Versión de la entrevista concedida por el senador Roberto Gil Zuarth, al término de la Reunión de trabajo de la Comisión de Justicia con el Consejo Técnico para la expedición de un nuevo Código de Procedimientos Penales

 PREGUNTA (P): ¿… del acuerdo que tomaron?

 SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH (RGZ): Hemos aprobado en todos sus términos la metodología de trabajo y el calendario con el Consejo Técnico asesor, es decir, el grupo de académicos, expertos y funcionarios del Gobierno Federal que están concurriendo a la dictaminación del Código de Procesos Penales, nos hemos fijado como meta contar con un anteproyecto de Código Único de Procesos Penales el próximo 20 de agosto, antes de que concluya el periodo de receso e inicie el periodo ordinario de sesiones en el mes de septiembre.

 Hemos derivado el trabajo a cinco grupos técnicos que tiene que atender ejes temáticos específicos con el propósito de hacer una evaluación de todas las iniciativas que han sido presentadas, de manera tal que el grupo técnico nos presente un balance, un análisis de cuáles son las fortalezas, las debilidades de cada una de las tres iniciativas que se han presentado en materia de Código Único de Procesos Penales.
 
 

Es un mecanismo novedoso de orden en la dictaminación, estamos dictaminando prácticamente de la mano con académicos, expertos en materia penal que conocen de primera mano la problemática de la implementación y los mejores modelos par llevar a cabo la implementación de la justicia oral penal adversarial, como lo mandata la Constitución.

Y en consecuencia, damos formalmente por iniciados los trabajos de análisis técnico de las iniciativas. En dos semanas, en 15 días también en martes, se reunirá otra vez el Consejo Técnico con la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia para escuchar las conclusiones de la primer mesa técnica que se va a encargar de la estructura general del Código, de las funciones, de las reglas de competencia y jurisdicción y nos va  indicar cuáles contenidos de cada iniciativa debemos adoptar precisamente en la construcción de un instrumento que aglutine las distintas visiones que han sido presentadas a través de las iniciativas.
 
 

 P: Ayer la Corte les urgía a tener ese instrumento porque decía que hay demasiados códigos en el país, ¿para cuándo creen que podían tener un dictamen?

 RGZ: Como hemos dicho ya, se ha acordado el día de hoy que el 20 de agosto tengamos un anteproyecto, ya nos hemos fijado metas de trabajo, este Consejo Técnico se va a reunir cada 15 días para analizar temas específicos del Código Único de Procesos Penales. Conforme vayamos agotando las fases, la discusión técnica de cada apartado podemos ir no solamente haciendo las redacciones, sino también elaborando el dictamen, de manera tal que el 20 de agosto esté ya el anteproyecto de dictamen, conociéndose por la Comisión de Justicia y podamos elevarlo al Pleno del Senado de la República en los primeros días de septiembre.
 
 

Hay que recordar que el Senado de la República aprobó la reforma constitucional para darle al Congreso la facultad de legislar en materia de Código Único de Procesos Penales, no logró ser aprobado en la Cámara de Diputados, tenemos que esperar a que la Cámara de Diputados apruebe y luego las legislaturas de los estados. Mientras tanto, nosotros ya iniciamos el trabajo de dictaminación, seguiremos avanzando, estableceremos las redacciones, haremos todo el trabajo de dictaminación para estar listos.

El compromiso que ha aprobado la Comisión de Justicia es que a más tardar el 20 de agosto tengamos un anteproyecto final.
 
 

 P: Senador, en otro tema quisiera preguntarle, ¿coincide con la opinión de que ante el desastre que se vive en el estado de Michoacán sería conveniente analizar la desaparición de poderes en el estado?

 RGZ: Creo que las condiciones de ingobernabilidad en el estado de Michoacán han llegado a límites que nos deben preocupar. Está el mecanismo constitucional para la desaparición de poderes y en consecuencia para el nombramiento de un gobierno interino que se haga cargo de las condiciones de gobierno y de seguridad en el estado, es un mecanismo que no se ha activado pero que está previsto en la Constitución, precisamente para circunstancias como esta.

La decisión debe ser tomada con toda responsabilidad por las fuerzas políticas, debe ser un acuerdo político integral porque requiere votos en el Senado de la República, pero también requiere que el Ejecutivo Federal concurra con el Senado de la República a la facultad no solamente de desaparición, sino también de generar las condiciones de gobierno y de autoridad en el estado que no solamente permitan que se mantenga con toda regularidad el funcionamiento de las instituciones, sino que también se pueda atender la circunstancia específica de ingobernabilidad que vive el estado.

Se tardaron muchísimo en hacer la sustitución del gobernador, dadas las condiciones de enfermedad del hoy exgobernador, eso provocó un vacío de poder y se están viviendo las consecuencias de eso. Creo que nos deben preocupar a todos las condiciones en las que viven los michoacanos, el estado de Michoacán.

Y está el mecanismo constitucional como una salida excepcional y de emergencia frente a circunstancias de hecho como estas.
 
 

 P: ¿Podría actuar qué es lo que requiere el Senado en este caso?

