SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL MARTES 14 DE JUNIO DE 2016.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: (12:35 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores Senadores.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con gusto, Presidente.
Le informo que se encuentran presentes 103 Senadoras y Senadores.
Por tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se abre la sesión extraordinaria del martes 14 de junio de 2016.
El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.
Ruego a la Asamblea ponerse de pie para el acto de declaratoria de instalación de esta Cámara.
(Todos de pie)
“Hoy, 14 de junio de 2016, la Honorable Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se declara instalada para el periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, a que fue convocada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión”
Ruego a todos tomar asiento.
(Aplausos)
La Secretaría comunicará por escrito al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados y a las legislaturas de las entidades federativas, de la instalación de esta Cámara.
Pasamos al siguiente asunto.
Daremos primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI artículo 73 constitucional, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito.
Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta parlamentaria del día de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera lectura.
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga de inmediato a discusión.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Presidente, consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Antes de entrar a la discusión del asunto, les informo que el proyecto fue aprobado por esta Asamblea como Cámara de origen el 9 de diciembre de 2014, en forma unánime con 98 votos; en la Colegisladora recibió un apoyo de 403 votos en pro.
Se trata, en consecuencia, de un proyecto legislativo que ha concitado un importante apoyo mayoritario en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Para precisión a la Asamblea de lo que podemos realizar conforme a lo dispuesto por el artículo 72 constitucional, es de recordarse que estamos obligados solamente a discutir y votar las porciones normativas sobre las cuales las Cámaras del Congreso no han dado su aprobación conjunta.
En el monitor de sus escaños se encuentran publicados cinco listados de artículos.
Uno, el conjunto de artículo aprobados por ambas Cámaras y que, por tanto, formarían parte del proyecto y no están a discusión ni pueden ser modificados.
El segundo grupo de artículos, los que están sujetos a discusión, porque fueron devueltos con modificaciones por la Colegisladora.
El tercero, con los artículos en los que el Senado propone nuevas modificaciones y están a discusión.
El cuarto, con los artículos en los que el Senado insiste en confirmar la versión contenida en el proyecto original.
Y el quinto, que es sólo informativo, de los artículos que en el proyecto original del Senado se propusieron para reformar y no aparecen ya en el dictamen que hoy vamos a discutir.
En consecuencia, como lo establece la fracción e) del artículo 72 constitucional, la discusión de este día, sólo podrá referirse a los artículos con modificaciones, o en los que el Senado sostiene su versión original y que están comprendidos en los listados dos, tres y cuatro.
Y en caso de que exista una propuesta de reincorporación, aquellos que están señalados en el listado número cinco.
Con la aclaración anterior, daremos inicio a la discusión del dictamen en lo concerniente únicamente a los artículos que no han obtenido la aprobación de ambas Cámaras en los términos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Ruego a las y los señores Senadores que en el caso de que decidan presentar propuestas de modificación, las elaboren de forma clara y completa, con la indicación de la norma a la que se refieren y la precisión de si es adición de un nuevo artículo o reforma de alguno de los que están contenidos en el dictamen, y que están sujetos a discusión.
Para presentar el dictamen a nombre de las comisiones dictaminadoras en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia.
Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett, por favor.
El Senador Manuel Bartlett Díaz (Desde su escaño): Preguntarle, si es cierto que están tomando la decisión en la Mesa, ¿de qué no haya posicionamiento de las fracciones?
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No, señor Senador. Vamos a desahogar la discusión en los términos de nuestro Reglamento y, por supuesto, habrá ocasión para que los grupos parlamentarios fijen su posición.
Estamos en la parte de fundamentación del dictamen a cargo de las comisiones dictaminadoras.
El Senador Manuel Bartlett Díaz (Desde su escaño): Muchas gracias, Presidente, estoy de acuerdo.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Supongo que lo registro para intervenir en los posicionamientos de los grupos parlamentarios, Senador?
El Senador Manuel Bartlett Díaz (Desde su escaño): Va a entrar uno de los Senadores.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se toma nota.
Proceda, señor Presidente Yunes.
El Senador Fernando Yunes Márquez: Gracias Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores: El dictamen que el día de hoy pongo a consideración de este Pleno es prueba del compromiso de esta Cámara con el fortalecimiento del estado de derecho, la implementación de justicia, el respeto a los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos.
La reforma constitucional de 2008 transformó nuestro sistema de justicia penal de mixto inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral.
Esta misma reforma estableció como fecha límite para su implementación en todo el país el próximo 18 de junio del año 2016.
Asimismo, con la reforma constitucional de 2013 se facultó al Congreso de la Unión para expedir un ordenamiento único para todo el país, que regulara el procedimiento penal de mecanismos alternativos de solución de controversias y ejecución de penas.
Como consecuencia de dichas reformas el Congreso expidió en 2014 el Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento que desarrollo los principios y lineamientos de la forma constitucional y unifica criterios en materia procesal para todo el país, además de servir como ley base para la aplicación a nivel nacional del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral.
Como resultado de la implementación gradual del nuevo sistema de justicia penal y de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales se han identificado deficiencias que requieren ser solventadas para garantizar la adecuada aplicación de nuevo Sistema de Justicia Penal.
Del mismo modo resulta necesario hacer algunas adecuaciones a nuestro marco jurídico penal para posibilitar la aplicación del sistema acusatorio en todo el país.
Derivado de lo anterior la entonces Senadora Arely Gómez González y el Senador Roberto Gil Zuarth presentaron el 21 de noviembre de 2014 iniciativa con proyecto de decreto que planteaba una serie de reformas legales cuya finalidad es mejorar, facilitar y robustecer el sistema procesal acusatorio para garantizar su adecuada instrumentación y operación
Esta serie de reformas mejor conocidas como “Miscelánea Penal” contemplan modificaciones a diez ordenamientos legales, entre ellos el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, entre otros más.
En principal propósito de la “Miscelánea Penal” es fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración de justicia en nuestro país, facilitar su operación y hacerlas más eficaces a través de la creación de un marco jurídico sólido, moderno y novedoso.
En las distintas reformas destacamos principalmente cuatro ejes fundamentales: Certeza jurídica en todo momento, uno de los grandes avances en el tema de certeza jurídica es que la lectura y explicación de la sentencia se realizará cinco días después de la misma, con independencia de que sea una sentencia condenatoria o absolutoria.
Defensoría pública adecuada, es decir, la institución de la defensoría realizará el nombramiento del abogado defensor que esté debidamente capacitado para la función que va a desempeñar.
De este modo, las víctimas tendrán un defensor altamente capacitado, resoluciones eficaces, lo cual implica que las resoluciones previas emitidas por el juez serán resueltas en un plazo máximo de 24 horas bien en audiencia o bien a través del sistema informático e igualdad para las partes, es decir, cumpliendo con los principios que rigen el derecho procesal se respetarán los derechos de manera equitativa para toda las partes.
Las reformas que hoy se presentan están basadas en la experiencia de los procesos de implementación del nuevo sistema de justicia penal que se realizaron en las entidades federativas, específicamente en aquellas en donde el avance en implementación fue mayor y atendiendo aquellas áreas de oportunidad que se identificaron.
Lo anterior con la finalidad de dotar de mayor certeza jurídica a las partes intervinientes en el procedimiento penal para realizar los ajustes necesarios y así contar con un sistema de justicia que verdaderamente esclarezca los hechos, otorgue la mayor protección al inocente, repare el daño a las víctimas, y algo muy importante, que el culpable no quede impune.
Las y los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, realizamos un ejercicio plural y objetivo escuchando y atendiendo las observaciones y propuestas que se nos hicieron llegar por parte de las instituciones gubernamentales y privadas, así como de los distintos grupos parlamentarios, enriqueciendo la elaboración de la minuta enviada por la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril del año en curso.
Así pues, con la aprobación del dictamen que hoy presentamos ante este Pleno estamos ante una oportunidad para lograr una gran transformación que permita complementar el cuerpo normativo que respaldará al nuevo Sistema de Justicia Penal que entrará en vigor el próximo 18 de junio en todo el país. Los mexicanos merecemos un acceso a la justicia transparente, moderna y expedita.
Compañeras y compañeros Senadores: Los invito a votar a favor de este dictamen que hace del Senado un pilar primordial en la colaboración con los distintos niveles de gobierno para velar porque México sea un país más justo.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, para fundamentar el dictamen que está a discusión.
La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias señor Presidente.
Muy buenas tardes compañeras y compañeros Senadores.
Vengo a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos a presentar ante ustedes el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con el que estamos reformando, adicionando y derogando diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a personas que intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que es Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la Ley Federal de Defensoría Pública del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, lo que se ha dado en llamar y que todos conocemos como Miscelánea Penal.
Como todos ustedes saben, en junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma que reformó, valga la redundancia, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución, buscando transitar, cambiar un paradigma que había regido el Sistema Penal durante muchos años, modificar y transitar hacia un sistema de justicia de corte acusatorio adversarial.
Se estableció en esa reforma un plazo de ocho años para que todas las instituciones involucradas llevaran a cabo las adecuaciones necesarias dentro del ámbito de sus respectivas competencias.
La reforma constitucional en materia penal representó, sin duda alguna para el país, un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia y estableció las reglas para la entrada en vigor en nuestro país del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.
Conforme al espíritu del Constituyente Permanente, fue expedido entonces el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 5 de marzo de 2014 y en el artículo segundo de este régimen transitorio de esta legislación se ratificó, en congruencia con la reforma constitucional, que la entrada en vigor de este Código a nivel federal no podría exceder del 18 de junio de 2016.
De tal forma que con este período extraordinario estamos dando cumplimiento a ese ordenamiento para que estemos armonizando las leyes antes de que se venza el plazo.
Se estableció también la previsión en este artículo Octavo Transitorio, que lleváramos a cabo las reformas a sus leyes y la demás normatividad complementaria que resulten necesarias para la implementación de dicho ordenamiento.
En tal virtud, y no obstante que el Código Nacional de Procedimientos Penales es un ordenamiento de reciente expedición, la entrada en vigor del mismo, en algunas entidades de la República ha permitido identificar que se requieren algunos ajustes para una adecuada oportuna y necesaria aplicación.
Por esto, ante la próxima entrada en vigor en diversos estados de la República y en la Federación, es de especial importancia reformar el ordenamiento de mérito a fin de lograr que su operación sea la mejor.
En este contexto, el 21 de noviembre de 2014 se presentó en la Cámara de Senadores la iniciativa de reforma a 10 ordenamientos legales llamada Miscelánea Penal, misma que fue aprobada el 9 de diciembre de ese mismo año en esta Cámara y que finalmente el 28 de abril de 2016, la Colegisladora, la Cámara de Diputados, devolvió con modificaciones.
En este sentido, el dictamen que estamos sometiendo a su consideración plantea reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y nueve ordenamientos legales más que ya los enumeré, necesarias para la implementación y operación adecuada del nuevo Sistema Penal en todo el país.
Algunos temas, solamente para subrayar los que toca a este paquete de reformas, son el uso de medios electrónicos durante el proceso penal, la duración de la medida cautelar de prisión preventiva que se armoniza con los términos establecidos por la Constitución en su artículo 20, Apartado B, fracción IX.
Se modifican las reglas para la operación de los criterios de oportunidad, a fin de que se genere mayor eficacia en la persecución de delitos graves.
Se precisa que únicamente las partes podrán tener acceso a los registros de la investigación, atendiendo a las limitaciones establecidas en este mismo ordenamiento y en las demás disposiciones aplicables.
El Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre y cuando se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.
En el tema de la medida excepcional de localización geográfica se prevé la ratificación inmediata por parte del Juez de Control en tiempo real, previo informe del Ministerio Público.
Se establece también el alcance de las intervenciones de comunicaciones privadas, y se precisa que esta clase de intervención abarca todo sistema de comunicación o programa producto de la evolución tecnológica, así como por regla general para esta clase de intervención deberá tenerse autorización judicial.
No van a proceder los acuerdos reparatorios en los casos en los que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por los mismos hechos que correspondan a los mismos delitos. Tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas.
Estas reformas al Código Penal Federal tienen por objeto otorgar efectividad a distintas figuras jurídicas ya previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que si se prescinden dichas reformas, quedarían impunes diversas conductas delictivas, por ejemplo, aquéllas en las que se vean involucradas las personas jurídicas, y además se encontrarían vigentes diversas incompatibilidades en la norma sustantiva y adjetiva, generando con ello un conflicto en su interpretación y aplicación.
De ese tamaño es la importancia de la reforma que hoy estamos planteando en este proyecto de dictamen que presentamos ante ustedes.
En la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación se plantean diversos puntos, entre otros la facultad de las autoridades fiscales para obtener datos que sirvan para la investigación de delitos fiscales, y éste se traslada al capítulo de delitos del Código Tributario para clarificar la naturaleza que tiene dicha facultad y evitar confusiones, teniendo dicha facultad mezclada con las de naturaleza administrativa.
Se incluye la figura de la asesoría jurídica y la víctima u ofendido, para establecer que la Secretaría de Hacienda es sin lugar a dudas el garante del sistema tributario en los procesos penales derivados de delitos fiscales.
Se incluyen las figuras de providencias precautorias y medidas cautelares establecidas para el Sistema Penal Acusatorio, y a la vez se especifica que los montos se deberán fijar exclusivamente respecto de las contribuciones adeudadas del delito fiscal de que se trate en el procedimiento.
Con esto armonizamos el Código Tributario con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Señoras y señores Senadores: Estas modificaciones legales, en suma, armonizan el nuevo Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio y oral; contribuyen a mejorar la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales; procuran la uniformidad en la terminología jurídica de acuerdo al nuevo modelo de justicia oral, y esto evita interpretaciones equivocadas de la ley, y en consecuencia contribuye a mejorar su aplicación.
México tiene urgencia de que su sistema penal esté funcionando con eficiencia. Consecuentemente, tales reformas contribuyen en la implementación, en el establecimiento del nuevo modelo de justicia acusatorio, al adecuar al nivel federal distintas leyes, de manera que se incorporan -lo que siempre es un propósito y un objetivo loable a seguir- mejores herramientas para la nueva operación del Sistema de Justicia Penal, al tiempo que se brindan, como es nuestra obligación, garantías de seguridad jurídica en su aplicación.
Por su atención y por el apoyo y el respaldo a este dictamen que presentamos las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, les agradezco mucho.
Gracias, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Pasamos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios y se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos.
La Senadora Layda Sansores San Román: La Cámara de Diputados envió a este Senado un dictamen sobre esta Miscelánea Penal, y entre las leyes que contiene, está la Ley Nacional de Procedimientos Penales que para nosotros era sencillamente inaceptable.
Ya me preguntaba cómo había permitido el licenciado Camacho, siendo uno de los grandes impulsores del sistema de justicia oral, la aprobación de este mamotreto que no era más que una contrarreforma; pero reconozco su voluntad de rectificar y a tiempo.
Y, por otra parte, hay que reconocer que aquí las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, de Gobernación, de Estudios Legislativos, del Senador Gil, abrieron nuevamente las puertas a las organizaciones civiles expertas en el tema.
Esta forma de proceder es acertada, debería de ser la habitual; sin embargo, nos hemos acostumbrado a que el Ejecutivo sea el gran legislador y nosotros figuras de utilería.
Por eso me, parece que es importante y significativa porque nació del consenso y de la valiosísima aportación de la sociedad civil. Habla de que cuando queremos, el Congreso también sabe hacer bien su tarea, con la Ley Nacional de Procedimientos Penales, además de innovadora, estamos de acuerdo.
Pero la Miscelánea Penal abarca 9 leyes más y algunas incluyen aspectos muy delicados. Se nos dijo que el propósito era el de armonizar las leyes ya existentes, pero como acostumbra el gobierno, que no es transparente, cuando te pones a escudriñar encuentras los cachirules.
En el Código Fiscal, por ejemplo, de la Federación, incrementaron las competencias de la Procuraduría Fiscal de la Federación, se le da un gran poder al Procurador Fiscal quien podrá elegir a discreción a sus víctimas, a quién investigar, tendrá la facultad de romper el secreto bancario.
Y lo que está en el fondo de la olla, pues es facilitar la persecución política de los adversarios del gobierno, como ocurrió cuando Fox contra el hijo de don Julio Scherer, valiente y reconocido periodista.
También pueda pedir los gastos de nuestras cuentas bancarias, tarjetas, sin haberse iniciado una investigación y sin pasar por el control de un juez. Creo que la maña, la mala fe, es costumbre en los palacios legislativos.
Y por ejemplo, también en la Ley Federal de Delincuencia Organizada, con el pretexto nuevamente de la armonización, aprovecharon para incluir temas de operaciones encubiertas, de intervención de comunicaciones, arraigo, otros abusos y aberraciones.
¿Cuándo han oído hablar de Miscelánea Penal? Esta es otra lamentable ocurrencia del señor Peña Nieto, una más de sus argucias. Combina modificaciones necesarias con arbitrariedades, forma con 10 leyes, que tienen diferentes objetivos, un paquete, pero para que te confundas.
Los candorosos legisladores, al fin y al cabo, deseosos de servirle, pues se fijan en la envoltura y no reparan que entre las piezas hay escondidas filosas navajas, así como votar a favor.
Y aquí, relacionado con la Miscelánea Penal, hay un hecho de estos días. López Obrador hace un señalamiento y dice: “¿Cómo levantan a los maestros y los trasladan a una prisión del norte? Eso es neofascismo.
Y contradice la Miscelánea Penal en su artículo 22, que hoy vamos a aprobar: “que prevé que las personas detenidas por delitos federales puedan situarse en sus lugares de origen o donde está su familia”.
Haber apresado a los líderes magisteriales de la CNTE, además de una injusticia es una estupidez del gobierno de Peña Nieto. Es un signo de debilidad el haberlos enviado hasta Sonora, al otro extremo de donde viven, más lejos que “El Chapo”, no habla más que el gobierno está muerto de miedo y contradice esta Miscelánea Penal.
El gobierno no se cansa de distorsionar la lucha de los maestros, de inventarles delitos, de organizar campañas de odio en su contra. Hoy están presos sus líderes por el pretexto grotesco que lavado de dinero de 22 millones de pesos, pues Peña es cínico, porque entonces él ya debería estar en un reclusorio de alta seguridad condenado a cadena perpetua, porque cómo explica la compra de su Casa Blanca y el depósito en Panamá de 100 millones de dólares en efectivo, de sus compras más todo lo que no pudo ya depositar. A eso se le llama conflicto de interés, lavado de dinero, eso significa ser corrupto, ser ratero.
La reforma educativa, que no se llame engaño, sólo existe en los sueños guajiros de Peña, es inviable porque es una estafa.
Quien la propuso está muy distante del corazón de los maestros. No conoce la realidad de México.
La reforma no considera el desarrollo de las comunidades. Está encaminada a la privatización y a reprimir y a encarcelar a los maestros violando la ley, siempre que se le pongan en el camino.
La lucha de los maestros es por una democracia sindical, por una auténtica reforma educativa, por la educación pública gratuita.
La única salida que tiene Peña Nieto, si quiere evitar la escalada de este problema. Es que haga uso de sus facultades y proponga de inmediato una iniciativa para dejar en suspenso la implementación de la disque reforma educativa y se siente a dialogar con los maestros y con los expertos.
Cuenta nueva y borrón.
Hay que hacer primero un diagnóstico, el que necesita el país para una reforma a fondo.
Con los maestros todo, sin nos los maestros nada.
Las grandes reformas se hacen desde abajo, se dialoga desde el principio y para eso se necesita humildad, valentía y dejar de ser un pelele de los poderes fácticos.
Lamentablemente, Peña Nieto no tiene los arrestos del líder que México necesita y menos la autoridad moral, encabeza la corrupción en México, él es el ladrón. Es hoy el abanderado de la inmoralidad y todavía se atreve a meter a cárcel a líderes sociales y amenazar con sus evaluaciones cuando está reprobado por la ciudadanía.
