• Solicita que la Secretarías del Trabajo y Previsión Social y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación verifiquen las condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas

La senadora Angélica de la Peña propuso al pleno citar a comparecer a la titular de la Secretaría de Salud por los casos de negligencia médica y discriminación de la cual han sido sujetos personas indígenas al necesitar atención médica urgente.

Durante los últimos meses, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, se han difundido las adversidades que deben enfrentar personas indígenas y pertenecientes a comunidades rurales ante la negativa de los centros de salud a brindarles la atención médica mínima.

Tal fue la situación de la señora Cristina López Durán, indígena mazateca, quien tuvo a su quinto hijo la madrugada del 18 de julio en pleno césped y al pie de unas escaleras del Centro de Salud de Jalapa Díaz, Oaxaca. Asimismo, la señora María del Carme Oseguera León tuvo a su hija en el piso de la recepción del Hospital de la Mujer en Tehuacán, Puebla.

Otro caso fue el de la señora Irma López Aurelio, indígena mazateca, quien tuvo a su tercer hijo también en el patio del Centro de Salud de Jalapa de Díaz, Oaxaca, pues se le negó atención médica a pesar que llegó al nosocomio en labor de parto.

En una situación más indignante, el pasado 21 de octubre, el jornalero José Sánchez Carrasco de 38 años de edad, originario de Casas Grandes, Chihuahua falleció a las afueras del Hospital General Guaymas en Sonora después de esperar cinco días para recibir atención médica, la cual le fue negada por no estar afiliado a la institución médica, ni contar con los recursos económicos suficientes.

La legisladora De la Peña expuso que estos hechos ponen al descubierto que en nuestro país las mujeres y los hombres que pertenecen a una comunidad o pueblo indígena, así como a los sectores más pobres de la población siguen sin tener garantizados sus derechos humanos, y en particular, demuestran que el derecho a la salud no se garantiza en condiciones de igualdad y no discriminación.

De acuerdo con datos del INEGI, en el año 2010, en México 3 millones 093 mil 138 habitantes hablaban una lengua indígena distribuidos en 107 municipios. Simultáneamente estos municipios presentaron los mayores niveles de pobreza del país.

Y es que la Constitución Política, establece un marco jurídico que obliga a todas las autoridades del Sistema Nacional de Salud a brindar la atención médica en condiciones de igualdad y de no discriminación a cualquier persona, especialmente tratándose de emergencias médicas, aseveró.

La senadora perredista comentó que no existe ningún criterio jurídico que justifique negar o dilatar servicios médicos de emergencia por falta de capacidad de pago o la afiliación a un determinado sistema de protección social de salud, “dicha práctica debe ser sancionada” sentenció.

Destacó que a nivel internacional existen tratados en materia de derechos humanos que garantizan el acceso a la salud como el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador, 1988) en su artículo 10 o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12.

De la misma forma, afirmó que en el año 2009 se promovió el Convenio Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas, donde se establece que todas las mujeres que presenten complicaciones obstétricas deberán ser atendidas en cualquier unidad de salud como el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o la Secretaría de Salud.

La Congresista propuso en otro punto de acuerdo, también con relación al caso del señor José Sánchez Carrasco, solicitar al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un informe detallado sobre la forma en que las empresas agrícolas de nuestro país llevan a cabo la contratación de jornaleras y jornaleros agrícolas, así como las prestaciones sociales que rciben y bajo qué condiciones de dignidad desarrollan sus actividades.

Asimismo, la proposición exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal implemente un exhaustivo operativo de inspección laboral que verifique las condiciones de seguridad e higiene bajo las cuales las y los jornaleros agrícolas desempeñan sus actividades.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO) realizada en 2009 por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), cerca de 2 millones 40 mil 414 personas en México realizan actividades de agricultura en diferentes zonas o campos agrícolas de la República mexicana de manera temporal o permanente.

La senadora perredista aseveró que el lamentable caso de José Sánchez pone de manifiesto la situación de explotación, abuso y las condiciones deplorables a las que son sometidos las y los jornaleros agrícolas en México, donde carecen de los derechos más fundamentales.

La información oficial señala que el 90.9% de las y los jornaleros agrícolas, realizan sus trabajos sin un contrato formal que acredite la relación laboral; el 60.9% trabaja seis días a la semana y el 13.9% trabaja todos los días. Además, existen jornaleros que tienen que negociar las condiciones de trabajo tales como salario, jornada laboral, vivienda, equipo de trabajo o asistencia social.

Finalmente, la senadora Angélica de la Peña Gómez llamó a garantizar la atención universal en los casos de emergencia médica, sancionando a las autoridades que nieguen, dilaten u obstaculicen el servicio y pongan en riesgo la vida de las personas o su integridad personal.

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