30 de enero de 2013

 Versión de la intervención en tribuna del Senador José María Martínez Martínez al presentar iniciativa para reformar los artículos 16, 21, 76 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley Orgánica del Instituto Nacional Anticorrupción y de Control
 
 

 Gracias, senadora Presidenta.

No hay un ejemplo con mayor vigencia, una mayor actualidad para hablar de lo que motiva esta iniciativa como el caso Monex.

En este caso, cuando se dio la discusión por alusiones y que intervino la senadora Mariana Gómez del Campo, de mi partido, hizo una afirmación en la que no estoy de acuerdo: que no estaba claro el destino del beneficio en el caso Monex. Está muy claro: fue para comprar electores a favor de Peña Nieto.

Y no sólo eso, sino que no comparto los dos puntos de acuerdo en su totalidad que se presentaron en el caso Monex porque están dejando de lado un acto de corrupción que es claro, un delito, el delito de lavado de dinero por haber angulado, a través de cuatro empresas distintas, el caso de los monederos electrónicos de la financiera Monex a favor del PRI.

 Hasta aquí me parece que el ejemplo es claro para que le pueda dar soporte y sustento a nuestra iniciativa en materia de anticorrupción. El presidente Peña Nieto no sólo burló la ley en las elecciones pasadas, está burlándose de los mexicanos en la presentación de algunas de sus iniciativas, en particular, la que presentó a través de los partidos, de su partido, el PRI, y del Partido Verde Ecologista de México para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, una burla a los mexicanos porque es una simulación, un órgano sin dientes, sin sustento, un órgano que viene a sustituir a la Función Pública pero no vela por el control y la mejora administrativa de la administración pública.

Esto también es motivo de que hoy presente una iniciativa para complementar esta pretensión de los mexicanos de tener un gobierno eficiente pero, sobre todo, ya confiable en todos sus ámbitos y niveles de gobierno.

En síntesis, lo que propongo es un órgano constitucional autónomo, supremo, que tenga atribuciones sobre los tres poderes de la Unión y demás órganos constitucionales autónomos ―en el caso particular del IFE para revisar su actuación ―, pueda castigar en materia administrativa y también de este instituto pueda depender una fiscalía especial en materia penal con la capacidad de ejercer acción penal como no la propone el PRI para que pueda directamente estar persiguiendo los delitos cometidos por los servidores públicos y con atribución específica de poder consignar ante los órganos jurisdiccionales para su seguimiento y eventual sanción.
 
 

Hay tratados internacionales donde México ha sido parte; no podemos sustraernos de ello y menos en razón del reconocimiento constitucional que ellos tiene para nuestro país. Ello obliga a que no aceptemos órganos como los que propone Peña Nieto, solamente decorativos. Obliga a que tengamos órganos eficientes que busquen como fin último la mejora administrativa pero, sobre todo, que es ese camino castiguen a los corruptos que laceran la vida pública de este país.

Es cuanto, senadora Presidenta. Muchas gracias.

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