Y yo le pregunto a Peña, que nos dé una explicación, así como se la mando a pedir a López Obrador, ¿Por qué el Secretario, el tesorero de Elba Esther, no está en la cárcel?
Ella está acusada de robo y el que le manejaba todos los dineros y era cómplice de las tranzas que se dieron, pues era el señor Juanito Díaz, el que se quedó con el esqueleto sindical.
Y ahora resulta que a este tesorero, ratero y traidor, no sólo no lo metió a la cárcel, sino lo hizo su gurú, es su paradigma, en él se apoya para tratar de implementar está reforma educativa tan importante como la penal.
El magisterio ha puesto luz en el camino de la lucha.
A Peña ya se le fue el tren.
Y la CNTE ha sorteado sin quebrarse.
Todos los desafíos en sus 36 años de vida.
Los maestros aquí se quedan y jamás, jamás han claudicado y más temprano que tarde, a pesar que todo el aparato mediático en su contra, se reconocerá a la trascendencia histórica del movimiento magisterial.
El magisterio ha dado lecciones de dignidad a un México resignado y atrás de los maestros.
Óiganlo bien, Senadores que se dedican a platicar y a buscar más privilegios.
Atrás vienen otras fuerzas sociales que hoy despiertan ante tanta injusticia. La de los petroleros.
Óiganlo bien también Senador Romero Deschamps, los campesinos, los de Mexicana, los hombres del campo, los estudiantes, los padres del ABC, los padres de Ayotzinapa, que no se rinden, que al paso que vamos muy pronto los médicos y a las enfermeras.
Las protestas no son de un puñado de maestras y maestros como lo quiere hacer creer la autoridad.
No es la lucha de un gremio.
Es la lucha de un pueblo en defensa de la educación pública, de la educación mexicana, no de la que nos quieren imponer los organismos internacionales.
En la escuela pública se dice: se asienta la Nación.
Se habrá de juntar el grito de los indignos y entonaremos unidos el mismo canto de esperanza de las mujeres y hombres que aún se atreven a soñar despiertos y de día.
Exigimos la libertad inmediata de líderes y maestros, presos políticos del régimen autoritario de corruptos de Peña Nieto.
El 25 de junio marcharemos, nos vemos en el Ángel a las 11, para que tantas misceláneas penales, si no hay la voluntad de aplicar la justicia.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para fijar el posicionamiento de su fracción parlamentaria.
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias, Senador Presidente.
Compañeras y compañeros Senadoras y Senadores: El proceso legislativo del dictamen que en este momento discutimos, inició en esta Cámara de Senadores en noviembre del año 2014.
Con la iniciativa presentada por la entonces Senadora Arely Gómez, hoy Procuradora General de Justicia, y el actual presidente de nuestra Mesa Directiva, el Senador Roberto Gil Zuarth.
El dictamen a la minuta, es el resultado de un arduo trabajo de Senadoras y Senadores, de los equipos técnicos, de las organizaciones de la sociedad civil como Alto al Secuestro y Renace, y autoridades como la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Setec, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República, incluso, durante su análisis en la Cámara de Diputados se trabajó conjuntamente con las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras.
Este 18 de junio es la fecha establecida en los transitorios de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia aprobada el año 2008, para que en toda la República, se encuentre en funcionamiento un nuevo sistema de justicia.
Un sistema con una lógica dinámica, objetivos y finalidades completamente diferentes al sistema inquisitorio caracterizado por la cultura imperante de gigantescos expedientes, lenta e ineficiente burocracia, y una casi inalcanzable impartición de justicia pronta e ineficaz.
Proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, son el objeto del proceso penal que se organiza con base en los principios de publicidad, contradicción concentración, continuidad e inmediación.
El próximo 18 de junio concluye un plazo en el que las autoridades locales y federales han hecho grandes esfuerzos para implementar este nuevo sistema que además de exigir cambios profundos en las instituciones y marco jurídico, exige reformular la forma en que se concibe el derecho y que la legalidad no nos aparte de la justicia.
En estos 8 años, el legislativo, también ha escuchado importantes esfuerzos derivados del cumplimiento de obligaciones constitucionales.
Tan sólo, en estas dos legislaturas hemos aprobado una nueva Ley de Amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, ordenamientos que ya se encuentran vigentes, así como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales.
Y es justamente de la vigencia y puesta en marcha de los ordenamientos que hemos reformado y otros más que hemos diseñado por completo que la práctica nos ha indicado esas áreas de oportunidad.
De esta forma, y para llegar al 18 de junio con las mejores condiciones que hagan posible la implementación total de esta reforma constitucional, es necesario adecuar algunas disposiciones que este dictamen contiene.
Se trata de reformas a diez ordenamientos jurídicos, entre ellos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En representación del grupo parlamentario del Partido Verde, los invito a que votemos a favor del presente dictamen para seguir contribuyendo al éxito de este nuevo sistema de justicia penal en nuestro país.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, Senador Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.
Señoras Senadoras, señores Senadores: La minuta que estamos a punto de votar desde nuestro punto de vista del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reviste una importancia preponderante, ya que hace una revisión de diversas leyes, de 10 ordenamientos para hacer las adecuaciones que necesitan, prácticamente en la víspera de llegar al 18 de junio en que entra en vigor en todo el país el nuevo sistema de justicia penal de carácter acusatorio y adversarial.
Es un paso trascendental, estructural que en nuestra Constitución sufrió en 2008, justamente, ya vamos a entrar prácticamente en vigor de todo este proceso de transformación hacia una nueva doctrina de naturaleza penal en nuestro país. Y a 8 años de esta reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, es importante dar viabilidad a los fines que la misma reforma definió.
Lo que se planteó en la reforma constitucional y que es, ni más ni menos, responder a las necesidades de que nuestro país tiene que transitar, tiene que transformar radicalmente el obsoleto e ineficiente sistema inquisitorio con el que tradicionalmente se ha intentado impartir justicia y otorgarle a la justicia un papel fundamental en la lucha contra la criminalidad que afecta a nuestro país hacia el tránsito a un sistema totalmente distinto.
Ello hace necesario realizar, en estas reformas que hoy nos ocupan, los ajustes legislativos precisamente por tratarse de una reforma estructural, de gran calado, con la finalidad de que garanticemos la consolidación de este nuevo sistema acusatorio para que las y los operadores del nuevo sistema de justicia cuenten con una legislación procesal, acorde con su eminente entrada en vigor.
Prácticamente estamos a unos días, horas de entrar en vigor, y no es el momento de hacer el análisis, ¿de cómo vamos a entrar?
¿De cómo hemos trabajado en el país en cada una de las entidades federativas?
¿Cómo se ha trabajado en la Federación por las distintas instituciones para llegar a la entrada en vigor de esta gran reforma constitucional? No es el momento.
Hoy estamos, simplemente, revisando, haciendo algunos ajustes de estas 10 leyes, de estos 10 ordenamientos jurídicos, y que esta minuta identifica de manera importante a partir del trabajo que el Senado de la República realizó, y en minuta se envió para continuar el proceso legislativos a la Cámara de Diputados, y hoy nos regresan, nos regresan con algunos cambios.
Estos cambios nos llevaron a meses, a semanas de trabajo para que, y debo decirlo también, de horas intensas de trabajo con nuestra Colegisladora, para que después de todas estas reuniones y consultas, las y los integrantes de la Comisión de Justicia y nuestra homóloga en la Colegisladora, podamos hacer los ajustes necesarios y llegar a los acuerdos que nos permitan, en el trabajo propiamente legislativo.
¿Qué aceptamos y qué no aceptábamos de la revisión de nuestra Colegisladora?
Hoy estamos prácticamente concluyendo ese proceso, y esperemos que estos ajustes a la revisión que hizo la Cámara de Diputados, sean aceptados de manera plena, particularmente los que de manera particular refrendaremos las y los legisladores del grupo parlamentario del PRD, en el momento que entremos a la discusión en lo particular, para que podamos lograr avanzar hacia este tránsito hacia el nuevo sistema.
Es necesario reconocer que en esta labor de ajuste a la revisión de la Cámara de Diputados, tuvimos discusiones, a veces, lo quiero decir, intensas de debates, prácticamente que llevaron a ajustes en la redacción de algunos de estos artículos que hoy están integrados en este dictamen, además con Setec, también con la Procuraduría de la República, con el Poder Judicial de la Federación, y por supuesto, de manera preponderante, con las organizaciones de la sociedad civil que han mostrado una preocupación respecto de cómo van a quedar inscritos estos artículos en estos ordenamientos, siempre tomando en consideración su preocupación para que no haya retrocesos, para que no sigamos manteniendo en los preceptos de estos ordenamientos, todavía estatus que ya tenemos prácticamente que derogar en nuestro país.
Sabemos que el tránsito no va a ser fácil, no ha sido fácil en estos años, y la propia entrada en vigor de este nuevo sistema, no garantiza que transitemos prácticamente de facto al nuevo sistema.
Vamos a tener que convivir algunos años todavía en esta conciliación del viejo sistema con el nuevo sistema, pero siempre estaremos atentos a la revisión.
Con esto quiero decir que en el grupo parlamentario del PRD, no es que estemos totalmente satisfechos con lo que hoy se presenta en esta minuta. Hay preocupaciones en algunos artículos, incluidos en esta minuta, pero otros más que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, ese que articulamos hace pocos años, aquí en el Senado de la República, como Cámara de origen, pero que necesitan tener en esta revisión, este perfeccionamiento de aplicación de las leyes, e insisto, del nuevo sistema tienen que tener un perfeccionamiento, y por consiguiente una nueva reforma.
Hoy votaremos a favor de esta minuta, porque estamos convencidos en el PRD que no se puede construir la democracia, si la preocupación y la administración de justicia no cumplen su papel protagónico.
De tal manera que vemos con simpatía las 17 reformas, los 17 artículos reformados en la Ley de Amparo por ejemplo, pero sentimos, como ya decía, la necesidad de seguir revisando, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en el propio Código Penal Federal, principalísimamente, una adecuación más adelante a partir del perfeccionamiento de su aplicación.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Presidencia ha recibido, por escrito, la intervención de la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Y, en consecuencia, se instruye a que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.
Tiene el uso de la palabra, a continuación, el Senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, hasta por diez minutos.
El Senador Miguel Romo Medina: Muchas gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores: En el 2008 el Estado mexicano puso en marcha uno de los proyectos más ambiciosos que está transformando la impartición de justicia en nuestro país.
Hace ocho años decidimos avanzar de un modelo inquisitivo a uno de justicia acusatorio adversarial, en donde se privilegian los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Como parte de este proceso, el 5 de marzo del 2014 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se establecieron las normas que deben observarse en la investigación, procedimiento y la sanción de todos los delitos en la República.
El Estado mexicano ha hecho esfuerzos importantes para la instrumentación del nuevo sistema, no obstante, aún tenemos retos formidables, entre ellos la armonización de algunos términos y procedimientos para mejorar su operación y funcionamiento.
El dictamen que está a discusión reforma diez ordenamientos esenciales que permitirán brindar mayor certeza a los operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Se armonizan términos y se precisan facultades de las partes que intervienen en el nuevo sistema a fin de evitar requisitos que dificulten su aplicación, entre otros aspectos, se hicieron ajustes al Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar los derechos del imputado.
Se ha integrado, igualmente, una iniciativa del Senador Arturo Zamora que reforma el Código Penal Federal en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Precisa estas reformas, estas adecuaciones, que el nombramiento del defensor público no dependerá del Ministerio Público o del Órgano Jurisdiccional, y que el Juez de Control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia privada o a través de un sistema informático, también las causales y efectos de los criterios de oportunidad, mismos en los que el Ministerio Público suspenderá el ejercicio de la acción penal.
Se simplifican los formalismos contenidos en cada una de las etapas, logramos restar complejidad a los procedimientos volviéndolos más sencillos y comprensibles para cualquier persona.
A través de la regulación del uso de medios electrónicos damos un paso más en la búsqueda de un sistema de justicia moderno que facilite la impartición de la justicia acortando los tiempos y agilizando consecuentemente los procesos.
Se garantiza el interés superior de la niñez, establecimos mecanismos necesarios para agilizar y dar celeridad a los procedimientos donde los menores se encuentren involucrados como víctimas.
Compañeras y compañeros legisladores: Hemos dialogado con diversos sectores de la sociedad y buscando la conciliación de los diversos puntos de vista para generar con ello una legislación incluyente.
En un tema tan delicado como es la procuración e impartición de justicia el grupo parlamentario del PRI ha sido firme en la preservación y protección de los derechos humanos.
Esta reforma va encaminada al fortalecimiento de las bases de los derechos humanos como el acceso a la justicia, la presunción de inocencia, la igualdad en el procedimiento, entre otros de manera destacada.
En el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor de este dictamen, que reitero, es el resultado del diálogo positivo que contribuya al fortalecimiento e implementación del sistema de justicia penal acusatorio garantizando el derecho al debido proceso.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias por su atención.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se han agotado las intervenciones para posicionamientos.
Y pasamos a la discusión en lo general, tengo registrados a los Senadores Martha Tagle, Jorge Aréchiga, Dolores Padierna, Daniel Ávila, Miguel Ángel Chico Herrera y Fidel Demédicis Hidalgo.
Si hay alguna intervención, ruego hacérmela saber, con gusto, Senadores.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, para referirse en lo general al dictamen, hasta por cinco minutos.
La Senadora Martha Tagle Martínez: Gracias Presidente.
El dictamen que el día de hoy estamos discutiendo viene a complementar el andamiaje jurídico de la reforma constitucional del año 2008, donde se estableció un nuevo modelo de justicia penal en México de corte acusatorio adversarial y dejar atrás el sistema inquisitorio.
En necesario destacar que los cambios propuestos y aprobados por este Senado desde el año 2014 tenían como propósito lograr una mejor operación y funcionamiento del sistema acusatorio en nuestro país.
Por lo tanto, se plantearon diversas modificaciones tanto al Código Nacional de Procedimientos Penales como a diez leyes más.
Hoy, a más de un año de su aprobación en este Pleno, el pasado 28 de abril la Cámara de Diputados envió la minuta con diversos cambios aprobados de los cuales, después de ser analizados los integrantes de las comisiones avalamos nuevos cambios con el objeto de garantizar que estas modificaciones no tuvieran retrocesos.
Por ejemplo, en el caso del Código de Procedimientos Penales en el tema de verificación de flagrancia del Ministerio Público se eliminó el párrafo que la Cámara de Diputados aprobó y el cual permitía a las policías presentar a los detenidos ante el Ministerio Público distintos al lugar donde se cometieron los delitos, pues constituye un poderoso incentivo para generar situaciones propicias para tortura, y tratos crueles e inhumanos y degradantes.
Asimismo, se eliminaron el artículo 165 de ese mismo ordenamiento los tres supuestos adicionados por la Colegisladora que permitían: ampliar más allá del plazo constitucional establecido la prisión preventiva y que no permitía la eficiencia de los procesos.
Se mantiene la esencia del texto vigente sobre la no procedencia de los acuerdos preparatorios cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas, es decir, seguirá sin permitirse la mediación en casos de violencia familiar.
El dictamen incluye la figura del asesor jurídico como parte legitimada para solicitar medidas cautelares dentro del plazo constitucional. Se agrega que el imputado deberá ser notificado por cualquier medio a fin de que comparezca a la audiencia a que fue citado.
Por otra parte, en el Código Penal Federal se establece un catálogo de los delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, así como los límites de su punibilidad para los efectos de la individualización de sanciones en el caso de la responsabilidad de personas jurídicas establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Se estipula que el juez de control podrá ordenar la prisión preventiva para personas afectadas por una enfermedad grave o terminal o se trate de mujeres embarazadas o madres en lactancia cuando se considere que pueden sustraerse de la acción de la justicia o bien manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social.
Además, con el dictamen que hoy estamos discutiendo se modifica la referencia a la integración de una averiguación previa por las de realizar una investigación a fin de armonizarla con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En los casos de destrucción o sistemas en equipos de informática del Estado, se duplican las penas en el supuesto de que el delito se cometa con la finalidad de obstruir la procuración o impartición de justicia, o bien recaiga sobre los registros relacionados con un procedimiento penal.
Si bien este dictamen coadyuvará con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que empieza el próximo sábado, es necesario mencionar que nuevamente el Poder Legislativo puso estas modificaciones bajo presión, pues se debe principalmente a las organizaciones de la sociedad civil que no han dejado de dar seguimiento a este proceso para incorporar sus observaciones.
Reconozco en las Comisiones Dictaminadoras la capacidad de incorporar estas observaciones para que el día de hoy el documento que estamos discutiendo cuente con el mayor consenso posible, y reconozco particularmente a las organizaciones de la sociedad civil que han estado dando seguimiento a este dictamen para que el día de hoy contemos con un documento avalado también por ellas.
Me preocupa, sin embargo, que como buenos mexicanos estamos dejando todo a la última hora. Estas reformas debieron hacerse los ocho años anteriores, no unos días antes de que entrara en vigor el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Sin embargo, es importante destacar que se está aprobando hoy y que esperamos que la Cámara de Diputados apruebe, ya sin ningún cambio, este dictamen que saldrá del Senado de la República.
Por lo tanto, mi voto será a favor.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para referirse en general al dictamen, a favor.
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con la venia de la Presidencia.
Compañeras, compañeros Senadores: El sistema jurídico mexicano, y particularmente el derecho punitivo, se encuentran inmerso en un momento histórico en el que se transitará de un sistema inquisitivo, hacia un sistema oral y acusatorio.
Debemos recordar que el pasado 18 de junio de 2008 el Constituyente Permanente aprobó una reforma a nuestra Carta Magna, por lo que se sientan las bases de un nuevo sistema jurídico de justicia penal, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Es evidente que con esta reforma el derecho penal mexicano tendrá nuevas reglas, por lo cual el propio texto constitucional dio un plazo de ocho años para su adecuada implementación.
La próxima semana, Senadores, se cumple el término fatal para la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio en todo el país, para lo cual los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión han venido realizando una serie de acciones para que los mexicanos contemos con una verdadera justicia penal.
La Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación de Sistema de Justicia Penal ha llevado a cabo un esfuerzo sin precedentes, a fin de coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del Sistema de Justicia Penal.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se ha encargado del equipamiento y la capacidad de los operadores jurisdiccionales, los cuales serán la clave del éxito del régimen de justicia penal.
El caso del Poder Legislativo ha sido fundamental, pues ha sido el órgano encargado de discutir y aprobar las leyes que establecen las reglas que regirán el nuevo Sistema Penal.
Gracias al esfuerzo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, en marzo de 2014 fue expedido el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, con reglas homogéneas en todo el país, para el enjuiciamiento de las conductas consideradas como delitos.
A la par de lo anterior, las autoridades locales han replicado estos esfuerzos, a fin de implementar adecuadamente el Sistema Penal Acusatorio en el ámbito de sus respectivas competencias.
El dictamen que se somete a nuestra consideración el día de hoy, cobra la mayor de las relevancias, toda vez que contiene la llamada Miscelánea Penal, como reforma a ordenamientos legales, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensa Pública, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito.
Las reformas que se proponen en estos ordenamientos legales resultan necesarias para armonizar las leyes que guardan relación con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial.
Cabe recordar que esta minuta ya fue aprobada en el 2014 por el Senado de la República como Cámara de origen. Sin embargo, la Cámara de Diputados realizó una serie de modificaciones en su calidad de Cámara revisora, las cuales fueron objeto de análisis y discusión por parte de las comisiones dictaminadoras.
En congruencia con los principios que rigen el parlamento abierto que ha prevalecido en los trabajos del Senado de la República, este dictamen atiende a las observaciones, que autoridades, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, han hecho respecto a la llamada Miscelánea Penal.
