* Versión del discurso del senador Roberto Gil Zuarth, durante el Primer Informe de la Junta de Directiva de la Comisión de Justicia del Senado
Muy distinguidos y apreciados todos.
Hace poco más de un año, en la primera o segunda ocasión en que la Junta Directiva nos reunimos, recuerdo quizá que era un desayuno, y en el buen ánimo con el que toda empresa, cada aventura inicia, con mis compañeros Arely Gómez y Manuel Camacho Solís nos propusimos entregar buenas cuentas de la encomienda que recibimos del Senado de la República.
Desde entonces coincidimos en que el anhelo de justicia de los mexicanos debía ser motivo de unidad entre los diferentes y razón para trascender los legítimos intereses partidarios.
No exagero al decir que prácticamente hicimos una suerte de juramento republicano, ninguna coyuntura nos alejaría del objetivo de expandir los derechos humanos y de fortalecer las instituciones que los hacen exigibles, que les dan vigencia material, que los convierten en realidades tangibles para cada uno. Una suerte de leal complicidad surgió entonces, la agenda de justicia quedaría a salvo del paquete económico anual, de la reforma fiscal, de la reforma energética o del vigoroso debate parlamentario que se escenifica constantemente en nuestra pluralidad.
Creo que lo que primero debemos informar esta tarde es que hemos honrado a cabalidad aquella originaria intención. Con excepción de algún otro estridente punto de acuerdo, hemos sabido separarnos de nuestras posiciones parciales, de las tensiones de la competencia, de las divergencias naturales entre ideologías diferentes para privilegiar la deliberación socialmente útil, el argumento técnico, la coincidencia fundamental sobre los fines y los medios.
Nuestra divisa en todo momento ha sido el principio ético del consenso, el consenso que no es unanimidad ciega ni claudicación frente a lo valioso, sino equilibrio razonado. El consenso que deja satisfecho a los participantes porque no implica derrota ni exclusión de alguno. El consenso que es resultado de la negociación franca, honorable y bien intencionada.
En momentos de alta tensión por la agenda que cursaba por el Senado, esta comisión fue capaz de tejer amplios consensos para dotar al Estado mexicano de mayores instrumentos para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado. Dimos cauce definitivo a un proyecto de ley para combatir el lavado de dinero, que tenía meses, quizá años de rezago en la dictaminación parlamentaria.
A primera hora de esta Legislatura escuchamos el reclamo de los profesionales de la información, de los periodistas, para prevenir y sancionar los delitos que lastiman la libertad reexpresión y el libre flujo de las ideas, de eso delitos que carcomen la calidad de nuestra democracia porque inhiben la crítica, el debate y la denuncia.
Dimos respuesta legislativa a la exigencia de combatir la impunidad que se recrea en ese círculo vicioso entre la agresión que pretende silenciar y la omisión intencional que intenta sepultar para siempre la verdad.
Concluimos también en este primer año, el tortuoso andar de la Ley de Amparo, una ley reglamentaria imprescindible para democratizar el acceso y los efectos de ese remedio constitucional a la vulneración de los derechos y de las libertades públicas.
La Comisión de Justicia fue protagonista de reformas de gran calado en concurrencia con otras comisiones de este Congreso. Participamos en la dictaminación de la minuta de la reforma financiera, un complejo paquete de 13 iniciativas que comprendieron 34 ordenamientos de altísima complejidad técnica.
Analizamos asimismo las reformas en materia de competencia y telecomunicaciones, particularmente lo relativo a la previsión de los tribunales especializados y en las causales sin procedencia del juicio de amparo. Hicimos aportes sustantivos para matizar reglas que prometían situaciones de indefensión frente a decisiones de órganos límite.
La causa de las víctimas nos unió. Superamos con responsabilidad la tentación de hacer encallar la respuesta legal a la doble victimización, a esa circunstancia en la que se sufre el efecto del delito y la indolencia de las autoridades responsables de mitigarlo o repararlo, pero para no conceder razón a unos o evitar que otros se apropiaran de la tenaz esperanza de muchos.
Corregimos una ley para que nunca más una víctima en nuestro país se escuche esa lastimosa excusa de que no existe medio efectivo para corregir una situación de injusticia y de vulnerabilidad.
