Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

* Versión de la entrevista al senador Jorge Luis Preciado Rodríguez

Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez (JLPR): …al funcionario cuya familia está involucrada en el tema y porque esto implica una doble responsabilidad: por un lado, el gobierno ha lanzado una campaña en contra de los huachicoleros a través de la Marina y el Ejército para frenar este cáncer que está dañando fuertemente a Petróleos Mexicanos; y, por el otro lado, permitir que familiares de un funcionario de primer nivel se enriquezcan con esa práctica -de llegar a comprobarse que sea cierto, por supuesto- que el presidente de la República lo primero que tiene que hacer es separarlo, llevar a cabo la investigación y finalmente castigar a los responsables.

Mucha gente dirá: “Bueno, es que legalmente…” y, otra vez, volvemos a lo mismo: “legalmente el funcionario, el secretario no tiene culpa de lo que lo que haga la familia”.

Pues en parte sí, pero moralmente es un gobierno que está inundado en corrupción, desde Casa Blanca, México-Querétaro, el tren, el socavón y así podemos seguir contando un montón de historias de estos gobiernos priistas, incluyendo lo que acaban de ver en Yucatán, y yo creo que el presidente debe de mandar un mensaje muy claro no sólo a la sociedad sino también a sus propios funcionarios de gobierno, que deben de… éste es el último año, que no lo conviertan en el “Año de Hidalgo”, como todo mundo sabe; ahora sí que como dicen: “que se vaya a la fregada el que deje algo”.

Entonces realmente creo que lo están tomando muy en serio el “Año de Hidalgo” y yo creo que sí es muy importante que el gobierno ya meta un freno y qué mejor freno que poner un “estate quieto” al secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, y de alguna manera mande este mensaje al país de que por lo menos en este último año se van a buscar la forma de frenar los actos de corrupción que estamos viviendo de manera lacerante y en contra de todos los ciudadanos.

Pregunta (P): Senador, y en el tema del 102, las organizaciones de la sociedad civil consideran que eliminar el pase automático es insuficiente, que es como una aspirina para curar un cáncer, que lo que se necesita hacer es una reforma integral al 102, para que el modelo sirva.

JLPR: Yo coincido con la sociedad civil, nada más que creo que son dos momentos: el primer momento es frenar el 102; es decir, frenar el pase automático, el del décimo sexto transitorio y eso debe hacerse ya, pero para que no esté ahí la constante de que puede llegar a pasar. Y, una vez eliminando eso, sentarnos con calma a revisar la reforma que hicimos al 102.

No es tan mala la propuesta que hizo el Senado en la modificación al 102. Digo, hay muchos modelos, por supuesto todos ellos los podemos revisar, pero el modelo que aprobamos no es malo, salvo el tema del pase automático, porque lo que hace ―y lo quiero aclarar cómo es― la reforma que hicimos es, actualmente, cómo se nombra al procurador: el Presidente de la República hace una propuesta directa, lo nombra, y el Senado, por dos terceras partes, dice sí o no; eso es lo más sencillo, así ha funcionado los últimos 100 años.

En el caso del modelo que desarrollamos aquí en el Senado, que a mí me tocó negociar, por cierto, es una convocatoria abierta a los ciudadanos; así dice el 102.

Y, entonces, de todos los abogados que se inscriban, que cumplan con el requisito constitucional, se escoge a diez por dos terceras partes del Senado; diez de los mejores perfiles que clasifique el Senado y estos diez se envían al Ejecutivo; el Ejecutivo devuelve una terna y, de esos tres, el Senado de la República nombra a uno.

Ése es inamovible. El presidente puede intentar despedirlo, pero necesitaría sólo que una mayoría simple del Senado se oponga a ese despido para que no lo pueda hacer el Presidente de la República.

Si logramos tener un fiscal general autónomo con este método, en un año el fiscal general va a nombrar a un fiscal anticorrupción autónomo de manera directa y en cuanto se venza el plazo de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, lo nombraría él de manera directa.

Entonces, tendríamos un fiscal muy fuerte, con dos fiscalías -Anticorrupción y Fepade-, también muy fuertes.

Podemos revisar el modelo; es decir, hay gente que dice que de plano no intervenga el Ejecutivo para nada, hay gente que dice que debe ser una comisión de la sociedad que también revise este procedimiento.