En tal sentido, los legisladores que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República, votaremos a favor del dictamen que nos ocupa, pues las modificaciones a la minuta remitida por la Cámara de Diputados, concilian el espíritu de la iniciativa original con el régimen constitucional y legal del nuevo Sistema Penal Acusatorio, salvaguardando sus principios y sobre todo la protección de los derechos humanos.
Sin duda alguna la aprobación del presente dictamen redituará en la consecución de una verdadera justicia y el cumplimiento del estado de derecho en beneficio del bienestar al que aspiramos todos los mexicanos.
Es cuanto, Senador Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen hasta por cinco minutos.
La Senadora María de los Dolores Padierna Luna: Pues, en efecto, la mayor parte de las modificaciones que propone este dictamen son pertinentes porque incluyen términos, armonizan otros con el Código Nacional de Procedimientos Penales, actualizando conceptos y definiciones que aparecían desfasadas en la minuta del Senado.
Las propuestas de la Cámara de Diputados incluyen mayores garantías para las víctimas del delito y sus asesores jurídicos, e incluso establecen más opciones para que las personas que hubieren participado en algún delito, puedan sujetarse a criterios de oportunidad, mecanismos de colaboración efectiva que coadyuven en la persecución y sanción de los delitos, por lo que estas propuestas también se ajustan al desarrollo progresivo de los derechos humanos que priorizan los derechos de las víctimas y las medidas que aseguren la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Digamos que por letras y conceptos positivos no paramos, pero de nada sirven las mejoras que se hacen a las leyes, si la autoridad no las respeta, si por ejemplo detiene arbitrariamente y encarcela a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
De nueva cuenta vemos que se hace uso sesgado y político de la justicia, la utilización de las instituciones con fines políticos, que ha dañado severamente a todo nuestro sistema de justicia.
El gobierno lleva una cuenta en este sexenio, de tres maestros muertos en las protestas, ocho líderes presos en penales de alta seguridad, centenares de golpeados y un sinnúmero de actos represivos en contra del magisterio.
Puedo seguir relatando las bondades de esta miscelánea. Otra es, por ejemplo, que se ajustan los plazos de la audiencia intermedia. Esto es algo muy bueno porque, por ejemplo, a los maestros no los hubieran podido encarcelar porque no hay pruebas que lo sustenten, y en el nuevo Sistema Acusatorio Adversarial sería imposible un acto de esta naturaleza, a menos que se salten la ley definitivamente.
Los servicios de defensoría pública en esta Miscelánea Fiscal se mejoran mucho.
Se puede fincar responsabilidad penal a las empresas, otro aspecto que no tenía.
Se hizo un cambio muy importante en el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que daba margen.
Decían las organizaciones sociales especialistas en estos temas de tortura, que estos lapsos de tiempo, estos desfases de tiempo daban un margen a la tortura. Mediaba un lapso de tiempo entre la detención de la persona y la puesta a disposición del Ministerio Público. Eso se modificó y ahora ya no cabe esa posibilidad. Será inmediata la presentación ante el Ministerio Público.
Se quitó también la posibilidad de un catálogo de delitos para las entidades federativas, que permitía a los gobernadores de los estados que mandaban a sus Congresos locales una lista de delitos que ameritaban prisión preventiva. Esto porque ellos interpretaban facultades que la Constitución no le da a los estados.
Sin embargo, no todo es bueno, es necesario hacer algunas correcciones, por ejemplo, en la Ley de Amparo. La propuesta de la Colegisladora para reformar el artículo 170 de la Ley de Amparo, desde nuestro punto de vista, no procede y debe de mantenerse la redacción que aprobamos aquí en el Senado, que deja claro que el proceso penal no inicia con el auto de vinculación, sino con la celebración de la audiencia inicial, en la cual se pueden dictar un auto de vinculación a proceso.
Pero también se califica la detención y se formula la imputación, y para los efectos de un amparo directo se tienen que considerar cualquier acto de autoridad que hubiere o que se hubiese repercutido en una violación al proceso o a los derechos de la persona imputada, y estas violaciones se pueden presentar en cualquiera de las etapas de la audiencia inicial, y no sólo a partir de la vinculación a proceso.
Nosotros proponemos mantener la redacción acordada en el Senado. También el dictamen propone reformar el artículo 173 de la Ley de Amparo, pero la Colegisladora no tomó en cuenta los principios que están establecidos en el nuevo Sistema Adversarial oral y debe de considerársele, no hacerlo implicaría una ventana para que no se aplique adecuadamente el nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial.
Me refiero a establecer, que la Cámara establece un nuevo esquema en el artículo 173, inciso b), en varias fracciones de este inciso, para referirse a violaciones de procedimiento que pueden presentarse en el nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral, plasmado en la fracción XVIII del dictamen con dos párrafos que retoma de la ley actual. Sin embargo, la redacción de la Colegisladora es menos garantista que la contenida en la actual ley.
Sugerimos retomar la redacción sólo del segundo párrafo de la fracción XVIII, del inciso b) del artículo 173.
Estas sugerencias y observaciones si se corrigieran estaríamos subsanando vicios de forma y de fondo que en el proceso legislativo se fueron quedando sin atender, que perfeccionaría nuestro propio trabajo y el de la Colegisladora. La pulcritud legislativa debe priorizarse sobre la premura de los tiempos.
Claro, esta es una buena ley, se hacen reformas a varias leyes, pero de nada sirve si de todas maneras la justicia sólo se usara con fines políticos, porque los verdaderos delincuentes están muy campantes en sus casas.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, hasta por cinco minutos.
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias.
Con su venia, compañero Presidente.
Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: He escuchado con mucha atención el posicionamiento tanto de los presidentes de las comisiones que intervinieron en la elaboración de esta Miscelánea Penal, de los grupos parlamentarios y de mis compañeros, que lo han hecho de manera general, todos coinciden en lo mismo.
La Miscelánea Penal que hoy le vamos a entregar al país en su letra sostiene que se eliminan ciertos vicios, que la persona que debe, que sea detenida debe ser llevada sin demora ante la autoridad competente. Es decir, se garantizan los derechos humanos de las personas detenidas y genera certeza sobre la legal actuación de las autoridades que realizan la detención.
La puesta a disposición sin demora tiene como objetivo que los policías ministeriales o los policías que hacen la detención no torturen, no generen situaciones que hoy estamos lamentando en el país, como las desapariciones forzadas, como el hecho de lastimar profundamente a las familias generando un dolor innecesario.
En la medida en que se cumpla a cabalidad este hecho de que de manera inmediata se ponga a disposición de autoridad a un detenido. En esa medida vamos a poder evitar torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Esta reforma, esta miscelánea también plantea que la prisión preventiva no podrá exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho del imputado.
Esto elimina la posibilidad de que los juicios fuesen interminables porque se eliminan causas que venían en el anterior código y que los propios Diputados estaban sosteniendo que eran necesarias.
Se reafirma la facultad exclusiva del Congreso de la Unión, para legislar sobre materia procesal penal, la cual incluye medidas cautelares dentro de la que se encuentra la prisión preventiva.
Se elimina la posibilidad de que los Congresos locales, en las leyes en que tuvieran facultades, puedan emitir bajo el rubro de delitos especiales, los que ameritarían presión preventiva oficiosa.
Se elimina las pruebas periciales de los medios de convicción que puedan tener el carácter de pruebas anticipadas.
Un principio fundamental del Sistema Acusatorio Adversarial consiste en que sólo tendrá efectos probatorios aquellos medios de convicción, desahogados ante el juez que dictará la sentencia de fondo en el juicio oral.
Es decir, pudiéramos hacer una descripción puntual de todos los beneficios de esta Miscelánea Penal.
Sin embargo, todo puede quedar en letra muerta en un país en donde nadie obedece a nadie. En donde la utopía de la justicia sigue siendo el deber ser, no el ser.
¿Cuáles son las aspiraciones del pueblo?
Bueno, el pueblo quiere y clama justicia imparcial, pronta y expedita.
Sin embargo, acciones vergonzosas para nuestro Sistema de Justicia, para nuestro Sistema de Procuración y de Administración de Justicia, como la detención del profesor Núñez y del profesor Villalobos, ponen en evidencia al Sistema de Procuración y Administración de Justicia de nuestro país, ya que estamos frente a una fabricación de delitos, ya que estamos frente a una represión política producto de conductas de compañeros que se han negado a aceptar una reforma educativa, que lo señalamos de manera repetitiva en esta tribuna, iba a lesionar los interés de los maestros de México.
De una reforma educativa, que lo dijimos hasta el cansancio, era un Frankenstein, porque no tenía definido, ¿Cuál iba a ser el perfil del educando?
Y, en consecuencia, todo lo que se hizo, carecía de razón de ser.
Una reforma educativa que tiene al vilo de la ingobernabilidad al país, porque a los compañeros profesores señalados se les viola la presunción de inocencia.
Se presume y aquí se viene a decir: que hemos pasado de una presunción de culpabilidad a una presunción de inocencia.
La presunción de inocencia, significa el hecho de que el que señala tiene la carga de la prueba, y mientras no tenga demostrado que la persona a la que señala es culpable por un juez, no puede ser privado de sus derechos humanos.
La detención de estos profesores, viola el debido proceso, porque no se les están dando las garantías necesarias para defenderse de un delito que es fabricado.
Para que esto pueda tener efecto, compañeros Senadores, compañeras Senadoras, necesitamos ministerios públicos imparciales y necesitamos jueces imparciales, no ministerios públicos de consigna, ni jueces de consigna.
El Sistema Político Mexicano depende de un solo personaje, el ciudadano Presidente de la República.
Por eso, desde la tribuna más alta del país, le hago un llamado fraterno al ciudadano Enrique Peña Nieto, al ciudadano Osorio Chong, Secretario de Gobernación y al Secretario de Educación Pública, a que si no quieren que el país se les vaya de las manos, convoquen con carácter de urgente a una Mesa Nacional de Diálogo, para que el país pueda tener tranquilidad; mientras se le sigan violando sus derechos al pueblo, el gobierno no tendrá paz.
A favor, a favor de esta Miscelánea Penal, porque reconocemos que en la letra recoge aspiraciones históricas de este sufrido pueblo y que hoy están plasmadas en la misma.
Pero también tenemos que señalar por dónde puede quedar en letra muerta esto tan hermoso que en el Senado le va a entregar al pueblo de México, y es nuestra obligación advertirlo.
Por su atención, muchas gracias.
¡Presos políticos! ¡Libertad!
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen de la discusión en lo general.
El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, Senador Presidente.
Compañeras, compañeros Senadores: Quiero decir que comparto en principio con muchas compañeras la opinión de que este dictamen contiene una serie de modificaciones que evidentemente resultan necesarias para corregir algunos cabos sueltos en esta legislación ahora que nos encontramos en la víspera del cumplimiento del nuevo sistema de justicia penal.
Se trata de modificaciones que se derivan, como aquí se ha expresado, de la praxis en aquellas entidades en las que ya se encuentra operando el sistema acusatorio.
Sin embargo, debo apuntar, Senador Presidente, que me preocupan algunos aspectos, algunas figuras que en mi opinión, son incompatibles con el paradigma del derecho penal del acto que se instauró con el nuevo sistema.
Un ejemplo de ello, es la facultad de supervisión de medidas cautelares para realizar evaluaciones de riesgo respecto del imputado, y es que aunque no se diga, expresamente, en qué consistirán dichas evaluaciones, es viable suponer que en la práctica uno de los elementos que se valorarán será la responsabilidad del imputado, lo que resulta contrario al derecho penal del acto en el que se sanciona a la persona únicamente por los actos que cometió.
Y aun cuando comprendemos la utilidad práctica de estas evaluaciones, sobre todo en un contexto de violencia criminal como en el que se vive hoy en día en nuestro país, consideramos necesario explotar un texto que por lo menos nos permita establecer criterios objetivos que excluyan la posibilidad de evaluar la personalidad del imputado y resolver con base en lo que la autoridad supervisora cree que el imputado pudiera llegar a hacer.
Desde luego, compañeras y compañeros, me parece desde luego que será importante considerar la necesidad de garantizar la seguridad de víctimas y testigos, pero con criterios apegados a la teoría penal del acto.
Y nos preocupa también que se nieguen las prerrogativas del artículo 55 del Código Penal Federal a las personas mayores de 70 años o afectadas por enfermedad grave o terminal cuando se trate de delitos que ameritan prisión preventiva o los de secuestro.
Quizás esto sea políticamente incorrecto decirlo, y por ello quiero aclarar mi postura, parto de la base de que estaríamos negándole esas prerrogativas a una persona en estado de senilidad o con enfermedad terminal, que no ha sido sentenciada, que no ha sido declarada culpable, sino que se encuentra sujeta a proceso.
Y por esta razón, creo que corremos el riesgo de convertir estas medidas en una especie de venganza de Estado, que no es propia de un sistema de justicia democrático, sobre todo cuando ese imputado podría ser eventualmente absuelto.
En fin, compañeras y compañeros, se trata de algunas observaciones concretas que no quiero dejar pasar la oportunidad de plantear para la reflexión, con el único afán de contribuir a fortalecer nuestro nuevo sistema de justicia como uno democrático y con perspectiva de derechos humanos.
Por lo demás, reitero, Senador Presidente, mi apoyo al dictamen que se pone a consideración de esta Asamblea y manifiesto que mi voto será a favor.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para referirse al dictamen, a favor, hasta por cinco minutos.
El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Gracias, Presidente.
La transformación que en los últimos años ha sufrido el Estado mexicano, lo han llevado a sentar las bases del autoritarismo, razones y ejemplos sobran.
Por un lado, el poder se ha centralizado en decisiones de gran magnitud mediante las reformas político-electoral, la reforma en reforma financiera para los estados y municipios, y ahora con la probable aprobación del mando mixto, pero sobre todo se configura el autoritarismo con la pérdida de las libertades.
El dictamen que pretende aprobarse dista mucho de ser una solución a los problemas que enfrenta el Sistema de Justicia Penal en México, y solamente se busca autorizar mayores facultades en materia de control y de intervención de las comunicaciones.
Ejemplo de ello, es el artículo 291, el cual abre el espectro de la intervención de comunicaciones privadas, señalando que éstas se refieren a todo sistema de comunicación o programas que sean resultado de evolución tecnológica que permita el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conversen el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, los cuales se puede presentar en tiempo real.
Es decir, toda herramienta de comunicación podrá ser materia de intervención. Es cierto, aunque pretenden convencer a la ciudadanía de que esto es para hacer más eficaz el combate a la delincuencia y a los delitos de alto impacto.
Sabemos que en los hechos, estás prácticas se utilizan para vigilar y amedrentar cuando así lo necesiten, al adversario político o al luchador social que les estorba. Ejemplo de ello, son las múltiples filtraciones que en tiempos de campaña electoral salen a la luz pública.
¿Quién tiene el poder económico y tecnológico para hacer? Si no es el mismo gobierno. Es por ello que resulta difícil creer que estas nuevas facultades tienen como propósito combatir la delincuencia.
O bien, otro ejemplo, es el artículo 303, en donde se amplían las facultades del Ministerio Público para hacer uso de la geolocalización en tiempo real, obligando a los concesionarios de telecomunicaciones a entregar la información que se considere relacionada con algún hecho que se investigue. Es decir, se da manga ancha a la actuación de los ministerios públicos para el uso de la geolocalización.
Una vez más se debe señalar. Es difícil creer que estas facultades sean utilizadas únicamente para el combate a la delincuencia o la investigación de los delitos, sino para perseguir y amedrentar a los disidentes de las políticas de los gobiernos autoritarios.
Contrario a eso, deberíamos acercar la justicia a los ciudadanos, no alejarla. Debemos encontrar nuevas herramientas para que la justicia sea expedita, y con este dictamen estamos muy alejados de poder hacerlo.
En algunos casos pareciera que se está protegiendo al criminal y juzgando a la víctima. Nos preocupa que las autoridades puedan ingresar en un domicilio o un inmueble sin orden judicial, con total impunidad y en un claro abuso de poder, y peor aún, que el sistema de justicia lo acepte.
Los ciudadanos tienen una muy mala percepción de la justicia. Las personas no denuncian por miedo o desconfianza de la autoridad judicial.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2015, del Inegi, de 141 mil 785, no se sabe por qué no empezaron averiguación previa, esto, sin duda, representa vacío legal donde los más desfavorecidos son las víctimas que dieron el primer paso denunciando, pero que sus problemas nunca fueron resueltos y se unen a las millones de injusticias que se manifiestan cada día en nuestro sistema penal.
No podemos hablar de justicia expedita cuando nos toma un promedio de 2 ó 4 horas denunciar un robo o asalto en calle o transporte público.
Hay quienes han señalado que con este dictamen se da un paso en el fortalecimiento de nuestro sistema acusatorio, pero en ningún lado se garantiza que denunciar será más fácil, más expedito, ni más eficaz.
Hay preguntas que en materia penal resultan imperiosas. ¿Para qué? Y ¿Para quiénes usamos las cárceles?
Intensivamente e irracionalmente, como se intentó marcar en la modificación del artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que eleva de 1 a 2 años de previsión preventiva.
Debemos tener en cuenta que las cárceles mexicanas en nuestra condición actual son espacios conocidos por ser la mejor escuela criminal, y con las medidas que hoy se toman esta situación empeorará.
Las medidas de prisión preventiva deberían ser analizadas para lograr un mejor aprovechamiento de esta figura, y otorgarle el potencial de despresurizar a los centros penitenciarios. Se estima que en un uso más adecuado de la prisión preventiva, reduciría su aplicación.
Los mexicanos esperan mejores herramientas en atención a delitos, esperan condenas justas, esperan un debido proceso, esperan un sistema penitenciario sólido, esperan códigos que respondan y protejan los derechos humanos.
Pero los mexicanos seguiremos esperando. Se ve muy alejado que los mexicanos conozcamos el término de justicia, y no nada más en materia penal, en materia de salud, en materia laboral, en materia de derechos humanos, en materia de derechos de privacidad personal, en materia de derechos humanos indígenas, en materia magisterial, en materia de educación, en materia de seguridad social, entonces para llegar a la justicia nos falta mucho.
Es cuanto, Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.
El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: Con su permiso, Presidente.
Acudo a esta tribuna para referirme a un tema de suma trascendencia, la denominada Miscelánea Penal que comprende diversas modificaciones a diez leyes.
Anticipando que nuestro voto será a favor, quiero expresar mi reconocimiento a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, por el amplio análisis, trabajo y empeño que representó configurar la minuta que hoy se encuentra a nuestra consideración.
Es motivo de satisfacción discutir un producto legislativo de vanguardia, garante, sólido e integral que, además, ha sido fortalecido con valiosas contribuciones de especialistas, académicos, operadores del sistema, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, del Poder Legislativo.
Como saben, el próximo 18 de junio se cumple el plazo constitucional para que el nuevo sistema de justicia penal, que emana de la reforma constitucional de junio del 2008, tenga aplicación en todo el territorio nacional.
Esta reforma constituye un verdadero parteaguas en la procuración e impartición de justicia en nuestro país, al pasar de un sistema semi-inquisitivo a uno acusatorio y adversarial.
Durante este tiempo el Estado mexicano ha realizado importantes esfuerzos para lograr que la implementación del nuevo sistema sea eficaz y eficiente.
Se han modificado estructuras operativas, adecuado inmuebles y armonizando legislaciones tanto a nivel federal como en los estados para cumplir con los objetivos planteados.
No obstante, aún es indispensable adecuar diversos ordenamientos jurídicos para dar certeza y claridad a términos y procedimientos.
A través de las reformas planteadas damos mayor efectividad a distintas figuras jurídicas que ya se encuentran previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizando la protección de los derechos humanos.
Un aspecto relevante es que durante el desarrollo de todo el procedimiento penal se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las adecuaciones, en todas las actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial.
A fin de combatir e inhibir la impunidad en la comisión de conductas en la Ley Federal para Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal se establece la figura de testigo colaborador.
A fin de acceder a escenarios de justicia pronta, expedita y eficiente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que entre otras cuestiones los jueces federales conocerán de las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada, así como para las autorizaciones de la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados.
