Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Versión estenográfica de la reunión de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda para analizar el proyecto de dictamen que expide las leyes secundarias en materia de combate a la corrupción.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy buenos días tengan todos ustedes, continuamos con la reunión de comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Al hablar de Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, me refiero a las ciudadanas y a los ciudadanos mexicanos, me refiero a estas 600 mil personas que han estado impulsando, empujando a veces en forma muy cortés y a veces no tanto, a que México dé un paso más allá, a que cambiemos esta triste frase que dice que la corrupción es parte de nuestra cultura.

 

A esas heroínas y a esos héroes, a esos ciudadanos y ciudadanas, que dijeron “no, ya basta. No aceptamos que los mexicanos tengamos como parte de nuestra cultura la corrupción y estamos dispuestos a cambiarlo”; y creo que este día tiene que ser un homenaje a ellas y a ellos.

 

Quiero agradecer a Transparencia Mexicana, a Marco, a la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, al Centro de Investigación y Docencia Económicos, CIDE; a Mexicanos contra la Corrupción; a México Evalúa; a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de México; a Causa en Común; a la Red por la Rendición de Cuentas; a la Academia Mexicana de Protección de Datos Personales; al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; al Centro de Estudios Espinosa Yglesias y a los hombres y mujeres detrás de este esfuerzo histórico, que deja claro que la era de los ciudadanos ha comenzado en nuestro país.

 

Esta Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene enormes ventajas, bueno… espérenme, no he terminado con los agradecimientos:

 

También quiero agradecer a las compañeras y compañeros del PRD. Creo que en este caso sí ha sido la oposición, tanto el PAN como el PRD, y la senadora independiente Martha Tagle, quien ha impulsado con fuerza y vencido las resistencias –hay que decirlo–, las enormes resistencias en las que llevamos más de nueve meses.

 

A mis compañeras y compañeros de partido también quiero agradecer, a Laura Rojas, a Juan Carlos Romero, al senador Ruffo, al senador Víctor Hermosillo y a todo el grupo parlamentario, al senador Yunes, a todo el grupo parlamentario.

 

A los del PRI también, porque nos hicieron esforzarnos muchísimo porque pusieron todas las resistencias posibles y nos hicieron hacer el mejor esfuerzo y nos esforzamos.

 

Esta ley tiene varias ventajas: en primera, determina cuáles son las obligaciones de nosotros, de los servidores públicos. En segunda, determina cuáles son los actos de corrupción considerados faltas administrativas, graves o no graves, en que pueden incurrir los servidores públicos. Determina qué sanciones son aplicables por actos de omisión o comisión; de corrupción de los servidores públicos.

 

Pero tiene también otra enorme ventaja; creo que por primera vez pone a la corrupción en su justa dimensión. Para que haya un acto de corrupción, tiene que haber un funcionario público y un particular que se preste. Esta ley, creo que pone muy claro también ya las sanciones a las que se harán acreedores los particulares: personas físicas o personas morales que sobornen, que presionen, que den favores para tener una concesión, una compra, una adjudicación o ganar una licitación. Creo que esa es otra de las enormes virtudes.

 

Otra de las cosas que creo que vale la pena resaltar de la ley, es precisamente esta plataforma en donde cualquier ciudadano podrá consultar a qué sanciones se hizo acreedor un funcionario o funcionaria pública.

 

También qué empresas están sancionadas en municipios, estados y a nivel federal. Podrá también cualquier ciudadano o ciudadana consultar la evolución patrimonial, porque ahí tenemos todavía una reserva, de cualquier funcionario público en forma accesible, pronta y expedita.

 

Con esto creo que damos fin a la era de las licitaciones amañadas para beneficiar solamente a las amigas y a los amigos del poder, y creo que esa es una enorme ventaja de esta ley.

 

Tengo que referirme particularmente a esta parte sobrefocalizada pero importante, que es la publicidad de las declaraciones 3 de 3.

 

En este tema quiero, y me permito hablar a nombre de mi grupo parlamentario, quiero adelantar que no acompañaremos el adendum presentado por nuestro presidente y por el PRI, sino que tomaremos en sus términos el discurso de ayer de Eduardo Bohórquez.

 

Abrazamos el principio de máxima publicidad; abrazamos a la Ley 3 de 3 en sus términos y el PAN en este caso va por el formato 3 de 3 como lo proponen específicamente los ciudadanos sin ninguna dilución en forma completa.

