Número-118 

  • Senado aprueba convenio para fortalecer colaboración para abatir los fenómenos de delincuencia organizada en ambas naciones.

La Cámara de Senadores aprobó el Acuerdo de Cooperación entre México y el Reino de Arabia Saudita en materia de Combate a la Delincuencia Transnacional, realizado en la Ciudad de Riad, el 17 de enero de 2016.

En el dictamen, que se aprobó con 86 votos a favor, los legisladores subrayaron que el fenómeno de la delincuencia organizada y sus delitos conexos tienen un efecto trascendente para ambas naciones, pues ponen en riesgo el orden y la seguridad pública, además del bienestar y la integridad física de sus ciudadanos.

La senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, alertó que el crimen organizado se ha diversificado “a tal grado que ha alcanzado dimensiones macroeconómicas en actividades ilícitas”.

Delitos que se realizan a nivel internacional como el tráfico de armas, los ciberdelitos, el terrorismo, el tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como la trata de personas afectan la gobernanza, las instituciones democráticas y el tejido social de los pueblos.

“Pero, además, hay que decirlo, por más eficaz que pueden ser las instituciones de aquellos países en donde estos delitos se hacen presentes, es imposible hacer frente a las organizaciones criminales que han venido traspasando fronteras y que su poder se ha generado con presencia regional e internacional”, afirmó.

En este escenario, asentó el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del PAN, el acuerdo con Arabia Saudita promueve la colaboración para abatir los fenómenos de delincuencia organizada que pudieran lesionar los intereses de ambos países.

El instrumento, aclaró, establece las áreas y las modalidades de la cooperación bilateral, así como la confidencialidad con la que se manejará la información proporcionada por las partes y la integración de un comité de especialistas para combatir la delincuencia transnacional.

Además, el convenio señala cómo se deben cubrir los costos que resulten de su aplicación y la manera en que se solucionarán las controversias que se susciten.

El documento aprobado se envió al Ejecutivo Federal.

 

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