Por otro lado, el Código Fiscal de la Federación incluye la figura de la asesoría jurídica y la víctima u ofendido para establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el garante del sistema tributario en los procesos penales derivados desde delitos fiscales.
En síntesis, con la denominada Miscelánea Penal, subsanamos omisiones normativas y deficiencias que se han identificado en la experiencia del proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Compañeras y compañeros legisladores: A prácticamente 8 años de iniciar una de las más grandes transformaciones jurídicas del México contemporáneo, los legisladores del PRI reafirmamos nuestro compromiso por fortalecer nuestro andamiaje jurídico, aspecto indispensable para transitar con éxito al nuevo sistema de justicia penal.
La aprobación de la Miscelánea Fiscal es una cuestión de dimensiones mayúsculas, por ello los invito a que votemos a favor del presente dictamen con el que se reforman diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, modifica la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, a la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Defensoría Pública, Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito.
Es cuanto, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se han agotado los oradores para la discusión en lo general.
Tengo la solicitud del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, de intervenir para rectificación de hechos, proceda, señor Senador.
El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muchas gracias señor Presidente.
En México, durante décadas estuvo vigente la exigencia de dar un viraje en materia penal.
En el país habían sido frecuentes las quejas por todo tipo de abusos cuando se llevaba a alguna persona ante los tribunales, acusada de cometer algún delito.
En respuesta a esta antigua demanda el Constituyente Permanente tomó la decisión de introducir en México los juicios acusatorios y orales.
Baja California, el estado que me honro en representar en esta cámara, fue de las primeras entidades federativas en echar a andar este nuevo modelo de justicia, a partir del 2011 los bajacalifornianos fuimos testigos de las bondades del nuevo esquema jurisdiccional; de inmediato nos percatamos que en su mayoría los juicios se llevaban a cabo de manera más ágil, depurada y con mayor sentido de justicia y equidad.
Los nuevos procedimientos penales comenzaron en Mexicali, la capital, y gradualmente se fueron extendiendo a la totalidad de la geografía bajacaliforniana.
La mejor situación de las personas acusadas me ha llevado a valorar en conciencia y dar mi voto en favor de este dictamen, con la llamada Miscelánea Penal vamos a perfeccionar la preceptiva que permite juzgar a las personas en el ámbito penal desde una perspectiva de sus derechos humanos.
Este paquete de enunciados normativos obedece a cuestiones derivadas de la práctica forense, al ir entrando en vigor de manera escalonada en la República, los juicios orales, se ha observado la necesidad de hacer los ajustes que pienso que irán perfeccionando a lo largo de los años nuestro nuevo sistema de justicia.
Gracias a los juicios orales las personas a las que se les atribuye la comisión de hechos delictivos, cuentan ahora con la garantía de que sus derechos fundamentales serán intervenidos con el menor impacto posible.
Con los juicios acusatorios se colma una antigua demanda del pueblo mexicano, me refiero a que se reconozca la inocencia de las personas.
Ahora sólo, a partir de este sistema de justicia, cuando se dicte una condena en que se declare la existencia jurídica del delito con base en pruebas aportadas sin coacción y sin violencia se podrá considerar culpable a una persona.
Sin embargo, en un ejercicio parlamentario tan extenso como el que ha dado lugar a este dictamen de la Miscelánea Penal, también me percato de algunos puntos que se pueden mejorar, por ello junto con mi voto a favor de la consolidación de los juicios acusatorios me permito poner a consideración de ustedes algunas reservas sobre tópicos concretos.
Por ello, pido a usted, señor Presidente, tolerancia en el tiempo, ya que al tiempo que posiciono explicaré el contenido de estas reservas.
Por lo que hace a la citas reservas, en primer término, quiero mencionar que no estoy de acuerdo con la ampliación del período de prisión preventiva de dos años.
Me parece que con el nuevo Catálogo de Atribuciones y Facultades, que en los juicios orales se ha otorgado al juez de la causa, el órgano jurisdiccional tiene de sobra instrumentos para compeler a las partes y a los terceros, de modo que el juicio concluya de manera natural en el plazo máximo original previsto de un año.
Permitir la prisión preventiva hasta dos años, me parece que hace nugatorio todo el esquema adversarial y acusatorio derivado de la ley fundamental. No tiene caso haber llevado a cabo desde el 2008 toda una reforma constitucional, durante todos estos años, luchar por la implementación de los juicios orales, si al final se abre la puerta para que las personas puedan sufrir abusos con un período tan largo y desproporcionado de prisión preventiva.
Por ello, me permito promover la reserva al artículo 165 del Código Nacional, a efecto de que la prisión preventiva permanezca hasta un año.
Por otra parte, igual que lo hice ante el Código de Justicia Militar, me permito proponer que se ajusten diversos preceptos a la observancia de la libertad de expresión, acorde con la publicidad de los juicios acusatorios.
Senadoras y Senadores: Finalmente quiero hacer mención a un tópico que considero de absoluta justicia.
Me refiero a incluir en el Catálogo de Delitos Calificados como Graves, a una conducta ilícita que por la intensidad del impacto social que trae consigo, debe estar en este listado. Me refiero a los homicidios culposos en perjuicio de niños, adolescentes y personas adultas mayores que deben tener una penalidad más elevada, y asimismo deben dar lugar a la prisión preventiva.
Los terribles y lamentables hechos de la Guardería ABC, en Sonora, nos interpelan. Nunca más deben quedar en libertad bajo caución las personas que incurran en faltas de cuidado, negligencia u omisión grave que dan por resultado la muerte de un menor o de un adulto mayor.
Quiero hacer mención también, a hechos ocurridos en el estado que represento.
Hace unos meses en Mexicali tuvo lugar un incendio provocado en un asilo. Si bien en este caso se trató de acciones dolosas, me di cuenta que si hubiera mediado negligencia, las personas hubieran quedado libres bajo fianza y por su responsabilidad se les hubiera aplicado una penalidad baja.
Por ello, pido que esta clase de homicidios se incluyan como graves en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Agradezco la atención de todos ustedes y en particular su buen criterio, señor Presidente.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Agotada la lista de oradores y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 del Reglamento, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.
Informo a la Asamblea que se han presentado las siguientes reservas:
Del Código Nacional de Procedimientos Penales, Senador Benjamín Robles Montoya, artículo 165, 176 y 218
Senador Manuel Bartlett Díaz, 165, 174, 251, 256, 303 y 3.
Senadora Angélica de la Pena Gómez, 165 y 174.
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, 165 y adición de artículo 5, 55, 167 y 362.
Senador Jesús Casillas Romero, 338.
Del Código Penal Federal, Senador Mario Delgado Carrillo 11-Bis.
Senador Benjamín Robles Montoya, 97.
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, adición del artículo 60.
De la Ley de Amparo, Senador Manuel Bartlett Díaz, 61.
Senadora Dolores Padierna Luna, 170.
Senadora Angélica de la Peña Gómez, 173.
¿Falta alguna reserva por registrar?
Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Presidente, quiero por favor reservar, es un asunto de forma, prácticamente no es un cambio, sino es una corrección de forma, el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si es tan amable.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda reservado el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.
Sonido en el escaño del Senador José de Jesús Santana.
Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Presidente, yo ya argumenté el artículo que reservé. Solamente pediría que la Secretaría lo leyera y se pusiera a consideración del Pleno, pero ya lo expliqué en mi primera intervención.
Gracias.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con gusto, Senadora Dolores Padierna.
Sonido en el escaño del Senador Santana García, por favor.
El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Son dos reservas. Nada más que se está viendo la posibilidad, como son de cuestión de técnica legislativa, con el Presidente de la Comisión que se pudieran hacer las correcciones, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Sobre qué artículos?
El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Los menciono, señor Presidente.
Son el artículo 11 del Código Penal Federal y 11Bis.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Código Penal Federal, artículo 11Bis.
El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) El artículo 11 Bis, fracciones XII y XIII.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Fracciones XII y XIII.
El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Ello es en virtud de que esas leyes ya fueron abrogadas por este Senado en abril del 2015.
Ya no tienen una razón de ser en el contexto de este artículo. Se está analizando y por eso es la reserva, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Le ruego, señor Senador, nos precise la modificación que se está planteando, para poder concretar la reserva.
El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Son las fracciones XIII y XV del artículo 11Bis, del Código Penal Federal, en virtud de que esas dos leyes que se mencionan en las fracciones que refiero, ya no existen, ya fueron abrogadas en abril del 2015.
Igualmente para que se corrija la fracción XIV, toda vez que hace mención a un Apartado B del artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el artículo 422 no tiene apartados, mucho menos el Apartado B.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Reservamos el artículo 11Bis, las fracciones que fueron señaladas.
Le rogaría, Senador, nos acerque por escrito la precisión porque tenemos alguna confusión con respecto al artículo al que se está refiriendo.
El Senador José de Jesús Santana García: (Desde su escaño) Cómo no.
Se las hago llegar por escrito en un momento a efecto de que se corrijan, porque también se hace mención a un Apartado B del artículo 422 que no tiene apartados. No existe ningún apartado y se hace mención.
Habría que suprimir esa parte y referirse únicamente al artículo 422 en todo su contexto.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría.
Queda reservado el artículo 11Bis.
¿Alguna otra reserva?
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.
Abrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general, y los artículos no reservados del proyecto que ha sido presentado.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
Ruego a la Secretaría dé cuenta del resultado de la votación.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Presidente, doy cuenta del resultado de la votación conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 109 votos a favor, 5 en contra y cero abstenciones.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI constitucional, la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito.
Pasamos ahora a la discusión de las reservas.
El Senador Benjamín Robles Montoya, ha presentado ya las reservas relativas al Código Nacional de Procedimientos Penales en previas intervenciones.
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Robles Montoya a los artículos 165, 176 y 2018 en un solo acto.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas del Senador Robles Montoya.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos 165, 176 y 218 se votarán al final en un solo acto.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar reservas al Código Nacional de Procedimientos Penales.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Muchas gracias.
Bueno, vamos a presentar dos reservas al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Senadora Ivonne Álvarez y su servidora, también construidas con el señor Presidente de la Comisión de Justicia, Senador Fernando Yunes.
El 165, lo que estamos haciendo es el segundo párrafo, hacer un agregado.
Este artículo tuvo una gran discusión, nos parece que es importante refrendar lo que dice la Constitución, de tal manera que no haya dudas de que si bien puede tener algún sentido el reclamo que nos hace que definamos en un año, en este caso la prisión preventiva.
Lo que estamos sustentando es que queden dos años, pero prácticamente lo que incluimos es la redacción del artículo constitucional, de tal manera que ponemos el segundo supuesto, ya está uno de ellos, pero nos parece importante presentar el segundo supuesto.
De tal manera que lo que hace este 165 es repetir la Constitución, quedaría el segundo párrafo: “La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivar el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.
Si cumplido ese término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad e inmediato mientras se sigue el proceso sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares”.
Bien, en cuanto la otra reserva tiene que ver con el artículo 174, es una construcción del último párrafo que llevó a un trabajo docto por distintos y distintas especialistas que finalmente nos parece atiende las preocupaciones vertidas por diferentes Senadoras y Senadores y organizaciones.
Lo voy a leer, el último párrafo del 134 que tiene que ver con el incumplimiento del imputado de las medidas cautelares: “Si el imputado es sorprendido, infringiendo una medida cautelar de las establecidas en las fracciones V, VII, VIII, IX, XII y XIII del artículo 155 de este código, el supervisor de la medida cautelar deberá dar aviso inmediatamente y por cualquier medio al Juez de Control, quien con la misma inmediatez, ordenará su arresto con fundamento en el inciso d) fracción II del artículo 104 de este código, para que dentro de la duración de éste, se ha llevado ante él, en ausencia de las partes, con el fin de que se revise la medida cautelar, siempre y cuando se le haya apercibido que de incumplir con la medida cautelar se le impondría dicha medida de apremio”.
Bien, por obviedad de obviedad de tiempo, hemos acordado el presidente de la Mesa y su servidora, que también vamos a presentar la reforma que hicimos a la Ley de Amparo, en el artículo 173 que tiene que ver con un ajuste en este artículo al Apartado B, en la fracción XVIII, en el segundo párrafo de esta fracción que diría: no se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia, sólo difiere en grado del que haya sido materia del proceso, o bien, que se le ha agregado, o bien, sea el resultado de la reclasificación jurídica del delito en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Y aprovecho apreciar la Asamblea para retirar la reserva que hayamos hecho al artículo 51 del Código Penal Federal, porque hemos verificado que está correctamente inscrita en el dictamen en comento.
Muchas gracias por su atención.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.
Pido a la Secretaría, consulte a la Asamblea, si se admiten a discusión las reservas de la Senadora Angélica de la Peña, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Angélica de la Peña.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se admiten a discusión, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Pregunto si hay oradores respecto a estas reservas.
No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse las reservas.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse estas reservas presentadas relativas al Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 165 y 174.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se aprueban, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretaria.
Tiene ahora la palabra el Senador Héctor Menchaca Medrano, para presentar reservas al artículo 165, 174, 251, 256, 303, 3º del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Dígame, Senadora.
La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Solamente para clarificar. Me parece que se nos quedó sin votar el artículo 173, Apartado B, que se refiere a la Ley de Amparo.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sí, Senadora, ese se reserva para su votación, en su momento, porque es de la Ley de Amparo.
Estamos tratando de agrupar, ahorita votamos del Código Nacional de Procedimientos Penales y posteriormente votaremos la de Ley de Amparo.
Y la Senadora Angélica de la Peña, retiró a su vez el artículo 51, las reservas que tenía, mismas del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Adelante, Senador.
El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Con el permiso de la Presidencia.
La Miscelánea Penal ha sido pensada no para dotar de facultades y herramientas a juzgadores o ministerios públicos que les permitan hacer mejor su trabajo y dar buenos resultados ni para asegurar el respeto a las garantías y derechos humanos de los procesados.
Proponemos una serie de reservas que limiten en alguna medida estos agravios en contra de la sociedad.
Proponemos eliminar el inciso d) fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que es inaceptable y contrario a los principios constitucionales. Que el amparo sea improcedente en contra de órdenes de aprehensión, medidas cautelares y autos de vinculación a proceso, ya que esto limita el derecho a la defensa de los imputados.
Otro agravio en contra de los derechos humanos, se encuentra en el artículo 92, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que la figura “pesquisa”, que contempla dicho ordenamiento es contraria a los derechos humanos, ya que no se respeta el debido proceso, es decir, no se puede investigar a una persona para efectos penales con carácter fiscal, sin que ésta previamente sea notificada. Es por eso que proponemos que dicha fracción sea eliminada.
En el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales de este dictamen, señala que la prisión preventiva no podrá exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho del imputado.
Sin embargo, este precepto no contempla los dos supuestos constitucionales en cuanto a que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo máximo que la ley fije para el delito y que ningún caso podrá ser superior a dos años.
Es decir, sólo se contempla esta segunda hipótesis, pero no así la primera, razón por la cual resulta a todas las luces contradictoria del texto constitucional.
Proponemos que se establezcan estos dos supuestos constitucionales para darle armonía y uniformidad.
En el mismo Código de Procedimientos Penales, en el artículo 174, propuesto en este dictamen, permite que la aprehensión del imputado por incumplimiento de las medidas cautelares, lo que no se inscribe dentro de un derecho penal garantista, en este sentido vale la pena decir que es correcto que el imputado se le requiera a comparecer o que se le arreste si no asiste a la audiencia respectiva.
Sin embargo resulta desproporcionado que se le aprehenda sin que el juez haya oído las razones de su inasistencia.
Por ello proponemos que esto sea incluido en el dicho precepto.
En el mismo ordenamiento, el artículo 256 señala que el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, consideramos que este es el reino para la discrecionalidad y la corrupción y por ello proponemos que sea eliminado del cuerpo de dictamen que se está por aprobar.
El artículo 303, faculta al Procurador a ordenar directamente la localización geográfica en tiempo real de personas relacionadas con los hechos que se investigan sin autorización de un Juez de Control. Esta es una grave atribución que se antoja, será utilizada de manera indiscriminada, y por ello proponemos que sea eliminado este párrafo del artículo en cuestión.
Como puede observarse, estos artículos representan un agravio en contra de los derechos humanos, un ataque en contra de la libertad, pero lo más preocupante, es que poco a poco se construyen eslabones para imponer un Estado autoritario.
Es cuanto.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admiten a discusión los artículos reservados.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión los artículos reservados por el Senador Menchaca.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.
Igualmente solicito consulte a la Asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del artículo 165 y adiciones de los artículos 5, 55, 167 y 362, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión los artículos reservados por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, Presidenta.
La Presidente Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Secretaria.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero.
El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, Presidenta.
Compañeras y compañeros Senadores: Hoy vengo a esta tribuna a efecto de proponer a esta Asamblea una propuesta de modificación, concretamente al artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Y tiene mucho que ver con este nuevo Sistema Penal Acusatorio, en el que, entre otras virtudes, en la que, entre otros beneficios que este nuevo sistema habrá de generar para una buena impartición de justicia, y que proviene precisamente de la gran reforma constitucional del año 2008, que sin duda, una de las enmiendas más importantes de nuestro sistema penal, que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que da este término de 8 años, que concluye precisamente el próximo sábado 18 de junio, para que en todo el país ya entre en vigor el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Es decir, en esta reforma del 2008, que además se robustece, se complementa con otra de las grandes reformas que el Estado mexicano ha impulsado, la que tiene que ver con los derechos humanos, garantizar los derechos humanos, ya no sólo al indiciado, sino también en el ámbito más amplio, es decir, también los derechos humanos de la víctima.
Esta reforma del 2011, junto con la del 2008, bueno, constituye este gran avance que en materia de justicia penal tendrá nuestro Sistema Penal Acusatorio.
En ese sentido, en la figura que se incorporan en este sistema, sin duda es el avance importante en cuanto a la coadyuvancia en la acusación.
Por eso la propuesta que hoy estoy haciendo a ustedes, y que, pues, me gustaría contar con su respaldo, es la que tiene que ver en la fracción III del artículo 338. Y esta reforma, esta propuesta de reforma, pues, es con la finalidad que quede el texto original que nos envía la Cámara de los Diputados.
Tiene que ver con la presentación de los medios probatorios por parte de la víctima, sin necesidad de que el Ministerio Público, como viene en el texto, las tenga que valorar, y una vez valoradas, se le dé cuenta, con su justo derecho al indiciado, para que posteriormente se puedan remitir al juez.
Es decir, tener una traba más para que la víctima pueda, de manera directa, ofrecer al juez los medios de convicción, las pruebas necesarias para el debido proceso.
En tal virtud, la propuesta concreta va en el siguiente sentido:
Artículo 338. Coadyuvancia en la acusación, fracción III. Ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, de lo cual deberá de notificar al acusado.
Así de sencilla y de fácil es la propuesta para que la víctima, ya que tiene la posibilidad, en compañía de su asesor jurídico, pueda ofrecer las medidas necesarias, sobre todo los medios de convicción, las pruebas directamente al juez.
En tal virtud, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, solicitarles su apoyo a efecto de que esta reserva pueda entrar a discusión y, en su momento procesal, se pueda aprobar.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador Casillas Romero.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de admitirse la reserva presentada por el Senador Jesús Casillas Romero.
Consulto a la Asamblea si son de aprobarse las propuestas presentadas y reservas por el Senador Jesús, perdón, si se admite a discusión las reservas presentadas por el Senador Jesús Casillas Romero.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se aceptan a discusión, Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si la reserva se aprueba del artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se aceptan las propuestas, Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Aprobada la reserva.
Pasamos ahora a la discusión de las reservas presentadas al Código Penal Federal.
Consulte la Secretaría a la Asamblea la propuesta de reserva presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo al artículo 11 Bis.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Mario Delgado Carrillo.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se aceptan a discusión, Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Igualmente consulte la Secretaría a la Asamblea si se aceptan a discusión la reserva del Senador Benjamín Robles Montoya al artículo 97 del Código Penal Federal.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Benjamín Robles Montoya.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.