 

Agradezco al presidente del partido y a todos mis compañeros por este acto. Me parece que el PAN una vez más refrenda su vocación de ir por la transparencia, de ir por la integridad, de ir a favor no de la corrupción sino de la integridad. Y adelanto que el voto en el tema específicamente de la publicidad de la declaración patrimonial de intereses y fiscal será en contra del adendum presentado y a favor de la Ley 3 de 3 en sus términos.

 

Es cuanto.

 

Muchísimas gracias a todas y a todos.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy amable, senadora Marcela Torres Peimbert. Muchas gracias.

 

Senador Zoé Robledo.

 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores.

 

Antes que nada, yo también me sumo a todas y cada una de las felicitaciones que ha manifestado la senadora Torres Peimbert, desde su inicio como una plataforma digital en “Legislador Transprente”, en este Senado de la República la Ley de Responsabilidades se ha convertido para nosotros más allá de una ley, más allá de un dictamen, en una verdadera causa que puede replantear la forma como nos relacionamos con los ciudadanos.

 

Y llegamos a este momento al fin al momento de definirnos. Y aquí es muy claro el camino que hay que tomar; estamos a favor o en contra de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3.

 

Ya aquí no hay tonos de grises, ya aquí no hay aproximaciones, no hay porcentajes de qué tanto nos parecemos a la ley. Es: Ley 3 de 3 o una versión hecha por los políticos para los políticos en beneficio de los políticos.

 

Ayer aquí en este mismo salón de la Comisión Permanente ocurrió un hecho inédito: La más grande de las tomas de tribuna que haya conocido el Congreso mexicano. 634 mil mexicanos tomaron este micrófono y en la voz de su representante nos dijeron y nos indicaron y también nos exigieron una forma de actuar en esta votación.

 

Y nos pidieron, cito: “Que el Congreso abrace la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3”. Y nos lo pidieron de manera respetuosa, y agradecieron la apertura del Senado y también reconocieron los esfuerzos de todos los grupos parlamentarios para igualar la propuesta legislativa con la expectativa social, pero también nos dijeron que estos esfuerzos habían sido, cito nuevamente, claramente insuficientes.

 

¿Qué nos queda?

 

Nos quedaría darles las gracias, también respetuosamente, nos quedaría hablar de un proceso inédito, pero que tenía un final predecible; nos quedaría decirle a todos esos ciudadanos que firmaron, que con la Ley 3DE3 jugaron al juego de la democracia y jugaron como nunca, pero perdieron como siempre.


Por eso hoy tenemos una gran oportunidad, la oportunidad de responderle a los ciudadanos de una manera memorable, haciendo lo que nos piden, no haciendo lo que nos conviene hacer, no haciendo lo que interpretamos que nos están pidiendo.

 

Nos están pidiendo algo muy claro: tres declaraciones públicas con tres formatos que están publicados desde hace más de un año en una plataforma digital y a al cual, por cierto, se han sumado lo mismo los presidentes del PRI, del PAN, del PRD, 22 gobernadores ya, muchos senadores, muchos diputados, un integrante del gabinete presidencial; eso es lo que nos están pidiendo.

 

Y por eso nosotros vamos a votar en contra, porque vamos a votar a favor de los ciudadanos. Hoy un voto en contra de este dictamen es un voto a favor de la Ley 3DE3 original.

 

No debemos caer en un falso juego de espejos, es así, y queremos advertir además            que nuestro voto no es solamente porque la iniciativa la hayan hecho los ciudadanos, no es solamente porque la iniciativa la hayan apoyado los ciudadanos, es porque es una mejor ley, porque es un mejor diseño, porque está más completa y porque no está hecha por aquellos que pretende controlar.


Déjenme darles algunas razones.

 

Primero, el tema de la publicidad de las tres declaraciones, la patrimonial, la fiscal y la de intereses. Todo mundo lo ha dicho: la publicidad de las declaraciones no resuelve por sí misma la corrupción y es cierto, pero tampoco debe minimizarse.

 

Porque la publicidad de las declaraciones efectivamente no atrapa al ladrón, pero evita y previene que el ladrón se quiera convertir en un político.

 

Por eso, el hecho de que sean públicas las declaraciones nos permite muchas cosas: nos permite dar seguimiento a la evolución patrimonial del funcionario público antes, durante y después de su ejercicio.

 

Nos permite conocer los intereses personales que pueden entrar en conflicto con sus decisiones públicas y que puede contrastar la información con las declaraciones de impuestos que también debe de presentar.

