El Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano aseguró que la reforma del gobierno federal en materia energética tiene su principal riesgo en el artículo 28 constitucional, pues de aprobarse se cancelaría la condición de áreas estratégicas a los hidrocarburos y a la electricidad por parte del Estado mexicano.
Durante la inauguración de los Foros de debate sobre las distintas iniciativas que en materia energética se han presentado en el Senado, Cárdenas Solórzano sostuvo que la reforma al 28 de la Carta Magna abriría “la posibilidad de que el Estado fuera totalmente desplazado de los sectores petrolero y eléctrico, e incluso estaría autorizado para deshacerse de todos los activos de PEMEX y CFE”.
Afirmó que para realizar las reformas legales y para la instrumentación de nuevas políticas energética y petrolera, “no requieren reformas constitucionales”; sin embargo, reiteró, la iniciativa del gobierno federal “es privatizadora, dígase lo que se diga”.
El fundador del Partido de la Revolución Democrática señaló que “el alud propagandístico del gobierno se centró en la reforma del artículo 27, pero nada se ha mencionado de las consecuencias de modificar el 28, lo que no puede calificarse sino de falaz, pues se oculta a la opinión pública información vital para formarse un juicio informado”.
Insistió en que el riesgo de reformar el 28 de la Constitución implicaría que Petróleos Mexicanos sea desplazado de toda la cadena productiva de petróleo, “sustituyendo a este organismo, al que hasta ahora el Estado ha encomendado de manera exclusiva la condición de la industria petrolera, por particulares”.
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano refirió que existe la “gravísima perspectiva” de que las compañías expropiadas en 1938, ahora con otros nombres, vuelvan a ser las principales beneficiarias de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos mexicanos.
Explicó que la propuesta de izquierda busca que la industria petrolera recupere el papel que tuvo en el pasado: conductora principal del crecimiento económico y la industrialización, con lo que se crearían empleos formales impactaría sobre las áreas de producción.
Detalló que es necesario transformar PEMEX en empresa pública, concederle autonomía presupuestal y de gestión para dejarlo fuera del presupuesto. Además, debe modificarse su gobierno corporativo y desaparecer los organismos subsidiarios.
Insistió en que los cambios que la izquierda propone para PEMEX pueden llevarse a cabo mediante reformas a 12 leyes reglamentarias, y una nueva ley sobre el manejo de excedentes petroleros, por lo cual no es necesario una reformas de carácter constitucional.
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