de la mejor manera.

No más lejano nos resulta el caso, por ejemplo, de “Mamá Rosa”, más de 400 personas víctimas de abandono, de violencia, de muchas vejaciones y hacinaciones, de lugares que ya parecen comunes para nosotros y a los que poco les ponemos atención; es más, los derechos humanos en este país pareciera ser que no existen más que para mencionarse de manera discursiva, y las acciones que llevamos a cabo son pocas.

“Casitas del Sur” también sigue en la impunidad.

Y cómo olvidar aquel caso en Iztapalapa en donde algunas personas víctimas de adicciones también eran utilizadas para trabajo forzado por aquellas personas que se supone tenían la obligación de cuidarlas.

Ahora no contamos siquiera con un registro de víctimas, tampoco tenemos claro cuántos albergues, cuántas casas de atención, cuántas personas, cuántas asociaciones atienden a víctimas de distintos delitos y no cumplen con las normas establecidas en los distintos ordenamientos que tenemos.

No voy a mencionar todos los artículos, pero sí plantearía que también este Senado aprobó una Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue incluso iniciativa preferente, que establece estos derechos de ser atendidos.

O el artículo 14 que también lo dice; o el artículo 108 por supuesto de la Ley General de Salud que nos dice con qué requisitos debe contarse en cada albergue.

Yo creo que no tenemos que esperar a que estas tragedias sucedan, a que repitamos historias como “Mamá Rosa”, como Iztapalapa, como “Casitas del Sur”, o lleguemos al extremo, por ejemplo, del caso de Guatemala que, reitero, tiene toda nuestra solidaridad.

Por eso he pedido que, y quiero pedir el apoyo de ustedes para que este punto de acuerdo sea votado de urgente resolución, que tiene dos resolutivos y que por supuesto espero contar con el apoyo de ustedes, ya están en sus escaños y también está en el orden del día.

El primer punto de acuerdo es para, perdón, el primer resolutivo de este punto de acuerdo es para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a fin de que se instruya a las dependencias de la Administración Pública Federal, que correspondan, para que se lleven a cabo acciones de supervisión en los centros de asistencia social que atienden a niñas, niños y adolescentes y adultos para prevenir tragedias como la sucedida en Guatemala, y anteriormente también en nuestro país.

Y estoy proponiendo, también por acuerdo de otras compañeras y compañeros que revisamos este segundo resolutivo, una modificación que espero también sea aprobada por ustedes y que entregaré a la Mesa Directiva.

Segundo resolutivo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que se cree un grupo de trabajo conformado por las Presidentas de las Comisiones contra la Trata de Personas, Derechos Humanos, Niñas, Niños y Adolescentes, Grupos Vulnerable y Gobernación, a fin de que dé seguimiento y acompañe dichas acciones de supervisión en los albergues, refugios y casas de medio camino, tanto públicos como privados que atienden a víctimas de trata de personas.

Estoy segura que las y los Senadores serán solidarios con este punto de acuerdo y espero que podamos hacer esta aprobación de urgente y obvia resolución.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Senadora, le solicitamos nos entregue el segundo resolutivo.

Muchísimas gracias.

Como ha sido solicitado por la Senadora Adriana Dávila, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se considera de urgente resolución, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria.

En consecuencia, está a discusión la propuesta.

Pregunto a la Asamblea si existe el interés por alguna Senadora o Senador para intervenir respecto a la presente proposición.

La Senadora De la Torre, por favor.

En uso de la voz la Senadora De la Torre.

La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Con su venia, Senador Presidente.

Compañeros y compañeras:

“Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”, Karl A. Menninger, psiquiatra estadounidense.

Hoy Guatemala está de luto, nuestro país vecino ha pasado por una gran tragedia hace apenas una semana.

El pasado 8 de marzo se registró un incendio en el centro de refugio “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, situado en el municipio de San José Pinula, en Guatemala.

Este centro estaba encargado de la atención de niñas y niños adolescentes y tenía como función la protección de la niñez en riesgo.

El reciente “Día Internacional de la Mujer” se ha visto marcado por un evento que ha enlutado a muchas familias guatemaltecas, fallecieron 41 niñas al día de hoy; y entre 25 y 38 heridos entre niñas, niños y adolescentes.