 

Esta es la oportunidad de redignificar a la política. ¿Cómo? Pues transparentando no solamente las declaraciones, lo que se está transparentando son los fines y las razones que nos motivaron entrar a la política. Lo que se está transparentando son también los resultados personales de haber participado en ella.

 

Por eso la iniciativa ciudadana Ley 3DE3 es muy clara en cuanto a la obligación de hacer públicas las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.

 

Mientras tanto, en el dictamen presentado en comisiones se pretende que la publicidad de estas declaraciones y esto es la publicidad y la calidad de la información, es decir, los montos, los valores, las ubicaciones de los inmuebles y demás contenidos, sea totalmente voluntaria; que cada funcionario decida si la hace pública en su totalidad o no.

 

De tal forma que un ciudadano no va a poder corroborar si el patrimonio de un funcionario al iniciar el cargo y finalizarlo concuerda con la información presentada.

 

Segundo, qué información. La información requerida en las declaraciones de interés y en la patrimonial. El dictamen achata y minimiza la cantidad de información requerida en las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses del servidor público.

 

En contraste, la iniciativa ciudadana Ley 3DE3 exige más y mejor información sobre los formatos que deben de ser declarados y aquí vamos a entrar a un gran debate: qué información debe de ser.

 

Hoy hay un adendum que está planteando que sea el Comité de Participación Ciudadana quien le proponga al Comité Coordinador qué información debe de ser, qué datos y qué campos componen un formato.

 

Y quizá lo dijo aquí el representante de la sociedad civil, pero en ningún momento nadie de los que firmó, firmó por esa propuesta; ninguno de las 634 mil mexicanas y mexicanos firmó ninguna ley que dijera que los formatos iban a estar establecidos a partir del nombramiento del Comité de Participación y de la aprobación del Comité Coordinador. Nunca, nunca la Ley 3 De 3 implicaba que esta decisión volviera a las manos de los políticos.

 

Decir otra cosa, honestamente es un engaño, y creo que aquí estamos en un momento crucial para la vida democrática de nuestro país y no debemos de caer en esa terrible desviación.

 

Ahora, las tres declaraciones, las que han hecho –repito– los presidentes de los partidos, de prácticamente la mayoría de los que están acá, que confiaron que era una forma de manifestar su cercanía y su empatía con los ciudadanos, la información que han presentado 22 senadores, 222 funcionarios públicos, 110 diputados federales, 28 alcaldes, 60 diputados locales y un Secretario de Estado; esa información ahí está desde hace ya mucho tiempo, la diseñamos hace más de un año con la sociedad civil en una versión pública de la declaración patrimonial y en una versión pública de la declaración de intereses, más –como se acordó en su momento– la carátula de la declaración fiscal.

 

Ahora, ¿cuáles son los rubros que contiene y cuál es el sentido de que estén esos rubros?

 

Primero, la declaración de intereses solicita al representante que revele cuáles son sus intereses económicos y financieros. Y eso quiere decir que el representante deba declarar si participa o no en la dirección de un Consejo de Administración o de alguna empresa.

 

Aquí también se pide que declare el sector económico de la empresa, el tipo de participación, cargo o función que desempeña en dicha empresa; así como si la participación es voluntaria o remunerada, y además cuál es el monto anual de la remuneración, incluyendo impuestos en dado que los haya.

 

De la misma manera, se solicita que se declare si el cónyuge o los hijos del representante participan en la Dirección o Consejos de Administración de empresas, con los mismos requerimientos para el mismo. La declaración de intereses también solicita que se revelen cuáles son los préstamos, los créditos, las obligaciones financieras del declarante; esto quiere decir que el representante popular deberá declarar qué tipo de obligación financiera tiene, en qué fecha se contrajo dicha obligación y el monto o valor original de ésta, y si su esposa o su esposo o los hijos tienen alguno, también que lo declaren.

 

También las actividades profesionales, las actividades empresariales del declarante son solicitadas en la declaración de intereses. Se pregunta qué actividad profesional, cuál es la actividad, cuál es el cargo o función que desempeña y el nombre de la entidad público-privada que lo desempeña.

 

Una cosa muy importante: se obliga que se declaren los patrocinios, los donativos, los regalos, todos los viajes, también, todo aquello que pudo haber estado financiado por terceros y que son rubros bastante importantes para algo que se ha repetido y que ojalá no se vuelva uno de esos lugares comunes, que pierden significado a partir de su repetición.

