Zoé Robledo A. (ZRA): Muy buenas tardes a todas y a todos.

 

El motivo de esta conferencia de prensa es hablar sobre un grupo de empresarios que están detenidos.

 

El pasado 2 de febrero, ya pasó tiempo en que me había pronunciado sobre este tema en particular, sobre el desalojo y detención de empresarios que se estaban manifestando a las afueras de la Torre Chiapas, allá en Tuxtla Gutiérrez.

 

Déjenme narrarles de manera muy breve de qué se trata el asunto. Había empresario que en pleno uso de sus derechos de libertad de expresión y manifestación estaban pidiendo al gobierno del estado el pago de diferentes adeudos que tenían pendientes de ésta y también de la anterior administración.

 

En aquella oportunidad yo comenté que había un tufo entre la sociedad, entre los medios de comunicación que cubrieron este tema, de aplicación selectiva de la ley.

 

¿Por qué creemos que esto está ocurriendo así? De los 63 detenidos ese 2 de febrero, hoy se mantienen en reclusión a 4 personas: Jazmín Martínez Camacho, Constantino Ortega, Jorge Ricardo García Ramos y Rafael Jiménez Arechiga.

 

El pasado 1 de marzo me reuní con ellos en el penal del Amate, allá en Cintalapa, y en ese momento ellos me solicitaron directamente, denunciar una seria de hechos que a su parecer considerar graves irregularidades por el proceso judicial que les impide tener un proceso justo y, en ese sentido, recuperar su libertad.

 

Déjenme decirles cuáles son esas irregularidades.

 

Número uno, el delito del que se les acusa y que los tiene privados de la libertad, simple y sencillamente no ocurrió. Se les está acusando de despojo agravado, lo que implica que tuvieran la posibilidad de apropiarse de la Torre Chiapas.

 

La Torre Chipas es un edificio de 11 personas donde se ubican las principales oficinas del gobierno estatal y otras oficinas privadas. Esto no ocurrió así, nunca fue la intención  de la protesta tomar la Torre.

 

Es como pensar que porque alguien se manifiesta en el Zócalo inmediatamente tiene la intención de apoderarse de Palacio Nacional y de convertirlo en un bien privado, eso configuraría el delito de despojo.

 

Segundo, se habla de despojo agravado, supuestamente, por haber hecho uso de violencia. Hay suficientes pruebas, incluidos videos que demuestran que el acceso a la Torre fue pacífico por una razón, estos empresario habían estado acudiendo a diversas reuniones en la Torre de manera recurrente y ésta era una reunión más, no hubo violencia y está demostrado en los videos.

 

Tercero, la persona que presenta la denuncia por el supuesto despojo dice ser la representante de la Sociedad Operadora de la Torre Chipas, una supuesta entidad que tiene como objeto administrar el inmueble; ¿pero qué creen? No existe esa entidad, no existe la Operado Torre Chipas, por una razón existió en su momento, pero fue en el año 2013 que el gobierno del estado le solicitó al Congreso del estado disolver esta operadora y el Congreso del estado votó a favor y se publicó en el periódico oficial del 17 de septiembre de 2013.

 

Así aparece como ene le decreto 270 se autoriza al Ejecutivo estatal la disolución de la empresa de partición estatal de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas Sociedad Anónima y de Capital Variable.

 

Entonces, no puede algo que no existe iniciar una denuncia.

 

Cuarto, a los empresario detenidos se les aplicó la medida cautelar más extrema, pues la prisión preventiva –como muchos saben- se da solamente para casos de delitos graves y el despojo no es un delito grave.

 

El asunto es que en ese momento ellos no van a tener posibilidad de llevar su caso en libertad, lo que hace evidente que no se aplica la presunción de inocencia.

 

Y quinto y último, Iván Martínez Villatoro, que es el Juez de control del Amate –fíjense ustedes lo que hizo- estableció un periodo de hasta 6 meses, 6 meses para la presentación de pruebas, 6 meses adicionales a los que reunió la fiscalía al momento de ejercer la acción penal contra los empresarios.