Igualmente consulte si se acepta a discusión las reservas presentadas por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas para una adición del artículo 60 del Código Penal Federal.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.
Tiene ahora el uso de la palabra el Senador José de Jesús Santana García, para la reserva al artículo 11 Bis del Código Penal Federal.
El Senador José de Jesús Santana García: Buenas tardes, con su venia Presidenta senadora.
Compañeros del Senado.
Se propone la reserva del artículo 11 Bis del Código Penal Federal para suprimir las fracciones XIII y XV de dicho artículo, toda vez que las leyes a las que se hace mención ya se encuentran abrogadas, por lo tanto, no cabe la mención o la inclusión en las mismas, también se propone suprimir de la fracción XXIX la referencia al Apartado B del artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no existe ningún Apartado B, ni A, ni C, no existe ya ningún apartado y no hay razón a incluir esta parte en la mencionada fracción XXIX, por lo tanto, creo que es procedente que se eliminen estas fracciones de los artículos mencionados.
Es tanto, señorita Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senador.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta a discusión la reserva presentada por el Senador Santana García.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, si se aceptan a discusión las propuestas presentadas por el Senador José de Jesús Santana.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se admiten a discusión, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias Secretaria.
Está a discusión la reserva.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la reserva al artículo 11 Bis.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas en mención.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Son aceptadas, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias Secretaria.
Ahora pasamos a la discusión de la reserva hecha a la Ley de Amparo.
Al haberse presentado por el Senador Menchaca Medrano, consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aceptarse la reserva.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Héctor Menchaca.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
No se admiten a discusión, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias Secretaria.
Igualmente la Senadora Dolores Padierna Luna, ha presentado reservas al artículo 170 de la Ley de Amparo.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se admiten a discusión las reservas.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Dolores Padierna Luna.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se admiten a discusión, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión la reserva al artículo 170, presentado por la Senadora Dolores Padierna Luna, en cuanto a la Ley de Amparo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse la reserva presentada.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse dichas propuestas.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
La Asamblea no asiente)
Sí se admiten, señora Presidenta.
Son aceptadas.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias Senadora.
De la misma forma la Senadora Angélica de la Peña Gómez, ha hecho la presentación de reserva del artículo 173 de la Ley de Amparo, consulte la Secretaria a la Asamblea, si se acepta a discusión la reserva.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la Senadora Angélica de la Peña.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se aceptan a discusión, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Está a discusión la reserva.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se acepta la reserva presentada.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas presentadas por la Senadora Angélica de la Peña.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Aceptada, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Hemos terminado con la discusión de las reservas…
Perdón, Senadora Graciela Ortiz.
La Senadora Graciela Ortiz González (Desde su escaño): Muchas gracias, Presidenta.
Solamente para hacer una mera consideración, si me permite hacerlo desde aquí, desde mi escaño.
Estamos solicitando la consideración para eliminar el primer párrafo de la exposición de motivos relativa a la Ley de Instituciones de Crédito porque no tiene relevancia jurídica con los artículos que fueron modificados por la Cámara de Diputados, que es la Cámara revisora.
Y estamos, a la vez, en Ley de Instituciones de Crédito, coincidimos con la Colegisladora en mantener las modificaciones 1ª, 2ª y 3ª del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito para efecto de modificar la denominación de indiciado por imputado en los casos previstos en estos supuestos.
Este sería la única modificación en este caso, y eliminar el primer párrafo de la exposición de motivos relativo a la Ley de Instituciones de Crédito.
Es una consideración que ponemos o sometemos al Pleno.
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Es una propuesta de modificación a la parte expositiva del proyecto.
La Senadora Graciela Ortiz González (Desde su escaño): Es correcto.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse la modificación propuesta por la Senadora Graciela Ortiz, y, en su caso, someteremos a votación su incorporación al proyecto.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Sí, Presidente.
En este momento consulto a la Asamblea, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la Senadora Graciela Ortiz, en relación a dicha modificación a la parte considerativa.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se admiten a discusión, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.
Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas formuladas por la Senadora Graciela Ortiz, a la parte expositiva del proyecto de decreto.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas presentadas por la Senadora Graciela Ortiz.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Aceptadas, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Agotadas las reservas, procederemos a la votación de los artículos 165, 174 y 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las propuestas aprobadas.
Los artículos 51, 176, 218, 251, 256, 303 y Transitorio Tercero del mismo ordenamiento, en los términos del dictamen.
El artículo 11Bis del Código Penal Federal, con la propuesta aprobada.
El artículo 97 del mismo ordenamiento, en los términos del dictamen, y
Los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo, con las modificaciones aceptadas, y
El artículo 61 también de la Ley de Amparo, en los términos del dictamen.
Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los artículos que ya fueron mencionados por esta Presidencia.
(Se abre el sistema electrónico de votación)
(Se recoge la votación)
La Secretaria Senadora Hilda Flores Escalera: Presidenta, informo el resultado de la votación 96 votos a favor, 5 en contra y una abstención.
PRESIDENCIA DE LA SENADORA
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora.
En consecuencia, quedan aprobados los artículos 165, 174 y 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con las modificaciones aceptadas por esta Asamblea.
Los artículos 51, 176, 218, 251, 256, 303 y Transitorio Tercero del mismo ordenamiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los términos del dictamen.
El artículo 11Bis del Código Penal Federal, con la modificación aceptada.
El artículo 97 del Código Penal Federal, en los términos del dictamen.
Los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo, con las modificaciones aceptadas.
Y el artículo 61 también de la Ley de Amparo, en los términos del dictamen.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Del Código Penal Federal.
De la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.
De la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federal.
De la Ley Federal de Defensoría Pública.
Del Código Fiscal de la Federación.
Y de la Ley de Instituciones de Crédito.
Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.
A petición de los Coordinadores de los grupos parlamentarios y con el acuerdo de la Mesa Directiva, se declara un receso de 15 minutos en espera de los dictámenes correspondientes.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se reanuda la sesión.
Honorable Asamblea: Informo a ustedes que las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, han remitido el siguiente dictamen.
El que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este mismo día para su trámite.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se integre a los asuntos de hoy el dictamen referido por la Presidencia.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Secretaria.
El dictamen está disponible en sus escaños por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita su lectura.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autoriza, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Es de primera lectura.
Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Secretaria.
Para conocimiento de la Asamblea el dictamen que nos ocupa hace referencia a tres ordenamientos, que según son los siguientes.
La expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Por acuerdo de las comisiones se ha solicitado que el procedimiento se realice de la siguiente forma.
Que haya presentación del dictamen por cada Presidente de las dictaminadoras, posteriormente se presenten los posicionamientos de los grupos parlamentarios; después habrá la discusión en lo general y en lo particular de cada uno de los proyectos de ley que contiene el dictamen con la respectiva votación por separado de cada proyecto.
Para conocimiento de la Asamblea, les informo que las comisiones entregaron un documento denominado addendum relativo a los 3 ordenamientos que propone el dictamen y al Transitorio Quinto.
El addendum está publicado en la Gaceta y se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños.
Antes de iniciar con el despacho del dictamen consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, su autoriza que las modificaciones del addendum se integren al texto del dictamen.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea si autoriza que el addendum con las modificaciones se integren al dictamen.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Sí se autorizan, Senadora Presidenta.
La Presidenta Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Gracias, Senadora Secretaria.
En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que fueron autorizadas por la Asamblea.
Se le concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, y hasta por 10 minutos.
El Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenas tardes a todos.
A nombre de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadano nos permitimos presentar este dictamen que cuenta con tres instrumentos que han sido votados previamente en las comisiones, la Ley General del Sistema, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley del Tribunal.
Vale la pena hacer el recuento de ¿qué es lo que ha hecho este Senado de la República al respecto?
¿Qué es lo que empezamos hace unos cuantos años a discutir aquí?
¿Cuáles eran las reformas que considerábamos que eran importantes para este país?
La Reforma Constitucional en Transparencia y la Reforma Constitucional en Materia de Anticorrupción.
Así nos pusimos de acuerdo, ya hace algunos meses y la otra hace algunos años, el año pasado para determinar que estas reformas constitucionales era lo que requería este país.
Nos pusimos de acuerdo, las votamos y fuera una realidad.
Ahí especificamos que el desarrollo de ellas tenía que venir acompañado de una serie de leyes secundarias. Y ahí nos dimos a la tarea de ir construyendo la primera parte que era la de transparencia.
Nos pusimos de acuerdo para presentar y para dictaminar la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia.
Que hay que decirlos, ambos instrumentos han sido reconocidos nacional e internacionalmente por el avance que tienen.
Hemos sido felicitados por organismos internacionales, respecto a estos instrumentos que juntos el Senado de la República propusimos a los mexicanos y que fueron aprobadas.
De ahí, teníamos que seguir con la segunda parte de la reforma.
Las Leyes Secundarias en Combate a la Corrupción.
Es verdad que al momento de redactar, pensábamos que las leyes secundarias que estaban por venir no iban a tener la complejidad con la cual nos fuimos encontrando.
Es por eso que en ese transitorio, sólo nos dimos 12 meses para poder tener todo este paquete de leyes secundarias, y eso nos apretó el tiempo, porque el Senado de la República estaba discutiendo también otros temas importantes para este país.
Pero es verdad también que tampoco la sociedad civil en ese momento había visto que íbamos a incluir todo el paquete penal, cualquiera que pueda revisar la Ley de Responsabilidades 3de3 que han presentado los ciudadanos, en el Quinto Transitorio podrá darse cuenta que, inclusive, la sociedad civil había establecido un plazo de un año para hacer las modificaciones en materia penal.
Este Senado decidió no esperar un año para hacer estas modificaciones; decidió armar un paquete de siete leyes.
Y es así como en este momento presentamos estos tres primeros instrumentos.
Y respecto al Sistema Nacional, la construcción tiene dos ejes, tiene dos ejes fundamentales sobre los que hemos construido el sistema.
Los ciudadanos, la confianza, los ciudadanos para que puedan conducir todo el sistema y la otra la formación de instituciones.
Son dos grandes apuestas que hemos hecho en el Senado.
Y es por eso que nos hemos puesto de acuerdo para que los ciudadanos prefieran los órganos de este sistema, ni más ni menos.
Los ciudadanos presidirán el Comité Coordinador; presidirán también al Comité de Participación Ciudadana y precederán también la Secretaría Ejecutiva, ni más ni menos.
Un sistema que va a coordinar a las diferentes autoridades federales, estatales y municipales.
Que va a coordinar el intercambio de información.
Que va a evaluar.
Que se va a autocorregir.
Que va a permitir diseñar políticas públicas que tanto requiere este país.
Que va a tener una plataforma.
Que va a poder entrar a los diferentes sistemas que ya están en funcionamiento o que deberán estar en funcionamiento.
Una plataforma digital que entrará a un sistema de evolución patrimonial y de declaraciones de interés y constancias de otras declaraciones para desde ahí tomar la información y poder revisarla.
Un sistema de los servidores que intervengan en contrataciones públicas.
Es ahora que tendremos un registro diferente al de todos los servidores públicos para poder tener detectados aquellos que estén interviniendo en las compras públicas.
Esta también un sistema en el que tendremos registro de todos aquéllos que han sido sancionados. Servidores públicos, pero también particulares.
Estará ahí el registro de quiénes han incumplido con la ley.
Un sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y de hechos de corrupción.
Y hemos incluido un sistema de información pública de contrataciones.
Es así como esta parte del sistema, hace la apuesta como les decía en dos vertientes: la de los ciudadanos. Estamos empoderando a los ciudadanos para que dirijan este sistema.
Es un sistema potente.
Es un sistema fuerte.
Es un sistema que cambia el paradigma de este país.
Por otra parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, donde hemos podido detallar todos los procedimientos administrativos que deberán de llevarse y también nos hemos dado a la tarea de señalar de manera específica, las conductas administrativas que podrán ser consideradas no graves o graves.
Es verdad que existe una preocupación por las graves, y ahí nos tomamos mucho tiempo para describir cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.
Hemos sido cuidadosos en estas comisiones, como en la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, que están dictaminando la parte penal en que los tipos penales no se confundan con los tipos administrativos. Son dos vías que deben de llevarse de manera paralela, la parte administrativa y la parte penal.
Desde hace mucho tiempo los que fuimos Diputados la legislatura pasada, sabíamos y conocíamos que había una asignatura pendiente en esta materia. Ya existía una propuesta que nunca pudo ser aterrizada de que existiera un tribunal especializado para sancionar a los servidores públicos, las exigencias que había en ese momento, era que no debía la misma autoridad como parte del control interno, sancionar a sus servidores públicos.
Existía la duda si estas contralorías internas lo estaban haciendo bien o no, y en algunos casos no dudas, en algunos casos reclamos de la Auditoría Superior de la Federación que no le satisfacía los expedientes que estaba entregando a las contralorías internas para que fueran sancionados.
Fue así como ahora en esta reforma, hemos llegado por un acuerdo de todos a concluir que debe ser el Tribunal Fiscal el encargado de llevar a cabo la sanción de los servidores públicos y también de los particulares cuando se cometan actos de corrupción o faltas administrativas.
Hemos ido detallando un procedimiento desde el sistema, desde la Ley Federal de Responsabilidades y también hay que decirlo, desde el Tribunal, para que pueda correr el inicio de una denuncia, de una investigación de oficio o de una auditoría, cómo debe de correr esta conducta hacia la Ley Federal de Responsabilidades, para que ahí cualquiera de las autoridades investigadoras contempladas en el artículo 3º de esta ley, pueda determinar si es ahí donde se lleve a cabo el procedimiento de responsabilidades públicas por una calificación de la conducta en las no graves, o una calificación de conducta de no grave, donde habría que substanciar el procedimiento para que se fuera al propio Tribunal Fiscal.
Es decir, las no graves, tendrán un procedimiento de responsabilidades por la propia autoridad investigadora contemplada en el artículo 3º de esta ley, para llevar a cabo la audiencia de ley, recibir pruebas, valorarlas, recibir alegatos, cerrar la instrucción y poder emitir una resolución en términos administrativos.
En las no graves, se integrará la auditoría o la investigación que se haya llevado a cabo y se turnará al Tribunal Fiscal para que sea el Tribunal Fiscal el encargado de substanciar este procedimiento. El Tribunal Fiscal será el encargado de abrir con el auto de erradicación el expediente, de conocer de él, de dar la garantía de audiencia, y de citar, como lo hemos dicho, al servidor público o al particular, para que acuda, con su garantía de audiencia a manifestar lo que le convenga en una audiencia ante el Tribunal.
Ahí, después de esta audiencia tendrá la posibilidad de aportar las pruebas con un capítulo completo, específico de todos los tipos de prueba, de cómo pueden aportarse y cómo pueden desahogarse.
Después de esto, el propio tribunal hará esta valoración de pruebas para también en un acto siguiente, recibir los alegatos, insisto, de los servidores públicos o de los particulares que estén siguiendo un procedimiento de responsabilidades por presuntamente haber cometido una violación grave.
Y es ahí, después de haber celebrado la garantía de audiencia, de haber recibo las pruebas, de haber valorado las pruebas, de haber recibido alegatos, de haber cerrado la instrucción cuando el magistrado emitirá una sentencia de responsabilidad administrativa.
Es decir, estos sistemas se comunican. Se comunica el Sistema Nacional Anticorrupción con la Ley Federal de Responsabilidades, con el tribunal.
Hemos corrido una matriz de cada una de las conductas para estar seguros que puedan correr dentro del sistema.
En las redacciones que hemos hecho, nos hemos cerciorado, artículo por artículo, que tengan pleno apego a la Constitución.
Hemos revisado también dos circunstancias importantes: presunción de inocencia y debido proceso.
Hemos ido redactando cada uno de estos artículos, revisando estos tres aspectos. Pero no sólo eso, también el bloque de constitucionalidad, el bloque de constitucionalidad conformado por las leyes internas, pero también por las leyes de otros países con los que hemos suscrito tratados internacionales, a eso nos obligó la gran reforma en derecho humanos que también hicimos hace algunos años.
Es decir, consideramos que lo que estamos presentando el día de hoy está perfectamente bien blindado y sustentado para que cualquier procedimiento de responsabilidades, sea de servidores públicos, o sea de particulares, cumpla con todos los requisitos que se han establecido por los criterios internacionales y también por las revisiones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia: presunción de inocencia, y debido proceso, y también la convencionalidad.
Es por eso que el día de hoy presentamos a ustedes estos tres instrumentos, y esperamos contar con su voto.
Recordemos que este sistema, es un sistema potente, es un sistema fuerte, es un sistema que empodera a los ciudadanos, y que también hay que decirlo, también apuesta a las instituciones que tanto requiere este país.
Muchas gracias por su atención.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR
ROBERTO GIL ZUARTH
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores: Con el dictamen que hoy vamos a aprobar se cierra un ciclo en donde se dará paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la formación de un Tribunal de Justicia Administrativa y reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Este ha sido un proceso escabroso, muy difícil en su implementación, que ha puesto en evidencia las virtudes y al mismo tiempo las peores prácticas dentro del Poder Legislativo y particularmente en el Senado de la República.
Este proceso que inició con iniciativas muy diversas de todos los grupos parlamentarios y la presentación de una Iniciativa Ciudadana respaldada por más de 630 mil ciudadanos, se propuso originalmente desarrollar sus discusiones y el trabajo legislativo a partir de las prácticas del parlamento abierto.
En las primeras reuniones que desarrollamos nos planteamos dejar atrás las negociaciones bilaterales, las negociaciones en lo oscurito, y de cara a la sociedad, de manera pública y a través, incluso, de la transmisión del Canal del Congreso, nos propusimos abordar el debate de uno de los temas más sensibles en nuestra población y que afecta la vida cotidiana de todas y de todos los mexicanos.
Lamentablemente no lo logramos. No tuvimos la capacidad, ni la inteligencia para construir los acuerdos que nos permitieran avanzar en la construcción de consensos, y eso llevó, no solamente a un proceso de desgaste en la dictaminación de las distintas iniciativas, sino a un proceso de politización en el marco del proceso electoral de esta discusión, que impidió que estas iniciativas o este dictamen fuera aprobado en el anterior período de sesiones.
Y más aún, el proceso de acercamiento con los ciudadanos promotores de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocido como 3de3, incurrió en las prácticas que nosotros mismos cuestionamos al derivar, debido a la incapacidad de los grupos parlamentarios, a una negociación bilateral de los propios ciudadanos promoventes con las distintas fracciones parlamentarias.
Pero, finalmente, hoy llegamos a esta discusión, donde todavía en estos momentos se discuten dos de las iniciativas que deben formar parte del paquete que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y todavía estamos en espera de las dos minutas que la Cámara de Diputados habrá de enviar en materia de fiscalización.
Hay avances, no lo podemos negar, la reforma en materia de combate a la corrupción forma parte de una reforma a la administración pública que quizá tiene como su principal contribución la ciudadanización en el diseño de las políticas públicas en esta materia y la posibilidad de que las distintas instituciones responsables de combatir esta práctica indebida puedan coordinarse, actuar de manera conjunta, y si tenemos un buen dictamen de reformas al Código Penal, que se tipifiquen los delitos para que se acabe con la impunidad y la corrupción sea atacada.
Entendemos que este sistema es un sistema progresivo y que tendrá que vincularse con el desarrollo institucional del mismo, así como desde las distintas instituciones y el propio órgano ciudadano que formará parte del Sistema Nacional, pero también tenemos que asumir que de generar y aprobar la legislación, avanzar en el desmantelamiento del entramado institucional que ha permitido que la corrupción forme parte del ejercicio de la función pública, dista todavía mucho tiempo, porque habrá no solamente que llevar a cabo un proceso de maduración de esta reforma, sino se requieren mayores reformas que no se quedan en el ámbito legislativo, sino que requieren cambios al régimen político en nuestro país, un régimen que se ha sustentado lamentablemente en tres pilares: corrupción, autoritarismo e impunidad.