 

Lo que busca esto es que nadie haga política con dinero, para que después no haga dinero con la política. De lo que se trata es que si alguien está siendo financiado en sus aspiraciones a un nuevo cargo de elección popular por la vía de donativos, declare; y entonces cuando esa persona alcance su objetivo y quizá tenga un cargo en donde tenga o pueda tomar una decisión, se sepa si había una relación previa de alguien que pudo haber financiado –digamos– una campaña política.

 

Los patrocinios, donativos o viajes financiados por terceros deben de ser incorporados en la declaración patrimonial.

 

También se está planteando que en la declaración patrimonial se pida al declarante que numere todos sus bienes inmuebles: sus bienes inmuebles y los de su esposa o esposo, de sus hijos y se pregunta también: ¿qué tipo de inmueble es? Es una casa, es un departamento, es un local, es un terreno. El país donde se encuentra el inmueble. En qué año se adquirió. Qué superficie de metros cuadrados tiene la propiedad. En qué estado, en qué municipio y en qué colonia está. Y cómo fue la forma de operación para su adquisición.

 

De esta forma, también se solicita que se declaren muebles del declarante, joyas, obras de arte, menaje de casa, colecciones o cualquier otro tipo de bien; así como la marca, la línea y el modelo de los automóviles.

 

Todo eso, ¿por qué lo estoy diciendo?

 

Porque ya existe, ya existe, lo repito, integrantes de todos los partidos políticos han entrado en esta dinámica. No debemos de esperarnos a ver qué nos dice el Comité de Participación y a ver si lo que dice el Comité de Participación se lo acepta el Comité Coordinador.

 

Los datos y los campos pueden, y no sólo pueden, deben de venir en la ley. Si es que queremos responderles de una manera, repito, memorable a los ciudadanos.

 

El otro tema tiene que ver con la inclusión de las declaraciones fiscales en la plataforma. En la Ley 3 de 3 los servidores públicos tienen la obligación de presentar su declaración fiscal; esto con el propósito de que las otras dos declaraciones cuadren. Si lo que dices tener y en dónde los intereses con los que está relacionado no cuadran con el dinero que declaras tener al fisco, entonces es posible identificar un posible delito relacionado con la corrupción.

 

En cambio, la propuesta de este dictamen, publicar la información de la declaración fiscal no es obligatorio, con lo cual se vuelve imposible corroborar que la declaración patrimonial sea consistente y auténtica.

 

La primera propuesta es útil y funcional; la segunda un mero adorno que nada dice y nada da.

 

En cuarto lugar, eliminar la limitación grave de la capacidad investigadora de la Auditoría Superior de la Federación.

 

La Ley 3 de 3 planteaba una Auditoría Superior de la Federación con facultades para investigar casos de corrupción detectados a partir de denuncias. El dictamen presentado en comisiones limita de manera importante la capacidad investigadora de la Auditoría Superior de la Federación.

 

De hecho, en esta versión la Auditoría podrá realizar investigaciones sólo en los casos en los que se detecten daños o prejuicios a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos limitando sus facultades y sus campos de acción.

 

Otro punto es eliminar los obstáculos al acceso de las autoridades anticorrupción a la información que poseen las instituciones financieras, bursátiles y fiduciarias.

 

Séptimo, la carencia de un esquema de protección a testigos y denunciantes de hechos de corrupción.

 

Desde las leyes en materia de transparencia, los legisladores del PRD hemos propuesto la creación de disposiciones que protejan a informantes, a los llamados whistleblowers, ciudadanos que deciden denunciar casos de corrupción de los que poseen información privilegiada dada su posición laboral. No necesariamente porque hayan formado parte de una red de corrupción, simplemente porque si tuvieron acceso o conocimiento de algún acto de corrupción puedan denunciarlo sin que esto signifique un riesgo para ellos.

 

Esta figura jurídica permite crear contrapesos de vigilancia ciudadana al interior de los organismos públicos de gobierno. Es una forma de decirle a aquel funcionario que creo que son  una mayoría de los honestos que si tienen el valor de denunciar el Estado estará ahí para protegerlos, proteger su identidad, proteger su seguridad laboral, incluso con medidas cautelares a veces para incluso proteger su seguridad física.

 

El dictamen presentado en comisiones no incluye una sola palabra relativa a esta figura.

 

El tema de hacer efectivo el esquema para combatir la calificación de faltas administrativas como no graves.

 

En este dictamen se incorpora un recurso de impugnación que permite impugnar la calificación de las faltas administrativas que son declaradas como no graves por los órganos internos de control. Esto quiere decir que quien resuelve si un servidor público cometió o no una falta grave, es un superior jerárquico del propio servidor público que impugnó.

