Discurso del Senador José Guadarrama Márquez, durante la inauguración de los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EUROLAT)
José Guadarrama Márquez (JGM). (…) Señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
Honorable cuerpo diplomático de los 33 países de América Latina y el Caribe acreditados en nuestro país, honorable cuerpo diplomático de los 27 países de la Unión Europea acreditado en nuestro país, muchísimas gracias y sean ustedes bienvenidos.
Marie-Anne Coninsx, muy distinguida embajadora de la Unión Europea en México, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Estimadas amigas, estimados amigos parlamentarios, señor diputado Elías Castillo, presidente del Parlatino, muchas gracias por estar con nosotros.
Estimadas amigas, estimados amigos parlamentarios del componente europeo y de componente latinoamericano y del caribe.
Es un placer para mí, darles a todos y cada uno de ustedes la más cálida y cordial de las bienvenidas.
Bienvenidos a México y bienvenidos a este recinto parlamentario, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
Agradezco profundamente, en mi calidad de Co-Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos, el acuerdo del pleno y de la Mesa Directiva de EUROLAT que ha hecho posible que México sea sede de este importante encuentro parlamentario intercontinental, propuesto en Cuenca, Ecuador, y ratificado en Montevideo y en Bruselas.
Desde hace ya algunos años, EUROLAT se ha consolidado como el mecanismo de diálogo político más importante entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. La Asociación Estratégica bi-regional establecida en junio de 1999 por nuestros jefes de Estado y de gobierno, ha encontrado en esta Asamblea Parlamentaria un poderoso motor que día a día impulsa el entendimiento y el acercamiento de nuestros países y de nuestras sociedades.
Con base en un trabajo permanente y sistemático, EUROLAT se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces para promover la definición de posiciones comunes en temas altamente controvertidos y para hacer escuchar la voz de quienes, en ejercicio de la representación popular, formamos parte de diversos órganos legislativos, tanto nacionales como regionales.
De esta forma, hemos logrado converger, de manera exitosa, el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Sudamericano, y las Comisiones Parlamentarias Mixtas de México y Chile con la Unión Europea.
Por ello, sin temor a equivocarme, sostengo orgullosamente que este mecanismo parlamentario bi-regional está llamado a jugar un papel cada vez más importante y determinante en la solución de numerosos retos y problemáticas comunes.
Es el caso del tema de la lucha contra el narcotráfico y el combate a la delincuencia organizada, que da sustento al seminario de Alto Nivel que sostendremos hoy y mañana, y que representa una de las mayores preocupaciones y uno de los retos más apremiantes de nuestro tiempo.
La Unión Europea y América Latina y el Caribe son dos de las regiones que padecen de manera más dramática los efectos de los fenómenos criminales asociados a la producción, tráfico y consumo de drogas.
El problema de las drogas ilícitas afecta por igual a países productores, consumidores y de tránsito, sin importar su nivel de desarrollo o ubicación geográfica.
Los informes más recientes de le diversos organismos internacionales especializados, nos indican que pese a muchos de los esfuerzos y de las medidas adoptadas, la lucha internacional contra estos flagelos aún dista mucho de alcanzar éxitos contundentes.
Por el contrario, nos enfrentamos a un reto de largo plazo que demanda una respuesta colectiva más eficiente basada en un enfoque verdaderamente integral y multidisciplinario.
La denominada guerra contra las drogas, sustentada esencialmente en un enfoque represor y punitivo de los consumidores, y en esto el consenso es cada vez mayor, ha demostrado su absoluto fracaso.
El poder de las organizaciones delictivas y su capacidad para corromper a las instituciones del Estado, aunado a nuestra incapacidad para instrumentar de manera efectiva políticas efectivas instrumentadas de manera a la atención de los sectores más vulnerables, ha colocado a la mayoría de nuestros países bajo una seria amenaza que compromete la estabilidad, la gobernabilidad y el futuro de nuestras democracias.
La compleja dinámica bi-direccional del negocio de las drogas, responde esencialmente a la solidez de la demanda existente en los dos mercados más importantes, Estados Unidos y la Unión Europea; así como a la estabilidad de la oferta proveniente de México, Colombia, la región andina, América Central y algunos países del Cono Sur.
El binomio anterior, fortaleza de la demanda existente y solidez de la oferta, demuestra claramente que las políticas y el enfoque adoptado hasta el día de hoy, no sólo no han logrado reducir los volúmenes de droga en el mercado, sino que tampoco han sido capaces de abatir la necesidad de consumo de muchas de nuestras sociedades.
