Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Versión Estenográfica de la reunión de la Comisión contra la Trata de Personas y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en el Senado de la República.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Damos la bienvenida y agradezco la presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.

Agradezco también la presencia de mi compañera, la senadora Lucero Saldaña, con quien hemos realizado siempre un trabajo en conjunto y en coordinación en esta materia.

Como es de conocimiento de ustedes, hemos desde hace cuatro años, impulsado una serie de reformas que creemos pueden y estamos seguras, de acuerdo también ya a las opiniones de expertos y técnicos, pueden mejorar el marco jurídico que tenemos. Sin embargo, la trata de personas no sólo tiene que ver con este marco jurídico; sino con los resultados que pueden ser medibles y por eso, para nosotros es muy importante darle la bienvenida, señor Subsecretario, a su equipo de trabajo; América, bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a esta reunión.

Si me permiten, bajo este esquema, quisiéramos presentar rapidísimo, previo a que el Subsecretario pueda hacernos por supuesto su presentación del informe de la Comisión Intersecretarial; los motivos y los fundamentos legales por los que nosotros estamos haciendo esta invitación.

Más allá de poder dar nuestra opinión respecto del informe, que será evidentemente después de la presentación del Subsecretario, para poder tener este intercambio de ideas; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos, la ley vigente, en su artículo 92 habla justamente de que la Comisión Intersecretarial diseñará el proyecto del programa nacional que definirá la política del Estado mexicano frente a los delitos previstos en esta ley, se refiere a la Ley en materia de Trata de Personas; y que deberá contemplar como mínimo los siguientes rubros:

Un diagnóstico de la incidencia delictiva, los compromisos internacionales que se han adquirido en la materia, la distribución de competencias en materia de prevención, protección, asistencia y persecución, un inventario de recursos existentes, los protocolos de atención, una ruta crítica con tiempos, atribuciones y obligaciones, políticas públicas de prevención, protección, asistencia y persecución; las normas oficiales de coordinación interinstitucional, las formas y necesidades de coordinación e intercambio de información internacional y nacional; así como la capacitación y actualización.

El artículo 93 evidentemente hablan justamente de este informe que amablemente nos hicieron llegar, lamento el estado, lo hemos estado hojeando por todas partes; pero justamente habla de que las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la sociedad los resultados de las evaluaciones que realicen; así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la evolución nacional y estatal de los delitos previstos en esta ley; así como su prevención y sanción.

La Comisión Intersecretarial, cuya titular está aquí, la licenciada América, le agradezco muchísimo; elaborará con la información que reciba de todas las dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual que contendrá los resultados obtenidos por el programa nacional.

Este informe será remitido, dice, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y a las dos Cámaras del Congreso de la Unión; quienes darán amplia difusión en los medios de comunicación a nivel local y nacional.

Este es el informe de la Comisión Intersecretarial, publicado en diciembre del año pasado.

El artículo 94, que es justamente el sentido por el que hoy hemos programado esta reunión, dice que corresponderá a esta Comisión Intersecretarial, a la Secretaría –se refiere a la Secretaría de Gobernación– y a la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus competencias; la evaluación –que es justamente lo que estamos haciendo– de avances y resultados de los programas para la prevención, combate y sanción de los delitos previstos en esta ley de la Protección y Asistencia a las Víctimas, sin perjuicio de que las autoridades locales realicen sus respectivas evaluaciones.

Dicha evaluación y la de las autoridades locales, será sistemática y permanente. Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades ministeriales y judiciales, en el ámbito de su competencia, tomen las medidas procedentes.

Es decir, esta evaluación tiene que ver con saber si estamos funcionando  bien en el marco jurídico, si lo que se está planteando en el marco jurídico funciona, corresponde, plantea; y si los avances que tenemos como país luego de las observaciones en diversos diagnósticos nacionales e internacionales, que fueron hechos no de ahora, sino del año 2014 en el más reciente de la UNODC, por ejemplo, plantea justamente cómo hemos venido avanzando como Estado mexicano, porque habla por supuesto de todas las autoridades en este sentido.

El Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas; como usted sabe Subsecretario, fue publicado el 30 de abril del 2014 y tiene cuatro objetivos principales:

El primero es evidentemente la prevención del delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la visibilización del fenómeno delictivo.

Uno de los indicadores o el indicador que está planteado para este programa, es el porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de trata de personas.

El objetivo número dos es proporcionar atención, protección y asistencia de manera integral a las víctimas de trata de personas, que para nosotros, dicho sea de paso, es fundamental. Porque alguien nos ha dicho que la preocupación en el Senado está en un tema técnico, y efectivamente tenemos problemas con un tema técnico que hemos venido planteando, pero evidentemente esto repercute justamente en lo que tiene que ver con la atención, protección y asistencia a las víctimas, es decir, cómo deben estar las víctimas de este delito atendidas en el ámbito de la competencia de cada orden de gobierno, de cada entidad y de cada instancia encargada de estos temas.

El indicador es el porcentaje de entidades federativas que cuentan con un protocolo en materia de atención a víctimas en materia de trata de personas.

Debo plantear también que recientemente fue ya emitida una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de una controversia que pone la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para revisar cuáles son las facultades de las entidades federativas en materia legislativa, y que evidentemente plantean, señor Subsecretario, que ya derivado de esta ley general en materia de trata pero también derivado de la Ley General de Víctimas que en años pasados fue aprobada, las facultades de los estados son más limitadas. Básicamente pueden legislar en materia de prevención.

Se ha hablado de un tema de armonización, señor Subsecretario, pero la verdad es que más bien el problema que tenemos no tiene que ver con la armonización sino con la aplicación de la norma, y creo que es parte de lo que tendríamos que estar revisando en esta reunión.

El objetivo número tres habla de impulsar la efectiva procuración, investigación y persecución en los delitos en materia de trata de personas.

Para nadie es desconocido que después de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, algunos conceptos de protección a los derechos humanos, incluso la de 2008 respecto del principio de presunción de inocencia, incluyendo además después el principio pro persona, y evidentemente todos el marco normativo después de la reforma nos habla que los delincuentes, la gente que comete delitos de esta naturaleza deben estar en la cárcel, que parte de la reparación integral de daño a las víctimas.

Una víctima no puede sólo recibir un recurso como si eso cambiara el sentido de la historia que le tocó vivir, más en delitos de esta naturaleza. Una víctima tendría bajo este esquema, como parte de las prioridades, que es respecto a la investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas evidentemente que su tratante esté en la cárcel o sus tratantes estén en la cárcel, y eso es fundamental respecto del marco jurídico, que además el 73 constitucional nos mandata con mucha claridad de la definición de tipos penales y sus sanciones.

Y evidentemente el indicador es el porcentaje de consignaciones hechas por el delito de trata de personas.

Para nosotros por supuesto resulta importante más adelante poder hacer las precisiones que pudieran cambiar o más bien complementar los indicadores, porque un asunto es una consignación y otro asunto es una sentencia que puede terminar en absolutoria o condenatoria, y otro tema es que quien esté castigado esté siendo castigado por trata de personas y no por otros delitos en una reclasificación amplia que pueden estar haciendo en la integración de las carpetas los ministerios públicos o evidentemente en la emisión de las sentencias, ya sea de manera absolutoria o condenatoria, porque bueno, cuando vemos que hay estados donde el 50 por ciento de las sentencias son absolutorias, lo que creemos es que evidentemente hay una persecución a modo y una interpretación que nos preocupa la forma en la que puede darse la persecución en este sentido.

Evidentemente el último objetivo de este programa, está promover los sistemas de rendición de cuentas y acceso a la información en materia de trata de personas.

Nosotros hemos hecho varias solicitudes a distintas instancias para poder contar con las sentencias en su versión pública, y hemos hecho el análisis de algunas de ellas que, posterior a su presentación señor Subsecretario, estaremos planteándole lo que lamentablemente hemos encontrado.

El indicador de este objetivo es el porcentaje de avance en el diseño e implementación del sistema informático para integrar datos asociados a la trata de personas.

Este es un tema fundamental. Hemos visto recientemente la presentación de iniciativas por diversos legisladores, tanto en la Cámara de Diputados, como aquí en el Senado de la República, y las cifras que manejan no tienen una fuente confiable.

Es decir, se ha publicado en diversos medios de comunicación, se habla de 70 mil niñas y niños que son víctimas de trata de personas, se habla incluso de comunidades enteras que se dedican a la trata de personas.

En el caso concreto de Tlaxcala, de donde soy originaria, pero sin embargo no tenemos un sistema de información que nos pueda dar con precisión si las cifras que estamos manejando son las correctas o si hay evidentemente algunas otras cifras o un sistema que nos permita medir cuántas víctimas de trata son.

Parte de lo que nos preocupa es justamente los resultados que nosotros vemos en el número de víctimas, que no coinciden con estas cifras que se han venido señalando de manera pública consistente, permanente, por diversos actores y organizaciones de la sociedad civil, cuyo origen de estos datos no sabemos cuál es su procedencia, porque eso evidentemente a veces genera una confusión en la persecución y nos preocupa que esas cifras sean las que se están utilizando.

Incluso se están utilizando todavía cifras de (…) de cuando se aprobó el protocolo de Palermo; después cuando se aprueba, cuando México firma esos instrumentos internacionales y seguimos usando esas cifras todavía, porque no tenemos con toda certeza cómo está un sistema informático que nos permita tener en estos indicadores y que tienen que ver estos cuatro objetivos principales con este informe anual que es presentado.

Nos quedamos nosotros ahí, que es básicamente lo que nosotros estaríamos planteando. Más adelante podríamos dar estas cifras, por supuesto, señor subsecretario, para que usted también pueda decirnos si quizá nosotros en la interpretación que hicimos del informe no tenemos los datos completos y si ahorita pudiéramos complementarlos, pues podamos tener la información adecuada.

