Al hacer uso de la tribuna para presentar el dictamen a nombre de las comisiones Contra la Trata de Personas, de Justicia y de Estudios Legislativos, la senadora Adriana Dávila Fernández señaló que esta información servirá para reforzar el combate y la prevención de la trata de personas
“Los fines de la trata de personas, los fines de explotación, no sólo son los de la prostitución forzada o ajena, los fines de explotación hoy nos han invadido desde la esfera del crimen organizado y desde ahí debe empezar a combatirse”, indicó la Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas.
Recordó que recientemente en medios de comunicación se difundió cómo el crimen organizado utiliza niños como informantes, conocidos como “halcones”, para el robo de combustible.
“No sólo se debe castigar el tema de robo de hidrocarburos, sino también vigilar que los padres no permitan estas conductas porque están siendo, también, bajo este esquema, cómplices de un delito que está cometiéndose en contra de sus pequeños hijos e hijas”, abundó.
Dávila Fernández dijo que el Informe de la Comisión Intersecretarial Contra la Trata de Personas evidencia la simulación que existe en el supuesto combate que realizan las entidades federativas sobre este delito, ya que, insistió, “contiene cifras que no concuerdan, víctimas que no se encuentran, víctimas cuya nacionalidad se desconoce, datos que en una página se muestran de una manera, pero en la siguiente página no coinciden, casos sin visibilizar”.
El senador Héctor Flores Ávalos expuso que, lamentablemente, México es considerado como uno de los mayores lugares de origen, tránsito y destino de trata de personas, cuyas víctimas son en su mayoría mujeres, niñas, niños, indígenas, personas con discapacidad, jóvenes homosexuales, así como migrantes indocumentados.
Subrayó que no existen estadísticas oficiales disponibles o suficientes para conocer la incidencia delictiva de estos delitos, lo que “se convierte en una lucha a ciegas por parte del Estado”.
Esta reforma, dijo, permitirá elevar a nivel de obligaciones y facultades de las instituciones, la de difundir información estadística sobre los planes, programas y acciones acerca de la trata de personas, por lo que el combate será más eficaz.
Asimismo, se fortalece la prevención y la erradicación de factores que causen la vulnerabilidad que aprovechan los delincuentes para someter a sus víctimas, como el desconocimiento de sus derechos a instancias a las cuales pueden recurrir.
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7 de marzo de 2017
Versión de la intervención de la senadora Adriana Dávila Fernández, al presentar un dictamen de las comisiones unidas Contra la Trata de Personas, de Justicia y de Estudios Legislativos, por el que se reforma la fracción III del artículo 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
Muchas gracias, Presidenta.
Presento ante ustedes este dictamen no sin antes, por supuesto, reconocer la participación activa del senador Benjamín Robles Montoya en diversas iniciativas que ha presentado en materia de trata de personas.
Generalmente este tema lo estudiamos y lo vemos las mujeres como si sólo fuera un asunto de género, de tal manera que cualquier pronunciamiento, cualquier iniciativa que se incluya y que involucre, por supuesto, a nuestros compañeros senadores, ayuda a visibilizar el problema que tenemos en este país en el combate a este delito.
El 1 de diciembre de 2015, el senador Benjamín presentó esta iniciativa para modificar, dentro de otras cosas, las facultades le la Comisión Intersecretarial.
Para nadie es desconocido cómo se ha dado el combate en materia de trata de personas en este país.
Recientemente, en diciembre de 2016 fue presentado el Informe de la Comisión Intersecretarial Contra la Trata de Personas, que evidencia la simulación que existe en el supuesto combate que realizan especialmente las entidades federativas sobre este delito, cifras que no concuerdan, víctimas que no se encuentran, víctimas cuya nacionalidad se desconoce, datos que en una página se muestran de una manera, pero en la siguiente página no coinciden, casos sin visibilizar.
Para nadie fue desconocido que hace menos de una semana en un programa de televisión, en un noticiero para ser exactos, el gobernador de Puebla, Antonio Gali, plantea y explica cómo es utilizado un sector vulnerable para la comisión de un delito que es, el trabajo de halcones para la vigilancia de la delincuencia organizada que está robándose los hidrocarburos.
Se ve este delito sólo o este hecho en donde un niño narra cómo es contratado, aparentemente por la delincuencia organizada, para poder echarles aguas o mejor llamado, para ser usados como halcones en este proceso de robo de hidrocarburos.
Hemos hecho un llamado, también, a la Procuraduría General de la República, por supuesto a la SEIDO, por supuesto al gobierno de Puebla, para que se presente la denuncia correspondiente y se inicien las investigaciones que correspondan para identificar el caso de estos pequeños que son utilizados como halcones, se pueda tratar de casos de trata de personas con fines de trabajo forzado, es decir, niños y niñas que están siendo seducidos, reclutados por el crimen organizado en actividades que son ilícitas.
No sólo se debe castigar el tema de robo de hidrocarburos, sino también vigilar que los padres no permitan estas conductas porque están siendo, también, bajo este esquema cómplices de un delito que está cometiéndose en contra de sus pequeños hijos e hijas.
Por eso, las funciones que la Comisión Intersecretarial tiene, no sólo deben modificarse en lo que la ley corresponde y que hoy en el artículo 84, propuesta del senador Robles Montoya, se establece como parte de la difusión de los programas que tendría que estar haciendo la Comisión Intersecretarial.