 

¿Qué significa esto? Que la resolución de inocencia o de culpabilidad será hasta que concluya el plazo de los 6 meses, que es a todas luces excesivo.

 

La intención pues es muy clara. No es aplicar la ley, no es un tema de justicia sino de escarmiento y de mantenerlos detenidos el mayor número de tiempo posible con un delito que no existe, con un querellante que tampoco existe.

 

Incluso esa querellante, de la operadora que ya se disolvió, ya se desistió de la acusación a favor solamente de una persona cuando a todos se les había detenido por el mismo delito, por las mismas causas.

 

Sin embargo dice: para una persona me desisto de acusación, y esa persona ya está en libertad.

 

Por esas razones es que hoy desde el Senado de la República, en la representación que ostento y además en la responsabilidad política que amerita este caso, son tres cosas las que estamos pidiendo.

 

La primera, que la Procuraduría actúe conforme a su mandato, sin facciones, sin consignas, y que si no encuentra elementos suficientes para suponer la existencia de algún delito, pues ejercer la facultad exclusiva de desistimiento de la acción penal.

 

Segundo,  y lo más importante, al Poder Judicial del estado de Chiapas, a través del Consejo de la Judicatura, a que conformen una comisión para investigar cualquier hecho que pueda constituir una violación a las garantías o cualquier irregularidad que altere cualquier disposición legal, y bajo el principio de máxima publicidad, sus resoluciones y sus informes de los avances sobre este caso –que ya fue considerado como relevante por la propia fiscalía- pues se den a conocer.

 

Y particularmente, al Juez de Control Iván Martínez Villatoro del Poder Judicial del Estado, a que salvaguarde los derechos procesales de las partes y proteja los derechos humanos de los inculpados.

 

Asimismo, es importante que este Juez se cerciore, de quien se dice ofendido, tenga, no solamente un legitimo interés, sino que tenga representación en el caso, porque reitero, esa sociedad ya no existe.

 

Entonces, y por último, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a su titular que actúen de oficio sobre este caso, porque es el colmo que ante la exigencia de empresarios y parte de la sociedad la Comisión de Derechos Humanos en es esto no se meta, actúa siempre o por consigna de gobierno, por consigna política, eso no puede seguir ocurriendo.

 

Me parce que estamos viendo un caso más de la politización de la justica, se está utilizando como escarmiento de adversarios y eso genera un pésimo precedente para un estado que este plagado de injusticias sociales sí, pero también de injusticas jurídicas como es este caso.

 

Hoy la justica para los que son impartidos o son afines al gobierno se aplica de manera distinta y eso no puede seguir ocurriendo así, quién garantiza dentro de las instituciones chiapanecas, no solamente la aplicación de la ley, sino que su aplicación sea imparcial, pronta y expedita.

 

El slogan del Poder Judicial de Chiapas dice: “justicia para todos y todas”. No, no hay justicas aquí, hay justicia para quien decide el titular del Poder Judicial, y eso no puede seguir así.

 

Politizar la justicia, partidizarla, utilizar sus recursos con motivaciones políticas es peligroso en una democracia.

 

Por eso es que estamos enlistando estas concretísimas medidas para que estos empresarios chiapanecos pues lleven este juicio en libertad y garanticemos el cumplimiento por parte del Poder Judicial de sus responsabilidades.

 

Es cuanto y estoy abierto a sus preguntas

 

Pregunta, (P): Senador usted como acaba de mencionar al parecer éste es un asunto que más que nada interviene lo político, ¿quiere decir que el gobernador está haciendo una cacería de brujas para los que no pertenecen a su partido o a los partidos afines a él?