Sea usted bienvenido y me permito cederle por supuesto la palabra.

SUBSECRETARIO ROBERTO CAMPA CIFRIÁN: Muchas gracias senadora Adriana Dávila; senadora Lucero Saldaña, compañera de otras legislaturas.

Es un privilegio estar aquí. Para la Secretaría de Gobernación venir a la Cámara de Senadores, venir a esta soberanía representa una obligación pero también representa una oportunidad, porque sabemos que solamente a partir de este diálogo de poderes, a partir de este ejercicio de comunicación, seremos capaces, cada quien, de cumplir con la responsabilidad que le corresponde.

El Legislativo hacer las leyes, reformar las leyes cuando es necesario; el Ejecutivo aplicar la ley, pero aunque las funciones y las responsabilidades están claramente diferenciadas, es a partir de esta comunicación y de este intercambio que podremos ahcer bien nuestro trabajo. Para nosotros es un privilegio estar aquí sentados con ustedes.

Agradezco a mis compañeras y compañeros de la Procuraduría General de la República que nos acompañen en la reunión y le agradezco a mis compañeras de la Secretaría de Gobernación, encabezadas por América Nava, que es la Secretaria Técnica de la Comisión, que estén aquí acompañándome para hacer esta presentación de esta reunión.

Quisiera hacer un comentario, una observación, como se dice aquí, de previo y especial pronunciamiento: nosotros estamos convencidos de que toda ley es perfectible, pero estamos convencidos que particularmente esta ley merece una revisión y merece hacer un esfuerzo para mejorarla.

Nos preocupa, igual que le preocupa al Senado y le preocupa al Legislativo, los resultados finales de la aplicación de la ley. Me parece que, independientemente de las cifras que habremos de presentar, estamos convencidos de que hemos sido capaces de mejorar no solamente la oportunidad de la presentación de los informes sino también la calidad de los informes, aunque sigue habiendo muchos espacios de oportunidad.

Pero independientemente de los resultados del Informe, me parece que la pregunta que tenemos que hacernos todos es si hemos sido capaces de revertir el fenómeno, la situación que tenemos en el país en materia de trata.

Y creo que siendo honesto tenemos que reconocer que estamos muy lejos de la situación que quisiéramos.

La pregunta como aquí se ha planteado, como subyace en la observación que hace la senadora es si con esta ley hemos sido capaces de identificar si hemos sido capaces de sancionar a los tratantes, o la ley ha servido mucho más para identificar o para sancionar a personas que tienen actividades que están vinculadas con esta actividad pero que en materia puntualmente de tratantes me parece que hay mucho todavía que tenemos que hacer.

Y quisiera comenzar esta presentación partiendo de ello y creo que nadie puede estar satisfecho por lo que ha sucedido hasta el momento, que aunque se van a poder apreciar en el informe que ha habido esfuerzos, que han dado resultados, pues estamos muy lejos de tener la situación que quisiéramos.

En un fenómeno que además no es exclusivo de México, que es un fenómeno mundial, que tiene que ver con el crimen organizado internacional y que representa una de las dos o tres actividades más lucrativas para los criminales, para el crimen internacional.

Hemos preparado también una presentación que le voy a pedir, si ustedes me lo permiten, a la Secretaria Ejecutiva que la haga.

La primera parte se repite un poco porque es el fundamento de la Comisión. La petición es que lo hagamos muy rápido y que nos quedemos sobre todo con la segunda parte, la parte que tiene que ver con la manera como estamos organizados y sobre todo con un primer planteamiento vinculado con las cifras, con la información con la que contamos.

Si me lo permiten, le pido a América Nava que haga la presentación.

AMÉRICA NAVA TRUJILLO: Gracias, Subsecretario.

Y al igual que usted la verdad yo celebro esta reunión porque efectivamente bueno, es el primer año que la verdad presento este Informe. Pero celebro este intercambio.

Yo le decía al Subsecretario a veces nosotros preparamos un informe y lo vemos de una manera parcial, como nosotros queremos.

Y este intercambio la verdad abona muchísimo a ver otra manera de ver, de pensar.

Yo platicaba contigo Adriana, de qué le hace falta. A lo mejor nosotros hacemos un informe nada más cuantitativo y pudiera ser más cualitativo.

Que sí nosotros hemos pedido un poquito la información y que esto sirve para mí una retroalimentación por supuesto y que todo la verdad lo considero como perfectible, cualquier cuestión la verdad lo podemos ir mejorando y en compañía de ustedes pues la verdad muchísimo mejor.

Efectivamente, como ya lo había repetido, esta Comisión Intersecretarial a la fecha, bueno, en el artículo 10 de la Ley General, habla sobre esta Comisión Intersecretarial.

A la fecha, llevamos 10 sesiones trabajándolas. (La que sigue)

Bueno, esto ya la verdad yo creo que…

INTERVENCIÓN (No identificada y fuera de micrófono)… el artículo 10 establece el tipo penal básico, ¿no?

AMÉRICA NAVA TRUJILLO: …del Reglamento. De la Comisión Intersecretarial es el 84 de Ley, pero es del Reglamento.

¿Qué es? Pues es efectivamente la instancia encargada de definir, coordinar la implementación de una política de Estado en materia de trata de personas.

Impulsamos y coordinamos en todo el país la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos de trata.

Inspeccionamos y vigilamos los programas y evaluamos y rendimos cuentas de transparencia, como la evaluamos a través de este Informe que rendimos anualmente.

¿Quiénes son los integrantes? Bueno, lo forman 14 dependencias de Estado.

Como ustedes pueden ver, la Secretaría de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social, Salud, SEDESOL, Educación, Turismo, PGR, el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAME, en INACIPE y el Sistema Nacional del DIF. Esos la integran.

Pero también participan con nosotros la Academia, el Poder Judicial de la Federación, el, Consejo Nacional de Población, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Conferencia Nacional de Procuradores, la Conferencia Nacional de Gobernadores, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, por supuesto, y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y la Conferencia Nacional de Municipios, y por supuesto también organizaciones de la sociedad civil tenemos representantes de ella.

La estructura de la Comisión:

Hay una secretaría técnica, conforme al 40 del Reglamento, recae en esta Dirección General, dependiendo de la Subsecretaría. A su vez hay una Subcomisión Consultiva, que es una instancia colegiada de análisis y opinión de los asuntos competencia del Pleno, y grupos de trabajo.

En esta ocasión este año había nueve grupos de trabajo formados para ver estos temas de la Comisión, y el año en que tomé, consideramos que fueran cuatro grupos de trabajo, sobre todo recayendo sobre el Programa Nacional; entonces hay un grupo de prevención, un grupo de protección, de persecución y otro de fortalecimiento. Estamos trabajando sobre esos grupos.

La estructura de esta Comisión se conformará por las designaciones de los integrantes; cada Secretaría de Estado designa a un representante que participa en la Comisión y un suplente, que participa en la Subcomisión, y a su vez ese suplente puede participar en la Subcomisión o bien, un tercero en los grupos de trabajo que les he comentado.

Esta Subcomisión Consultiva deberá sesionar trimestralmente, ya estamos a mitad del mes de marzo, tendremos la primera reunión de la Subcomisión, el día 22 para ser exactos, y se integra en términos del Reglamento interno, como ya les había comentado.

¿Qué hace la Subcomisión Consultiva? Que es diferente a la Comisión. Pues ellos emiten opiniones de los miembros sobre los asuntos que son turnados por acuerdo del Pleno de la Comisión.

En la primera reunión de la Subcomisión, nosotros hacemos un programa anual de trabajo, qué temas son los que vamos a ver durante todo el año, cómo se va a dividir el trabajo por estos grupos y después, en estas subcomisiones se van evaluando los trabajos que van presentando los grupos de trabajo para dar un producto final, cuando estamos obligados por ley a hacer dos reuniones de comisión intersecretarial; sin embargo es muy complicado por quienes forman la Comisión, sentar a todos los Secretarios de Estado dos veces, pero la hemos tratado de hacer por lo menos una vez al año, que la llevamos en junio del año pasado. Y esta vez también esperemos que sí la podamos hacer y ya a la Comisión le presentamos los productos que hemos obtenido durante los grupos de trabajo de las subcomisiones.

Creo que aquí lo importante es destacar que, efectivamente, conforme al programa que pide hacer, por ejemplo… bueno, eso de la normatividad creo que ya también lo hemos visto, ¿no?

Creo que aquí lo importante es ver cómo se reúne este informe o cómo nosotros evaluamos. Estos grupos de trabajo, ya la capacitación la hacemos a través del grupo de prevención; cuántos servidores públicos estamos capacitando, cuántos en cada área de trabajo y de quienes conforman esta Comisión y también de los participantes y también de la Academia; vemos y estamos pidiendo resultados a cuántos servidores se evalúan, cuántas campañas realmente tenemos.

Algunas se hacen públicas y otras no, sin embargo hay muchas Secretarías de Estado que sí tienen sus campañas de prevención contra la trata, y que también la dan al interior o algunas salen al exterior, por ejemplo, la más sonada y que nos adherimos el año pasado también como esta Comisión Intersecretarial, fue a la de derechos humanos.

Sin embargo, también hay otras campañas, por ejemplo del Secretariado Ejecutivo, del DIF, de Educación, que van haciéndolas en el ámbito de competencia que ellos van teniendo. Y nosotros también el año pasado, toda la Secretaría y su servidora, junto con ONUDC, que ustedes recordarán la campaña que empezó en este tema, fue la de Corazón Azul. Todo el año pasado nos la pasamos trabajando en diferentes grupos para platicar, quisimos regionalizarla un poquito, hacerla más especializada y focalizada.