Lamentablemente, en lo que tiene que ver con el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación, se evidencia que la Secretaría de Gobernación ha sido omisa ante la generación de programas de prevención, ante la generación de la evaluación correspondiente de cómo están siendo a tendidas las víctimas que son aparentemente rescatadas por las autoridades en materia de trata de personas.
Difundir programas de prevención, que es el caso concreto de esta iniciativa, de esta modificación, ayudaría sin duda a que pongamos todos atención en lo que está pasando en este país.
Los fines de la trata de personas, los fines de explotación, no sólo son los de la prostitución forzada o ajena, los fines de explotación hoy nos han invadido desde la esfera del crimen organizado y desde ahí debe empezar a combatirse.
Si la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Intersecretarial no realiza su trabajo como debe hacerlo, no establece los mecanismos de participación correspondientes, seguiremos en esta simulación que lo único que está haciendo es lavar la cara a gobernadores en este país y a las deficiencias que se están cometiendo en el combate al delito.
Por eso hemos insistido tanto en las modificaciones detenidas en la Cámara de Diputados, porque ante por lo menos 10 recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, lo que hoy se presenta en esta modificación sólo respecto de la difusión, no puede quedarse en letra muerta, tampoco puede quedarse como una mera intención de una iniciativa que tenga esta buena intención, pero que en la práctica se evidencie --como se ha evidenciado ya-- que no hay resultados.
Por eso, hago, por supuesto, la invitación a que aprobemos esta modificación, perdón, que se presente, se apruebe este dictamen pero que no sólo sea letra muerta.
Los invito a todos a revisar, en la obligación que tenemos en el reglamento de este Senado, estos informes, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la propia Comisión Intersecretarial que, evidencian la nula y el nulo trabajo de todas las autoridades involucradas en el tema.
Agradezco su atención, y espero y pido la aprobación de este dictamen.
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7 de marzo de 2017
Versión de la intervención del senador Héctor David Flores Ávalos al participar en la discusión de un dictamen de las comisiones unidas Contra la Trata de Personas, de Justicia y de Estudios Legislativos, por el que se reforma la fracción III del artículo 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
Muchas gracias, senadora presidenta.
La preponderancia de que los entes públicos generen información es de vital importancia en nuestro país, pues por medio de esta ciudadanos y organizaciones pueden realizar un análisis crítico sobre las funciones que realizan los entes estatales, creándose verdaderos contrapesos ante autoridades que pretendan vulnerar derechos fundamentales o actual al margen de la ley.
El objetivo de la iniciativa que hoy ponemos a su consideración es, precisamente, el de fortalecer los mecanismos de acceso a la información, con mayor razón en un rubro tan sensible como es el combate a la trata de personas.
Derivado de un informe analizado del Departamento de estado de los Estados Unidos de América, para el año 2013 se advierte que nuestro país, México, sigue sin cumplir con normas mínimas de erradicación del delito de trata de personas.
Es nuestro país, lamentablemente, considerado como uno de los mayores lugares de origen, tránsito y destino de trata de personas. Lamentablemente también, la población mayormente afectada es, precisamente, mujeres, niñas, niños, indígenas, personas con discapacidad, jóvenes homosexuales, además de migrantes indocumentados.
Dicho informe resalta la falta de coordinación de las instituciones encargadas de perseguir el delito de trata de personas; asimismo, una falta de acciones coordinadas para erradicar este fenómeno.
Se señala, igualmente, que no existen estadísticas oficiales disponibles o suficientes para conocer la incidencia delictiva de estos delitos, lo que en cierto modo establece una lucha a ciegas por parte del Estado.
De tal suerte, compañeros y compañeras senadoras, es necesario afrontar esta deficiencia normativa, de manera que con esta reforma se permita elevar en el nivel de obligaciones y de facultades de las instituciones, la de difundir información estadística sobre los planes, programas y acciones acerca de este fenómeno delictivo y que hace, por lo tanto, que el combate sea más eficaz y preserve siempre la información susceptible de confidencialidad y reservas con razones de obviedad.
En ese sentido, los integrantes de las comisiones dictaminadoras nos congratulamos de que cada vez, con mayor razón, el tema de la atención, prevención, combate y erradicación de los delitos en materia de trata de personas adquiera su justa relevancia.
De ahí que las comisiones dictaminadoras coincidan con que la relevancia que tiene la difusión de los programas, tareas y acciones, advirtiendo la necesidad de aportar mayor congruencia entre el precepto aludido que otorga la obligación de promover, informar y desarrollar una serie de políticas en favor de la prevención y el combate a la trata de personas.
Asimismo, el objeto que se persigue con este dictamen es vigilar, inspeccionar y difundir aquellas acciones que permean en la sociedad, con el objeto de lograr la prevención del delito, así como la erradicación de factores que causen la vulnerabilidad que aprovechan los delincuentes para someter a sus víctimas, como puede ser el caso, precisamente, de la ignorancia de los derechos a instancias a las cuales pueden acudir, en caso de ser víctimas potenciales de estos actos, sólo por mencionar alguno de estos factores.
Es cuanto, señor presidente. Agradezco la atención de esta asamblea.