El Senado de la República se puso al frente del reto de la implementación del nuevo modelo de justicia penal. No esperamos el impulso externo ni la presión social para actuar. Muy pronto nos dimos cuenta de que la dispersión procesal consecuencia de nuestro federalismo, dificultaba sensiblemente la tarea de hacer realidad la decisión constitucional de que el delito se juzgue en un contradictorio público, transparente, oral, expedito, en presencia de juez y bajo la vigilancia y vigencia de la presunción de inocencia y de los derechos de las víctimas.
Aquella fue una conclusión que emanó de una audiencia pública, de las decenas de audiencias públicas que esta Comisión celebró a lo largo del año, en la que escuchamos con apertura la opinión experta e informada de académicos, operadores jurídicos y representantes institucionales, y dialogamos directamente con la sociedad para dotar de legitimidad a nuestras decisiones legislativas.
Construimos una iniciativa plural de reforma constitucional para habilitar al Congreso a legislar en materia de procedimientos penales, una reforma que fue aprobada por unanimidad en las dos cámaras del Congreso y velozmente avalada por las legislaturas estatales.
En un proceso que duró poco más de un año aprobamos por unanimidad el proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales. En este proceso incursionamos en importantes y muy valiosas innovaciones. En primer lugar, constituimos un Consejo Técnico integrado por 18 expertos y representantes institucionales y de la sociedad civil que acompañaron de manera directa la construcción de sus contenidos. Mi agradecimiento personal y mi reconocimiento por su trabajo.
En 27 sesiones que representaron cientos de horas de trabajo y de intensa discusión recogimos aciertos y errores de previas experiencias en la construcción de modelos de justicia penal. Nuestro reconocimiento también a la Procuraduría General de la República por su apertura, disposición y invaluables contribuciones; fue un dialogo, fructífero y sensible a las mutuas preocupaciones que ha concluido en un entendimiento sólido y satisfactorio.
Puedo constatar que en la vocación parlamentaria del señor Procurador y de su Subprocuradora está la clave de ese entendimiento.
Mi reconocimiento también los tribunales locales por su decidido respaldo en la dictaminación de este Código, y también el apoyo que están dando para que supere en la Cámara de Diputados la tramitación parlamentaria.
Y así como lo hizo la senadora Arely Gómez, mi reconocimiento al talentoso y joven equipo de apoyo de la Comisión de Justicia, encabezada por la licenciada Marien Rivera.
Por primera vez en la historia del Congreso mexicano y los parlamentos del hemisferio, sometimos el proyecto de Código a una prueba de laboratorio, recreamos situaciones de los procedimientos penales con operadores reales, jueces, defensores y fiscales, para detectar fallas y fortalezas de las reglas y figuras comprendidas en esa pieza legislativa.
Decidimos no esperar a que la realidad nos revelara la redacción confusa, la consecuencia no esperada o el atajo insospechado a la puerta giratoria.
Estoy convencido de que el simulacro de operación del modelo nos alejó de la ceguera de taller en la que habitualmente incurrimos quienes legislamos; un esfuerzo político y técnico en consecuencia sin precedente que ahora se encuentra en manos de las señoras y señores diputados.
Queda mucho por hacer para implementar definitivamente los juicios orales en nuestro país, la magnitud de la tarea pendiente nos exige decisiones prontas y soluciones creativas en términos de reglas, capacitación, infraestructura y financiamiento.
Avanzar en la aprobación del Código es una condición necesaria para acelerar sustancialmente en ese pendiente de la sociedad mexicana y de sus instituciones.
En la distancia del salón de sesiones, en la soledad de una redacción de una iniciativa o en la abstracción de un debate parlamentario, pocas veces puede un legislador palpar los efectos de nuestro trabajo en la realidad concreta de las personas; sin embargo, un caso nos recordó para qué estamos aquí y a qué nos debemos.
Le hemos puesto nombre y apellido a una reforma que puede ser solución de muchos inocentes privados de su libertad por haber cometido el único delito de ser pobre o vulnerable, la Ley Alberto Patistán, lo visité horas antes de que el Ejecutivo federal le notificara la concesión del indulto, expresaba en su rostro y gestos la paz que sólo la tranquilidad de conciencia otorga, decenas de jóvenes estudiantes universitarios con cámara en mano habían documentado las graves violaciones a las garantías del debido proceso del profesor Patistán, y que habían acogido su caso como una causa de justicia, atestiguaban de reojo y con cierta indiferencia nuestra presencia esa mañana en aquella clínica de la colonia Coyoacán.