Ya terminamos de trabajar, fue con seis grupos, trabajamos en el ramo de SECTUR, en el ramo de grupos vulnerables con menores, con indígenas, con mujeres, con niños, con el DIF, con seis grupos vulnerables, también con discapacidad, porque queremos lograr una campaña que se presentará este año, a mí ya me enseñaron ahora cómo quedó diseñado el resultado de estas reuniones que tuvimos en diferentes estados y regiones y con estos grupos, y estamos esperando que se nos den las fechas, ya acabar la producción en sí de la campaña.

Ya me fue presentada a mí, pero yo pedí que a mediados de esta semana se presente a todos los integrantes que participamos y que forman parte obviamente de la Secretaría Técnica, para que puedan ver los resultados y lanzar una campaña ya nacional, efectivamente, para prevenir este delito, que próximamente también saldrá.

Hablando también del programa nacional, lo que nos obligaba es un protocolo. Ese protocolo ya se hizo, ya se tiene, ya está también por publicarse, ya se terminó el año pasado, se actualizó, otra vez ya se tenía, sin embargo faltaban algunas cosas que observamos dentro de la Subcomisión y se mandó a las áreas respectivas para que actualizaran algunos datos o que no nos llena a cada uno pero este protocolo va a ser a partir de la detección, atención, todo, lleva el seguimiento completo de cómo desde que para detectar a una víctima lograr su atención y luego su reinserción.

Estamos también por publicarlo y hacerlo obligatorio, que de verdad salga a partir de esta Comisión esa política pública que efectivamente el Programa Nacional nos demanda que sea a nivel nacional y que no cada institución pueda hacerlo o tenerlo o hacerlo como ella crea o como ella considere.

También nosotros consideramos, de ese protocolo general se van a hacer también protocolos especializados. Ya los empezamos a trabajar porque también cada institución aunque van a tomar este protocolo general.

Por ejemplo, ya con migración ya lo hicimos. De ese protocolo general ya sacó su protocolo porque a ella nada más le corresponde a lo mejor la detección con sus agentes, y ya después de ahí pasará y ya estamos trabajando con CEAV cómo debe de atender a las víctimas de trata, que al final aunque es una comisión que ve todo tipo de víctimas, al final las víctimas de trata necesitan una situación y un personal sumamente especializado. Y así pasaremos con las diferentes órdenes ya a hacer protocolos específicos, pero derivados de un protocolo general que sea conocido y que realmente lo tengamos.

SECTUR ya también ha presentado y no sé si lo han visto, también un protocolo específico, que ellos le han llamado como un código de conducta que se ha presentado a empresarios hoteleros, porque también ahí es donde se puede detectar muchísimo este tema de la trata.

Y así con diferentes secretarías hemos empezado a trabajar estos protocolos específicos.

A su vez, también nosotros tuvimos una reunión en octubre pasado con las comisiones interestatales. También a ellas se les obligó porque también les obliga la ley a hacer sus programas, y ninguno de ellos la verdad nos lo ha hecho. Nosotros les dimos las formas, les dimos ya los formatos de cómo poder y les auxiliamos, les orientamos.

Muchos protocolos específicos estamos con la ayuda de OIM, trabajándolos, y con los estados los estamos trabajando. OIM está dando efectivamente ellos el recurso para poder auxiliar a las entidades federativas y también puedan cumplir con los protocolos a los que obliga la ley a hacer.

Este año yo espero volver a tener esta reunión con las comisiones interestatales para ver los resultados que tenemos.

A la fecha, como ustedes han visto, efectivamente no tenemos… Se habla mucho de la armonización de la ley y que efectivamente, como decía la senadora Adriana, sí  ha habido y muchas entidades federativas han sacado su ley; sin embargo, no está armonizada o realmente no está armonizada en la técnica jurídica que debiera de tener.

El estado de Quintana Roo lo tenemos muy presente, porque ya salió la sentencia en donde se invalidan algunos artículos de su ley, pero tenemos detectados ocho.

Esta armonización nosotros la hacemos con un convenio a través de la cátedra de la UNAM, quien nos ayuda y nos da, ellos nos informan cómo se va armonizando. Yo la próxima semana tengo una reunión con el director del proyecto, el cual firmamos este convenio, es Mario Fuentes, para decirle qué está pasando efectivamente con estas leyes que también presentan inconstitucionalidad, porque no es sacar una ley por sacarla, sino sí tiene que estar armonizada completamente a la ley general.

Entonces, sí las hemos detectado y al final se han invalidado –como decíamos— artículos no la ley, pero bueno, nosotros tendremos también esta obligación de estarlo evaluando y sí las tenemos detectadas para efectivamente lograr esa armonización.

Otro problema que tenemos, que también ni siquiera hemos logrado, el total de comisiones interestatales. Nos hemos quedado cortos y ahorita un problema que se nos viene y se nos presenta y que los estamos viendo, es también en la creación de fiscalías especializadas.

Por la carga de trabajo, he hablado con algunas entidades que, como ustedes lo saben, muchas veces solamente designaban a algún agente del Ministerio Público y bueno, tú nada más vas a ver y él era la fiscalía o la unidad especializada.

Ahorita ya en algunos lo que hemos visto y están haciendo son unidades de alto impacto. Entonces donde ya están metiendo además de trata pues secuestro y además de secuestro, o sea, otros delitos.

Entonces, también eso ya lo estamos nosotros detectando a través de los informes que nos han rendido, cómo lo vamos a tener que trabajar con ellos y reorientarlo como debe de ser.

Sí, Adriana.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Pensé en la posibilidad de tener las cifras que se están manejando aquí, porque para nosotros es importante ubicar, derivado de estas obligaciones y evidentemente, sobre la facultad de evaluación, más bien la obligación de evaluar esos programas que ustedes tienen, nos gustaría, porque nuestra duda está básicamente en las cifras que se manejan en este sentido.

AMÉRICA NAVA TRUJILLO: ¿En qué sentido está la duda de las cifras?

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: En todos los rubros.

Tenemos básicamente en cómo fue presentado, como el Informe Anual fue presentado con distintos rubros, por ejemplo, en el tema de capacitación, que hablan ustedes de cierto número de capacitados y nosotros hemos detectado algunas cosas que nos parecen, incluso en la parte de armonización, nos parece que no corresponden evidentemente al tema en materia de trata de personas.

No sé si ustedes traigan algo preparado sobre las cifras que se están manejando.

AMÉRICA NAVA TRUJILLO: Nosotros tenemos un instrumento de compilación.

Este formato se les manda a las instituciones que nos deben de, y nos lo regresan efectivamente vía correo, toda su información y va en diferentes temas, efectivamente en capacitación, en difusión, en armonización, también, en atención, procuración, persecución del delito y administración de justicia.

Esa información que ellos nos dan, nosotros también celebramos un convenio con al CONATRIB y CONATRIB efectivamente lo que me dan las entidades, las entidades me dan sus sentencias, sin embargo yo valido con CONATRIB y ya CONATRIB me valida y me da sus resultados y al momento, sí tengo que decirlo, no hemos tenido ninguna diferencia de lo que me da la entidad federativa, a lo que me da CONATRIB en números.

O sea, no he tenido ninguna. Yo he tenido y lo digo así, sinceramente, un problema con Guanajuato, cuando vi ahorita el informe 2015, en materia de capacitación, en donde sí me dijo que ya había dado cinco cursos y yo le había puesto tres. Son embargo, sí le aclaré que dos no eran en materia de trata y porque yo sí evalúo lo que ellos me mandan y que sí realmente sea en materia de trata.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Perdón que interrumpa, América, pero sí nos gustaría tener con más precisión el informe, las cifras que ustedes manejan, para poder decir, a ver, de estas sentencias así vienen dadas, así vienen planteadas, evaluadas, no sé, si pudieran.

Bienvenida senadora de la Peña, estaba en reunión también.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Estaba en reunión en mi grupo y, perdón, pero he seguido atenta lo que ha pasado, bienvenido subsecretario, América.

A ver, en la comisión y en el Senado han surgido varias dudas. En primer lugar ustedes saben que hay un proceso muy tortuoso, como ningún proceso lo ha enfrentado, ojalá que fuera por situaciones que tienen que ver de imprecisiones jurídicas, pero por desgracia no es así, porque ahí tendría razón de ser.

El que una minuta se detenga en una colegisladora en dos legislaturas por imprecisiones, porque no está inscrita en el contenido fundamental del cumplimiento de tratados internacionales, qué sé yo, que son las reformas que hemos hecho en la actual Ley contra Trata de Personas.

Y yo tengo dos preguntas. Van inscritas a lo que ahorita acaba de preguntar la senadora y me gustaría que pudieras también integrarlas en tu contestación:

Es verdad, cuando tú dices, y me surge a partir de lo que dices de Guanajuato: de cinco cursos tres eran sobre trata y los otros dos no eran sobre trata.

Creo que la Ley como está también provoca ese tipo de situaciones. Es decir, hay una confusión del tipo penal.

Entonces me gustaría mucho que nos dieras una opinión respecto a cómo observas en ese sentido las reformas que hicimos para concretar de manera debida y en cumplimiento a la naturaleza penal del delito de trata y las confusiones que hay con otros delitos.

