Ante la duda que existe  sobre la calidad de las clínicas de reproducción asistida que operan en México, el Senado de la República analiza una propuesta de la senadora del PRI Cristina Díaz para que la Secretaría de Salud establezca la norma oficial a fin de regular las clínicas o laboratorios dedicados a la reproducción asistida.

Díaz Salazar consideró que existe un riesgo latente de que las parejas mexicanas sean víctimas de engaño y sometidas a procedimientos inseguros en esta materia, pues la mayoría de las clínicas que ofrecen este servicio, dijo, carece de certificación de sus procesos que no cumplen con los estándares de calidad.

“Estamos esperando que la Secretaría de Salud presente la norma oficial para regular todo este tipo de clínicas o laboratorios que prestan servicios de salud con el tema de reproducción asistida, es un tema delicado al que hay que ponerle mucha atención debido a que están jugando con expectativas de vida de muchas parejas o muchas mujeres y hay muchos lugares que no están apegados a la legalidad y que pudieran ser charlatanes”, señaló.

La presidenta de la Comisión de Gobernación reconoció que en esta materia existen muchas lagunas jurídicas que pueden ser utilizadas para cometer ilícitos, como la comercialización de óvulos.

“Reconozco que los legisladores tomamos estos asuntos, que son científicos, como si fueran ideológicos y tomamos posicionamientos hasta religiosos, pero es tiempo de que  reformemos y adicionemos primero la Ley General de salud sobre este tema y, luego, lograr una Ley general de reproducción asistida”, puntualizó.

La legisladora priista detalló que según diversos expertos, en México operan 80 centros, de los cuales sólo 30 están registrados en la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida  (RED), institución científica y educacional, que reúne más del 90% de los centros que realizan técnicas de reproducción asistida en Latinoamérica.

“Según cifras que aporta el INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática), en México existen un millón y medio de parejas que padecen infertilidad o esterilidad, de ahí la importancia para que sea regulado este problema de salud pública y se marquen las pautas mínimas de protección”, sentenció.

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