La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna promueve ante la Junta de Coordinación Política un exhorto para que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción atienda la solicitud de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana sobre la operación y manejo del malware Pegasus.

La legisladora perredista recordó que el pasado 3 de julio, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción desechó la propuesta del Comité de Participación Ciudadana para requerirle información al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a varias dependencias del gobierno federal para que rindan cuentas sobre la operación y el manejo de los datos obtenidos por el uso del malware Pegasus en territorio mexicano.

Padierna Luna recordó que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción argumentó su negativa señalando que “no había una determinación de la existencia de un delito relacionado con actos de corrupción”.

“El argumento es más grave que el rechazo porque constituye un criterio que altera la naturaleza misma que llevó a la creación del SNA. Este sistema no sólo se creó para analizar las conductas ‘delictivas’ típicas calificadas en el Código Penal Federal y que ya son competencia exclusiva de la PGR”, agregó.

La senadora perredista refirió que el Sistema Nacional  Anticorrupción fue creado para observar las conductas de carácter administrativo que pudieran estar relacionadas con hechos de corrupción, actos administrativos cuya investigación no depende de una determinación ministerial sino que de la recolección de información, la sistematización de la misma y el encuadre de posibles actos de corrupción que recaen en la esfera administrativa.

En este contexto, la coordinadora parlamentaria, recordó que las faltas administrativas graves están previstas en los artículos 52 al 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismas que subrayan la “utilización indebida de la información” y el “abuso de funciones” como dos conductas muy delicadas que pueden conducir a la corrupción, tal y como se presume ocurrió en el caso del espionaje.

Padierna Luna insistió en que “el abuso de funciones se comete cuando un servidor público ejerce atribuciones que no tenga conferidas o se valga del que las tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su cónyuge, parientes, terceras personas con las que tenga una relación profesional, laboral o de negocios o para socios/as o sociedades en los que sean parte o para causar perjuicios a alguna persona o al servidor público.

“El abuso de funciones en el caso del espionaje está claramente perfilado y debe ser investigado. Es un asunto de corrupción. No de especulación”, concluyó.

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