Y la segunda, que también nos motiva mucho a esta Comisión y compartimos una preocupación que es necesario ya concretar en resoluciones también más puntuales, es respecto de que las sentencias, puesto que el mecanismo es quien integra toda esa información a nivel nacional de todos los ámbitos, lo conducente a las sentencias que existen, ¿cuáles son, tienen ustedes ya puntualizados, a partir de esta ruta que tú bien acabas de identificar en Guanajuato, cuáles están inscritas realmente en la persecución del delito de trata y cuáles en otro delito que puede ser, como dice la ley, el delito de explotación? Nos importa mucho eso.

Yo conozco una sentencia –nada más por ponerte un ejemplo-, una sentencia, pues las primeras que entramos a revisar, no nos han dado tiempo de revisar cada una de ellas, pero por ejemplo está fundada en el Protocolo de Palermo, no en la ley.

¿Qué quiere decir eso? Que está fundada en lo que nosotras definimos en el artículo 10, esos comisivos del Protocolo de Palermo en materia de Trata.

Ese es un problema que observamos en el país.

Gracias Subsecretario.

SUBSECRETARIO ROBERTO CAMPA CIFRIÁN: Quisiera reiterar un pronunciamiento que yo hice al inicio de la reunión y que tiene que ver claramente y directamente con la pregunta de la senadora De la Peña:

Estamos convencidos de que resulta de la mayor importancia revisar y mejorar la ley.

Y ciertamente, lo comentará ahora América, muchos de los problemas que se presentan no solamente para identificar a partir del tipo penal básico el delito sino también la posterior elaboración de los informes, pues tiene que ver con esta necesidad de afinar y de mejorar la ley.

Y dará respuesta América con la información que nosotros tenemos, nosotros podemos decir que se trata de trata, porque las sentencias se refieren puntual y particularmente al delito de trata. Claro, se trata del tipo vigente.

Entonces…

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: …estamos hablando, por lo que veo ahí, prostitución. Al final Subsecretario, ¿estamos aplicando el artículo 13 o el artículo 10 básico?

AMÉRICA NAVA TRUJILLO: Yo creo que hasta el momento no he podido hacer una valoración (falla de audio de origen)… de este intercambio de información que yo te decía que al final habíamos firmado con ellos un convenio en donde la entidad federativa me dice tantas sentencias tuve de trata y que CONATRIB efectivamente me las revalidad y que me ha dado al final la sentencias; vienen versiones públicas, vienen testadas.

Y efectivamente por el programa de la confidencialidad de las personas pues no vienen datos, que es muy difícil efectivamente.

Sin embargo, sí hemos checado nosotros que en los Resolutivos sí venga el delito de trata. Sí necesitaríamos hacer una valoración y yo…

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ:… en el Resolutivo y no en el proceso de…

AMÉRICA NAVA TRUJILLO: …en los resolutivos, exactamente.

Y así como ustedes también lo hemos detectado y ellos también lo han detectado.

Y al final, este trabajo que hicimos con CONATRIB y este convenio de intercambio de información, también sirvió para capacitar y estamos capacitando también a los jueces de las entidades federativas en materia de trata; hacerlos más especializados.

Y que efectivamente, creo también eso nos va a servir muchísimo después, ahora llevamos 12 entidades federativas, con más de 400 servidores públicos, porque no sólo a jueces y magistrados, también subsecretarios de acuerdo, también capacitándolos para que efectivamente distingamos lo que es la trata y que ellos también vean, porque yo también como abogada veo lo complicado que es el tipo y que como ustedes decían, a lo mejor mucho no es tipo, no es trata, es prostitución o puede ser otro derivado.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: O sea, está penalizada la…

AMÉRICA NAVA TRUJILLO: La trata, la explotación con fines de trata y prostitución ajena, pero no la prostitución.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: La prostitución y forzada, más bien la prostitución forzada.

SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ: Efectivamente, este ejercicio de revisar, analizar cómo se presentan los informes creo que es muy rico.

Aquí, primero decirles que es un tema muy importante, muy relevante por esta situación de ingresos tan altos que está representando a nivel mundial y que es muy importante el que veamos que haya un marco legal adecuado.

El Senado ha cumplido en dos cosas: en crear una comisión ordinaria, no especial, sino que dictamina específicamente en el tema; y el haber aprobado las reformas que trabajamos con Gobernación y con otras instancias, para ver la aplicación adecuada y que efectivamente, lo que decía el subsecretario Campa, de que se ha hecho mucho, estoy viendo porcentajes mucho muy altos en lo que es el impacto que puede tener en campañas, en capacitaciones.

Sin embargo, vemos algunas cuestiones conjuntamente, aquí aceptadas, de que está en Cámara de Diputados todavía para que estas reformas se puedan dar y creemos que si esto ayudará a tener mejores resultados; que permee en las dependencias, lo que no solamente en la Comisión se trabaja; ¿qué tanto toda la dependencia conoce de todo lo que se está haciendo en materia de trata?

A veces no, nada más el representante que va a la reunión, que entrega su informe. Entonces, cómo hacer que permee realmente un tema que toca con derechos humanos, con género, contra la discriminación. Y la participación de la sociedad civil, que también creemos muy importante el que se ayude, porque lo que la gente nos dice es: si se sabe que hay trata de personas en tal municipio, en tal colonia, en tal delegación, en tal esquina, en tal casa, en tal restaurante, etcétera, ¿Por qué no se hace algo?

Hay cifras que podemos dar y que por cierto, aquí quizá haya una variación, porque el informe que está refiriendo la presidenta de la Comisión, dice Informe 2015 y ustedes hablan de protección del 2016; entonces si vemos, hay diferencia por algunas…

AMÉRICA NAVA TRUJILLO: Bueno, lo aclaro.

Esta presentación que trajimos, es de las mejoras que vamos haciendo y que ahora ya estamos haciendo en 2016.

SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ: Exacto, entonces podemos ver diferencia, estamos midiendo años y años, parecidas pero no son…

AMÉRICA NAVA TRUJILLO: No, no.

SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ: ¿Por qué no, que la parte técnica revise esto de dónde sale este total o este porcentaje, que a lo mejor no me checa con otros subtotales u otras? Y poder ver si es de arrastrar, de sumar otras columnas; que si nos permitieran que la parte técnica pudiera revisar, porque a lo mejor hay muchas dudas muy concretas.

Y finalmente, yo quisiera decir: ¿Cómo está la coordinación con estados y municipios en el tema?

Si bien la ley que puede ayudar a esa coordinación, no se tiene, recuerden que cada estado quería hacer su propia ley, sus propios tipos penales, edades de penalización, en fin, yo creo que el tema es, como decía el Subsecretario que me encantó que haya dicho tres cosas:

Uno, que están de acuerdo a que la ley necesita cambiarse. Dos, a que falta mucho, que se ha hecho pero que falta mucho.

Y yo creo que esto final de que haya resultados, de que nosotros queremos que se diga: “México está teniendo realmente, no solamente en materia de prevención, importante, de atención a las víctimas, sino de la parte de la procuración de justicia”.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Si me permites, yo quisiera entonces mejor hacerles preguntas, Subsecretario, de manera concreta de lo que nosotros sí analizamos técnicamente y que nos preocupa, pero nos preocupa más el fondo del número.

Quisiera nada más hacer un planteamiento. Aquí viene una tabla que cruzamos con la información que ustedes han venido planteando, que son las dependencias que están participando, la persecución, las víctimas atendidas y los servicios proporcionados, y estamos metiendo el tema de consignaciones, ahora hablaremos del tema de sentencias derivado de los objetivos y las obligaciones de la evaluación que ustedes están planteando.

Pero estamos hablando básicamente que aparentemente el Gobierno Federal se está atendiendo, por ejemplo por parte de SEGOB se atendieron a siete víctimas en el 2015. Yo empezaría por preguntar: ¿Qué área está facultada para atender a víctimas por parte de SEGOB?

Por parte de SEDESOL están hablando de una atención de 118 víctimas; por parte de Salud de 28 víctimas; por parte de PGR 160; del DIF 110; de la CEAV 404, que por cierto debo decir, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reporta un total de 404 víctimas en general atendidas de todos los rubros. Yo no sé si este dato corresponda a todos los rubros o sólo a trata de personas. Y luego del Instituto Nacional de Migración 14.

Lo que nos hace ruido justamente con el número de víctimas que tienen que ver con la nacionalidad que está reportada en el propio informe. Y estamos hablando de que aparentemente hay una tensión donde más o menos 907 víctimas de las cuales 458 fueron rescatadas en operativos: 15 de la PGR, 376 de la CEAV, es decir, la CEAV realizó operativos independientes a los de PGR o los 15 que tiene ahí van dentro de PGR, pero es que cuando ustedes suman, suman todo, entonces contabilizan todo en el informe. No puedes contabilizar todo si CEAV participó con PGR, en total es el número de operativos que tendrían que haberse realizado.

O 65 por la Policía Federal. También preguntaría: Esos 65 operativos fueron hechos junto con PGR en donde participó CEAV; entonces la cifra de 458 está equivocada, si lo que ustedes me están diciendo es que son operativos en conjunto, estaríamos pensando que sólo los encabeza la PGR y estaríamos hablando de 15 operativos no de 458. Ese es un dato que nos salta a la vista.

Pero si nos vamos después de los servicios proporcionados, estamos hablando de 6 mil 624 servicios proporcionados, por ejemplo.

Lo de PGR nos parece que es correcto porque evidentemente hay más de un servicio por una persona. Pero si nos vamos después al mismo documento que trae la separata que concentra la misma información que años anteriores, nosotros vemos que los datos que ustedes reportan en el Informe 2015 son 907 víctimas atendidas; pero en la página 86 del mismo informe, ustedes reportan 6 mil 519 víctimas.

A ver, estamos hablando de víctimas, así dice el Informe. Perdón, yo nada más estoy basándome en los datos y les estoy dando las páginas.