Adicionalmente, es menester reconocer que los efectos secundarios de la “guerra contra las drogas”, en su vertiente más amplia, han derivado en un incremento exponencial de los niveles de violencia, en un fortalecimiento sin precedentes de los grupos del crimen organizado y en una severa y profunda crisis institucional de nuestros sistemas de salud, seguridad y justicia.
El encarcelamiento masivo de adictos y consumidores, contrasta categóricamente con el número de traficantes y delincuentes asociados al modus operandi de los grupos que actúan al margen de la ley.
Por su parte, las víctimas civiles se incrementan dramáticamente y los derechos humanos de amplios grupos sociales, son cada vez más debilitados y restringidos en nombre de una guerra, que poco a poco ha ido perdiendo el apoyo y la legitimidad social.
De esta manera, como bien lo señalan el Observatorio Europeo, distintos organismos del sistema interamericano y la propia Organización de las Naciones Unidas, el narcotráfico y la delincuencia organizada se han convertido en una de las amenazas más serias a la salud pública, a la seguridad y a la cohesión social de nuestras sociedades.
De ahí la importancia y la trascendencia de convocar a un seminario de alto nivel en el marco de los trabajos de esta Asamblea y de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos, con el claro objetivo de revisar el diagnóstico y deliberar sobre las alternativas de cooperación y solución que sólo pueden tener éxito si son fruto de un esfuerzo multidimensional y de una estrategia colectiva.
Nuestros países y, particularmente nuestros parlamentos, están obligados a trabajar conjuntamente en el diseño de un nuevo esquema de colaboración sustentado en el reconocimiento ineludible de la existencia de una responsabilidad compartida. Y para ello, urgentemente debemos resolver un par de cuestiones fundamentales:
¿Hacia donde debemos seguir destinando la mayor parte de nuestros recursos? ¿Hacia la compra de armamento y la persecución y encarcelamiento de quienes ya han tenido la desgracia de convertirse en víctimas de una adicción? ¿o hacia la atención del fenómeno como un asunto de salud pública que demanda poner el énfasis en la prevención y el tratamiento?
¿Estamos dispuestos a aceptar, con todo lo que ello implica, que la despenalización de ciertas drogas y el establecimiento de un régimen más flexible puede ser la única alternativa, y también la más inteligente, para debilitar a los cárteles de la droga y, con ello, comenzar a atender desde una mejor posición y con mayores recursos todas aquellas aristas del fenómeno que el enfoque prohibicionista nos ha impedido resolver?
Es tiempo de definiciones políticas y también de asumir la responsabilidad derivada de las mismas.
La respuesta a estas interrogantes, pasa por evitar creer que las únicas alternativas posibles son o el enfoque prohibicionista o la estrategia de control de daños. El verdadero desafío, y me permito retomar el espíritu del proyecto de resolución que hemos venido trabajando al interior de la Comisión de Asuntos Políticos, mismo que derivará en un pronunciamiento contundente de esta Asamblea y que será remitido a los jefes de Estado y de gobierno que se reunirán el próximo año en Santiago de Chile, es el de encontrar un equilibro entre la protección de la salud pública y las consecuencias más negativas que generan los controles represivos.
En suma, una respuesta global a una problemática global. Y eso sólo será posible, sí y sólo si demostramos tener la capacidad, la imaginación y la voluntad necesaria para articular nuestros esfuerzos y ajustar drásticamente nuestras políticas. Ese es el gran desafío de este encuentro parlamentario.
Abrir un espacio de discusión y propiciar una gran reflexión colectiva. Debemos hacer un llamado categórico que impulse un cambio de rumbo, un cambio de paradigma. Ha llegado el momento de replantear la estrategia y de revalorar a la política como un instrumento de transformación.
La peor de las políticas no es aquella que no funciona, sino aquella en la que se insiste a pesar de haber demostrado su inutilidad.
Por ello, la única cosa que no podemos hacer, como señala de manera lapidaria la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, es justamente continuar pretendiendo que lo que estamos haciendo está funcionando.
En este contexto, estoy firmemente convencido de que durante nuestros trabajos en la Ciudad de México, EUROLAT sabrá asumir su liderazgo y afinará una posición política clara y contundente que ayude a combatir la disimulación del fracaso.
Ese debe ser el aliento que nos guie y la meta indeclinable que nos unifique.
Parlamentarios de Europa y América Latina y el Caribe, nuevamente bienvenidos y muchísimas gracias.