Esos jóvenes tenían razón en su indiferencia hacia una expresión del Estado que había fallado en evitar el dolor evitable, fueron ellos quienes visibilizaron el caso de don Alberto, fueron quienes crearon la presión social como una solución que le concedía la libertad no como perdón, sino como reconocimiento de su inocencia, fueron esos jóvenes quienes legislaron a través de nuestras manos.
Hay buenos motivos para estar satisfechos por lo logrado, pero debemos reconocer pendientes, tenemos la deuda de la integración de la Consejo de la Judicatura, tenemos que reconocer que no fue suficiente la intención para cumplir con esa responsabilidad.
Si bien innovamos en los procesos de auscultación de aspirantes a distintos cargos que requieren la concurrencia senatorial y logramos la aprobación por amplio consenso de dos ministros de la Corte y una cuarentena de cargos judiciales, de procuración de justicia, de atención a víctimas, estamos en deuda con el Poder judicial por los jueces y magistrados, cuya realidad depende todos los días de las decisiones del Consejo de la Judicatura.
Sirva pues el gesto de reconocimiento de esta deuda no como justificación, sino compromiso para enmendarla.
Señoras y señores, estimados todos:
Asistimos a la mayor transformación del sistema jurídico mexicano desde la promulgación de la Constitución de 1917, es en el fondo una evolución de nuestro constitucionalismo no exento por cierto de tensiones, incertidumbres y contradicciones.
La Constitución se ha abierto plenamente al patrimonio ético de la humanidad que constituyen los derechos humanos; hoy esos contenidos universales son parámetros vinculantes para evaluar las acciones y omisiones de todas las autoridades estatales, es derecho interno con todas sus consecuencias.
El principio pro persona cambia sustancialmente los modos de aproximación a los problemas normativos y, al mismo tiempo, abre toda una nueva dimensión de argumentación jurídica a partir de principios que superen un estándar de racionalidad compartida.
La función de creación del derecho se ha diversificado y pluralizado, con un cada vez mayor protagonismo de los jueces y el progresivo desplazamiento de la ley como la única fuente que (inaudible) los ámbitos de vigencia de los derechos humanos.
El viejo constitucionalismo de la estructura tripartita de poderes se ha sustituido gradualmente por un constitucionalismo de las autonomías, un cambio de paradigma que impacta sin duda en las relaciones entre los órganos del Estado y en los controles democráticos o del ejercicio de ciertas funciones estatales.
Surge en el seno de este nuevo constitucionalismo una suerte de orden jurídico nacional distinto a los ámbitos federal, estatal y municipal, caracterizado por la existencia de órganos con competencias transversales y normas que acotan la libertad configurativa de los poderes legislativos locales.
Se multiplican las leyes generales como fuentes normativas que desdoblan los contenidos de la Constitución que distribuyen competencias, establecen marcos de coordinación, imponen derechos y obligaciones, pero que también abren distancia en el vínculo entre representantes y representados.
Y también esa nueva tendencia de la petrificación de contenidos por la vía del régimen transitorio de las reformas constitucionales, tendencia que por cierto refleja una suerte de desconfianza crónica a la dinámica de mayorías democráticas y un peculiar entendimiento de que la Constitución puede imponer directriz al legislador sólo por una ocasión.
Esa transformación consciente o inconsciente es ya un hecho social, político y jurídico, un hecho que augura que la Comisión de Justicia tendrá en los próximos años trabajo de sobra para no caer en el aburrimiento y para dar por cumplida la misión.
No serán menores los dilemas que deberán resolverse conforme se asienten estos nuevos paradigmas, pero esos dilemas sin duda deben ser enfrentados por el legislador democrático, dejar a los jueces lo que debe resolver la ley no sólo es claudicar al deber, sino también debilitar el sentido de la representación en el que se sostiene el principio democrático.
Debemos reivindicar el valor de la ley democrática frente a la Constitución reglamentaria y frente a la Constitución judicializada, recuperar política y culturalmente ese viejo principio es el camino para reanimar la dignidad de la función parlamentaria, la dignidad y el honor de representar la aspiración de seguridad, justicia y legalidad de todos los mexicanos, porque la justicia es el primer afán de la política y la política el instrumento insustituible para dar sentido a la justicia.
Por su atención, muchísimas gracias.
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