La página es, por eso está ahí, para que ustedes hagan la precisión; si hubo un error, puede ser similar al error de capacitación, pero permítame terminar con esto, porque como todo mundo ha hablado de las víctimas, y todo mundo dice que protege a las víctimas, y todo mundo dice que las víctimas no deben ser revictimizadas (…) pues a mí este rubro fue el que más me llamó la atención en ese sentido.

Y luego, en el dato del reporte 2015, en el resumen de la página 87, ya no hablan de seis mil 519, sino de 907, que corresponden efectivamente al 2015.

Sin embargo, en la separata, fíjense bien en la página 108 del periodo 2015, sólo hablan de 19 víctimas. A mí no me hace sentido porque hay cuatro datos distintos en cuatro, en el mismo rubro, respecto de un proceso que resume y respecto de un proceso que plantea.

Estamos hablando que los servicios proporcionados son 6 mil 624, 6 mil 665 ó 6 mil 555 y en la separata por supuesto no especifica cuántos servicios proporcionados.

Qué preocupación vemos en algunos, esto habla del Gobierno Federal y el texto de la separata dice: de las mil 267 víctimas detectadas e identificadas durante 2009-2015, no veo por ningún lado, por ningún lado veo mil 267 víctimas.

En los procesos judiciales y sentencias, mil 218 son del ámbito local y 49 del ámbito federal, cuando sólo se reportan 19. Pero hay otro dato que nos preocupa más, cuando se plantea sobre la nacionalidad de las víctimas, hay algunas tablas en donde se dice que en más de 600 no tenemos claridad de cuál es la nacionalidad de las víctimas.

Preguntaría entonces ¿se rescata una víctima, no sabemos quién es?

O sea, las dependencias no saben a quién están rescatando, no tiene clara la nacionalidad de las víctimas, eso lo dice el propio informe, no lo decimos nosotros.

Y en ese contexto viene en un concepto que yo no entendería o que más bien yo necesito que me especifiquen, porque dice en este concentrado “víctimas o probables víctimas”.

¿Cómo, si vas a un operativo y rescatas son víctimas o son probables víctimas? Entonces es cierto eso que se plantea de que cuando hay un operativo acusan y acosan a algunas personas cuya actividad moralmente no es correcta y le dicen o te declaras víctima o te declaras tratante, tú dices cómo pudieras hacerlo, ¿no?; y no obstante en ese concentrado se habla ya de la sentencias.

Es decir, si hay una sentencia pues es que hay víctimas y en el año en el que se… dice el mismo informe en la separata, “en el año en que se detectó mayor número de víctimas –perdón—fue en el 2015, con 439 personas, este informe, estamos hablando del Gobierno federal, 439, y ahí sólo están reportando, en un caso 907 y en otro caso 19 y en otro caso 6 mil 519.

¿Cuál es la cifra adecuada, cuál es la cifra correcta del gobierno federal?

Y luego, según datos públicos de 2014, en el operativo que se hizo en el Albergue “La Gran familia” caso Mamá Rosa muy sonado, desde mi punto de vista, algo que tenía que haberse hecho después de 21 años que planteó y que yo celebro que haya hecho el gobierno federal, lo que no celebro es que se haya hablado de más 550 víctimas rescatadas y yo preguntaría si esas 550 víctimas rescatadas están incluidas en cualquiera de todas estas cifras que vienen en distintas páginas señalando el mismo año.

No lo logro entender y si nos vamos a la siguiente lámina, este es el tema de las entidades federativas. Yo quisiera saber por qué si esta es un ley eficiente, que en la persecución del delito estamos hablando de que hay cierto número de confirmaciones y averiguaciones, estamos hablando de 315 averiguaciones previas, de 175 programaciones y de 524 operativos, es decir, tenemos más operativos que averiguaciones previas o que confirmaciones.

Y luego dice que hay 105 víctimas canalizadas, que llegaron 79 por su propio pie y que en total en las entidades federativas se rescataron mil 106 víctimas, con ciertos servicios.

Es muy preocupante lo que vemos ahí, por ejemplo, en el caso de Coahuila, donde se rescata un total de 290 víctimas, pero atención médica sólo reciben 288.

Las otras dos personas, por qué no recibieron atención médica. ¿Fue sólo en el momento del operativo? No si se supone que fueron víctimas de trata y más cosas graves que está planteando.

En asistencia psicológica, 287. ¿Por qué tres de ellos no recibieron atención psicológica una vez?

Y pregunto: ¿la atención psicológica significa que sólo una vez se le va a atender a una persona y no tendría que tener un programa permanente de atención?

¿Incluso no por eso se está exigiendo que haya todos los albergues necesarios habidos y por haber para que ellas puedan llegar ahí y tener un programa de asistencia psicológica?

Y trabajo social, cero, y asesoría legal 287, bueno, una asesoría legal eso sí puede ser para poder enfrentar el procedimiento que además de seguirse vía oficio una vez sí se hizo en operativos.

Supongo que el caso de Coahuila tiene que ver con uno de los operativos que hicieron por explotación laboral evidentemente y me parece que ahí yo estoy preocupada. Bueno, dónde están esas víctimas; dónde están esas 290 víctimas que plantearon.

Déjenme darles el otro dato. Ciudad de México: 381 víctimas de las cuales tenemos 29 averiguaciones previas y 83.

Pudiera la cifra cuadrar en términos de que por cada carpeta de averiguación hay casi 10 víctimas.

Sin embargo, los albergues del D. F., están vacíos. ¿A quién se están canalizando un albergue del D. F., que es el que tienen, está vacío, a quién se están canalizando?

Pero además si hay en total 381 víctimas de la Ciudad de México, se dieron 382 atenciones médicas, a una de ellas le dieron alguna atención más.

Asistencia psicológica, 388; a trabajo social, 384, y asesoría legal a 8.

O sea, ¿doscientas y tantas víctimas dejaron de ser asesoradas legalmente?

¿No se supone que eso choca con los principios de poder ir tras la persecución de sus tratantes para poder seguir todo este proceso y esta carpeta de averiguación? Porque además la Ciudad de México es el que más reporta sentencias.

Déjenme mencionar un dato y voy a decir algo porque, y esto tengo la certeza de lo que estoy diciendo:

Estado de México: 5 averiguaciones previas, 13 consignaciones, 40 operativos.

O sea, ¿en 40 operativos sólo lograron 5 averiguaciones previas y 13 consignaciones, en 40 operativos?, cuando además públicamente en una entrevista, en un noticiario de la mañana, el Secretario de Salud habla de mil 500 operativos –y les mando la grabación, señor Subsecretario, para que usted lo vea-; mil 500 operativos para cerrar todos estos lugares que no les gustan.

Llegaron por su propio pie 36; fueron canalizadas 14, y en total sólo se atendieron 96 víctimas. Es decir, rescataron dos víctimas por operativo.

Lo que hemos visto en imágenes de la televisión tienen otro sentido.

Pero además, se habla que se otorgaron cerca de 268 servicios. Estoy hablando de 34 atenciones médicas.

Es decir, ni siquiera las 96 víctimas que fueron rescatadas recibieron una atención médica.

De la asistencia psicológica: 84. Tampoco una atención médica a las víctimas.

De trabajo social: 24.

Y 63 de asesoría legal. El resto no.

Lo más grave es que nosotros sí revisamos parte de las sentencias y déjenme decirles que el número que aparece ahí de 40 operativos, que además el Secretario de Salud, públicamente señor Subsecretario, dice que hicieron más de mil 500 operativos, no lo están haciendo con ninguna ley en materia de Trata de Personas.

Lo están haciendo con esta ley, que se llama Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México.

Qué dice este tema: para los efectos de esta Ley, dice:

“Se entenderá por: Baile con contenido sexual al que realizan personas desnudas y/o semidesnudas con mensaje explícito de carácter erótico y/o sexual para el público asistente en una unidad económica cuya actividad principal es la venta o suministro de bebidas alcohólicas para el consumo inmediato”.

Esta es una persecución de carácter administrativo, no de carácter penal, porque además después dice, en alguno de sus artículos, curiosamente dice:

“Se prohíbe la apertura de los table dance” –dice– donde haya para cuidar la dignidad de las mujeres, donde haya desnudos o semidesnudas”.

En esta Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, y los operativos están haciéndose con esta ley, no con la Ley en Materia de Trata de Personas  que se supone tendría que establecer.

Si revisamos bajo este esquema, el total de víctimas, estamos hablando de mil 106, el total de servicios –perdón– 3 mil 581, es decir, tres servicios por víctima, aproximadamente; lo tenemos evidentemente en estados en donde hay absolutamente nada, ¿por qué en cuatro estados se está concentrando el 80 por ciento de este tema?

Yo diría Chiapas, porque tiene una ley similar a esta, esta es persecución del delito de trata de personas o es un tema de carácter administrativo.

Me voy a la siguiente página, que hace la comparación:

Víctimas atendidas: mil 106. Separata, periodo 2015 en la página 108, dice que sólo 420; es decir, reportan algo en 2015 de víctimas atendidas, pero se reporta en la separata, en el mismo informe, sólo 420; ¿dónde está el resto de las víctimas? ¿Dónde están, quién las atiende, quién las ve, cómo se reinsertan socialmente, qué tipo de programa recibieron, qué ayuda recibieron?

Servicios proporcionados: 3 mil 718, no especifican el periodo tal cual, sin embargo tampoco corresponden los reportes del 2015 con los reportes que ustedes mismos incluyen aquí en la separata, de 2009 a 2015.