 RGZ: Necesita una solicitud, una especie de iniciativa. La puede presentar cualquier Senador de la República, también la puede presentar el Ejecutivo Federal o el la legislatura del estado. Cualquier sujeto de los que están previstos en la Constitución puede activar al Senado, el Senado se pronuncia por la desaparición del Poder Ejecutivo y en consecuencia ha de nombrar la autoridad política que asuma transitoriamente las funciones.

Esa autoridad política junto con el Congreso local deben determinar la duración de ese gobierno interino y eventualmente la convocatoria a las elecciones para renovar a las autoridades políticas conforme a sus leyes locales.

La intención, el propósito de la figura constitucional de desaparición de poderes no es simplemente dejar un poder sin titular, sino crear una autoridad potente, eficaz, que logre restablecer las condiciones de gobierno, de autoridad, de seguridad en una determinada geografía política en nuestro país.
 
 

 P: Inaudible.

 RGZ: No está reglado en la Ley Orgánica ni el Reglamento, pero correría la suerte de un dictamen normal, se presenta iniciativa, se turna a la Comisión de Gobernación en principio y a alguna otra complementaria, como Seguridad pública o bien, Justicia. Estas comisiones tiene que resolver dos cosas, si existen las circunstancias de hecho que justifican la desaparición de poderes y también cuál es, digamos, los lineamientos que deberá observar la autoridad política que se nombre en sustitución.
 
 

Ese sería el trabajo fundamental de las comisiones, presentaría un dictamen al Pleno del Senado, el Senado tendría que hacer la aprobación por mayoría de votos y en consecuencia le correspondería al Ejecutivo Federal velar por el cumplimiento del decreto que, insisto, es de desaparición de poderes, pero también es un decreto de constitución de una autoridad política transitoria.

 P: Senador, yo también le quería preguntar su opinión sobre esta denuncia que interpuso el Gobierno Federal por el caso de Pemex.
 
 

 RGZ: Ya lo ha explicado el presidente del partido, que es muy pronto para saber si esa denuncia está formulada en esos términos. Hasta ahorita se trata de una nota periodística. Entiendo que el presidente del partido ha hecho ya un llamado a que esperemos a las diligencias y las actuaciones de la autoridad.

 Nosotros estamos por con toda transparencia y puntualidad que se aplique la ley, que se aplique el derecho, que se resuelvan los procedimientos en el ámbito institucional. No adelantar vísperas, es un asunto muy serio que debe resolverse en el ámbito institucional y serán las autoridades correspondientes, en este caso Pemex, los que deben informar si existe esa demanda, en qué términos ha sido planteada y cuál es el escenario previsible de ella.

 P: Esta indagatoria inició en el sexenio foxista, ¿el calderonismo no ha hecho tierra sobre ella, no digamos apapachó a Nava?
 
 

 RGZ: Entiendo que lo que inició en la administración del presidente Fox fue la reclamación por el incumplimiento de los contratos, pero entiendo que quien ha iniciado las indagatorias, la demanda en Estados Unidos para recuperar lo que supuestamente se pagó indebidamente a una empresa ha sido la administración actual.

Y es una demanda que se ha ventilado, que se ha cursado en Estados Unidos porque tiene que ver con un contrato suscrito entre Pemex y una empresa contratista. Ese es justamente la materia del litigio, no es una indagatoria en el ámbito penal en nuestro país, en el ámbito de la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, sino del cumplimiento de un contrato en el ámbito internacional co un contratista que tiene sede en Estados Unidos, una empresa norteamericana o con sede en Estados Unidos. En consecuencia, estamos hablando de dos cosas distintas.

Creo que quien tiene que explicar puntualmente cuáles son los contenidos de esta demanda, cuáles son los propósitos de la acción es quien la ha instaurado. Y que eventualmente nos explique cuáles son las implicaciones que tiene con respecto a servidores públicos en concreto.

 P: ¿Pero el calderonismo no encubrió a César Nava en irregularidades?

 RGZ: No conozco que ese tema hubiese sido analizado por alguna instancia administrativa en términos de responsabilidades de servidores públicos. Entiendo que fue un largo litigio que incluso llevó a paneles internacionales para conciliaciones entre el contratista y Pemex. En consecuencia, que el desenlace es lo que ha provocado que la administración actual decida incursionar una demanda de carácter contractual en Estados Unidos contra la empresa.

Si esto tiene otras implicaciones tendrá que resolverlo y decidirlo tanto la autoridad que ha sido llamada a resolver este caso, que es un tribunal en Estados Unidos, como la propia dependencia de Pemex que tiene que decidir y explicar cuál es el motivo fundamental de la demanda y de la implicación a servidores públicos.
 
 

 P: Vaya, ¿pero no es que haya habido encubrimiento por la cercanía política de Nava?

 RGZ: Insisto, no conozco, desconozco si haya sido motivo de alguna indagatoria durante la administración del presidente Calderón.

Esto no había sido ventilado durante la administración, creo que también es un tema novedoso, del cual nos hemos enterado a partir de la nota periodística, pero que hay que esperar a que Pemex fije la posición y que explique con todo detalle de qué se trata.
 
 

Muchas gracias.

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