Porque lamentablemente la corrupción se convirtió en parte del engranaje fundamental del sistema político de nuestro país, sino cuál la forma en que se ejerce el gobierno y el desarrollo de las políticas públicas no puede funcionar.
No es un fenómeno nuevo, así se pacificó este país después de la Revolución, a partir de cañonazos de 50 mil pesos y la distribución de las viejas haciendas a los generales. Así se constituyó la base fundamental del presidencialismo mexicano donde a partir de un sistema de premios y castigos la política, los negocios y el ejercicio del poder conformaron un círculo vicioso que volvió a la corrupción y a la impunidad una forma de gobierno y de ejercicio de las políticas públicas para el mantenimiento del status quo actual.
Por eso se requieren mayores prácticas, otro tipo de reformas y de cambios. La corrupción, a diferencia de lo que han dicho diversos funcionarios, no es un problema cultural de los mexicanos, es un problema sistémico, y en tanto problema sistémico y multifactorial hay que desmantelar las redes que lo permiten, y que junto a la actuación indebida del Poder Judicial generan la impunidad para que esta práctica se reproduzca y se multiplique.
Creo que quedan muchos temas pendientes en la discusión de este marco legislativo, temas más profundos y fundamentales, como, por ejemplo, la eliminación de todo tipo de fuero constitucional a los servidores públicos, empezando por el fuero presidencial, que más que inmunidad otorgue impunidad al Presidente de la República.
La eliminación del fuero a los legisladores y a todos los gobernantes de este país, pero también hay que atacar la otra cara de la moneda, porque hoy la reforma en materia del Sistema Anticorrupción se ha centrado en lo que es la función pública, la administración pública y los servidores públicos y representantes populares, pero falta ir a fondo con la otra cara de la corrupción que tiene que ver con el soborno, que tiene que ver con el tráfico de influencias, que tiene que ver con el lavado de dinero, que tiene que ver con la utilización de paraísos fiscales, la creación de empresas offshore para eludir impuestos y encubrir operaciones económicas ilícitas y, particularmente, el que se nos rinda cuenta del origen de las fortunas que hoy los hombres más ricos de este país, incluso de los hombres más ricos del mundo han acumulado a partir de ser prestanombres o de ser beneficiarios de la privatización de los bienes de la nación o la concesión de servicios públicos.
Esos temas están intocados en la legislación que hoy discutimos, y espero que en el próximo período de sesiones una ley contra el soborno que permita hacer la investigación de las empresas privadas dentro y fuera del país, y hacer el seguimiento de las labores de inteligencia de cómo administran sus recursos en el Sistema Financiero Nacional, y fuera de México nos permita ir a atacar realmente el problema de fondo.
Que nos digan qué funcionarios del gobierno se vienen siendo beneficiarios con la privatización de los bienes de la nación, porque, qué bueno que tengamos hoy una 3de3, a 1 ó 2 de 3; o una ley 2 que 3 de responsabilidades, pero todavía no nos dan respuesta de los beneficios que Miguel de la Madrid, que Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que los propios presidentes de la alternancia han tenido con la privatización de los bienes públicos y con el otorgamiento de las concesiones que corresponden a la nación.
Creo que se avanza, pero todavía nos falta un largo trecho por recorrer, porque no basta combatir la corrupción, hay que combatir la impunidad y esa impunidad se deriva y emerge fundamentalmente del poder intocado de este país que es el Poder Judicial que todo lo encubre, todo lo tolera para poder garantizar la prevalencia del actual régimen político de nuestro país.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Esta Presidencia informa que se ha recibido la intervención del Senador Fernando Yunes, para fundamental los dictámenes a nombre de la Comisión de Justicia, por escrito.
Y se instruye a que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Pasamos a la presentación de dos votos particulares, el primero a cargo de la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.
No estando presente daremos paso a la presentación del voto particular a cargo del Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por el mismo lapso de tiempo.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Quiero hacer un comentario inicial, de que presentamos, recordar que presentamos una iniciativa ¿verdad?
Que ni siquiera fue comentada en este trabajo de 800 hojas y de leyes; una iniciativa que al ser omitida en el debate me da pie para hacer este planteamiento a través de un voto particular.
Hago una introducción con fundamento a los artículos tales y tales de nuestro Reglamento, para darle paso al artículo 208 del Reglamento, señalo, asunto u objeto, voto particular respecto al dictamen citado al rubro.
Omito los elementos reglamentarios para pasar a lo siguiente.
Las consideraciones que sustentan el voto particular son las siguientes.
El poder más importante del país en ese dictamen permanece impune, que se hablaba ya de la impunidad, me refiero al poder del Presidente de la República al aprobarse la reforma constitucional el 27 de mayo de 2015, no se modificó el artículo 108 de la Constitución, y en este dictamen tampoco, se limita efectivamente a ese poder.
El dictamen hace caso omiso a la explosión de la más profunda corrupción pública y privada durante los períodos correspondientes a la imposición del régimen neoliberal con su desenfreno privatizador, la intromisión de lo privado por encima de lo público y las limitaciones del Estado.
La omisión de la revisión de este período y las sanciones que deben derivarse en materia anticorrupción deja incólume la corrupción que antecede a la creación en la actualidad de una corrupción convertida en sistema de gobierno, señalamiento indubitable de la opinión pública nacional e internacional, denominada con el eufemismo al análisis de las elecciones, hartazgo. No es eso, es el sistema de corrupción integral de arriba, a partir de la Presidencia de la República.
La omisión del análisis de este período deja esa inmensa corrupción convertida en poderes de ex funcionarios y ex presidentes, que además de imponer sus intereses, desde posiciones de dominio, de redes públicas y privadas, generan en ejemplo más pernicioso consistente en crear poderes que ninguna limitación tiene, derivados de la corrupción pública, que se convierten en modelo a seguir para la clase política totalmente desprestigiada y sus asociados privados.
El Sistema Nacional Anticorrupción implica la creación de múltiples órganos e instancias, cuyos titulares serán designados por el Presidente de la República a final de cuentas, la mayoría calificada del Senado o la mayoría calificada de los Diputados.
No hay auténtica separación e independencia entre los vigilantes y los vigilados, porque los últimos designan a los vigilantes, serán instancias partidocratizadas, subordinadas y poco confiables.
Las leyes anticorrupción del Sistema, aunque hacen algunas referencias a las empresas nacionales y extranjeras que obtienen concesiones, contratos, autorizaciones y permisos del gobierno, no establece suficientes obligaciones para ellas.
Por ejemplo, sólo los servidores públicos están obligados a una muy relativa e insuficiente publicidad en sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, las empresas no están obligadas a publicitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, medio ambientales, ni en materia de salud. Sus directivos y accionistas no tienen obligación similar a los servidores públicos, obligados a la transparencia insuficiente de sus declaraciones, pero eso sí, tenemos a la Coparmex indicándole al Senado lo que tiene que hacer, en un puntito que ellos no hacen.
Los delitos y faltas de corrupción son prescriptibles, y no imprescriptibles, como deberían de ser. Si lo fueran, ello constituiría un elemento inhibidor poderosísimo, pero el dictamen se queda, en este aspecto, muy corto.
Los titulares de los órganos e instancias encargadas de la anticorrupción no son electos por los ciudadanos, ni sesionan en general en público, son instancias burocráticas, opacas que derivan de designaciones del Presidente del Senado y de los Diputados.
El Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el dictamen no entiende que las claves del combate a la corrupción tienen que ver con el control del poder político, económico, mediático y social.
La lucha en contra de la impunidad a través de autoridades independientes, de los que van a ser vigilados y supervisados con fuertes mecanismos de democracia participativa que no tiene.
El Sistema Nacional Anticorrupción propuesto en el dictamen no se preocupa por la democracia participativa como instrumento fundamental.
El Sistema Nacional Anticorrupción no establece como delito la traición al mandato popular que consiste en prometer políticas públicas durante las campañas electorales que después no se satisfacen.
El Sistema Nacional Anticorrupción no prohíbe que los contratistas, concesionarios, permisionarios, personas físicas que reciban privilegios fiscales, accionistas y/o directivos de empresas con vínculos con las instancias públicas, tengan prohibido donar recursos para las campañas, el 80% de la última elección se dice del dinero, fue de proveniencia ilegal.
Los contratistas, concesionarios, permisionarios que perciben privilegios están fuera del control.
Las empresas productivas del Estado y los fideicomisos públicos y figuras análogas, sin excepción, se deberían regir por las mismas disposiciones que norman a las instituciones públicas en el Sistema Nacional Anticorrupción y esto no ocurre así en la legislación secundaria del sistema.
El Sistema Nacional Anticorrupción no establece como sanción penal a servidores públicos y empresas, la extinción de dominio por delitos y faltas graves de corrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción no determina que el Comité Coordinador del Sistema Nacional produzca resoluciones vinculantes y obligatorias para las autoridades, sólo recomendaciones.
En fin, el llamado Sistema Nacional Anticorrupción es una reforma simuladora con la publicidad de las declaraciones de servidores públicos, centralista, antifederalista, antimunicipalista. Es una reforma lampedusiana que hace como que cambia, para que todo permanezca igual.
Por las consideraciones anteriores proponemos, mediante nuestro voto particular, lo siguiente.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 108 de la Constitución en materia de responsabilidades del titular del Poder Ejecutivo Federal; imprescriptibilidad de los delitos y faltas de corrupción, para constituir una Comisión de la Verdad que investigue y someta a las autoridades competentes los resultados de sus indagatorias respecto a las conductas y omisiones vinculadas a la corrupción del actual Presidente de la República y de los ex presidentes de la República anteriores durante el período salvaje de las privatizaciones.
Único.- Se modifica el párrafo segundo del artículo 108 constitucional, y se le adicionan 15 párrafos para quedar en los siguientes términos:
Artículo 108. El Presidente de la República durante el tiempo de su encargo deberá ser acusado por delitos y faltas que constituyan corrupción por traición a la patria y por delitos graves del orden común.
Se constituya una Comisión de la Verdad integrada por cinco titulares electos por los ciudadanos, para investigar los actos y omisiones de corrupción del Presidente de la República en funciones, y de los ex presidentes, así como de los empresarios nacionales y extranjeros vinculados con esos actos y comisiones.
Los cinco titulares de la Comisión de la Verdad deberán cumplir con los mismos requisitos que se exigen para los Diputados Federales, y serán electos en un proceso electoral extraordinario el primer domingo de noviembre de 2016.
Concluirán sus funciones el día último de noviembre de 2017, en donde presentarán, sobre sus resultados y hallazgos, un informe a la nación y a las autoridades competentes. Su nombramiento será honorario.
El Presidente será designado de entre ellos por mayoría de las dos terceras partes.
Los titulares de la Comisión de la Verdad serán elegidos por elección directa de los ciudadanos a propuesta de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales.
El Consejo General del INE organizará el proceso electoral respectivo.
Todos los aspirantes a candidatos para ser titulares de la Comisión de la Verdad, harán público su patrimonio, sus declaraciones fiscales y de interés; aplicarán exámenes de conocimientos, de confianza y antidopaje ante la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por cada una de las cinco plazas, los cinco aspirantes que obtengan las calificaciones más altas serán los candidatos a elegir por la ciudadanía.
Los candidatos a ocupar el cargo titular de la Comisión de la Verdad tendrán derecho a tiempos del Estado para exponer sus propuestas y programas de trabajo.
En el proceso de elección se prohíbe el reforzamiento de campañas, así como cualquier tipo de financiamiento público o privado.
La Comisión de la Verdad se instalará al día siguiente de la calificación de validez de la elección de sus titulares. Tendrá plenas competencias para investigar y solicitar información a cualquier autoridad de la República. No se pueden oponer a sus investigaciones, los secretos fiscal, bancario, financiero, ministerial o cualquier otro.
La negativa de las autoridades para proporcionar la información requerida, entrañará la destitución de los funcionarios que la hayan negado.
Igualmente la Comisión de la Verdad tiene facultades para solicitar información a los particulares y para interrogarlos.
En ejercicio de sus competencias, dispondrán del auxilio de la fuerza pública.
La metodología de la Comisión de la Verdad se orientará fundamentalmente, aunque no solamente, a la investigación de la corrupción presidencial, tanto en la operación de los procesos de privatización, desinformación, liberalización de las empresas públicas, en las últimas décadas; de los procedimientos relacionados con los grandes contratos y concesiones sexenales, y en el análisis pormenorizado del incremento patrimonial de los Presidentes y de sus familias.
Todos los titulares de los órganos e instancias encargados de la anticorrupción, serán electos por los ciudadanos. En ningún nombramiento intervendrán los titulares federales, estatales o municipales del Poder Ejecutivo, los Congresos, los Poderes Judiciales del país.
La Constitución garantiza los siguientes medios de democracia participativa, la revocación de los mandatos de los servidores electos, las consultas obligatorias y vinculantes para los principales decisorios administrativos de que el país adopte en los tres niveles de gobierno. Los referéndums para aprobar reformas constitucionales, tratados y leyes y las agendas populares de inconstitucionalidad.
En un plazo de tres meses, y van a ver que éste sí sería muy efectivo, el Congreso de la Unión aprobará la Ley General de Austeridad y Gasto Público, se prohibirá la contratación de aeronaves privadas, etcétera. En el caso de ser violados o no cumplidos los indicadores de desempeño se tipificará el delito de traición al mandato por parte de los servidores electos.
De no atacarse, termino, señor Presidente y muchas gracias por su tolerancia, de no atacarse al poder presidencial, que es de donde deriva de ahí todo el sistema de corrupción, que ha permitido que los gobernadores se conviertan en unos delincuentes, acabamos de ver lo que pasó en las elecciones, de una manera generalizada casi.
Si no se revisa lo que ocurrió en estos periodos que han hecho determinados ex presidentes, verdaderos poderes que son capaces de poner hasta Secretarías de Relaciones Exteriores, que tienen toda la capacidad para movilizar, comprar, someter, obligar, ¿cuál anticorrupción?
Vamos, por ejemplo, a encargarle al Secretario de Comunicaciones, este de los grandes contratos en el Estado de México y después a nivel nacional, le vamos a encargar, como está en el Sistema de Corrupción éste, que él con el órgano de control investiguen al Secretario de Comunicaciones, es ridículo.
Mientras no ataquemos al poder corrupto, mientras no se demuestre que los ex presidentes no son inmunes, mientras no podamos acabar con esa lacra todo lo demás va a seguir igual.
Ese Sistema de Anticorrupción es un galimatías, es una mazacota, no va a llegar a ningún lado, la impunidad empieza desde arriba, desde el Presidente de la República y los ex presidentes que siguen ejerciendo ese ejemplar dominio de la corrupción para comprar, someter, nombrar, etcétera.
Esa es nuestra propuesta, que esa sí resolverá el problema, la otra se va a empezar a organizar, toda esa mazacota de funciones, de todo eso que tienen ahí cada funcionario no lo van a poder implementar antes del siguiente período, pero el aeropuerto va a seguir, van a seguir todas estas grandes obras, y luego nos vamos a ir a París, a viajar por el mundo, a Londres, etcétera, con una capacidad de dominio en este país para que la juventud, la gente diga: “Esos sí son el ejemplo, esos ex presidente, esos son el ejemplo, debemos todos ser así”.
Si no hay una acción en este sentido todo lo demás es una simulación.
Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar voto particular hasta por diez minutos.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.
México ocupa como Nación el primer lugar con más altos índices de corrupción entre los países de la OCDE. La corrupción ha florecido por un esquema de impunidad que revela no sólo la incapacidad institucional, sino también el cinismo, el rechazo al escrutinio público por parte de muchos que integran la clase política.
La corrupción gubernamental pervierte la democracia, ha lastimado la credibilidad de las instituciones, ha inhibido por muchos años la inversión y, por tanto, ha entorpecido el desarrollo. Frente a la corrupción no se ha enderezado una política de Estado que realmente tienda a su disminución o exterminio.
Si este nuevo marco jurídico no es acompañado de la convicción plena de erradicar la corrupción y la impunidad sólo se estará simulando creando una fachada, detrás de la cual no habrá nada nuevo.
Yo estoy presentando un voto particular en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es uno de los pilares básicos del nuevo diseño institucional para combatir la corrupción. Por ello, debe establecerse con toda claridad y fortaleza, los mecanismos de control internos y externos, que tendrá la administración pública. Además debe fijar los límites de actuación de los funcionarios.
El proyecto de Ley General de Responsabilidades, establece los principios que deben regir y guiar la actuación de los servidores públicos, mismos que van desde la honradez y la imparcialidad a la rendición de cuentas y la transparencia.
Sin embargo, nos encontramos ante una situación muy delicada, muy grave, por la intención de consolidar una especie de gatopardismo, de que todo cambie para que todo siga igual.
Y voy a dar varios ejemplos:
Uno. Pues el multicitado, la Ley 3de3.
Frente a la propuesta conocida como Ley 3de3, en referencia a las declaraciones de los funcionarios públicos, destinadas a prevenir, sancionar los actos de corrupción.
Sin embargo, este dictamen propone que en las declaraciones patrimoniales y fiscales, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público. Pues eso es no cambiar nada porque eso es lo que ocurre actualmente.
Nuestra propuesta establece que las declaraciones, las tres: la patrimonial, la fiscal y la de intereses, no sólo dos, estarán disponibles al público en todo momento.
Si se aprueba este dictamen, se incumple la recomendación que el Comité de Expertos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, hizo a México en el año 2005, en el sentido y leo, “de regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la publicidad de las declaraciones patrimoniales, ingresos activos y pasivos con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales”.
El dictamen está plagado de fórmulas sesgadas, imprecisas y tramposas que se encaminan no sólo a que persista la corrupción, sino, sobre todo, a dejar entrar a su hermana la impunidad.
Pretende convertir la Ley 3de3, en la de sólo dos y estos dos a medias.
Otro aspecto es la no inclusión de las declaraciones fiscales en la plataforma, sólo se incluye su carátula.
Ahora bien, aun y cuando se mantiene la obligatoriedad de presentar las declaraciones patrimonial y de intereses, se establecen disposiciones sesgadas e imprecisas que restan efectividad al registro de las declaraciones fiscales, sólo se incluirán las caratulas en el registro.
Y el Sistema de Seguimiento y de Evolución Patrimonial, pierde eficacia al no entregarse a la Plataforma Digital Nacional, la información fiscal completa de los servidores públicos, con lo que se debilita la capacidad investigadora de un posible enriquecimiento ilícito.
Y en materia de sanciones se remite a la Ley de Transparencia de forma genérica por la vía de la Protección de Datos Personales, y esa información no se considera pública.
De ahí que nosotros proponemos incluir la obligación de presentar la copia de la declaración fiscal íntegra, a efecto de permitir a las autoridades del sistema, dar seguimiento efectivo a la evolución de la situación patrimonial del servidor público.
Se limita la capacidad en este dictamen o carece de un esquema para la tramitación de denuncias públicas de actos de corrupción.
Ni esta ley ni tampoco la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, hay disposiciones dirigidas a establecer, ¿Cómo se le dará trámite, seguimiento y desahogo a las denuncias por actos de corrupción?
Una cuestión de la mayor trascendencia.
Ante esta grave omisión, es necesario que esta Ley de Responsabilidades Administrativas, incorpore un capítulo que establezca las competencias, procedimientos y obligaciones para denuncias los actos de corrupción.
Proponemos adicionar un capítulo específico, estableciendo al seno del Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema de denuncias públicas que exija las menos formalidades posibles y que sean seguidas de oficio.
De la información que resulte de estas denuncias se podrán presentar recomendaciones, recursos o exhortos públicos.