Mi preocupación es la evaluación, licenciada Nava, mi preocupación es que no se está haciendo una evaluación de lo que nos están entregando. La Secretaría de Gobernación no puede ser, por ningún motivo, porque es un informe que firma el Secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; es un informe oficial que resulta ser base y consulta de cualquiera de todos nosotros y si yo lo único a lo que me remito como ciudadana, y veo una cifra en donde decimos por ejemplo que en Oaxaca se capacitó, se entregó material de difusión a 39 millones de personas, cuando Oaxaca tiene sólo 3 millones y fracción de habitantes: 39 millones, dice el Informe 2015.

Supongamos que hubiera sido un error de dedo, probablemente en el anterior también fue otro error de dedo y probablemente en el anterior también fue otro error de dedo; pero son informes oficiales, no es un informe cualquiera, es la instancia más importante para poder hacer este planteamiento.

Si usted revisa el tema de las sentencias, señor Subsecretario, cuando el Distrito Federal por ejemplo, establece en el 2013 lo que se está planteando respecto de la persecución, hay al menos de las sentencias 30 que ellos están reportando en el 2013; que además no las reflejan, no corresponde la misma cifra. No sé si pudiéramos irnos a la siguiente lámina y si pudiéramos ir a las gráficas, por favor, que tenemos.

Para que pudiéramos plantear el comparativo de las sentencias. Acá, señor Subsecretario, usted puede ver que en el 2013 el Distrito Federal reporta 38 sentencias; pero después reporta 83, hay una diferencia de 45 sentencias, ¿de dónde salieron esas 45 sentencias? Yo preguntaría.

Y luego Chiapas 10, que es el mismo caso, tiene una ley similar a esta, que no es la ley en materia de trata de personas, que es una ley de competitividad y ordenamiento comercial, es decir, ¿cómo regular todo tipo de lugares que se están haciendo?

Nadie tiene nada en contra de que se puedan regular, por supuesto que se regulen, que se prohíban, que hagan lo que quieran en su autonomía, pero que no mezclen una cosa con la otra, porque se le llama simulación, se le llama estar inflando números y datos sobre lo que no están haciendo.

Entonces, ¿es efectivo el combate a la trata de personas?

Permítame darle la cifra, el Informe 2013 con la separata que la licenciada Nava nos plantea en el 2015, hay una diferencia de 80 sentencias, se reportan en 2013 74 y 154 nos reportan en la separata, ¿de dónde salieron esas sentencias? No lo sé.

En el 2014, corresponde, no tenemos problemas, son 137 sentencias por cada uno de los rubros, pero en el 2015 seguimos hablando de 414 sentencias. Sólo, señor Subsecretario, que el 80 por ciento de las sentencias están concentradas en cuatro entidades federativas.

¿Qué está pasando?

¿El resto de las entidades federativas no están haciendo nada o los cuatro estados están simulando que hay un combate con base en una ley comercial y no una ley penal que tiene que ver con la trata de personas?

Porque además un periodista, colega de mis colegas que están aquí algunos de ellos, Humberto Padgett en uno de sus reportajes plantea que se cerraron en el Estado de México después de las declaraciones del Secretario de Salud, con gusto le mando la grabación, todos los table dance derivado de estos operativos; mil 500 dice el Secretario de Salud, porque yo tuve la oportunidad de tener una entrevista después con él.

Sin embargo, cuando el reportero regresa todos estos lugares están abiertos. La pregunta seria es: ¿Quién los abrió? ¿Los mismos dueños, o sea, a los que les quitaron el servicio o se los están otorgando a otros dueños para que otros los abran?

Es decir, ¿el motivo es la extinción del dominio o el motivo es la persecución en materia de trata de personas? Yo en lo personal no lo entiendo.

La preocupación mayor que tenemos, este es un delito, señor Subsecretario, cuyo origen tiene que ver con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

¿Qué significa? Bueno, que hay tres protocolos adicionales; uno de ellos es el de trata, el de lavado de dinero que es un mecanismo para buscar cómo están trabajando los tratantes. Yo aquí he escuchado en esta mesa y en muchas otras, es el delito que mayores ganancias dejan a los delincuentes.

Y yo pregunto por qué no hay ninguna investigación en materia de lavado de dinero para esos delincuentes, para los grandes cárteles de las drogas, para las personas reclutadas entre 12 y 16 años, en el número de desaparecidos, otro tema que usted está viendo, que por supuesto que pueden ser víctimas de trata de personas.

¿Por qué no se está haciendo bajo ese esquema en la revisión de las cuentas bancarias de muchos de estos tratantes que no están siendo detenidos, ni siquiera los dueños de los lugares estos que le estoy planteando?

La preocupación que yo tendría es: ¿Dónde están en el tercer protocolo, que también habla justamente del tráfico de drogas y de armas y algunas otras cosas, lavado de dinero, tráfico ilícito de migrantes?

Hoy con nuestra nueva relación en Estados Unidos, como usted sabe en la agenda del gobierno de Estados Unidos los senadores republicanos que recientemente vinieron, plantearon como parte de su agenda prioritaria la materia de trata de personas.

Tuvimos una reunión con ellos porque dentro de la agenda prioritaria es la armonización sobre el Protocolo de Palermo de México para cumplir con sus compromisos internacionales.

¿Qué va a pasar con los migrantes que vienen de Centroamérica que se van a concentrar en las zonas migratorias?

¿Qué va a pasar con los repatriados que van a llegar a las zonas migratorias de los países del norte? En donde los vamos a tener en las zonas migratorias retenidos.

¿Qué va a pasar si la delincuencia llega, como llegó en San Fernando, Tamaulipas, hace algunos años; rapta literalmente levanta a los migrantes, los obliga en trabajo forzado para cometer actos delictivos y nadie investiga esos casos por trata de personas con fines de trabajo forzado?

Traemos una persecución de tipo moral. Nadie dice que no se tenga que investigar a los bares, a los centros nocturnos, a los table; claro que se tiene que investigar, investigar. Y después en los operativos detectar quiénes son víctimas y quienes son tratantes.

Preguntaría yo si esto está sucediendo correctamente.

Me gustaría que pusieran, por favor, las sentencias que nosotros que hemos revisado, el ejemplo nada más de las sentencias, el cuadro que tiene cuatro sentencias, porque ahí no coincido con usted, licenciada Nava, cuando dice: “Las que yo he revisado sí tienen que ver con trata”, las que yo he revisado no tienen que ver con trata y le voy a decir por qué. Están a su disposición para que usted las pueda ver, aquí está una de ellas, por si usted quiere revisarla, también en versión pública.

Para nosotros es preocupante que la reclasificación del delito sea lesiones, por ejemplo, o sea explotación o lenocinio, pero no trata. Se sentencie con el artículo 10, pero se le dé una pena a una persona de cuatro años con beneficio de la conmutación, cuando el artículo 10 de la Ley vigente tiene como mínimo cinco años.

Cuando hay una tesis, hay dos tesis aisladas ahorita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el artículo 10, para saber si en la redacción que dice “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas, para transportar, enganchar, retener, trasladar, etcétera, a una o varias personas”.

O sea, da lo mismo que se trate a una persona, que se trate a 50. ¿Dónde está la diferencia entonces con delincuencia organizada?

Preguntaría ¿por qué PGR no está teniendo en su conocimiento, por parte de las entidades federativas, muchos de estos casos y esas sentencias, algunos conocidos? Y voy a plantear un ejemplo.

Se habló mucho del tema de Alejandra Gil Cuervo, respecto de cómo estaba organizada y quién le distribuía lamentablemente a las jóvenes que estaban siendo explotadas con prostitución ajena en la Merced, en algunas zonas ahí o Sullivan.

Yo preguntaría, ¿por qué si hay una red delincuencial evidente ahí, que distribuye a las niñas que vienen de Oaxaca, de Tlaxcala, de Puebla, de Chiapas, etcétera, lo tienen en el fuero local y no en el fuero federal?

¿Cuál es la diferencia, quién está entendiendo la diferencia de trata de personas del fuero federal o del fuero local?

Ayer mismo, antier, el jueves pasado se presenta una iniciativa respecto al artículo primero constitucional que se incluye o que pretende incluir en el primero constitucional que se prohíba la esclavitud y la trata de personas.

Yo diría: hay una ley firmada además por compañeros del PAN también y del PRI, no estoy diciendo que al firmó nada más, yo preguntaría y el boletín dice “para que sea federalizado”, a ver, cómo, para que sea federal, el delito puede ser del orden federal y puede ser del orden común, como lo tenemos en la actual ley.

Cuando sea de esclavitud, queda prohibida toda esclavitud, la propuesta es que diga queda prohibida toda esclavitud y la trata de personas, yo diría vamos a meter ahí también desaparición forzada, vamos a meter ahí secuestro, vamos a meter ahí homicidio, vamos a meter, por supuesto que son todos delitos, delitos, delitos, que están tipificados, que están prohibidos, señor Subsecretario.

Perdóneme la pasión quizá con la que yo planteo estas cosas y la verdad sí me preocupa. Me preocupan las cifras que veo, me preocupa la simulación que veo de las entidades federativas, y nosotros por supuesto entendemos que es un tema sumamente delicado. Nos consta y no dudamos ni de la capacidad ni de la intención que tienen de hacer las cosas, pero delitos de esta naturaleza no pueden quedarse en simple intención.

No puede decirse en este país que está funcionando una ley y que vamos a tenerla porque está funcionando, cuando nos damos cuenta que hay una confusión terrible y se están usando otras leyes para perseguir estos delitos, no la que tendría que estar siendo perseguida.

Y les comparto también la jurisprudencia que salió respecto de la Corte Interamericana en materia de convencionalidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece justamente la obligación del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Ejecutivo, de aplicar los principios de convencionalidad.