 

La Ley 3 de 3 establece que la impugnación sea resuelta por la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas, es decir, una autoridad judicial autónoma, no una dependencia política.

 

Finalmente, creemos que hay en ese dictamen algunos incentivos para la impunidad.

 

En el dictamen hay altos márgenes de discrecionalidad con los cuales los órganos internos de control podrán incluso indultar a quienes incurren en actos de corrupción.

 

Los supuestos establecidos en el dictamen son para nosotros inaceptables.

 

Cuando no haya o exista daño o perjuicio a la Hacienda Pública. Es decir, el corrupto que no la hizo, puede ser indultado.

 

Cuando la conducta haya sido cometida por primera vez y en menos de un año. Y lo peor: cuando la conducta se refiera a una cuestión de criterio o de decisión debatible.

 

Nosotros creemos que la corrupción en sí misma es grave y que debería ser considerada así por el propio tribunal, independientemente de si afecta a la Hacienda Pública o no y que debe de ser sancionado siempre y sin excepciones.

 

Finalmente, compañeras y compañeros, creemos nosotros que hay un esquema incompleto de faltas administrativas graves.

 

La Ley 3DE3 proponía contemplar como tráfico de influencias la obtención de beneficios patrimonial de un servidor público, ofrecidos o propiciados por titulares de contratos, servicios u obras públicas en cuya contratación haya influenciado un servidor.

 

Asimismo, en la Ley 3DE3 se consideraba como hecho de corrupción la obtención de una comisión o contratación de ciertas personas en la gestión de recursos presupuestarios, por parte de diputados locales y federales.

 

Es decir, los moches se convertían en un nuevo tipo de corrupción. El dictamen no dice nada sobre cómo corregir este esquema de moches, tan lesivo y que tanto daño le ha hecho al Poder Legislativo.

 

Compañeras y compañeros:

 

Creemos nosotros que de quedar así nuestro dictamen, puede afectar a la ley en su conjunto; que nuestro Sistema Nacional Anticorrupción sea como aquél ministerio de la verdad que aparece en la novela de George Orwell de 1984, en donde escondiendo la verdad se institucionalizaba la mentira.

 

Es necesario entender que México tiene un problema con redes de corrupción y hasta el momento están llegando hasta el más alto nivel y que para combatir esas redes se necesitan sistemas.

 

La omisión política que ha llevado a este dictamen y que contenga desviaciones de la iniciativa ciudadana Ley 3DE3 son suficientes para decir que el espíritu de la misma ha sido transformado, que se trata de otra ley y que nos motiva y es razón suficiente para votarla en contra.

 

Yo no necesito una ley para hacer públicas mis declaraciones, porque estoy convencido que la 3DE3 es una forma de reconciliarnos con los ciudadanos, de decirles que los entendemos, de decirles que queremos a volver a representarlos de manera plena.

 

Y hoy los legisladores tenemos una gran oportunidad: nunca habíamos tenido un mandato ciudadano tan claro sobre qué hacer; no hay un espacio para la interpretación, no hay un espacio para optar por una cosa u otra, hay un mandato claro; 634 mil ciudadanos firmaron una iniciativa solicitando que el Poder Legislativo aprobara una ley que otro grupo de ciudadanos preparó con admirable profesionalismo y visión.

 

Hoy este dictamen le da la espalda a esos ciudadanos que nosotros representaos y al hacerlo manda un claro mensaje de desdén a aquellos que en lugar de tomar las calles, de romper ventanas, de recurrir a la violencia, para que no se aplique la ley, optaron por firmar y por tomar la Constitución como su única arma.

 

Por eso el mensaje que les podemos mandar el día de hoy puede ser desolador, que por ese camino democrático de la construcción y la participación, nadie, nunca en México, va a lograr nada.

 

Por eso los invito a que reflexionemos sobre esta decisión que estamos tomando. Este, sí, ha sido un proceso histórico, un proceso de madurez democrática ciudadana y de participación activa, algo que nunca había sucedido en México: la ciudadanía ha estado a la altura de la coyuntura.

 

Yo simplemente quiero preguntarles, si nosotros no hemos estado, si vamos a estar y si la historia nos quedará grande o nos quedará chica.

 

Muchas gracias, es cuanto.

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Tiene el uso de la palabra el senador Pablo Escudero.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muy buenos días tengan todos ustedes.

 

Me parece que tendremos oportunidad en el pleno de hacer un gran debate de frente a la nación respecto a este gran esfuerzo de 634 mil ciudadanos.