Según dan cuenta los medios de comunicación y entrevistas realizadas a diversos menores, un día antes de la tragedia, 60 niñas se fugaron del centro, en comento, por los hechos de violencia que  vivían al interior del mismo.

Hay indicios de que las niñas fueron castigadas y encerradas, al igual que otros niños, y al parecer quisieron llamar la atención y que les permitieran salir del encierro en el que las tenían.

Prendieron fuego quizá a uno  o varios colchones, no hay datos específicos, pero esto provocó el incendio que lamentablemente acabó con la vida de más de 40 niñas como ya lo expuso aquí la Senadora Adriana.

El incidente ocurrido en el denominado Hogar Seguro “Virgen de la Asunción” arroja el paso de los días un incremento de pérdida de vidas humanas, y en el agravamiento de la salud de quienes resultaron heridos, y como es el caso de las primeras informaciones surgen a la luz  pública también, se da a conocer el trato que se les daba en este supuesto hogar seguro.

Las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos, todos menores de 18 años de edad habían sido ingresado para su tratamiento por haber sido víctimas de maltrato familiar, abandono, discapacidad, que eran niños con discapacidad, algunos jóvenes que no tenían familia, adicciones e incluso explotación sexual.

Hoy algunas fuentes y medios informativos en línea nos dan a conocer cómo ese centro también había, eran víctimas de maltrato y de explotación.

El aterrador incendio que privó de la vida a niñas, niños y adolescentes deja ciertamente enlutadas a sus familias, pero igualmente las deja en estado de shock al enterarse sus familias que estaban expuestas a un clima de violencia en el lugar en el que supuestamente encontrarían apoyo y protección y donde se garantizarían los derechos.

Este centro de acogida o casa–refugio para niñas, niños y adolescentes cuya razón de existencia es ofrecerles oportunidad de vida, protegerlos y mantenerlos alejados de las adicciones, rehabilitarlos, en su caso de la violencia juvenil y apoyarlos para su reintegración a los núcleos familiares cuando las condiciones así lo requirieran, no logró su objetivo evidentemente.

En México nos solidarizamos con esta tragedia, que nos duele, que entendemos al pueblo de Guatemala, porque nosotros también hemos vivido hechos que nos han lastimado como sociedad.

En México no somos ajenos a ellos; nosotros recordaremos casos muy conocidos aquí en México, aquí en la Ciudad de México, Casitas del Sur, en 2008, y todos nos dimos cuenta del tráfico de menores que se hacía ahí.

La Guardería ABC en 2009 en Hermosillo, Sonora; en una guardería del IMSS hubo un incendio que acabó con la vida de 49 niños.

Yo, en ese tiempo era Presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, y en el Senado era el Senador Guillermo Tamborrel, el Presidente, y viví una de las experiencias más duras de mi vida.

Tenemos ahí al señor Frey Ho que era papá de un niño, y tener a don Julio Márquez y a su esposa, y cómo su esposa en la Comisión nos presentaba los zapatitos de su bebé, la experiencia, la narración del dolor de ver a padres desgarrados fue terrible. 

Fue de esas experiencias que marcan tu vida, y que nunca se olvidan.

Hicimos una gran alianza el Senado y la Cámara de Diputados con el Senador Tamborrel, y logramos sacar la ley de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo infantil, y preveía muchos mecanismos para que estas cosas no sucedieran  más en México. Por eso coincidimos que tenemos que redoblar esfuerzos, porque cada niño que sea lastimado en este país, nos tiene que doler, nos tiene que desagarrar el alma, pero sobre todo nos tiene que poner en acción.

Nosotros nos queremos sumar al punto de acuerdo, pero también quisiera solicitarle a la Senadora, si fuera posible que pudiéramos incorporar una parte más para que, de parte del grupo parlamentario del PRI pudiera agregarse lo siguiente.

Único.- El Senado de la República expresa su solidaridad y duelo al pueblo guatemalteco por los lamentables acontecimientos acaecidos el día 8 de marzo de 2017 en el Centro  Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, que ha costado la vida a niñas y jóvenes guatemaltecas, y dirigir al gobierno de la hermana República de Guatemala, así como a sus familiares de los jóvenes que fallecieron, nuestras amplias y sentidas condolencias. 