Otro tema es el esquema incompleto de faltas administrativas graves, porque este dictamen no contempla como tráfico de influencias, la obtención de beneficios, ya sea bienes muebles e inmuebles, en condiciones notoriamente favorables, ofrecidas por propietarios o por quienes sean los titulares de contratos de servicios o de obras públicas.
Tampoco sanciona la asignación de recursos presupuestarios, derivada de dádivas o concesiones indebidas.
No contempla tampoco que Diputados locales o federales en el marco de la aprobación del presupuesto soliciten la asignación de recursos a diversos entes públicos, exigiendo por ello una comisión o un porcentaje.
Tampoco sanciona de manera efectiva el conflicto de interés, porque esta ley no permite al Sistema Nacional Anticorrupción emitir lineamientos específicos sobre los conflictos de interés.
Por eso nosotros proponemos establecer con toda claridad la facultad del Sistema Nacional Anticorrupción el emitir lineamientos relativos a las diversas situaciones que se presenten como conflicto de interés.
Eliminar toda posibilidad de que las faltas graves e conviertan en no graves, y eliminar el artículo 50 del dictamen, para que la facultad de indulto ahí contenida no sea discrecional. Pero establecer un nuevo artículo 50 con todos los supuestos bajo las cuales las faltas no graves podrían adquirir el carácter de graves, dependiendo del monto o cuantía del daño, del sujeto activo que comete la falta, la sistematicidad de su conducta o el daño social generado.
Proponemos adicionar otro artículo para establecer como falta administrativa grave el abuso de poder, abuso de funciones por relación jerárquica.
Nuestra propuesta incluye también, establecer como falta administrativa grave el tráfico de influencias, la obtención injustificable de bienes o beneficios por titulares que sean o pretendan obtener contratos o convenios con los entes públicos y eliminar lo que en el dictamen, artículo 101, establece como facultad discrecional de los órganos internos de control, de no iniciar investigación cuando existe falta administrativa, pero ésta, no genera daño a la hacienda pública.
Otro tema es el indulto discrecional de faltas administrativas graves, el documento, este dictamen concede total discrecionalidad a los órganos internos de control para imponer sanciones, pero se llega al extremo de la discrecionalidad, de permitir el indulto cuando el acto sea cometido por primera vez, cuando no haya habido daño patrimonial o cuando la actuación del servidor público se refiera a una cuestión de criterio, de opinión o que sea debatible. Ahí cabe todo, o sea, es una disposición verdaderamente discrecional que abre la puerta de salida hacia la impunidad.
Nosotros proponemos que bajo ninguna circunstancia se permita el indulto a una falta administrativa grave, cometida por algún servidor público y que no sean los órganos internos de control, sino el tribunal a quien corresponde la fijación de sanciones.
Los órganos internos de control en este tema son juez y parte, ya quedamos que en el Sistema Nacional Anticorrupción a quien corresponde la sanción de faltas administrativas de todo tipo es al Tribunal Federal de Justicia Administrativa no a la Secretaría de la Función Pública.
Otro tema es la exclusión de la aplicación de esta Ley de Responsabilidades de los consejeros independientes de las empresas productivas del Estado que no los considera sujetos de esta ley.
El artículo 5º, concretamente establece dicha exclusión, no se considera como servidores públicas a los integrantes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado, tal exclusión va en contra de lo establecido en el artículo 108 constitucional que considera servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el ámbito público.
Todos los integrantes de los consejos de administración de las empresas productivas del Estado ocupan el cargo de consejeros, por lo tanto son servidores públicos, y se les debe de aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Proponemos eliminar este artículo 5º por la sencilla razón de que no podemos tener una Sistema Nacional Anticorrupción que haga excepciones, sobre todo si se trata del sector energético, donde como todos sabemos, la corrupción ha sido su marca indeleble.
Por todos estos argumentos y más, presento este voto en contra de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Es cuanto.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Pasamos a la etapa de posicionamientos, y se concede el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos.
El Senador Armando Ríos Piter (Desde su escaño): Señor Presidente, tengo un voto particular.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: No tengo registrado su voto particular, Senador Armando Ríos Piter.
Consulto a la Secretaría ¿si se recibió el voto particular del Senador Ríos Piter?
No tenemos voto particular registrado de usted, señor Senador.
La Senadora Layda Sansores San Román: Presidente.
Compañeras y compañeros: …
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Permítame, Senadora Sansores, permítame, permítame.
Nos están entregando en este momento el voto particular del Senador Armando Ríos Piter.
Ruego, Senadora Sansores, si me permite darle trámite al voto particular del Senador Ríos Piter.
La Senadora Layda Sansores San Román: Encantada.
Los caballeros primero.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Reglamento me ordena dar primer paso a los votos particulares.
Tiene el uso de la tribuna el Senador Armando Ríos Piter, para presentar voto particular, hasta por diez minutos.
El Senador Armando Ríos Piter: Gracias, señor Presidente. Con su permiso.
El presente voto particular, compañeros y compañeras, es especialmente en contra de la Ley de Responsabilidades, toda vez que ha sido uno de los temas que más han tenido atención por parte de los ciudadanos y ciudadanas respecto a este discusión, y que es uno de los menos atendidos.
Una Iniciativa Ciudadana con más de 630 mil firmas, que implicaron poner en uso la reforma política con una gran movilización, y sobre todo, en uno de los temas que hoy significan una de las principales preocupaciones para los hombres, para las mujeres, para las sobremesas en este país, y que en el dictamen que hoy se presenta, específicamente en la Ley de Responsabilidades, pues queda, como el propio representante de las organizaciones de la sociedad civil.
Lo dijera el día de ayer, queda sumamente corto, queda corto porque el tema de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, que es la base de un sistema que permita que los ciudadanos y las ciudadanas le puedan dar seguimiento al patrimonio que tienen los servidores públicos, pues queda totalmente limitado, limitado porque queda a voluntad de los servidores públicos el entregar esa información, y limitado también porque al no ser obligatorio, pues, queda simplemente a una condición potestativa.
Hablaremos durante el desahogo de esta discusión, del sistema, de la forma en la que las distintas instituciones buscan coordinarse, de las plataformas, de los distintos elementos que comprenden el sistema, pero sin duda alguna, sin tener este componente, pues queda corto respecto a lo fundamental que ha rodeado esta discusión.
Es ¿Si el sistema realmente buscando acompañar lo que han planteado ciudadanos y ciudadanas?
¿O si se queda, repito, limitado a discreción de lo que han definido o definan los legisladores y las legisladoras? Estoy en contra. Por esa razón, este voto particular.
Sin embargo, también quiero aprovechar este espacio para reflexionar los retos que tiene este sistema. Y ayer, bueno, hoy por la madrugada, cuando fijaba posición por parte de mi grupo parlamentario, recordaba ¿cuál fue el inicio de este debate?
Traía a colación, que en noviembre del 2014, precisamente después de las grandes movilizaciones derivadas de la desaparición de 43 jóvenes, en el estado de Guerrero, en el municipio de Iguala, donde con el auxilio de policías municipales de Huitzuco de Cocula, de las policías municipal, estatal, federal, en atención del C4, con la presencia del propio Ejército, desaparecieron 43 jóvenes estudiantes.
Y ese tema, compañeros y compañeras, es un tema de corrupción, es una tema de corrupción, porque esas policías son pagadas con el dinero de los ciudadanos y de las ciudadanas; son pagadas con el dinero de los mexicanos y de las mexicanas.
Y ese ejemplo de Ayotzinapa, compañeros y compañeras, le dejó claro a México y al mundo entero, que en nuestro país la corrupción desaparece gente, la corrupción mata.
Y el segundo, compañeros, fue la Casa Blanca. Siempre hay que recordar la Casa Blanca, en propiedad de la esposa del Presidente Peña Nieto.
Una casa, por un monto de 7 millones de dólares, que resultó que había sido comprada por parte del Grupo Higa, un grupo que no solamente había sido el principal beneficiario durante la época del gobierno en el Estado de México de Enrique Peña Nieto, como gobernador, sino que también había sido beneficiado para construir el Tren Rápido México-Querétaro.
Difícil es, compañeros y compañeras, pensar ¿de dónde venimos? Porque si no tenemos en cuenta con memoria ¿por qué hoy estamos debatiendo esto? Difícilmente vamos a saber la dimensión y el tamaño que tiene que tener ese Sistema Nacional Anticorrupción.
Datos podemos dar, compañeros y compañeras. Hoy la corrupción es uno de los tres principales temas que tienen en señalamiento la preocupación de nuestra sociedad.
Aproximadamente el 91% de la gente, percibe a la corrupción como un problema que tienen los partidos políticos y que se vive en el Congreso de la Unión en este Senado y en la Cámara de los Diputados.
De la misma forma, en el tema de desarrollo económico muchas cifras ya se han vuelto datos cotidianos, que si la corrupción nos cuesta el 10% del Producto Interno Bruto; o que si a las familias les llega a costar alrededor de 86 mil millones de dólares, por lo menos en la pasada década en términos de gastos cotidianos que tienen las familias mexicanas.
Y, entonces, no solamente es un problema de percepción o un problema de pobreza generada por una mala inversión o porque en el bolsillo de una familia mexicana se tenga que gastar mucho más en estos asuntos que invertirlos en vivienda, invertirlos en salud, en vestido, tiene que ver también, compañeros y compañeras, con que la corrupción mata, porque las policías, como lo decía, hoy no solamente en el caso de Iguala, desaparecen estudiantes.
Cuando hablamos de 30 mil personas desaparecidas tenemos que entender que no es solamente un ejemplo del estado de Guerrero, tenemos que entender cómo en Veracruz, allí en Tierra Blanca, es en la misma condición sistémica de policías de los distintos órdenes de gobierno que están involucradas en actos de corrupción, o difícilmente podríamos entender las fosas que se han encontrado en Tamaulipas, en Durango, en cuántos lugares del país, donde las fosas clandestinas son los ejemplos vivos de esa corrupción que hoy no solamente abarca a las policías, sino que también está involucrada en la parte de la procuración de justicia.
Hay que ver solamente el último reporte de Open Society Justice Initiative que lo que plantea es que las fuerzas gubernamentales y las acciones que están realizando los actores del crimen organizado nos tienen en una condición de crímenes de lesa humanidad, porque, compañeras y compañeros, este no es solamente un asunto de cómo hacemos un sistema nacional anticorrupción para que legítimamente dejen de robarse los servidores públicos el dinero que es de la gente, no solamente es eso, no solamente es esa visión de cómo garantizamos que las cúpulas empresariales legítimamente tengan una respuesta de que el dinero que debe de invertirse no termine en el bolsillo de unos cuantos funcionarios.
Es una pregunta superior, compañeros y compañeras.
¿Cómo garantizamos que el Estado mexicano, en plena evolución de este 2016, pueda apuntalarse de frente hacia un cambio que no ha logrado?
Que la corrupción no sea el menester de una élite política-económica y social que permite que haya esas desapariciones, que permite que haya esas fosas clandestinas y que quiere ocultar detrás del tema exclusivo del dinero un problema grave de violaciones de derechos humanos.
Ese es el tema, compañeros y compañeras, que tenemos que ponerle como meta y como objetivo al Sistema Nacional Anticorrupción.
Y, por último, compañeros y compañeras, una vez que ha acabado el proceso electoral, que tanta atención tuvo de parte de los integrantes de este Senado, y que distrajo la posibilidad de que pudiéramos cumplir el 28 de mayo con el mandato constitucional.
El programa de la corrupción, si no lo entendemos de fondo, poco vamos a entender la dimensión que debe de tener el Sistema Nacional Anticorrupción.
El problema de la corrupción, compañeros y compañeras, es el dinero de las campañas políticas.
El problema de la corrupción, compañeros, es que la clase política, en sendos territorios del país, ha preferido acomodarse y acordar con las partes del crimen organizado y con los sectores ilícitos que buscar el voto.
Hoy la compra del voto, compañeros, desde Morelos hasta cualquiera de los estados que se me ocurran, el mío, Guerrero, por cualquiera de los que podamos pasar, es el problema.
Acabamos de ver un pasado 5 de junio donde según los estudios de los dineros presupuestados por el Instituto Nacional Electoral pueden ser casi seis veces más el dinero que circula de manera irregular a la que estamos presupuestando como país.
Si no arreglamos el problema del dinero en las campañas difícilmente vamos a poder cambiar la visión de los ciudadanos y las ciudadanas respecto a la élite en el gobierno, todos los partidos políticos, todos los actores políticos saben a qué me refiero cuando hablamos de que el dinero se ha vuelto un problema, se ha vuelto el problema de buscar grandes cantidades, acordada con empresarios, que puentean recursos para que los candidatos vayan alrededor de los territorios, y ahí donde ganan terminan utilizando ese espacio público para pagarle a esos empresarios que les prestaron dinero.
Pero también ahí donde ganan esos gobernadores o gobernadoras que tuvieron acuerdos con los actores del crimen organizado, terminan dándoles a las policías, entregándoles las direcciones de desarrollo, las áreas de inversión a esos actores criminales con los que pactaron ganar en las urnas.
Campañas costo cero, compañeros y compañeras, esa tiene que ser la visión y el compromiso de una nueva generación que quiera verdaderamente retomar el sendero de la democracia que hoy hemos perdido.
Los invito, compañeras y compañeros a que eso hagamos de este Sistema Nacional Anticorrupción.
Triste es que no quieran que discutamos el tema de los mandos policíacos, son temas que van compartidos; triste es que no estemos discutiendo tampoco el asunto de los desaparecidos, no es solamente un tema de corrupción como si fuera un asunto inflado, es el tema del colapso del Estado mexicano en el cual el Senado de la República tendría que estar a la altura para posesionar hacia el frente el gran país que estamos convocados a ser.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román, hasta por diez minutos.
La Senadora Layda Sansores San Román: Presidente, compañeras, compañeros: Pues más que hacer tanta verbena por este dictamen, deberíamos ya estar organizando el funeral, esta iniciativa nace muerta, y promete convertirse muy pronto en un aparato burocrático, costoso e inútil.
Otra simulación, otra farsa.
Esta ley debió empezar por condenar las trapacerías del Presidente que hoy encabeza la corrupción en este país y goza de un régimen de excepción, nadie puede olvidar la Casa Blanca ni los millones de dólares que depositaron, caso en Panamá, más todos los que ya no le alcanzó el tiempo para depositar. Él, sus socios, sus cómplices, porque, pues no se sabe dónde empieza ICA y dónde comienza Peña Nieto.
El Senador Bartlett tiene toda la razón, éste es el meollo, mientras no se toque el vértice no tenemos nada qué hacer, esto es estar jugando a las escondidillas, y a que te encuentro, y que te persigo.
Morena propuso una reforma al 108 constitucional para que los presidentes pudieran ser juzgados por corruptos, porque entonces sí, Peña, al penal de Sonora, señores; y cadena perpetua por robo agravado, por conflicto de interés, por lavado de dinero, por daños a la nación, por traición a la patria, por tráfico de influencias, por mentiroso y por farsante.
Yo decía antes, no hay diferencia entre un ladrón común y un político ladrón, son iguales; un artículo me hizo reflexionar, sí la hay, y es abismal, el ratero común, te roba la cartera, el auto, el reloj; pero el político corrupto te roba la vivienda, la salud, la educación, pero lo peor que nos ha robado Peña Nieto es la confianza, la pérdida de confianza es irreparable en un pueblo, y diga lo que diga hoy Peña Nieto, nadie le cree.
El comité coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción está integrado por 7 miembros de los cuales la mayoría serán impuestos sutilmente por el Presidente, inclusive el comité ciudadano, que en teoría representa a la ciudadanía, pues ni siquiera va a ser electo por la voluntad popular.
Hace unos días primero decía, la ley, que iban a ser designados por el Conacyt entre los grandes científicos, entramos, cuántos habían, y habían 26 mil; hablamos al Conacyt cuál era el método, y ni siquiera sabían de qué se trataba, ya lo cambiaron.
Pero, ahora adivinen quién va a integrar este comité de 7 grandes autoridades, el terror de Peña Nieto, el verdugo de los rizos de oro.
¿Quién va a creer?
Y lo más grave es que existirá también un secretario técnico ejecutivo que tendrá facultades discrecionales muy cercanas a los poderes del Espíritu Santo, será omnipresente, omnipotente y, como Dios, sabrá todo de todos.
En lo que se refiere a la Ley 3de3, en lo personal, estoy de acuerdo, y junto con 7 Senadores fuimos los primeros en presentar nuestra declaración patrimonial -me acuerdo de Marcela- y hacer público al inicio de la legislatura nuestras declaraciones con todos los riesgos que eso implicaba.
Como candidata a gobernadora presenté mis 3de3 con los formatos establecidos por la sociedad civil, y este año la actualicé con los formatos de la sociedad civil.
Estoy a favor, pero la reserva que tenemos dentro de la fracción, es que esta ley parece estar diseñada para proteger a los empresarios, porque el corrupto no anda solo, para que esto tenga trascendencia debe incluir también a la otra parte, a los proveedores de servicios al gobierno, a los televisos, a los bancos, a los Monex, a los Higas, a los OHL, ellos también tendrían que hacer públicas sus declaraciones, porque es frecuente y es el pan de cada día en las relaciones comerciales aquí con los políticos, que el empresario soborna y el servidor público extorsiona.
Habrá que romper el viejo binomio político empresarial, ambos oficios son dignos, pero no deberían mezclarse, ha sido una síntesis explosiva que ha venido a corromper el orden social, o quieres ser político, o quieres ser empresario, elige. Y una de las grandes ausencias en esta iniciativa es el carácter de prevención.
¿Cómo detener a tanto pájaro de cuenta? Hay que empezar porque la clase política dé el ejemplo, y no tenemos ejemplos de políticos honestos, salvo, para mí, López Obrador. Y qué sistema, digan lo que digan, le han buscado por donde quiera y no le encuentran, eso es lo que necesitamos en México, desde el vértice, la honestidad, y no a medias.
¿Qué sistema anticorrupción podemos esperar de representantes de partido? que aquí lo decía el compañero Ríos Piter, que compran votos.
Las pasadas elecciones, y miren que he vivido muchas, pero me dejan un gran desaliento, han envilecido al ciudadano traficando con su hambre, fueron convertidas en un mercado, en donde se subastan los votos y se venden las plazas al crimen organizado, más parecía que una competencia entre candidatos, una competencia entre delincuentes electorales, y los legisladores no hacemos nada por ponerle, un detente, y un ya basta, a la compra de votos.
No, no ganaron porque un chiquito canalla dice que ellos lo hacen muy bien, y que porque les cobraron votos. No, miren, aquí fue la habilidad de la trampa, y cuando Morena obtiene sus triunfos, que los obtiene limpiamente, porque no compramos ni medio voto, es porque no les alcanzó la cobija, no porque haya democracia.
Durante el sexenio de Peña Nieto, para que lo sepan, se triplicó la corrupción, dicho por Forbes, los montos que van a los bolsillos de los corruptos equivalen, y es tristísimo, a todas las remesas que envían los mexicanos desde el extranjero a costa de su sacrificio y de su sufrimiento.
Y miren que las remesas son la primera fuente de divisas en el país, bueno la segunda, porque ahora ya es el narcotráfico quien más aporta, pues gracias al apoyo incondicional e invaluable de los políticos corrompidos, porque no nos hagamos, el crimen organizado y la política se aparean en el mismo nido y duermen en la misma cama.
Y como decía Tácito, mientras más corrupto es el Estado, más leyes formula, lo que se requiere es voluntad política, con las que teníamos se podía haber empezado a combatir la corrupción, no hay ni una señal, ni un destello por parte de Peña Nieto, de querer realmente combatir a fondo la corrupción en el país, por eso la Open Society en su informe que es demoledor, nos pone en evidencia, y tendríamos que leerlo con mucho cuidado, porque tal parece que ya no hay otro remedio.
Peña Nieto, les digo, porque no creo en ese sistema, porque fue creado para no servir, porque si realmente fuera efectivo, Peña Nieto se vería en el dilema de tener que cerrar la reja de su propia celda, si esto realmente funcionara.