 

ZRA: No, el Poder Judicial si lo está haciendo y eso es muy  peligroso porque éste es un tema que está en el Poder Judicial y así como yo he sido crítico del gobierno del estado cuando ha sido el caso, cuando he sido critico de otras instancias, hoy sí ubico directamente la responsabilidad de este casos en el Poder Judicial estatal.

 

Porque es un Poder Judicial que actúa en consigna, actúa contra todo aquel que opina de forma incomoda para el Poder Judicial o su titular, y eso no puede seguir  ocurriendo así, se ha convertido en un órgano autónomo en un aparato político para los intereses y las agendas del titular del Poder Judicial, no es un tema del gobierno del estado, aquí no hay facultades del gobierno, son de jueces, de magistrados, de órganos de control interno del Poder Judicial como lo es el Consejo de la Judicatura los que deben y pueden actuar.

 

No es un tema con el gobierno del estado, es un tema contra el Poder Judicial estatal.

 

P: Por otro lado, al parecer en la Comisión Estatal de Derechos Humanos no hace caso omiso a este acto, ¿no han acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos?

 

ZRA: Si, es lo que tenemos, eso que se está decidiendo, yo soy respetoso también de la estrategia y de la defensa de los implicados, pero efectivamente yo creo que vamos a tener como en éste, y como muchos otros casos, que subir a nivel nacional, a la Comisión Nacional de Derecho Humanos, toda vez que la comisión estatal o no quiere o no sabe o no puede atender un caso que por oficio podría presentarse, si bien no hay queja todavía de oficio debería estar viendo por estos empresarios detenidos cuando hay un proceso está plagado de irregularidades.

 

El asunto es que si no lo quieren hacer pues mal, pero si no lo pueden hacer o no lo saben hacer pues que renuncien al cargo y que se dediquen a las otras actividades de orden partidista, que muchos de los integrantes, incluido su titular de la comisión estatal, es a lo que se dedican y saben hacer mejor.

 

P: Senador, nada más me pudiera precisar qué intereses tocaron estos pobres empresarios, qué intereses habrán tocado a políticos que están detrás, si pudiera decir, qué está detrás del conflicto, son constructores, son empresarios de la construcción.

 

ZRA: No, son empresarios prestadores de servicios, son prestadores, ellos me han estado haciendo llegar sus caso, son muchos empresarios, de sus facturas,  sus procesos; bueno hay un tema complicado de recursos del estado y yo a lo que entiendo es que se estaba llevando a cabo una negociación en donde incluso ya había habido pagos.

 

La situación es que de repente el Poder Judicial, la Procuraduría de Justicia también, el poder judicial actúan de una manera, pero el Poder Judicial no aplica la ley de una forma pareja.

 

Porque este caso que podría llevarse en libertad, y en una negociación transparente obviamente en donde cada uno de los caso se revisara, pues hoy se está obligando que ocurra desde la cárcel.

 

Es facultad del Poder Judicial establecer un plazo para la aportación de pruebas y ellos son los que están estableciendo el plazo de los seis meses, seis meses para un delito, el que supuestamente se les acusa de despojo, que no tiene tanta complicación para la aportación de pruebas.

 

Entonces lo que están usando esto como escarmiento es el Poder Judicial, ¿por qué?, pues que lo respondan ellos, me parece que es responsabilidad de los titulares del Poder Judicial y de los jueces responder cuáles son los asuntos de fondo que los llevaron a ensañarse con estos empresarios.

 

 

P: ¿Perdón, esto es un juicio colectivo porque  los apresaron al mismo tiempo, o son individuales?

 

 

ZRA: No, de lo que se les acusa –porque la acusación no tiene nada que ver con el tema de los adeudos, la acusación es por despojo agravado- era una acusación contra seis, primero contra los 63 y después contra seis de los empresarios.

 

Como te decía la querellante se desistió de la acción penal solamente contra uno y el Poder Judicial lo aceptó, pues si es el mismo delito todos los demás deberían también estar en libertad.

 

 

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