Estos casos definitivamente tienen que ser una llamada de atención, pero requiere del conjunto de todos, de la suma de sociedad y gobierno, porque no tendríamos que tener centros de refugio.

Si las niñas y los niños del mundo, de este país y de Guatemala y de otros pudieran ejercer libremente sus derechos, pudieran acceder y el interés superior de la niñez fuera una práctica cotidiana de sociedad y gobierno, y los niños tuvieran acceso a salud, educación, recreación, cultura a un hogar, a una familia digna, esto no pasaría.

Pero también es muy importante que diferentes instituciones colocan en casas de refugio a niños, la sociedad supervisemos. Esta es una tarea de todos, y en el Senado de la República tenemos que ser los ojos de la sociedad para poder avanzar, no sólo en el tema legislativo, sino en velar, porque se cumpla el interés superior de la niñez en nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias Senadora Yolanda de la Torre.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, si la adición propuesta por la Senadora Yolanda de la Torre, previa anuencia de la Senadora proponente, si la Asamblea es anuente a que sea incorporada a los términos de la redacción para entonces someterla a la votación de la Asamblea.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Con gusto, señor Presidente. 

Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de la Senadora de la Torre.

Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aceptada la propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Secretaria. 

Agotadas las intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada con la adición, aceptada por la Asamblea, propuesta por la Senadora Yolanda de la Torre.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta, con la adición de la Senadora De la Torre.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Es aprobada la propuesta señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria. 

Aprobada la propuesta. 

Comuníquese.

En el apartado de proposiciones tiene el uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero, para presentar a nombre propio y de Senadores de diversos grupos parlamentarios, un punto de acuerdo que exhorta contemplar y valorar la pertinencia de un carril migrante. 

En uso de la tribuna el Senador Jesús Casillas Romero.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias Presidente. 

Efectivamente este punto de acuerdo  lo suscribimos Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios, en este mecanismos que nos hemos dado aquí en el Senado de la República, este grupo de trabajo que nos hemos autodenominado Operación Monarca y que hemos insistido en puntos de acuerdo, hemos presentado iniciativas de ley, y hemos estado trabajando muy de cerca con el fenómeno y la situación que está pasando en los Estados Unidos, especialmente con la situación complicada de nuestros connacionales radicados en el país del norte.

El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos data de finales del siglo XIX y cobró especial relevancia, sobre todo la migración indocumentada a partir de los años 70.

Actualmente la comunidad México-Americana residente en los estados asciende a más de 34 millones de personas, de los cuales 12.4 millones son indocumentados en su inmensa mayoría, estamos hablando de 11 millones no tienen la documentación correspondiente para estar legalmente en aquel país.

Lamentablemente la llegada del nuevo gobierno ha puesto a nuestros paisanos en un contexto social, económico  y político sumamente adverso.

El mérito de sus ya conocidas advertencias y políticas anti-inmigratorias y racistas.

Este escenario, además de las deportaciones, prevé un número importante de repatriaciones voluntarias de connacionales que actualmente viven en los Estados Unidos. 

Tan sólo en el primer año, antes de que fuera la toma de protesta del Presidente Donald Trump, regresaron de manera voluntaria a nuestro país 1175 mexicanos que se encontraban en juicio ante los tribunales migratorios de aquella nación, esto nos ubica en el primer lugar de repatriaciones voluntarias con un 52 %. 

Cualquiera que sea el caso se augura el retorno de ciudadanos y familias enteras de mexicanos residentes en el vecino país del norte. 

Esto hace indispensable que el Estado mexicano se prevenga para garantizar la protección de los derechos humanos, su reinserción social, económica y productiva en nuestro país y el acceso a los servicios públicos. 

En esa previsiones también mucho se ha hablado de otorgar las facilidades posibles entre las que indiscutiblemente se encuentran aquellas relacionadas con su ingreso al país, sus pertenencias y, desde luego, su patrimonio. 