 

Efectivamente han venido al congreso a exigirnos a exigirnos y a pedirnos que tengamos una Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicas que, a su manera de ver las cosas, es lo que requiere este país.

 

La discusión tendrá que ser, varios aspectos tendrán que discutirse, la iniciativa ciudadana y replantear algunas cosas de las cuales nosotros estamos seguros.


Los fundamentos legales
, el fundamento constitucional del 71 de iniciativa ciudadana, la Ley Orgánica del Congreso, la Ley Orgánica del Congreso que nos mandata escuchar a un representante legal de los 634 mil ciudadanos.

 

Ese es el mandato. Aquí podemos estar de acuerdo o no con lo que el representante legal de los ciudadanos viene a decirnos. Como legisladores, algunos creemos, porque así lo hemos recibido por oficio, que sí tiene un mandato legal el representante. El espíritu del legislador, en la reforma constitucional y en la Ley Orgánica quería eso, que tuviera un espacio antes de dictaminar, el representante legal de estos ciudadanos, de los 634 mil.

 

¿Podríamos escuchar nuevamente a los 634?

 

No. Ellos decidieron quién era su representante legal y así, el día de ayer vino aquí, a este Senado de la República a que lo escucháramos, a decirnos qué pensaba de lo que habían presentado y de lo que nosotros habíamos presentado también dentro de un dictamen. Y fue así que para no equivocarme, y cito textual, el representante de los 634 mil ciudadanos nos dijo ayer; consta en versión estenográfica:

 

“Proponemos que el Congreso abrace esta iniciativa en los términos de sus formatos, porque son los que la opinión pública conoció y promovió alrededor de esta iniciativa ciudadana”.

 

“Y también –repito–, y también proponemos que sea el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Ciudadano, quien proponga al Comité Coordinador los formatos que anualmente se utilicen y las versiones públicas de los mismos”.

 

Ayer, ese representante legal de los 634 mil ciudadanos, nos trajo un mandato. Podemos reconocerlo y conocerlo o podemos desconocerlo también; ese será el voto particular de cada quien.

 

Por nuestra parte, en el Grupo Parlamentario del PRI y del Verde, con gran sensibilidad hemos decidido acompañar ese mandato. Pero ese mandato viene validado de una serie de documentos que recibimos en la construcción de esta iniciativa, que no podemos desconocer porque está ahí, en ese formato de Parlamento Abierto recibimos una evaluación técnica del dictamen que hoy estamos presentando aquí.

 

Y vale la pena leerlo y si es necesario, releerlo: los ciudadanos, por medio de su representante legal, nos entregaron un análisis técnico de la iniciativa ciudadana de qué pedían y de qué era lo que tenía el dictamen; y así nos pusieron 30 reactivos, que voy a leer; 29 que dice sí, que están en sus términos”, uno solo con observación, que es justamente después del mandato que recibimos de ayer, que hemos modificado por medio de un adendum.

 

Esto, no hay mucho que opinar, es lo que ya nos presentaron los ciudadanos, es lo que todos conocen; ¿qué dijeron? ¿Qué contiene esto?

 

Ley General que somete a un mismo régimen de responsabilidades a todos los órdenes de gobierno, órganos, entidades e instituciones.

 

Códigos de ética con implicaciones legales, están sujetos obligados, candidatos, líderes sindicales, equipos de transición y servidores públicos. Sujetos obligados particulares, con una serie de reactivos que los ciudadanos dicen que ya está en lo que estamos presentando el día de hoy.

 

Directrices de conductas en el servicio público. Todas las obligaciones que dirigen la conducta del servidor público; declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses; evaluación del patrimonio; plataforma digital para recibir declaraciones y verificaciones; tipos de corrupción, sus modalidades que están incluidos; tipos de corrupción que impliquen a personas físicas; herramientas especiales de investigación; autonomía de autoridades investigadoras; protección a testigos y obligación de investigación; capítulo de integridad de personas morales; procedimiento administrativo completo que separa las diferentes autoridades: aquellas que investigan, aquellas que sustancian y aquellas que van a sancionar.

 

Valoración libre de la prueba; proceso de responsabilidades equilibrado; sanciones para todos los posibles involucrados en actos de corrupción; amplias facultades del tribunal; recursos de revisión; sanciones agravadas y reducción de sanciones por confesión.

 

El único punto que contenía este dictamen en el que no estábamos cerca era en el tema de declaraciones patrimoniales, que ayer ha venido, insisto, el representante legal de los 634 mil ciudadanos a mandatarnos cómo lo hiciéramos y es lo que hemos adoptado en ese adendum que hemos votado y que hemos presentado.