Yo creo que podemos valorarlo, pero de inicio hay que parar el tema del pase automático; como nos lo mande Diputados, hay que aprobarlo, sacarlo adelante y, entonces sí, abrimos foros, discutimos sobre una reforma integral al 102 pero ya sin la guillotina ahí amenazando.

P: ¿Esa primera etapa sí dejaría abierta la posibilidad de que Cervantes compita?

JLPR: Sí. Lo que pasa… Yo creo que, bueno, la iniciativa que mandó el Ejecutivo federal así viene: que puede competir el actual Procurador. Lo que no creo es que Cervantes, o cualquier otro funcionario de gobierno, con todo este clima que se ha generado sobre el tema del fiscal carnal, quiera participar en el proceso, arriesgándose a que no salga ni siquiera en la primera etapa de los diez primeros seleccionados.

Pero, bueno, es parte de lo que van a discutir los diputados y yo lo que sí creo es que debemos resolver el tema del pase automático y, después, revisar de manera integral el 102.

P: Perdón, comentaba el senador Barbosa que aprobar así el 102 sería un engaño, digamos, una maña, porque finalmente el Ejecutivo y el Procurador tendrían injerencia. ¿Esto es cierto, no?, ¿qué pasa?

JLPR: Yo creo que a lo mejor el senador Barbosa cambió de opinión, porque así lo aprobamos en la reforma integral a la reforma político-electoral.

Acuérdense que esta reforma es nueva, no se ha puesto en práctica, apenas en el año 2013 aprobamos la reforma constitucional y apenas el año pasado se aprobó la reforma secundaria; ni siquiera ha sido puesta en práctica una sola vez y ya la queremos reformar.

Yo creo que vale la pena, por un lado, resolver el tema del pase automático, que creo que ha sido un gran reclamo de toda la sociedad mexicana y, después, por supuesto con toda la calma, revisar si el modelo que diseñamos, que no hemos puesto en práctica, puede funcionar o no.

P: ¿No es mucho riesgo dejar que pasen nueve años para ver si funciona o no funciona?

JLPR: ¿Dejar que pasen nueve años para ver..?

P: Sí, con ese Procurador.

JLPR: No es tan sencillo como parece; es decir, hay que recordar que el año que viene, viene una elección presidencial y si el nuevo Presidente de la República considera que el Procurador no está haciendo bien su trabajo, lo puede despedir.

El único requisito que se quiere para que ese despido no quede firme sería que el Senado vete la decisión del Presidente de la República con una mayoría simple. Pero si el Senado, al igual que el presidente, considera que el procurador no está haciendo, o el fiscal en este caso, no está haciendo bien su trabajo, simple y sencillamente no veta el acuerdo del Ejecutivo y queda fuera; tampoco es que se quede los nueve años de manera absoluta.

Sí hay un mecanismo para destituirlo, pero viendo sus resultados. Si vemos que está haciendo un buen trabajo y el Ejecutivo y el Senado consideran que está trabajando bien, yo creo que puede permanecer. En el caso de que no sea así, hay el mecanismo para correrlo.

P: Senador, simplemente, si nos puede repetir su opinión acerca de los familiares de Luis Miranda que se beneficiaron del huachicol.

JLPR: Yo creo que de entrada el Presidente debe mandar un mensaje muy fuerte, así como lo hizo en Profeco, por ejemplo: en el momento en que una joven abusa de la autoridad del papá cerrando un restaurante, que era algo mucho más simple, que nada más quiso imponer las reglas de que le abrieran una mesa, el Presidente actuó de manera inmediata y corrió al director de la Profeco.

Yo creo que acá, y lo vimos bien, los ciudadanos vimos bien que aun cuando no sea responsabilidad directa del funcionario, se ve muy bien que el Presidente actúe legal y moralmente.

En el caso del huachicol, se inició una guerra contra los huachicoleros, donde está la Marina, donde hay muchos muertos ya tanto civiles como militares, donde hay una persecución en todo el país a la gente que está extrayendo de manera ilegal gasolina y otros derivados del petróleo, y no es posible que tenga un funcionario público de primer nivel, cuya familia esté involucrada en este delito, de llegar a comprobarse, por supuesto.

 

Yo creo que el Presidente tiene que actuar exactamente como actuó en Profeco. Debe de despedir al funcionario público y pedir que se aplique la ley y todo el peso de la ley a los familiares que están cometiendo este delito.

Muchas gracias.

 

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