Cabe destacar que los mexicanos en el extranjero tienen el derecho de traer consigo su menaje de casa por una sola vez, libre del pago de contribuciones al comercio exterior por la importación. 

Para facilitar ese trámite es necesario obtener el denominado Certificado de Menaje de Casa para Mexicanos, este documento se obtiene previa solicitud al Consulado mexicano correspondiente al lugar de residencia, con una lista de relación de menaje de casa, incluyendo aparatos electrónicos, además, para el caso de traer automóvil deberá prever el trámite correspondiente ya que este bien no está considerado en la hipótesis del menaje. 

Entonces, habría que pasar por la aduana del cruce fronterizo y los trámites que esto conllevan. 

Por ello, a fin de otorgar mayores facilidades, orientación y atención, se ha considerado la pertinencia de un carril preferente para esta hipótesis en concreto connacionales repatriados. 

Esta propuesta del carril migrante se trata de una fila o carril preferente para los mexicanos en repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por vía terrestre, que es la idónea cuando se trae consigo, como ya se comentó, el menaje de casa. 

Esta fila preferente había de implementar una atención y orientación lo más simplificada posible para el ingreso de los connacionales a tierras mexicanas, apoyándoles en sus trámites y agilizando lo más posible su cruce, sin que ello implique desatención a las normas aplicables, pues se insiste, se trate de un carril confinado o preferente para repatriaciones y trámites aduanales, claro está que independientemente de que traigan su menaje de casa o no. 

Esta medida, además de otorgar asistencia, concedería un recibimiento atento a los mexicanos migrantes, que hay que decirlo, en realidad no están convencidos de regresar. 

Por eso nos permitimos presentar este punto concreto de acuerdo que a la letra dice. 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Servicio de Administración Tributaria, SAT, a través de su Administración General de Aduanas para que contemplen y valoren conforme al ámbito de sus respectivas competencias la pertinencia de un carril migrante consistente en un carril preferente para los mexicanos en repatriación que cruzan la frontera de regreso a México por vía terrestre con fines de atención, orientación y asistencia en sus trámites aduanales a fin de apoyarles y simplificar lo más posible su ingreso a territorio nacional, al igual que a sus pertenencias. 

Se trata, entonces, de facilitarle a nuestros connacionales su regreso al país, hacerles más sencillo, ser más atentos, orientarlos y que de alguna manera su primer contacto de regreso a nuestro país sea de una forma más amable, más atenta y que puedan cruzar sin mayor problema al igual que sus pertenencias. 

Es cuanto, Presidente. 

Por su atención, muchas gracias. 

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Casillas. 

Túrnese a la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. 

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a informar las acciones llevadas a cabo para la defensa de los derechos de personas de origen mexicano en los Estados Unidos de Norteamérica que han sufrido abusos por parte de agentes policiacos. 

El Senador David Monreal Ávila: Con su permiso, Presidente. 

Una de las consecuencias de la creciente desigualdad y pobreza en el mundo es el aumento de los flujos migratorios de personas en países en vías de desarrollo en busca de mejores oportunidades de vida. 

De manera particular, desde hace décadas, México tiene una tradición de excursión de migrantes, mientras que para el año 2015, de acuerdo con las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, se alcanzó un número de 12 millones 339 mil 62 mexicanos migrantes en el mundo, siendo el principal país de residencia para los mexicanos radicados en el extranjero los Estados Unidos, derivado de lo anterior se puede afirmar que la población de origen mexicano es un motor de la economía en Estados Unidos.

Los más de 12 millones de mexicanos que residían en Estados Unidos en el 2015 representaban alrededor del 29 % de los migrantes y el 4 % de la población total estadounidense. 

Lamentablemente el cambio de gobierno en la Unión Americana, para los millones de migrantes que radican en ese país, ha hecho que la incertidumbre se apodere de la cotidianeidad debido al temor de poder ser deportados a su país de origen sin tener derecho a una defensa adecuada. 

La política migratoria, impulsada por el Presidente Donald Trump, que en sus primeros meses de implementación se ha caracterizado por perseguir y deportar a los migrantes, ha ocasionado que el número de redadas y detenciones ilegales se disparen y lamentablemente eso abre la puerta para el abuso policiaco y a la impunidad, en virtud de que una gran cantidad de ataques a migrantes no son investigados ni castigados. 