Nosotros firmamos en el 2000 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y en 2003 también firmamos el Protocolo de Palermo, perdón, entró en vigor el Protocolo de Palermo.

¿Por qué no estamos en ese sentido planteando las cosas?

A usted le toca recibir lo de los estados, lamentablemente, pero no se puede por cuatro estados pensar que esto está funcionando; no, no está funcionando señor Subsecretario, la ley no funciona y tampoco está haciendo análisis.

Yo no quiero repetir las historias de no, que este Senado ha acometido, también asumimos nuestra responsabilidad cuando nos llegan informes y nadie los revisa.

No parece que el informe está bien hecho y nadie hace nada. Mi obligación es revisarlo, es parte de mi obligación, con el equipo por supuesto y el acompañamiento siempre de mujeres que yo admiro, que quiero, como la senadora de la Peña y como la senadora Lucero Saldaña, que hemos hecho un trabajo lo más coordinado posible, sin meter partido político alguno en temas de esta naturaleza, ni en temas de carácter electoral.

Sí nos preocupa que se diga que algo está funcionando y no.

No sé, Angélica.

SUBSECRETARIO ROBERTO CAMPA CIFRIÁN: Primero que nada celebramos este análisis a profundidad del informe, solamente cumple con su función, un informe si sirve para eso, si sirve para evaluar la política pública.

En primer lugar para evaluar el propio informe, que también debo decir de este lado pues tiene atrás un gran trabajo, un esfuerzo para obtener la información de distintas instancias, de distintos órdenes de gobierno.

Le pediré a América que comente brevemente, porque entiendo que tienen sesión, tomándole la palabra a la senadora Lucero Saldaña para que un equipo técnico pueda revisar a profundidad las cifras y para que a partir de ese trabajo podamos también tomar decisiones en torno a cómo solicitar, cómo sistematizar y cómo mostrar las cifras en los siguientes informes para que realmente, insisto, sirvan para la evaluación de la política pública.

Muchos de los temas que se han comentado aquí los revisamos en la sesión que tuvimos anoche para preparar esta reunión. Le pido a América que lo haga de manera breve.

Sólo quisiera hacer un comentario:

Porque esta misma comparación la hacemos nosotros cuando acudimos con las entidades federativas, o con los tribunales superiores de Justicia en CONATRIB, lo hacemos todos los años.

CONATRIB nos invita y revisamos con la totalidad de los presidentes esta estadística.

Debo decir que señalamos puntualmente, pero que señalamos sobre todo a las entidades federativas que tienen cero entonces.

Nos parece que hay estados en donde tenemos un problema que es ostensible de trata y que sin embargo cuando aparece la estadística tenemos cero sentencias.

Y entonces lo que hacemos en estas reuniones es preguntar y plantearles a los responsables de los tribunales superiores de Justicia cuál es la razón por la que en esos casos no hay sentencias.

Y en muchos casos utilizamos ciertamente la experiencia de otras entidades.

Aunque, quisiera decirlo puntualmente, nos parece que esta revisión ciertamente sirve para hacer un esfuerzo y tener una mejor ley. Ese es el argumento central que nosotros compartimos.

Me parece que todo este análisis nos indica que hay razones, razones de peso para revisar y para tener una ley que sea mejor.

Nadie quiere una ley que pueda significar impunidad, nadie quiere esa ley pero ciertamente hoy el marco legal que tenemos tiene estas falencias que están identificadas y que creemos que con buena voluntad de todas las partes se puede llegar a un mejor acuerdo.

Rápidamente precisar: hay cuestiones que se explican a partir de diferentes periodos de tiempo, hay otros que tienen que ver con criterios de clasificación.

Por favor hacerlo muy rápidamente América.

AMÉRICA NAVA TRUJILLO: Gracias.

Sí, efectivamente, a lo mejor podemos ver y sí yo, sí me gustaría hacer a lo mejor ese grupo técnico, creo que nos va a servir muchísimo para a partir de dónde nosotros estamos contabilizando.

Una víctima efectivamente, tú dirás por qué cito a Gobernación:

Recordaremos que en 2015 hubo una fusión y nosotros, el área de esta Subsecretaría tenía un centro de atención en Tapachula.

Entonces ahí se atendía y teníamos personal multidisciplinario que atendía a víctimas, ahí viene por qué en 2015 se atendieron a 7 víctimas de trata. ¿Ok? Y así.

Pero también hay que ver cada momento, yo creo que sí, que es muy importante

Efectivamente se pueden hacer 100 operativos o mil 500, ¿no?, como dijo el Secretario de Salud.

Yo en papel, del Estado de México, tengo 16 nada más, operativos, ya oficialmente.

Entonces va variando mucho la información que se va dando al medio a lo que realmente en documento llega.

Víctimas, la entidad también me puede decir efectivamente, como Coahuila, atendió a 200, o vinieron 280 que tuvieron de trata laboral.

¿Pero qué hizo? A lo mejor dio solamente una atención, una contención y la remitió a otra institución que efectivamente fuera la que atendiera y le diera seguimiento a estas víctimas.

También estoy consciente, el informe, la separata que nosotros damos en materia de sentencias y que ya precisamente traíamos en esta presentación 2016, estamos pidiendo a CONATRIB que no nada más me diga, porque lo único que ya logramos es que me valide sentencias, pero que efectivamente en cada momento va cambiando.

Y entonces ya para el próximo año o a mediados de año pues ya cambió, o ya se apeló y entonces ya no fue una sentencia ejecutoriada o ya hubo una clasificación y no es sentencia firme

Yo ahorita estoy pidiendo que efectivamente en este periodo de 2016 me dé las sentencias que son firmes.

¿Qué pasa también en la persecución del delito?

Efectivamente, hacen un operativo, agarran a 50, cuando vienen y empezamos a declarar, 20 no eran, nada más estaban ahí de paso y a lo mejor agarramos a 5 víctimas y ni las detectaron en ese momento porque le dieron una atención y a lo mejor es posible que es lo que me están reportando. Pero ya después yo soy mayor de edad, lo hice porque quise y nadie me estaba tratando.

Entonces, coincido que en muchas cosas sí se van a ver. Efectivamente, a finales de marzo se hace una reunión de fiscales, que está proponiendo la Procuraduría General de la República, en la que también nos estamos sumando porque también es dar a conocer a los fiscales, así como a los jueces, qué están viendo, con qué están ellos evaluando, con qué armas o con qué leyes están, por ejemplo persiguiendo el delito.

Claro que lo vemos, claro que también lo evaluamos al final, pero también hay una… este me lo mandan oficialmente, no es que yo lo invente. Tal vez no podamos ser coincidentes porque nos falten algunos datos, como tú dices, en sentencias, y los estados, algunos tampoco reportan y cómo obligar también a que me den sus números.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: La ley obliga.

AMÉRICA NAVA TRUJILLO: Sí, la ley obliga y yo te lo puedo asegurar y mandamos exhortos y he pedido también a diputados y senadoras que se manden exhortos, y no logramos obligarlos.

Este grupo de trabajo creo que va a ser esencial para que estemos en la misma sintonía y a tiempo, antes de poder sacar ya tengo la mayoría, por ejemplo, que me han mandado 2016, solamente me faltan algunos estados; y es a lo mejor un momento oportuno para sentarnos y veamos lo que tenemos en 2016, con lo que yo estoy pidiendo de más, que creo que va a ser muy fructífero para realmente lograr un informe.

Lo que sí, estamos seguros y como dijo el Subsecretario, es que la ley efectivamente no basta y que sí, entidades federativas están consignando con lo que tienen y al final, a nosotros nos dan una sentencia en trata que si lo vemos conforme a la ley general, no lo es. Pero así nos lo están reportando.

SUBSECRETARIO ROBERTO CAMPA CIFRIÁN: Sólo concluir reiterando que nos parece de la mayor importancia la conformación de este grupo técnico, que creemos que conviene hacerlo pronto.

Como decía América, estamos muy avanzados en la recepción de la información de 2016, ya tenemos una lámina de los estados en donde tenemos todavía deficiencias. Se las entregamos y creo que si lo hacemos pronto, puede servir para el proceso final de análisis y para las definiciones que tome el Legislativo con respecto a la ley.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Bueno, creo que parte de la reconstrucción que tenemos que hacer en el país a partir de que la Constitución mandata una sola ley en materia penal, eso no limita a que las entidades federativas, los congresos trabajen en su norma legal en materia de prevención y atención.

Sin embargo, la materia penal sí nos obliga a tener una sola información, atender debidamente todo el espectro nacional.

El problema que tenemos y yo creo que lo que queda en la mesa a partir de las distintas intervenciones, incluyendo la última suya, señor Subsecretario; es que efectivamente no tenemos una ley que pueda permitir cumplir con las obligaciones que como Estado adquirimos frente a estas convenciones.

Y sobre todo atendiendo las recomendaciones que desde el examen periódico universal le han hecho a México para reformar, explícitamente, se nos ha recomendado reformar la actual ley y resolver la confusión que hay.

En ese sentido, me parece que vamos a seguir teniendo, aun con la información que se llegue y aun cuando se puntualicen de manera debida las observaciones que con toda precisión hizo ahora la senadora Adriana Dávila, de las inconsistencias o datos imprecisos que no corresponden con otros, etcétera; que se pueden resolver con base en una reunión de trabajo que creo que es importante hacerla, porque finalmente es un documento oficial este informe y ese documento debería no tener esas inconsistencias, yo creo.

En fin, me parece que se puede corregir con base en una reunión más concreta, de tipo técnico. Yo apoyo esa propuesta.

Ahora, lo que está detrás de toda esta situación, también tiene que ver con la confusión que tiene la propia ley.