Pero miren, en el 18 devolveremos la ética a la política.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la tribuna el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para fijar la posición de su grupo parlamentario, hasta por diez minutos.
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muy buenas tardes compañeras y compañeros Senadores.
Quisiera comenzar por hacer un reconocimiento a las organizaciones sociales, a las organizaciones de la sociedad civil, a los 634 mil ciudadanos firmantes de la iniciativa ciudadana, académicos y especialistas, hoy representados en el maestro Eduardo Bohórquez López, que participaron en el proceso de dictaminación de las leyes secundarias de anticorrupción.
Fue un proceso complejo, por la misma complejidad del Sistema Nacional Anticorrupción en el que su participación y sus propuestas han sido fundamentales para construir este entramado institucional y legal que tiene como fin prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción.
Reconozco también a las Senadoras y Senadores, a los Presidentes de las Comisiones dictaminadoras, al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, al Senador Fernando Yunes Márquez y al Senador Pablo Escudero Morales, por la conducción inteligente y atinada en este proceso de dictaminación.
Privilegiaron en todo momento el diálogo y la contrastación de propuestas.
Estuvieron abiertos a recibir observaciones e integrarlas en los dictámenes y siguieron la metodología del parlamento abierto.
Hicieron política de la buena para alcanzar el mayor consenso posible en los dictámenes que el día de hoy están a discusión en esta reunión.
Lo anterior es fundamental porque para el Sistema Nacional Anticorrupción, para que funcione y cumpla con los objetivos previstos, debe contar con el mayor respaldo político.
Por ello reitero mi reconocimiento a ustedes y a todas y todos los Senadores que han participado en este intenso proceso.
Compañeras y compañeros, amigos que nos siguen en la sesión por el Canal del Congreso y a través de las redes sociales.
En esta discusión mucho se mencionará del panorama actual y de múltiples encuestas e índices que colocan a nuestro país en lugares desventajosos.
En efecto, la corrupción es un problema con implicaciones económicas y sociales, que atenta contra la seguridad de ciudadanos como de las naciones.
Todas y todos coincidimos. La corrupción es un problema que se infiltra y compromete el adecuado funcionamiento de las cosas; impacta en la impartición de justicia, en la gobernanza, en la legitimidad, en la convivencia pacífica.
Identificado el problema, celebro el acuerdo y disponibilidad para construir soluciones. En este momento nos encontramos finalmente discutiendo el marco jurídico que dará dinamismo y operación al Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
En este momento es una muestra más de que cuando hay voluntad y responsabilidad, podemos llegar a buenos resultados.
Los avances logrados no agotan las oportunidades para continuar con la perfección del sistema.
En el Verde estamos conscientes que hay áreas de oportunidad en las cuales la puesta en operación del sistema nos indicará aquello que es necesario ir adecuando.
Los esfuerzos que contiene este dictamen reflejan meses de trabajo arduo y responsable de manera de la sociedad civil, de Senadoras y Senadores, de las comisiones y desde luego de todo el equipo técnico que ha acompañado en el trabajo de estos dictámenes que hoy se discuten.
Los presentes dictámenes refuerzan la gobernanza, satisfacen las demandas sociales respecto a la transparencia, la rendición de cuentas y los gobiernos responsables.
La gobernanza es un elemento dinámico que se logra con la incorporación constante de instrumentos de vinculación entre sectores sociales, políticos y económicos.
Con el presente dictamen se incorporan elementos e instrumentos que permiten un gobierno interactivo, que trasladan la colaboración en acción mediante la inclusión de sistemas de coordinación de actores públicos y privados.
El dictamen contiene la expedición de tres leyes que son.
Primero, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual establece las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
Segundo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas que establece, valga la redundancia, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos y omisiones en que estos incurran, y las que corresponden a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como el procedimiento para su aplicación.
Y, la tercera, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativo, el cual impondrá sanciones a los servidores públicos que cometan faltas administrativas graves y a los particulares que participen en este tipo de actos, así como fincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones económicas que deriven de los daños que afectan los ingresos públicos.
El proceso de dictaminación que llevaron a cabo las comisiones dictaminadoras pone los estándares de discusión parlamentaria muy altos, constituye una afirmación que debe convertirse en constante para este Congreso. La transparencia y la legitimación de las decisiones tienen que ser obligaciones permanentes.
Para el Partido Verde hemos acompañado y participado activamente en todo el proceso, el combate a la corrupción debe ser una tarea de autoridades y ciudadanía responsable.
Senadoras y Senadores: Continuemos en el diálogo, en el diálogo permanente, dejemos a un lado las descalificaciones y nuevamente demos muestra de que con acuerdos, con apertura y con responsabilidad podemos lograr grandes acuerdos en favor de todas y todos los ciudadanos.
Seamos parte de la solución y no un pretexto que engrandece el problema. Todos estamos a favor de poner un alto a la corrupción, de ponerle el alto a la corrupción, es por ello que los invito y los convoco a que apoyemos los presentes dictámenes para que sigan su curso legislativo, los invito a que votemos a favor y hagamos realidad este Sistema Nacional Anticorrupción.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, hasta por diez minutos.
El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros: Nosotros, de estas tres leyes que se están debatiendo el día de hoy en este dictamen, hemos sido muy puntuales, nos hemos manifestado a favor de la Ley del Sistema Nacional, la Ley Reglamentaria, de la Ley Orgánica del Tribunal. Planteamos una propuesta muy clara para la parte de la fiscalía anticorrupción, del tema que tiene que ver con el Código Penal, y hemos mantenido un serio rechazo a la forma en la que se presenta la Ley de Responsabilidades.
Creo que es importante reflexionar, compañeros y compañeras, que esta discusión posiblemente lleve en la mente de muchos millones de mexicanos y mexicanas, no estos últimos episodios que han generado ese gran malestar social, sino seguramente es una de las grandes reflexiones a partir del 2000.
Yo recuerdo y tuve el alto honor de formar parte del gobierno de Vicente Fox, y recuerdo en aquella ocasión, cuando ganó el Presidente Vicente Fox, la gran expectativa que tenían los mexicanos y las mexicanas era que las cosas iban a cambiar, ese fue en cierto sentido lo que generó el voto útil, una amplia participación.
Hace poco platicaba con las personas que han hecho estas encuestas de humor social, y decían que en aquel momento, en el 2000, la sociedad mexicana se proyectaba como una sociedad capaz de sentirse transformadora de las cosas. Era, me lo decía él citando el estudio, era como si la sociedad mexicana estuviera en una especie de fiesta, tal vez hasta de una borrachera de la felicidad que tenían los ciudadanos y las ciudadanas.
Sin embargo, esa felicidad poco a poco fue cayendo, y hoy en esa medición de humor social, de la que hemos escuchado recientemente por parte del Presidente de la República, pues no solamente estamos en los niveles de 80%, en los que en aquel momento estuvo la sociedad mexicana, sino que hoy estamos en menos 20%.
De esa euforia que se tuvo en el 2000 hoy estamos en una condición de humor social entre violencia y frustración, es el estudio al que se refería recientemente el Presidente de la República.
Yo creo, compañeros y compañeras, que en gran medida tiene que ver con que la alternancia no logró resolver el problema de la corrupción. En lugar de que el gobierno de la alternancia pudiera pactar con la sociedad, con nuevos actores una nueva forma de concebir las relaciones sociales en México, se prefirió pactar con los liderazgos sindicales de siempre, se prefirió mantener la lógica clientelar en el ejercicio de los programas de gobierno, se prefirió facilitarle a los aliados de la campaña en los procesos a través de los impuestos, a través del presupuesto.
En lugar de lograr un nuevo pacto; un nuevo pacto y cito al Senador Alejandro Encinas, que pudiera cambiar la lógica de 70 años de régimen partidista donde la corrupción era uno de los hilos que permitían que todo el tejido político y social funcionara.
Hoy a 16 años de aquella alternancia, estoy convencido que este sistema debe de aportarle a reconstruir esos 16 años en los que la transición se ha quedado estancada y catapultar al país hacia adelante.
Hoy con un nuevo modelo como el que plantea este sistema donde se tiene la posibilidad de coordinar las distintas instituciones que están abocadas en esta materia. Tenemos la oportunidad de que no se quede en una condición discrecional política, el tema del combate a la corrupción, sino que se vuelva un tema sistémico donde los distintos elementos del sistema puedan precisamente generar pesos y contrapesos.
Nunca más una Secretaría de la Función Pública, que tenga una simple utilidad política para tapar tal vez con una investigación que nadie cree, ¿Quién compró una Casa Blanca? O para elaborar de manera inmediata un testimonio, una investigación que termine llevando frente a la autoridad, aquél que ha caído de la gracia política y no aquél que ha utilizado de manera inadecuada los recursos públicos.
Esa es la visión del sistema, con una Auditoria Superior de la Federación, que deje de ser de investigación, que permita revisar, no solamente al Gobierno Federal, sino cómo se está gastando el dinero ahí en las entidades federativas. Esas que han sido reconocidas como la gran caja negra de los recursos públicos.
Con una Fiscalía Anticorrupción que siendo autónoma pueda como en el caso de Brasil o Guatemala, hacerles preguntas a los grandes actores del poder.
Que pueda, de manera muy puntual, a través de un tribunal ejercer la labor jurisdiccional, teniendo capacidad de tener un entramado mucho más sólido y mucho más consistente.
Y especialmente, compañeros y compañeras, siendo un Sistema Nacional Anticorrupción, presidido por los y las ciudadanas, darle la capacidad a los dueños del dinero, a aquellos que financian la actividad gubernamental, aquellos que le pagan a los servidores públicos, quienes estén al frente de la acción en contra de la corrupción.
Aquellos que representan a los empresarios que, quincena tras quincena, cuando pagan la raya y pagan los salarios, son los que cubren los impuestos al mismo tiempo que están generando empleos.
Que esos empresarios tengan capacidad de estar representados en este sistema para verificar verdaderamente que ese dinero de los impuestos se esté gastando en lo que se tiene que gastar, y que no termine en la campaña de algún partido político, el que les guste financiando algún candidato para beneficio de una camarilla de un grupo, en lugar de que sea para el desarrollo del país.
Para que puedan esos ciudadanos y ciudadanas, verificar que verdaderamente se le estén dando los programas a quienes los merecen, no a las clientelas que apoyan a tal o cual grupo que, a través de los padrones gubernamentales, se tenga plena claridad de quién merece un programa y un acceso a un presupuesto público y que no sea ya ese dinero para atender a la clientela de algún color político.
Si esto le suena compañeros y compañeras, pues es lo que estamos por votar, de esta dimensión tiene que ser el cambio.
Y nuestra preocupación como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es que no se haya querido avanzar como lo dije antes, en el tema de las declaraciones, una declaración patrimonial, una declaración fiscal y una declaración de intereses por cada uno de los servidores y las servidoras públicas del país.
Que permita saber con cuántos recursos entran al desempeño de la labor que se le ha encomendado, es un Senador o una Senadora, si es un Diputado o una Diputada, que la gente sepa con qué entra; que la gente sepa cuánto está pagando de impuestos y que la gente sepa cuáles son los intereses que representa, para que no tengamos ya compañeros y compañeras, votaciones de la Ley de Ingresos donde aparecen de repente Senadores que amparados en un fuero y en la representación de su estado y en la representación popular terminan votando a favor de los intereses que los financiaron en las campañas o de los intereses de los cuales han vivido legítimamente durante tanto tiempo, pero que a la hora de votar no pueden ser los intereses que se representan.
Entonces, compañeras y compañeros, el PRD está en contra de que no se quiera avanzar en esa declaración pública.
Yo estoy convencido de que si avanzamos en ese esquema, posiblemente habrá muchos vericuetos para que algunos le den la vuelta, pero si hoy hay una iniciativa ciudadana con 640 mil firmas, creo que lo que podríamos empezar a hacer es a reconstituir el pacto de confianza que hoy está gravemente perdido con la ciudadanía y solamente hay que voltear a ver el pasado 5 de junio donde todos los partidos políticos perdimos, unos más, otros menos, pero donde la sociedad salió a decirnos que ya basta de esa corrupción que los agobia.
Por eso votaremos en contra de esa Ley de Responsabilidades.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romero Hicks, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Presidencia, distinguidos legisladores: Gabriel Zaid, el intelectual mexicano, reflexiona en las siguientes palabras: “Antes creía que el sistema mexicano era corrupto, hoy creo que la corrupción es el sistema”.
Ese es el tamaño del reto.
Por eso, a grandes problemas, grandes esfuerzos para poder solucionarlos.
Los instrumentos que hoy presentan las comisiones son el resultado de una inédita coalición entre diversos actores comprometidos en exponer, castigar y desterrar la corrupción que vive enraizada en prácticamente todas las dimensiones del Estado mexicano y grandes partes de la sociedad.
Francamente hemos tenido conocimiento de ello desde hace muchos años, y no estoy aquí para fanfarróneamente señalar a unos u otros como el “paciente cero” que vino a desatar la epidemia de la corrupción, hacerlo ni nos queda y nos expía.
Cada uno sabe de sus culpas y de sus omisiones.
Lo que hoy estamos conociendo es producto de una gran diversidad de iniciativas.
Y en el caso del grupo parlamentario de Acción Nacional, es un ejemplo de la persistencia y la perseverancia para poder ir construyendo en el camino.
El 4 de noviembre del 2014, los grupos parlamentarios de Acción Nacional en ambas Cámaras presentaron iniciativas para reformar la Constitución Política del país en materia de combate a la corrupción y ahí empezó la etapa más reciente para nosotros.
El 21 de abril del año pasado, el Senado aprobó la reforma avalada por la Cámara de Diputados que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, el 27 de mayo, la firma del Presidente Peña y tiene vigencia a partir del 28 de mayo y teníamos un año para poder cumplir.
De inmediato hace poco más de un año, en el caso nuestro, empezamos los trabajos y las primeras iniciativas se presentaron el 26 de agosto, el último miércoles de la Comisión Permanente, ante una posible expectativa de que el titular del Ejecutivo utilizaría la iniciativa preferente, pero no fue así, se presentaron las leyes generales del sistema, las responsabilidades administrativas y la primera para la administración pública federal.
Fuimos conociendo diferentes iniciativas de los grupos parlamentarios. Y de estas cinco iniciativas mandatadas en los transitorios, a partir de marzo, tanto Acción Nacional, con el Partido de la Revolución Democrática, determinaron que era importante también el ámbito penal, de lo contrario quedaría trunco e incompleto.
En el caso de Acción Nacional, trabajamos sin sistema, Senadores y Diputados, y el propio Comité Ejecutivo Nacional.
En este momento, nosotros nos abrimos de cara y de frente al país. Hicimos alianzas con sociedad civil, con diferentes grupos de especialistas y de personas inquietas para poder contribuir.
Sabiendo que nadie es el dueño del tema, sin embargo, todos querían de alguna manera aportar.
También quiero celebrar la alianza que tuvimos con el Partido de la Revolución Democrática, y varios Senadores independientes.
Hay aspectos que yo quisiera destacar.
Primero, lamentar que no cumplimos la fecha del 28 de mayo, porque faltó voluntad de algunas fuerzas políticas para poder cumplir.
En el caso de la primera ley, la Ley General del Sistema, se establece una composición, atribuciones, herramientas, objetivos, funcionamiento de administración; se establece un comité coordinador, un comité de participación ciudadana, y en esta parte es muy importante la participación ciudadana para combatir la corrupción.
Se crea un Sistema Nacional de Fiscalización, y se crean plataformas digitales para incorporar información de funcionarios sancionados, sistemas de compras, entre otros.
En la segunda ley, de las que vamos a conocer, la Ley de Responsabilidades y Combate a la Corrupción, se establecen principios generales, procedimientos.
Se establece que el servicio público es un mandato social que demanda lealtad a la Constitución.
Se tipifican conductas que constituyen actos de corrupción.
Se establecen sanciones, se obliga a funcionarios a presentar una declaración patrimonial de interés fiscal y en concordancia con lo sugerido por la sociedad civil organizada. De eso conoceremos en unos minutos más.
Se tipifican conductas.
En un tercer ordenamiento, la ley, el Tribunal de Justicia Administrativa, se establecen requisitos, se amplían competencias del tribunal, se establecen las bases para las salas especializadas.
Pero esta primera parte también tiene una coordinación con la Cámara de Diputados. La parte de fiscalización y los cambios en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ellos son Cámara de origen en estos ejemplos.
Faltaba el diseño para la parte penal, que en este momento se está dictaminando en comisiones.
Requeríamos una Fiscalía Anticorrupción con independencia técnica y de gestión, con una estructura que pudiera tener unidades y coordinaciones necesarias para atender el conjunto de demandas, y lo que queremos dentro de las limitaciones de la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es crear una fiscalía que pueda tener una actuación eficaz.
Y finalmente, un Código Penal, que tipifique conductas, entre otras, como el tráfico de influencias, el cohecho de manera más directa, y que armonice el Código Penal con las sanciones que pueden darse también en el ámbito administrativo. Todavía eso está en discusión.
Distinguidos Legisladores: De transitar esta primera etapa de aprobación de las cinco iniciativas que tenemos en el Senado, las dos en la Cámara de Diputados, la tarea no estará todavía terminada. Vamos a requerir al menos 15 leyes más entre códigos y ordenamientos legales complementarios para continuar este esfuerzo, que nos permita combatir la corrupción, el camino es aún largo, y no podemos bajar la guardia porque hay mucho por hacer.
La gratitud es memoria del corazón, y en este esfuerzo quiero destacar de mis compañeros del grupo parlamentario, los que han hecho el testimonio para el valor de la propuesta.
El Presidente Anaya, el Secretario del Partido, quienes fueron los Senadores proponentes, como es el caso de Laura Rojas, de Marcela Torres Peimbert, de Pilar Ortega; el acompañamiento de Roberto Gil, de Víctor Hermosillo, de Francisco Búrquez, de Héctor Flores; nuestro coordinador Fernando Herrera, entre otros.
Los Diputados Marco Cortés, Cecilia Romero.
Saludo al Partido de la Revolución Democrática y a los que también hicieron todo esto posible con los Senadores independientes.
Al PRI y al Verde, porque también nos hicieron ser mejores. Perseverar para poder tener en el diálogo mejores propuestas.
A Emilio Gamboa, a Pablo Escudero, a Raúl Cervantes, a los miembros de la sociedad civil organizada, y al mencionar a Eduardo Bohórquez, quiero mencionar a los 634 mil ciudadanos que tienen nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, y que confiaron para depositar una Iniciativa Ciudadana para tener elementos de respuesta.
Esa parte del 3de3, aunque es uno de los siete aspectos de las leyes de manera principal, va a requerir del apoyo y de la voluntad absolutamente de todas las personas.
Hay muchos técnicos, como Samuel, como Edith, como Edgar, como Daniela, tantas personas que hicieron el trabajo de hoy posible a Luis Felipe Bravo Mena, no alcanzo a reconocer a todas las personas.
El establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción constituye el primer ejercicio que supera el mundo de las ideas y de los debates, y lo puede convertir en una silueta legislativa, y digo silueta porque darle alma y cuerpo va a requerir de una voluntad política que va a encontrar resistencias en frentes impensables, la corrupción inicia cuando termina la transparencia, la corrupción nos lleva a una infinidad de disfraces.
¿Qué es lo que viene ahora?
Su aprobación, su discusión, su enriquecimiento, el diseño institucional, el fortalecer todo esto y, sobre todo, como señala Enrique Krauze: “combatir a los cuatro jinetes del Apocalipsis: la violencia y la inseguridad, la corrupción y su hermana gemela de impunidad”.
Este México nuestro, y que es de todos, va a requerir del compromiso, del amor, de la denuncia y, sobre todo, de este Estado de derecho al que todos anhelamos, y en ese esfuerzo todos estamos convocados, el reto es grande, nuestra voluntad tiene que ser mayor.
Es cuanto.