Lo anterior se demuestra con los siguientes datos que se dieron a conocer recientemente en los medios de información. 

Entre el 2008 y el 2016 más de 400 personas de nacionalidad mexicana fueron heridas o asesinadas por autoridades policiacas en Estados Unidos. 

En ninguno de estos casos se ha emitido sentencia en materia penal contra los oficiales involucrados. 

En 251 casos no existieron elementos para que procediera una acción legal, ya sea porque se determinó que la actuación de los policías estadounidenses fue en defensa propia o porque las personas mexicanas rechazaron la asistencia consular o fueron vinculadas a otros delitos. 

Otras 125 agresiones contra mexicanos se encuentran pendientes de resolver y en 29 casos se resolvieron con acuerdo entre las autoridades de Estados Unidos que lograron extrajudicialmente con las víctimas o las familias de las víctimas. 

Asimismo, reportes periodísticos en los Estados Unidos dan cuenta que durante el año fiscal 2015 la patrulla fronteriza registró 240 fallecidos, y aunque de la gran mayoría se desconoce la causa de su muerte, resulta sorprendente que la misma autoridad fronteriza de los Estados Unidos desconozca las causas. 

Sin embargo, este tipo de ataques en contra de los migrantes mexicanos en territorio norteamericano no son recientes, datos del Informe Violaciones a Derechos Humanos de Personas Migrantes Mexicanas detenidas en los Estados Unidos del 2011 al 2012 del Programa de Defensa e Incidencia Binacional dan constancia del tipo de abusos que sufren los migrantes cuando son detenidos.

De 866 migrantes entrevistados por el programa, entre el 2011 y 2012, casi el 52 % sufrieron abuso.

En este sentido, frente a estos hechos que por parte de la vida cotidiana de los migrantes de origen mexicano, en los Estados Unidos es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores exija de manera firme a las autoridades de los Estados Unidos, el respeto a los derechos humanos de los connacionales.

Asimismo, resulta asombroso que a pesar del alto índice de casos de agresiones en contra de estos inmigrantes, incluso de casos públicos documentados y difundidos a través de las redes sociales, los agentes policiacos no reciban castigo alguno, dejando en la impunidad  los ataques, lo que a todas luces contraviene las leyes de aquél país, así como los acuerdos internacionales en materia de cooperación y migración.

Es por ello que el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que rinda un informe detallado acerca de las acciones que ha llevado a cabo para defender de los derechos humanos de las personas de origen mexicano que radican en los Estados Unidos de Norteamérica.

De igual modo, se busca que esta soberanía reciba información en cuanto a las estrategias y el acompañamiento jurídico de los connacionales, para exigir el castigo a los agentes policiacos que en el uso de sus facultades y atribuciones haya actuado violando y abusando de su autoridad.

Hay que reconocer que cada migrante mexicano que sale de su país en busca de las mejores oportunidades de vida, es el reflejo del fracaso del Estado para cumplir su función y garantizar una vida plena a sus ciudadanos.

Ante la adversidad que enfrentan los connacionales radicados en los Estados Unidos, lo menos que puede hacer la autoridad encargada de la política exterior en México, es vigilar que todas las autoridades cumplan con su obligación de respetar los derechos de los migrantes, tanto de niños, como de adultos.

Es indispensable que las autoridades migratorias actúen con convicción y sentido humano.

Es cuanto señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Monreal.

Túrnese a la  Comisión de Asuntos Migratorios.

Para cerrar esta ronda de proposiciones se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a  implementar las acciones necesarias para prevenir y erradicar la violencia obstétrica.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, Presidente.

La violencia contra las mujeres constituye una violación a sus derechos.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará, y la Convención sobre la  Eliminación de  Todas las  Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, surgieron como instrumentos para erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, tanto en el ámbito público, como en el privado.

En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación respecto del incremento en la cantidad de partos por cesárea y  las posibles consecuencias negativas para la salud materno-infantil, aunado al elevado número de casos de violencia obstétrica, este tipo de violencia es ejercido por los profesionales y personal de salud, e impacta sobre el proceso reproductivo de las mujeres. Se expresa en el trato deshumanizado hacia las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. 