Yo creo que necesitamos una opinión por parte de la Comisión Intersecretarial de manera formal e institucional, porque hasta ahora no ha estado presente en la discusión de la importancia de las reformas a la ley, de manera formal.

Y por supuesto no dejar solas a las senadoras en un debate con las diputadas que dicen que la ley no tiene que reformarse, que está muy bien y han dedicado sus baterías particularmente con el artículo 10 de las reformas, que curiosamente son las que armonizan al Protocolo de Palermo.

Yo no creo que esta reunión pueda ser productiva si no obtenemos por parte de quien encabeza esta Comisión Intersecretarial, que es la Secretaría de Gobernación, que en este caso viene representada por usted, señor Subsecretario, una posición clara y precisa para desatorar este tremendo enredo que hay.

Por cierto y lo tengo que decir, por desgracia solamente provocado por una de las partes, no por nosotras que hemos estado atentas, todos los grupos parlamentarios apoyándonos, todo lo hemos resuelto por unanimidad ciertamente más allá de los partidos políticos. Atendimos la revisión que nos hizo la Cámara de Diputados; puntualizamos qué aceptábamos, qué no, y hemos estado cediendo en muchas cosas.

¿Qué tenemos que hacer? Trabajemos, yo invito a que trabajemos en la última cuestión que pueda surgir como una propuesta concreta que permita ya desatorar y cumplir con nuestra responsabilidad, no con las recomendaciones, no con el EPU, ni siquiera con los tratados, sino con las víctimas de trata de este país que están en una situación terrible por la falta de una legislación en materia de trata de personas y los tratantes enriqueciéndose, teniendo en un 40 por ciento acuerdos con delincuencia transnacional, y todo lo que ya sabemos y vivimos y simulación que se tiene en varias entidades federativas y omisión en el resto del país.

Esa sería mi propuesta concreta que yo veo que políticamente tenemos que darle un cauce a esta reunión, más allá de las cifras que se tienen que puntualizar, técnicas, de parte de los equipos hay que tener un compromiso político por parte de esta Comisión para resolver el problema, el problema con mayúsculas.

Puede haber muchos problemas de redacción, de falta de puntualización, no; el problema es que requerimos una ley y yo invito a la Comisión a que trabajemos con eso, y que nos digan, yo en mi caso no creo que ninguna tengamos problema para decir: “A ver, ¿saben qué, senadoras? Lo que ustedes hicieron no resuelve el problema y la salida es esta”. Bueno, construyámosla pero hay que apurarnos porque se nos va el tiempo.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Gracias, senadora de la Peña.

Yo agradecerles, señor Subsecretario, porque sé lo difícil que son los temas en materia de derechos humanos; creo que lo sabemos porque lo hemos vivido, y no dudamos por supuesto a la disposición.

Sí dejo por supuesto, retomo lo que la senadora de la Peña dice, necesitamos empezar ya un trabajo mucho más coordinado que además, debo decir, nosotros desde hace cuatro años así lo hicimos, así lo solicitamos a la Secretaría de Gobernación.

Hemos insistido, los hemos invitado, hemos estado trabajando. O sea, no hemos actuado en nuestro ámbito solas; a PGR, hemos involucrado a todo un número de actores para este tema, porque los legisladores tienen que hacer las leyes, los ejecutores tienen que ejecutarlas, evidentemente procuración y administración de justicia.

Y terminaría planteando, mi preocupación sí tiene que ver con lo que dijo la senadora de la Peña, éste es un informe oficial. Y dentro de las obligaciones de la intersecretarial está la evaluación.

Quisiéramos tener una evaluación de ustedes sobre estos datos. 

Tiene usted razón, licenciada, cuando plantea que a usted le llegó la información y tiene razón que usted era (inaudible), pero también dentro de las obligaciones, señor Subsecretario, la comisión tiene como obligación hacer la evaluación.

Queremos una evaluación sobre estos datos. Nos interesa tener una evaluación de ustedes sobre estos datos, más allá de las cifras. Y por supuesto que se revisen los datos que yo le he venido planteando sobre otros ordenamientos que se están usando que no tienen nada que ver con asuntos penales sino de carácter administrativo.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: (Inaudible, sin micrófono)…una reunión técnica.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Sí, por supuesto, pero de este informe sí quisiera yo tener también la opinión de la evaluación como obligación de ellos, más la técnica que tengamos para concentrar la información.

Porque lo que tenemos hoy sólo son una recopilación de datos, senadora de la Peña. La obligación de la Intersecretarial es evaluar si esto está funcionando o no, que es literalmente lo que nosotros estamos intentando hacer, para que cuando tengamos esa reunión podamos cruzar estas informaciones que tendrían que ver.

Porque queremos los informes 2013, 2014 y los cruzamos, 2013, 2014, 2015, separata, Plan Nacional de Desarrollo, Ley General en Materia de Trata, o sea, nosotros hicimos todo un cruce para poder darle datos que tampoco presentamos aquí, pero que con gusto yo le hago llegar. Por supuesto, primero que sean del conocimiento de las senadoras, del trabajo que técnicamente su servidora, junto con el equipo, hemos venido realizando desde mucho tiempo para revisar este ordenamiento, para armar, por supuesto, el equipo técnico en el que estamos dispuestas a armarlo y como dice la senadora de la Peña, si empezamos de cero, pues empecemos de cero.

Pero lo que no puede permitirse es que sigamos en esta circunstancia, porque lo que evidencia ese informe es la recopilación única, más que el análisis de datos, es que la trata de personas en México, su combate, es una simulación.

Eso es lo verdaderamente grave y que no hay víctimas atendidas.

Señor Subsecretario, estamos en comunicación para la fecha que usted así lo considere, con la Secretaría Técnica, con quien usted nos indique, y por supuesto con la aprobación de las senadoras también integrantes de esta comisión.

SUBSECRETARIO ROBERTO CAMPA CIFRIÁN: De parte nuestra también plena disposición.

Estoy seguro de que el Ejecutivo, a través de las distintas dependencias que tienen que ver con este tema, aquí presentes hoy, PGR, la Secretaría de Gobernación, tienen disposición plena para trabajar juntos, para que en el ámbito de las competencias que cada uno tiene, podamos cumplir con nuestra responsabilidad.

Podemos plantearle a la comisión en la siguiente reunión, esta solicitud formal que se ha hecho aquí y estoy seguro, insisto, de que a partir de la conformación de la comisión, podremos tener información, valoraciones, juicios que resulten importantes para avanzar en este sentido.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: ¿Cuándo se llevaría a cabo la siguiente reunión de la Comisión Intersecretarial?

INTERVENCIÓN: (Inaudible, sin micrófono)

SUBSECRETARIO ROBERTO CAMPA CIFRIÁN: Pero desde la primera reunión que tengamos en marzo, vamos a plantear el tema.

Como dije en mi primera intervención, me parece que en esta materia nadie puede decir que está satisfecho, que ha cumplido con la responsabilidad que le corresponde y creemos que hay, que conviene que hagamos este esfuerzo juntos para mejorar las cosas y estamos en plena disposición.

Todas las cifras que contiene el informe tienen un respaldo, hemos hecho un esfuerzo por tratar de cruzar también la información entre entidades federativas, la propia CONATRIB para presentar la información en los términos más precisos y más veraces que sea posible, y creemos que el grupo técnico habrá también de ayudarnos a mejorar estos esquemas para intercambiar información y reitero la disposición plena para trabajar de esta manera.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Muchas gracias señor subsecretario, le damos las gracias.

Culmino con dos temas nada más, muy rápido, senadora de la Peña, nada más.

Valdría la pena que se revisara el Informe de la Auditoría Superior de la Federación y los datos que tiene, que evidencian que la política de prevención y que las que tengo evidentemente no cumplió con este tema de la política, no quiero mencionarlo, es un tema que yo estoy en este proceso, apenas en proceso de revisión que tendría que cotejar también con los datos pero valdría que se apruebe.

Segundo. Perdóneme que sea reiterativa: entiendo que todos los datos que ustedes tienen son respaldados por lo que les mandan.

Lo único que estoy pidiendo yo es que cumplamos con la obligación que la misma ley que se está diciendo que es buena dice, y dice la ley que tiene que evaluarse y lo único que yo quiero es que se evalúa.

O sea, no puede una instancia, como la Comisión Intersecretarial, ser una concentradora de información porque entonces concentramos toda la información.

Pero concentrar la información no significa que se esté evaluando si sirve esto o no. Es como si le preguntáramos a alguien, quien sea: ¿eres delincuente, cometiste un delito? Pues la primera declaración del delincuente va a decir “pues no”, ¿verdad?

Todos los estados y las dependencias van a decir sí, sí estamos haciendo lo mejor y van a presentar sus mejores cifras.

La obligación de la Intersecretarial, las obligaciones por la ley, es la evaluación, cosa que no se está haciendo.

Yo suplico que esa evaluación sí pueda ser planteada y no esperemos hasta marzo sino que se pueda hacer previa a esas reuniones de marzo y podamos seguir trabajando con la evaluación de los datos que a ustedes les llegan y el análisis por supuesto.

SUBSECRETARIO ROBERTO CAMPA CIFRIÁN: No quisiera dejar sin atender el comentario de la Auditoría Superior de la Federación porque naturalmente no solamente hemos recibido sino estamos atendiendo las observaciones de la Auditoría al desempeño.

Y me parece importante decir que no tenemos en esas observaciones cuestionamiento a las cifras. Tenemos una serie de sugerencias de mejora.

Lo plantearemos en la Mesa, con ustedes, y seguramente las observaciones de la Auditoría nos van a servir también para mejorar nuestros procesos.

Muchísimas gracias.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Sin duda.

Muchas gracias.

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