 

Respecto a las otras observaciones de la lectura del adendum, podrán ver cómo acercamos posiciones. Aquellas posiciones, aquellas observaciones que consideraban que en algún sentido podría limitarse las facultades de la Auditoría Superior de la Federación han sido eliminadas en el adendum que todos ustedes conocen para podernos acercar a esa visión.

 

Respecto a la impugnación de las faltas graves, bueno, pues ese era el dictamen; ese era el dictamen que estaba, que efectivamente decía que la impugnación en la calificación de una falta grave tenía que hacerlo el superior jerárquico de la construcción del adendum que tienen en sus manos, podrán observar que eso se ha modificado; que no será el superior jerárquico el que conozca de la impugnación de una calificación grave o no grave.

 

En el adendum hemos establecido específicamente que esa calificación será únicamente recibida por el superior jerárquico y enviada al Tribunal Fiscal para que sean ellos los que conozcan de esta calificación y puedan modificar o confirmar la calificación de ello.

 

Sin duda, otra de las inquietudes respecto al indulto, que yo no compartiría el tema indulto, es un artículo que todos conocemos, es un artículo que lleva años en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y los que han trabajado en contralorías internas, en la Auditoría Superior y en los diferentes órganos conocen a la perfección.

 

Y es la facultad que tiene en ciertos casos la autoridad responsable de llevar a cabo un procedimiento de investigación y de inicio de responsabilidades de los servidores públicos después de haber dado garantía de audiencia, después de haber escuchado al servidor público, después de haber recibido las pruebas, después de haber valorado las pruebas, después de haber cerrado la instrucción y después de haber hecho esto, de decidir bajo una serie de circunstancias que siempre han estado en la ley, si este servidor público por única vez puede ser eximido de la responsabilidad en ciertos casos. Ese artículo no es nuevo, ese artículo todos lo conocemos, ese artículo a lo que obedece es a la posibilidad del error humano.

 

Los servidores públicos son humanos y se pueden equivocar, y justamente lo que está previniendo ese artículo es el error humano donde no hay dolo, donde no hay daño, donde no hay mala intención y donde es un error humano.

 

Es así como está estipulado.

 

Pero más aún, recibimos las observaciones de aquellos que les inquietaba justamente este artículo, y en el adendum podrán encontrar ya la modificación a esto.

 

Aquella autoridad o aquel ciudadano que no esté conforme con que por única excepción no se haya sancionado, podrá recurrir no al superior jerárquico, no al superior jerárquico, porque hemos atendido las observaciones del PRD; podrá acudir al tribunal a presentar un recurso para que se reconsidere, para que se evalúe y para que se determine si se pudiera haber exceptuado al servidor público por ese error humano.

 

Es así, compañeros senadores, que nosotros estamos convencidos, el PRI y el Verde, en que no nos equivocamos, en que hemos cumplido con los 30 reactivos de la sociedad civil, están aquí, es un documento que hemos recibido.

 

Estamos convencidos de que el licenciado Bohórquez tiene la representación legal de los 634 mil ciudadanos. Estamos convencidos que lo que nos vino a decir aquí es un mandato de los 634 mil ciudadanos y por eso lo atendemos y por eso presentamos este adendum.

 

Es así como termino y agradezco y envío un saludo y un agradecimiento afectuoso a todas las organizaciones de la sociedad civil, al CIDE, a FUNDAR, a la red por la Rendición de Cuentas, a la Fundación Espinoza Iglesias, a la Barra mexicana de Abogados y al Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque han hecho un gran trabajo de la mano con este Senado de la República.


De verdad lo digo: muchas gracias. Yo me siento muy contento con el dictamen que se presenta y en los términos que se hace.

 

Muchas gracias señores senadores.

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias senador Escudero.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Alejandro Encinas.

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Antes de pasar a la votación en lo general de este proyecto de dictamen, quiero anunciar que en nuestro carácter de presidente de la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, retomando las iniciativas y propuestas de los grupos parlamentarios, del partido de la revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, así como de la senadora independiente Martha Tagle, presentaremos una reserva en lo particular al artículo 29 del presente dictamen, para que éste retome en sus justos términos la redacción establecida en la iniciativa ciudadana conocida como 3DE3, en donde se refieren las leyes de responsabilidades del sector público.

 

Por supuestos e votará esto el día de mañana, pero queremos anticiparlo desde el día de hoy.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Muchas gracias senador Alejandro Encinas.