Este tipo de violencia es poco visibilizada, pero desafortunadamente es muy frecuente, contraviene el ejercicio pleno de los derechos reproductivos de las mujeres, pues es una violación a su integridad personal y autonomía reproductiva.

La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres, que constituye una violación a  los derechos humanos, consiste en cualquier acción u omisión por parte del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer, durante el embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante o un abuso sobre medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de  manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.

Las manifestaciones de violencia obstétrica pueden abarcar regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y  negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarla sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parte, utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo de parto como castigo, y la coacción para obtener su consentimiento, hasta formas en las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha incurrido en una violación aún más grave a sus derechos.

De acuerdo a las académicas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Angélica Ramírez y Leticia Hernández, en México cerca del 25 % de las mujeres embarazadas en parto o puerperio, perciben que se enfrentan a violencia obstétrica, es decir, maltrato y omisiones al acudir a las instituciones de salud.

Este tipo de prácticas están normalizadas por el personal  de salud y las usuarias, y debido a que no existen datos, ni estadísticas oficiales sobre los casos de violencia obstétrica, estos son invisibilizados.

Podemos seguir enumerando casos, mujeres que han perdido la vida durante el parto, dieron a la luz en la calle, o se les practicó una cesárea innecesaria, o procedimientos médicos que dejaron secuelas a las mujeres, debido a que no recibieron una atención eficiente, apropiada y de calidad.

Es intolerable que en el proceso de embarazo y el parto, etapa en que las mujeres se encuentran en una situación vulnerable, se enfrenten a conductas por parte del personal médico que vulnera su dignidad, e incluso acciones a las que son orilladas y coaccionadas a aceptar, bajo el argumento de que es en su beneficio.

Es urgente sensibilizar, capacitar y formar el personal de salud en todo el Sistema Nacional de Salud, sobre la necesidad del respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y especialmente concientizarlos sobre la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres, con relación a los procedimientos y trato que  llevan a cabo durante el embarazo, parto y puerperio.

Y, finalmente, aunado a este punto de acuerdo, quiero insistir en hacer un llamado a la Secretaría de Salud, a fin de que en la discusión que se está dando hoy en la Cámara de Diputados, sobre una reforma a la Ley General de Acceso, donde se debería de incluir el reconocimiento a la Norma 046, que busca establecer el procedimiento en casos de aborto por violación, la Secretaría de Salud se pronuncie sobre la obligación que existe por parte del Estado mexicano, para que esta Norma Oficial Mexicana 046, es obligatoria en todo el país y por parte de todos quienes participan en el Sistema Nacional de Salud, y que no importa en qué termine esa reforma que se está discutiendo en Cámara de Diputados, que es obligación de la Secretaría de Salud hacerla valer.

Es cuanto.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senadora Tagle.

Túrnese a la Comisión de Salud.

Compañeras y compañeros:

Conforme a las solicitudes de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa y del Senador Armando Ríos Piter, esta Presidencia emite una atenta excitativa a las comisiones respectivas para que presenten los dictámenes que en cada caso corresponda a los siguientes proyectos de decreto.

El que propone reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos  Electorales, presentado el 13 de septiembre de 2016.

El que reforma diversas disposiciones para la creación de un programa de fomento a la responsabilidad social, presentado el 26 de junio de  2013. 

El que reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Agraria, presentado el 21 de octubre del 2014. 

Y el que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Expropiaciones, la Ley de Aprobación de Tratados Económicos, la Ley de Tratados Internacionales, el Reglamento del Senado y la Ley Orgánica de la Administración Pública, presentado el 6 de septiembre del 2016. 

Les informo ahora que a petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se incorpora a los asuntos de hoy la efeméride del Senador Miguel Romo Medina, en torno al aniversario luctuoso del profesor Enrique Olivares Santana. 

Este texto, al igual que los otros del rubro de efemérides de nuestra agenda, se integrarán al Diario de los Debates. 

Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 22 de marzo, a las 11:00 horas. 

Se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 15:06 horas.

 

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