Procedemos a recoger la votación en lo general. Pedimos que ahora sí lo hagamos por comisiones, senador Alejandro Encinas, si me ayuda a recoger su votación.

 

Sí, senador Armando Ríos Piter.

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Coincidiendo plenamente con lo que ha planteado el presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos, que será una reserva respecto al artículo 29, tengo una duda por los diálogos que hemos tenido.

 

Tal vez un poco ampliada por mi intervención: hubo un adendum que es sobre el cual hemos discutido hoy la Ley de Responsabilidades, que tiene la firma de parte de los presidentes.

 

¿Es correcto?

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: No.

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Es que ahí es adónde yo quiero que tengamos claro, porque se me ha dicho que no está firmado por parte de unos presidentes o cuál es el estatus que tenemos.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: No, no hemos discutido ningún adendum, estamos discutiendo un dictamen en lo general y ese es un documento independiente, senador Armando Ríos Piter.

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Corrijo, por contestar, la palabra adendum es la que puede hacer que yo esté, que mi confusión tenga base.

 

El documento que ayer se hizo y que era una serie de modificaciones al proyecto de dictamen, la pregunta concreta es ¿ha quedado incluido no en el documento que estamos discutiendo?

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: En el que estamos discutiendo, no, senador Armando Ríos Píter.

 

Gracias.

 

Le pediría al senador Alejandro Encinas si recoge la votación en lo general, si es tan amable.

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Recojo la votación nominal de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.

 

Perdón.

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Quiero denunciar que yo presenté voto particular y que votaré en lo general en contra, pero presento un voto particular.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Le pido una disculpa, así me lo informó la Secretaría.

 

Lo anexaremos al dictamen para que se vaya al pleno y tenga el trámite correspondiente de votos particulares, senadora Dolores Padierna.

 

Le pido una disculpa, así me informó la Secretaría.

 

Senador Alejandro Encinas.

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS: Recojo la votación nominal en lo general de los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.

 

Senador Juan Carlos Romero Hicks.

 

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Voto a favor.

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

 

SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: A favor.

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Senador René Juárez Cisneros.

 

SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: A favor.

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Senador Luis Fernando Salazar Fernández.

 

SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ: A favor.

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Senador Alejandro Encinas Rodríguez, en contra de la Ley 2 que 3.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias, senador Encinas.

 

Senador Yunes.

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senadora Ivonne Álavarez.

 

SENADORA IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA: A favor.

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Raúl Cervantes.

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: A favor.

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senadora Cristina Díaz.

 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: A favor.

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Jesús Casillas.

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: A favor.

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Miguel Romo.

 

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: A favor.

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Enrique Burgos.

 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: A favor.

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Raúl Gracia.

 

SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN: Con la reserva del artículo 29, a favor.

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senadora Pilar Ortega.

 

SENADORA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Con la reserva al artículo 29, a favor.

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senadora Dolores Padierna.

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: En contra.

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Carlos Puente.

 

SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: A favor.

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senador Héctor Menchaca.

 

SENADOR HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO: En contra.

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Senadora Martha Tagle.

 

SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ: En contra.

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: El de la voz, con reserva en el artículo 29, a favor.

 

Se aprueba, presidente.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Gracias.

 

Tenemos aprobado en las dos comisiones.

 

Senadora Anabel Acosta Islas.

 

SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS: A favor.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senadora María Marcela Torres Peimbert.

 

SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT: Con la reserva del artículo 29, a favor.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Daniel Amador Gaxiola.

 

SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLA: A favor.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senadora María del Rocío Pineda Gochi.

 

SENADORA MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI: A favor.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Ernesto Ruffo Appel.

 

SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Con la reserva del artículo 29, a favor.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

 

SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ: A favor.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

 

SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES: En contra.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Raúl Cervantes Andrade.

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE: A favor.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Armando Ríos Piter.

 

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: También en contra de la ley 2 De 3.

 

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Dos que tres.

 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES: Senador Pablo Escudero, a favor.

 

Ha sido aprobada en las tres comisiones, no sin antes volverle a mencionar a comisiones unidas que hemos recibido el voto particular de la senadora Dolores Padierna y el voto particular del senador Armando Ríos Piter, que fueron a sacar unas copias y con mucho gusto ahora se los repartimos.

 

Eso es todo. Ha sido votado en lo general. Muchas gracias.

 

Agradecemos que hayan estado esta mañana con nosotros y ha sido aprobado el dictamen en lo general de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y si me ayudan a firmar el dictamen.

 

Muchas gracias a todos.